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Se venció el plazo para que la Fiscalía presentara acusaciones contra Luis Carlos Díaz
De acuerdo con los plazos de la legislación venezolana, la Fiscalía dispone de ocho meses para presentar acusaciones contra Luis Carlos Díaz

Este martes 12 de noviembre venció el plazo legal para que la Fiscalía investigara y presentara la acusación contra Luis Carlos Díaz, periodista y activista por los derechos humanos.

Luego de ocho meses de su detención y del allanamiento de su vivienda, el fiscal no presentó pruebas que sustentaran la continuación del proceso, por lo cual se ha solicitado que sea concluida la investigación declarando su inocencia.

En un artículo publicado por Espacio Público, señalan como otra exigencia la eliminación de las medidas cautelares que afectan su libertad o en última instancia se fije la audiencia para escuchar a las partes.

El pasado 12 de marzo funcionarios del Sebin interceptaron a Díaz cuando se dirigía en bicicleta a su casa, lo detuvieron, y horas más tarde allanaron su vivienda.

Luis Carlos es acusado de “instigación pública” por ejercer su derecho a la libertad de expresión, el Tribunal de Control le impuso prohibición de salida del país, de declarar a los medios sobre su caso, y régimen de presentación.

De acuerdo con la legislación venezolana, la Fiscalía tiene ocho meses para hacer la investigación y presentar ante el Tribunal las pruebas que sustenten la acusación contra Díaz; de no conseguir suficientes, el caso puede ser archivado y reabierto hasta 20 años después.

 

En tal sentido, si la Fiscalía no presenta pruebas en contra Díaz en esta situación particular, el Tribunal debe aplicar el control difuso de la constitucionalidad y declarar el sobreseimiento de la causa: la suspensión del proceso legal por falta de pruebas, que equivale a la inocencia y libertad plena.

La tercera posibilidad era que el fiscal, Farik Mora, obtuviese suficientes elementos para afirmar que Díaz cometió un delito, lo que habría iniciado un proceso de juicio. Por consiguiente, la falta de independencia en el sistema judicial empaña la investigación: Mora también está involucrado en los casos políticos contra Juan Requesens, Roberto Marrero y Fernando Albán.

Excarcelan a Pedro Jaimes, detenido hace un año y cinco meses por divulgar la ruta del avión presidencial

PEDRO JAIMES, QUIEN FUE DETENIDO por el régimen tras difundir en su cuenta de Twitter información pública disponible en Internet sobre la ruta del avión presidencial, fue excarcelado este jueves 17 de octubre luego de un año y cinco meses de detención.

Según Espacio Público, Jaimes fue excarcelado por la Comisión de la Verdad de la asamblea nacional constituyente (anc), “como parte de un supuesto beneficio procesal”.

Pedro Jaimes Criollo es un aficionado a la aeronáutica y a la meteorología, y desde el 2013 publica en su cuenta de Twitter, Aereometeo, información sobre esos temas. El 3 de mayo tuiteó una imagen con la ruta de vuelo del avión presidencial y fue detenido una semana después, de forma irregular por funcionarios del Sebin. Tras ser presentado en tribunales estuvo desaparecido durante 33 días en los que fue torturado con electricidad, simulación de asfixia con bolsas en la cabeza, y golpeado repetidamente, lo que le produjo la fractura de una costilla.

El expediente del caso muestra información forjada y evidencias que no relacionan causalmente a Jaimes con los delitos que se le imputan: espionaje informático, revelación de secretos políticos, e interferencia de la seguridad operacional. Siendo inocente permaneció un año y cinco meses detenido en El Helicoide, le negaron asistencia médica, le impidieron recibir asistencia legal oportuna los primeros meses, y estuvo sujeto al retraso procesal impuesto por el Sebin, que se negó en al menos 16 oportunidades a trasladarlo a sus audiencias preliminares y de juicio.

La detención de Jaimes fue arbitraria

Sobre su caso se pronunciaron múltiples organizaciones de la sociedad civil incluyendo a la internacional Human Rights Watch. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares en octubre de 2018 exigiendo al Estado que respetase el derecho de Pedro Jaimes a la salud, vida e integridad; y un grupo de Relatores también exigió que protegieran los derechos del tuitero. Por otra parte, tres relatores del sistema de Naciones Unidas (ONU) hicieron un llamado urgente al Estado venezolano exigiendo le respetaran sus derechos y protegieran su integridad. 

El Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias en su decisión 39-2019 afirmó que la detención de Pedro Jaimes es arbitraria ya que no existe fundamento legal para la misma, la detención fue consecuencia del ejercicio de su libertad de expresión, se violó el debido proceso y se obviaron reglas procesales.

