Efraín Antonio Campo Flores

InSight Crime

LA CONDENA DE 18 AÑOS DE PRISIÓN a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela no es complaciente y en lugar de ser representativo de la justicia pudiera ser una respuesta política del gobierno de Estados Unidos a la conducta “antidemocrática” de Nicolás Maduro.

El juez Paul Crotty, de la Corte Federal de Manhattan, anunció su decisión de condenar a Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos del Presidente Nicolás Maduro, a 18 años de cárcel después de más de un año de espera y luego de descartar la condena de 30 años solicitada por la Fiscalía de Nueva York.

La decisión, que en Venezuela fue considerada benévola, se basó en que no había ninguna prueba de que los acusados hubieran distribuido drogas en Estados Unidos, según explicó el juez.

“En este caso no hubo incautación alguna de drogas y, ciertamente, ellos tomaron decisiones estúpidas… La justicia debe ser fuerte, pero misericordiosa, sino sería crueldad… la separación de sus familias ya será particularmente dolorosa”, publicó Runrun.es.

Los “narcosobrinos” fueron detenidos en Haití el 10 de noviembre de 2015, por agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) cuando intentaban concretar una negociación para llevar 800 kilos de cocaína a Estados Unidos.

El 18 de noviembre de 2016 fueron declarados culpables del delito de conspiración para introducir droga a territorio estadounidense. Durante la investigación, la Fiscalía de Nueva York presentó documentos judiciales que vinculaban a los sobrinos del presidente Maduro con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pues planeaban recibir cocaína de este grupo.

Declaraciones de testigos y documentos de la Fiscalía también relacionan a los “narcosobrinos” con traficantes de drogas en Honduras. Además durante la investigación se descubrieron evidencias que vinculaban a Franqui Francisco Flores y Efraín Campo Flores con bandas criminales y otros delitos en Venezuela. Se trata de los homicidios de dos hombres pertenecientes a las mafias carcelarias (pranes) y a megabandas (organizaciones dedicadas al secuestro, la extorsión y el microtráfico de drogas).

Durante el caso de los “narcosobrinos” también surgieron algunas grabaciones y otros elementos difundidos por algunos medios internacionales que mostraban la presunta complicidad de funcionarios del gobierno de Venezuela con el tráfico de drogas.  Se refirieron al control del Cartel de Los Soles, supuestamente liderado por el expresidente del congreso Diosdado Cabello, sobre el tráfico de drogas desde Venezuela, y también y los presuntos nexos del vicepresidente Tareck El Aissami en actividades criminales. Sin embargo, no hubo mayores investigaciones sobre estas revelaciones.

Análisis InSight Crime

La página especializada Insight Crime analizó la condena a los sobrinos de la primera dama Cilia Flores y aunque pudiera parecer compasiva -luego de demostrarse su relación con grupos de crimen organizado, el uso ventajoso de su poder político familiar para facilitar el tráfico de drogas y la intención de introducir drogas en Estados Unidos- en realidad la sentencia de 18 años de prisión es muy similar a las condenas recientes de poderosos criminales de la región, que han sido juzgados en Estados Unidos.

Los hermanos Luis Alonso y Miguel Valle Valle de Honduras, señalados de introducir mensualmente 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, fueron condenados a 23 años de prisión. Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, recibió 24 años de pena, luego de declararse culpable de conspirar para introducir grandes cantidades de droga a ese país. También Marlon Francesco Monroy, conocido como “El Fantasma”, fue sentenciado en 2017 a 21 años y nueve meses de prisión en EEUU.

Otros dos poderosos capos colombianos también recibieron sentencias que fueron consideradas reducidas en comparación con los crímenes que habían cometido. Una Corte de Nueva York sentenció a nueve años de prisión a Luis Enrique Calle Serna, uno de los líderes de Los Rastrojos, quien llegó a ser uno de los narcotraficantes más importantes de Colombia. Salvatore Mancuso, uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), considerada una de las más grandes organizaciones de narcotraficantes del mundo, fue condenado a solo 15 años y 10 meses de prisión por una Corte del Distrito de Columbia. Luego de una negociación con las autoridades de Estados Unidos, su responsabilidad en matanzas y violaciones de derechos humanos en su país no fue considerada en su sentencia.

