En el marco de su acostumbrado programa semanal por radio y TV, Nicolás Maduro expresó este lunes 26 de febrero que si el Gobierno de Estados Unidos levanta las sanciones económicas, en el transcurso de un año todos los migrantes que han salido de Venezuela debido a la crisis política y financiera regresarán a la nación.
“Se lo digo al Gobierno que está ahora o el que pudiera venir: levanten todas las sanciones contra la economía, contra la sociedad venezolana y ustedes verán que a más tardar en un año ese problema se termina. Todos los migrantes van a volver a una Venezuela con inversión y crecimiento”, afirmó Maduro desde el estado Anzoátegui.
Maduro responsabilizó a la administración estadounidense de la emergencia humanitaria compleja que padece Venezuela desde hace al menos un lustro y omitió el control de cambio a principios de su Gobierno, la hiperinflación, la escasez de productos básicos, la crisis de servicios públicos, el control de precios, la represión en las protestas, el secuestro de instituciones públicas, la persecución a la disidencia política y a la empresa privada, las expropiaciones y la dolarización de facto.
Estas son otras perlas que dijo Maduro este lunes:
“El imperialismo y la derecha extremista están tratando de dañar la imagen de Venezuela con el recrudecimiento de campañas para posicionar una matriz negativa sobre el país”.
“Hay una campaña para decir que todos los migrantes son unos delincuentes”.
“Por ninguna vía, jamás una opción del imperialismo y de la extrema derecha le ganará a la opción popular y revolucionaria que el movimiento popular ponga en las elecciones”.
“Hay graves actuaciones corruptas de algunos funcionarios en la mina Bulla Loca, lo estoy confirmando en una investigación que dirijo personalmente. Tenemos un modelo que hemos aplicado en otros lugares del Amazonas para liberar a toda esa zona de la minería ilegal destructiva”.
Las fallas en derechos sexuales y reproductivos y la vulnerabilidad ante la violencia de la violencia de género son algunos factores que afectan especialmente a las mujeres jóvenes venezolanas en medio de la crisis
Los derechos sexuales y reproductivos son un tema urgente y con gran repercusión negativa en las venezolanas, el cual continúa desatendido por el Estado.
Según el estudio, 42% de las mujeres jóvenes de 18 a 24 años no usan anticonceptivos. Las razones varían, entre las principales están el alto costo (9%), la falta de de acceso a consultas ginecobstétricas (9%), motivos religiosos (7%) – donde la región de Los Andes tiene prevalencia-, presión de su pareja (3%) y desconocimiento de cómo usar los métodos (3%), que reflejan la violencia de género y la falta de educación sexual integral en Venezuela, que se ubica como el país con la tasa de embarazos adolescentes más alta de la región, con 97,7 embarazadas por cada 1.000 jóvenes, según Cedesex.
Sobre la menstruación, el 47% de las jóvenes ha faltado a la escuela o trabajo debido a dolores (91%), falta de acceso a productos menstruales (30%) y falta de agua (25%).
Infografía: Constructoras de Paz
Violencia de género
A falta de cifras oficiales del Estado, la organización utilizó el Monitoreo de Femicidios de Venezuela 2022, realizado por el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) para establecer patrones, como que aquellas entre 16 y 24 años son las más afectadas, así como las de 31 a 33 años.
En Venezuela se siguen dejando desamparadas a la mayoría de mujeres. Las periodistas de la Red de Mujeres Constructoras de Paz examinó a fondo los obstáculos que impiden la creación de políticas de protección más efectivas para las mujeres en el país.
A pesar de que existen leyes e instituciones para recibir denuncias y brindar asistencia, como Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y la Fiscalía General de la República, existen limitantes como la falta de capacitación y empatía entre los funcionarios encargados, además de la burocracia y las trabas legales para las denuncias, logrando que muchas mujeres desistan en los procesos legales contra sus agresores, continuando el ciclo de violencia, pudiendo llegar al femicidio.
Mediante encuestas, se comprobó que cuatro de cada 10 mujeres se identificó como víctima de violencia de género, siendo 75% de esta violencia psicológica, 24% económica, 41% física, 18% institucional y 12% sexual en general, aunque para aquellas entre 18-24 años, la sexual aumenta a 24%.
También evidenciaron que las personas con un mayor nivel educativo son más propensas a reportar abusos (41%) sobre aquellas con uno menor, pues cuentan con más herramientas para reconocerse como víctimas (35%). A nivel general, sólo 65% de las encuestadas confirmaron saber a dónde acudir en caso de ser víctima. Según los datos, para muchas mujeres no es tan fácil identificar la violencia de género por los estereotipos de género que fomenta la sociedad patriarcal venezolana.
La Red de Mujeres Constructoras de Paz destacó en el estudio que este año han desarrollado siete microproyectos para abordan la violencia de género, apoyar y mostrar posibles soluciones a las mujeres de sus comunidades.
