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Departamento del Tesoro sanciona a empresas que transportan petróleo venezolano a Cuba

LA OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes nuevas sanciones, esta vez dirigidas al ramo petrolero.

El Departamento del Tesoro identificó cuatro empresas y cuatro buques que transportan petróleo venezolano y otros productos desde Venezuela hacia Cuba eludiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos.

“Se bloquean todos los bienes e intereses en la propiedad de estas entidades, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% o más de las entidades designadas, que se encuentren en EEUU o en posesión o control de los estadounidenses”, afirmó el secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin. 

“Estados Unidos continúa tomando medidas enérgicas contra el antiguo régimen ilegítimo de Maduro y los malignos actores extranjeros que lo apoyan. Los benefactores cubanos de Maduro proporcionan un salvavidas al régimen y habilitan su aparato represivo de seguridad e inteligencia “, dijo Mnuchin.

El secretario del Tesoro enfatizó que el petróleo venezolano es del pueblo y por tal razón no debe usarse como herramienta de negociación para apuntalar a los dictadores y prolongar la usurpación de la democracia venezolana.

 

Estas son las empresas y buques sancionados: 

 

  • Caroil Transport Marine Ltd. tiene su sede en Chipre y opera tres buques: Carlota C, Sandino y Petion.
  • Trocana World Inc. tiene su sede en Panamá y es el propietario registrado de Petion.
  • Tovase Development Corp tiene su sede en Panamá y es el propietario registrado de Sandino.
  • Bluelane Overseas SA tiene su sede en Panamá y es el propietario registrado de Giralt.

 

  • Carlota C (IMO 9502453) es un buque tanque de productos químicos que recientemente entregó productos de petróleo venezolanos, incluida la gasolina, a Cuba. En agosto de 2019, PdVSA, Cubametales y funcionarios cubanos acordaron enviar gasolina desde El Palito, Venezuela a Cuba. Más tarde, en agosto, Carlota C viajó desde Venezuela a la refinería de petróleo del puerto de La Habana en Cuba.
  • Sandino (IMO 9441178) es un petrolero de productos químicos que recientemente entregó productos petroleros venezolanos a Cuba.
  • Petion (IMO 9295098) es un petrolero de productos que cargaba petróleo crudo como parte de un envío que involucraba a Cubametales y PDVSA a fines de mayo de 2019.
  • Giralt (OMI 9259692) es un petrolero de crudo que recientemente entregó petróleo venezolano a Cuba.

Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.

 

*Con información de ALNAVÍO

Maduro lanzó Plan Nacional de Minería 2019

NICOLÁS MADURO REALIZÓ este miércoles el lanzamiento del Plan Nacional de Minería 2019, con el cual la nación recibirá ingresos por 33.000 millones de euros al recuperar todas las empresas nacionales de minería y también con alianzas con diferentes sectores.

La actividad se realizó desde el Palacio de Miraflores, con la participación de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, el ministro del Poder Popular para Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez

El Plan Sectorial de Minería contará con una inversión de 7.700 millones de euros. Tiene fijada la meta de recuperar al 100% las empresas mineras de Venezuela y sellar 50 alianzas con la minería mediana y grande. 

Además se estrecharán 2.100 nuevas alianzas con la minería artesanal. Entre otras metas está la recuperación de 25.000 hectáreas para la explotación minera y la sustitución al 100% del uso del mercurio en la minería, mediante técnicas de bajo impacto ambiental.

 

Maduro resaltó que el proyecto le dará prioridad de explotación a 13 minerales como el oro, el coltán, bauxita, diamante, granito entre otros.

 

Mencionó como metas futuras la explotación de 80 toneladas de oro al año, 1.000.000 de quilates de diamantes, 12.000 toneladas de níquel y 35.000 toneladas de coltán.

El Presidente instruyó a Delcy Rodríguez, dar seguimiento al Plan Sectorial de Minería con un equipo de fiscales y supervisores con el fin de emitir alertas y hacer correcciones en el desenvolvimiento de la estrategia.

