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Érika Farías pide cambiar el nombre a la autopista

“MÁS TEMPRANO QUE TARDE” PROMETIÓ la alcaldesa del municipio Libertador, Érika Farías, cambiar el nombre a la autopista Francisco Fajardo por Cacique Guaicaipuro “en el marco del proceso de descolonización del pensamiento”.

“Es suficiente el debate y las recomendaciones que hemos hecho para cambiar el nombre de una autopista que pasa por aquí y que lleva el nombre de uno de los asesinos de nuestros pueblos indígenas, Francisco Fajardo”, dijo Farías el sábado 12 de octubre durante un mitin por el Día de la resistencia indígena, llamado así por Hugo Chávez en 2002. Ni pío dijo sobre tapar los huecos en los que diariamente caen los caraqueños al atravesar la ciudad capital.

“En mi condición de alcaldesa de Caracas, en mi condición de hija del pueblo kariña, yo le instruyo al concejo municipal que adelante todo lo que tenga que adelantar para que esa autopista deje de llamarse Francisco Fajardo y se llame Cacique Guaicaipuro”.

Jimmy Gudiño, miembro del Concejo Municipal, dijo por Twitter que los concejales recibieron la instrucción de Farías sobre el cambio del nombre de la principal autopista de la ciudad. “Seguiremos rescatando el legado de nuestros ancestros”, expresó.

 

Como respuesta a las elecciones presidenciales “ilegítimas y antidemócratica” realizadas el pasado 20 de mayo, Canadá anunció este miércoles nuevas sanciones a funcionarios en el gobierno venezolano y allegados.

La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, indicó que los individuos agregados son responsables “del deterioro de la democracia en Venezuela”.

Con esta nueva medida, Canadá agrega 14 nombres de funcionarios y allegados a su lista de sancionados con lo que suma 70 en total desde septiembre de 2017.

“Estas sanciones son un claro mensaje que el comportamiento antidemocrático del regimen de Maduro tiene consecuencias. El anuncio de hoy es evidencia de nuestro compromiso para defender la democracia y los derechos humanos en el mundo y nuestro rechazo a las fraudulentas elecciones presidenciales en Venezuela. Canadá está determinada a apoyar al pueblo de Venezuela en su búsqueda de un futuro más pacífico, democrático y próspero”, afirmó Freeland.

Entre los integrantes de la nueva lista está la primera dama, Cilia Flores, que no estaba en ninguna lista hasta el momento; la alcaldesa del Municipio Libertador, Erika Farías; la vicepresidenta de la ANC, Tania Díaz; y los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo Electoral.

Las medidas en contra de estos individuos incluyen el congelamiento de activos de los funcionarios y la prohibición de que los canadienses hagan negocios con ellos.

 

 

Lista completa de los 14 nuevos nombres de los funcionarios agregados a la lista de sancionados por el gobierno de Canadá:

Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ, Vicepresidenta de la ANC

Fidel Ernesto VÁSQUEZ IRIARTE, Director General de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República

Carolys Helena PÉREZ GONZÁLEZ, Subsecretaria de la ANC

Cilia Adela FLORES DE MADURO, Primera Dama y Constituyentista

Erika del Valle FARÍAS PEÑA, Alcaldesa del Municipio Libertador

Ramón Darío VIVAS VELASCO, Constituyentista

Christian TYRONE ZERPA, Magistrado de la Sala Electoral del TSJ

Fanny Beatriz MÁRQUEZ CORDERO, Magistrada de la Sala Electoral TSJ

Malaquías GIL RODRÍGUEZ, Magistrado de la Sala Electoral del TSJ

Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE, Primera Vicepresidenta del TSJ

Jhannett María MADRIZ SOTILLO, Magistrada de la Sala Electoral del TSJ

Carlos Enrique QUINTERO CUEVAS, Rector Suplente del CNE

Xavier Antonio MORENO REYES, Secretario General del CNE

Carlos Alberto ROTONDARO COVA, Militar y expresidente del IVSS

 

La
Durante los ejercicios militares del pasado 25 de febrero, el líder del colectivo La Piedrita –quien tiene tres órdenes de captura, dos de estas por homicidio – estrechó las manos de Érika Farías, Ernesto Villegas, Carolina Cestari y del general de división Fabio Zavarse, sin soltar su arma de fuego. El mensaje de los videos que muestran el momento, de acuerdo con expertos consultados, apuntan a la “lógica del terrorismo de Estado”, que busca sembrar miedo en quienes disienten, y dejan claro que el gobierno apoya la impunidad de los grupos armados

