Expresión Libre

El juicio de Roland Carreño no ha iniciado, tampoco se han registrado avances en su caso, lo que representa un caso de denegación de justicia

La organización Expresión Libre, Comunicadores para la Paz y la Democracia emitió un comunicado el 26 de noviembre para exigir la libertad inmediata del periodista y activista de Voluntad Popular, Roland Carreño, quien está detenido desde hace un mes de forma arbitraria.

El coordinador general del ente, Gregorio Salazar, alertó que desde arrestaron a Carreño no han cesado las violaciones a sus derechos ciudadanos.

El 10 de noviembre Mariana Poleo, una de las abogadas de Carreño, denunció que a su cliente no se le había trasladado al hospital Miguel Pérez Carreño, como ordenó el tribunal en la audiencia de presentación y tampoco se le había hecho una revisión médica.

Poleo recordó que Carreño tiene una condición de salud previa de diabetes e hipertensión.

Según Salazar, el retraso y la denegación de justicia han sido la norma en el caso que se le sigue al periodista.

“Hablamos de 30 días de su injusto encarcelamiento y desde su presentación, a la fecha, aun su juicio no ha iniciado y no se han registrado avances en su caso, lo que representa un grave caso de denegación de justicia”, refiere una nota de prensa.

La denuncia se hará a través Twitter

Gregorio Salazar informó que la acción de protesta por la libertad de Roland Carreño, se hará a través de las redes sociales.

“Es allí, a través de nuestros propios medios y redes, con las etiquetas #LiberenARolandCarreño y #RolandUnMesPreso, que todos nos hemos activado en un tuitazo al que invitamos a más periodistas y ciudadanos a sumarse, para que de forma persistente y creciente protestemos ante el mundo, exigiendo a una sola voz su libertad inmediata, y responsabilizando al régimen venezolano por la integridad física, moral y emocional del periodista Roland Carreño”.

Salazar señaló que el periodista fue revisado en la Medicatura Forense de El Llanito luego de que se ejecutara su arresto. Sin embargo, alertó que cada vez que se le visita, se le percibe como si estuviera ahogado.

“Cada vez que lo vamos a visitar está como ahogado y eso es producto de una enfermedad cardíaca que padece”, agregó.

Tras una jornada de más de 24 horas de desaparición forzada, el 27 de octubre el fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, confirmó la detención de Roland Carreño por su presunta participación en planes conspirativos contra la paz democrática.

Carreño fue detenido en la noche del 26 de octubre junto a dos acompañantes, su ahijado de nombre Yeferson y el también dirigente de Voluntad Popular, Elías Rodríguez. Según allegados al coordinador de VP, fueron abordados por personas no identificadas en un vehículo negro.

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*Con información de Tal Cual Digital. 

¿DE QUÉ VA EXPRESIÓN LIBRE?, ¿A través de qué actividades promueven la libertad de expresión?, ¿La organización tiene cifras sobre la censura en Venezuela? Estos y otros temas los estaremos conversando con Silvia Alegrett, coordinadora general de Expresión Libre, una asociación civil que comenzó en el año 2002 por un grupo de periodistas que vivían una situación grave contra el gremio y los medios de comunicación,  y a partir de entonces el objetivo principal de expresión libre es defender y difundir el concepto de la libertad de expresión. 

 “Buscamos la defensa de la libertad de expresión como un derecho humano y como un derecho inalienable y que es un derecho de toda sociedad democrática”. 

En la primera pausa musical escucharás el tema “Miraflores” de Agente Extraño seguido del tema Días de junio de “Yordano”, y finalmente escucharás el tema “Luna” de Los mesoneros; estas son las pausas musicales planeadas por @lissethmoon, @medicenmouzo y nuestro invitado para este Humano Derecho. 