Infografía: Constructoras de Paz
Acceso a la educación y participación
El sistema educativo venezolano continúa en crisis desde el 2014. Para este informe, 48% de las encuestadas indicaron vivir con al menos una niña o adolescente en edad escolar y 98% están inscritas en un centro educativo, pero mientras un 62% asiste siempre a clases, 31% de las niñas y adolescentes asisten tres veces por semana.
Las razones se deben a la suspensión de clases por la escuela (58%) por fallas en las condiciones de las instituciones, falta de maestros (17%) por ausencia de salarios dignos, falta de transporte (14%) y falta de alimentos en sus hogares (17%). En 6% de los hogares del nivel socioeconómico bajo, las niñas y adolescentes dejan de asistir a clase porque trabajan fuera o dentro de la casa – labores domésticas o como cuidadoras-.
Respecto a la participación política y comunitaria, la generación de las jóvenes entre 18 y 24 años desconocen el funcionamiento de las instituciones y de los procesos democráticos, además de que solo la han visto un partido de gobierno encabezar el país, detalló la Red.
Por otro lado, 51% de las jóvenes no están inscritas en el Registro Nacional Electoral (CNE), otro 51% considera que la participación en actividades democráticas es importante y solo un 45% piensa participar en las próximas elecciones presidenciales. Las que no lo harán es porque no les interesa la política (25%), no confían en el CNE (27%), les parece una pérdida de tiempo (23%) o no le gustan los candidatos (19%).
La Red destacó que la Asamblea Nacional de mayoría oficialista presentó un 9% de mujeres en sus filas en 2022. Agregó que solo 2 de 23 gobernaciones venezolanas y 62 de las 335 alcaldías tienen mujeres al frente.
La migración sigue siendo una realidad
Para 65% de las encuestadas, al menos un familiar ha emigrado en los últimos cinco años, siendo su mayoría hermanos y/o hermanas (63%), padres (23%), abuelos (3%) y cónyuge (2%). La ida de familiares del núcleo directo hace que muchas queden al cuidado de otros familiares y con responsabilidades domésticas.
Entre las jóvenes, solo 24% recibe remesas mensualmente, 6% una vez al año y 41% restante nunca recibe. Los montos varían con menos de 50 dólares (38%) hasta 301 y 500 dólares o más (4%). Las remesas son cruciales para la estabilidad financiera de muchas en medio de la crisis, declaró el informe.
Dentro de la migración, un aspecto preocupante es la creciente amenaza de trata de personas que aflige particularmente a las jóvenes, pues traficantes las reclutan con promesas de empleo o una vida mejor en el extranjero solo para someterlas a explotación sexual y laboral una vez llegan a sus destinos. Las mujeres migrantes en situación de irregularidad también son vulnerables a estos delincuentes.
¿Qué debe hacer el Estado?
La Red de Mujeres Constructoras de Paz ofreció recomendaciones a partir de los análisis realizados. Es primordial que el Estado escuche a las activistas, defensoras de derechos humanos y oenegés que trabajan con las mujeres afectadas.
Sobre la salud sexual y reproductiva, deben distribuir métodos anticonceptivos, insumos de gestión menstrual gratuitos, así como ofrecer programas de educación que aborden dichos temas en las escuelas.
En materia de violencia de género, es importante que se refuercen las medidas que buscan prevenir y sancionar los casos. Deben apoyar con centros de acogida, asistencia jurídica y asesoramiento psicosocial. A esto se suma la capacitación de funcionarios y medios de comunicación pertinentes.
Indicaron que también se debe promover la participación política de las jóvenes y que se hagan jornadas de inscripción en el CNE. También es vital que se realicen acciones para frenar la presencia de grupos de trata, pero para eso hace falta cooperación internacional.
De acuerdo con la organización, la emergencia humanitaria compleja en Venezuela no ha mejorado. Los factores que ocasionaron el colapso estructural de las capacidades del país continúan presentes
Según el documento, la EHC ha tenido impactos devastadores en la vida de las personas. Para mayoría no es posible cubrir un nivel mínimo de necesidades vitales y el tamaño y duración de las privaciones «han traspasado los umbrales de deterioro resistibles» y se hace muy difícil
Las comunidades con privación social son más vulnerables para afrontar riesgos de daño, incluyendo abusos y violencias
Hum Venezuela aseguró que la caída de las capacidades institucionales, económicas y sociales del país ha seguido profundizándose, generando brechas de privación social de gran tamaño.
A través de un informe publicado en julio de 2023, la organización explicó que la emergencia humanitaria compleja (EHC) en Venezuela no ha mejorado. “Los factores que ocasionaron el colapso estructural de las capacidades del país continúan presentes”, indicó la investigación.
Hum Venezuela condujo la realización del estudio para hacer una evaluación del profundo colapso de las capacidades internas del país para garantizar derechos de acceso de la población venezolana a condiciones de vida dignas y a estar libre de riesgos de amenaza a sus vidas, integridad, seguridad, subsistencia y libertad de acción para procurar soluciones a las extremas problemáticas individuales o colectivas que enfrentan.
