La jueza 12ª de juicio del Área Metropolitana de Caracas, María Eugenia Núñez, habría dictado prohibición de salida del país a 22 directivos de El Nacional, La Patilla y TalCual, medios de comunicación contra los que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, interpuso una acusación por difamación agravada continuada. La lista de personas la dio a conocer el periodista Edgar López en El Nacional.
Manuel Puyana, miembro de la junta directiva de TalCual, declaró que él sí vio la demanda cuando se presentó voluntariamente en el Tribunal 12, el lunes 11 de mayo. «Como ya estamos demandados estoy constantemente yendo a tribunales, me enteré que había sido ratificada la demanda el 5 de mayo, así que fui yo mismo a presentarme y firmé la aceptación de formar parte de la acusación», indicó.
Puyana confirmó que tiene copia de la demanda, por lo que dijo que ya es oficial. Cree que al resto de la gente no le ha llegado la citación, porque tomará tiempo en enviarla a cada uno de sus domicilios.
El director de La Patilla, Alberto Federico Ravell, dijo que aún no ha visto el contenido de la demanda, ni ha recibido la citación para presentarse en tribunales.
No he sido citado por ningun tribunal.La patilla no cambiara su linea editorial.El q no la debe no la teme.
CARACAS SE PARALIZÓ EL DÍA que un grupo de presos tomó como rehén a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana en la sede de la comandancia en Catia, el 27 de abril de 2015. Las imágenes de los reclusos con los rostros cubiertos, mientras exhibían a su víctima atemorizada en la azotea de la sede policial, se viralizaron en las redes sociales y fueron difundidas por agencias de noticias, cadenas internacionales y medios digitales. Pero no fueron publicadas en las portadas de dos importantes medios impresos de circulación nacional, reconocidos por su interés en la difusión de las informaciones de sucesos, como Últimas Noticias y El Universal. Estos, en cambio, ilustraron sus primeras páginas con fotografías de un evento ocurrido en Baltimore.
La censura en los medios tradicionales venezolanos está afectando la capacidad de los ciudadanos para informarse. Provoca aislamiento y dibuja una realidad que no existe. Lo que sucede en la calle no se refleja en las primeras páginas de la mayoría de los diarios. Las colas, la escasez, la corrupción, el brote de enfermedades, la inseguridad y, entre otras cosas, las protestas, no están en la prensa venezolana, no existe en el papel de los diarios ni en los reportajes de televisión.
La periodista Patricia Marcano, quien trabajó hasta diciembre de 2014 en Últimas Noticias, reconoció que la nueva forma de hacer periodismo en el ahora Grupo Últimas Noticias no le permite a la gente enterarse de los problemas reales. “Aunque los vivan día a día en la calle, desconocen las explicaciones, las magnitudes de los problemas sociales, no saben si se van a resolver, si hubo corrupción en el manejo de los casos. En estos medios, los ciudadanos solo se enteran de lo positivo que hace el Gobierno”, declaró.
Mandamientos de la Censura: No publicarás
1. No usarás el nombre de Dios-dado en vano. Dios-dado es intocable.
2. Actividades sociales de alcaldías o gobernaciones de oposición.
3. Grandes notas sobre sucesos y no podrán tener cabida en las primeras páginas.
4. Temas sensibles entre la población: Deterioro de la economía (inflación, escasez, colas, caída en reservas, precio del petróleo, cotización del dólar en mercado negro)
5. En materia de salud, es mejor no hablar de brote de enfermedades, cierre de servicios médicos en hospitales, mal estado de infraestructura, escasez de medicamentos, equipos e insumos.
6. Corrupción: No debe salir nada que involucre a funcionarios del Gobierno, aunque esto tenga que ver con el desfalco de la nación.
7. Evitarás nombrar a los líderes de oposición. Entre esos que no deben ser mencionados: Henrique Capriles Radonski, Antonio Ledezma.
8. Tampoco publicarás críticas y declaraciones de disidentes del PSUV.[/iconbox]
La hegemonía comunicacional es parte del Plan de la Patria diseñado por Hugo Chávez. El cierre de RCTV en 2007 fue el primer ingrediente de este cóctel de censura. Le siguieron la suspensión de concesiones radioeléctricas a algunas emisoras, la persecución a periodistas, las millonarias multas que ahogaron a medios de comunicación, y la venta de periódicos y canales de televisión a grupos cercanos al Gobierno.
El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) publicó en marzo de 2015 los resultados de un estudio sobre el opaco cambio de dueños de los medios que titularon “Propietarios de la censura en Venezuela”. El informe revela que más de 25 medios del país han cambiado de manos en los últimos cinco años.
Los casos más relevantes, por su escala nacional, fueron las ventas de la televisora Globovisión, la Cadena Capriles —ahora Grupo Últimas Noticias— y el diario El Universal.
Globovisión fue vendido a los dueños de Seguros La Vitalicia: Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo y Juan Domingo Cordero. La nueva gerencia prometió que no habría cambios en la línea editorial. Pero poco a poco, comenzó a prohibir a los periodistas hacer reportajes de investigación, con la excusa de que querían “noticias planas”.