Todas estas condenas tienen en común que los acusados se declararon culpables, se entregaron a las autoridades o negociaron acuerdos para suministrar información al gobierno de Estados Unidos. Al parecer los “narcosobrinos” no se ofrecieron como colaboradores, ni negociaron sus sentencias a cambio de suministrar información, así que su condena de 18 años podría ser un reflejo de eso.

Por otra parte, la condena a los “narcosobrinos” puede ser otra respuesta del gobierno de Donald Trump a las acciones “antidemocráticas” que han venido denunciado por parte del presidente de Nicolás Maduro. En varias oportunidades se llegó a plantear que desde Estados Unidos intentaron utilizar esta sentencia como una carta para negociar la salida del presidente Maduro del poder y obligarlo a flexibilizar algunas medidas, como el encarcelamiento de líderes políticos de oposición.

La decisión del juez Crotty, que había sido postergada en al menos tres oportunidades, se conoció el 14 de diciembre, cuatro días después de que el partido del presidente Maduro arrasara en las elecciones municipales, al ganar 308 de las 335 alcaldías que estaban en disputa. Se trata de la tercera victoria electoral consecutiva del mandatario en 2017, luego de triunfar en la Asamblea Nacional Constituyente y en las elecciones de gobernadores, todas obtenidas bajo la sospecha del fraude y en medio de un ambiente de protestas ciudadanas por falta de comida, medicamentos y una creciente inflación.

La ironía no se limita a la Casa Blanca. Después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, en agosto de 2017, el Departamento del Tesoro sancionó a Maduro y a una docena de funcionarios del Estado venezolano por violación de derechos humanos y conductas que atentaban contra la democracia. Además calificó a Nicolás Maduro de “dictador”. Sin embargo, estas medidas no parecen haber afectado al régimen del sucesor de Hugo Chávez, quien en los últimos cinco meses se ha fortalecido en el poder y ha radicalizado su modelo.

La condena de 18 años de prisión sobre los sobrinos de su esposa tampoco generó ninguna preocupación en el mandatario de Venezuela. Días antes del anuncio de sentencia, previsto para el 14 de diciembre, Maduro mantuvo su conducta retadora. El mandatario, ahora fortalecido políticamente, amenazó a la oposición con no permitirles participar en las elecciones presidenciales de 2018 si no exigían al gobierno de Estados Unidos que retire las sanciones en su contra.

Ningún funcionario del gobierno de Venezuela se ha pronunciado sobre la sentencia, tampoco los medios de comunicación oficiales han difundido la información.

 

 

 

 

 

 

La sentencia de Campo y Flores será leída el 26 de junio en horas de la mañana.

 

El juez del caso, Paul Crotty, fija posición ante los argumentos de la defensa de los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores. La autoridad federal puntualizó las razones por las que considera que Campo y Flores no deben ser sometidos a un nuevo proceso

 

@AdrianitaN

EFRAÍN CAMPO FLORES Y FRANQUI FLORES DE FREITAS, sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, no tendrán un nuevo juicio. Así lo hizo saber este viernes Paul Crotty, juez federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York y máxima autoridad en el caso que sigue la justicia estadounidense contra los sobrinos de Nicolás Maduro desde noviembre de 2015.

Adicionalmente, los primos tendrán que esperar tres meses y diecinueve días más de lo previsto originalmente para conocer su condena. La audiencia en la que se haría pública la decisión del juez, pautada originalmente para el 7 de marzo, fue pospuesta para el 26 de junio de 2017 a la espera de que la Fiscalía presente nuevos argumentos para rebatir la posición fijada por la defensa.

El 18 de noviembre de 2016 el hijo de crianza y el sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, fueron declarados culpables del delito de conspirar para importar 800 kilos de cocaína desde Venezuela hasta Estados Unidos. Desde entonces, la defensa ha puesto un gran empeño por probar fuera de la Corte lo que no pudo demostrar dentro de ella.

El 23 de enero de 2017 el equipo de defensores introdujo ante la Corte un documento en el que detallaron las supuestas irregularidades presentadas durante el proceso judicial contra sus clientes y solicitaron un nuevo juicio; en contraposición, el 13 de febrero la Fiscalía presentó un documento de 113 páginas en el que mostraron presuntas relaciones —tanto antiguas como actuales— de los defendidos con el negocio del narcotráfico. Además, revelaron nuevos nombres y supuestas conexiones con  autoridades y delincuentes venezolanos.