 

@loremelendez

NO USA PASAMONTAÑAS, TAMPOCO VA DE NEGRO, pero sí está armado como el resto del grupo. Valentín Santana lleva unas gafas oscuras que se le incrustan en los ojos y dos prendas rojas que le hacen ver la cara pálida: una boina y una chaqueta marcadas con el símbolo de La Piedrita, el colectivo que lidera en la parroquia 23 de Enero. Del hombro izquierdo, a la altura de la cintura, le cuelga el complemento de su indumentaria: un subfusil Uzi. Así se expone ante una cámara, rodeado de otros paramilitares que exhiben sus fusiles AR15, mientras promete fidelidad a Nicolás Maduro y asegura que siempre defenderá a Venezuela con las armas.

El video de Santana – quien desde hace más de una década tiene tres órdenes de captura emitidas por tribunales , dos de estas por homicidio – circuló el pasado domingo en medio de los Ejercicios de Acción Defensiva Multidimensional Independencia 2018 que se desplegaron en el 23 de Enero, donde hace vida La Piedrita, como una especie de ensayo para impedir una hipotética intervención extranjera. Los colectivos armados fueron parte de esta actividad: tomaron edificios, se subieron a las azoteas, dispararon al aire, izaron banderas. Las autoridades locales gubernamentales no solo lo supieron, sino que también le dieron su visto bueno a los hechos.

Un segundo video muestra este apoyo (minuto 1:02 del video de arriba). Santana grita “Chávez vive, la patria sigue”, con el puño el alto, y comienza el desfile de funcionarios. Allí se ve a la alcaldesa de Libertador, Érika Farías y a la jefa del Distrito Capital y ex ministra de la Suprema Felicidad, Carolina Cestari, desviarse de su recorrido por la zona para estrecharle la mano y besar la mejilla del líder paramilitar que porta un subfusil a la altura de la cintura. También se observa cómo el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral del Distrito Capital (Zodi), general de división Fabio Enrique Zavarse, se devuelven para saludarle y darle palmadas en el hombro a Santana, que apenas se mueve de su sitio. Los cuatro miembros del gobierno, escoltados por guardias nacionales, se detienen al pasar por el territorio de La Piedrita y uno de ellos, el militar Zavarse, hasta se permite una broma: “Por favor, le mandas el video a Julio Borges (ex presidente de la Asamblea Nacional) de mi parte”, le comenta al jefe del colectivo.

“Esa es la normalización de la actuación de estos grupos paramilitares con funcionarios del Estado”, sentenció Inti Rodríguez, coordinador del Programa de Monitoreo, Investigación y Difusión de la ONG Provea, quien recordó que los colectivos ya han ejecutados labores propias de las fuerzas de seguridad del Estado: han reprimido protestas, han tomado partido en programas de seguridad ciudadana, como lo hicieron en las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), y han participado en operativos de cuerpos especiales como el que cometió la Masacre de El Junquito, donde mataron a Óscar Pérez y a 6 de sus aliados, junto a Heyker Vásquez, quien era líder del colectivo Tres Raíces y funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

Para Rodríguez, el mensaje de ambos videos se basa en la “lógica del terrorismo de Estado” que busca sembrar el miedo en quienes disienten. Relató que al día siguiente de los ejercicios militares, el lunes 26 de febrero en horas del mediodía, esos mismos colectivos hicieron una marcha hasta la sede de la asamblea nacional constituyente y asistieron encapuchados y con armas de fuego. “Ningún cuerpo de seguridad evitó que esto ocurriera”, reclamó.

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El uso de fusiles y subfusiles por parte de estos grupos paramilitares también llamaron la atención del experto. “Las armas sofisticadas que tienen no se le ven a los policías que están en la calle, sino a grupos especiales policiales o militares como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) o las FAES. Eso da cuenta del nivel de penetración que los colectivos tienen en las fuerzas de seguridad y cómo son parte de esa estructura”, enfatizó.

Rodríguez indicó que tal penetración refuerza la construcción del Estado militar y policial, en el cual los ciudadanos cumplen acciones propias de estas fuerzas, que van desde la delación y vigilancia hasta los ajusticiamientos. “Además, se refuerza la tesis del enemigo interno y externo y promueve estas figuras tan peligrosas como los son grupos civiles armados”, acotó.

