emergencia humanitaria compleja

Martin Griffiths, expresó que aún existen “significativas necesidades humanitarias” que deben ser atendidas

La organización no gubernamental Transparencia Venezuela advirtió el pasado 19 de agosto que, en el país, pese a haber signos de leve mejoría económica, persisten las necesidades humanitarias.

De acuerdo con una nota de prensa de la ONG, la crisis generada por la COVID-19 tuvo un gran impacto en el panorama humanitario mundial.

En sus proyecciones para este año, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA-ONU) estima que 274 millones de personas en 63 países requerirán protección y asistencia.

Con respecto a Venezuela, que padece los estragos de la Emergencia Humanitaria Compleja, el impacto ha sido mayor.

Unos años después, en 2021, el Comité Internacional de Rescate (IRC) incluyó a Venezuela entre las 20 crisis humanitarias más devastadoras del mundo.

En ese sentido, muchas organizaciones han aunado esfuerzos para ayudar a los venezolanos que se encuentran en situación de pobreza extrema, inseguridad alimentaria e insalubridad.

Aunque Venezuela ha experimentado leves signos de recuperación en la economía, el descenso de la hiperinflación registrada desde 2017 no se tradujo en mejoras en los precios.

Incluso, un reciente informe que publicó el Banco Mundial situó a Venezuela como el tercer país con la mayor inflación alimentaria en un escenario global. Los costos de los rubros agrícolas se elevaron como consecuencia del conflicto Rusia-Ucrania.

También, la Encuesta Condiciones de Vida (Encovi) 2021, señaló que los indicadores de desigualdad, pobreza y acceso a los servicios esenciales se mantienen como los más desalentadores de la región.

Como consecuencia, voceros del Plan de Asistencia para atender la crisis regional causada por la situación en Venezuela, advierten que aún persisten en el país las necesidades humanitarias.

“Significativas necesidades humanitarias”

En diciembre del año 2021, la Organización de Naciones Unidas (ONU) estimó que siete millones de venezolanos tienen necesidades humanitarias en el país.

Asimismo, la organización indicó que se requieren $1.800 millones para garantizar la ayuda a los más necesitados dentro y fuera de nuestras fronteras.

Por su parte, el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de OCHA, Martin Griffiths, expresó que aún existen “significativas necesidades humanitarias” que deben ser atendidas.

También, en su visita a Venezuela, Griffiths reiteró la importancia de que la comunidad internacional se muestre solidaria con los venezolanos más vulnerables.

Griffiths anunció que publicarán el plan de respuesta humanitaria de 2022-2023, el cual requiere, solo para este año, alrededor de $795 millones destinados a asistir a 5,2 millones de personas.

Pobreza, desnutrición y éxodo

De acuerdo con la Encovi 2021, 94,2% de los venezolanos está en situación de pobreza. Esto significa que su ingreso mensual es insuficiente para cubrir el precio de la canasta alimentaria.

Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas), en junio de 2022, la canasta alimentaria se ubicó en 459,84 dólares.

En contraste, el salario que fijó el gobierno de Nicolás Maduro es de aproximadamente 30 dólares. De estas cifras se infiere que el actual ingreso no alcanza para cubrir 10% de esa canasta.

A su vez, Susana Raffalli, nutricionista e investigadora de la organización Cáritas de Venezuela, declaró que el consumo de proteínas en Venezuela cayó 80%. 

Los grupos en mayor situación de vulnerabilidad en medio de la emergencia humanitaria compleja son las mujeres y niños, niñas y adolescentes

Este miércoles 25 de agosto, la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos de Acción Solidaria presentó su informe Salud en emergencia: El caso de Venezuela, que es el resultado de un monitoreo que se hizo entre enero y diciembre de 2020 y en el que sedocumentaron 1.436 casos relacionados a violaciones al derecho a la salud en 109 centros médicos públicos, ubicados en 22 de los 24 estados del país. 

Natasha Saturno, abogada y coordinadora de la unidad, explicó que la información se recolectó a través de 21 portales web de medios nacionales e internacionales y 27 de organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de identificar patrones con respecto a la falta de garantía del derecho humano a la salud, el deterioro de los centros del sistema público, las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad y el riesgo que enfrenta el personal médico, en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela.