El 6 de marzo la defensa respondió con otro documento en el que descartaron cualquier vinculación de los sobrinos Flores con el capo Hermágoras González Polanco y reclamaron la interpretación que la Corte dio a las conversaciones en “clave” halladas en los teléfonos incautados en el momento de la detención. A juicio del equipo defensor las acusaciones están sustentadas en “inferencias”. Pusieron como ejemplo la reacción de Campo cuando se le interrogó sobre la foto en la que aparece sosteniendo un bloque de supuesta cocaína. “Tú sabes lo que es”, respondió el sobrino al agente de la Drug Enforcement Administration (DEA), Sandalio González.

Un documento de 15 páginas titulado Opinion and order y firmado por Crotty vino a zanjar el debate epistolar. A continuación los ocho argumentos que utilizó el juez para negar un nuevo proceso para Campo y Flores:

1. La insistencia con “El Sentado”

Campo y Flores no estaban contentos con la lentitud para concretar los “negocios» por parte de su socio hondureño Carlos Amílcar Leva Cabrera (alias “El Sentado”). En conversaciones extraídas de los teléfonos incautados los defendidos reclamaban a José Santos Peña (CS1) que “El Sentado” no se comunicaba con la frecuencia necesaria y explicaban que “eso pasa cuando la gente se llena de papel (dinero)”.

La defensa ha insistido en que fue Leva Cabrera quien instigó y orquestó toda la operación para señalar a Campo y Flores como objetivos para la DEA. Sin embargo, argumenta el juez, no hay evidencia de que haya sido “El Sentado” quien contactó a los primos Flores y, por el contrario, ellos se comunicaron e insistieron en hacer negocios con él. Cuando la operación no se movió a la velocidad que esperaban, amenazaron con “moverse por otro lado”.  

El juez señaló, además, que los sobrinos admitieron que fue Mohamad Abdul Razzak  —alias “Hamudi”, contacto en Venezuela— quien les presentó a César Daza, alias “El Flaco” y que este, a su vez, fue el enlace con “El Sentado”.

2. No le dijeron no a Estados Unidos

La defensa ha insistido en que nunca salió de la boca de los primos Flores una mención directa a Estados Unidos; por lo tanto, aseguraron, su intención no era que el rumbo del cargamento de drogas fuese hacia el país norteamericano.

Las fuentes encubiertas de la DEA que participaron en la operación mencionaron, al menos en trece oportunidades, a Estados Unidos como destino final. Ante los ojos del juez, el hecho de que los sobrinos no hayan dado una mínima muestra de oposición ante esto los hace corresponsables. “Una manifestación explícita no es requerida”, aseguró la autoridad.

Adicionalmente, Crotty retomó el testimonio ofrecido durante el juicio por el agente especial de la DEA Daniel Mahoney, en el que se explicó que, aproximadamente, 80% de la cocaína enviada desde Venezuela, por medio del corredor de Centroamérica, tiene como destino Estados Unidos.

3. Caminaron con sus propios pies

“Los defendidos tomaron un número de acciones voluntarias en pro de la conspiración”, señaló el juez y enumeró las que, a su juicio, son las cuatro principales: participar en reuniones para discutir el acuerdo e incluso llevar a una de las reuniones un supuesto bloque de cocaína; intentar enviar a unos pilotos para continuar discusiones sobre logística; viajar a Honduras, el 6 de noviembre, para discutir la logística de la carga de los 800 kilos de cocaína; y volar a Haití, el 10 de noviembre, para recoger el dinero por el acuerdo y finalizar detalles.  

4. Canadá, Europa y otros mercados

En uno de los audios recolectados por la fuente confidencial de la DEA y presentados en el juicio se escucha a Campo muy interesado por conocer los precios de la cocaína en Canadá. Santos Peña respondió con cifras de la venta en Ottawa y Vancouver. “Yo tengo una prima allá arriba, en Canadá, que es cónsul”, replicó Campo.

“Yo tenía un contacto en Europa, pero ahí es difícil conseguir gente corrupta”, añadió el sobrino Flores. El juez consideró, adicionalmente, que “los defendidos buscaron establecer un acuerdo para el tráfico de drogas con un sujeto apodado ‘Pepe’ ”.