El Estado mafioso

Hugo Chávez mencionó a Valentín Santana durante una alocución en 2009, justo antes del referéndum aprobatorio de la Enmienda Constitucional que permitió la reelección indefinida del presidente de la República. Pero lejos de hacer una intervención para alabarlo, el entonces jefe de Estado lo criticó duramente por haber amenazado de muerte a Marcel Granier, presidente de las Empresas 1BC, y advirtió que su lugar debía ser la cárcel.

“Él (Santana) dice ser jefe de un grupo llamado La Piedrita (…) y él dice algo mucho más grave: que si ellos consiguen a una persona, y le dan nombre y apellido (dice sin referirse a Granier), lo van a matar (…) Yo hoy llamé a la fiscal de la República para que tome las acciones. Esa persona debe ser detenida porque es un delito estar amenazando de muerte a nadie (sic.). El Estado actuará, ellos deben asumir sus consecuencias, actuaremos con todo el peso de la ley. Este es un criminal”, apuntó Chávez. Pero nada pasó.

Todavía hoy, el líder de La Piedrita sigue libre, pese a que desde 2007 tiene una orden de captura por porte ilícito de arma de fuego, uso de documento falso y homicidio intencional simple, emanada por el juzgado 45to del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas en función de control. De acuerdo con una declaración pública de la otrora fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, en su expediente hay otras dos detenciones pendientes, dictadas en 2008 y 2009, por homicidio y lesiones personales.

Pero en esos años, según una nota del diario El Nacional, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) no se le había ordenado su búsqueda. Sin embargo, en febrero de 2009, el entonces ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck el Aissami, había asegurado que las fuerzas de seguridad del Estado estaban detrás del rastro de Santana desde enero de 2008, y no habían logrado dar con su paradero.

La impunidad de Santana es tal que en 2017 lanzó su candidatura a la asamblea nacional constituyente, aunque perdió. En medio de esa campaña, el 20 de julio, distribuyó un video para denunciar que el Cicpc perseguía a los colectivos del oeste de Caracas y los culpaba por la muerte de Xiomara Scott, la mujer que fue asesinada en la avenida Sucre de Catia por pistoleros que atacaron a quienes votaban en la consulta opositora del 15 de julio. Por esos días, vecinos de la zona indicaron que la reacción del líder se debía a que los uniformados habían ingresado a uno de los locales comerciales controlados por su grupo.

“Ya hay dos detenidos, uno es un colectivo de Los Frailes. Le allanaron el local a los compañeros del Frente Miliciano Sucre. ¡Qué eficientes son ellos cuando se trata de los pobres! (…) Ustedes osan a tocar el territorio de La Piedrita y lo más seguro es que me saquen muerto, pero yo no me les voy a arrodillar a ustedes”, advirtió.

Rodríguez sostuvo que, con el paso de los años, los colectivos se fortalecieron y, en la actualidad, no solo tienen armas. “Hoy controlan la venta de comida, que viene de los Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP), a precios super elevados, controlan territorios y ejercen labores de represión contra adversarios políticos”, insistió.

El director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, apuntó que las relaciones entre el gobierno y estos grupos de civiles armados se inscriben en uno de los conceptos que la organización ha utilizado para definir a quienes hoy están en el poder.

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“Nosotros hemos manejado la teoría del Estado mafioso, donde hay una cantidad de líderes dentro de la estructura gubernamental que están en conjunción con fuerzas delincuenciales (…) Parte del metamensaje del ‘Estado mafioso’ hacia afuera es que está apoyado por personas que no responden ante la ley, en este caso, los colectivos”, afirmó Cedeño, al interpretar el video de Santana al lado de Cestari, Farías, Villegas y Zavarse. “Son tratamientos diferenciados ante la ley que mandan un mensaje que dice que comulgan con esas fuerzas, que ellos tienen su apoyo y que por eso pueden actuar de manera impune”, siguió.

Cedeño distingue a los colectivos deportivos y culturales de grupos armados como La Piedrita, a los cuales identifica como megabandas criminales vinculadas al delito organizado.

“La diferencia con las megabandas está en que estos se autodefinen como colectivos y en las conexiones que tienen con el gobierno, sobre todo con una alcaldía como la de Libertador, que ha sido señalada de bajarles recursos (…)”, recalcó el director de Paz Activa.