Pedro Jaimes es inocente

La excarcelación de Pedro Jaimes no concluye su caso, ejecutado por un organismo ilegítimo deja al tuitero sujeto. Exigimos contundentemente que le otorguen la libertad plena a Pedro Jaimes, ya que la publicación de información disponible en Internet no constituye delito alguno; las pruebas esgrimidas en su contra en el expediente del caso no lo relacionan con los delitos imputados y el Estado actuó en violación del debido proceso repetidamente desde el momento de su detención.

Es obligación del Estado reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, lo que en el caso de Jaimes implica:

  • Brindarle atención médica integral y completa para curar las aflicciones que sufre producto de su detención ilegal
  • Aceptar públicamente que la detención fue arbitraria.
  • Declarar el sobreseimiento de la causa, lo que significa declarar que Jaimes es inocente en su totalidad. 
Seis recomendaciones para mantener la comunicación durante los apagones

LA ONG ESPACIO PÚBLICO publicó una serie de consejos para aplicar durante las fallas eléctricas que afectan a Venezuela desde marzo pasado.

Aquí una lista de seis recomendaciones:

-Durante los apagones fallan los servicios de telefonía móvil. Por eso, escribe textos en vez de grabar notas de voz o mandar imágenes, que requieren más datos para descargarse.

-Recuerda poner la hora a la que envías el mensaje, o la hora a la que sucedió lo que estás reportando en las redes sociales. Por las fallas de señal, podría tardar en enviarse o en ser recibido.

-El acceso a internet es limitado. Si ves información relevante en redes sociales, en lugar de enviar el enlace, copia el texto y pégalo para reenviar la información completa.

-Verifica si puedes comunicarte con familiares, colegas o amigos a través de la telefonía fija. Muchas líneas siguen funcionando.

-También puedes comunicarte a través de SMS cuando las señales de datos no funcionen. Pon la hora en que envías el mensaje.

-Ahorra batería del celular desactivando todos los sonidos. Baja el brillo de tu pantalla y activa el modo avión cuando no tengas señal o no la necesites.

Espacio Público: En enero de 2019 se registraron 131 violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela

 

LOS CASOS DOCUMENTADOS EN EL MES DE ENERO DE 2019 que muestran violaciones a la libertad de expresión no son eventos aislados. En Venezuela hay una política de Estado, en la que concurren diversos poderes y autoridades para restringir la libre circulación de la información de las ideas.

La política estatal restrictiva se expresa en una recurrente descalificación de los medios y periodistas; ataques violentos impunes contra reporteros en las calles; violencia institucional con la apertura de procesos administrativos, judiciales y exhortos para prohibir a conductores de radio la cobertura de determinados temas.

Un patrón de esta política estatal es la utilización de las diversas herramientas en momentos de alta tensión política y grandes manifestaciones en las calles. En estos momentos se aplican con mucha fuerza los diversos dispositivos restrictivos y se evidencia con claridad la naturaleza antidemocrática de la élite gubernamental.

La política restrictiva es acumulativa: las nuevas limitaciones se suman a las que impusieron en otros momentos. Por ejemplo se suman nuevos canales de TV internacionales a los que se les impide su difusión en las cableoperadoras, se suprimen medios regionales y se obliga a suspender programas de radio de opinión o informativos.

En enero de 2019 se registraron 69 casos, que se tradujeron en 131 violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela; en su mayoría impedimentos de cobertura de calle, detenciones/retenciones arbitrarias y censura, a través de la prohibición o restricción en la difusión de información. De los 92 afectados(as), el 51% son periodistas y reporteros. Los datos revelan un incremento inusual para el primer mes del año, lo que indica un periodo de alto conflicto social y político. Los elevados niveles de represión en pocos días de manifestaciones, en relación a ciclos de protesta en años anteriores, multiplicaron las restricciones en la búsqueda y difusión de información.

Censura en Internet

Las últimas semanas de enero revelaron el alcance y la voluntad autoritaria del  gobierno, en una nueva fase de represalia contra quienes manifiesten públicamente su crítica o disenso. En este período hay decenas de personas asesinadas por cuerpos de seguridad que usaron armas de fuego en el contexto de manifestaciones.

Los sectores populares padecen las consecuencias de haber protestado en sus localidades: allanamientos, robos, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales. Durante la noche las personas fueron testigos de gritos de rebeldía y hartazgo contra un gobierno intransigente, que ignora y criminaliza el clamor popular.  Hubo una arremetida desproporcionada de funcionarios civiles y militares contra zonas residenciales, que terminaron en daños a la propiedad privada, encarcelamiento o muerte.