5. La inexperiencia es algo de experiencia

“Hay un principio para todo y nada excusa un crimen, así sea la primera vez”. Así respondió el juez Crotty a la intención de la defensa de presentar a los defendidos como “estúpidos”, “fáciles de engañar”, “poco sofisticados” e “inexpertos”.

6. La silla del juez y las del jurado

La defensa ha considerado que las pruebas presentadas ante el jurado no fueron suficientemente objetivas como para llevarlos a tomar una decisión correcta. “La Corte no está en ninguna posición mejor que el jurado para hallar los hechos en este caso, ni el interés de la justicia exige que el veredicto sea puesto a un lado”, puntualizó Crotty.

El juez rechazó que se le incitara a usurpar el rol del jurado, conformado por personas ajenas a la situación política, económica y social de Venezuela.

7. El castigo a CS1

Eliminar todo rastro de credibilidad del testigo estrella del caso fue la tarea principal del equipo de defensores. José Santos Peña, CS1, le mintió a la agencia antinarcóticos estadounidense; estuvo haciendo negocios de narcotráfico paralelamente a su desempeño como fuente confidencial. Esto le llevó a la cárcel, desde donde no cesó su actividad delictiva, según logró demostrar la defensa en pleno juicio.

Allí, frente a todos los presentes, la Fiscalía revocó el acuerdo de cooperación con la DEA de CS1. Aún habiendo presenciado eso, el jurado decidió tomar como válido el testimonio de Santos Peña. El juez rechazó nuevamente que se tratara de restar validez al criterio del jurado.

Otro criterio fijado antes, pero no mencionado en el documento publicado este viernes cobra relevancia: CS1 proveyó evidencias inculpatorias en audios, imágenes y videos, recogidas usando equipos cifrados propiedad de la DEA.       

8. Vale más parecer que ser  

La posición del juez Crotty sobre la importancia de que la muestra de cocaína fuese real quedó clara en una audiencia previa al juicio celebrada el 9 de julio de 2016. “No hay ningún indicio de que esas fuesen drogas reales”, expuso el abogado Randall Jackson. “Bueno, yo no sé eso tampoco, pero su cliente dijo que esas eran drogas (…) ellos ofrecieron una muestra”, replicó Crotty en esa oportunidad.   

El testimonio de CS1 fue clave para describir la naturaleza de la “sustancia polvorosa”. Ante el juez y el jurado aseguró que su olor, color y el “aceite” que soltó cuando la frotó le hacían estar seguro de que era una muestra de cocaína. Por medio de una carta consignada después del juicio, la defensa presentó el testimonio de Andrea Holmes, experta en Química, quien evaluó como irreal la transición de una sustancia sólida a un estado líquido tan solo con el calor de las manos.

“Interesante, pero ese no fue el testimonio de CS1 (…) el testimonio de la doctora Holmes no hace referencia a si la cocaína, aún sólida, puede ser grasosa al frotarla”, asentó Crotty. El juez añadió: “La declaración sobre el porcentaje de pureza fue hecha durante la conversación grabada con los dos defendidos en Caracas, en la reunión donde Campo Flores produjo la muestra”.

 

La Comisión Especial de la Asamblea Nacional para Investigar el Tráfico de Influencias y Abuso de Poder vinculado al narcotráfico por parte de familiares de funcionarios del Poder Público, se instaló formalmente este martes. Durante esta primera reunión acordaron, entre otras cosas, enviar un cuestionario tanto al diputado Diosdado Cabello como a su colega y Primera Dama, Cilia Flores, a efectos de conocer sus versiones sobre el caso de los sobrinos de la primera combatiente.

“Vamos a enviar un cuestionario a la diputada Cilia Flores porque se trata de un caso en el cual se han visto involucrados dos de sus sobrinos identificados como Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas”, dijo el diputado José Luis Pirela declaró lo siguiente:

Pirela agregó que de acuerdo a la información que han recibido; uno de estos jóvenes se exhibía en la ciudad de Caracas con un carro Ferrari, un automóvil que no es fácil de esconder. Asimismo explicó que al diputado Cabello también se le enviará el cuestionario debido a que fue mencionado  en el juicio realizado en la ciudad de Nueva York.