 

“Este motor minero de la Agenda Económica Bolivariana, adquiere una importancia, grandísima, en lo que resta del año 2019 y en la proyección del año 2025 porque es una generación de riqueza para nuestro país. Tenemos que producir riquezas efectiva para invertirla en la vida del pueblo, en el desarrollo económico, social, en el expansión de Venezuela, la recuperación del país”, dijo Maduro. 

 

*Con información de Banca y Negocios y ORC Consultores

74,4% de las empresas del Estado tienen denuncias públicas por corrupción o malas prácticas

LA SEVERA CRISIS QUE PADECE VENEZUELA está íntimamente ligada al mal manejo y a la corrupción en las Empresas Propiedad del Estado (EPE), un conglomerado que creció vertiginosamente durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y en el que predominan rasgos propios del modelo cleptocrático, de acuerdo con la más reciente investigación de Transparencia Venezuela.

Desde 2016 la organización ha estado desentrañando la estructura empresarial del Estado como un aporte contra la opacidad y a favor de la gestión pública transparente. En la primera fase del estudio del 2017 se contabilizaron 526 empresas estatales. En esta segunda fase del 2018 llegó a 576 el número de empresas en las que el Estado es propietario absoluto o posee la mayoría accionaria.

El resumen ejecutivo de la segunda fase de la investigación destacó que de las 576 empresas del Estado que han sido identificadas, al menos 441 fueron creadas o adquiridas durante las gestiones de los presidentes Chávez y Maduro, por vía de expropiaciones, confiscaciones, nacionalizaciones y re-estatizaciones.

El estudio corroboró que las EPE han consumido ingentes cantidades de recursos por medio de asignaciones presupuestarias y créditos adicionales.  Mientras que hasta 2003 estas empresas se quedaban con 1,1% del presupuesto ordinario de la Nación, para 2015 demandaron más de 8,6%. Convertido al tipo de cambio oficial preferencial, durante estos años las empresas recibieron más de US$ 500.000 millones. Eso sin contar recursos asignados vía fondos parafiscales.

Pese a las grandes sumas de dinero, al cuarto trimestre de 2018, de las 576 empresas estatales solo 467 están operativas, al menos por lo que se pudo comprobar.

Del universo de las EPE identificadas se puso especial atención sobre 160 pertenecientes a cuatro sectores que están directamente vinculados con la calidad de vida de los venezolanos: agroalimentario (42 empresas), minería y metalurgia (43), servicios públicos (40) e hidrocarburos (35).

Se investigó qué hacen las empresas, cuáles son sus objetivos, sus reglas internas o gobierno corporativo, resultados financieros y económicos, calidad del desempeño, así como los responsables de su gestión. También se indagó en las relaciones formales e informales entre estas empresas, el Estado y el gobierno (para medir su nivel de autonomía e independencia), y los casos de corrupción que han sido denunciados públicamente.

El estudio arrojó que la mayoría de esas EPE tiene resultados operativos negativos. No cubren las necesidades de los ciudadanos y no contribuyen con el pago de impuestos o regalías a la tesorería nacional. Por el contrario, de las 160 empresas analizadas en los cuatro sectores, 74,4% tiene denuncias públicas por corrupción o malas prácticas (mala gestión, caída de la producción, conflictos laborales).

De los sectores claves se estudiaron a profundidad 21 casos entre los que destacan la empresa socialista Pedro Camejo, Agropatria, Agrofanb, Corpoelec, Cantv, Hidroven, Pdvsa, Pequiven, Sidor, Ferrominera y Minerven. También se tomaron en cuenta grandes proyectos inconclusos como el Sistema Tuy IV y la represa Tocoma.

 

Una década de decadencia

 

La investigación también concluyó que el año clave en el declive de las empresas estatales fue 2008. La ola de expropiaciones iniciada poco antes por Hugo Chávez y la implantación del llamado Primer Plan Socialista, provocó que la mayoría de las empresas productoras de bienes y prestadoras de servicios comenzaran a colapsar. En 2018, una década después, ese deterioro compromete seriamente la vida de los venezolanos.

