Espacio Público, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS), Expresión Libre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y la Asamblea Nacional se pronunciaron a favor del Correo del Caroní tras conocerse la sentencia condenatoria contra el director del diario, David Natera Febres, con motivo de la cobertura informativa que hizo en 2013 sobre el caso de corrupción en CVG Ferrominera Orinoco.
En el caso de Espacio Público, la ONG rechazó la sentencia por considerar que se usó el sistema judicial del país para impedir el derecho a la información y violentar las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. Afirmaron que el juicio sirvió como «mecanismos de coerción institucionalizada» y buscaba generar un efecto de autocensura e inhibición.
Pidieron el cese del hostigamiento judicial contra medios de línea editorial crítica e independiente y la derogación de las disposiciones sobre el desacato, vilipendio e injuria por considerar que son contrarias a los parámetros establecidos por los sistemas internacionales.
Por su parte, IPYS aseguró que el caso marca un «mal precedente» para la libertad de expresión en el país. Recordaron que siguen el juicio desde sus inicios y que desde entonces lo consideraron «abusivo» y un riesgo para el periodismo. Explicaron que la sentencia también podría derivar en la prohibición de cobertura para otros medios.
En el caso de Expresión Libre, aseguraron que se utilizó una «legislación diseñada» para castigar la verdad informativa y silenciar a periodistas y medios de comunicación. Calificaron como «detalle insólito» que a pesar de que tras la publicación varias personas resultaron presas y se comprobó el delito, el juez todavía considerara que el diario incurrió en difamación e injuria.
Exhortaron a periodistas, gremios y medios a rechazar toda medida que criminalice el derecho de expresión y niegue el derecho a la información.
Otros en pronunciarse fue el SNTP, que rechazó y aseguró que la medida no era solo el diario, sino contra el periodismo independiente, crítico y de investigación. Considera que esta decisión no busca sino inhibir al medio regional de informar oportunamente a los ciudadanos de esa región sobre los hechos que acontecen.
“Es una condena que no dudamos en calificar como una condenan al periodismo crítico y de investigación y que se conoce a tres años después solo con el objetivo de oscurecer los hechos que hoy ocurren en Bolívar”, dijo el secretario general del SNTP, Marco Ruiz.
Por la Asamblea Nacional fue el diputado Tomás Guanipa, presidente de la Comisión permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación, quien se pronunció y calificó la condena como un acto desesperado del gobierno para tapar los hechos de corrupción en el país.
“Nuevamente el Poder Judicial se pone de espaldas al pueblo (…) no sólo es un gravísimo golpe a la libertad de expresión e información en el país, además deja en evidencia la desesperación del Gobierno Nicolás Maduro que usa a la justicia para tapar los hechos de corrupción de su administración y trata de amedrentar así a la población”, puntualizó Tomás Guanipa.
Guanipa señaló además que “este nuevo ataque a la libertad de expresión, se convierte además en una violación flagrante al derecho a la información oportuna y veraz que la Constitución garantiza a todos los venezolanos”.
El parlamentario agregó que el caso contra el director del Correo del Caroní se suma a los procesos contra El Nacional, el diario Tal Cual, el portal digital La Patilla.