El pasado 22 de noviembre la AN aprobó un Proyecto de Acuerdo en el cual se estableció la conformación de una Comisión Especial, que se dedicará a investigar el caso de los sobrinos de la pareja presidencial, quienes fueron declarados culpables por la justicia estadounidense tras ingresar más de 800 mil kg de cocaína a EEUU.

La comisión está integrada por los diputados Pirela (Unidad- Zulia), Ismael García (Unidad- Aragua), Teodoro Campos, (Unidad-Lara), José Trujillo (Unidad-Aragua) e Ismael León (Unidad-Dtto. Capital) y dos  diputados del Gran Polo Patriótico, que a petición del jefe de la bancada oficialista Héctor Rodríguez, no se van a incorporar. Pirela lamentó la ausencia de la bancada  oficialista y dijo que esta ausencia no debe traducirse en descalificaciones para dicha comisión.

Citaciones a funcionarios públicos

El diputado José Luis Pirela  agregó que también se acordó a citar a la sede del Parlamento a funcionarios del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, a efectos de revisar la relación de vuelos. También al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, a la Cancillería de la República y la Casa Militar.

“Estas comparecencias tienen como propósito evaluar todo lo concerniente con la parte migratoria y los viajes que frecuentemente hacían estos dos jóvenes, sobrinos de la Primera Dama de la República. La Cancillería, por su parte, deberá explicar por qué ambos usaban pasaportes diplomáticos y los funcionarios de la Casa Militar deben demostrar si es cierto o no que los imputados usaban la Rampa 4 del Aeropuerto de Maiquetía, o en todo caso el Aeropuerto de La Carlota”, dijo Pirela.

La instancia acordó citar también al Teniente Coronel Pedro Miguel Rodríguez Flores, piloto del de la aeronave, a Pablo Urbano Pérez, Copiloto, Marco Tulio Uzcátegui Contreras, propietario del avión, al empresario Wilmer Ruperti quien a través  de PDVSA  tiene un contrato  de 138 millones de dólares y  es la persona que la defensa de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, en la ciudad de Nueva York y finalmente  al comisario Vladimir Flores, hermano de la diputada Cilia Flores, ex jefe de Seguridad de la AN y actualmente miembros de la directiva del cuerpo de policía científica, CICPC.

 

La autocensura practicada por los medios en manos del régimen o de sus enchufados y testaferros quedó en evidencia con el escandaloso ocultamiento del veredicto unánime de un gran jurado, en un tribunal de Nueva York, que declaró culpables a los llamados narcosobrinos de la pareja presidencial: Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. Esos medios decidieron esconder el sol con un dedo e inútilmente desaparecieron la noticia bomba de sus periódicos y canales de televisión. Las impactantes grabaciones, los mensajes de celulares, correos y documentos fueron tan contundentes que la defensa no tuvo otra estrategia que apelar a la lástima del jurado, al declarar que los pobres muchachos “eran tan estúpidos que es muy poco probable que pudieran armar una conspiración para traficar 800 kilos de cocaína hacia Estados Unidos”.

Allí está la confesión –grabada secretamente– de esos dos “hombres nuevos”, productos finamente acabados de la narcorrevolución, que se ufanaban del poder de los tíos que les facilitaron sus pasaportes diplomáticos, y como un par de bocones se las echaban de su dinero proveniente del narcotráfico. Los sobrinos presidenciales resultaron ser dos expertos en manipular cocaína de alta pureza con guantes quirúrgicos, de esos que hacen falta hoy en los hospitales de este país.

Todas esas aberraciones fueron borradas de la memoria oficial, de los medios rojos y semirrojos venezolanos, mientras el escándalo puso a Maduro a bailar con sus narcosobrinos, en diferentes memes en las redes sociales que se hicieron virales en cuestión de minutos. Pero lo verdaderamente inaceptable es que el Ministerio Público no haya ordenado una inmediata investigación, que revele cuál es la conexión de los narcosobrinos con la familia Maduro-Flores, las complicidades existentes en la Presidencia de la República, el Ministerio de la Defensa y la Cancillería, que tienen mucho que explicar o, mejor dicho, confesar sobre el uso que los narcosobrinos dieron a la rampa 4 –la rampa presidencial en el aeropuerto Simón Bolívar–, convertida en una de las pistas preferidas por los narcotraficantes, sean miembros de la narcoguerrilla de las FARC, los narcosoles o de ¿ex aliados revolucionarios?, como Walid Makled, que usaba sus aviones de Aeropostal para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos, hasta llegar a los “estúpidos” narcosobrinos que la usaban a sus anchas.

