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Y sin embargo, un glosario: guía rápida para entender las sanciones de Trump

EL PASADO LUNES 5 DE AGOSTO el presidente Donald Trump emitió una nueva orden ejecutiva donde impuso un congelamiento de todos los bienes e intereses del gobierno de Venezuela en Estados Unidos. 

Es una de las medidas más fuertes que se ha tomado hasta ahora en contra del régimen de Nicolás Maduro, pero que exceptúa la importación de alimentos, medicinas y la actividad de las empresas privadas. 

Ante esta escalada en la presión de Estados Unidos hacia Venezuela y la complejidad de conceptos sobre el tema, traemos un glosario que ayude a entender más el mundo de las sanciones y los embargos internacionales: 

Departamento del Tesoro: Es un departamento del Gobierno de Estados Unidos encargado de administrar el tesoro público. Su objetivo es administrar la economía, crear oportunidades económicas y laborales, fortalecer la seguridad nacional y proteger la integridad del sistema financiero. 

El Departamento del Tesoro también se encarga de la “mejora de la seguridad nacional” mediante la aplicación de sanciones económicas contra los gobiernos, funcionarios públicos y cualquier otro agente que consideren amenazas externas a los Estados Unidos. 

OFAC: Es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, un organismo adscrito al Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de la aplicación de sanciones internacionales en el ámbito financiero y económico. Va dirigido a países, entidades o individuos que utilicen el sistema financiero para fines contrarios a las políticas de Estados Unidos. 

La OFAC publica en su página web (www.treasury.gov) una lista de los países, las organizaciones o personas con las que los ciudadanos estadounidenses no deben hacer negocios ni transacciones.

Licencia general: Es una autorización que emite la OFAC para permitir alguna transacción o negociación a países, individuos o instituciones, que de otra forma estaría prohibido. 

En el caso de Venezuela quedaron aprobadas en 12 licencias generales que ya existían y fueron modificadas y publicaron 13 nuevas donde se establece que se podrá importar medicinas, equipos médicos, alimentos, productos agrícolas y ropa para la emergencia humanitaria. Las remesas familiares también quedaron fuera de la sanción. 

Orden Ejecutiva: Son disposiciones dictadas por el presidente de Estados Unidos. Tienen rango de Ley y no necesitan la aprobación del Poder Legislativo, aunque pueden ser revisadas por los tribunales y ser revocadas.

Aunque el Congreso norteamericano no podría derogar una Orden Ejecutiva, sí puede aprobar leyes que limiten su rango de acción. 

Embargo: En el ámbito comercial y financiero un embargo es la prohibición total de comerciar o negociar con un país. Es una especie de castigo por las actuaciones políticas y económicas que haya tenido esa nación. 

La idea con el embargo es aislar al país al que se le impone por razones económicas, bélicas o políticas. La nación que toma esta medida le restringe a cualquier empresa o entidad dentro de su territorio o que tenga intereses fuera de él, tener algún tipo de vínculo comercial con ese otro país embargado. 

Uno de los embargos más largos de la historia es el impuesto por Estados Unidos a Cuba en 1962 y que se afianzó mediante la Ley Helms-Burton -aprobado por primera vez en el Congreso americano en 1992, con una modificación en 1996- eliminando por completo la posibilidad de hacer negocios en la isla y ampliando las penalizaciones para países extranjeros que comercialicen con Cuba. 

También se le prohibió a los estadounidenses viajar a Cuba como turistas. En un principio el embargo impuesto contra Cuba fue en respuesta a la nacionalización de empresas estadounidenses que hacían vida en la isla, posteriormente cambió a una exigencia de cese de violación de los Derechos Humanos por parte del Gobierno de Fidel Castro.

El embargo cubano establecía una restricción en todo tipo de productos, incluyendo medicinas y alimentos, aunque en el año 2000 el presidente Bill Clinton exceptuó estas mercancías como parte de asistencia humanitaria.