El experto también recordó que, desde siempre, los lazos de los funcionarios del Ejecutivo con los colectivos han sido ambiguos. Incluso Hugo Chávez se zafó una vez de la relación con estos grupos en una entrevista concedida a CNN en Español en 2009.

“Yo he repetido que condeno cualquier forma de violencia. Hay un chantaje tremendo de algunos medios de comunicación que son propiedad de la burguesía. Hay un laboratorio que fabrica hechos de violencia y, cuando apenas terminan de ocurrir, de una vez señalan al gobierno”, aseveró cuando le preguntaron sobre los colectivos armados identificados con el oficialismo.

“Es un discurso velado, ambivalente, ambiguo. Ellos (el gobierno) no dicen que los apoyan”, señaló Cedeño, quien recordó que cuando el ex ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, quiso enfrentarlos y recuperar la institucionalidad, lo destituyeron de su cargo. A ese funcionario se le señala de ser el responsable de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el  el edificio Manfreddy de Quinta Crespo, donde José Odreman, líder del 5 de Marzo, y otros cuatro miembros de colectivos del oeste de Caracas fueron asesinados por el Cicpc en octubre de 2014.

La más reciente declaración sobre la cercanía del gobierno y los colectivos la ofreció el pasado jueves, 1 de marzo, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, quien marcó distancia con estos grupos, pese a que participaron en los ejercicios militares del fin de semana.

“La fundamentación de la Revolución Bolivariana está en el pueblo, en la organización popular, en las comunas, en los colectivos para el arte, la música, la política, el deporte y la vida, NO en esas organizaciones que han malinterpretado el mensaje y se hacen llamar colectivos”, dijo el el titular de Defensa. Cuatro días antes, sin embargo, Valentín Santana le estrechaba la mano a tres funcionarios del gobierno y al jefe del Zodi Capital, sin siquiera despojarse del subfusil que le cruzaba el torso.

 

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En Catia reclaman a Érika Farías que dejó a los vecinos por fuera como la guayabera

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Catia amaneció este 29 de diciembre con protestas. Los vecinos de Los Frailes, La Cortada de Catia, Nuevo Horizonte, Altavista y otros sectores del oeste capitalino  ya no se comen el cuento del Gobierno de Nicolás Maduro. Dicen que ellos pagaron hace más de un mes el combo hallaquero y que ahora se sienten estafados. Por eso están trancando la avenida Sucre y la Plaza Catia.

Comenzaron con la protesta antes de las 9:00 a.m. Sus reclamos van dirigidos a la nueva alcaldesa de Caracas, Érika Farías, quien en campaña electoral ofreció villas y castillos para que votaran por ella, y “ahora nos dejó la peluca”, dijo uno de los manifestantes.

A Freddy Bernal, ministro de Agricultura Urbana, lo responsabilizan del retraso en la entrada del Clap. “No llegó el pernil, pero qué pasó con los productos navideños? También venían de Portugal?”, indicó otro de los afectados.

Además denuncian que la municipalidad no se ocupa de recoger la basura y que ya se están quedando sin el servicio del transporte público.

Más información en Crónica Uno

#EleccionesMunicipales: En Libertador el chavismo se pelea para conseguir el puesto

LibertadorCandidatosOficialistas

Luisa Quintero

@l_andrequintero

Tal Cual

 

Las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina. Previstas para el 10 de diciembre, junto a la repetición de los comicios para elegir al gobernador del estado Zulia, este sería el segundo proceso electoral que vive Venezuela bajo mandato “constituyente”.

Tras una propuesta presentada por el ex gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, el 26 de octubre la Asamblea Constituyente aprobó la convocatoria de elecciones de alcaldes en diciembre de 2017. El decreto fue publicado ese mismo día en la Gaceta Oficial N° 41.265.

Pero en estos comicios se dejó por fuera la elección de concejales y de las alcaldías Metropolitana de Caracas y de Alto Apure, que legalmente deberían realizarse de manera conjunta.

Para estos comicios, aproximadamente un millón 600 mil personas están llamadas a votar en Libertador. El Registro Electoral para el 10 de diciembre es de 18.094.065 electores. De ese total, 17.898.004 son venezolanos residentes en el país.

Una de las particularidades de esta elección es la pugna del chavismo en este municipio, que era dirigido por el actual ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

El Partido Socialista Unido de Venezuela inscribió como candidata a Érika Farías, mientras que el “chavismo disidente” tiene dos caras: El ex ministro Eduardo Samán, y Nicmer Evans.