Este trabajo tuvo como base una evaluación que ejecutaron las organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la comunidad de HumVenezuela entre noviembre de 2022 y junio de 2023. A través de sesiones de intercambio con integrantes de comunidades, miembros de 87 comunidades de 20 estados del país participaron en una evaluación cualitativa y testimonial de sus privaciones sociales.
Las comunidades se escogieron por sus vulnerabilidades sociales, económicas, físicas o ambientales. De las evaluadas 81,6% se encontraba en zonas urbanas, 11,5% en zonas rurales o semiurbanas y 6,9% en asentamientos indígenas.
Además, el informe construyó una breve retrospectiva del colapso de las capacidades internas del país, a través del rastreo de sus causas más significativas dos décadas atrás.
A continuación 15 claves relevantes del informe:
La emergencia humanitaria compleja en Venezuela es producto de la confluencia de varias crisis simultáneas, cuyas fuerzas combinadas han devastado las condiciones de vida de la población venezolana.
Los hallazgos de este trabajo muestran que la EHC en Venezuela no ha mejorado. Los factores que ocasionaron el colapso estructural de las capacidades del país continúan presentes.
Estas crisis fueron consecuencia de largos y sostenidos procesos de deterioro de las capacidades institucionales, económicas y sociales internas que desembocaron en un colapso estructural y una emergencia humanitaria a gran escala, con origen en una variedad de factores que tienen en común su relación con la inestabilidad política y la desestructuración del Estado.
El declive de las capacidades del país fue de evolución lenta. Los principales signos de esta política fueron el control de las divisas, la intervención estatal de la economía, un alto endeudamiento externo, la exacerbación de las importaciones y el uso de estructuras paralelas y discrecionales de gestión estatal, fuera del escrutinio público y al margen de las funciones rectoras y regulatorias de las propias instituciones del Estado.
Venezuela entró en insostenibilidad económica, acentuada con la caída de los precios del petróleo entre 2013-2016.
Estas medidas ocasionaron una alta escasez de alimentos, medicinas, insumos médicos y otros productos básicos que, con una inflación creciente y sostenida, elevaron la pobreza de 48,4% a 81,8% entre 2014-2016 y generaron protestas de carácter social y político, duramente reprimidas.
Antes de estas sanciones, el Producto Interno Bruto de Venezuela había caído 48% y las exportaciones petroleras en 62%. En 2018, Venezuela aparecía entre los países con uno de los colapsos políticos, económicos y sociales más profundos y prolongados del mundo.
Entre 2018-2019, la inestabilidad política se profundizó con una elección presidencial cuestionada y un gobierno interino de oposición. Las exportaciones petroleras se redujeron más por un mayor colapso de la industria y la aplicación de sanciones económicas adicionales.
En 2020, Venezuela fue situada como la cuarta crisis alimentaria del mundo. La pandemia de COVID-19 acentuó la EHC, a pesar de las medidas económicas adoptadas por el gobierno ante la hiperinflación, que consistieron en hacer fuertes recortes del gasto público y permitir las transacciones en dólares, además de dar incentivos a las importaciones del sector privado y a la inversión extranjera, así como privatizar activos del Estado, para reducir la escasez de alimentos y productos básicos.
Los datos de Hum Venezuela indican que, entre 2020-2021, la población con necesidades humanitarias creció de 59% a 65%. Los 21 meses de confinamiento social ampliaron las brechas de privación y agotaron los medios y estrategias de sobrevivencia de la población. Tras el confinamiento, en 2022 la escala de la EHC experimentó un alza de 66% en las personas con necesidades humanitarias; al menos 55% con necesidades severas.
Entre 2020-2022, la población desplazada aumentó de 16% a 25%.
En 2022, Venezuela fue el segundo país de origen con mayor movilidad humana a nivel mundial.
Entre 2013-2022, la economía disminuyó 72% por la contracción del PIB. El empleo formal se redujo 41,7% y el salario de los trabajadores perdió 95,5% de su capacidad adquisitiva.
Hasta 2022, 65,2% de las personas había sufrido la falta o pérdida irreversible de sus medios de vida, haciéndose más amplias y crecientes las desigualdades económicas, sociales y territoriales.
El lento declive de capacidades en Venezuela no permitió ver la fuerza de los factores de desestructuración que provocaron su colapso en el país.
Factores y profundidad del colapso
Durante 9 años el país perdió alrededor de 68% de sus capacidades económicas y sociales, como consecuencia de una inestabilidad política prolongada y un Estado en desestructuración general, que se expresa en los siguientes factores:
Políticos: socavamiento de la legitimidad y gobernabilidad democrática en las estructuras, funciones y desempeño de los poderes e instituciones del Estado, desfigurándose y fragmentándose en ejercicios de poder que responden a intereses particulares.
Institucionales: por ausencia de Estado de Derecho y de garantías de justicia, derechos humanos, libertades civiles y políticas, seguridad, información pública y rendición de cuentas, que generan violencia en todas sus formas.
