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Espacio Público: Más de 200 medios de comunicación cerraron en el país por órdenes de Conatel
El cierre de DirecTV afecta a más de 13 millones de personas que tienen menos o ningún acceso a información de interés público, contenidos culturales, de entretenimiento y educativos

 

Desde 2004, más de 200 medios de comunicación cerraron en el país, la mayoría por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), bajo procedimientos poco transparentes, arbitrarios, discrecionales, confiscación de equipos y con ausencia de debido proceso. 19 de estos medios eran canales o plantas televisivas, informó la ONG Espacio Público

La reducción del ecosistema mediático determinó la migración de las audiencias a canales internacionales y sitios web. En 2017, de ocho canales de televisión que salieron del aire, cinco eran canales internacionales de noticias, por hacer cobertura de las manifestaciones sociales y políticas que ocurrían en Venezuela.

Ante esto, la señal de varios canales internacionales disponibles por televisión por suscripción fue eliminada de la oferta por Conatel en el último año, sin mayores justificaciones. La disminución de la limitada oferta de alternativas de medios, solo beneficia la política de “hegemonía comunicacional” ejecutada por el Gobierno.

Recientemente la empresa estadounidense AT&T, propietaria de DirecTV Venezuela, anunció el cese de operaciones en el país como consecuencia de la orden del gobierno de EEUU que prohíbe relaciones económicas con determinadas personas o empresas del gobierno de Venezuela, de acuerdo con un comunicado. 

La prohibición exigía la exclusión de los canales nacionales Globovisión (Raúl Gorrín) y PDVSA TV como condición para mantener la operatividad en el país. Estos canales son objeto de las sanciones estadounidenses, el gobierno venezolano se negó a eliminar estos canales de la oferta, de manera que AT&T decide finalizar su actividad en el país.

El cese de las emisiones de DirecTV tiene un importante impacto negativo en un ecosistema de medios debilitado. Según datos oficiales, este servicio de televisión por suscripción representaba el 45,32% del mercado, con 1.993.789 suscriptores en todo el territorio nacional, por lo que alrededor de 13 millones de personas quedan con menos opciones para la información y el entretenimiento. 

Los servicios de DirecTv tienen una mayor importancia relativa en los sectores populares urbanos con menor poder adquisitivo y en pequeñas ciudades. Es un servicio que no requiere una infraestructura de cableado o el uso de internet para acceder al servicio.

 

Cese de los servicios de DirecTV restringe opciones de información y entretenimiento a más de 13 millones de personas
Esta medida tiene serias implicaciones desde la perspectiva de derechos humanos, específicamente el acceso a la información y la libertad de expresión

 

El cese de las transmisiones de DirecTV en Venezuela es una severa restricción a la libertad de expresión de las personas que habitan el territorio. Las consecuencias de esta decisión afectan a más de 13 millones de personas que tienen menos o ningún acceso a información de interés público, contenidos culturales, de entretenimiento y educativos.

El 19 de mayo, la empresa estadounidense AT&T, propietaria de DirecTV Venezuela, anunció el cese de operaciones en el país como consecuencia de la orden del gobierno de EEUU que prohíbe relaciones económicas con determinadas personas o empresas del gobierno de Venezuela, de acuerdo con un comunicado.

La prohibición exigía la exclusión de los canales nacionales Globovisión (Raúl Gorrín) y PDVSA TV como condición para mantener la operatividad en el país. Estos canales son objeto de las sanciones estadounidenses, el gobierno venezolano se negó a eliminar estos canales de la oferta, de manera que AT&T decide finalizar su actividad en el país.

Esta medida tiene serias implicaciones desde la perspectiva de derechos humanos, específicamente el acceso a la información y la libertad de expresión, ya severamente limitados desde hace varios años por la acción de las autoridades de Venezuela.

Política nacional restrictiva

En el ámbito local, una política restrictiva y arbitraria caracteriza al Estado venezolano, que viola regularmente estándares mínimos en materia de derechos humanos, lejos de una lógica garantista y progresiva.

Desde 2004, más de 200 medios de comunicación cerraron en el país, la mayoría por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), bajo procedimientos poco transparentes, arbitrarios, discrecionales, confiscación de equipos y con ausencia de debido proceso. 19 de estos medios eran canales o plantas televisivas.