Inventaron un supuesto complot político y acusaron al gobierno de Estados Unidos de secuestro, y hasta de sembrar el caso para promover una invasión. Un argumento que causó risas en el jurado cuando los abogados, pagados por el magnate rojo Wilmer Ruperti –con dólares obtenidos sin licitación en Pdvsa–, intentaron aplacar la contundencia de las pruebas y, lo que es más grave, la poderosa fuerza de las grabaciones en las que también dejan al descubierto la lucha de poder entre el número dos, Diosdado Cabello y la familia Maduro-Flores.

El caso de los narcosobrinos es la punta del iceberg. La justicia internacional descubrirá y enjuiciará a los verdaderos capos que manejan la extensa red de narcotráfico desde Venezuela hacia Estados Unidos y Europa. El país está a un tris de ser declarado como narcoestado. La Asamblea Nacional debe llegar hasta las últimas consecuencias e impedir que el G3 de la MUD, encompinchado con los representantes del narcorrégimen, paralice las investigaciones en las mesas de diálogo, como hicieron con el debate sobre las responsabilidades políticas del tío en la debacle del país.

 

@AliasMalula

El Nacional 

 

 

Los fiscales de Estados Unidos pidieron el jueves al jurado del caso de narcotráfico que involucra a dos sobrinos de la primera dama de Venezuela que encuentre culpables a ambos, a pesar de que un testigo clave fue acusado de mentir durante el proceso.

Durante los argumentos de cierre en una corte federal de Manhattan, el fiscal asistente Brendan Quigley reconoció que lo ocurrido con el testigo José Santos Peña es «un factor importante» en el juicio, pero pidió a los jurados que se concentren en otras evidencias contra Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores.

Los abogados los sobrinos de Cilia Flores, la esposa del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, respondieron que el testigo «infecta todos los aspectos» del juicio. «¿Sin él, cuál es su caso?», preguntó al jurado David Rody, abogado de Flores de Freitas.

Hace dos días, los fiscales tomaron la inusual decisión de invalidar un acuerdo de cooperación con el testigo, después de que la defensa presentó evidencia que dijo que mostraba que había mentido y traficaba drogas en secreto.

 

¿Qué puede pasar al final del juicio de los sobrinos de Cilia Flores? https://t.co/EdwA9G5gWc Por @loremelendez

— Runrunes (@RunRunesWeb) November 17, 2016

 

Fue un revés para el Gobierno en un caso con potenciales consecuencias para las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

Los fiscales han acusado a Flores de Freitas, de 31 años, y Campo Flores, de 30, de intentar usar uno de los aeropuertos de Venezuela para enviar cientos de kilos de cocaína a Estados Unidos a través de Honduras. Sus arrestos en noviembre fueron resultado de una operación encubierta que involucró a informantes pagados. Nunca se envió la droga.

Los fiscales dijeron que su objetivo era, en parte, conseguir efectivo para contrarrestar el financiamiento que ellos creían que Estados Unidos entregaba a la oposición antes de las elecciones legislativas de diciembre del 2015. El Partido Socialista Unido de Venezuela perdió su mayoría en la Asamblea Nacional después de la votación.

Quigley dijo el jueves a los jurados que deberían concentrarse en los mensajes de texto y grabaciones telefónicas que muestran que los sobrinos estaban «deseosos y entusiasmados por hacer operaciones de narcotráfico».

«La evidencia en Venezuela no viene de la boca de Santos Peña», dijo Quigley.

Los abogados de los acusados sostienen que sus clientes no son lo suficientemente entendidos para realizar un negocio de narcotráfico tan grande y fueron engañados por informantes que buscaban congraciarse con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, que les pagaba grandes montos por atraer a objetivos de alto perfil.