Económicos: abandono de la inversión y escasa producción, una economía controlada con gestión discrecional de recursos, volatilidad de ingresos y sostenida inflación, concentración económica urbana, empobrecimiento multidimensional y amplias desigualdades.
Ambientales: degradación ambiental a gran escala por depredación ilícita de recursos, deterioro de cuencas y ecosistemas, desprotección ante fenómenos meteorológicos extremos y efectos del cambio climático.
Sociales: desfinanciamiento y desinstitucionalización de los sistemas de bienestar social y su descomposición por el uso de estructuras paralelas de dependencia social, utilizadas para fines políticos.
Brechas de privación
Hum Venezuela identificó en 87 comunidades privaciones múltiples en medios de vida y alimentos, servicios de salud públicos, agua potable, educación básica, protección y seguridad, y servicios básicos como electricidad, gas doméstico, transporte público, aseo urbano y comunicaciones.
«En períodos menores a los 10 años, se identificaron privaciones relacionadas con los servicios de protección, seguridad; el acceso de NNA a las escuelas de educación básica; y los servicios de electricidad, gas doméstico, transporte público, aseo urbano y comunicaciones, por fallas agudas más recientes en el tiempo», señaló el informe.
De acuerdo con el informe las brechas están asociadas a la ausencia de Estado en sus estructuras institucionales y el desempeño de funciones básicas, sumergiendo a las comunidades en dinámicas de control por el acceso a recursos escasos, un estado generalizado de desamparo ante la denegación, restricción e inequidad en el goce y ejercicio de derechos, amplias desigualdades, el asedio de múltiples amenazas: pobreza, hambre y desnutrición, alto deterioro de la salud y exposición a muertes por falta de atención, abandono de la educación, distintas formas de violencia y desastres.
Por ende la organización concluyó que:
Las evaluaciones a nivel comunitario describen un panorama desolador de inseguridad humana en la que las brechas de privación han excedido los límites de soporte de las personas para mitigarlas y evitar daños.
La mayoría de las comunidades que participaron en las evaluaciones no tienen acceso a la asistencia y protección de la respuesta humanitaria implementada en el país.
Recuperar las capacidades de medios de vida y alimentos, de agua potable y de la salud pública requiere los mayores esfuerzos en las prioridades.
El conjunto de las privaciones, vulnerabilidades y riesgos crean un cuadro de extenuación e inseguridad humana, en ausencia de Estado con graves violaciones de derechos.
Mujeres, niños, niñas y adolescentes son las principales víctimas de los 182 casos de violencia ocurridos en Bolívar los primeros cuatro meses del año. Las agresiones físicas y homicidios componen el grueso de los delitos reportados.
Desde 2016 hasta el momento, Bolívar ocupa los primeros puestos en el ranking de estados más violentos del país. Los primeros cuatro meses del año 2023 evidencian que el patrón se mantiene: el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en Bolívar contabilizó 182 casos de violencia con un total de 188 víctimas.
La cifra representa un aumento de casos de 3.3% en comparación con el mismo periodo en 2022, cuando se reportaron 176 casos de violencia.
Las agresiones físicas, homicidios y robo: el grueso de los delitos registrados
Al igual que el año pasado, las agresiones físicas infringidas con o sin armas son el delito más común, y arropan a su vez casos de violencia de género y violencia contra niños, niñas y adolescentes. Las agresiones físicas representan el 51% de los casos compilados, es decir, 92 víctimas de lesiones leves y graves.
Los homicidios, por otro lado, representan el 21% de los casos reportados, lo que implica un leve incremento en comparación con el año pasado cuando se reportó una incidencia de 20% para el mismo periodo. 39 personas en Bolívar fueron víctimas de homicidio.
En estos primeros cuatro meses del año también se registró un aumento de la incidencia de robos que podría atribuirse al levantamiento de las restricciones de movilidad por la pandemia de COVID-19, y la fluctuante crisis del combustible en el estado. Entre enero y abril de 2023, el OVV contabilizó 31 robos que representan 17% de los casos de violencia reportados.
El aumento de la incidencia de robos puede estar relacionado con la crisis económica y social que atraviesa el país y la falta de medidas efectivas para abordar la inseguridad.
Al menos seis personas fueron víctimas de violencia sexual. Aunque en esta ocasión este delito -entendido como acceso carnal violento- representó apenas el 3% del total de los casos de violencia registrados, esto no implica que hayan disminuido otras formas de violencia con matiz sexual, como actos lascivos.
NNA: la población más afectada por la violencia
Al menos un caso de violencia que trasciende a la prensa a diario involucra a niños, niñas y adolescentes. Quienes además de ser víctimas de abusos físicos, también lo son de la violencia estructural que afecta la educación, la salud y la alimentación en un contexto de Emergencia Humanitaria Compleja.