En 2008 se dieron las primeras evidencias de la crisis agroalimentaria como resultado del desacertado manejo de la economía, el uso discrecional de los recursos, la inseguridad jurídica y por la presencia cada vez mayor de empresas estatales en la agricultura y la agroindustria, reseñó el informe.

Ese mismo año la producción de acero líquido comenzó a mermar, justo después de la expropiación de Sidor y a propósito de la mala gestión en manos inexpertas. Como consecuencia, el país está desabastecido de cabillas y otros productos. La situación afecta a la industria petrolera, metalmecánica, de envases y de electrodomésticos.

También en 2008 el servicio eléctrico comenzó a presentar un déficit de energía eléctrica y hubo un incremento acelerado de interrupciones. Todo esto ocurrió un año después de la creación de la estatal Corpoelec, quien tiene el monopolio de todo el sector.

El informe agrega que la caída de la producción petrolera, de la que es directamente responsable Pdvsa, impacta a los subsectores gasíferos y petroquímicos y por tanto, la gestión de otras empresas estatales como Pdvsa Gas, S.A. y Pequiven.

La investigación de Transparencia Venezuela también enfatizó que la falta de mantenimiento de las instalaciones, la destrucción de los equipos gerenciales, la preponderancia de la ideología y la lealtad al modelo político, la opacidad, el aumento del gasto corriente, así como la ausencia de inversión y de un sistema de control independiente, son prácticas comunes en las EPE que han causado la destrucción de la competitividad y la caída de la producción de las empresas.

 

Siguiendo el modelo cleptocrático

Transparencia Venezuela alerta que en el país se ha venido conformando un sistema con rasgos cleptocráticos y las Empresas Propiedad del Estado no escapan a él. Se trata de un modelo de gobierno enfocado en el enriquecimiento de los propios directivos que ejercen el monopolio de las decisiones, los recursos y el poder, sin rendir cuentas y en el que prevalece un alto nivel de impunidad.

El estudio recoge que el modelo cleptocrático se ha potenciado en las EPE a través del uso de leyes habilitantes y de decretos de Emergencia firmados por los presidentes Chávez y Maduro. Los instrumentos han permitido hacer grandes compras sin cumplir con procesos licitatorios, lo que ha incentivado hechos de corrupción de los que se han beneficiado funcionarios públicos, intermediarios y empresas proveedoras privadas.

Destaca que el decreto de emergencia eléctrica, aprobado por el presidente Chávez en 2010, le permitió a Corpoelec, Pdvsa y al Ministerio de Energía Eléctrica adquirir equipamiento sin licitaciones. La investigación determinó que entre 1999 y 2014 se destinaron US$ 37.691 millones para 40 proyectos de compra de equipos y construcción de instalaciones, se descubrió un sobreprecio de US$ 23.033 millones.

En las EPE se detectó la falta de control y fiscalización, pues los dos últimos gobiernos convirtieron en una práctica común la designación de una misma persona como regulador y operador. Es decir, el árbitro es el mismo jugador. En el sector petrolero, por ejemplo, Rafael Ramírez y Eulogio Del Pino fungieron al mismo tiempo como ministros de Energía y Petróleo y presidentes de Pdvsa, en la actualidad es el general Manuel Quevedo quien cumple las dos funciones.

Otro rasgo de cleptocracia presente en las EPE es la opacidad y la discrecionalidad. La gran mayoría de las EPE no publica su presupuesto, estructura accionaria, estructura organizativa, sueldos y salarios de los empleados públicos, competencias del ente, planes estratégicos, planes operativos, normas que le rigen, contrataciones públicas, balance general y estados financieros.

Los ministerios a los cuales se encuentran adscritas las EPE dejaron de publicar desde el 2015 su informe anual de rendición de cuentas y la gestión de los recursos asignados a los entes ministeriales también se ha caracterizado por el incremento de la opacidad y discrecionalidad en la información pública que se hace llegar a la ciudadanía.

De las 576 EPE inventariadas solo se pudo comprobar el funcionamiento de 512 y en 342 de ellas no se logró identificar el presidente, los directores ni la Junta Directiva.