Según el informe de Ipys, se les dijo a los periodistas que no debían hablar de desabastecimiento, colas, o “guarimbas”. Los reportajes sobre las protestas contra en Gobierno durante el primer semestre de 2014 se redujeron al mínimo y los transmitían al final del noticiero, sin las imágenes más elocuentes.
El evidente cambio de línea editorial provocó una estampida entre los anclas y reporteros más conocidos de la planta televisiva que durante 15 años fue un canal crítico con el gobierno de Hugo Chávez.
También en 2013 se concretó la venta de la Cadena Capriles, uno de los conglomerados más grandes, que edita tres diarios; entre ellos Últimas Noticias, el de mayor tiraje en el país.
“Las ventas fueron antecedidas por una serie de presiones con el inicio de procesos judiciales, que cayeron tras el cambio de dueños y de línea editorial”, explicó Marianela Balbi, directora de Ipys Venezuela.
A continuación, algunas de las noticias que usted nunca conoció por la censura.
Campaña electoral por Internet
Cuando Carlos Zuloaga pactó la venta de Globovisión puso una condición a sus compradores: entregar el canal después de las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013. Esto, con el fin de que la oposición pudiera tener una ventana donde mostrar los actos de campaña de Henrique Capriles Radonski, quien competía contra Nicolás Maduro.
Los métodos para coberturas, las decisiones editoriales e incluso el contenido informativo producido por el canal cambiaron con su nueva línea editorial tras la llegada de los nuevos propietarios. Las informaciones y actividades de las organizaciones políticas que militan en la oposición dejaron de tener un espacio en la programación del canal.
El comando de campaña de Capriles estrenó entonces un canal en Internet denominado Capriles.tv, que transmite las alocuciones y ruedas de prensa del gobernador de Miranda. Para las elecciones de alcaldes en diciembre de 2013, la campaña de la oposición se vio reducida a las transmisiones de sus ruedas de prensa por canales en internet.
“Sucesos en vivo, llaman a la zozobra…”
Para los venezolanos se acabaron los días en que podían ver en sus televisores en directo, mediante la transmisión por microondas. Un caso emblemático ocurrió el 12 de febrero de 2014, cuando tras la marcha del Día de la Juventud que pretendía llegar hasta la sede del Ministerio Público se desencadenaron hechos de violencia en el centro de Caracas que causaron la muerte de Bassil Dacosta, Juancho Montoya y Roberto Redman en Chacao.
Ese día, la única televisora que transmitió lo que sucedía en la esquina de Monroy y Tracabordo —en el centro de Caracas— fue el canal internacional de noticias NTN24.
Mientras la cadena con sede en Colombia difundía imágenes de lo que pasaba, la periodista Idania Chirinos desde el estudio en Bogotá, alertó a los televidentes de que la señal había sido suspendida en toda Venezuela por órdenes del Estado.
Al aire, Chirinos recordó el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007. “Fue un momento doloroso ver perder una señal de 50 años. Así vimos cómo comenzaban a apagarse las ventanas para que los venezolanos estuvieran informados. Nunca pensé que años después, trabajando fuera de mi país, también me tocaría narrar el momento en que tumban una señal de TV”.
El asesinato del joven Bassil Dacosta por disparos de agentes del Sebin fue cubierto en el lugar por el reportero gráfico de El Nacional, Alejandro Hernández, quien logró las únicas imágenes del hecho para un medio de comunicación local. Sin embargo, el material gráfico recolectado en un video no fue publicado por El Nacional. La gerencia editorial del medio prohibió publicar el video desde la cuenta del diario en Youtube por temor a una advertencia hecha en un comunicado de Conatel publicado el 11 de febrero, un día antes de la manifestación.
Conatel alertó que la cobertura informativa de “los lamentables hechos de violencia” en Venezuela puede ser considerada “violatoria a lo dispuesto en el art. 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos”, lo que además acarreaba responsabilidades penales.
Prohibido publicar sobre…
Una práctica común luego de la venta de los medios ha sido la de prohibir a los reporteros informar sobre ciertos temas, utilizar declaraciones de determinadas personas o incluso cubrir eventos o pautas sobre la gestión de algunos funcionarios de oposición.
Patricia Marcano, periodista que trabajó en Últimas Noticias, relató que en noviembre de 2014, durante una guardia de fin de semana, los jefes decidieron remover dos notas pequeñas de la edición impresa: “Una tenía que ver con ayudas entregadas por la Alcaldía de Sucre y otra era de la Alcaldía Metropolitana, también de ayudas sociales. No hubo explicaciones. En esos espacios colocaron notas de prensa de ministerios”.