En este sentido, se contabilizaron 13 niños, niñas y adolescentes víctimas de homicidio intencional (2), secuestro (3) , violencia y agresión sexual (4) y agresiones leves y graves (4). Más de la mitad de las víctimas de violencia entre 0 y 17 años de edad, son niñas y adolescentes.
Problemas intrafamiliares como principal motivo
Los problemas intrafamiliares representan el principal motivo en el 27% de los casos de violencia registrados mientras que en el 25% de los casos, el principal motivo fueron problemas interpersonales.
Esto revela que la violencia se da en la mayoría de los casos en núcleos cercanos: en 31% de los casos el victimario fue un familiar o un conocido de la víctima y en 24% fue la delincuencia común.
Que la violencia ocurra en círculos cercanos también revela que por lo general mujeres, niñas y niños siguen apareciendo como las víctimas más frecuentes en los conflictos de violencia en el estado Bolívar. Esto pese a que las víctimas directas sean hombres en el 61% de los casos según los datos numéricos.
Por otro lado, el 21% de los casos de violencia registrados sucedieron por provecho ilícito.
En el 31% de los casos, el delito ocurrió en el hogar de la víctima mientras que en el 41% de los casos, ocurrió en espacios abiertos.
Fuerza física y armas de fuego: protagonistas de las agresiones infringidas
La fuerza física se utilizó en el 46% de los casos y las armas de fuego en el 27% de los casos, mientras que los objetos cortantes o punzantes se utilizaron para agredir en el 15% de los casos.
¿Cómo el OVV recolecta los datos?
Ante la falta de transparencia del Estado y restricción de acceso a cifras oficiales de violencia, el Observatorio Venezolano de Violencia emprende un monitoreo basado en la revisión diaria de la prensa escrita impresa o digital para identificar los artículos donde se reporten hechos de violencia en el estado Bolívar.
Luego, estos reportes son revisados con detalle y se carga toda la información reseñada explícitamente en la base de datos que utiliza el Observatorio de Prensa (CsPro).
Finalmente, se analiza y sistematiza la información a fin de diagnosticar académicamente la situación de la violencia en la entidad y poder generar propuestas que contribuyan a la prevención de este flagelo, del que apenas se tiene un subregistro de datos.
Para el presente informe se utilizaron como fuentes los diarios locales Correo del Caroní, Nueva Prensa de Guayana, El Luchador, diario Primicia y demás portales digitales, así como reportes de periodistas independientes.
El Observatorio indicó que son los mismos integrantes de las comunidades quienes resuelven los problemas estructurales de forma autónoma ante las fallas de los servicios públicos
49.7 % de encuestados afirmaron que prefieren resolver el tema de la alimentación por su cuenta. 62 % de los encuestados de los 16 estados del país, perciben que sus comunidades son inseguras
«4,5 % de personas encuestadas se consideran analfabetas. Esto es importante porque el país tenía una tasa reducida, incluso nula, de este fenómeno, y ante la propaganda, que afirma que hay analfabetismo cero», indicó la profesora de Trabajo Social de la UCV, Mirla Pérez.
Este miércoles, 31 de mayo, el Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno (CIP), presentó su informe anual sobre las dinámicas comunitarias, comunal, delincuencial y la migratoria.
Para el informe, presentado en la Universidad Central de Venezuela (UCV), el Observatorio Convivium realizó 638 entrevistas en 16 estados del país, y encontró que «desafío» es la palabra que sistematiza el gran esfuerzo de la organización para documentar las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja, que no se detiene, sino que cada día se redimensiona dejando cada vez, huellas más profundas.
El primer dato revelador del estudio es que empieza a aparecer con fuerza el anafalbetismo. «Tenemos que 4,5 % de personas encuestadas se consideran analfabetas. Esto es importante porque el país tenía una tasa reducida, incluso nula, de este fenómeno», indicó la profesora de Trabajo Social de la UCV, Mirla Pérez.
🔎 ¿Es Venezuela un territorio libre de analfabetismo?
— Centro de Investigaciones Populares (@cipopulares) May 31, 2023
De los encuestados, solo 11.4 % culminó la primaria, 34.2 % la secundaria, 18.3 % es estudiante universitario, 28.3% es profesional universitario y solo 3.3% posee un doctorado. El CIP señaló que es importante hacer un estudio sobré qué está ocurriendo en las escuelas.
Dinámica comunitaria
El Observatorio Convivium arrojó que son los mismos integrantes de las comunidades quienes resuelven los problemas estructurales de forma autónoma ante los problemas de los servicios públicos.
Según el CIP, 63 % de los encuestados solucionan sus problemas de forma individual, 20 % mediante reuniones comunitarias o soluciones vecinales, 8 % con protestas, 6 % pagan sobreprecio por un servicio y 3 % resuelven con los Clap.
En el tema de la salud, 30 % de los consultados afirmaron que enfrentan las enfermedades en los centros de salud públicos, 19 % con la solidaridad familiar en el país, 13 % con la solidaridad familiar en el extranjero, 14% con salud preventiva o natural y solo un 7 % tiene seguro y acude a consultas privadas.
