detenciones arbitrarias en Venezuela

La exposición por realidad virtual, «Latinoamérica sin presos políticos», denuncia en Madrid las violaciones a los DDHH de los presos políticos en Venezuela, Cuba y Nicaragua

El exmilitar y político venezolano, Raúl Emilio Baduel, dijo que los presos políticos, sobre todo en Venezuela, mantienen secuelas psicosociales de sus tratos crueles cuando estaban privados de libertad de forma forzada

Foro Penal informó que existen 282 presos políticos en Venezuela, 13 más que en febrero del 2023

Con información de EFE

La realidad virtual traslada a una celda de Nicaragua y a una cárcel de Venezuela al visitante de la exposición «Latinoamérica sin presos políticos», que denuncia en Madrid el sufrimiento de los perseguidos y de sus familiares en estos países y otros como Cuba.

La exposición, que estará disponible hasta el 22 de abril en la Fundación Carlos de Amberes de la capital de España, incluye una ruta fotográfica y la experimentación a través de realidad virtual de cómo es la prisión de Helicoide, que tiene mayor cantidad de presos en Venezuela, y una celda de castigo en el complejo policial Evaristo Vásquez en Nicaragua.

La muestra forma parte de una campaña iniciada en diciembre de 2022, que se centra en la idea de que «detrás de cada preso político hay una familia» y enfatiza que no solo sufren las personas encarceladas, sino también todos los que les rodean.

Los más de 1.400 presos políticos que hay hoy en Latinoamérica están siendo sometidos a torturas físicas y psicológicas y aquellos que han sido liberados tienen secuelas, pues «un preso político sigue siéndolo aún excarcelado», lamentó Raúl Emilio Baduel en la presentación de la muestra esta semana.

Baduel es hijo de Raúl Isaías Baduel, ministro de Defensa de Hugo Chávez y luego uno de los adversarios del Gobierno venezolano que falleció estando preso.

«Mi padre estuvo más de doce años en cautiverio de muerte y en la misma celda en la que falleció se encuentra en estos momentos mi hermano encarcelado», recordó.

Voces de los presos

La abogada venezolana experta en derechos humanos Martha Tineo trasladó testimonios de presos políticos y familiares sobre torturas en las prisiones.

La ONG venezolana Foro Penal informó que existen 282 personas privadas de libertad por razones políticas en Venezuela para el 13 de abril del 2023, 13 personas más que su último conteo hace dos meses. 

De ese grupo, 152 son militares y 130 son civiles. 92,2% de los presos políticos en Venezuela son hombres. 

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 10/04/2023 por @ForoPenal:

𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 282

Hombres: 262
Mujeres: 20

Civiles: 130
Militares: 152

Adultos: 282
Adolescentes: 0#Infografia #Balance #10Ab @Almagro_OEA2015 @ONU_derechos @UNHumanRights pic.twitter.com/H2xlSQWrqq

— Foro Penal (@ForoPenal) April 13, 2023

Tineo destacó que los encarcelados son «personas que simplemente estaban asumiendo sus roles de defender derechos humanos o de informar desde su profesión de periodismo».

«Hace cinco años los nicaragüenses salimos a las calles para manifestarnos en contra de la dictadura», manifestó por su parte Silvio Prado, politólogo nicaragüense que reside en Madrid.

Prado añadió que con las campañas y movilizaciones ya han logrado la excarcelación de 222 presos en su país, «pero no los liberó la dictadura, se los arrancamos nosotros a fuerza de presión».

Encerrados aunque los declaren libres

Uno de los excarcelados que contó su experiencia fue el nicaragüense Guillermo Sobalvarro Oporta, quien tras ser declarado inocente no pudo salir de la cárcel entonces «porque no les dio la gana».

El joven de 22 años fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de La Modelo, donde sufrió torturas como «arrancar las uñas, electricidad en partes íntimas o que me recluyeron en una celda de uno por uno la cual llenaron de agua hasta mi cintura».

Representantes de los tres países demandaron una movilización «por la democracia, los derechos humanos y por la libertad».

«Nos están quitando nuestra patria y nuestro hogar», denunció el representante de Cuba Decide, Víctor Dueñas.