Pero aunque el Congreso haya establecido un embargo total, Estados Unidos sigue siendo uno de los socios comerciales de la isla, con la venta de productos agrícolas, lo que representa un 6,6% de las importaciones cubanas, según la BBC

En Venezuela, el presidente Donald Trump impuso un congelamiento de los bienes e intereses del Gobierno de Maduro, pero las empresas privadas pueden hacer negocios y transacciones dentro de Venezuela. 

Over Compliance: “Sobrecumplimiento”, en español, es un efecto que ocurre entre las instituciones financieras o empresas que, para cuidar su patrimonio y reputación, toman cuidados excesivos en su relación con un país, compañía o empresa sancionada e, incluso, prefieren no ejecutar ninguna acción. 

Aunque en las sanciones ordenadas por el presidente Donald Trump, se exceptúa a las empresas privadas, se pueden ver afectadas porque a las instituciones financieras les da cierto “temor” trabajar con ellas. Es un efecto indirecto porque puede representar un riesgo reputacional. 

Sanción: Penalización aplicada por un Estado contra otros países, instituciones o individuos y que tienen como objetivo modificar algún comportamiento, cambiar un régimen o contener una amenaza para la paz o seguridad internacional. 

Se pueden aplicar dos tipos de sanciones, una sería la general donde se prohíben las transacciones con todos los individuos, empresas y gobierno de un país, que sería el caso de Cuba, Irán y Corea del Norte.

Las sanciones específicas también prohíben las transacciones pero con individuos, instituciones o actividades designadas. También se aplica para las actividades de terrorismo, proliferación de armas o narcotráfico. 

Es lo que ha aplicado el Gobierno de Estados Unidos en contra de actividades, individuos e instituciones públicas de Venezuela. En la última medida tomada el lunes, 5 de agosto, se congelaron todos los bienes e intereses del Gobierno de Venezuela en territorio estadounidense. 

Tampoco se pueden “transferir, pagar, exportar, retirar o negociar con ellos de otra manera”. En este caso quedan incluidas todas aquellas personas o empresas que estén vinculadas al régimen de Maduro. 

Sanción secundaria: En la nueva Orden Ejecutiva, emitida por el presidente Donald Trump, se indica que cualquier empresa o persona que haga negocios o transacciones con el régimen de Nicolás Maduro puede ser producto de las sanciones. En este caso se aplica también para personas o empresas que no sean de Estados Unidos. 

Queda exceptuada en esta Orden Ejecutiva y en las sanciones secundarias, las empresas privadas tanto venezolanas como las extranjeras, siempre y cuando demuestren que no tienen ningún tipo de relación económica o comercial con el Gobierno de Venezuela. 

Sanciones europeas: La Unión Europea también ha impuesto sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro, referidas a la prohibición de “venta, suministro, transferencia o exportación de armas y material relacionado de todo tipo, incluidas armas y municiones, vehículos y equipos militares, equipos paramilitares y repuestos” 

Además también estableció la prohibición de viajar e inmovilización de activos para 18 funcionarios del régimen de Maduro y que son responsables de violación a los Derechos Humanos. 

SDN: Los Specially Designated Nationals (SDN) son personas, instituciones o empresas a las que el Gobierno de Estados Unidos determina están involucradas en actividades que amenazan su política exterior. 

A las personas, instituciones o empresas que aparezcan en la lista de los SDN que publica la OFAC, se les bloquean todos los bienes que tengan en territorio norteamericano. Esta lista se va actualizando periódicamente en la página web de la OFAC y advierte a los ciudadanos estadounidenses que no deben hacer negocios con estos individuos, gobiernos o entidades.

Actualmente se encuentran en esta lista 88 funcionarios y empresarios venezolanos, y también instituciones como el Banco Central de Venezuela (BCV), Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), Banco Bicentenario, Minerven, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

También están empresas privadas como Globovisión, Seguros La Vitalicia y Corpomedios GV.

PDVSA apela decisión que autoriza embargo de Citgo

 

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) apeló el viernes ante una corte de EE.UU. la decisión que autoriza el embargo de las acciones de PDV Holding, la compañía matriz de Citgo en suelo estadounidense, a favor de la canadiense Crystallex, que reclama al país 1.400 millones de dólares.