El estudio insiste en que las políticas de opacidad de las EPE y los ministerios a los cuales están adscritos son contrarias al derecho de toda persona de “acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas”, conforme establece el artículo 28 de la Constitución, entre otros.

 

De los cuarteles a las empresas

 

En la estructura del Estado empresario también se evidenció la presencia de un sector voraz de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las EPE de mayor importancia han estado dirigidas por un sector minoritario de la FANB politizado y caracterizado por su voracidad en la apropiación de los recursos públicos.

El estudio reveló que de las 576 empresas estatales 76 tienen a un militar como máxima autoridad. Las EPE en las que este sector ha estado más involucrado son las relacionadas con agroalimentación, hidrocarburos, servicio eléctrico, agua potable y saneamiento, minería y metalurgia, justo las que han manejado más recursos.

Otros rasgos cleptocráticos detectados en las EPE son: nepotismo y amiguismo; influencia extranjera; monopolio de las decisiones, los recursos y el poder; permisividad anárquica y presencia de mafias nacionales e internacionales; así como impunidad.

 

Aquí en informe completo de Transparencia Venezuela 

 

EPE II – Resumen Ejecutivo (1) by Yeannaly Fermin on Scribd

 

A los exviceministros de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos y Javier Alvarado, se les atribuye blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas

Un juzgado de Andorra ha procesado este jueves a 28 personas, entre las que figuran los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado. Se les atribuye blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de la petrolera, según fuentes próximas a la causa consultadas por EL PAÍS.

La trama escondió el botín de sus comisiones ilegales a 7.400 kilómetros de Caracas, en los depósitos de la Banca Privada d’Andorra (BPA).

La magistrada andorrana Canòlic Mingorance ha encausado también a Diego Salazar, primo del que fuera ministro de Energía, presidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez; al ejecutivo de la petrolera Francisco Jiménez Villarroel; y al exabogado de la compañía Luis Carlos de León Pérez.

El magnate venezolano de los seguros Omar Farías aparece también entre los procesados junto al gestor de negocios de Diego Salazar, Luis Mariano Rodríguez Cabello, y al apoderado de Salazar, José Luis Zabala.

Integrada por exdirigentes chavistas y funcionarios de la poderosa firma estatal, -una mole que produce 1,6 millones de barriles al día-, la maquinaria cobró comisiones de más del 10% a empresas, especialmente chinas, que después resultaban agraciadas con contratos de PDVSA, tal y como reveló este periódico.

*Vea la nota completa en El Pais.es
Multinacionales reducen cartera de productos en Venezuela por si tienen que partir

LA GIGANTE DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO Unilever comercializa en todo el mundo desde mayonesa hasta artículos de limpieza. Pero en Venezuela sólo vende helados.

En su planta cercana a la ciudad de Valencia, alguna vez la capital industrial del país, Unilever produjo en julio un 5 por ciento del volumen de helado que elaboraba mensualmente el año pasado bajo la marca Tío Rico, dijeron un trabajador y dos fuentes del sector empresarial conocedoras del negocio.

“Hasta el 2017 se sacaban unos 800 listones de helado mensual. Ahora en el 2018, no se sacan más de 40 listones al mes”, comentó el empleado bajo condición de anonimato por temor a represalias, aclarando que un listón equivale a mil litros.

En visitas recientes a las dos fábricas que aún producen helado Tío Rico, una de ellas bajo contrato con Unilever, se observaron pocas señales de trabajadores o camiones partiendo con mercancía.

Como Unilever, otras compañías globales multimarcas también están reduciendo al mínimo su oferta en una nación que sufre una recesión con hiperinflación, y aceleran los planes y estrategias para facilitar un posible cierre, coincidieron media docena de fuentes, entre hombres de negocios y consultores.

Unilever, que años atrás producía localmente pasta dental o y jabón, dijo que su producción sigue “en línea con lo que el actual mercado demanda”, que está enfocada en fortalecer la división de helados y “reafirman su permanencia en el país”.

Hoy en Venezuela el sueldo mínimo de menos de un dólar no alcanza para comprar un pote de helado Tío Rico de 920 gramos.