Además de Cuba Decide, la exposición la promueven las organizaciones Sé Humano de Nicaragua y Justicia, Encuentro y Perdón de Venezuela.

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@GitiW  y  @ValeriaPedicini

Entre el 1ero de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2019, la ONG Foro Penal documentó 15.250 detenciones arbitrarias por razones políticas, cuyos períodos de privación de libertad oscilaron entre dos días y más de 3 años.

Los procesos judiciales que abre el Gobierno venezolano a los presos políticos siguen el mismo patrón, que comienza con la desaparición forzada y termina casi siempre con una prisión preventiva indefinida o, como en nueve casos, con la muerte del detenido en custodia del Estado.

Los invitamos a leer este trabajo especial siguiendo este enlace. 

El muchacho, que padece de esclerosis cerebral múltiple, fue presuntamente víctima de tortura. Es simpatizante de Acción Democrática

@loremelendez

Giovanny Meza, de 23 años, convulsionó dos veces mientras era presentado ante el Tribunal Noveno de Control de Lara este sábado, 23 de mayo. Padece de esclerosis cerebral múltiple y desde hace años le fue amputada su mano izquierda tras un accidente de tránsito. Nada, sin embargo, impidió que el juez le dictara privativa de libertad a él y a otros cuatro jóvenes que fueron detenidos arbitrariamente por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el pasado miércoles, 20 de mayo, en la urbanización Sucre de Barquisimeto.

Aunque el acta policial señala que los muchachos fueron arrestados en medio de un protesta que obstaculizaba las vías y en la que utilizaban bombas molotov, testigos y vecinos del conjunto residencial afirmaron que fueron sacados a la fuerza de sus casas por los uniformados sin ninguna orden de allanamiento. Ese día, además de a Meza, quien es padre de dos niños, se llevaron a Fabricio Ojeda (comerciante, 21 años), Aaron Atacho (comerciante, 23 años), Naudy Atacho (bordador, 33 años, una hija de crianza) y Pedro Zambrano, dirigente local de la Causa R (licenciado en Administración Gerencial, 38 años, sostén de hogar). También detuvieron a una sexta persona que fue liberada antes de la presentación.

A los jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 20 y 38 años de edad, les imputaron los cargos de Instigación a Delinquir, Detentación de Objetos Incendiarios y Obstaculización de Vías Públicas, los cuales contemplan penas bajas. Pero en contraste con casos similares de arresto en la urbanización y en otras manifestaciones civiles ocurridas en Barquisimeto, también se les señaló por el delito de Asociación para delinquir. Los abogados piensan que esta acción tenía la intención de dejarlos tras las rejas al menos hasta que se cumplan los 45 días previos al acto conclusivo de la investigación penal.

«Más allá de las razones políticas, la Sucre siempre ha sido un punto focal de protestas y esto puede considerarse como una lección y un escarmiento para que posibles manifestaciones que se devenguen en estos días se frenen por el miedo sembrado por estas detenciones. No hay ningún basamento legal ni jurídico en la imputación realizada por el Ministerio Público. Además, el cálculo de la pena de cada uno de estos delitos no daba para que se dictara una privativa», apunta el abogado Henderson Maldonado, de la ONG de Derechos Humanos Movimiento Vinotinto.

Luego de que Meza convulsionara, autoridades lo llevaron al Hospital Dr. Antonio María Pineda para examinarlo y posteriormente lo trasladaron a una clínica privada, según declaró un vecino de la urbanización. Un examen forense determinó que tenía cinco costillas fracturadas, por lo que se presume que fue torturado, según Movimiento Vinotinto.

La condición del joven provoca que tenga repetidas convulsiones si no se le administran medicinas. Eso ha hecho que evite participar en protestas. El primer día que estuvo arrestado, los policías impidieron que tuviera acceso a sus medicamentos. Solo los dejaron pasar al día siguiente.

«Con él ese ensañaron porque, cuando vino Juan Guaidó (presidente encargado de la República y líder de la Asamblea Nacional), Giovanny fue el único que se montó con él en el paredón. Además, estaba formalizando su ingreso al partido Acción Democrática», informó una fuente ligada al caso que pidió resguardar su identidad por seguridad.