En esta oportunidad contaremos con Génesis Zambrano (@medicenmouzo) y Liseth Luna (@lissethmoon), como presentadoras, quien le estará haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radio web show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda a gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com

Nuevos informes sobre violación a la libertad de expresión en Venezuela reposan, desde el pasado 26 de abril, en la Relatoría Especial sobre la promoción y protección al derecho a la libertad de expresión de las Naciones Unidas. Los mismos, elaborados por el Instituto Prensa y Sociedad (YPIS) y Expresión Libre, fueron llevados hasta el Palais Wilson, sede de la institución en Ginebra, de manos de la presidenta de la Asociación de periodistas venezolanos en España Venezuelan Press, donde fueron recibidos por Marina Narváez, representante del Despacho de David Kaye.

Se trata de informes sobre la precaria situación de Internet en Venezuela, el índice de libertades periodísticas 2017, la corrupción como enemiga de la libertad de expresión y el contexto comunicacional en Venezuela durante el año 2017. Asimismo, fue consignado el trabajo sobre “Venezuela, un encuentro por la paz y la convivencia a través de los medios” elaborado por la consultora Independiente Nubia Rojas, actualizado a septiembre de 2017.

“Estamos muy atentos a la situación de Venezuela, pero necesitamos más denuncias, que los principales agredidos también consignen sus casos en esta oficina. Todos somos parte de un rompecabeza que necesita de cada una de las piezas para alcanzar el objetivo. Los periodistas venezolanos tienen que tomar conciencia de la necesidad de denunciar y de aprovechar todos los mecanismos internacionales” dijo Narváez, quien celebró el esfuerzo realizado por Venezuelan Press de entregar estos documentos de manera presencial.

El Estado venezolano no ha respondido a requerimientos para que el Relator Especial, David Kaye, visite el país a fin de constatar directamente las denuncias, pero desde esta Oficina insistiremos hasta lograr que el gobierno permita su entrada y la de su equipo, una situación normal en cualquier país democrático donde se respete el Estado de derecho, explicó la representante de la Relatoría Especial.

Francisco Olivares para El Universal

Cuando todo parece perdido, cuando parece imposible salir de una situación compleja como la que vive actualmente Venezuela en la cual sus habitantes sienten que  los caminos están cerrados, siempre hay sectores que buscan salidas, que plantean opciones y no se paralizan ante lo que parece imposible.

La división de la oposición ha sido un duro golpe para los millones de venezolanos que han acompañado a su dirigencia en estos últimos años. Hay una realidad. Luego del triunfo en las elecciones parlamentarias y obtener el poder popular más importante del país después de la Presidencia, la oposición no logró capitalizar ese triunfo y pensó que habría una vía rápida para salir de Nicolás Maduro.

Se ofreció que en seis meses eso sería una realidad. Se pasó un año buscando las diversas vías que había en la Constitución mientras el país sufría las calamidades de la inflación y la escasez.

Cuando el Gobierno, arbitrariamente impidió el revocatorio e incumplió los acuerdos previos al diálogo, un sector de la oposición llamó a “la calle”. Llamado acatado aún por quienes no estaban de acuerdo.

Las grandes movilizaciones de calle con cientos de miles de seguidores fueron fuertemente reprimidas y ello devino en el cierre de calle. Esas acciones hicieron más vulnerable a los jóvenes y vecinos en sus urbanizaciones y barrios, con el resultado de 140 asesinados, cerca de 5 mil detenidos y cientos de heridos, algunos de ellos con consecuencias de por vida. Es decir el movimiento fue derrotado.

De esas acciones no hubo un balance colectivo dentro de la MUD, nadie se responsabilizó de lo ocurrido. ¿Sirvió o no ese sacrificio? ¿Qué había que hacer en adelante?

En este escrito no nos compete decir si fue correcta esa acción o no. Lo que queremos resaltar es que los partidos no actuaron como un cuerpo unido, como una organización que se enfrenta a un enemigo común muy poderoso, y que de cada actuación hace un balance de aciertos y errores para avanzar.

Al contrario, de allí en adelante la dispersión fue mayor. Se achacaron culpas y se estigmatizaron situaciones como “el diálogo” o “elecciones”. Ante el llamado a elecciones de parte del Gobierno, la realidad es que la oposición no estaba preparada y unida y si bien hubo fraude, al menos en Miranda y Bolívar, la maquinaria de la MUD no funcionó y hubo falta de vigilancia al menos en 30% de las mesas electorales. Igualmente hubo rivalidad por candidaturas en algunas regiones y apatía en algunos sectores ante el llamado a la abstención. En otras palabras, la oposición asistió débil y dividida.