La oposición también está dividida en este proceso. Los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, Alianza Bravo Pueblo, La Causa R, Movimiento Progresista de Venezuela, Puente y Bandera Roja, decidieron no postular candidatos para estos comicios por considerarlos fraudulentos, y algunos amenazaron a su militancia con la exclusión.

En total, son cinco los candidatos que aspiran a la Alcaldía de Libertador.

Erika Farías es la candidata del Psuv para la alcaldía de Libertador

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El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, dio a conocer que la candidata por parte del oficialismo para ocupar su puesto es la actual ministra para el Despacho de la Presidencia, Erika Farias.

La información la dio a conocer el burgomaestre durante una rueda de prensa desde la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Farias, quien también es constituyentista, fue sancionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en agosto del 2017.

Además, ha ejercido como Directora Nacional del Frente Francisco de Miranda, ministra del Poder Popular para la Alimentación y ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia venezolana durante el mandato del presidente Hugo Chávez.

Entre los cargos electos ha ejercido como diputada de la Asamblea Nacional por Cojedes y como gobernadora del mismo estado en las elecciones de 2012, pero en 2016 dejó el cargo para ser ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. En enero de 2017 fue transferida al Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana.

 

Érika Farías es la nueva ministra para el Despacho de la Presidencia

erika farias

Foto: Informe 21

La constituyente Érika Farías es la nueva ministra del Despacho para la Presidencia, informó este jueves Nicolás Maduro en una jornada de trabajo en la que fue inaugurado en Hotel de golf de Maracay, en el estado Aragua.

Farías, quien es licenciada en Filosofía egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, ha estado a cargo del ministerio de Agricultura Urbana, de las Comunas y Movimiento Sociales y también de la gobernación del estado Cojedes en los años 2012 y 2016.

Redacción Runrun.es Jun 14, 2017 | Actualizado hace 2 años
Los gobernadores electos por nadie
Los comicios para elegir a los gobernadores se realizarán en diciembre de 2017 de acuerdo al cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE), un año después de lo que establece la Constitución. Mientras la mayoría de los gobernadores cumplirán para ese entonces un año de gestión con su período vencido, siete estados del país han estrenado mandatarios elegidos a dedo por el chavismo y no por el voto popular. Casos parecidos también se dieron en tres municipios y sus respectivos alcaldes

 

Luisana Solano | @luisisolano

Paola Martínez| @mpaolams

LA VOLUNTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS se ha violentado en más de seis ocasiones con la renuncia de gobernadores y consiguiente juramentación de nuevos mandatarios locales que no fueron elegidos por los ciudadanos, sin que el Gobierno dé importancia a las pospuestas elecciones regionales que debían darse antes de diciembre de 2016, cuando los cuatro años de gestión estatal llegaron a su fin.

Anzoátegui, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Sucre y Portuguesa se quedaron sin gobernadores entre 2016 y 2017, y fueron reemplazados por los secretarios de gobierno en la mayoría de los casos. Sin embargo, algunos de ellos no han sido los indicados por la legislación de cada entidad, y en otros, nombramientos relámpagos han puesto a personas ajenas al estado en posiciones específicas para que al darse la renuncia de los gobernadores, políticos escogidos a dedo queden en el cargo.

En el caso de los alcaldes, esta imposición de mandatario local se ha dado en tres estados: Apure, Aragua y Monagas. Si bien los 335 alcaldes electos en diciembre de 2013 finalizarán su mandato en el tiempo reglamentario de cuatro años, en estos estados hay localidades que han tenido a un burgomaestre electo por un Consejo Municipal controlado por el oficialismo por casi dos años. El CNE tampoco ha dado fecha para la elección de los alcaldes.

Estos son los casos:

El Gobernador que abandonó su estado para ser Constituyentista

Ameliach

El gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, renunció a su cargo el miércoles 14 para poder postularse como precandidato a la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos requisitos exigen no tener ningún cargo activo.

Gustavo Pulido, quien ejercía la secretaría de Gobierno del estado, será el nuevo gobernador encargado.