Marcano, entonces reportera para la sección de “Información General”, afirmó que con frecuencia recibían reclamos, por parte de los nuevos jefes, sobre publicación de declaraciones del alcalde metropolitano Antonio Ledezma. “Todas las notas sobre eventos, trabajos y arreglos hechos por esta alcaldía, y donde saliera declarando Ledezma eran criticadas, mandadas a reducir de tamaño o incluso tumbadas, siempre por el director Eleazar Díaz Rangel”, indicó.
La periodista agregó que tras la publicación de una entrevista a Ledezma sobre las actividades por celebración del aniversario de Caracas en 2013, Díaz Rangel “intervino la sección y desde ese momento revisaba meticulosamente todas las páginas de la sección antes de cerrarlas y enviarlas a impresión”.
Según Marcano, una de las nuevas reglas era censurar la publicación de cualquier información sobre los dirigentes o voces disidentes dentro del chavismo. “Recuerdo instrucciones de no publicar nada sobre Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro y ningún disidente del Psuv. Ni en papel ni en la web”.
El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, también está “vetado” en ese diario. Para Últimas Noticias —explicó la reportera— no existe la escasez, o al menos, no debe ser reseñada.
Con el último cambio de coordinador de la sección de ciudad se omiten deliberadamente todas las informaciones provenientes de las alcaldías metropolitana, Sucre, Baruta y El Hatillo. Quedan reducidos a breves.
La periodista Patricia Marcano dijo que en Últimas Noticias se redujo el espacio de sucesos. “Dejaron de salir como noticia abridora en la última página, se les da menos espacio en las páginas internas y por ende sólo queda la reseña de los sucesos sin opción a seguimientos y a informaciones adicionales que los reporteros obtengan de sus fuentes”.
“Ese periodismo no es servicio público”
La reportera de Últimas Noticias confesó que en el periódico se intervienen las notas “para borrar párrafos que alerten sobre una calle peligrosa por falta de alumbrado o patrullaje, o para eliminar el testimonio de una persona que pide se mejore algún servicio”.
Dijo que pareciera que los nuevos directores tienen miedo a la autocrítica, que nada puede ser cuestionado. “La posibilidad de influir en un funcionario responsable de la carencia de un producto o las deficiencias en la prestación de un servicio, para obligarlo a responder sobre estas falla y comprometerlo en su solución queda anulada al no publicar las denuncias”, indicó.
Marcano, quien renunció al diario tras el cambio de propietarios y línea editorial, considera que queda también anulada la función social del periodismo y prevalece la promoción de las instituciones oficiales. “La gente ya no se ve reflejada en esas páginas. Incluso varias fuentes de comunidades y gremios dejaron de llamar para hacer denuncias con la esperanza de que al publicarlas, solucionaran el problema, porque dan por hecho que no se publica esa información”, lamentó.
¿Crisis económica? ¿Qué es eso?
Roberto Deniz, quien trabajó en la fuente económica de El Universal durante 7 años (hasta el 11 de noviembre de 2014), reveló que ese diario ha silenciado por completo los temas de crisis económica. “Durante meses ni siquiera decían que el petróleo bajaba, sino ‘se ubicó’. No se habla del tema de la escasez y el desabastecimiento”.
Recuerda que el nuevo director presionó mucho a la sección de economía. “Nos pedía un ‘periodismo plano’, que no se compararan datos, que no se contextualizara, sino que sólo reseñáramos la información oficial y ya”.
Deniz cuenta que una vez la directiva mandó a decirles que no les gustaba que se citara a Ecoanalítica “porque ellos eran de oposición».
En general, las instrucciones de Jesús Abreu Anselmi, director de El Universal, eran las de reducir contenidos realmente noticiosos por otras cosas «didácticas» o alentadoras como la «historia de vida» que publica todo los días en primer plana, según cuenta el reportero.
De Andorra, ni la sombra
Una investigación elaborada por el Consorcio Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI), publicada el 16 de abril de 2015, reveló que dos venezolanos recibieron en 2004 pasaportes diplomáticos como “asesores” de Nelson Merentes, entonces ministro de Finanzas del gobierno de Hugo Chávez, y utilizaron los documentos para lavar más de un millón de dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA) presuntamente provenientes del tráfico internacional de drogas.
El reportaje ocupó primeros lugares en las páginas de inicio de alrededor de una decena de portales nacionales y diez internacionales de la talla de El Mundo de España, El Tiempo y El Espectador de Colombia y La Tercera de Chile. Además, circuló en las versiones impresas de los diarios regionales La Verdad, El Impulso, Correo del Caroní.
Sin embargo, para los diarios venezolanos de circulación nacional más importantes la noticia de la vinculación de funcionarios en una investigación judicial por lavado en Andorra pasó “por debajo de la mesa”. Pese a que el CIPI consignó numerosas pruebas para sustentar su trabajo, El Nacional dedicó solo un video que fue tomado de Ver TV Noticias, para tratar de explicar a sus lectores el caso. El Universal hizo un silencio absoluto.
Últimas Noticias resumió el extenso informe a una nota de seis párrafos de dos líneas en el que se omiten los nombres de los principales implicados: Norman Danilo Puerta Valera, Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez. Este diario sí publicó de manera íntegra dos notas oficiales que negaban la entrega de pasaportes diplomáticos a los funcionarios.