De ese proceso tampoco hay un balance ni un diagnóstico de la Unidad. Por el contrario las diferencias se han agudizado y hay un sector importante que está llamando nuevamente a la abstención en las presidenciales y ataca el diálogo, en tanto que otro sector entiende la necesidad de negociar.

Hace poco tiempo un grupo de periodistas tuvimos la oportunidad de asistir a un seminario denominado: Venezuela, un encuentro por la paz y la convivencia” convocado por la organización “Expresión Libre” asesorado por una ONG con sede en Holanda, llamada International Media Support. (IMS). Se trata de una organización que ha trabajado en situaciones de crisis en el mundo ofreciendo herramientas para lograr acuerdos en partes en conflictos extremos.

La conclusión de quienes asistieron al seminario fue que la dirigencia venezolana es la que debería ir a formarse en esos talleres y asesorarse mejor para conquistar objetivos.

Uno de los casos que se destacaron durante el seminario fue la participación y asesoría de  (IMS) para lograr el histórico encuentro entre Barack Obama y Raúl Castro durante la VII Cumbre de Las Américas en Panamá. Asimismo otros casos en situaciones de guerra que terminan en una mesa de negociación.

Para Venezuela no es factible una salida militar. Cuando un dirigente, como Antonio Ledezma, opta por el exilio es porque siente que es la única salida que encuentra. Pero detrás de él quedan decenas de millones de venezolanos que requieren de utilizar todas las opciones disponibles para producir un cambio.

Ejemplos como el de Argentina, Chile, Uruguay o Bolivia con dictaduras militares que parecían inamovibles, terminaron sufriendo descalabros internos que las llevaron a negociar salidas. En toda crisis siempre hay un detonante que abre la puerta, pero hay que estar preparados para pasarla.

Una de las premisas que se destacaron en el seminario al que hemos hecho alusión señalaba que para buscar ese pensamiento activo es necesario “mirar lo que tenemos y no lo que hemos perdido”.

El Gobierno cruza por una crisis muy profunda que tiene efectos internos que lo hacen  vulnerable. Ante ello se requiere de una dirigencia unida, con planes y estrategias asertivas. Las barreras no están en la negociación o en los procesos electorales o en “la calle” sino en cómo abordamos cada una de esas situaciones.

Twitter  @folivares10

Expresión Libre, Comunicadores por la Paz y la Democracia rechazaron el cierre de las emisoras de radio privadas 99.1 y 92.9, decisión asumida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) la noche del viernes 25 de agosto de 2017, «de manera arbitraria y sin previo aviso», bajo el argumento de que se les había terminado la concesión.

La organización explicó que en este momento cerca de 320 emisoras radiales se encuentran sin la concesión correspondiente porque al Gobierno Nacional, a través de Conatel, organismo que en los últimos cinco meses ha cerrado unas 42 estaciones de radio en todo el país sin justificación alguna, ha adoptado como política mantener suspendida las renovaciones de las concesiones a las radios privadas, especialmente las que tienen una política editorial independiente.

«Esta política represiva contra las radios independientes también se está aplicando a televisoras nacionales y a los canales internacionales que se ven a través de las cableras, lo que ha afectado dramáticamente el acceso a la información por parte de los ciudadanos de este país», indicó.

Aseguraron que el panorama de la libertad de expresión en Venezuela «se va a complicar, aún más»  con la propuesta de Ley contra el odio, la intolerancia y la violencia solicitada por Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Resaltaron que con el cierre de estas emisoras de radio no solo se afecta la libertad de expresión, sino que también se perjudica directamente a los trabajadores de esos medios de comunicación social y a las familias que dependen económicamente de ese sustento.

Exhortaron al director de Conatel, Enrique Quintana, a que cumpla con la normativa de esa institución en cuanto a la revisión de las concesiones de las estaciones de radio y televisión que están vencidas como las que están por vencerse y ofrezca una decisión oportuna.