En un comunicado difundido hoy por medios locales, PDVSA indicó que presentó un recurso ante la Corte Federal de Apelaciones del Tercer Circuito para solicitar que emita una orden que deje sin efecto la decisión de la Corte Federal de distrito de Delaware “que autoriza la emisión y notificación de una orden de embargo de las acciones de PDV Holding”.

En el texto, la petrolera estatal también señaló que solicitó “reconocer que la Corte Federal de Distrito ha sido despojada de jurisdicción con respecto a PDVSA y sus activos”.

“Y, por lo tanto, abstenerse de cualquier ejecución de su orden del 9 de agosto mientras esté pendiente de resolución de la apelación contra dicha orden notificada por PDVSA el pasado 10 de agosto”, agregó en relación a la autorización que dio el juez Leonard Stark sobre la incautación de Citgo a favor de Crystallex.

La minera canadiense reclama 1.400 millones de dólares por la nacionalización en 2008 del yacimiento Las Cristinas, ubicado en Venezuela, que contiene uno de los depósitos de oro más grandes del mundo.

May 15, 2018 | Actualizado hace 2 años

 

PDVSA embargada

PDVSA acaba de perder (25-04-2018) un arbitraje ante la Cámara Internacional de Comercio (CIC) por un monto de US$ 2.040 millones, proceso iniciado por la Conoco Phillips cuando ésta fue expropiada por el fallecido presidente Hugo Chávez hace ya  una década, cuando la Conoco se negó sumarse a unos  cambios decididos por el gobierno en forma unilateral, en los acuerdos que regían a las empresas mixtas que operaban en el negocio petrolero.

No  habían pasado 15 días de la decisión de la CIC,  cuando la Conoco hizo valer sus derechos derivados y  reconocidos en el arbitraje y asumió judicialmente  “el control de los activos petroleros de Venezuela en la isla caribeña de Bonaire y presentó órdenes judiciales para hacer lo mismo Curazao y Aruba”, reseñado por la agencia Bloomberg

El pasado día jueves 10 de mayo el gobierno nacional declaró que esperaba llegar a un acuerdo con la Conoco sobre el reparo hoy día convertido en deuda.

Las consecuencias económicas para Venezuela de lo anteriormente descrito son graves y se suma a toda una colección de errores,  tanto del pasado como de la actual administración, que cree que puede manejar el derecho internacional y a los clientes internacionales como hace política a lo interno del país. Un desconocimiento supino del funcionamiento de un mundo globalizado con un marco normativo supranacional, del cual formamos parte y lo hemos suscrito.

Consecuencias 

Nuestra errática política petrolera ha traído como consecuencia que en este momento refinerías que se encuentran en Bonaire, Aruba y Curazao, se encuentran paralizadas por carecer del crudo  necesario para su funcionamiento. Esto crea un gran problema para los gobiernos de estas islas, cuantificable en lo económico y social, ésta última, dada la fuente de empleo para sus nacionales.

Nuestros tanqueros que transportan petróleo, no pueden surcar las aguas internacionales y menos llegar a sus terminales destinos, porque podrían ser objetos de embargo  tanto del buque si es propiedad de PDVSA y del bien transportado.

Venezuela, bien podría dar en “propiedad” el crudo a transportar a terceros, llámese CITGO o cualquier otra empresa bien sea de China o Rusia, pero cualquier operación triangulada tiene su riesgos y un incremento en sus costos operativos.

El gobierno podría tratar de vender el petróleo en nuestros puertos, lo que significa que los compradores tendrían que transportarlo a su destino. Esto no es tan fácil, cuando hoy día estamos en  un mercado de oferentes con condiciones ventajosas frente a un productor-vendedor con problemas y limitaciones legales para hacer negocios a nivel internacional.