El portal del canal Globovisión se limitó a tomar el análisis hecho por la agencia AFP, sin fotografías de las evidencias. En VTV tampoco se publicó la nota original, pero sí la réplica. Para la Radio Nacional de Venezuela la noticia no existió.
¡Aquí no sale Capriles!
La periodista Beatriz Adrián relató varios episodios en los que trataron de censurar su trabajo en Globovisión. Asegura que la primera vez que se topó con esta práctica fue cuando preparó una nota sobre una declaración del gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski.
“La coordinadora de información me dijo que la nota no saldría. Cuando pregunté la razón me dijeron que le preguntara a Mayela León, directora de Globovisión. Le escribí por Whatsapp”.
(Chat entre Beatriz Adrián y Mayela León):
—¿Por qué censuras a Capriles?
—Eso no es censura.
—¿Qué es entonces?
—Decisión de la directiva.
La gota que derramó el vaso, y que finalmente fue el motivo de su renuncia llegó el 12 de febrero de 2014. La periodista observó que había una gran marcha de estudiantes que iría desde Plaza Venezuela hasta el Ministerio Público, pero no estaba siendo transmitida por su canal.
Beatriz Adrián, renunció al día siguiente junto con otros periodistas, entre los que estaban Jessica Morales, Elizabeth Gaona, Cecilia Colmenares y Marianna Gómez.
El «coco» de las demandas
Reproducir una información divulgada por el diario ABC de España sobre la presunta vinculación del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con las actividades del Cartel de los Soles le valió a los dueños y directivos de los medios Tal Cual, El Nacional y La Patilla una demanda millonaria, interpuesta ante el Tribunal Supremo de Justicia el 22 de abril de 2015.
En caso de que el procedimiento judicial resulte favorable para Cabello, 22 personas deberán pagarle un monto de 300 mil bolívares. Los abogados defensores de Cabello solicitan al juez que emita medidas cautelares de presentación periódica ante un tribunal cada ocho días y prohibición de salida del país contra Alberto Federico Ravell, dos trabajadores de La Patilla; Miguel Henrique Otero y catorce personas pertenecientes a la junta directiva del diario El Nacional; Teodoro Petkoff y tres miembros más de diario Tal Cual.
Cabello ya había introducido, en enero de 2014, una querella contra Tal Cual. El motivo fue la atribución al funcionario de una frase que nunca había dicho. El medio aceptó su error, pero esgrimió que la cita incorrecta representaba solo 2% del texto. Adicionalmente, los involucrados reclaman que el presidente del Parlamento se haya saltado el derecho a réplica, proceso previo a la demanda.
Otras seis demandas, para un total de ocho, ha acumulado el periódico dirigido por Teodoro Petkoff en los 15 años de chavismo. Antes de cambiar su línea editorial el canal Globovisión tenía en su haber 11 procedimientos administrativos.
Organizaciones alertan sobre cerco informativo
Al menos ocho organizaciones nacionales e internacionales expresan preocupación por el deterioro de la libertad de expresión en Venezuela. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela), Espacio Público, Freedom House, IFEX, el Centro para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés), el Centro Knight para el Periodismo en Las Américas, documentan las denuncias y ataques contra medios y trabajadores de la prensa en Venezuela. La mayor parte de las órdenes directas de censura son emitidas por instituciones del Estado, según el Estudio de Censura y Autocensura en Medios en Venezuela (2014) de Ipys Venezuela. Además, Venezuela obtuvo la peor calificación de prensa libre en los últimos diez años, de acuerdo al informe de Freedom House publicado el 29 de abril de 2015 y que lo sitúa entre los países con la caída más fuerte en la medición de libertad de expresión, junto con Turquía, Serbia, Perú, Irak, Camboya, Myanmar, Botswana y Azerbaiyán. El informe apunta a la situación venezolana donde “los periodistas se convirtieron en blanco durante las protestas del primer semestre del año”. Freedom House alerta que en Venezuela “el sector de los medios pertenecen, cada vez más al Estado, a amigos cercanos de altos dirigentes del oficialismo o grupos económicos relacionados con el Estado, los cuales despolitizan las noticias, suprimiendo la información que es crítica con el Gobierno”.
Este domingo 15 de febrero, como ocurría cada dos semanas, debió salir publicada en la sección de Opinión del diario El Universal la columna del economista Gerver Torres, quien desde hace 15 años colaboraba para el diario. Pero este fin de semana su columna estuvo ausente en las páginas del impreso.
Como era costumbre, Torres envío el día viernes su artículo, pero, para su sorpresa o, como él admite, “en línea con lo que ha venido ocurriendo”, le notificaron ese mismo día que el texto no podía salir publicado. Su renuncia no se hizo esperar. El domingo la anunció públicamente en las redes sociales y en otros medios digitales, junto al artículo que no vio luz en El Universal. “No estoy dispuesto a someterme a una censura que considero injustificada y contraria a la libertad de expresión”, dijo a PRODUCTO sobre su decisión.