La reducción del ecosistema mediático determinó la migración de las audiencias a canales internacionales y sitios web. En 2017, de ocho canales de televisión que salieron del aire, cinco eran canales internacionales de noticias, por hacer cobertura de las manifestaciones sociales y políticas que ocurrían en Venezuela.

La señal de varios canales internacionales disponibles por televisión por suscripción fue eliminada de la oferta por Conatel en el último año, sin mayores justificaciones. La disminución de la limitada oferta de alternativas de medios, solo beneficia la política de “hegemonía comunicacional” ejecutada por el Gobierno.

El gobierno forzó a DirecTV a mantener la transmisión de PDVSA TV y Globovisión bajo la amenaza de ser objeto de posibles sanciones. Esta medida tiene lugar en un contexto donde el propio gobierno a través de Conatel es el que arbitrariamente y por motivos políticos, ha cerrado canales y restringido la oferta de transmisiones.

En principio, el Estado como regulador del espectro radioeléctrico puede adoptar medidas para asegurar contenidos de interés público o evitar la reducción de una oferta informativa, pero al imponerlo debe considerar el contexto y las posibilidades de cumplir con sus exigencias.

Ninguna de esas finalidades legítimas se persigue en este caso cuando el Estado venezolano, contrariando su deber de proteger al máximo posible la libertad informativa, condiciona la permanencia de una de las cableras con mayor alcance en el país a la transmisión obligatoria de dos canales que se pueden sintonizar por señal abierta o a través de plataformas públicas.

La potencial salida de esos canales de la oferta de DirecTV no implicaba la pérdida definitiva de estos canales de la oferta televisiva nacional. El Estado venezolano impuso una restricción innecesaria y desproporcionada sobre la libertad de información en perjuicio de la población venezolana.

Sanciones individuales y derechos humanos

Los Estados tienen la obligación de garantizar, proteger y respetar los derechos humanos, incluso más allá de sus fronteras. La libertad de expresión es una piedra angular para luchar por una sociedad democrática. Las sanciones, a pesar de ser medidas soberanas adoptadas por los países, no deben ser generales ni afectar con ello el ejercicio de derechos fundamentales.

La libertad de expresión es uno de los derechos que gozan de especial protección especialmente en contextos donde éstos ya están severamente afectados, como reiteró Naciones Unidas respecto a Venezuela.

En estos escenarios, los Estados establecen límites para excluir medidas que tengan impacto negativo en la situación de los derechos humanos. Por ejemplo, en el año 2016, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, OFAC por sus siglas en inglés, otorgó licencias a los periódicos La Estrella y El Siglo, de Panamá, para continuar operando, luego de que su propietario, Abdul Waked, fuera sancionado por el gobierno de Estados Unidos al ser acusado de blanqueo de activos. La especificidad de las sanciones exigidas implica evitar que éstas restringan, de forma directa o indirecta, el disfrute de los derechos fundamentales.

El gobierno de Estados Unidos restringe de manera indirecta la libertad de expresión en Venezuela al no exceptuar de sus sanciones a la información como un bien fundamental a proteger. Las sanciones pueden estar relacionadas con la disminución de la oferta informativa o generar un efecto desalentador respecto a terceros que presten servicios de comunicación en un país con un ecosistema deprimido y severas restricciones para informarse.

Consecuencias

El cese de las emisiones de DirecTV tiene un importante impacto negativo en un ecosistema de medios debilitado. Según datos oficiales, este servicio de televisión por suscripción representaba el 45,32% del mercado, con 1.993.7891 suscriptores en todo el territorio nacional, por lo que alrededor de 10 millones de personas quedan con menos opciones para la información y el entretenimiento.

Los servicios de DirecTv tienen una mayor importancia relativa en los sectores populares urbanos con menor poder adquisitivo y en pequeñas ciudades. Es un servicio que no requiere una infraestructura de cableado o el uso de internet para acceder al servicio.

En el actual contexto de cuarentena, los servicios de televisión por suscripción adquieren una importancia mayor porque permiten el entretenimiento, el acceso a contenidos educativos y culturales y ayudan a informarse sobre acontecimientos nacionales e internacionales. El cese repentino de este servicio aumenta la incertidumbre de la sociedad y limita las opciones para la búsqueda de información.

El contexto venezolano es de graves limitaciones para el acceso de calidad de los servicios de internet y por tanto con muy poca posibilidad de servir de contrapeso a esta importante restricción. El acceso a internet es muy desigual y su distribución responde a criterios que ofrecen mayores garantías para los sectores sociales de mayor capacidad económica.