Los factores evaluados por el equipo para este estudio fueron  los que componen los estándares universales del derecho humano a la salud: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Saturno insistió en que el informe no pretende ser un estudio estadístico, más bien un registro que fije un precedente acerca de la desatención del Estado y la afectación de la pandemia por COVID-19 sobre las familias más vulnerables.

Juan Manuel Rodrigues, abogado y miembro de la unidad, precisó que de 1.436 casos registrados, 21% fue en centros asistenciales del sistema sanitario público. Además, explicó que de los 109 centros de salud monitoreados, 8 pertenecen a la Misión Barrio Adentro, 9 son ambulatorios, 7 son especializados en diálisis y 85 son hospitales de diversos tipos. 70% de los casos tienen que ver, directamente, con la disponibilidad.

Saturno aseguró, que este monitoreo permitió identificar que los grupos en mayor situación de vulnerabilidad en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja son las mujeres y niños, niñas y adolescentes. Además, evidenció que la pandemia por el SARS-COV-2 incrementó los riesgos que ya sufría un grupo invisibilizado: el personal de salud.

Entre las conclusiones, la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos especificó que las violaciones del derecho a la salud por parte del Estado venezolano son sistemáticas y la emergencia global ha agudizado y evidenciado el deterioro del sistema sanitario público.

Miguel Pizarro, el comisionado del gobierno interino para el sistema de Naciones Unidas, informó que el primer equipo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) ya se encuentra en Venezuela y agradeció la labor que desempeñará en el país proporcionando comidas escolares a menores en situación de vulnerabilidad.

«El primer equipo del Programa Mundial de Alimentos ya se encuentra en el país. Nuestro agradecimiento a ellos y a su director ejecutivo, David Beasley, por sus esfuerzos y su labor», publicó Pizarro en su cuenta de Twitter y señaló que la entrada del organismo es un avance significativo en la atención de la emergencia humanitaria compleja que vive la nación.

El pasado 19 de abril, Nicolás Maduro y Beasley firmaron en Caracas un acuerdo por el que el programa dará asistencia alimentaria a menores venezolanos en edad escolar.

El programa llegará hasta 185.000 niños a finales de este año y, a través de una «una ampliación gradual», tiene el objetivo de que 1,5 millones de estudiantes sean alimentados diariamente al finalizar el año escolar 2022 y 2023, bajo un presupuesto anual -que forma parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Venezuela- de 190 millones de dólares.

El Programa Mundial de Alimentos evaluó la seguridad alimentaria de Venezuela con un trabajo de campo realizado entre julio y septiembre de 2019, después de una invitación del gobierno de Maduro.

Según estos datos, el ente estimó que una de cada tres personas en Venezuela (32,3%) «está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia».

Con información de TalCual 

Organizaciones civiles mostraron cómo la crisis generalizada en Venezuela ha afectado de manera diferenciada a mujeres y niñas

La crisis en Venezuela es multidimensional. La emergencia humanitaria compleja ha dejado atrás las necesidades específicas de las mujeres en Venezuela y con la llegada de la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020, la situación no ha hecho sino empeorar. Esto ha generado un incremento de desigualdades sociales que ha impactado de forma diferenciada y desproporcionada a mujeres, adolescentes y niñas. 

Mujeres con VIH, mujeres migrantes y refugiadas, mujeres lesbianas, madres cuidadoras, mujeres defensoras, mujeres pacientes oncológicas. ¿Cómo se han visto afectadas por la crisis venezolana? ¿Cómo los derechos y necesidades de las mujeres son invisibilizados? 

Las organizaciones Prepara Familia, Unión Afirmativa, Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Acción Solidaria, Funcamama y Uniandes participaron en el evento “Mujeres invisibles: el rostro de las mujeres invisibilizadas por la crisis en Venezuela”, en el marco del Sexagésimo quinto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW65), para mostrar la crisis generalizada y su afectación diferenciada en las mujeres y las niñas. 