“¿El Golpe avisa?” era el titular que daba entrada al artículo, en el que Torres irónicamente cuestiona por qué el presidente Nicolás Maduro se siente atormentado por un posible golpe, para seguidamente darle la razón enumerando un serie de circunstancias que rodean al Mandatario, entre ellas: el abandono de sus aliados internacionales, la huída y denuncias de personas cercanas al régimen, la crisis económica y de criminalidad que atraviesa el país, la caída de los ingresos petroleros y su baja popularidad. El economista asegura que este no ha sido el artículo “más crítico contra el régimen” que ha escrito.
“Lo que está pasando es que la sensibilidad ha aumentado, el régimen se ha vuelto más intolerante. Está más vulnerable, se siente débil. Los gobiernos totalitarios tienden a suprimir la libertad de expresión y mientras más avanzan en el control de los medios, más le molestan los que quedan”, considera Torres, quien, no obstante, recalca que “no es el régimen quien censura, es el periódico en nombre del régimen. No descartaría que estén siendo más papistas que el papa”.
No se conoció la opinión de los jefes del diario sobre lo ocurrido con el articulista Gerver Torres. Taisa Medina, jefa de Redacción de El Universal, indicó a PRODUCTO que no era la vocera autorizada para hablar sobre la salida del articulista Gerver Torres. De Elides Rojas, actual vicepresidente de Información, no se obtuvo ninguna respuesta, a pesar de que se contactó por diferentes vías.
Torres continuará ahora con su pluma crítica desde las páginas de El Nacional, impreso que por muchos años fue la competencia directa de El Universal.
Casos recientes
El 15 de enero, los trabajadores de El Universal publicaron un comunicado en el que manifestaron su preocupación por el creciente cerco comunicacional que se ha producido en el diario sobre algunos voceros e instituciones de la sociedad, específicamente hacían referencia a la censura en la versión impresa de la reseña de una rueda de prensa del gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski. Días después, el 26 de enero, se conoció de otro caso de censura. La noticia que dejó de publicarse señalaba que “la Guardia Nacional impidió que los ex presidentes de Colombia y Chile visitaran a Leopoldo López en Ramo Verde”.
De acuerdo con la organización Espacio Público, en 2014 se registraron 39 casos de censura en El Universal, todos se produjeron posterior a la venta de la empresa. A esta lista, la institución suma los dos casos del mes de enero, señalados anteriormente.
Este artículo debió aparecer hoy en el diario El Universal. Fue censurado. Desde aquí hago pública mi renuncia como columnista de ese medio, con el cual colaboré durante quince años.
Maduro habla a diario y con angustia de golpes y conspiraciones que descubre, que desmonta y que aparentemente se reproducen por todas partes y a toda hora. ¿Por qué se siente Maduro tan atormentado por un posible golpe? La verdad es que cuando se hace un reconocimiento de las circunstancias que a él lo rodean, uno llega a la conclusión de que razón tiene Maduro y mucha para vivir angustiado, para temer un golpe, y hasta más de uno. Pasemos revista a algunas de esas circunstancias:
Sus aliados internacionales lo han abandonado o están todos en muy serios problemas: los cubanos presurosos de restablecer relaciones con los Estados Unidos; Cristina Kirchner en el final de su mandato con una economía en picada y enfrentando serias acusaciones de todo tipo. Dilma Rousseff, también con una economía estancada y abrumada por el escándalo de corrupción en Petrobras, el más grande en la historia de Brasil. Putin, subsumido en la crisis de Ucrania, sancionado por la Unión Europea y en severas dificultades por la caída de los precios del petróleo. Irán, negociando un acuerdo nuclear con los Estados Unidos e intentando redefinir sus relaciones con ese país.
Hombres muy cercanos al régimen huyen del país o comienzan a atacar el régimen abiertamente: Leamsy Salazar se fue al norte con esposa, a contar la historia del cartel de los soles; Rafael Ramírez va sigilosamente separándose del régimen. En cualquier momento estalla por allí esa bomba; Giordani reaparece envalentonado para decir que el país se ha vuelto el hazmerreír de América Latina, apenas unos meses después que a él lo echaron del gobierno.
La economía del país anda por el suelo, con los venezolanos viviendo experiencias dolorosas totalmente inéditas, de colas, escasez, muertes de enfermos en hospitales por falta de insumos, inflación desatada, y otras tragedias como la criminalidad sin control e impune.
Maduro ya no cuenta con los abundantes ingresos petroleros y el acceso a deuda con los cuales pudo durante algún tiempo posponer la solución a muchos problemas.
Maduro vive en un país arruinado institucionalmente, convertido en una selva, sin Poder Judicial, devorado por la corrupción. Si bien todo eso lo generó el mismo régimen que él hoy preside y sirvió para sostenerlo durante mucho tiempo, esa misma falta de institucionalidad se le voltea ahora en su contra. El régimen no tiene ya de dónde agarrarse que no sea la represión.