Exigencias

Las políticas públicas deben estar orientadas a garantizar el acceso universal de los contenidos y de la información. El pluralismo y la diversidad son objetivos que contribuyen a la tolerancia y el desarrollo integral de las sociedades.

-Que el Estado venezolano cese las políticas restrictivas y permita que todos los canales informativos en español excluidos, puedan regresar a la oferta de los servicios de difusión por suscripción.

-El Estado venezolano debe centrar sus políticas públicas en el “principio pro persona” que implica que sus medidas deben ponderar el mayor impacto positivo en los derechos de las personas o inhibirse si el daño posible es superior al pretendido beneficio.

-Que la OFAC tome medidas excepcionales para evitar afectar el derecho humano a la libertad de expresión e información, esto implica la posibilidad de excluir a DirecTV del cumplimiento de las restricciones derivadas de la relación indirecta con Raúl Gorrín y PDVSA.

Enero: golpes a la información política
En el mes de enero se registraron 110 violaciones del derecho a la libertad de expresión
Los periodistas de la fuente parlamentaria fueron los principales afectados

El registro de casos en el mes de enero de 2020 evidencia que violaciones a la libertad de expresión no son eventos aislados. El contexto actual del país hace que el ejercicio del derecho a la libre expresión sea violentado por el Estado de forma recurrente y como parte de una política en la que confluyen funcionarios, instituciones y cuerpos de seguridad.

La política estatal restrictiva utiliza diversas herramientas en momentos de alta tensión política para intimidar, agredir, censurar y detener a periodistas, ciudadanos y medios de comunicación con el fin de imponer una hegemonía.

En enero se registraron 28 casos, que se tradujeron en 110 violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela; en su mayoría para impedir la cobertura de la fuente parlamentaria, retenciones arbitrarias y censura a través de la prohibición de la difusión de información. De los 82 afectados(as), el 75% son periodistas y reporteros. Los datos revelan un incremento en el número de violaciones producto del periodo de conflictividad social y política que transita el país.

Contra el Parlamento

La Asamblea Nacional (AN) tenía previsto realizar el domingo 5 de enero, la elección de la nueva Junta Directiva en la que sería ratificado como presidente, el diputado Juan Guaidó. La jornada inició con la restricción del acceso a las principales redes sociales y las plataformas digitales desde donde los portales informativos hacen su cobertura en tiempo real. Además de impedir el ingreso de medios de comunicación y agredir físicamente a periodistas que esperaban entrar a la sede del Palacio Federal Legislativo.

El bloqueo de Internet fue denunciado por @VeSinFiltro a través de la red social Twitter, quienes advirtieron a las 9:00 am que las plataformas: YouTube, Twitter, Facebook e Instagram se encontraban bloqueadas por parte del proveedor de telefonía estatal, Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv). El observatorio de Internet detalló que se trató de un bloqueo TCP que continuó activo hasta pasadas las 11:30 am.

Los piquetes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) estuvieron presentes en los alrededores del Palacio Legislativo impidiendo el ingreso de los medios de comunicación y periodistas que días antes fueron acreditados por la Dirección de Comunicaciones de la AN. Funcionarios del Ministerio de Comunicación e Información (Minci) y de la GNB obligaron a los periodistas a chequearse en nuevas listas, reduciendo a menos de la mitad el número de medios que podían acceder.

El abuso de poder se evidenció cuando de una lista de 300 periodistas y 60 medios de comunicación, solo reconocieron y permitieron el ingreso a menos de 50 periodistas y 30 medios. La AN como poder autónomo es quien tiene la potestad de autorizar el ingreso al Palacio, por lo que la actuación de los funcionarios es arbitraria y constituye una violación a las libertades de todos los venezolanos.

Continúa leyendo en: Espacio Público. 

Se venció el plazo para que la Fiscalía presentara acusaciones contra Luis Carlos Díaz
De acuerdo con los plazos de la legislación venezolana, la Fiscalía dispone de ocho meses para presentar acusaciones contra Luis Carlos Díaz

Este martes 12 de noviembre venció el plazo legal para que la Fiscalía investigara y presentara la acusación contra Luis Carlos Díaz, periodista y activista por los derechos humanos.

Luego de ocho meses de su detención y del allanamiento de su vivienda, el fiscal no presentó pruebas que sustentaran la continuación del proceso, por lo cual se ha solicitado que sea concluida la investigación declarando su inocencia.