Dinámica comunal
El informe señala que de las estructuras comunales, las de carácter organizativos son las que tienen mayor penetración en las comunidades. Entre ellas se encuentran el Clap, consejos comunales y jefes de calle.
«El uso del carnet de la patria es cada vez más extendido. Según nuestro registro, tenerlo no implica recibir los bonos que el régimen de dominación política asigna, de modo que tenemos un sistema eficiente para el control e ineficiente para la asignación», se lee en el estudio.
— Centro de Investigaciones Populares (@cipopulares) May 31, 2023
49.7 % de encuestados afirmaron que prefieren resolver el tema de la alimentación por su cuenta, 43 % también prefiere resolver por sí mismos, pero se ven en la necesidad de recibir la caja; mientras que 7.3 % prefiere recibir el Clap.
Dinámica delincuencial
Sobre el tema de la delincuencia 62 % de los encuestados de los 16 estados del país perciben que sus comunidades son inseguras.
El delito que se señala como predominante es el robo (71 %), seguido del tráfico y consumo de droga (44 %), robo en transporte público (23 %), hurto (19 %), homicidio (9 %) y violaciones (13 %).
La garantía de seguridad debería ser ofrecida por todos los cuerpos de seguridad del estado; sin embargo, 40 % de las personas entrevistadas dicen que los cuerpos de seguridad infringen la ley y que cometen delitos que van desde el abuso de autoridad hasta el soborno.
Sobre la presencia de bandas criminales, 72 % indicó que lo desconocen frente a un 28 % que afirmó que sí existen.
El estudio señala que de los 14 estados monitoreados detectaron, al menos, siete bandas criminales o mega bandas, una por estado.
Dinámica migratoria
Otro dato revelador del estudio de las dinámicas comunitarias, y en especial de la dinámica migratoria, es que el 86 % de las personas entrevistadas dicen tener, por lo menos, un familiar que ha emigrado. El factor económico (71 %) sigue siendo la razón principal para emigrar a otros países.
Solo el 34 % de los entrevistados dicen recibir remesa, de estos, el 80% admiten que esta les ayuda a solventar la crisis.
Otro fenómeno que evidenció el estudio es el despoblamiento de ciudades y pueblos, principalmente en el interior del país, ya sea por migraciones internas o externas. Hasta el 71 % de las casas quedan solas. Igual hay un potencial del 43 % de ser invadidos.
«La vida registrada -en Venezuela- es preocupante, pero estos acontecimientos nos ubica en la tremenda fragilidad socio-familiar que nos toca enfrentar como sociedad y como cultura«, concluye el estudio.
En Venezuela, añade el OVCS, «no existen garantías sociales para la subsistencia de la mayoríad e la población quienes se ven obligados a sortear toda clase de circunstancia para vivir»
Durante su reporte de abril, el OVCS recordó que en ese periodo el gobierno reconoció públicamente la existencia de numerosos casos de corrupción, con presunta responsabilidad de altos funcionarios y dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
También, la organización señaló que durante abril se escenificó una «grandilocuente campaña comunicacional de lucha contra la corrupción», la cual culminó el mes con detenidos y una persona fallecida durante la custodia policial.
Sin embargo, advierte el OVCS, «la ausencia de transparencia e imposibilidad de acceder a datos oficiales y reales dificulta a la sociedad civil y comunidad internacional la posibilidad de conocer la veracidad sobre estos hechos».
Además, indicaron que las políticas gubernamentales impactan en las condiciones de vida del venezolano, que hoy día sigue «sucumbido» ante una Emergencia Humanitaria Compleja, con un salario mínimo oficial equivalente a 5 dólares por mes y una pobreza creciente.
En Venezuela, añade el OVCS, «no existen garantías sociales para la subsistencia de la mayoría de la población, quienes se ven obligados a sortear toda clase de circunstancia para vivir».
«Los hechos de corrupción y las continuas violaciones a los derechos humanos en todas sus dimensiones agravan aún más la situación de vida en el país».
Derechos laborales, los más exigidos por la población
De acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en abril de 2023 se registraron 489 protestas, de las cuales el 61 % fueron por derechos laborales.
Según la ONG, las protestas contabilizadas en abril, 398 se relacionaron con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), lo que representa 81 %.
Durante el periodo, también el OVCS contabilizó 25 protestas en 11 estados del país para exigir abastecimiento de combustible de calidad en forma regular y sin dolarización de tarifas.
Durante el mes de marzo, fue común ver el reconocimiento, a través de los medios de comunicación y redes sociales, del papel de la mujer por sus insustituibles roles sociales, familiares, laborales y políticos. A pesar de ello, siguen existiendo situaciones que las afectan seriamente, entre ellas la violencia. En Monagas, esta problemática no es diferente. Así lo dio a conocer el equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Monagas (OVV Monagas) en sus informes e investigaciones en torno a este grupo poblacional.