Maduro sabe que su popularidad ha caído muy bajo, que ya ni el chavismo lo quiere.
Maduro sabe, y esto no es poca cosa, que por problemas mucho menores a los que el país vive hoy, su comandante eterno encontró justificación para el golpe de 1992.
¿Cómo no va a estar Maduro angustiado por la posibilidad de un golpe?
William Castillo, director general de Conatel, acusa a los medios de ser parte de un “ejército agresor” que —según él— quiere “destruir la vida social y económica del país”. El discurso belicista es puesto al servicio de la ideologización de los empleados públicos
A las dos de la tarde el auditorio está casi vacío. Un par de mujeres reciben cordialmente al visitante, dan la bienvenida y le piden amablemente que se registre en una planilla de asistencia. Un joven dice «bienvenido» y entrega una botella de agua mineral. Poco a poco el auditorio se llena de chaquetas rojas. Hay al menos 150 personas, casi todos empleados públicos, del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (Fonacit). La gente se saluda, conversa y lentamente se ubica en las butacas mientras suena una salsa que dice «Vamos todos con Maduro».
En el fondo del escenario hay una pantalla que muestra a William Castillo, director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en una imagen que fue difundida a través de la red social Twitter, y que invitaba al “conversatorio” que lleva como título “La neurotización como herramienta desestabilizadora en la guerra económica actual”. Este recinto es el auditorio ‘Simón Rodríguez’ del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en la esquina Los Chorros de Caracas.
Durante hora y media, Castillo nombrará al menos 10 modalidades de guerra que enfrenta el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero, sobre todo, acusará a los medios de mentir, tergiversar, manipular, promover matrices de opinión que adversas a los intereses del Estado y de afectar la psique del «pueblo venezolano» con mensajes que causan zozobra y desesperación.
Geancarlos Rodríguez, el presidente del Fonacit, se sienta junto a su invitado, quien viste de jeans y una camisa azul marino. Agradece a todos los trabajadores que han acudido y dejado sus puestos de trabajo para escuchar al director de Conatel.
Castillo, quien además es periodista y expresidente de Venezolana de Televisión (VTV), y de la Televisora Venezolana Social (Tves), teorizará sobre la neurotización, una palabra que no aparece en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE), pero que en términos médicos significa: “crecimiento de un nervio, reimplantación de un nervio”. Todas las referencias a los otros usos dados a este vocablo conducen a Oscar Schemel, director de la firma Hinterlaces —cercana al oficialismo— y uno de los propulsores de la teoría de la guerra psicológica contra el Gobierno. Fue Schemel quien comenzó a usar esta palabra en 2014 para referirse a la supuesta guerra mediática contra la autodenominada «revolución bolivariana».
El lugar se llena de silencio, mientras Rodríguez habla de «el comandante» Hugo Chávez y de sus esfuerzos por convertir los centros de trabajo en espacios para la formación ideológica y revolucionaria. Se pasea brevemente por los 14 años de este gobierno, cuenta un poco sobre las dificultades y contextualiza la situación actual del país, la guerra encarnizada de EEUU y factores de poder contra el país, pero que ahora tiene otra estrategia: “Todos los expertos, intelectuales, sabios del planeta, han advertido sobre esta guerra… nos quieren confundir desde la psiquiatría y la psicología para preparar el terreno y desestimar los logros de la revolución”, afirma Rodríguez.
Castillo saluda, sonríe, se muestra amigable. Pregunta «¿ustedes me oyen bien?» y la audiencia responde con un «sííííí» al unísono. Entonces dice que comenzará mostrando una producción audiovisual del espacio TV Foro, que se transmite por VTV y que luego disertará sobre el tema que lo trajo hasta esta sala. Solicita que coloquen tres vídeos, preparados por el canal del Estado, sobre la “guerra económica” contra el expresidente chileno Salvador Allende. De golpe: la escasez, el acaparamiento, el golpe, la conspiración de los medios, empresarios y —por supuesto, que no falte— de “el imperio”, léase: el gobierno de los Estados Unidos.
Las imágenes de archivo de un Chile a blanco y negro, las largas colas de los chilenos para comprar alimentos y el palacio de La Moneda ardiendo en llamas, anteceden a una segunda pieza con imágenes de Venezuela. De allí, hasta acá: las colas de venezolanos en Caracas 31 años después del golpe a Allende, la supuesta confabulación de grupos empresariales en este país, la corrupción de los banqueros, los daños económicos causados por el paro petrolero y la fuga de “225 mil millones” de dólares de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
No se mencionaron las expropiaciones en cadena nacional, ni el fracaso de las empresas estatizadas. Tampoco se mencionaron casos emblemáticos de corrupción, ni a exfuncionarios acusados de delitos financieros y enriquecimiento ilícito y además condenados por tribunales en el país o prófugos de la justicia, como al ex ministro de Finanzas, Tobías Nóbrega; a Arné Chacón o Ricardo Fernández Berruecos. En ningún lado se nombró el desfalco al Banco de Desarrollo Económico Social (Bandes) ni las declaraciones de la exministra de Finanzas, Edmée Betancourt, que admitió que Cadivi había otorgado 20 mil millones de dólares a empresas de maletín.