Sin embargo, la responsabilidad de Ameliach hacia Carabobo queda en la línea delgada para la mitad de los carabobeños, quienes votaron por él en 2012. El diputado a la Asamblea Nacional por Carabobo, Juan Miguel Matheus, culpó al oficialista de abandonar el estado “para unirse al fraude Constituyente de Nicolás Maduro” y explica que la decisión lo hace parte de la conspiración en contra de la República, la cual trae consecuencias penales ineludibles. “El artículo 143 del Código Penal establece que quienes conspiren para cambiar violentamente la Constitución deben pagar con presidió de doce a veinticuatro años”, precisó.

 

La monarquía de Barinas: Hugo, Adán y Argenis Chávez

Argenis Chávez

El “trono” barinés recientemente volvió al linaje Chávez con la ascensión al puesto de Argenis, hermano del difunto Hugo Chávez Frías. La corona de gobernador la llevó Hugo de los Reyes Chávez por diez años, hasta que su primogénito Adán Chávez la heredó en las elecciones del 2012.

Sin embargo, a principios del 2017 Adán tuvo que dejar el estado para ocupar el puesto de Ministro de Cultura que el presidente Nicolás Maduro le designó. La gobernación quedó en manos de Zenaida Gallardo, quien fue secretaria general de gobierno desde 2012.

La gobernadora encargada llevaba seis meses ejerciendo su cargo cuando el domingo 4 de junio de 2017 anunció que Argenis Chávez supliría al secretario general de Gobierno de Barinas, Argenis Aldazoro, quien antes era concejal y ahora se postuló como candidato a la Constituyente. Dos días después, Gallardo anunció su renuncia a la Gobernación.

En poco más de 48 horas Chávez pasó de ser secretario ejecutivo de Desarrollo Económico y comisionado para el área de economía productiva a Gobernador de Barinas, sin necesidad de las elecciones regionales que la oposición pide desde el año pasado. Y el trono volvió a los Chávez.

El salto de secretario a gobernador que ha ocurrido con puestos de otros estados se repite nuevamente en Barinas.

 

La gobernación que Luis Acuña cedió a Edwin Rojas

Luis Acuña y Edwin Rojas

Los sucrenses estrenaron gobernador en febrero, pero no fueron ellos quienes eligieron lo eligieron. Luis Acuña, quien resultó ganador de los comicios estatales en 2012 dimitió y dejó su cargo a Edwin Rojas, quien tenía apenas cinco días como secretario de gobierno tras haber sido diputado de la Asamblea Nacional por el Psuv.

“Son decisiones que está tomando el partido. En el estado Sucre la dirección de la revolución ha tomado la decisión de que Edwin Rojas asuma la rienda de la gobernación en esta etapa final para darle un impulso a los Clap y el carnet de la patria”, dijo el diputado oficialista Héctor Rodríguez sobre la renuncia del antiguo gobernador y la juramentación del nuevo.

El repentino salto de Rojas a gobernador coincide con las declaraciones del exgobernador del 17 de enero, cuando admitió que parte del estado Sucre está asediado por el tráfico de drogas. “Tenemos serias dificultades con todo ese eje de la zona norte. Como son zonas tan desguarnecidas han sido tomadas por el narcotráfico, eso tiene una incidencia en la seguridad. Falta muchísimo más por hacer. Tendríamos que erradicar toda esa invasión por esa zona”.

El 25 de enero, el mismo Acuña, durante la transmisión de su programa de televisión Punto de Cuenta, designó al diputado Rojas como secretario de gobierno del estado Sucre. Un día después, el gobernador volvió a salir al aire para desmentir los rumores que señalaban su pronta renuncia. “Yo no renuncio a ninguna de las tareas impuestas por la revolución”, dijo.

No había transcurrido una semana desde su nombramiento como secretario cuando, el 31 de enero, Edwin Rojas se encontró siendo juramentado como Gobernador del estado Sucre al haber renunciado Luis Acuña al puesto.

De acuerdo al diputado Robert Alcalá, el vicepresidente Tareck El Aissami también habría tenido algo que ver con su nombramiento. “El día lunes en la noche, por una llamada de Tareck El Aissami se ejecutó la renuncia del gobernador con el más alto nivel de rechazo en el país, casi 90% del electorado de Sucre rechaza a ese señor”, señaló en una entrevista para Unión Radio.

El vicepresidente y el ahora gobernador de Sucre se conocían desde antes. Ambos estudiaron en la Universidad de Los Andes (ULA) y además, Rojas sirvió como viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica cuando El Aissami era Ministro de Interior y Justicia.