Venezuela podría hacer algunas maniobras operativas y legales, pero cualquiera de ellas significaría vender por debajo del precio internacional, lo cual violaría los acuerdos de la OPEP y un  sacrificio relevante y significativo  en los ingresos tan importantes para el gobierno. Cualquier otra maniobra financiera, como vender a crédito se transformaría en menores ingresos del flujo de caja en divisas.

No es difícil imaginar en los últimos días, que la situación de caja de PDVSA y por ende del gobierno debe ser crítica, y lo será en las próximas semanas, al no poder colocar crudo en los mercados clientes de la empresa.

Conoco conoce bien la situación operativa, económica y financiera de PDVSA y procedió lo más rápido posible en tratar de recuperar su indemnización. Cuando hay varios acreedores y un moroso que tiende a quiebra, la táctica recomienda llevar la iniciativa y tratar de cobrar de primero. La respuesta del gobierno y no le quedaba otra, fue “querer llegar a un acuerdo”, mensaje muy negativo para el propio gobierno, ya que la comunidad de acreedores lo interpretará de la siguiente manera: Para cobrarle a PDVSA hay que jugar duro y esto se traduce en embargar cualquier activo venezolano a nivel del planeta sentándole a negociar y pagar.

Riesgos

 

  • Venezuela y PDVSA en concreto no han asimilado experiencias recientes sucedidas en Argentina y otros países que se han acogido a procesos de no pago de deuda externa, que han expropiado a empresas y éstas han recurrido a tribunales internacionales en busca de arreglos e indemnizaciones, con las consecuencias para su economía, muchas de ellas con el descrédito y la falta de confianza proyectadas en el tiempo. Entre esos riesgos podríamos describir:
  • Nuestro buque escuela de la Armada (el cual no es de PDVSA, pero todo es posible)  que anualmente visita países como parte de sus estudios militares, ya no podrá ir sino a Cuba, ni siquiera a Bolivia, porque no tiene mar.
  • PDVSA, se ve más limitada en hacer operaciones a nivel mundial de cualquier tipo, compras de repuestos, mantenimiento, transferencias financieras, manejos de cuenta, pagos de terceros a favor de la Empresa, incluso si CITGO reparte dividendos a sus accionistas (PDVSA) estos podrían ser embargados. 
  • PDVSA probablemente tendrá que enfrentar varias demandas en los próximos días, una de ellas la de Rusoro Mining en proceso por unos US$ 1.300 millones. Todo ello significará mayores desembolsos dado el monto demandado más los costos judiciales y esto traerá un “efecto cascada”.
  • El riesgo o debacle financiero para el país es inmenso: estamos hablando que nuestros ingresos en divisas dependen un 96% de la industria petrolera, la cual ha venido disminuyendo su producción y ahora lo poco que produce no lo puede exportar porque podría ser objeto de demandas por deudas.
  • A lo interno, la escasez de divisas se hará más dramática y con ello,  la escasez de comida y de medicinas. Esto se traduce en un incremento de la tragedia humanitaria del venezolano.
  • Creemos que tampoco habrá mucho dinero para las bolsas CLAP, (deben alcanzar hasta el 20 de mayo) y esto si es grave tratándose de un gobierno bizarro, populista y derrochador.

Gane quien gane las elecciones, no le presagiamos normalidad en los próximos meses. Al contrario: después del 21 de mayo se impondrá la conflictividad, la necesidad y un incremento de las protestas sociales  difícil de contener. La economía obedece a una lógica y a decisiones. El problema son los decisores.

@alexisaponte14

Opinión y Noticias

La petrolera estadounidense ConocoPhillips confiscó productos pertenecientes a la petrolera estatal venezolana PDVSA desde la refinería Isla que opera en Curazao, dijo el ministro de Economía y Desarrollo del país caribeño a Reuters el domingo.

La medida se produce después de que una corte de Curazao autorizó a ConocoPhillips embargar 636 millones de dólares en activos de PDVSA, la más reciente decisión judicial en un litigio de 2.000 millones de dólares por la nacionalización de los proyectos de la petrolera estadounidense en Venezuela hace más de una década.