Son organizaciones de la sociedad civil que han vivido de primera mano las afectaciones de los derechos de estos grupos específicos de mujeres durante su trabajo en el terreno, realizando documentación en el ámbito local y en defensa de los derechos humanos.

A partir de las voceras de esas organizaciones, Runrunes recopiló unas claves para comprender la crisis venezolana a través de las mujeres: 

Mujeres en situación de pobreza 

“La Emergencia Humanitaria Compleja producto de la combinación de factores como la inestabilidad política, y el quiebre del Estado venezolano, ha generado el incremento de las desigualdades sociales y la pobreza subyacente”, señala Carolina Godoy, de Cepaz

¿Qué significa para una mujer vivir en pobreza extrema en La Dolorita, Petare? 

• 14 años sin disponer de agua potable en sus hogares. Debe esperar a que llueva para redirigir el agua hacia tobos o envases.
• No tiene servicio de gas doméstico directo, no reciben bombonas y cocinan a leña.
• No tiene servicio eléctrico directo. Se ve obligada a conectarse ilegalmente al alumbrado público.
• No tienen dinero en efectivo, lo que se traduce en la imposibilidad de trasladarse en transporte público.
• Sufren de pobreza menstrual, al no poder comprar los insumos de higiene. Deben improvisar recortando ropa usada.
• Tienen la preocupación diaria de no tener alimentos en sus casas. Las mayores ceden sus porciones a los otros miembros. La cajas CLAP son insuficientes y manejadas con criterios políticos.
• Miran con preocupación el embarazo adolescente y a tener que verse forzadas a la práctica del sexo por sobrevivencia.
• Miran con preocupación la sobre exigencia de los cuidados del hogar durante la cuarentena, lo que eleva el riesgo de deserción escolar en las adolescentes.
• Se sienten usurpadas en lo más mínimo de su existencia: la cotidianidad. 

Mujeres de la comunidad LGBTI

Quiteria Franco, de la organización Unión Afirmativa, explicó que antes de la Emergencia Humanitaria Compleja y la pandemia, ya una situación de discriminación y violencia contras las mujeres lesbianas, en cuanto a la negación de derechos humanos por parte del Estado. Estos factores hicieron que las afectaciones se incrementaran y se diversificaran.

• Imposibilidad de proteger a la familia a través del matrimonio, afectando a los niños de estas parejas que quedan desprotegidos. 
• Violencia entre parejas, discriminación en el lugar de trabajo, en servicios ginecológicos y centros de donación de sangre.
• Discriminaciones y violencias en lugares públicos como plazas, restaurantes y discotecas.
• Acoso en centros estudiantiles y universitarios, contra docentes y estudiantes que se identifican como mujeres lesbianas.
• Sufren de trata de personas, la prostitución forzada, migración forzada, inseguridad alimentaria y disminución en la ingesta alimentaria.
• Precariedad en servicios básicos y de salud, escasez de toallas sanitarias.
• Violencia en el hogar contra adolescentes y mujeres lesbianas proveniente de los padres o parejas. Amenazas de “violaciones correctivas” o de ser expulsadas del hogar. 
• El confinamiento ha traído mayor desempleo.
• El desempleo es otra consecuencia del confinamiento, porque muchas habían tenido que recurrir al trabajo independiente por la discriminación en lugares de trabajo. 

Madres cuidadoras 

Asistir a un hospital a tratarse cualquier complicación de salud es todo un riesgo, puesto que no hay garantías de obtener la atención adecuada. Ahora con el COVID-19 todo se agrava aún más. 