En un artículo publicado por Espacio Público, señalan como otra exigencia la eliminación de las medidas cautelares que afectan su libertad o en última instancia se fije la audiencia para escuchar a las partes.

El pasado 12 de marzo funcionarios del Sebin interceptaron a Díaz cuando se dirigía en bicicleta a su casa, lo detuvieron, y horas más tarde allanaron su vivienda.

Luis Carlos es acusado de “instigación pública” por ejercer su derecho a la libertad de expresión, el Tribunal de Control le impuso prohibición de salida del país, de declarar a los medios sobre su caso, y régimen de presentación.

De acuerdo con la legislación venezolana, la Fiscalía tiene ocho meses para hacer la investigación y presentar ante el Tribunal las pruebas que sustenten la acusación contra Díaz; de no conseguir suficientes, el caso puede ser archivado y reabierto hasta 20 años después.

 

En tal sentido, si la Fiscalía no presenta pruebas en contra Díaz en esta situación particular, el Tribunal debe aplicar el control difuso de la constitucionalidad y declarar el sobreseimiento de la causa: la suspensión del proceso legal por falta de pruebas, que equivale a la inocencia y libertad plena.

La tercera posibilidad era que el fiscal, Farik Mora, obtuviese suficientes elementos para afirmar que Díaz cometió un delito, lo que habría iniciado un proceso de juicio. Por consiguiente, la falta de independencia en el sistema judicial empaña la investigación: Mora también está involucrado en los casos políticos contra Juan Requesens, Roberto Marrero y Fernando Albán.

Excarcelan a Pedro Jaimes, detenido hace un año y cinco meses por divulgar la ruta del avión presidencial

PEDRO JAIMES, QUIEN FUE DETENIDO por el régimen tras difundir en su cuenta de Twitter información pública disponible en Internet sobre la ruta del avión presidencial, fue excarcelado este jueves 17 de octubre luego de un año y cinco meses de detención.

Según Espacio Público, Jaimes fue excarcelado por la Comisión de la Verdad de la asamblea nacional constituyente (anc), “como parte de un supuesto beneficio procesal”.

Pedro Jaimes Criollo es un aficionado a la aeronáutica y a la meteorología, y desde el 2013 publica en su cuenta de Twitter, Aereometeo, información sobre esos temas. El 3 de mayo tuiteó una imagen con la ruta de vuelo del avión presidencial y fue detenido una semana después, de forma irregular por funcionarios del Sebin. Tras ser presentado en tribunales estuvo desaparecido durante 33 días en los que fue torturado con electricidad, simulación de asfixia con bolsas en la cabeza, y golpeado repetidamente, lo que le produjo la fractura de una costilla.

El expediente del caso muestra información forjada y evidencias que no relacionan causalmente a Jaimes con los delitos que se le imputan: espionaje informático, revelación de secretos políticos, e interferencia de la seguridad operacional. Siendo inocente permaneció un año y cinco meses detenido en El Helicoide, le negaron asistencia médica, le impidieron recibir asistencia legal oportuna los primeros meses, y estuvo sujeto al retraso procesal impuesto por el Sebin, que se negó en al menos 16 oportunidades a trasladarlo a sus audiencias preliminares y de juicio.

La detención de Jaimes fue arbitraria

Sobre su caso se pronunciaron múltiples organizaciones de la sociedad civil incluyendo a la internacional Human Rights Watch. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares en octubre de 2018 exigiendo al Estado que respetase el derecho de Pedro Jaimes a la salud, vida e integridad; y un grupo de Relatores también exigió que protegieran los derechos del tuitero. Por otra parte, tres relatores del sistema de Naciones Unidas (ONU) hicieron un llamado urgente al Estado venezolano exigiendo le respetaran sus derechos y protegieran su integridad. 

El Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias en su decisión 39-2019 afirmó que la detención de Pedro Jaimes es arbitraria ya que no existe fundamento legal para la misma, la detención fue consecuencia del ejercicio de su libertad de expresión, se violó el debido proceso y se obviaron reglas procesales.

Pedro Jaimes es inocente

La excarcelación de Pedro Jaimes no concluye su caso, ejecutado por un organismo ilegítimo deja al tuitero sujeto. Exigimos contundentemente que le otorguen la libertad plena a Pedro Jaimes, ya que la publicación de información disponible en Internet no constituye delito alguno; las pruebas esgrimidas en su contra en el expediente del caso no lo relacionan con los delitos imputados y el Estado actuó en violación del debido proceso repetidamente desde el momento de su detención.