La principal proveedora de Internet en el país, la estatal Cantv, bloqueó el acceso a Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Periscope, e incluso las búsquedas de Google los días de protestas contra Maduro. El 12 de enero bloquearon toda la enciclopedia Wikipedia ante una “guerra de edición” del perfil de Juan Guaidó, donde le colocaron el título de Presidente Encargado; y posteriormente tumbaron el Internet durante una declaración de Guaidó el 27 de enero.

El 21 de enero un grupo de efectivos de la GNB se rebeló contra Maduro tomando el comando ubicado en Cotiza, Caracas; en los videos que circularon por redes sociales se veía a uno de ellos pidiendo apoyo a la gente. Las personas que viven cerca del comando salieron a protestar apoyando a los militares, a pesar de ser una zona de bajos recursos sometida a la dependencia de los bonos de los programas sociales del Estado, como la caja de alimentos comprada a una mínima porción de su valor y distribuida por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

La información circuló rápidamente por las redes sociales hasta que iniciaron las denuncias de bloqueos. La organización NetBlocks registró ese día restricciones de acceso a Twitter e Instagram principalmente aplicadas por Cantv, pero no excluyentes a otras operadoras. Las causas técnicas concuerdan con los controles aplicados para filtrar el contenido de Internet, mientras la ciudadanía buscaba información sobre la protesta y la posterior represión en Cotiza.

Días antes y sucesivos se registraron más bloqueos de redes, principales plataformas de transmisión de medios digitales, los únicos que difunden en vivo los hechos noticiosos, ante el silencio impuesto por la censura y autocensura en los medios tradicionales. En las últimas dos semanas de enero se registraron al menos tres bloqueos masivos (de dos o más redes), con sucesivas interrupciones, alternadas, que derivan accesos ralentizados.

El Estado vs. periodistas

El impedimento de cobertura o represalias contra reporteros por intentar buscar y difundir información se tradujo en 18 detenciones de periodistas locales y corresponsales internacionales. Las detenciones y las pretendidas requisas duraron 15 horas, algunos periodistas fueron esposados a sillas, sometidos a interrogatorios y revisión de equipos. Detenciones que en algunos casos constituyeron inicialmente desapariciones forzadas, al desconocerse los paraderos por varias horas. La falta de acreditaciones no fue una excusa pues los corresponsales de la agencia EFE ingresaron al país en condición de periodistas, y aun así fueron privados de libertad.

12 periodistas, locales y extranjeros fueron detenidos entre el 25 y 31 de enero; para un total de 20 reporteros y trabajadores de la prensa detenidos durante el mes de enero. Un docena de detenciones que representa el doble de personas privadas de libertad en un mes, en promedio, durante el 2017, el año con mayor cantidad de casos documentados desde 2002.

La escalada en la violencia contra periodistas se inició con la detención de Beatriz Adrián, corresponsal de Noticias Caracol, y Osmary Hernández de CNN, en las adyacencias de la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin), cuando reportaban la captura del Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el domingo 13 de enero.

A medida que transcurrió el mes, el asedio a la prensa continuó, impidiendo que se reportara lo que estaba ocurriendo. El 26 de enero, el periodista chileno, José Antonio Mene fue amenazado por efectivos militares que resguardan los alrededores del Palacio de Miraflores, cuando éste recogía testimonios de simpatizantes del gobierno que se encontraban en la vigila convocada por Nicolás Maduro. Mene denunció a través de su cuenta en Twitter que funcionarios de la Fanb, lo amenazaron con retenerle el pasaporte a pesar de que no había comenzado a grabar.

El punto más álgido se vivió entre el 30 y 31 de enero, cuando un total de 12 trabajadores de la prensa fueron detenidos mientras realizaban trabajo periodístico en distintos sucesos.  Rodrigo Lópes, enviado especial del Grupo RBS de Brasil, Maiker Yriarte (TV Venezuela) y Ana Rodríguez (VPI Tv), los chilenos, Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, de la Televisión Nacional de Chile (TVN), el fotográfo, Leonardo Muñoz, el motorizado, José Salas,  la periodista colombiana, Mauren Barriga, el español Gonzalo Domínguez, todos empleados de la agencia internacional EFE y los franceses; Pierre Caillet y Baptiste des Monstiers, junto al venezolano Rolando Rodríguez, fueron víctimas de tratos crueles inhumanos mientras permanecieron a manos de funcionarios de seguridad del Estado.

Cobertura limitada

Encender la radio o la televisión para informarte mientras preparas el desayuno, arreglas la casa, vas o vienes del trabajo son rutinas que han perdido sentido en la cotidianidad venezolana pues la información no circula por los canales de más fácil y extendido acceso. Las emisoras de radio y los canales de televisión nacional abierta están sometidos a una coerción institucional sistemática; medidas administrativas formales o informales que afectan el normal y libre desempeño de los medios de comunicación.