*Con información de nota de prensa

LA ALIANZA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, integrada por representantes de las universidades, gremios y organizaciones no gubernamentales, que se ocupan de velar y  resguardar el derecho a la libertad de expresión y  la libertad de prensa en Venezuela, alerta  sobre el recrudecimiento de las violaciones al derecho a la libertdad de expresión durante los últimos 60 días manifestaciones públicas. Las protestas son en rechazo a la ruptura del orden democrático, tras las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y recientes actuaciones del Ejecutivo de impulsar de forma ilegítima una asamblea nacional constituyente.

En Venezuela tenemos un contexto de inestabilidad institucional derivado del condicionamiento a la labor parlamentaria, a través de la vía judicial, que tuvo su máxima expresión en la usurpación de las atribuciones de la Asamblea Nacional mediante las sentencias 155 y 156, con fechas 28 y 29 de marzo de 2017, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Además de la prolongación sucesiva del estado de excepción y emergencia económica, por parte del Ejecutivo Nacional, lo que debilita aún más la garantía de los derechos fundamentales.

Desde el 28 de marzo se han registrado más de 160 casos que violentaron el derecho a la libertad de expresión y a la búsqueda o difusión de información. Estos hechos afectaron a más 200 personas entre periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos,  medios de comunicación, y trabajadores de medios.

Como Alianza por la Libertad de Expresión, rechazamos las constantes agresiones físicas contra periodistas e infociudadanos, el  robo de equipos, el hostigamiento contra la prensa extranjera,  desalojos hostiles de zonas de cobertura, las amenazas y detenciones arbitrarias, los bloqueos de sitios web,  las acciones de vigilancia policial y persecución a través de redes sociales y, más recientemente, la confiscación de pasaportes para aplicar de facto una prohibición de salida del país.

Como organizaciones de la sociedad civil, alertamos sobre la constante amenaza  al ejercicio efectivo de derechos a la asociación y protesta pacífica. La represión estatal ha escalado en intensidad y formas, por el uso excesivo e indiscriminado de bombas lacrimógenas vencidas, el lanzamiento de estas bombas al cuerpo de los manifestantes a pocos metros de distancia, ataque a zonas residenciales, la detención arbitraria de manifestantes, unas 2815 personas fueron arrestadas y de ellos, 1240 todavía continúan detenidas y procesadas ante tribunales civiles y militares. Según el último balance del Ministerio Público, 55 personas resultaron asesinadas durante hechos de violencia suscitados en el contexto de manifestaciones y unas 1000 personas lesionadas.

Las medidas ejecutivas y judiciales, en contra de lo establecido en la Constitución, fortalecen una mayor militarización de la sociedad de cara a criminalizar tanto a las voces críticas como a los mensajeros de la información necesaria para el debate. El resultado es una sociedad desinformada e inhibida gracias a la violencia institucional materializada tanto en el discurso y la acción de funcionarios, cuerpos de seguridad, civiles y militares (Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana), como por grupos de civiles armados que fungen como equipos de choque en la convocatoria de manifestaciones, y actúan bajo la omisión cómplice del Estado.

En respeto a los Artículos 57 y 58 de la Constitución, la Alianza por la Libertad de Expresión exige a las autoridades del Estado:

