La nueva cifra, que es más del doble de lo sentenciado, incluye las costas procesales, que han sido calculadas en 3,33 millones de dólares

De acuerdo con el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del área metropolitana de Caracas; aumentó de manera unilateral el monto que el diario El Nacional debe cancelar al diputado y segundo al mando del chavismo, Diosdado Cabello. “Ahora El Nacional deberá pagarle a Diosdado Cabello 30,05 millones de dólares por concepto de daño moral”, expresó e medio de comunicación a través de su portal web.

Anteriormente, la cifra dictaminada por el tribunal el pasado en fecha 31 de mayo de 2018 por supuestos “daños morales” al parlamentario se elevaba hasta los mil millones de bolívares, sin embargo, hace apenas un mes, la justicia venezolana indicó que el monto total serían unos 13,36 millones de dólares.

“La nueva cifra, que es más del doble de lo sentenciado, incluye las costas procesales, que han sido calculadas en 3,33 millones de dólares”, expresaron.

“En consecuencia, se decreta medida ejecutiva de embargo sobre bienes propiedad de la parte demandada hasta cubrir la cantidad en bolívares equivalente a 533.250 petros, cantidad que deberá calcularse según el valor del petro para el momento del efectivo pago, y, que comprende el doble de la cantidad condenada más las costas procesales calculadas por este juzgado en 25%, y que ascienden a la cantidad de 59.250 petros, cantidad está ya incluida en la anterior”, indicó.

Los 533.250 petros equivalen a 93,88 billones de bolívares (30,05 millones de dólares o 24,65 millones de euros). Las costas procesales son el equivalente a 10,43 billones de bolívares (3,33 millones de dólares o 2,73 millones de euros).

“Se deja constancia que si la presente medida recayera sobre cantidades líquidas de dinero, la misma será ejecutada hasta cubrir la cantidad de 296.250 petros, que comprende la cantidad condenada más las costas procesales calculadas”, agrega.

“Igualmente, se faculta amplia y suficientemente al Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas que resulte seleccionado previo sorteo, a los efectos de designar los auxiliares de justicia respectivos”, concluye.

El embargo de El Nacional

El Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas practicó el embargo ejecutivo contra la sociedad mercantil Editora El Nacional C.A., parte demandada en el juicio que por daño moral sigue en su contra el ciudadano Diosdado Cabello.

La medida se ejecutó la tarde del viernes 14 de mayo. El cartel de notificación indicó que se cubre la cantidad de 141.501,24 petros del total de 237.000 petros que obliga a pagar el Tribunal Supremo de Justicia.

*Con información de EN y TC

Según Cabello, su interés no es obtener ganancias personales de los embargos

Foto: @ConElMazoDando

Diosdado Cabello, segundo vicepresidente del PSUV, señaló este miércoles, 19 de mayo, que en la sede de el diario El Nacional «no hay nada».

En su programa Con El Mazo Dando, que transmite VTV, Cabello expresó: «Pedí a los jueces que fueran dos veces porque le dieron un valor inicial (a la sede), pensando que lo que estaba allí valía la pena, pero eso son solo cuatro paredes, allí no hay nada».

Asimismo, dijo que en la sede «se robaron hasta los botones del tablero de los ascensores. La imprenta la desmantelaron, allí no hay imprenta de nada».

Sin embargo, Cabello solicitó que revisaran el valor de la edificación y los tribunales embargaran otras propiedades del presidente editor de El Nacional para cubrir la deuda.

«He pedido que se reconsidere el valor, porque hay otros sitios. Tendrán que buscar unos galpones por aquí, otras imprentas por allá, otros edificios, otras casas», dijo.

Supuestamente, según dijo, su interés no es obtener ganancias personales de los embargos: «No quiero plata de eso para mí, ni un centavo».

«El efectivo será para vacunas, si no, una universidad, unas viviendas, para uso del pueblo y me sentiré reivindicado», aseguró el oficialista.

Por otra parte, rechazó las críticas que surgieron por parte de distintas figuras públicas y organizaciones a nivel nacional e internacional, pues consideraron la toma de la sede como un atropello a la libertad de expresión en el país.

«Los tribunales actuaron, ellos no quisieron pagar y se tomaron las instalaciones en santa paz. Algunos son tan caras de tabla… ¿El Nacional tiene derechos y yo no? ¿No tengo derecho a defenderme? La justicia tarda, pero llega», insistió Cabello.