Estas acciones derivan en el cierre de espacios, la supresión de contenidos políticos, las variaciones de las líneas editoriales tras los exhortos, llamados o incluso sanciones de Conatel, que genera inhibición por temor en aquellos que aún se mantienen al aire. Por ejemplo, las noticias y análisis sobre la concentración que convocó el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para el 23 enero no pudieron escucharse en la radio, ni verse en la televisión.

La televisión abierta conserva una programación noticiosa, sin embargo perdió la prontitud e inmediatez que caracterizó a la cobertura de noticias. No se realizan  transmisiones en vivo, lo que resta una de las cualidades de mayor relevancia para el interés de las audiencias, esto se suma a las serias limitaciones en la variedad y novedad de otros tipos de contenidos (educativos, culturales o entretenimiento en general).

La fuente política es una de las más afectadas. Se priorizan los discursos y posturas oficiales o de altos funcionarios, respecto a otros sectores, específicamente frente a figuras de oposición, aun cuando estos lleven a cabo movilizaciones masivas o pronunciamientos de valor noticioso. En la mayoría de los casos, las movilizaciones opositoras no cuentan con coberturas inmediatas o continuas, que permitan seguir el curso de los acontecimientos.

La censura no sólo obstaculiza el derecho a estar informado, sino que le impide al ciudadano tomar otras decisiones, como por ejemplo si va o no a salir de su casa, la ruta que tomará al buscar a su hijo al colegio, entre otras. Pero no sólo la esfera particular se ve afectada, los medios de comunicación también fueron víctimas de la hegemonía comunicacional que desde 2008 es intención y práctica de quienes ejercen el poder.

Una semana antes de la primera jornada de protestas masivas que convocó el actual líder del hemiciclo, Juan Guaidó, afirmó que Conatel había prohibido mencionar su nombre en los medios de comunicación, razón por la cual perdió varias entrevistas; lo que ocurrió siete días después confirma la presión por invisibilizar la ruta propuesta por la AN ante la crisis política que vive el país.

El 31 de enero, Espacio Público realizó un monitoreo de cobertura en medios tradicionales, radio FM y televisión nacional abierta con noticieros regulares, entre las 12:00 del mediodía y las 2:00 pm, durante el desarrollo de una manifestación opositora convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Tradicionalmente, los noticieros se transmiten en tres cortes diarios, entre ellos la emisión meridiana que puede variar entre las 11:00 am y la 1 de la tarde. De 378 consultas cada 15 minutos en 42 emisoras del circuito FM, solo en dos oportunidades se estaba haciendo cobertura de la movilización opositora. A nivel de televisión, de los cinco canales monitoreados y 45 consultas realizadas, en una se hizo referencia al evento de oposición.

Existe cobertura de fuentes alternas al oficialismo pero no son reseñadas al momento o durante su desarrollo. Aun así, el tiempo para las transmisiones, horas después de los hechos, es corto en comparación con las fuentes oficiales que, además de la cobertura directa del medio, cuentan con la retransmisión del canal del Estado. Esto deriva en una especie de “autocadena”, en la que medios de señal abierta se unen a la señal del canal estatal, incluso por períodos prolongados en términos del tiempo promedio de notas periodísticas audiovisuales.

En el estado Zulia, al occidente del país, funcionarios de la DGCIM y el SEBIN rompieron todo lo que pudieron a su paso el 23 de enero mientras “retiraban” los transmisores de Global TV y Aventura TV. Desde los medios se transmitió la juramentación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado; así como las incidencias de las manifestaciones de oposición que se dieron el 23 de enero. Los funcionarios también destruyeron las conexiones a internet y se robaron varios equipos, lo que dejó fuera del aire al canal Aventura TV, que funcionaba en la misma oficina.

Nueve medios o programas salieron del aire en un mes, lo que supera el total de cierre de medios en 2014 (6), así como los cierres mensuales en promedio, durante el 2017 cuando desaparecieron 61 medios de comunicación. Estas cifras incluyen la salida del aire del espacio radial que César Miguel Rondón dedicaría a revisar lo acontecido el 23 de enero, irregularidad que llevó al comunicador a retirarse del programa cinco días después por “censura pura”.

En un ecosistema de medios con estas severas restricciones toda reducción tiene una mayor relevancia ante las escasas posibilidades para acceder a la información. A pesar de ello la sociedad genera mecanismos alternos de comunicación para desplegar el ejercicio de otros derechos como el de asociación o el de manifestación, lo que se hace evidente en la gran capacidad de movilización que se observa en las recientes marchas y concentraciones en contra de Maduro.