“Los productos de PDVSA de las instalaciones de la refinería de Isla han sido confiscados, no tenemos forma de obtenerlos”, dijo el ministro de Economía y Desarrollo de Curazao, Steven Martina, quien no proporcionó detalles sobre el volumen y el valor de los productos confiscados.

Martina agregó que Curazao planeaba reunirse con PDVSA y Conoco esta próxima semana para discutir la disputa de arbitraje que ha llevado a la petrolera estadounidense a apoderarse de los activos venezolanos en el Caribe.

El funcionario agregó que el gobierno cuenta con almacenes de combustible y reservas propias, lo que le permitirá cubrir la capacidad de producción de la refinería, de unos 335.000 barriles al día. “El plan de contingencia está funcionando y hace posible garantizar gasolina, kerosen, fuel oil, gasoil y otros productos”, informó el ministro.

PDVSA y Conoco no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios de Reuters.

Por su parte, el Primer Ministro de Curazao, Eugene Rhuggenaath, dijo el domingo en conferencia de prensa que se instaló un consejo de ministros para atender la contingencia y garantizar el suministro al país.

“No hay motivo para alarmarse, están garantizados combustible y servicios”, dijo Rhuggenaath. Agregó que los abogados también están contactando a Conoco para “alcanzar (un) pacto y negociar”.

La disputa también ha causado preocupación en Curazao, un territorio autónomo del Reino de los Países Bajos​​, con una industria turística vibrante y un puerto de aguas profundas utilizado por la industria petrolera. La isla depende fuertemente de la refinería, que proporciona hasta un 10 por ciento del producto interno bruto de Curazao y es una gran fuente de empleo en la isla, cercana a Venezuela.

PDVSA anunció en un comunicado esta semana que busca resolver la situación por “la vía legal y pacífica”, tras el fallo emitido por la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por su sigla en inglés) que determinó hace unas semanas el monto que le corresponde cancelar a PDVSA por la salida de Conoco de un proyecto petrolero en la rica Faja del Orinoco venezolana.

La nota oficial de PDVSA fue retirada minutos después de la cuenta oficial.

La compañía venezolana busca maneras de eludir las órdenes legales para entregar activos. Transfirió la custodia de combustible producido en la refinería al Gobierno de Curazao, dueño de la instalación, según han dicho fuentes a Reuters.

En otra medida legal para evitar que se incautara petróleo, PDVSA transfirió la propiedad del crudo que se refina en Isla a su unidad en Estados Unidos, Citgo Petroleum, dijo otra de las fuentes.

Una corte de Curazao autorizó a ConocoPhillips embargar 636 millones de dólares en activos de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa), en el más reciente dictamen en el Caribe como parte de un litigio de 2.000 millones de dólares por la nacionalización de los proyectos de la petrolera estadounidense en Venezuela hace una década.

La decisión del tribunal, reportada inicialmente el sábado por el medio caribeño Antilliaans Dagblad, indica que la isla de Curazao puede adjuntar “petróleo o productos derivados del petróleo, en los barcos y en los depósitos bancarios”.

Conoco y Pdvsa no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Reuters informó el viernes que Pdvsa se preparaba para cerrar la refinería Isla, con capacidad para procesar de 335.000 barriles por día, que opera en Curazao, en medio de amenazas de Conoco de embargar cargamentos para reabastecer la instalación, de acuerdo a dos fuentes con conocimiento de la situación.

La refinería no ha recibido embarques de Pdvsa desde la semana pasada y tiene planeado acabar con los inventarios existentes en los próximos días, según han dicho las fuentes.

La petrolera venezolana asegura que busca resolver la controversia por “la vía legal y pacífica” tras la decisión de la Cámara de Comercio Internacional, que determinó hace unas semanas el monto que le corresponde cancelar a Pdvsa por la salida de Conoco de un proyecto petrolero en la rica Faja del Orinoco. Reuters

Macri le pidió a Trump que aplique un embargo total a las exportaciones de petróleo de Venezuela

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El presidente Mauricio Macri sostuvo este miércoles que el gobierno de Donald Trump tiene que endurecer dramáticamente las sanciones a Venezuela e imponerle un embargo total a sus exportaciones de petróleo.