En el Informe de Violencia 2022, el OVV Monagas detectó que, en general, los hombres son más afectados por los delitos, con un 57,3%, mientras que las mujeres se ven afectadas en un 42,7%. Al detallar el tipo de delitos por sexo, se revela que los hombres son mayormente afectados cuando se trata de homicidios (90,9%), tentativas de homicidios intencionales (76,9%) y robos (70,4%). Mientras que las mujeres siguen siendo más vulnerables en situaciones como amenazas de muerte (100%), violación sexual (73,7%) y agresión (que incluye lesiones graves o leves) (83,9%), lo cual puede estar asociado con el incremento en la violencia de género.
Al considerar la situación de violencia a la que están sometidas las mujeres en la entidad, se encontró que Maturín, Ezequiel Zamora y Piar son aquellos municipios con mayor incidencia de casos, representando el 78% de todas las denuncias. Al considerar estas cifras, se observa que, en Maturín y Ezequiel Zamora, los eventos se dan en contextos urbanos vulnerables, pero en Piar se trata de contextos rurales donde entran en juego otras variables culturales, tales como el machismo y la cultura de la violencia como comportamiento aceptado.
En el informe semestral 2022, el OVV Monagas señaló que el grupo especialmente afectado por la violencia femenina corresponde a niñas entre 0 y 11 años (10 casos que representan el 25% del total de casos de la entidad reportados en los medios), las cuales se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y riesgo de protección debido a la violencia intrafamiliar, entornos comunitarios hostiles y los efectos negativos del post confinamiento por Covid-19. Precisamente, ello se ve reflejado en un aumento preocupante de casos de violación sexual y otros tipos de agresión en este mismo grupo, cuyos victimarios, en muchas ocasiones, son los familiares cercanos (padres, padrastros, entre otros).
Desde el punto de vista de la Emergencia Humanitaria Compleja, según la Encuesta sobre Condiciones de Vida (ENCOVI), el 88% de la población femenina en Monagas se encuentra por debajo de la línea de la pobreza extrema. Cabe destacar que entre los grupos poblacionales vulnerables de la entidad, se encuentran las mujeres, esto según la Oficina para la Respuesta Humanitaria (OCHA) en la entidad; considerando que poseen serias dificultades económicas para acceder a la alimentación y medicinas.
Mujeres victimarias
Un reciente estudio desarrollado por las investigadoras del OVV Monagas logró explorar el comportamiento violento de algunas mujeres en Monagas. Tomando en consideración las voces de expertas, víctimas y victimarias, el equipo concluyó que factores psicológicos, sociales, políticos, culturales, económicos y de género inciden en la elección de la violencia como forma de vida de estas mujeres.
Cuando se trata de violencia intrafamiliar, en hogares dirigidos por mujeres, se ha convertido en algo recurrente pegar, maltratar o torturar, con la justificación de disciplinar y en otros casos, solapando el abuso de las parejas. En el caso de la mujer delincuente, ellas les atribuyen significados positivos a las actuaciones violentas con mayor grado de agresividad, fundamentadas en la necesidad de reconocimiento y lograr liderazgos. No obstante, predomina la jefatura masculina en grupos de delincuencia organizada.
En resumen, los informes presentados por el Observatorio Venezolano de Violencia en Monagas (OVV Monagas) evidencian la preocupante situación de violencia que viven las mujeres en la entidad, especialmente las niñas entre 0 y 11 años. La violencia intrafamiliar, la cultura de la violencia y el machismo son algunos de los factores que inciden en esta problemática. Además, se evidencia que las mujeres también pueden ser victimarias de violencia, lo que refleja la complejidad del problema.
En este sentido, las investigadoras concluyeron que es fundamental la implementación de políticas públicas adecuadas y la educación en la equidad para erradicar la violencia de género, promoviendo valores como el respeto y la igualdad de oportunidades, y sensibilizando a la población sobre la importancia de prevenir y atender esta problemática. Solo así se podrá construir una sociedad más justa y segura para todas las personas, independientemente de su género, promoviendo así la igualdad de oportunidades.
Las crisis no son neutrales al género. Es por eso que en Venezuela la Emergencia Humanitaria Compleja debe ser analizada desde el impacto diferenciado que tiene sobre las niñas, adolescentes y mujeres.
Eso es lo que explican en el informe “Ser mujer en Venezuela: diagnóstico comunitario y propuestas para la acción humanitaria” de la alianza ConEllas conformado por las organizaciones Funcamama, Unión Afirmativa, Prepara Familia, Cepaz, Uniandes y Acción Solidaria.
El informe expone la vulneración exacerbada en el acceso y ejercicio de los derechos a la salud, la alimentación y la vida libre de violencia de las mujeres, adolescentes y niñas en Venezuela, así como los derechos de las venezolanas en situación de movilidad humana.
Los datos son el resultado de la aplicación de un enfoque de género y diversidad a los diagnósticos comunitarios realizados en terreno a casi 6.500 hogares en 18 de los 24 estados del país, como parte de los esfuerzos conjuntos de la sociedad civil para llenar los amplios vacíos de información sobre la crisis.