Prohiben al portal web Armando.Info publicar sobre Alex Nain Saab

 

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a través de Juzgado 11° en Caracas envió una notificación al periodista Roberto Deniz Machín, de Armando.Info, este 11 de septiembre, prohibiendo a cuatro periodistas del medio difundir información sobre Alex Nain Saab, imponiendo la censura previa sobre el caso relacionado con importación irregular de alimentos.

En el anuncio del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones del Juicio de Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas prohíbe a los periodistas Roberto Deniz Machín, Joseph Poliszuk, Ewald Scharfenberg, y Alfredo Meza publicar y difundir a través de medios digitales, específicamente en Armando.Info, menciones que vayan en contra “del honor y la reputación del ciudadano” Alex Nain Saab.

“La gran novedad es que hoy ha intervenido Conatel (…) Nos ha hecho llegar oficios en que nos dice que no podemos nombrar a Álex Saab en Armando.info y a la vez está haciendo llegar oficios a algunos medios electrónicos y a proveedores de Internet advirtiendo que no podemos hablar del caso”, señaló Scharfenberg, periodista del medio digital.

La decisión del Juzgado y la exigencia de Conatel a proveedores de Internet y medios electrónicos implican el establecimiento de censura previa, evitando que se conozcan temas de especial interés protegidos por el derecho a la libertad de expresión e información, consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución nacional. Además la restricción de publicar información que vaya “en contra del honor y la reputación” de Saab resulta amplia, con términos que pueden ser interpretados de manera discrecional en perjuicio de los periodistas y del medio de comunicación social, afectando directamente a la sociedad que se queda privada de esta información.

Saab fue identificado en investigaciones de Armando.info como uno de los beneficiados en la importación irregular de alimentos a sobreprecio para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Actualmente este sistema establecido por el Gobierno nacional abastece de ciertos productos de la cesta básica alimentaria a hogares según el censo local realizado por los CLAP, a un costo reducido y subvencionado por el Estado a través de divisas preferenciales para la compra e importación de los productos alimenticios en el exterior.

Es un derecho de los venezolanos poder conocer de manera transparente cómo se adjudican estas divisas, las licitaciones relacionadas con el proyecto, y si la importación cumple con los procesos legales establecidos en el país. Las restricciones a la libertad de expresión deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad para que sean legítimas, premisas que no cumple la decisión del Juzgado.

La ley de Responsabilidad Social en Radio, televisión y medios electrónicos (Resorte-me) contraria a los estándares internacionales de libertad de expresión, le da potestad a los proveedores de medios electrónicos para restringir o abstenerse de difundir mensajes cuando Conatel lo solicite1. Para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en Opinión de la Organización de Naciones Unidas, este tipo de regulaciones “resultan intrínsecamente incompatibles con los principios del valor y la dignidad de cada persona. Esos argumentos niegan la sabiduría fundamental de la persona y las sociedades y no reconocen la capacidad de los ciudadanos en los planos nacional, estatal, municipal, comunitario e incluso vecinal, de tomar medidas autocorrectivas para restablecer el equilibrio sin injerencia excesiva ni regulación de parte del Estado”.

 

La denuncia a Armando.Info

En febrero de este año, los cuatro periodistas fueron demandados por Difamación Agravada Continuada e Injuria Agravada en detrimento del empresario colombiano Alex Saab luego de que fuera publicada una investigación sobre sus vínculos con el negocios detrás de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que distribuye alimentos a precios subsidiados para los venezolanos.

La demanda fue admitida por el Juzgado Undécimo en Caracas por presunta “difamación agravada continuada” e “injuria agravada”, ambos delitos castigados en el Código Penal con dos a cuatro años de prisión y multas de doscientas unidades tributarias (200 U.T)

Organizaciones exigen investigación sobre operativo en El Junquito

LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS que suscriben esta comunicación exigen una investigación independiente ante las graves violaciones de los derechos humanos que ocurrieron en la denominada “Masacre de El Junquito”. Existen numerosos indicios de una actuación irregular y desproporcionada de las fuerzas de seguridad.

El 15 de enero de 2018 el ex funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Óscar Pérez, Daniel Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, Abraham Israel Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel y Lisbeth Ramírez, perdieron la vida en el marco de un operativo de seguridad en su contra liderado por fuerzas del Estado, al igual que dos policías, Andriun Ugarte Ferrera (conocido como Heiker Vásquez, también líder del colectivo “Tres Raíces”) y Nelson Antonio Chirinos Cruz, más ocho funcionarios heridos.