“La situación ha empeorado cada vez más. Ahora Venezuela atraviesa realmente una dolorosa situación. La pobreza crece cada día y las condiciones sanitarias se deterioran”, sostuvo el jefe de Estado en una entrevista concedida al periódico británico Financial Times, durante su gira en los Estados Unidos que inició el lunes y finalizará hoy.

Según el mandatario, la medida gozaría de un “amplio respaldo” por parte de los líderes de la región. Pese a los reproches cruzados, entre las administraciones de Nicolás Maduro y Donald Trump, Washington es el primer comprador de crudo venezolano por un valor diario de 32,2 millones de dólares.

Tal como indica el Financial Times, Venezuela anunció esta semana el refinanciamiento de su millonaria deuda externa de 150.000 millones de dólares, tras entrar en una etapa de hiperinflación.

Macri viajó el lunes a Nueva York para captar inversiones y mañana regresará al país.

Bloqueo de Trump podría ser tabla de salvación para Maduro

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El presidente Donald Trump y su equipo están considerando la posibilidad de prohibir la importación de petróleo venezolano a Estados Unidos. El cálculo de la Casa Blanca y otros en el Congreso es que esta sanción asfixiaría la economía venezolana y conduciría a la caída del régimen de Nicolás Maduro. Yo no estoy tan seguro. Veo la posibilidad de que esta medida más bien termine fortaleciendo al Gobierno de Caracas, debilitando a la oposición y agravando la crisis humanitaria que está devastando a los venezolanos.

Trump ha anunciado que impondría severas sanciones económicas a Venezuela si Maduro lleva adelante su intención de convocar comicios para una Asamblea Constituyente. Los más de 500 diputados que saldrían elegidos, en un proceso tutelado y trampeado por el régimen, tendrían la misión de reescribir la Constitución. La fundada preocupación es que la intención de Maduro y sus socios cubanos es la de usar esta nueva Constitución —cuya redacción y aprobación controlarían— para imponer instituciones y políticas económicas como las que imperan en Cuba.

Por otro lado, más de siete millones de venezolanos que participaron en una consulta organizada por la oposición manifestaron su repudio a esta Constituyente. Diversos presidentes y expresidentes de América Latina y Europa, el secretario general de la Organización de Estados Americanos y múltiples organizaciones internacionales han exhortado al Gobierno de Caracas a que suspenda esta iniciativa. Pero Maduro y los suyos reiteran que el proceso es imparable.

De resultar esto cierto, Trump ha prometido sanciones más severas de las que ya hay. El enfoque adoptado por Barack Obama y continuado por Trump ha sido el de identificar con nombre y apellido a corruptos, narcotraficantes, violadores de derechos humanos y otros criminales que ocupan altos cargos en el Gobierno de Venezuela y en sus fuerzas armadas e imponerles fuertes sanciones personales. Pero en ciertos círculos de Washington y de la oposición venezolana estas sanciones son percibidas como insuficientes, y de ahí la propuesta de prohibir la importación de petróleo venezolano a Estados Unidos.

Hay tres razones por las cuales esta es una mala idea. La primera es que la experiencia histórica en materia de sanciones demuestra que los bloqueos o embargos económicos generales casi nunca logran su objetivo. Hacen sufrir más a la población pero no afectan a los gobiernos y a las élites que lo apoyan.

El caso de Cuba es el mejor ejemplo. En 1962, Estados Unidos le impuso un embargo comercial en respuesta a las confiscaciones de bienes de ciudadanos y empresas norteamericanos. Lejos de desgastar al régimen, su único efecto ha sido el darle una excusa para justificar la crónica catástrofe económica que sufre la isla.