“Colocan a Edwin Rojas como secretario general de gobierno y luego el Consejo Legislativo en una sesión ilegal que lo designa como gobernador encargado”, denunció Alcalá. Además resaltó que no se cumplió con el tiempo señalado en el art. 113 de la Constitución del estado Sucre para realizar la sesión -15 días- que se hizo fuera del Palacio Legislativo regional, lo cual debe ser aprobado por la cámara y solo puede convocar la directiva en caso de calamidad pública.

 

La de confianza

ElAissamiyBertho

El 4 de enero de 2017, Tarek El Aissami fue nombrado por el presidente Maduro como el vicepresidente de la República. A pesar de tener el periodo vencido, El Aissami seguía siendo gobernador del estado Aragua por lo que un día después el Consejo Legislativo del estado Aragua, de mayoría oficialista, designó a Caryl Bertho, militante del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR200) y Movimiento V República (MVR).

La nueva gobernadora de Aragua ha sido una persona de confianza para El Aissami, quien la designó como Secretaria de Gobierno, cargo que ejerció durante 4 años. Dos años antes de convertirse en gobernadora, Bertho fue candidata por el PSUV para el circuito 1 del estado Aragua de cara a las elecciones parlamentarias.

Durante el mandato de Tareck El Aissami es la segunda vez que se encarga de la Gobernación. En 2015 asumió el despacho por ocho días. Junto a Bertho está como Secretario de Gobierno Felipe Contreras, quien ejerció el cargo de presidente de FundAragua.

 

De una mujer revolucionaria a otra

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Erika Faría, militante del PSUV y del Frente Francisco de Miranda, fue gobernadora del estado Cojedes hasta el sábado 1 de octubre de 2016, cuando el presidente Nicolás Maduro la nombró ministra de las Comunas y Movimientos Sociales. El lunes 3 ofreció una rueda de prensa en el que anunciaba que la nueva gobernadora encargada del estado es Margaud Godoy, también del Psuv, quien se desempeñaba como secretaria de Gobierno.

Farías expresó que Godoy no es ajena al trabajo que se realiza en el estado y a los tres días fue juramentada.

Godoy venía de ser viceministra de Participación Comunal, por lo que una semana después de asumir la función de gobernadora, el procurador del estado Cojedes, Alí Cisneros, tuvo que explicar que Farías había pedido un permiso temporal ante el Consejo Legislativo para asumir el cargo como ministra.

Una de las primeras acciones de Godoy fue designar como nuevo Secretario de Gobierno a Alberto Fermín Ulisse, comandante de la policía estadal, quien además fungía como jefe de seguridad y policía de la región.

Farías duró tres meses en el ministerio de Comunas. En enero de 2017 pasó a estar a cargo del Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana.

 

Tres alcaldes en un mes

BrullerbySuárez

Por los alcaldes, también se encuentra el caso de Delson Guarate. El alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, en el estado Aragua, y militante de Voluntad Popular fue detenido por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 2 de septiembre de 2016 por supuestos delitos ambientales.

En apoyo a Guarate, al día siguiente de su detención, se instaló el ayuntamiento local donde se nombró como Alcaldesa Interina a Alicia Loreto, siguiendo las órdenes del alcalde detenido y según la resolución 138 con fecha de 30 de agosto 2016, que la dejaría en el cargo por 105 días.

Durante su designación como alcalde, Loreto manifestó que “asumo con dolor pero con mucho orgullo este reto por los próximos 105 días donde la meta es triunfar porque está prohibido fracasar”. Legalmente y amparados en la ley municipal, no hay un vacío de poderío, indicó, como lo quiso hacer ver representantes de la Cámara Municipal.

Semanas después, el 30 de septiembre, la asamblea extraordinaria del Concejo Municipal, apoyado por el gobierno, designó al concejal del Psuv Brullerby Suárez como alcalde encargado.

Suárez presidió la Cámara Municipal y fue apartado de su obligación para adjudicarse la alcaldía. El recién nombrado alcalde manifestó que luego de la aprehensión de Guárate “llegó la justicia” a ese departamento y se rescatará la zona castigada por la indolencia del Guarate.

 

La jugada contra VP

WilfredoOrdaz

En Monagas, tuvieron que incluso cambiar de alcalde de un día a otro. El 25 de agosto de 2016 fue emitida una orden de captura emitida en contra de, Warner Jiménez, alcalde del municipio Maturín, por la presunta comisión del delito de desviación de recursos de cinco obras. Ese mismo día, Jiménez firmó un permiso para ausentarse de la municipalidad por 15 días, contados desde el 26 de agosto hasta el 8 de septiembre, pues acudiría a Caracas a tramitar recursos para cancelar el aumento de salarios y el bono de alimentación decretado.