Adicionalmente, fueron detenidos Jonaldy Deyón González, Juan Carlos Urdaneta, Eva María Lugo, Laura Vanessa Ruíz, Antonio José Pérez y Williams Aguado. Los ciudadanos son acusados por el ministro Reverol de “actos terroristas” ejecutados el 27 de junio de 2017, contra las sedes del Ministerio de Interior, Justicia y Paz y el Tribunal Supremo de Justicia, así como de un asalto al Cuartel Militar ubicado en Los Teques, estado Miranda, el pasado 18 de diciembre.

Entre los dispositivos accionados durante el operativo en la zona de El Junquito, en el que resultaron asesinadas las nueve personas referidas, se identificó un lanzagranadas antitanque RPG-7 operado por un miembro de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), órgano que participó de la operación junto con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y otros cuerpos.

Existe evidencia audiovisual, publicada en redes sociales, de que Óscar Pérez expresó a la GNB su intención de entregarse a las autoridades. El gobierno no garantizó las condiciones para una resolución pacífica a pesar de la voluntad manifestada por Pérez. El Estado estaba especialmente obligado a evitar un desenlace violento, cesar el fuego y asegurar el desarrollo de un procedimiento de entrega acorde con los derechos humanos.

El Estado no incorporó en el operativo a representantes de la Defensoría del Pueblo ni del Ministerio Público, los cuales debían desempeñarse como garantes del orden constitucional y de los derechos fundamentales de los involucrados. Por su parte la PNB prescindió de las vías pacíficas y utilizó armas de guerra prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario en tiempo de paz, siendo responsable directo del desenlace violento que dejó fallecidos y heridos.

Agentes del gobierno usurparon la función de los tribunales y se pronunciaron para “legitimar” las arbitrariedades cometidas por los cuerpos de seguridad. Freddy Bernal, actual ministro de Agricultura Urbana, declaró que se trató de un “enfrentamiento de guerra” en el que “un grupo de patriotas como Heikel han caído en combate (…). Así es la guerra”. Declaraciones del mismo tenor descalificatorio provinieron del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello “el terrorista Óscar Pérez atacó a quienes lo rodean, hiriendo a dos funcionarios del FAES, los cuerpos de seguridad respondieron al fuego”. El presidente Maduro indicó en horas de la noche que el presunto grupo terrorista tenía preparada la explosión de un “carro bomba en la sede de una embajada” y que luego del acto recibirían protección del gobierno colombiano.

La ausencia de fiscales y defensores en el procedimiento, el uso de armas de guerra en deliberada omisión de las vías pacíficas, y las declaraciones anticipadas de agentes del gobierno ajenos al área de seguridad evidencian la ausencia de garantías para preservar la vida e integridad física de los involucrados y su derecho al debido proceso.

La irregularidad del procedimiento y el contexto en que se llevó a cabo este operativo genera dudas razonables sobre la versión oficial que señala el asesinato de estos ciudadanos como consecuencia de un “enfrentamiento”, al considerar la ausencia de garantías mínimas por partes de las instancias estatales para la resolución pacífica de la situación.

Los agentes de seguridad deben ser investigados por la presunta comisión de violaciones graves a los derechos humanos, ante indicios de ejecuciones extrajudiciales y por la violación de estándares de uso gradual de la fuerza. Queremos recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido jurisprudencia internacional sobre la responsabilidad del Estado cuando ocurren hechos de este tipo en el marco de operaciones antisubversivas. En el año 2015 , en el Caso Chavín de Huantar, la Corte IDH sentenció que el Estado peruano era responsable por la violación del derecho a la vida de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez, integrante del Movimiento Revolucionario Tupac Amarú, en el marco del operativo realizado en 1997 para rescatar a las personas secuestradas en la embajada de Japón en dicho país. Cruz Sánchez fue asesinado tras haberse rendido y se encontraba en manos del Estado peruano.

Las organizaciones que abajo suscriben este comunicado condenan las violaciones de derechos humanos cometidas en este operativo de seguridad y en consecuencia exigen al Estado venezolano:

  1. Adelantar una investigación de oficio, diligente, seria e imparcial, destinada a esclarecer los hechos a la opinión pública y determinar las responsabilidades y sanciones a las que haya lugar. Esto pasa por garantizar la integridad de los cuerpos de los fallecidos para una investigación criminalística certera que dé cuenta de los hechos y sus causas.
  2. Condenar abiertamente el abuso de la violencia física por parte de los funcionarios de seguridad y la violencia verbal de los representantes del gobierno que pretenden justificar acciones irregulares contra las garantías de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución Nacional y en las obligaciones internacionales suscritas por la República.
  3. Garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a la vida, el debido proceso, y la reparación adecuada de las víctimas y sus familiares.
  4. Evitar la utilización de grupos de civiles armados en operativos de seguridad ciudadana.
  5. Entregar a sus familiares los cuerpos de los fallecidos durante la ejecución del procedimiento. Al respecto, la Ley para la Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario y Cementerios establece en su artículo 24 que para toda inhumación o cremación “[…] se necesitará autorización del familiar o persona facultada que ordena la cremación”, y en su artículo 28 que son impedimentos para proceder a la cremación “[…] Que el cuerpo esté sometido a un proceso de investigación penal o científica. Asimismo, el Estado debe garantizar sean preservadas todas las evidencias del operativo realizado para llegar al esclarecimiento de la verdad”.