Y hay más ejemplos. Lo que llevó al Gobierno de Irán a la mesa de negociación que culminó en el acuerdo que frenó su programa nuclear no fueron las sanciones económicas que pesan sobre el país desde hace décadas, sino nuevas y muy sofisticadas medidas de castigo dirigidas a altos funcionarios, a sus socios y a su sistema financiero. Vladímir Putin se queja de las sanciones generales que hay contra Rusia, pero mucho más de las que afectan específicamente a las finanzas de sus más cercanos colaboradores y oligarcas amigos.

La segunda razón es que el bloqueo petrolero es innecesario. Sus terribles efectos ya los ha creado Nicolás Maduro. La economía venezolana ha colapsado y desgraciadamente sigue en caída libre. Las reservas en el Banco Central están por debajo de 10.000 millones de dólares, una fracción de lo que deberían ser. La mayor parte de los alimentos, los insumos para producirlos o las medicinas hay que importarlos pagándolos al contado en moneda dura, ya que nadie le da crédito al Gobierno. La trágica realidad es que ya no hay suficientes dólares para importar lo que hace falta para nutrir y medicar adecuadamente a todos los venezolanos. Y esta tragedia la crearon Chávez, Maduro y sus aliados cubanos… solitos. Sin ayuda de Washington.

Y esta es la tercera razón. La tragedia venezolana tiene responsables muy claros. El mundo ya ha entendido que los venezolanos sufren por culpa de la oligarquía chavista que ha gobernado al país durante 18 años bajo la tutela de La Habana. Ahora ni siquiera los simpatizantes más fanáticos pueden defender los resultados de esa revolución bolivariana sin hacer el ridículo. Un bloqueo petrolero impuesto por Donald Trump sería una maravillosa y oportuna tabla de salvación política para Maduro. Trump sería presentado como el responsable del hambre de los venezolanos. Maduro ha venido denunciando la “guerra económica declarada por el imperio del norte contra Venezuela” como la causa de los males del país. El bloqueo petrolero le daría la coartada perfecta.

No lo haga, presidente Trump.

@MoisesNaim

 

General Motors denuncia que Venezuela incautó su planta en Valencia

GM

 

General Motors Co dijo este jueves que cesará inmediatamente sus operaciones en Venezuela luego de denunciar que su planta de autos en el centro industrial de Valencia fue embargada ilegalmente el miércoles por las autoridades.

La empresa estadounidense aseguró que las instalaciones de la compañía, con capacidad para 45 mil unidades, fueron tomadas por la fuerza pública.

El Juzgado tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, notificó el embargo sobre los bienes de General Motors Venezolana, C.A. (GMV).

La medida se produce en medio de una crisis económica cada vez más profunda en Venezuela, que ya ha afectado a muchas firmas estadounidenses.

“Ayer, la planta de GMV fue inesperadamente tomada por las autoridades públicas, evitando las operaciones normales. Además, otros activos de la compañía, como vehículos, han sido retirados ilegalmente de sus instalaciones”, dijo la filial de GM General Motors Venezolana (GMV) en un comunicado enviado por correo electrónico.

La compañía dijo que la incautación causará un daño irreparable a la empresa, sus 2.678 trabajadores, sus 79 concesionarios y proveedores.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios, pero GMV dijo que la demanda relacionada con la cancelación de la concesionaria por “ineficiente desempeño, carece de toda substancia”.

Asimismo, General Motors Venezolana considera que la cifra solicitada “excede toda lógica e inviabilizaría las actividades de GMV en forma permanente”.

La industria automotriz venezolana sufre por la falta de materias primas debido a unos complejos controles monetarios y una producción local estancada, y muchas plantas apenas pueden manufacturar.

A principios del 2015, Ford Motor Co canceló su inversión en Venezuela cuando sufrió una amortización antes de impuestos de 800 millones de dólares.

GM prometió “tomar todas las acciones legales” para defender sus derechos y los de los trabajadores.

Venezuela enfrenta unos 20 casos de arbitraje por nacionalizaciones que se hicieron bajo el liderazgo del fallecido expresidente Hugo Chávez.