Venezolanas padecen pobreza menstrual
Según la información recopilada en el documento, elaborado a partir de datos recopilados por la plataforma HUM Venezuela, una de cada cuatro mujeres cuenta “nunca o solo algunas veces” con toallas sanitarias desechables, mientras que una de cada cuatro reportó no tener dinero suficiente para recurrir a estos insumos.
En cuanto a otras alternativas, tres de cada cinco mujeres cuentan nunca o solo algunas veces con toallas sanitarias reutilizables, copas menstruales o tampones, explicó Natasha Saturno, representante de la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de Acción Solidaria.
“Cuando las mujeres no cuentan con estos artículos para su higiene menstrual, pueden perder días de colegio o trabajo, afectando su educación y su carrera profesional”, dijo la abogada.
Por otra parte, el 32% de las encuestadas indicaron que ellas o algún miembro de su familia tiene una condición crónica de salud, siendo las más frecuentes: hipertensión, diabetes, hipo/hipertiroidismo e insuficiencia renal.
Entre las mujeres con enfermedades crónicas, 44% reportaron que en los seis meses anteriores al período estudiado no recibieron la atención médica que necesitaban por la falta de medios económicos para acceder a estos servicios.
De igual forma, 32% de ellas respondieron no haber recibido los medicamentos necesarios para atender sus condiciones de salud debido al alto costo.
Con respecto al derecho a la alimentación, el informe de ConEllas explica que las mujeres limitan los gastos de salud al priorizar la alimentación antes que cualquier otro gasto doméstico.
8 de cada 10 mujeres considera que la cantidad de alimentos que llevan a sus hogares es deficiente, escasa o muy escasa, a pesar de que 6 de cada 10 respondió que se gasta casi todo el presupuesto familiar en alimentos.
De las encuestadas, 76% afirmó que al menos una persona de su grupo familiar presenta desnutrición.
Katherine Martínez, directora de la organización Prepara Familia, destacó que más del 63% de las mujeres gastan casi todo su presupuesto en adquirir alimentos para sus hogares.
La mayoría de ellas recurre a comprar alimentos más baratos, mientras que 61% señala los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) como fuentes de aprovisionamiento, una situación que “contribuye a aumentar la dependencia del Estado y la vulnerabilidad”.
La pandemia de la violencia contra la mujer
En el informe “Ser mujer en Venezuela” señalaron que para 2021, el 7% de las mujeres entrevistadas señaló haber sido víctima de violencia familiar. Entre estos, los tipos más prevalentes fueron: violencia psicológica (87%), física (59%), simbólica (25%), económica (24%) y sexual (10%).
El 64% de estas violencias, en el caso de las mujeres adultas, fue cometido por las parejas o ex parejas. Solo 31% de ellas reportaron o denunciaron lo ocurrido.
Las principales razones para no reportar se debieron a que los actos no se consideraron graves (37%), por miedo a represalias (36%), desconfianza a las instituciones (14%) y porque los servicios para ello fueron inaccesibles para las víctimas (9%).
“A pesar de este contexto en el que las mujeres y niñas continúan siendo víctimas, no es posible tener acceso a una estadística oficial precisa sobre violencia basada en género”, indicó Martínez de Prepara Familia.
Otro de los aspectos encontrados en la investigación es que las mujeres que son víctimas de violencia no encuentran o no tienen información sobre redes de apoyo a las cuales acudir.
El 61% respondió que no tienen contacto o relación con alguna organización social y a cambio prefieren en un 50% apoyarse en ellas mismas.
Asimismo, 13% de las mujeres encuestadas reportaron haber sido discriminadas: un 28% por ser mujer y 3% por estar embarazada. En cuanto al contexto en que ocurrió la discriminación, el 51% de estos actos de discriminación ocurrieron en la comunidad, el 34% por expresarse o querer participar en alguna actividad, el 20% en el trabajo, el 17% en el grupo familiar, el 12% en un programa del Estado, el 11% en la escuela, el 11% en un centro de salud y el 4% en un programa de asistencia humanitaria.
En busca de mejores ingresos
En el informe detallaron que las causas principales que motivan la movilidad humana de mujeres es conseguir o cambiar de trabajo y mejorar sus ingresos (32%), la reunificación familiar y el acceso a medicinas y servicios de salud (16%).
Asimismo, la necesidad de recursos asociados a mudarse o migrar suele ser mayor para las mujeres, por costos más altos asociados a sesgos de género.
3 de cada 10 mujeres contestaron que encontraron obstáculos para realizar la mudanza, siendo los costos (96%) el motivo principal. Sin embargo, para los hombres el dinero solo representó un problema en el 29% de las respuestas.
Este ejemplo demuestra una de las brechas de género más importantes al momento de emigrar suelen ser más altos para las mujeres que para los hombres. Por lo general, esto está vinculado a sobrecostos por regulaciones y discriminaciones vinculadas a sesgos de género.