El pasado viernes, 14 de mayo, se realizó un embargo a la sede del medio que informó a los venezolanos durante 77 años como parte del pago a la demanda en su contra, emitida por Cabello en 2016.

Con información de TalCual y El Pitazo

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@victoralvarezr      

Citgo es un conglomerado de refinerías de Pdvsa en EE. UU. y cuenta con una capacidad de refinación de 745.000 b/d. Tiene 3500 empleados que operan 48 terminales, 9 oleoductos y una red de 5000 gasolineras. Su valor se calcula en $ 8000 millones y por eso está en la mira de los acreedores de PDVSA y la República, que quieren cobrar -con cargo a las acciones de Citgo- unas deudas pendientes.

Por un lado están los tenedores del Bono PDVSA 2020, a quienes se les debe $ 1700 millones y a los cuales se les ofreció como garantía el 50,1 % de las acciones de PDV Holding, dueña de CITGO. Pero también está Crystallex, una minera canadiense que reclama una indemnización de 1400 millones de dólares por la expropiación de la mina de oro Las Cristinas.

Con base en esta interpretación, Crystallex resultó favorecida por la sentencia de un tribunal de EE. UU. que le permite incautar las acciones de Citgo para cobrar la indemnización pendiente. La reciente sentencia del juez Leonard Stark ordenó la venta de las acciones de PDV Holding para pagar la indemnización exigida por Crystallex.

Esta decisión queda pospuesta hasta que se levante la Orden Ejecutiva 13.884 que impide el embargo de cualquier activo venezolano sin una autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés). Pero esto no es ninguna garantía de que Citgo no será ejecutada, toda vez que la venta de las acciones se hará cuando se levanten las sanciones o cuando la OFAC conceda una licencia para rematarlas y pagar lo que se debe.

Si el valor de Citgo se estima en $ 8000 millones, el 50,1 % de las acciones que se vendería equivale a unos $ 4000 millones. De estos se pagarían $ 1700 millones a los tenedores del Bono 2020 y $ 1400 millones a Crystallex, para un subtotal de $ 3100 millones. Pdvsa recibiría los $ 900 millones restantes y mantendría en su poder el 49.9% de las acciones que quedan, aunque perdería el control de Citgo. El gran riesgo es que el avalúo subestime el verdadero valor de Citgo y las acciones de la compañía se rematen a un precio muy por debajo de lo que realmente valen.

A pesar de la crisis humanitaria que sufre Venezuela, la ejecución de Citgo ha entrado en cuenta regresiva y nada eficaz se ha hecho para evitarlo. Si el gobierno y la oposición no se ponen de acuerdo, Venezuela perderá CITGO cuando la OFAC conceda la licencia para que se rematen las acciones, o cuando ocurra un cambio político, se levanten las sanciones y los acreedores se lancen como aves de rapiña a disputarse los escombros de un país en ruinas.

¿Qué hacer? Maduro y Guaidó están emplazados a pactar una tregua y acordar una estrategia común para salvar los activos de PDVSA. Cualquiera sea quien finalmente se quede con el gobierno va a necesitar este complejo refinador que el país tiene en EE. UU. para reconstruir la nación. Por tal razón, deben solicitar a la ONU con carácter de urgencia una resolución para proteger de la rapiña de los acreedores los activos de un país que atraviesa por una grave crisis humanitaria.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El pasado lunes 5 de agosto el presidente Donald Trump emitió una nueva orden ejecutiva donde impuso un congelamiento de todos los bienes e intereses del gobierno de Venezuela en Estados Unidos. 

Es una de las medidas más fuertes que se ha tomado hasta ahora en contra del régimen de Nicolás Maduro, pero que exceptúa la importación de alimentos, medicinas y la actividad de las empresas privadas. 

Ante esta escalada en la presión de Estados Unidos hacia Venezuela y la complejidad de conceptos sobre el tema, traemos un glosario que ayude a entender más el mundo de las sanciones y los embargos internacionales: 

Departamento del Tesoro: Es un departamento del Gobierno de Estados Unidos encargado de administrar el tesoro público. Su objetivo es administrar la economía, crear oportunidades económicas y laborales, fortalecer la seguridad nacional y proteger la integridad del sistema financiero. 

El Departamento del Tesoro también se encarga de la “mejora de la seguridad nacional” mediante la aplicación de sanciones económicas contra los gobiernos, funcionarios públicos y cualquier otro agente que consideren amenazas externas a los Estados Unidos. 