Es obligación del Estado reparar a las víctimas de violaciones de derechos humanos, lo que en el caso de Jaimes implica:

  • Brindarle atención médica integral y completa para curar las aflicciones que sufre producto de su detención ilegal
  • Aceptar públicamente que la detención fue arbitraria.
  • Declarar el sobreseimiento de la causa, lo que significa declarar que Jaimes es inocente en su totalidad. 
Seis recomendaciones para mantener la comunicación durante los apagones

LA ONG ESPACIO PÚBLICO publicó una serie de consejos para aplicar durante las fallas eléctricas que afectan a Venezuela desde marzo pasado.

Aquí una lista de seis recomendaciones:

-Durante los apagones fallan los servicios de telefonía móvil. Por eso, escribe textos en vez de grabar notas de voz o mandar imágenes, que requieren más datos para descargarse.

-Recuerda poner la hora a la que envías el mensaje, o la hora a la que sucedió lo que estás reportando en las redes sociales. Por las fallas de señal, podría tardar en enviarse o en ser recibido.

-El acceso a internet es limitado. Si ves información relevante en redes sociales, en lugar de enviar el enlace, copia el texto y pégalo para reenviar la información completa.

-Verifica si puedes comunicarte con familiares, colegas o amigos a través de la telefonía fija. Muchas líneas siguen funcionando.

-También puedes comunicarte a través de SMS cuando las señales de datos no funcionen. Pon la hora en que envías el mensaje.

-Ahorra batería del celular desactivando todos los sonidos. Baja el brillo de tu pantalla y activa el modo avión cuando no tengas señal o no la necesites.

Espacio Público: En enero de 2019 se registraron 131 violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela

 

LOS CASOS DOCUMENTADOS EN EL MES DE ENERO DE 2019 que muestran violaciones a la libertad de expresión no son eventos aislados. En Venezuela hay una política de Estado, en la que concurren diversos poderes y autoridades para restringir la libre circulación de la información de las ideas.

La política estatal restrictiva se expresa en una recurrente descalificación de los medios y periodistas; ataques violentos impunes contra reporteros en las calles; violencia institucional con la apertura de procesos administrativos, judiciales y exhortos para prohibir a conductores de radio la cobertura de determinados temas.

Un patrón de esta política estatal es la utilización de las diversas herramientas en momentos de alta tensión política y grandes manifestaciones en las calles. En estos momentos se aplican con mucha fuerza los diversos dispositivos restrictivos y se evidencia con claridad la naturaleza antidemocrática de la élite gubernamental.

La política restrictiva es acumulativa: las nuevas limitaciones se suman a las que impusieron en otros momentos. Por ejemplo se suman nuevos canales de TV internacionales a los que se les impide su difusión en las cableoperadoras, se suprimen medios regionales y se obliga a suspender programas de radio de opinión o informativos.

En enero de 2019 se registraron 69 casos, que se tradujeron en 131 violaciones del derecho a la libertad de expresión en Venezuela; en su mayoría impedimentos de cobertura de calle, detenciones/retenciones arbitrarias y censura, a través de la prohibición o restricción en la difusión de información. De los 92 afectados(as), el 51% son periodistas y reporteros. Los datos revelan un incremento inusual para el primer mes del año, lo que indica un periodo de alto conflicto social y político. Los elevados niveles de represión en pocos días de manifestaciones, en relación a ciclos de protesta en años anteriores, multiplicaron las restricciones en la búsqueda y difusión de información.

Censura en Internet

Las últimas semanas de enero revelaron el alcance y la voluntad autoritaria del  gobierno, en una nueva fase de represalia contra quienes manifiesten públicamente su crítica o disenso. En este período hay decenas de personas asesinadas por cuerpos de seguridad que usaron armas de fuego en el contexto de manifestaciones.

Los sectores populares padecen las consecuencias de haber protestado en sus localidades: allanamientos, robos, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales. Durante la noche las personas fueron testigos de gritos de rebeldía y hartazgo contra un gobierno intransigente, que ignora y criminaliza el clamor popular.  Hubo una arremetida desproporcionada de funcionarios civiles y militares contra zonas residenciales, que terminaron en daños a la propiedad privada, encarcelamiento o muerte.