• Garantizar la seguridad de los periodistas  e infociudadanos en la búsqueda y difusión de información y condenar enérgicamente la violencia contra los comunicadores durante la cobertura de calle, tanto por cuerpos de seguridad como por grupos violentos.
• Cesar el discurso violento y agraviante sistemático contra la labor de los periodistas y medios de comunicación que afecta negativamente las garantías de la libertad de expresión y el derecho a la información.
• Cesar la represión indiscriminada contra protestas pacíficas en tanto constituye modalidades violatorias de garantías fundamentales (delitos que no prescriben), además de evidenciar ensañamiento contra sectores de la población por razones políticas.
• Respetar y cumplir, de manera inmediata, las obligaciones internacionales en libertad de expresión e información, e implementar las recomendaciones, resoluciones y decisiones tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos en esta materia.
• Hacer efectivas las medidas de protección que dictó el Ministerio Público a favor de los periodistas para que puedan hacer su labor sin riesgos ni amenazas.
• Garantizar el acceso a una justicia imparcial y el establecimiento efectivo de procesos judiciales que rompan con el círculo de impunidad que rodea a los delitos y violaciones cometidas contra periodistas y trabajadores de la prensa en el ejercicio de sus funciones informativas.
• Garantizar, sin demoras, los principios de pluralidad y diversidad en los medios de comunicación y plataformas digitales, para evitar las órdenes de bloqueos y censura, y se respete el derecho a la información.
• Abstenerse de usar grupos organizados para criminalizar y vigilar la expresión de los ciudadanos que manifiestan expresiones de disidencia a través de las redes sociales
• Cesar de manera inmediata las presiones y acciones desde diversas instancias públicas, contra los medios de comunicación y proveedores de servicios radioeléctricos y de Internet, que derivan en censura y afectan el derecho de los ciudadanos a estar informados de manera pertinente, adecuada y oportuna.
• Cesar la difusión de información falsa por parte de altos funcionarios del gobierno, sobre todo en relación a hipótesis sobre asesinatos de manifestantes,  declaraciones que afectan las investigaciones de los órganos competentes, y promueve mayor desinformación.
• Garantizar en todos los medios impresos y audiovisuales controlados por el ejecutivo espacios para la libre expresión de las diversas corrientes de opinión, conforme al precepto constitucional pluralista

Caracas 31 de mayo de 2017

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

Centro de Investigación de la Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello

Colegio Nacional de Periodistas

Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público

Dirección de Publicaciones de la UCAB

Escuela de Comunicación Social de la UCAB

Espacio Público

Expresión Libre

Instituto de Investigaciones de a Comunicación, ININCO UCV

Instituto Prensa y Sociedad – Venezuela (Ipys)

Postgrado en Comunicación Social y Publicidad de la Universidad Católica Andrés Bello

Revista Comunicación del Centro Gumilla

Ser Investigación y Comunicación

Transparencia Venezuela

Frente a las agresiones a los trabajadores de la comunicación, y en el contexto de celebrarse el próximo 3 de mayo el Día Mundial de La Libertad de Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Espacio Público, Expresión Libre y estudiantes universitarios, exigieron al Ministerio Público una oportuna investigación a los hechos denunciados por periodistas y trabajadores de la prensa.

Protestaron -en una carta que consignaron ante el despacho de la Fiscal General- la omisión de investigación en las reiteradas ocasiones en que se han presentado denuncias por agresiones físicas, amenazas de muerte, robo de equipos de trabajo, entre otras violaciones, cometidas contra los comunicadores.

“Entre las responsabilidades que tiene el ente que usted dirige está el de representar los intereses de la sociedad, mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación de los hechos que revisten carácter de delito. Sin embargo, hasta la fecha su despacho ha incumplido con este mandato que le impone el artículo 285 de la Constitución Nacional”, expresaron las organizaciones en la comunicación, aludiendo los hechos relacionados con el atropello a la prensa y sus trabajadores.

Alertaron que las denuncias presentadas ante las oficinas del Ministerio Público, en diferentes ciudades del país, nunca avanzan más allá de la fase preliminar en los procesos de investigación, registrándose una impunidad en la mayoría de casos, lo que ha fomentado un aumento de estos ataques y con lesiones de mayor gravedad.

Exigieron al despacho de la Fiscal General que gire las instrucciones pertinentes para que se le dé celeridad a los procesos de investigación de los hechos denunciados por periodistas y trabajadores de la prensa.

Solicitaron además que, en lo sucesivo, los casos denunciados sean atendidos diligentemente como corresponde al Estado de Derecho y Justicia que propugna la Constitución Venezolana. Los voceros anunciaron que el 3 de mayo realizarán una actividad de calle a favor de la libertad de prensa y pronto ofrecerán mayores detalles.