OFAC: Es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, un organismo adscrito al Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de la aplicación de sanciones internacionales en el ámbito financiero y económico. Va dirigido a países, entidades o individuos que utilicen el sistema financiero para fines contrarios a las políticas de Estados Unidos. 

La OFAC publica en su página web (www.treasury.gov) una lista de los países, las organizaciones o personas con las que los ciudadanos estadounidenses no deben hacer negocios ni transacciones.

Licencia general: Es una autorización que emite la OFAC para permitir alguna transacción o negociación a países, individuos o instituciones, que de otra forma estaría prohibido. 

En el caso de Venezuela quedaron aprobadas en 12 licencias generales que ya existían y fueron modificadas y publicaron 13 nuevas donde se establece que se podrá importar medicinas, equipos médicos, alimentos, productos agrícolas y ropa para la emergencia humanitaria. Las remesas familiares también quedaron fuera de la sanción. 

Orden Ejecutiva: Son disposiciones dictadas por el presidente de Estados Unidos. Tienen rango de Ley y no necesitan la aprobación del Poder Legislativo, aunque pueden ser revisadas por los tribunales y ser revocadas.

Aunque el Congreso norteamericano no podría derogar una Orden Ejecutiva, sí puede aprobar leyes que limiten su rango de acción. 

Embargo: En el ámbito comercial y financiero un embargo es la prohibición total de comerciar o negociar con un país. Es una especie de castigo por las actuaciones políticas y económicas que haya tenido esa nación. 

La idea con el embargo es aislar al país al que se le impone por razones económicas, bélicas o políticas. La nación que toma esta medida le restringe a cualquier empresa o entidad dentro de su territorio o que tenga intereses fuera de él, tener algún tipo de vínculo comercial con ese otro país embargado. 

Uno de los embargos más largos de la historia es el impuesto por Estados Unidos a Cuba en 1962 y que se afianzó mediante la Ley Helms-Burton -aprobado por primera vez en el Congreso americano en 1992, con una modificación en 1996- eliminando por completo la posibilidad de hacer negocios en la isla y ampliando las penalizaciones para países extranjeros que comercialicen con Cuba. 

También se le prohibió a los estadounidenses viajar a Cuba como turistas. En un principio el embargo impuesto contra Cuba fue en respuesta a la nacionalización de empresas estadounidenses que hacían vida en la isla, posteriormente cambió a una exigencia de cese de violación de los Derechos Humanos por parte del Gobierno de Fidel Castro.

El embargo cubano establecía una restricción en todo tipo de productos, incluyendo medicinas y alimentos, aunque en el año 2000 el presidente Bill Clinton exceptuó estas mercancías como parte de asistencia humanitaria.

Pero aunque el Congreso haya establecido un embargo total, Estados Unidos sigue siendo uno de los socios comerciales de la isla, con la venta de productos agrícolas, lo que representa un 6,6% de las importaciones cubanas, según la BBC. 

En Venezuela, el presidente Donald Trump impuso un congelamiento de los bienes e intereses del Gobierno de Maduro, pero las empresas privadas pueden hacer negocios y transacciones dentro de Venezuela. 

Over Compliance: “Sobrecumplimiento”, en español, es un efecto que ocurre entre las instituciones financieras o empresas que, para cuidar su patrimonio y reputación, toman cuidados excesivos en su relación con un país, compañía o empresa sancionada e, incluso, prefieren no ejecutar ninguna acción. 

Aunque en las sanciones ordenadas por el presidente Donald Trump, se exceptúa a las empresas privadas, se pueden ver afectadas porque a las instituciones financieras les da cierto “temor” trabajar con ellas. Es un efecto indirecto porque puede representar un riesgo reputacional. 

Sanción: Penalización aplicada por un Estado contra otros países, instituciones o individuos y que tienen como objetivo modificar algún comportamiento, cambiar un régimen o contener una amenaza para la paz o seguridad internacional. 

Se pueden aplicar dos tipos de sanciones, una sería la general donde se prohíben las transacciones con todos los individuos, empresas y gobierno de un país, que sería el caso de Cuba, Irán y Corea del Norte.

Las sanciones específicas también prohíben las transacciones pero con individuos, instituciones o actividades designadas. También se aplica para las actividades de terrorismo, proliferación de armas o narcotráfico. 