Las imágenes vendieron como responsables del caos económico a los empresarios —a los que tildan de “parásitos”—, a Fedecámaras, Conindustria, Banesco, a Juan Carlos Escotet, Lorenzo Mendoza, y un cúmulo de empresas, entre las que se destacó a Alimentos Polar y Procter & Gamble (P&G). No faltó la fotografía en el palacio de Miraflores de Pedro Carmona Estanga, después del golpe de Estado de 2002.
También se mostraron fotos de Leopoldo López y su esposa Lilian Tintori —en una imagen de la boda de ambos, trajeados de liquiliqui blanco—; las portadas de los diarios: El Nacional, El Universal, Últimas Noticias; y para rematar, un par de tuits con la palabra «escasez» escritos por los periodistas Nelson Bocaranda e Ibéyise Pacheco, entre otros.
El público atendió absorto. Durante cuarenta minutos no se oyó ni un alfiler. Tres vídeos después llegó el esperado monólogo de William Castillo, quien se levantó, cruzó el escenario y tomó el atril para dirigirse a los trabajadores con un lenguaje plagado de ideas repetidas por funcionarios y amplificadas por el sistema de medios de propiedad estatal.
El lenguaje belicista era capaz de hacerle imaginar al asistente cohetes, bombas y campos de combate. La “neurotización” es combatida con paroxismo y teorías de conspiración. Castillo no mencionó ni mostró pruebas, todo quedó sujeto a la conjetura. La ideologización es sinónimo de amor por la patria.
Hubo un intento de transferir la responsabilidad, la carga de las palabras. El discurso oficial insiste en que hay una guerra, una conspiración para sembrar pánico, terror, miedo. Pero en ese ejercicio se difunden mensajes que suenan casi a sirenas y alarmas de bombardeo mediático, a lenguaje militarista.
El director general de Conatel menciona el vocablo “guerra” tantas veces que la palabra retumba en el interior del cráneo de los asistentes. Cree que en Venezuela se libran muchas guerras, todas con apellidos: de cuarta generación, continuada, económica, psicológica, cultural, mediática, perversa, maquiavélica, sin fin, por los recursos, por el control, de redes.
Y funciona. En un momento afirma: “Es verdad que en este país se hacían teteros de agua de espagueti”. Y en el asiento de atrás un trabajador murmura: “aquí se comía perrarina”.
En otro pasaje argumenta:
—Esto es lo que quieren hacernos. Allende nacionalizó el cobre, subió el sueldo de los trabajadores. Los chilenos tenían dinero, pero no había nada qué comprar. Esa es la paradoja del capitalismo, en la cual las élites gozan de los privilegios del primer mundo. Una élite vive bien solo si una gran mayoría vive mal.
—Como en la cuarta república —responde una mujer de chaqueta roja sentada a un lado.
“Los medios son el principal actor de esta guerra”
La arenga contra los medios es el eje del discurso. Castillo no desmiente las colas, sabe que son ciertas, pero agrega que los medios que informan sobre estas y la escasez de productos básicos quieren entrar en los pensamientos de la gente y convertirlos en violentos criminales tumba-gobierno.
“El pentágono tiene un manual de guerra moderna, todo está escrito. No hacen falta intervenciones, ni tropas. Los ejércitos y las unidades militares han sido sustituidos por los medios y los mensajes”.
Si hasta aquí usted cree que ha oído suficiente, espere, porque hay más: los medios quieren “confundir”, “destruir la vida social y económica del país”, “desestabilizar el país con informaciones falsas”, “fomentar el caos y las compras nerviosas”, «promover el acaparamiento doméstico», “estimular las fobias”, “provocar la destrucción mental del país”, “exacerbar la agresividad”, “destruir la conciencia del pueblo”, “acabar con la paz y la tranquilidad”.
Además miente. Aseguró que el diario El Nacional había publicado una información con un titular que, sugirió, intentaba ser una sátira.
—Ustedes saben que ayer fue 4 de febrero. Yo no sabía que también era el Día Mundial de la prevención del cáncer. Pues el diario El Nacional publicó ayer un titular que decía así: “4F: Algunas formas de cáncer deben prevenirse”.
La nota que publicó El Nacional es esta:
Castillo hace chistes, se burla de que la oposición ahora vea a Chávez como «bueno». Cuenta acnédotas y relata la supuesta masacre de indígenas Yanomami en la Comunidad Irotatheri, en Amazonas, que publicaron medios en 2012 y que el Gobierno desmintió visitando el asentamiento en medio de la selva. “No nos dejemos llevar por lo primero que nos dicen”, recomienda a la audiencia.