Organizaciones firmantes:

Acceso a la Justicia

Acción Solidaria

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana  (CDH-UNIMET)

Centro de Formación para la Democracia (CFD Venezuela)

Centro para la Paz y los DDHH de la UCV

Civilis Derechos Humanos

Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU

Dale letra

Espacio Público

Federación Interamericana de Abogados, Capítulo Venezuela (Anzoategui)

Fundación La Tortuga

Monitor Social A.C. (Nva Esparta)

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes

Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)

Padres Organizados de Venezuela

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos

Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

Sociedad Hominis Iura (SOHI)

Transparencia Venezuela

Un Mundo Sin Mordaza

Una Ventana a la Libertad

Uniandes A.C.

Espacio Público, Expresión Libre y VivoPlay rechazan agresiones a periodistas que cubrían protesta en la Av Fuerzas Armadas
periodistaagredido
Durante la cobertura de varias protestas registradas en el centro de Caracas este jueves 2 de junio, al menos 14 trabajadores de la prensa entre periodistas, fotógrafos y camarógrafos fueron amenazados, robados y en otros casos golpeados por grupos civiles armados, ante la pasividad y en otros casos acción cómplice de los cuerpos de seguridad.
Rechazamos de forma categórica la criminalización a la que está sometida la prensa venezolana al ser hostigada, amenazada e intimidada de manera reiterada por grupos armados mientras realizan coberturas de calle. Esta serie de hechos se inscribe dentro de un patrón estatal que, encarnado en funcionarios policiales militares, y autoridades públicas, insulta, amenaza y agrede a periodistas y ciudadanos que registran información en su legítimo derecho a la libertad de expresión, al trabajo y a la seguridad personal.
Solo entre enero y mayo de 2016, Espacio Público registró 40 casos de intimidación, entre impedimento de cobertura, confiscación de equipos y material, detenciones arbitrarias  y 19 casos de agresiones contra trabajadores de la prensa. Situación que es alentada por un discurso hostil desde el alto gobierno, y por la impunidad asociada a la falta de investigación de los hechos violentos denunciados.
Ante las obligaciones ineludibles del Estado en garantizar los derechos y la libertades de todos los venezolanos, sin excepción, exigimos:
Que el Ministerio Público adelante las investigaciones correspondientes de los hechos ocurridos y sanciones a los responsables, sean funcionarios públicos o civiles, en el marco de las garantías constitucionales. Estas investigaciones deben conducir a establecer las responsabilidades de manera conclusiva con un procedimiento adelantado de manera independiente.
Que en el marco de sus obligaciones el Estado en sus distintas instancias garantice la búsqueda y registro de información tanto de periodistas como de infociudadanos a fin de respetar y preservar el derecho humano a la libertad de expresión de todos los venezolanos.

VIVOplay repudia agresiones hacia periodistas durante manifestación en Caracas-Venezuela

 

VIVOplay rechaza los acontecimientos violentos ocurridos durante el día de hoy en la Avenida Fuerzas Armadas de Caracas, en donde varios periodistas de diferentes medios de comunicación fueron agredidos y despojados de sus pertenencias y equipos de trabajo.

Durante la manifestación que se generó en el centro de la ciudad por falta de alimentos, un grupo de civiles armados sometió al equipo de prensa liderado por nuestra periodista Andrea Cedeño, quienes se encontraban haciendo su trabajo para informar a la audiencia de lo que estaba ocurriendo. Este grupo violento, además de arremeter contra el equipo reporteril, los despojó de todos los equipos técnicos que estaban utilizando, cámara, transmisores y material grabado.

VIVOplay repudia este tipo de actos de agresión que van en contra de la libertad de expresión. Siempre hemos dado cobertura a todos los acontecimientos de Venezuela, respetando y dando cabida a las diversas voces para informar a nuestra audiencia, a pesar de que somos un medio de comunicación internacional.

Reiteramos que ningún suceso violento, nos alejará de la responsabilidad que tenemos con nuestro equipo en Venezuela y con nuestra audiencia, quienes día a día nos ven desde el dispositivo de su preferencia; tal y como lo hemos hecho desde que salimos al aire.