¿Qué viven las madres, hermanas, tías, abuelas cuidadoras de hijos o familiares con patologías crónicas? Katherine Hernández de Prepara Familia manifestó que se ven vulnerados sus derechos al pleno desenvolvimiento de sus capacidades, a la salud, a la educación, al trabajo digno, al ocio y al autocuidado están siendo aplazados y vulnerados

• 95% de las que se internan con los niños o niñas en hospitales o unidades pediátricas son mujeres..
• Al estar dedicadas exclusivamente al cuidado, no pueden integrarse al mercado laboral. Dejan sus trabajos, estudios, planes, entornos familiares. 
• Deben movilizarse desde las regiones que habitan hasta hospitales de la capital.
• No poseen recursos para cubrir sus necesidades personales mínimas: insumos de higiene personal, insumos de higiene menstrual, y alimentos.
• Carecen de mobiliario acorde para pernoctar en condiciones dignas en las habitaciones de los niños. Las sillas o sofá-camas disponibles para dormir están muy deteriorados. Muchas mujeres cuidadoras duermen sobre toallas y sábanas.
• Carecen de servicios sanitarios en buen estado. No cuentan con suministro de agua, lo que compromete su higiene menstrual y personal. 
• Viven en condiciones extremas que ponen en riesgo su salud personal y mental. 

Mujeres pacientes oncológicas

Luisa Rodríguez de Funcamama señala que la organización ha prestado servicios de atención a mujeres pacientes oncológicas en el marco de la Emergencia Humanitaria Compleja. Además, han desarrollado programas como “Infórmate” para comunicar sobre la prevención y diagnóstico oportuno del cáncer de mama y “Cuídate”, programa que promueven estilos de vida saludables para disminuir riesgo de cáncer de mama, talleres de autoayuda.

• En 19 años se ha reducido la expectativa de vida de las mujeres venezolanas debido a la mortalidad por cáncer de mama.
• 5 millones de mujeres venezolanas entre 35 y 75 años deben realizarse una mamografía anualmente.
• Venezuela tiene 14 millones de mujeres, según Cepal en 2020. De total de mujeres, se estimaba que fallecerían 15.928 por cáncer en el 2020
• 349.238 mujeres (6%) tienen la capacidad para pagar una mamografía en un centro de salud privado.
• 5.471.390 mujeres tienen que acudir a un centro de salud público 
• Diariamente fallecen en Venezuela 8 mujeres por falta de atención en cáncer de mama.
• 3.199 es el número registrado de mujeres fallecidas por diagnóstico tardío y falta de tratamiento de cáncer de mama. 
• Una de cada 10 venezolanas desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida, siendo el riesgo 8 de cada 10. 

Mujeres defensoras de DDHH

Rosa Elena Acevedo de Uniandes asegura que la organización ha desarrollado un estudio con 168 mujeres en cuatro estados de Venezuela que contaron su trabajo en las fronteras como activistas y defensoras de derechos humanos.

• 23% de las defensoras han sufrido algún tipo de amenaza e intimidación por parte de militares (47%), justicia (22%), gobiernos locales (18%), educación (8%), diputados (5%).
• Las defensoras de DDHH se sienten vulnerables, no cuentan con las estructuras del Estado que den respuesta oportuna a quienes canalizan la defensa de los derechos humanos.
• Sienten que están a merced de grupos armados. 
• No tienen apoyo ni recursos.
• Están en situación crítica por la actitud indiferente e insensible de la mayoría de los ciudadanos. 
• Limitadas por los diferentes controles que ejerce el Estado, tales como las cajas CLAP, gas, gasolina, internet. 
• Sin garantía para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

Mujeres embarazadas y con VIH

La falta de cifras oficiales y la opacidad del Estado con indicadores de salud hace difícil medir con exactitud y precisión el impacto de la emergencia humanitaria en las mujeres venezolanas, expresa Natasha Saturno de Acción Solidaria

• De 133 registros documentados en 2020 en el monitoreo de incidentes, 76 están relacionados al derecho a la salud de las mujeres. 
• Los incidentes más denunciados o registrados fueron aquellos relacionados a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 
• 90% de desabastecimiento de productos anticonceptivos, tales como condones femeninos, píldoras, aparatos intrauterinos. 
• 50% de desabastecimiento de condones masculinos. Y si se consiguen, su precio sobrepasa el salario mínimo.
• 57,7% de las mujeres no tienen acceso a servicios de salud de ningún tipo. 
• La tasa de mortalidad materna es de 112,2 por cada 100 mil nacidos vivos.
• Médicos y enfermeras se ven obligados a atender a mujeres embarazadas sin recursos. En muchos casos, tampoco pueden atenderlas y deben recorrer varios hospitales en trabajo de parto. 
• Las mujeres embarazadas con VIH viven con el estigma. 2 de cada 4 mujeres con VIH son discriminadas en centros de atención públicos de salud. Les exigen un “kit de bioseguridad”, prohibido por la ley. 