La principal proveedora de Internet en el país, la estatal Cantv, bloqueó el acceso a Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Periscope, e incluso las búsquedas de Google los días de protestas contra Maduro. El 12 de enero bloquearon toda la enciclopedia Wikipedia ante una “guerra de edición” del perfil de Juan Guaidó, donde le colocaron el título de Presidente Encargado; y posteriormente tumbaron el Internet durante una declaración de Guaidó el 27 de enero.

El 21 de enero un grupo de efectivos de la GNB se rebeló contra Maduro tomando el comando ubicado en Cotiza, Caracas; en los videos que circularon por redes sociales se veía a uno de ellos pidiendo apoyo a la gente. Las personas que viven cerca del comando salieron a protestar apoyando a los militares, a pesar de ser una zona de bajos recursos sometida a la dependencia de los bonos de los programas sociales del Estado, como la caja de alimentos comprada a una mínima porción de su valor y distribuida por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

La información circuló rápidamente por las redes sociales hasta que iniciaron las denuncias de bloqueos. La organización NetBlocks registró ese día restricciones de acceso a Twitter e Instagram principalmente aplicadas por Cantv, pero no excluyentes a otras operadoras. Las causas técnicas concuerdan con los controles aplicados para filtrar el contenido de Internet, mientras la ciudadanía buscaba información sobre la protesta y la posterior represión en Cotiza.

Días antes y sucesivos se registraron más bloqueos de redes, principales plataformas de transmisión de medios digitales, los únicos que difunden en vivo los hechos noticiosos, ante el silencio impuesto por la censura y autocensura en los medios tradicionales. En las últimas dos semanas de enero se registraron al menos tres bloqueos masivos (de dos o más redes), con sucesivas interrupciones, alternadas, que derivan accesos ralentizados.

El Estado vs. periodistas

El impedimento de cobertura o represalias contra reporteros por intentar buscar y difundir información se tradujo en 18 detenciones de periodistas locales y corresponsales internacionales. Las detenciones y las pretendidas requisas duraron 15 horas, algunos periodistas fueron esposados a sillas, sometidos a interrogatorios y revisión de equipos. Detenciones que en algunos casos constituyeron inicialmente desapariciones forzadas, al desconocerse los paraderos por varias horas. La falta de acreditaciones no fue una excusa pues los corresponsales de la agencia EFE ingresaron al país en condición de periodistas, y aun así fueron privados de libertad.

12 periodistas, locales y extranjeros fueron detenidos entre el 25 y 31 de enero; para un total de 20 reporteros y trabajadores de la prensa detenidos durante el mes de enero. Un docena de detenciones que representa el doble de personas privadas de libertad en un mes, en promedio, durante el 2017, el año con mayor cantidad de casos documentados desde 2002.

La escalada en la violencia contra periodistas se inició con la detención de Beatriz Adrián, corresponsal de Noticias Caracol, y Osmary Hernández de CNN, en las adyacencias de la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin), cuando reportaban la captura del Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el domingo 13 de enero.

A medida que transcurrió el mes, el asedio a la prensa continuó, impidiendo que se reportara lo que estaba ocurriendo. El 26 de enero, el periodista chileno, José Antonio Mene fue amenazado por efectivos militares que resguardan los alrededores del Palacio de Miraflores, cuando éste recogía testimonios de simpatizantes del gobierno que se encontraban en la vigila convocada por Nicolás Maduro. Mene denunció a través de su cuenta en Twitter que funcionarios de la Fanb, lo amenazaron con retenerle el pasaporte a pesar de que no había comenzado a grabar.

El punto más álgido se vivió entre el 30 y 31 de enero, cuando un total de 12 trabajadores de la prensa fueron detenidos mientras realizaban trabajo periodístico en distintos sucesos.  Rodrigo Lópes, enviado especial del Grupo RBS de Brasil, Maiker Yriarte (TV Venezuela) y Ana Rodríguez (VPI Tv), los chilenos, Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, de la Televisión Nacional de Chile (TVN), el fotográfo, Leonardo Muñoz, el motorizado, José Salas,  la periodista colombiana, Mauren Barriga, el español Gonzalo Domínguez, todos empleados de la agencia internacional EFE y los franceses; Pierre Caillet y Baptiste des Monstiers, junto al venezolano Rolando Rodríguez, fueron víctimas de tratos crueles inhumanos mientras permanecieron a manos de funcionarios de seguridad del Estado.