Es lo que ha aplicado el Gobierno de Estados Unidos en contra de actividades, individuos e instituciones públicas de Venezuela. En la última medida tomada el lunes, 5 de agosto, se congelaron todos los bienes e intereses del Gobierno de Venezuela en territorio estadounidense. 

Tampoco se pueden “transferir, pagar, exportar, retirar o negociar con ellos de otra manera”. En este caso quedan incluidas todas aquellas personas o empresas que estén vinculadas al régimen de Maduro. 

Sanción secundaria: En la nueva Orden Ejecutiva, emitida por el presidente Donald Trump, se indica que cualquier empresa o persona que haga negocios o transacciones con el régimen de Nicolás Maduro puede ser producto de las sanciones. En este caso se aplica también para personas o empresas que no sean de Estados Unidos. 

Queda exceptuada en esta Orden Ejecutiva y en las sanciones secundarias, las empresas privadas tanto venezolanas como las extranjeras, siempre y cuando demuestren que no tienen ningún tipo de relación económica o comercial con el Gobierno de Venezuela. 

Sanciones europeas: La Unión Europea también ha impuesto sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro, referidas a la prohibición de “venta, suministro, transferencia o exportación de armas y material relacionado de todo tipo, incluidas armas y municiones, vehículos y equipos militares, equipos paramilitares y repuestos” 

Además también estableció la prohibición de viajar e inmovilización de activos para 18 funcionarios del régimen de Maduro y que son responsables de violación a los Derechos Humanos. 

SDN: Los Specially Designated Nationals (SDN) son personas, instituciones o empresas a las que el Gobierno de Estados Unidos determina están involucradas en actividades que amenazan su política exterior. 

A las personas, instituciones o empresas que aparezcan en la lista de los SDN que publica la OFAC, se les bloquean todos los bienes que tengan en territorio norteamericano. Esta lista se va actualizando periódicamente en la página web de la OFAC y advierte a los ciudadanos estadounidenses que no deben hacer negocios con estos individuos, gobiernos o entidades.

Actualmente se encuentran en esta lista 88 funcionarios y empresarios venezolanos, y también instituciones como el Banco Central de Venezuela (BCV), Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), Banco Bicentenario, Minerven, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

También están empresas privadas como Globovisión, Seguros La Vitalicia y Corpomedios GV.

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) apeló el viernes ante una corte de EE.UU. la decisión que autoriza el embargo de las acciones de PDV Holding, la compañía matriz de Citgo en suelo estadounidense, a favor de la canadiense Crystallex, que reclama al país 1.400 millones de dólares.

PDVSA embargada

PDVSA acaba de perder (25-04-2018) un arbitraje ante la Cámara Internacional de Comercio (CIC) por un monto de US$ 2.040 millones, proceso iniciado por la Conoco Phillips cuando ésta fue expropiada por el fallecido presidente Hugo Chávez hace ya  una década, cuando la Conoco se negó sumarse a unos  cambios decididos por el gobierno en forma unilateral, en los acuerdos que regían a las empresas mixtas que operaban en el negocio petrolero.

No  habían pasado 15 días de la decisión de la CIC,  cuando la Conoco hizo valer sus derechos derivados y  reconocidos en el arbitraje y asumió judicialmente  “el control de los activos petroleros de Venezuela en la isla caribeña de Bonaire y presentó órdenes judiciales para hacer lo mismo Curazao y Aruba”, reseñado por la agencia Bloomberg

El pasado día jueves 10 de mayo el gobierno nacional declaró que esperaba llegar a un acuerdo con la Conoco sobre el reparo hoy día convertido en deuda.

Las consecuencias económicas para Venezuela de lo anteriormente descrito son graves y se suma a toda una colección de errores,  tanto del pasado como de la actual administración, que cree que puede manejar el derecho internacional y a los clientes internacionales como hace política a lo interno del país. Un desconocimiento supino del funcionamiento de un mundo globalizado con un marco normativo supranacional, del cual formamos parte y lo hemos suscrito.

Consecuencias 

Nuestra errática política petrolera ha traído como consecuencia que en este momento refinerías que se encuentran en Bonaire, Aruba y Curazao, se encuentran paralizadas por carecer del crudo  necesario para su funcionamiento. Esto crea un gran problema para los gobiernos de estas islas, cuantificable en lo económico y social, ésta última, dada la fuente de empleo para sus nacionales.