VIVOplay hace un llamado a las autoridades venezolanas a garantizar la protección y libre desenvolvimiento de los periodistas en el cumplimiento de su labor, a fin de permitir a la ciudadanía poder acceder a información oportuna y veraz.

Expresión Libre: Basta ya de agredir a los periodistas bajo la mirada complaciente del gobierno

 

Expresión Libre, comunicadores por la paz y la democracia, rechaza de forma categórica que el gobierno siga estimulando las agresiones a periodistas y medios de comunicación y permita que esos hechos queden impunes.

La actuación de estos desadaptados forma parte del patrón creado por el gobierno de Chávez y que ahora ha profundizado el gobierno de Maduro, de ir en contra de la libertad de expresión para impedir que se informe a la colectividad sobre las dificultades por las que atraviesa el pueblo venezolano, buscando evitar que se destapen los casos de corrupción, tráfico de drogas y los elevados índices de criminalidad que agobian al país.

Por ello, desde el Presidente Maduro, ministros, así como los gobernadores y alcaldes afectos al gobierno, permanentemente insultan y agreden a los trabajadores de la comunicación, y permiten que grupos violentos materialicen las agresiones como sucedió este jueves.

De los hechos suscitados ya circulan por las redes imágenes en donde claramente quedan identificados los agresores. ¿Será suficiente prueba para la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, para activar las investigaciones de estos hechos que tienen carácter de delito y de esta forma cumplir con su obligación de representar los intereses de la sociedad?

Desde Expresión Libre queremos expresar toda nuestra solidaridad con los periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos que han sido tan brutalmente agredidos y exigimos una vez más al Presidente de la República y a todo su tren ministerial, así como a los gobernadores y alcaldes respeto por el trabajo que los trabajadores de la comunicación llevamos a cabo en cumplimiento de nuestra responsabilidad de informar a la colectividad y brindarles la oportunidad de expresarse.

Maracharán el #3M para exigir libertad de prensa

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El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Espacio Público, Expresión Libre y estudiantes universitarios convocaron a una marcha para este martes 3 de mayo, a propósito de celebrarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La movilización saldrá a las 10:00a.m. desde Los Cortijos hasta la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de Los Palos Grandes.

Los comunicadores decidieron tomar esta iniciativa para alzar la voz y protestar ante los atropellos que sufren actualmente los medios y periodistas, a la vez de exigir a los organismos competentes que den soluciones inmediatas a la crisis.

Reinaldo Carrillo, presidente del Centro de Estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, en representación del movimientos estudiantil, invitó a la sociedad civil a sumarse a esta marcha porque se trata de “una profesión que es fundamental e imprescindible  para el rescate de la democracia y el bienestar de todos los venezolanos”.

Carillo solicitó al Estado venezolano protección a los periodistas e independencia a los medios de comunicación social, para que los ciudadanos puedan estar informados oportuna y responsablemente. “La marcha no tiene otro fin que proteger el derecho a la libertad de prensa, sagrado para los periodistas y para la sociedad”.

Marco Ruiz, secretario general del SNTP, insistió que “el próximo 3 de mayo hay razones para protestar por el estado en el que se encuentra la libertad de expresión en Venezuela”.

Tinedo Guía, presidente del CNP, adelantó que el próximo lunes se entregarán comunicaciones escritas a la Corporación Maneiro, al Ministerio de Comunicación e Información y a la Defensoría del Pueblo. El día de la marcha, será consignada una carta ante el PNUD para que estén atentos a estas acciones que se han realizado.

Las organizaciones Espacio Público y Expresión Libre hicieron un llamado a todos los sectores de la sociedad civil a acompañarlos en la movilización, asegurando que la crisis de la prensa se trata de un problema de todos los venezolanos.

 

Calentaron motores

Como parte de estas actividades, que finalizan con la movilización, las organizaciones han entregado en días recientes unas comunicaciones ante distintas instancias del gobierno nacional, una de ellas fue la Vicepresidencia, donde exigieron que se giren las instrucciones pertinentes para que se ejecuten políticas públicas que permitan el funcionamiento de los medios de comunicación y el periodismo independiente en Venezuela.

De la misma manera, exigieron al Ministerio de Banca y Finanzas que informe sobre asignación de divisas a medios de comunicación de cualquier tipo, entre los años 2013 y 2016, especificando cada una de las autorizaciones y liquidaciones realizadas, fechas, monto y empresa a la que le fue asignada cada una de ellas.

También recordaron al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, su responsabilidad de promover, defender y vigilar los derechos humanos y garantías establecidas en la Constitución. En el caso de Conatel, exigieron que se dé celeridad a los procesos de renovación y otorgamiento de las concesiones a las radios y televisoras del país.

 

Ruta Marcha 3 de mayo