Con la orden del presidente venezolano Nicolás Maduro de subir 60 veces el salario mínimo en septiembre y pagar mayores impuestos, el escenario se ha complicado aún más para el sector privado. Muchas empresas analizan, según las fuentes, si absorber el costo de las medidas o bajar las cortinas.

“Las compañías transnacionales no están metiendo plata en Venezuela, las que se quedan es porque han logrado encontrar equilibrios de ingeniería financiera para sostenerse y surfear”, dijo Luis Vicente León, un economista que asesora a grandes empresas y dirige la firma local Datanálisis.

“Pero si las desequilibras de manera severa lo más probable es que veas mayores empresas saliendo del mercado”, agregó.

Las severas restricciones para importar materia prima y las tensiones cada vez más fuertes con un gobierno que sigue regulando precios bajo una inflación que el FMI calcula será del millón por ciento este año, empujaron a gigantes globales a dejar de vender en el país decenas de marcas famosas y mantenerse casi paralizadas por si tienen que partir.

Ford desde julio optó por producir un único modelo de camioneta en su planta local, denunció Eliécer Cohen, un representante sindical que teme el cierre definitivo, mientras muchos trabajadores que ensamblaban otros vehículos y camiones se mantienen en sus casas con un salario básico.

En 2016, esa planta ensamblaba media docena de modelos.

Ford confirmó que este año vienen produciendo solo la camioneta Explorer para “adaptarse a las condiciones locales” y enfrentar la “disminución significativa” de la demanda. Pero dijeron no tener planes de abandonar el país.

“Como en un congelador”

A pesar de que empresas extranjeras en el último año han estado achicando su operación a niveles récord, siguen con las puertas abiertas para no perder permisos y licencias difíciles de tramitar, dijo Juan Rafalli, asesor de grandes compañías.

“Lo que hacen es reducirse (…), quedarse como en un congelador”, sostuvo el abogado.

La unidad local de Johnson & Johnson, que fabrica productos de cuidado personal, lleva más de un año elaborando sólo protectores diarios en el país, después de dejar de producir de hisopos y toallas sanitarias por falta de materia prima, dijo un sindicalista bajo anonimato.

La empresa no respondió a una solicitud de información.

Las multinacionales luchan para vender productos a clientes empobrecidos por el ritmo galopante de los precios, que amenaza con acelerarse con la reciente devaluación del 96 por ciento del bolívar y la esperada alza de la gasolina más barata del mundo.

El Gobierno no ofrece cifras de inflación ni menciona el fenómeno e insiste en discutir de forma privada con las empresas la fijación de precios bajo férreos mecanismos de controles que tiene desde hace años, indican las fuentes del sector privado.

Las únicas opciones son enfocarse en el 26 por ciento de los venezolanos que aún tiene poder de compra porque tiene ingresos en dólares, o tirar la toalla, según Datanálisis.

Maduro acusa a las multinacionales de participar en una “guerra económica” contra su gobierno y, al anunciar las primeras medidas de un nuevo plan económico a mediados de agosto, solo prometió dar ayuda a las pequeñas y medianas empresas para pagar sueldos por 90 días.

Discreta huida

Tres días antes de cesar sus operaciones en Venezuela en mayo, la compañía Kellogg producía solo tres de sus marcas de cereales y al cierre contaba con materia prima para cubrir algunas semanas más de producción, dijo uno de sus trabajadores.

Varios de sus gerentes fueron sorprendidos como la mayoría de la nómina con la decisión corporativa cuando llegaron a la planta y las puertas estaban cerradas con candado. El Gobierno tomó las instalaciones amparado en leyes locales y la empresa dijo que evaluaría acciones legales contra esa decisión.

Las empresas tratan de mantener sus planes sobre el cierre de sus operaciones estrictamente confidenciales y suelen dar poco o ningún aviso a sus empleados y proveedores para evitar maniobras del Gobierno, según dijeron cuatro fuentes, entre hombres de negocios y asesores.