Nuestros tanqueros que transportan petróleo, no pueden surcar las aguas internacionales y menos llegar a sus terminales destinos, porque podrían ser objetos de embargo  tanto del buque si es propiedad de PDVSA y del bien transportado.

Venezuela, bien podría dar en “propiedad” el crudo a transportar a terceros, llámese CITGO o cualquier otra empresa bien sea de China o Rusia, pero cualquier operación triangulada tiene su riesgos y un incremento en sus costos operativos.

El gobierno podría tratar de vender el petróleo en nuestros puertos, lo que significa que los compradores tendrían que transportarlo a su destino. Esto no es tan fácil, cuando hoy día estamos en  un mercado de oferentes con condiciones ventajosas frente a un productor-vendedor con problemas y limitaciones legales para hacer negocios a nivel internacional.

Venezuela podría hacer algunas maniobras operativas y legales, pero cualquiera de ellas significaría vender por debajo del precio internacional, lo cual violaría los acuerdos de la OPEP y un  sacrificio relevante y significativo  en los ingresos tan importantes para el gobierno. Cualquier otra maniobra financiera, como vender a crédito se transformaría en menores ingresos del flujo de caja en divisas.

No es difícil imaginar en los últimos días, que la situación de caja de PDVSA y por ende del gobierno debe ser crítica, y lo será en las próximas semanas, al no poder colocar crudo en los mercados clientes de la empresa.

Conoco conoce bien la situación operativa, económica y financiera de PDVSA y procedió lo más rápido posible en tratar de recuperar su indemnización. Cuando hay varios acreedores y un moroso que tiende a quiebra, la táctica recomienda llevar la iniciativa y tratar de cobrar de primero. La respuesta del gobierno y no le quedaba otra, fue “querer llegar a un acuerdo”, mensaje muy negativo para el propio gobierno, ya que la comunidad de acreedores lo interpretará de la siguiente manera: Para cobrarle a PDVSA hay que jugar duro y esto se traduce en embargar cualquier activo venezolano a nivel del planeta sentándole a negociar y pagar.

Riesgos

• Venezuela y PDVSA en concreto no han asimilado experiencias recientes sucedidas en Argentina y otros países que se han acogido a procesos de no pago de deuda externa, que han expropiado a empresas y éstas han recurrido a tribunales internacionales en busca de arreglos e indemnizaciones, con las consecuencias para su economía, muchas de ellas con el descrédito y la falta de confianza proyectadas en el tiempo. Entre esos riesgos podríamos describir:
• Nuestro buque escuela de la Armada (el cual no es de PDVSA, pero todo es posible)  que anualmente visita países como parte de sus estudios militares, ya no podrá ir sino a Cuba, ni siquiera a Bolivia, porque no tiene mar.
• PDVSA, se ve más limitada en hacer operaciones a nivel mundial de cualquier tipo, compras de repuestos, mantenimiento, transferencias financieras, manejos de cuenta, pagos de terceros a favor de la Empresa, incluso si CITGO reparte dividendos a sus accionistas (PDVSA) estos podrían ser embargados. 
• PDVSA probablemente tendrá que enfrentar varias demandas en los próximos días, una de ellas la de Rusoro Mining en proceso por unos US$ 1.300 millones. Todo ello significará mayores desembolsos dado el monto demandado más los costos judiciales y esto traerá un “efecto cascada”.
• El riesgo o debacle financiero para el país es inmenso: estamos hablando que nuestros ingresos en divisas dependen un 96% de la industria petrolera, la cual ha venido disminuyendo su producción y ahora lo poco que produce no lo puede exportar porque podría ser objeto de demandas por deudas.
• A lo interno, la escasez de divisas se hará más dramática y con ello,  la escasez de comida y de medicinas. Esto se traduce en un incremento de la tragedia humanitaria del venezolano.
• Creemos que tampoco habrá mucho dinero para las bolsas CLAP, (deben alcanzar hasta el 20 de mayo) y esto si es grave tratándose de un gobierno bizarro, populista y derrochador.

Gane quien gane las elecciones, no le presagiamos normalidad en los próximos meses. Al contrario: después del 21 de mayo se impondrá la conflictividad, la necesidad y un incremento de las protestas sociales  difícil de contener. La economía obedece a una lógica y a decisiones. El problema son los decisores.