Cobertura limitada

Encender la radio o la televisión para informarte mientras preparas el desayuno, arreglas la casa, vas o vienes del trabajo son rutinas que han perdido sentido en la cotidianidad venezolana pues la información no circula por los canales de más fácil y extendido acceso. Las emisoras de radio y los canales de televisión nacional abierta están sometidos a una coerción institucional sistemática; medidas administrativas formales o informales que afectan el normal y libre desempeño de los medios de comunicación.

Estas acciones derivan en el cierre de espacios, la supresión de contenidos políticos, las variaciones de las líneas editoriales tras los exhortos, llamados o incluso sanciones de Conatel, que genera inhibición por temor en aquellos que aún se mantienen al aire. Por ejemplo, las noticias y análisis sobre la concentración que convocó el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para el 23 enero no pudieron escucharse en la radio, ni verse en la televisión.

La televisión abierta conserva una programación noticiosa, sin embargo perdió la prontitud e inmediatez que caracterizó a la cobertura de noticias. No se realizan  transmisiones en vivo, lo que resta una de las cualidades de mayor relevancia para el interés de las audiencias, esto se suma a las serias limitaciones en la variedad y novedad de otros tipos de contenidos (educativos, culturales o entretenimiento en general).

La fuente política es una de las más afectadas. Se priorizan los discursos y posturas oficiales o de altos funcionarios, respecto a otros sectores, específicamente frente a figuras de oposición, aun cuando estos lleven a cabo movilizaciones masivas o pronunciamientos de valor noticioso. En la mayoría de los casos, las movilizaciones opositoras no cuentan con coberturas inmediatas o continuas, que permitan seguir el curso de los acontecimientos.

La censura no sólo obstaculiza el derecho a estar informado, sino que le impide al ciudadano tomar otras decisiones, como por ejemplo si va o no a salir de su casa, la ruta que tomará al buscar a su hijo al colegio, entre otras. Pero no sólo la esfera particular se ve afectada, los medios de comunicación también fueron víctimas de la hegemonía comunicacional que desde 2008 es intención y práctica de quienes ejercen el poder.

Una semana antes de la primera jornada de protestas masivas que convocó el actual líder del hemiciclo, Juan Guaidó, afirmó que Conatel había prohibido mencionar su nombre en los medios de comunicación, razón por la cual perdió varias entrevistas; lo que ocurrió siete días después confirma la presión por invisibilizar la ruta propuesta por la AN ante la crisis política que vive el país.

El 31 de enero, Espacio Público realizó un monitoreo de cobertura en medios tradicionales, radio FM y televisión nacional abierta con noticieros regulares, entre las 12:00 del mediodía y las 2:00 pm, durante el desarrollo de una manifestación opositora convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Tradicionalmente, los noticieros se transmiten en tres cortes diarios, entre ellos la emisión meridiana que puede variar entre las 11:00 am y la 1 de la tarde. De 378 consultas cada 15 minutos en 42 emisoras del circuito FM, solo en dos oportunidades se estaba haciendo cobertura de la movilización opositora. A nivel de televisión, de los cinco canales monitoreados y 45 consultas realizadas, en una se hizo referencia al evento de oposición.

Existe cobertura de fuentes alternas al oficialismo pero no son reseñadas al momento o durante su desarrollo. Aun así, el tiempo para las transmisiones, horas después de los hechos, es corto en comparación con las fuentes oficiales que, además de la cobertura directa del medio, cuentan con la retransmisión del canal del Estado. Esto deriva en una especie de “autocadena”, en la que medios de señal abierta se unen a la señal del canal estatal, incluso por períodos prolongados en términos del tiempo promedio de notas periodísticas audiovisuales.

En el estado Zulia, al occidente del país, funcionarios de la DGCIM y el SEBIN rompieron todo lo que pudieron a su paso el 23 de enero mientras “retiraban” los transmisores de Global TV y Aventura TV. Desde los medios se transmitió la juramentación del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado; así como las incidencias de las manifestaciones de oposición que se dieron el 23 de enero. Los funcionarios también destruyeron las conexiones a internet y se robaron varios equipos, lo que dejó fuera del aire al canal Aventura TV, que funcionaba en la misma oficina.