Cuando Clorox Co y Kimberly Clark Corp partieron de Venezuela, sus directivos ya se habían ido del país, según fuentes sindicales.

La noticia de la salida de Kellogg agitó temores entre los empleados de firmas extranjeras que operan con mínima materia prima, la que alcanzan a comprar con sus ingresos locales luego que a muchas las casas matrices dejaron de financiarlas.

Kellogg era uno de los mayores clientes de Smurfit Kappa, que elabora empaques de cartón. En una de sus fábricas, Smurfit Kappa ordenó en julio vacaciones colectivas, una medida que tomó por sorpresa a 173 trabajadores.

Después de esa decisión, el Gobierno tomó la planta con militares en agosto. Ordenó reactivar la producción y bajar los precios, según el sindicalista Rafael Rangel. Dos gerentes fueron detenidos y la empresa refutó la acusación del Gobierno de haber subido sus precios un 2.300 por ciento.

El lunes, cerca de un centenar de trabajadores protestaron frente a la planta del fabricante de neumáticos Pirelli, después de haber llegado a trabajar y encontrarse con las puertas cerradas con candado, como ocurrió con Kellogg. Tres días después la planta acordó con empleados abrir la puerta, aunque sin materia prima para trabajar.

Hace unos tres años, Kraft delegó en 2015 a una empresa local la producción de apenas cuatro de sus marcas que se siguen elaborando de forma intermitente en Venezuela bajo una licencia, según confirmó la multinacional Mondelez Internacional.

“Esa es otra forma de huir”, dijo un asesor del sector privado.

Unilever buscó un apoyo parecido durante seis años encargando parte de la producción a la fabricante local de helados La Argentina, pero el contrato lo terminó hace más de un año según uno de los dueños de esa empresa, Víctor Salas. Solo una pequeña planta en Barquisimeto elabora sus helados de fruta.

En la antigua planta de Kraft en Valencia la compañía en algunos momentos ha producido solo los jugos Tang este año, dijo un miembro del sindicato que pidió reservar su nombre.

“Mondelez Venezuela continúa la producción de su portafolio basado en la materia prima disponible”, dijo en un correo una de las compañías más grandes de bocadillos y golosinas del mundo.

Trabajadores y Pirelli en Venezuela acuerdan reapertura de planta, dice líder sindical

Trabajadores de la fabricante de neumáticos Pirelli y la empresa llegaron a un acuerdo para reanudar las operaciones de la compañía que esta semana sorpresivamente cerró sus puertas, dijo el jueves un líder sindical.

El secretario general del sindicato, Luis Alberto Álvarez, dijo que el acuerdo con representantes de la compañía se alcanzó la tarde del miércoles para que los tres turnos que mantiene la planta se reincorporen de manera gradual en la ciudad de Valencia, al sur de Caracas.

Un primer turno comenzó este jueves y se extenderá hasta el viernes, para seguir el lunes y martes con un segundo turno, y el tercero el miércoles y jueves de la semana entrante, en un relevo hasta que llegue materia prima desde Brasil, lo que esperan ocurra el 10 de septiembre, agregó Álvarez.

“Nos reintegramos el 10 de septiembre con todos los turnos correspondientes”, dijo el jefe sindical al explicar que cada turno cuenta con entre 180 a 200 trabajadores.

Pirelli no respondió de inmediato a una solicitud de información.

“Esperemos que traigan la materia prima porque lo que queremos los trabajadores es seguir produciendo”, dijo.

Mientras se reanuda la fabricación, los empleados estarán en cursos de entrenamiento en la planta y se restablecerán los servicios de comedor, transporte y oficina bancaria, agregó Álvarez.

El 27 de agosto, cerca de un centenar de trabajadores de Pirelli protestó frente a la planta sorprendidos al encontrar las puertas cerradas con candado.

Pirelli, proveedor de neumáticos para la Fórmula Uno, fue adquirida en 2015 por la empresa China National Chemical Corp (ChemChina) y en Venezuela fabrica cauchos para automóviles, motos, camiones y autobuses.