Venezuela recibió esta semana 85 toneladas de ayuda humanitaria que servirán para atender la crisis sanitaria que vive el país, especialmente agravada por la pandemia del coronavirus, informó la oposición venezolana en un comunicado.

El escrito, publicado por el equipo político que dirige el líder opositor Juan Guaidó, da cuenta de dos cargamentos que llegaron a la nación caribeña los días martes 16 y jueves 18 de marzo, gracias a la mediación de la Federación Internacional de la Cruz Roja y a la Media Luna Roja y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), respectivamente.

El primer cargamento, explicó, consiste en 30 toneladas de materiales, entre los que hay kits de higiene familiar, de limpieza de uso hospitalario y bidones para el almacenamiento de agua segura.

Esta dotación será distribuida por voluntarios de la Cruz Roja venezolana a las comunidades más vulnerables del país, así como a la red de hospitales y ambulatorios de la Cruz Roja en el país.

Este, según la oposición, es el tercer envío de ayuda humanitaria que gestiona para Venezuela la Cruz Roja en lo que va de 2021.

Luego, el jueves pasado el país recibió 55 toneladas de equipos de protección personal (EPP), medicamentos y material quirúrgico, que fueron gestionadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como parte del acuerdo firmado en junio del 2020 entre un equipo del Parlamento, que era entonces liderado por Guaidó, y el ministerio venezolano de Salud.

Este cargamento incluye un millón de inyectadoras, así como miles de gorros desechables, catéteres venosos, guantes estériles, goteros, monos quirúrgicos desechables, batas para pacientes, entre otros materiales que, por lo general, escasean en el deteriorado sistema público de salud del país.

Venezuela ha entrado en una segunda ola de contagios por COVID-19, o así la ha dicho el gobierno de Nicolás Maduro esta semana, luego de que el número diario de infecciones superara nuevamente al millar, mientras que la enfermedad se ha cobrado la vida de 1.483 personas en el país.

Siete historias retratan la devastación en Venezuela

Desde Transparencia Venezuela se han registrado suficientes evidencias para asegurar que la crisis humanitaria compleja que padecen los venezolanos es producto de la corrupción, por la que han sido señalados los más altos personajes del liderazgo político y los responsables del Estado venezolano.

Pero más allá de los datos, las cifras, las estadísticas, las infografías y los gráficos, está la cotidianidad, la diaria escasez y las carencias en la que el empobrecimiento y la devastación, producto de la corrupción, han sumergido a la población. Un drama exacerbado por la pandemia por COVID-19, que suma más vulnerabilidad e indefensión.

Crónicas de una Emergencia Humanitaria fue concebida para mostrar una visión más cercana de ese impacto de la corrupción en la vida diaria. Maruja Dagnino, nos cuenta en siete entregas cómo se está viviendo la corrupción en distintos lugares del país, luego de constatar directamente la situación y entrevistar a académicos, gremialistas, expertos y al venezolano común. 

«Esas crónicas son el resultado de testimonios que nos muestran cómo la corrupción afecta a la vida de las personas. Nos permiten evidenciar ese hilo invisible que hay entre la corrupción y la crisis humanitaria, a través de historias personales. En la búsqueda de casos concretos de víctimas, encontramos también una fotografía de cómo opera la pequeña corrupción. Historias de primera mano que exhiben cómo se trafica con el Clap, cómo opera la delincuencia organizada en las comunidades más vulnerables, o la corrupción en una empresa del Estado. Son unas historias perturbadoras, que nos ponen en contacto con la odisea cotidiana de vivir en Venezuela”, expresa Dagnino.