Además, Castillo afirma que hay que ser autocríticos, aunque en la hora y media de discurso él escurra el bulto, cuente una mitad de la historia y exima al Gobierno y funcionarios de la responsabilidad que tienen sobre la crisis actual. “Nadie ha negado que aquí hay problemas económicos”, dice… “pero si no fuera por la guerra económica no tendrían la cobertura mediática que tiene”.
Repite una y otra vez lo que ya otros han dicho: “Los organismos han sido penetrados por la corrupción”, “Las mafias poderosas reclutaron a funcionarios de Cadivi”. Y parafrasea a Nicolás Maquiavelo: “todos ven lo que parece y nadie sabe lo que es». «Son maquiavélicos”. Las cabezas asienten.
La solución viene en adherencia, lealtad a todo costo, sumisión. William Castillo asegura: «Todo esto se puede evitar, se puede combatir. Podremos resistir esta guerra solo si el pueblo confía en su gobierno, si lo apoya y se mantiene fiel».
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Llegada la ronda de preguntas, un hombre se levanta, toma el micrófono y exclama: «Lo felicito, camarada, muy buena su presentación. Ante un ataque como el que vivimos, ante una agresión como esta, que viene de todos lados, tiene que haber un contraataque. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a contraatacar?»
Trabajadores del Diario El Universal emitieron un comunicado para expresarle al país sus preocupaciones con respecto a la línea editorial que ha tomado el periódico luego de su venta.
Aquí el comunicado completo:
Nosotros, periodistas y demás integrantes de la redacción de El Universal, por decisión de la asamblea de trabajadores realizada la tarde de hoy, nos vemos de nuevo en la necesidad de expresarle al país en general, y a nuestros lectores en particular, nuestras crecientes preocupaciones sobre la actual línea editorial de este diario centenario.
A seis meses de que se produjera el cambio de propietarios y la designación del ingeniero Jesús Abreu Anselmi como presidente de El Universal, nos alarma el creciente cerco comunicacional que se ha venido levantando sobre algunos voceros e instituciones de la sociedad venezolana que representan a importantes sectores que, poco a poco, están quedando al margen del registro noticioso, en detrimento del derecho constitucional a la información.
En nuestro primer comunicado público (17/08/2014 con motivo de la censura del caso Sidor), recordamos las palabras del ingeniero Abreu, publicadas en este diario el domingo 13 de julio: “En ese sentido suscribí un postulado establecido, hace muchos años, por el poeta Andrés Mata, que apareció en la presentación de esta nueva etapa del El Universal, el sábado 5 de julio. Allí insistía en que lo importante es la imparcialidad, la inclusión de todas las tendencias políticas, la independencia de cualquier parcialidad partidista o personalidad y asegurarse de que siempre aparezcan las dos caras de la moneda”. Este desiderátum lo hacemos nuestro y queremos que se materialice.
Durante seis meses la representación sindical del SNTP ha levantado un registro pormenorizado de las trabas y cortapisas que cotidianamente se aplican a las informaciones en la edición de papel: reducción de espacios, cambio de titulares que, en varios casos, contradicen el principio constitucional de la información veraz, así como mutilaciones o supresiones de texto a última hora de la noche, sin posibilidad de ajustes o enmiendas. Precisamente lo ocurrido con la edición del día de ayer motiva este pronunciamiento.
El día miércoles 14 de enero de 2015, se produjo un hecho “público, notorio y comunicacional” (recordar jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia), como fue la rueda de prensa del gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski. Por lo menos una treintena de medios de comunicación, nacionales e internacionales, estuvieron allí presentes. El Universal en su página web registró el miércoles lo principal de lo dicho por el dirigente opositor y divulgó, en tiempo real, a través de su cuenta oficial en Twitter, esas declaraciones. Sin embargo, en la edición de papel del día de hoy, la reseña correspondiente fue censurada y se habrían girado instrucciones para “matizar” en el futuro en la página web todas las informaciones procedentes de voceros de la Mesa de la Unidad Democrática referidos a “movilizaciones” y “protestas” de calle.
Los miembros de este colectivo consideramos que tales decisiones y directrices son profesionalmente inaceptables y vulneran principios constitucionales y democráticos que asisten a todos los venezolanos.
El próximo mes de abril el diario El Universal cumplirá 106 años de existencia. Esta empresa centenaria ha registrado en sus páginas los acontecimientos de una veintena administraciones presidenciales distintas y ha brindado por décadas innumerables servicios. El Universal es un patrimonio de la sociedad venezolana, así lo creemos, así lo sentimos. Por eso seguimos cumpliendo nuestra tarea, en defensa de nuestro derecho al trabajo y de los principios que justifican nuestra profesión.
El llamamiento que hacemos a nuestros lectores es a respaldarnos en nuestra posición y a no renunciar al rol que también les corresponde en defensa de la democracia, de la libertad de expresión y del pluralismo. Los exhortamos, porque es su derecho, a agotar los mecanismos para exigir a la nueva directiva de El Universal que nuestras páginas se abran a todos los sectores del país.