Maldonado explicó que el equipo de abogados introducirá una apelación a la decisión del juez y, posteriormente, solicitará una revisión de la medida enfocada, sobre todo, en el caso de Meza, a cuyo expediente se adjuntaron exámenes médicos que acreditan su situación de salud. 

#MVDenuncia || Examen médico forense arrojó posible tortura (5 costillas fracturadas) contra Giovanny Meza. Exigimos investigación a efectivos de FAES que accionaron en la Urb. Sucre. Este joven convulsiona (incluso en la audiencia) y padece de esclerosis cerebral múltiple #23May pic.twitter.com/6MIyJinXfY

— Movimiento Vinotinto (@movinotinto) May 23, 2020

La historia de la Sucre

Cientos de familias viven en la combativa urbanización Sucre, que se ha convertido en un emblema de las protestas anti-Maduro en Barquisimeto. Se trata de un conjunto residencial situado en la avenida Libertador, al noroeste de la capital larense, y conformado por cinco «superbloques», de 72 apartamentos cada uno, además de una decena de edificios más pequeños y una zona de casas humildes.

Durante 2017, estas residencias fueron escenario de múltiples allanamientos nocturnos comandados por la Guardia Nacional y por colectivos afectos al gobierno. Así actuaban tras las protestas civiles que se desencadenaban a diario, en horas de la mañana, y que se sumaban a las manifestaciones contra Maduro que en aquel momento había en todo el país. 

Un vecino que prefirió mantener oculta su identidad por temor a represalias, apuntó que ninguno de los jóvenes detenidos solía participar en protestas. Destacó que la mayoría de los muchachos del movimiento «Resistencia» que vivían en la urbanización, y que en 2014 y 2017 fueron víctimas de represión, está fuera del país.

«Las FAES nos agarró por sorpresa. Ese día, como a las 3 de la tarde, cerraron la calle y paraban a los carros y los desviaban para que no entraran a la urbanización. Después, no se sabe quién los dejó pasar y por eso entraron a los apartamentos», relató sobre lo sucedido el 20 de mayo pasado. 

Reveló que, en las dos noches anteriores, los habitantes de la Sucre habían protagonizado cacerolazos espontáneos para reclamar por los cortes constantes de electricidad. «Aquí desde hace una semana no tenemos gas, porque no nos han podido reponer las bombonas. Entonces, cuando se va la luz, no solo nos quitan la posibilidad de cocinar algo, sino que tampoco tenemos acceso al agua que se distribuye a través de un tanque y una bomba que depende de la electricidad. Nos dejan sin nada», explicó.

Antes de los hechos del jueves pasado, en la Sucre no se había registrado ningún episodio de represión en lo que va de año. La última vez que los vecinos sufrieron allanamientos ilegales, fue durante las manifestaciones para apoyar a Juan Guaidó en enero de 2019, cuando fue proclamado presidente encargado de Venezuela.

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LA OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENCIAL la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, solicitó la visita de una comisión de Naciones Unidas para que constate la situación de derechos humanos y detenciones arbitrarias en Venezuela.

A través de un comunicado se expuso el caso del diputado Juan Requesens, quien fue secuestrado por la dictadura el 7 de agosto de 2018 “violando su inmunidad parlamentaria y violando el debido proceso, sin orden judicial y sin permitírsele tener contacto con familiares o abogados”.

“Requesens ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos, entre las que se incluyen los tratos crueles e inhumanos a su salud física”, precisó el comunicado.

Asimismo el Comisionado Presidencial para la ONU solicitó que dada las circunstancias de su privación de libertad, el parlamentario debe ser liberado inmediatamente y concederle el derecho a indemnización y adoptar las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos humanos.

“Es por lo expresado anteriormente que celebramos la decisión del Grupo de Trabajo de remitir este caso al Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como al Relator Especial sobre el derecho al disfrute del nivel más alto de salud física y mental para que tomen las medidas correspondientes”, agregó el escrito.

En este sentido, el Comisionado Presidencial del Gobierno Legitimo de Venezuela para la Organización de Naciones Unidas solicitó que sea enviada una comisión del Grupo de Trabajo para que realice una visita oficial al país y constante la grave situación en cuanto a detenciones arbitrarias y privativas de libertad que hoy sufre Venezuela.