Nueve medios o programas salieron del aire en un mes, lo que supera el total de cierre de medios en 2014 (6), así como los cierres mensuales en promedio, durante el 2017 cuando desaparecieron 61 medios de comunicación. Estas cifras incluyen la salida del aire del espacio radial que César Miguel Rondón dedicaría a revisar lo acontecido el 23 de enero, irregularidad que llevó al comunicador a retirarse del programa cinco días después por “censura pura”.

En un ecosistema de medios con estas severas restricciones toda reducción tiene una mayor relevancia ante las escasas posibilidades para acceder a la información. A pesar de ello la sociedad genera mecanismos alternos de comunicación para desplegar el ejercicio de otros derechos como el de asociación o el de manifestación, lo que se hace evidente en la gran capacidad de movilización que se observa en las recientes marchas y concentraciones en contra de Maduro.

Prohiben al portal web Armando.Info publicar sobre Alex Nain Saab

 

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a través de Juzgado 11° en Caracas envió una notificación al periodista Roberto Deniz Machín, de Armando.Info, este 11 de septiembre, prohibiendo a cuatro periodistas del medio difundir información sobre Alex Nain Saab, imponiendo la censura previa sobre el caso relacionado con importación irregular de alimentos.

En el anuncio del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones del Juicio de Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas prohíbe a los periodistas Roberto Deniz Machín, Joseph Poliszuk, Ewald Scharfenberg, y Alfredo Meza publicar y difundir a través de medios digitales, específicamente en Armando.Info, menciones que vayan en contra “del honor y la reputación del ciudadano” Alex Nain Saab.

“La gran novedad es que hoy ha intervenido Conatel (…) Nos ha hecho llegar oficios en que nos dice que no podemos nombrar a Álex Saab en Armando.info y a la vez está haciendo llegar oficios a algunos medios electrónicos y a proveedores de Internet advirtiendo que no podemos hablar del caso”, señaló Scharfenberg, periodista del medio digital.

La decisión del Juzgado y la exigencia de Conatel a proveedores de Internet y medios electrónicos implican el establecimiento de censura previa, evitando que se conozcan temas de especial interés protegidos por el derecho a la libertad de expresión e información, consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución nacional. Además la restricción de publicar información que vaya “en contra del honor y la reputación” de Saab resulta amplia, con términos que pueden ser interpretados de manera discrecional en perjuicio de los periodistas y del medio de comunicación social, afectando directamente a la sociedad que se queda privada de esta información.

Saab fue identificado en investigaciones de Armando.info como uno de los beneficiados en la importación irregular de alimentos a sobreprecio para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Actualmente este sistema establecido por el Gobierno nacional abastece de ciertos productos de la cesta básica alimentaria a hogares según el censo local realizado por los CLAP, a un costo reducido y subvencionado por el Estado a través de divisas preferenciales para la compra e importación de los productos alimenticios en el exterior.

Es un derecho de los venezolanos poder conocer de manera transparente cómo se adjudican estas divisas, las licitaciones relacionadas con el proyecto, y si la importación cumple con los procesos legales establecidos en el país. Las restricciones a la libertad de expresión deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad para que sean legítimas, premisas que no cumple la decisión del Juzgado.

La ley de Responsabilidad Social en Radio, televisión y medios electrónicos (Resorte-me) contraria a los estándares internacionales de libertad de expresión, le da potestad a los proveedores de medios electrónicos para restringir o abstenerse de difundir mensajes cuando Conatel lo solicite1. Para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en Opinión de la Organización de Naciones Unidas, este tipo de regulaciones “resultan intrínsecamente incompatibles con los principios del valor y la dignidad de cada persona. Esos argumentos niegan la sabiduría fundamental de la persona y las sociedades y no reconocen la capacidad de los ciudadanos en los planos nacional, estatal, municipal, comunitario e incluso vecinal, de tomar medidas autocorrectivas para restablecer el equilibrio sin injerencia excesiva ni regulación de parte del Estado”.

 

La denuncia a Armando.Info

En febrero de este año, los cuatro periodistas fueron demandados por Difamación Agravada Continuada e Injuria Agravada en detrimento del empresario colombiano Alex Saab luego de que fuera publicada una investigación sobre sus vínculos con el negocios detrás de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que distribuye alimentos a precios subsidiados para los venezolanos.

La demanda fue admitida por el Juzgado Undécimo en Caracas por presunta “difamación agravada continuada” e “injuria agravada”, ambos delitos castigados en el Código Penal con dos a cuatro años de prisión y multas de doscientas unidades tributarias (200 U.T)