¿Plan de estabilización o plan de destrucción nacional? por Eduardo Semtei

 

Las medidas anunciadas por el Presidente representan el  grupo  más  incoherente y contradictorio  de iniciativas  de que se tenga conocimiento en la historia  de la economía mundial.

Todas ellas apuntan precisamente a aumentar exponencialmente las enfermedades y taras de nuestras finanzas: Reconoce el cambio paralelo del dólar a los precios de DolarToday que fue por mucho tiempo el archienemigo del gobierno  y el artífice  de la supuesta Guerra Económica.  Aumenta explosivamente el déficit fiscal monetizando la brecha entre ingresos y gastos. Acelera la hiperinflación a niveles siderales al aumentar los costos y gastos de  todas las unidades de producción mediante un alza del 3.500% de los sueldos y salarios que forman una parte importante de la estructura de costos de todas las empresas. De 5 millones de  bolívares fuertes a 180 millones. Y crea nuevos impuestos y formas de pago con iguales efectos devastadores en la estructura de costos de industrias y comercios.  Al aumentar  el IVA de 12% a 16%, al crear un impuesto especial a las transacciones financieras del 2% a las 133.000 empresas más grandes del país, al obligar a los empresarios a pagar el impuesto sobre la renta de manera semanal, al crear un impuesto especial de hasta el 2% en las operaciones bancarias en general se incrementan adicionalmente las cargas contra los balances de las empresas y sobre todo en la formación de sus costos de producción. La economía empresarial se torna inviable.  El gobierno podrá emitir moneda inorgánica para pagar los sueldos de toda la administración pública que por cierto multiplicará  el dinero en circulación mientras que la empresa privada tendrá que recurrir al aumento de los precios de venta de sus productos como única medida con la tremenda dificultad que el gobierno mantendrá su política de control de precios, esa ecuación revela nuevamente la inminencia del cierre de miles y miles de empresas.

Por ahora podemos afirmar con certidumbre que los pequeños comercios están condenados a la quiebra. Centenares de miles de empleos se perderán en pocos días.  El Presidente afirmó que habrá un financiamiento especial durante 90 días para pequeñas y medianas industrias, es decir no habrá nada para el sector comercial y de servicios que es el principal empleador en la actualidad.  En lo que se refiere a la educación privada el impacto es de tal magnitud que la matrícula escolar tendrá que ser elevada a unos niveles que muy pocos padres podrán pagar, es decir se está liquidando la educación privada que fue siempre un objetivo de este gobierno. Igual sucederá con el destino de: farmacias, zapaterías, empresas de vigilancia, recolección de desechos sólidos, carnicerías, bancos, tintorerías, talleres mecánicos, supermercados, tiendas de ropa, clínicas, restaurantes, diarios, revistas,  estaciones de radio y televisión, garajes, estacionamientos etc.

Todo ello se da en un marco de impago de la deuda externa, de default técnico que impide el financiamiento externo en los mercados mundiales, recordemos que tan solo el 15 de este mes dejamos de pagar por primera vez el principal de un bono soberano, y además ratificamos nuestra ruptura y enfrentamiento  con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo. No tenemos ninguna fuente multilateral de financiamiento. Cuando se habló de aumentar las subastas DICOM a una frecuencia de 3 a 5 veces por semana se olvidó simplemente de decir que no hay dólares para subastar y que en las últimas que se hicieron, cada 2 o 3 meses, sólo se negocian siempre menos de  1 millón de dólares.  En la del 9 de agosto de 2018 se transaron apenas 225.000 dólares, un monto que no significa nada.  Una cantidad despreciable.

El gobierno sigue manteniendo la ficción según la cual existe una especie de Petromoneda, alguna veces llamada por ellos mismos un Petroactivo, llamado el Petro cuyo valor según el presidente es de 60 dólares,  es oportuno recordar que el mismo presidente habló que se habían vendido cinco mil millones de dólares de Petros sin que hasta la fecha haya entrado ni un miserable dólar al Banco Central de Venezuela. El presidente Maduro decreta que el Petro tiene un valor de 60 dólares y tomando el precio del dólar en el mercado negro referenciado por DolarToday de 6 millones de bolívares fuertes por unidad, decreta un valor de 360 millones de bolívares fuertes para el Petro que en los nuevos bolívares soberanos representan 3.600 de los mismos.