Acabado ese permiso, solicitó otro permiso ante la Cámara Municipal para ausentarse por 90 días más, pero al los ediles oficialistas no comparecer, recurrió a uno de 15 días. La última vez que se vio a Jiménez fue el mismo 25 de agosto y a través de mensajes en su cuenta de Twitter.

Durante esta segunda solicitud, designó como alcalde suplente a Antonio Goncalves, activista de Voluntad Popular.

Semanas después, el 30 de septiembre, los concejales del oficialismo designaron al presidente de la Cámara Municipal, Wilfredo Ordaz, como alcalde encargado. Ante esta acción, Jiménez, en base a sus atribuciones contempladas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, extendió el nombramiento de Goncalves desde el 29 de octubre hasta el 12 de noviembre de 2016.

“El régimen solo quería quitarle alcaldías a  Voluntad Popular y meter presos a sus alcaldes legítimos: Delson Guarate, Daniel Ceballos y mi persona”, señaló el dirigente de la tolda naranja.

El 5 de enero de 2017, Ordaz fue ratificado en el cargo por los concejales oficialistas del Concejo Municipal de Maturín.

 

El gobernador que nadie quería

Reinaldo Castañeda y Castro Soteldo

El oficialista Wilmer Castro Soteldo llevaba dos períodos electo por el pueblo de Portuguesa como su gobernador. Ganó los comicios de 2008 y 2012, pero en enero de 2016 un mejor cargo lo obligó a dejar su puesto. El presidente Maduro lo nombró ministro de Producción Agrícola y Tierras.

Como gobernador encargado quedó el contraalmirante Reinaldo Castañeda tras una discusión de siete horas entre los legisladores portuguseños y Castro Soteldo, ya que los legisladores opinaban que el cargo debía quedar en manos del foro político del Partido Socialista de Venezuela (Psuv) y no de un colaborador administrativo o amanuense.

Además, ya que la Constitución, en su art. 148, prohíbe desempeñar a la vez más de un destino público remunerado, Castañeda tuvo que solicitar la baja militar, pero no se conoce si se hizo efectiva.

 

De Aristóbulo a Nelson Moreno

Aristobulo Istúriz y Nelson Moreno

Nelson Moreno es otro de los gobernadores a quien nadie eligió, y sin embargo ocupa la Gobernación de Anzoátegui desde el 7 de enero de 2016, en el cual se mantendrá hasta las elecciones regionales, para las cuales ya habrá cumplido medio período como gobernador.

En enero de 2016, Aristóbulo Istúriz fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo por Maduro, y en su lugar quedó Moreno, quien fungía como presidente del Consejo Legislativo.

 

Concejales dan golpe de Estado

LumayBarreto-

Otro episodio fue el vivido en Apure, Guasdualito. En 26 de febrero de 2015, el Concejo Municipal decidió arbitrariamente destituir a la alcaldesa Lumay Barreto, perteneciente al partido Voluntad Popular. Ellos informaron que declararon falta absoluta de la alcaldesa.

Los concejales Víctor Blanco, presidente de la Cámara, María Sonia Conde, José María Romero, Jerson Mansilla y Norberto Martínez solicitaron un pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la constitucionalidad del acuerdo de declaratoria por abandono del cargo.

Este pronunciamiento por parte del máximo tribunal el 2 de junio de ese mismo año y acordaba como parte de una medida cautelar, la designación del oficialista Víctor Blanco como como alcalde encargado.

La alcaldesa destituida explicó en su momento que su salida fue acordada los cuatro concejales luego de que viajó en febrero a Caracas para participar en una reunión de alcaldes y pasó después tres días en la ciudad central de Barquisimeto.

Sin embargo, Blanco solo duró un año. En Julio de 2016 fue removido del cargo por concejales de la fracción opositora después de acusarlo de la malversación de por la malversación de aproximadamente 17 millones de bolívares. José Rubén Colmenares, del partido oficialista Podemos, quedó designado como alcalde encargado.

El TSJ multó por Bs. 34.500 a los cinco concejales que destituyeron a Blanco y les pidieron dar un paso atrás, pues a su juicio, están “usurpando” las funciones de alcalde.