Atribuir responsabilidades

Este mismo lunes, el CNP, el SNTP y Espacio Público presentaron un escrito en representación de los periodistas, fotoperiodistas, camarógrafos y técnicos que fueron agredidos el pasado jueves 21 en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral.

En el hecho resultaron afectados al menos 13 trabajadores que fueron desalojados a la fuerza del CNE por integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana y que, una vez en la calle, resultaron atacados por civiles que lanzaron piedras, bloques y palos en contra del vehículo en el que intentaban salir del lugar, ocasionando lesiones en los profesionales.

En el documento, además de identificar a las víctimas, narrar los hechos y pedir el inicio de una averiguación, solicitan con urgencia que el Ministerio Público imponga medidas de protección en favor de los equipos de prensa. Que oficie también a los organismos de seguridad del Estado (Fuerza Armada, Cicpc, Policía Nacional, policías regionales y municipales) para que garanticen la integridad de estos equipos donde quiera que coincidan en el ejercicio de sus respectivas funciones.

Tras recoger durante 82 años el acontecer regional, nacional e internacional, las rotativas del diario El Carabobeño se detuvieron este jueves 17 de marzo por falta de papel periódico, lo que generó reacciones no sólo del gremio periodísticos, sino también de ONGs encargadas de velar por la libertad de expresión y el derecho a la información.

Una de las primeras en pronunciarse fue Expresión Libre, quien rechazó la desaparición impresa de este medio con tanta trayectoria. Aseguró que esto constituía uno de los capítulos más aciagos propiciados por la sistemática política gubernamental de cercar y eventualmente desaparecer los medios de comunicación.

Silvia Alegrett, coordinadora general de esta ONG y expresidente del Colegio Nacional de Periodistas expresó que “el país no tiene agua, ni luz, ni comida por la ineficiencia de quienes nos gobiernan, pero ese mismo gobierno ha sido muy efectivo en acallar a medios para implantar la hegemonía comunicacional, y aun cuando no les ha sido fácil, se han empecinado en alcanzar esa meta y hoy se anotan un nuevo logro al decretarse el cierre del diario El Carabobeño por falta de papel, gracias a la política monopólica instaurada con la creación de la Corporación Manerio”.

“Causa indignación que un medio que tiene con 82 años informando a los carabobeños tenga que cerrar sus puertas dejando a más de 300 trabajadores que integran su nómina sin su sustento, pero lo más grave es que con este cierre se incrementa el silencio noticioso” acotó Alegrett.

Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, también se pronunció por sobre el cierre de El Carabobeño. En nombre del gremio, calificó de atropello que la Corporación Maneiro negara la asignación del insumo al rotativo.

“La Corporación Maneiro ejerce un monopolio dependiente de la administración pública. No es beneficioso ni útil, pero el gobierno se vale de él para negar las bobinas de papel. Es un organismo de censura para que los medios bajen la cabeza ante sus mentiras”, denunció.

Por su parte, la secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas del estado Carabobo, María Torres, indicó con el cierre de este medio “se está violando el derecho a la información, a la libertad de expresión, a la libre empresa, al trabajo, la Constitución y la Ley Antimonopolio que no debería ser que un solo grupo sea el que tenga la potestad de comprar y distribuir papel”.

Alertó que esta situación irregular se repite también con el diario “La Costa”, quienes se encuentran en la espera de materia prima. El medio impreso tiene ahorita un cierre técnico desde el domingo pasado, pero ellos sí tienen la esperanza de recibir el papel esta semana porque ellos pertenecen a la cámara de periódico, explicó.

IPYS Venezuela y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa también le enviaron su mensaje de solidaridad y piden a la comunidad sumarse a la causa de este diario.

Nos solidarizamos con la familia de @el_carabobeno que hoy #17M se despiden con un hasta luego. #YoSoyCarabobeño pic.twitter.com/IWnu6YzfRW

— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) 17 de marzo de 2016

Desde el diario El Impulso también se hicieron llegar las palabras de aliento. «Para un periódico estar sin papel es para el ser humano vivir sin aire», explicó el también diario regional, agregando que en esta oportunidad era El Carabobeño, «mañana quizás sea el Decano de la Prensa Nacional»