Por aquí todo bien, La Semilla del Mal, Al hospital se viene a morir, La frontera, violencia que calla, La salud está en cuarentena, Jugando a los guerrillos y Las formas del hambre dan voces a un médico, una escritora, una contadora exempleada de una empresa agrícola, una costurera, una defensora de derechos humanos perseguida por los colectivos en la frontera. “Son un coro de voces que juntos nos ayudaron a hilar estos tejidos que van del dolor a la impotencia, pero en las que siempre encontramos una profunda resiliencia, y eso a lo que se le suele llamar reserva moral», dijo Dagnino.

Crónicas de una Emergencia Humanitaria es más que una investigación, es una propuesta literaria e histórica, que cuenta con ilustraciones realizadas por Ricardo Velásquez. 

Lee las siete crónicas en https://transparencia.org.ve/project/cronicas-de-una-emergencia-humanitaria/

El diputado y comisionado para la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, informó que este domingo 22 de noviembre llegó al país un avión con 32 toneladas de ayuda humanitaria

Pizarro agradeció a la Comunidad Internacional de Donantes y Agencias Humanitarias por su compromiso y apoyo a los venezolanos en medio de la crisis que vive el país.

El Comisionado afirmó que entre los suministros se encuentran equipos de protección contra la pandemia del COVID-19, kits hospitalarios esenciales, suministros de nutrición e insumos para la campaña de inmunización.

El avión proveniente de París, enviado por la Comunidad Internacional de Donantes, trajo 32 toneladas de suministros de salud que incluyen: equipos de protección personal, kits hospitalarios con insumos esenciales, mascarillas, jabones, protección ocular, suministros de nutrición e insumos para la campaña de inmunización.

Como comisionado para la Organización de Naciones Unidas, Pizarro reiteró que estos insumos son enviados de forma específica para ayudar a salvar la vida de los venezolanos y subsanar la precariedad del sistema de salud. «La ayuda humanitaria es en apoyo al país y llega a Venezuela producto de la solidaridad de gobiernos y organismos multilaterales», dice un comunicado del gobierno interino. 

«Nuestro agradecimiento a la Comunidad Internacional de Donantes y las Agencias Humanitarias que siguen haciendo posible que esta ayuda llegue a los venezolanos. A su vez, recordamos que el espacio humanitario y los principios humanitarios: igualdad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa, deben ser respetados; y el intento de propaganda y manipulación debe ser condenado», agregó la nota de prensa oficial. 

La ONG, Justicia, Encuentro y Perdón sostiene que 12 privados de libertad ya cumplieron sentencia y aun siguen detenidos 

Un informe de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón revela que 176 presos políticos se encuentran a la espera de conocer su estatus procesal, lo que representa el 42,2 % del total, que se ubica en 417.

La organización denuncia que los privados de libertad no tienen derecho ni a revisar sus expedientes, contraviniendo el debido proceso.

De los 417 casos de presos políticos registrados hasta la fecha, un total de 62 (14.8 %) se encuentran en fase de investigación por parte del Ministerio Público; aun cuando muchos de ellos tienen años en esta fase, vulnerando así el principio de presunción de inocencia.

Además, 84 personas detenidas por razones políticas se encuentran actualmente en la fase de audiencia preliminar, lo cual representa el 20,1 % del total de los casos; mientras que 43 personas han sido condenadas en procesos viciados, sin mínimas garantías.

Por otra parte el informe denuncia que 12 presos ya cumplieron sus penas y aún siguen detenidos en los centros de reclusión, sin que los órganos judiciales tomen cartas en el asunto y mucho menos la Defensoría del Pueblo, garante de los derechos humanos en el país.

El documento concluye que la impunidad y las faltas al debido proceso se enmarcan a todo nivel en el ámbito venezolano, permitiendo y facilitando las violaciones en las acciones que se emprenden para aleccionar a personas disidentes y, en general, contra todos quienes exigen sus derechos en una Venezuela devastada por los impactos de la Emergencia Humanitaria Compleja.

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Igualmente resalta la necesidad de que la comunidad internacional siga documentando las constantes violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela, e intercedan a favor de la liberación de los cientos de presos políticos privados de los mecanismos nacionales a los que se pueda acudir para obtener protección y justicia.