 

El lunes 7 de noviembre entrarán en la sala identificada como 14C los sobrinos de la primera dama venezolana Cilia Flores, para dar inicio al juicio en el que se decidirá el futuro de los acusados. “De 10 años a (cadena) perpetua” suele ser la petición de la Fiscalía para casos similares. La probatoria de inocencia descansará en los dos prestigiosos bufetes de abogados que los defienden, cuyo pago de honorarios proviene del empresario Wilmer Ruperti

@elpitazo

Tras un año confinados en el Correccional Metropolitano de Nueva York, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores recorrerán los pocos metros que los separan desde su lugar de reclusión hasta la sala en la que el juez Paul A. Crotty imparte justicia. Enfrentarán una fase crucial en el proceso criminal que se les sigue en EE. UU. por cargos de conspiración para llevar cocaína a territorio estadounidense y así ganar una multimillonaria suma de dinero con el uso de sus influencias políticas, por ser familiares cercanos a la pareja presidencial venezolana.

Una operación encubierta que inició en agosto de 2015 resultó en la captura de los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, a su arribo a la capital haitiana de Puerto Príncipe a bordo de una aeronave siglas YV2030. Los familiares de la pareja presidencial venezolana no llegaron solos. Otras cuatro personas los acompañaban, de las cuales poco se conoce sobre sus vínculos con el caso.

Un mayor de la Fuerza Aérea Venezolana, Pedro Miguel Rodríguez González, tripuló el avión y Pablo Rafael Urbano Pérez fue su copiloto, aquella mañana del 10 de noviembre de 2015. Los otros dos acompañantes de los sobrinos Flores fueron Marco Tulio Uzcátegui Contreras, presunto dueño de la aeronave y Jesfrán Josnel Moreno Sojo, identificado como guardaespalda.

A estas personas se les perdió la pista. Solo se pudo conocer por investigaciones realizadas por El Pitazo que al menos Pablo Urbano y la aeronave regresaron a Caracas en horas de la noche del 11 de noviembre, un día después de que los agentes de la DEA tomaran en custodia a los jóvenes familiares de Cilia Flores. Exagentes federales, expertos en este tipo de casos no descartan que alguno de estos individuos sea pieza fundamental para la Fiscalía durante el juicio.

Lea el reportaje completo de @fiorelaperfett en El Pitazo 

Los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas solicitaron al juez Paul Crotty prohibir al gobierno presentar ante el jurado las fotografías correspondientes a la reseña policial de los dos acusados en Haití. Asimismo, no quieren que se muestren en las audiencias, unas imágenes que recrean el momento en que los dos acusados suben al avión de la DEA en Puerto Príncipe y desembarcan en Nueva York, ya que en las mismas los dos hombres portaban grilletes, lo cual conllevan a “una fuerte sugerencia de peligrosidad y criminalidad implícita”, según advierte la defensa, publica en su blog la periodista Maibort Petit.

La idea del gobierno con esas fotografías es dejar claro ante el jurado, que ni los oficiales de la policía haitiana ni los agentes de la DEA abusaron físicamente de los dos acusados, tal como lo aseguran, en una de las confesiones juradas, Campo Flores y Flores de Freitas.

De acuerdo a la tesis de la defensa, los acusados fueron obligados por los agentes de la DEA a realizar los interrogatorios luego de ser arrestados, cuando se encontraban en el avión que los trasladó a Nueva York. Ambos imputados dijeron que habían sido objeto de abusos y presiones por parte de los representantes del gobierno de EEUU, y que los habían obligado a firmar los derechos Miranda.

En la misiva, entregada a la corte este viernes, Campo Flores y Flores de Freitas piden al tribunal que no admita que el gobierno muestre las 4 fotografías, que de acuerdo a sus abogados tiene muy poca carga probatoria.

Las pruebas documentales que la defensa no quiere que vean los miembros del jurado son las fotos de ambos acusados tomadas en la reseña de la policía de Haití, con el número de su caso, llamadas “Placas frontales” y las que muestran a los acusados en perfecta forma física, abordando y desembarcando el avión de la DEA el 10 de noviembre de 2015.

Para la defensa de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro la admisión de esas fotografías sería inapropiada, ya que las mismas no son pruebas relevantes del caso, y solo generarían confusión en el jurado. “Las dos tomas policiales de los acusados son completamente innecesarias para identificarlos, puesto que el jurado -seguramente- sabrá quiénes son los acusados cuando se haga referencia a ellos”.

Lea la nota completa en La Patilla