@alexisaponte14

Opinión y Noticias

La petrolera estadounidense ConocoPhillips confiscó productos pertenecientes a la petrolera estatal venezolana PDVSA desde la refinería Isla que opera en Curazao, dijo el ministro de Economía y Desarrollo del país caribeño a Reuters el domingo.

La medida se produce después de que una corte de Curazao autorizó a ConocoPhillips embargar 636 millones de dólares en activos de PDVSA, la más reciente decisión judicial en un litigio de 2.000 millones de dólares por la nacionalización de los proyectos de la petrolera estadounidense en Venezuela hace más de una década.

“Los productos de PDVSA de las instalaciones de la refinería de Isla han sido confiscados, no tenemos forma de obtenerlos”, dijo el ministro de Economía y Desarrollo de Curazao, Steven Martina, quien no proporcionó detalles sobre el volumen y el valor de los productos confiscados.

Martina agregó que Curazao planeaba reunirse con PDVSA y Conoco esta próxima semana para discutir la disputa de arbitraje que ha llevado a la petrolera estadounidense a apoderarse de los activos venezolanos en el Caribe.

El funcionario agregó que el gobierno cuenta con almacenes de combustible y reservas propias, lo que le permitirá cubrir la capacidad de producción de la refinería, de unos 335.000 barriles al día. “El plan de contingencia está funcionando y hace posible garantizar gasolina, kerosen, fuel oil, gasoil y otros productos”, informó el ministro.

PDVSA y Conoco no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios de Reuters.

Por su parte, el Primer Ministro de Curazao, Eugene Rhuggenaath, dijo el domingo en conferencia de prensa que se instaló un consejo de ministros para atender la contingencia y garantizar el suministro al país.

“No hay motivo para alarmarse, están garantizados combustible y servicios”, dijo Rhuggenaath. Agregó que los abogados también están contactando a Conoco para “alcanzar (un) pacto y negociar”.

La disputa también ha causado preocupación en Curazao, un territorio autónomo del Reino de los Países Bajos​​, con una industria turística vibrante y un puerto de aguas profundas utilizado por la industria petrolera. La isla depende fuertemente de la refinería, que proporciona hasta un 10 por ciento del producto interno bruto de Curazao y es una gran fuente de empleo en la isla, cercana a Venezuela.

PDVSA anunció en un comunicado esta semana que busca resolver la situación por “la vía legal y pacífica”, tras el fallo emitido por la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por su sigla en inglés) que determinó hace unas semanas el monto que le corresponde cancelar a PDVSA por la salida de Conoco de un proyecto petrolero en la rica Faja del Orinoco venezolana.

La nota oficial de PDVSA fue retirada minutos después de la cuenta oficial.

La compañía venezolana busca maneras de eludir las órdenes legales para entregar activos. Transfirió la custodia de combustible producido en la refinería al Gobierno de Curazao, dueño de la instalación, según han dicho fuentes a Reuters.

En otra medida legal para evitar que se incautara petróleo, PDVSA transfirió la propiedad del crudo que se refina en Isla a su unidad en Estados Unidos, Citgo Petroleum, dijo otra de las fuentes.

Una corte de Curazao autorizó a ConocoPhillips embargar 636 millones de dólares en activos de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa), en el más reciente dictamen en el Caribe como parte de un litigio de 2.000 millones de dólares por la nacionalización de los proyectos de la petrolera estadounidense en Venezuela hace una década.

La decisión del tribunal, reportada inicialmente el sábado por el medio caribeño Antilliaans Dagblad, indica que la isla de Curazao puede adjuntar “petróleo o productos derivados del petróleo, en los barcos y en los depósitos bancarios”.

Conoco y Pdvsa no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Reuters informó el viernes que Pdvsa se preparaba para cerrar la refinería Isla, con capacidad para procesar de 335.000 barriles por día, que opera en Curazao, en medio de amenazas de Conoco de embargar cargamentos para reabastecer la instalación, de acuerdo a dos fuentes con conocimiento de la situación.

La refinería no ha recibido embarques de Pdvsa desde la semana pasada y tiene planeado acabar con los inventarios existentes en los próximos días, según han dicho las fuentes.

La petrolera venezolana asegura que busca resolver la controversia por “la vía legal y pacífica” tras la decisión de la Cámara de Comercio Internacional, que determinó hace unas semanas el monto que le corresponde cancelar a Pdvsa por la salida de Conoco de un proyecto petrolero en la rica Faja del Orinoco. Reuters