Lo más grave de todos los anuncios económicos es el decreto político según el cual hemos llegado al socialismo cuando en realidad lo que hemos llegado es a la quiebra, a la ruina.  Estamos frente a un Paro Nacional Inducido.  El sistema comercial y de servicios no puede sobrevivir en este ambiente y en lo que se refiere a la pequeña, mediana y gran industria el panorama es similar, no solo por el impacto en  costos y gastos en materia del aumento del salario mínimo de 5 millones a 180 millones sino por la carga que se crea de la noche a la mañana en prestaciones sociales. Maduro hizo la economía privada sencillamente inviable.

No existe ningún registro sobre cuántas y quiénes  son las pequeñas y medianas industrias en Venezuela ni tampoco dónde se encuentran, ni existen los sistemas administrativos o registros bancarios de dicho conglomerado por lo tanto es simplemente imposible el anunciado financiamiento por 90 días a las pymes para  neutralizar el impacto del alza salarial quienes están inexorablemente destinadas a la desaparición.

Finalmente amenazar que todas las gasolineras exigirán el carnet de patria para vender a precios subsidiados y que quienes no tengan dicho instrumento la tendrán que adquirir a  precios no controlados abrirá un sistema de bachaqueo masivo mediante el cual quienes compren gasolina a precios subsidiados la venderá a quienes no gocen de tal beneficio.  Es decir el bachaqueo para Colombia no desaparecerá y se abrirá uno nuevo y general en toda Venezuela.

Que otra forma de terminar este documento sino registrando nuestro asombro ante el anuncio presidencial según el cual  en 90 días la  Economía Venezolana estará en pleno crecimiento, habrá desaparecido la hiperinflación y tendremos un equilibrio envidiable cuando en realidad estamos frente al más perfecto Plan de Destrucción Económica del Mundo y ante al cual el Presidente Maduro tuvo la humildad de declarar “Estas medidas tendrán un impacto en la Economía Mundial”. Todo lo anterior no lleva a pensar que el Presidente perdió conexión con la realidad del país. No sabe dónde está parado.

 

@eduardo_semtei

La crisis energética tiene paralizadas a 80% de las empresas en Zulia, denuncia Fedecamaras

El problema électrico que afecta al Zulia desde el pasado viernes mantiene a 80 % del sector empresarial de la entidad paralizado, denunció el vicepresidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en el Zulia, Ricardo Acosta Cedeño.

Cedeño informó que la línea que se dañó no estaba en funcionamiento pero afectó transformadores en subestaciones, y equipos eléctricos que retransmitían la energía que estaba llegando de fuera del sistema interconectado nacional. Además, recalcó que no tienen información oficial al respecto, y no ven una solución a corto plazo.

“Sabemos que se están haciendo reparaciones pero no han dicho nada, hablaron de un sabotaje, no ha dicho en cuánto tiempo lo repararan”, comentó el empresario durante el programa de Shirley Radio en el circuito Onda de Unión Radio.

Acosta Cedeño precisó que el informe de Fedecamaras de julio es alarmante porque registra 70 % de caída en la economía del estado. “Continúan los problemas eléctricos afectando muy fuertemente a Zulia, en Maracaibo continua la caída de 80 % en la industria y de 60 % en el comercio, el ramo hotelero se ha visto beneficiado de alguna forma porque la personas están pernoctando en los hoteles por las plantas eléctricas que tienen”.

El representante de la cúpula empresarial en el estado occidental advirtió que el desespero en la población se ha agudizado, “Las personas están optando en irse a visitar a familiares a otros sectores o salir del municipio Maracaibo, que es el más afectado, irse a los municipios Cabimas, Santa Rita, Lagunillas o San Francisco, pero la realidad ha sido fuerte y ha habido varias protestas, además estamos viviendo una ola de calor que ha llevado la sensación térmica hasta los 38° C”.

 

*Con información de Unión Radio