Organizaciones de derechos humanos, dirigentes políticos y familiares denunciaron este 6 de septiembre la desaparición forzada de Miriam Fernández Ruiz (72 años), Miguel Ángel Guillén Ibarra (17), Chantal Niulany Guillén (21) y la bebé Nicole de Los Ángeles Palermo (2 años), detenidos entre el 4 y 5 de septiembre en el estado Carabobo.
Según el relato difundido, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) irrumpieron sin orden judicial en la vivienda de la familia en Paso Real y se llevaron a Miriam y a su nieto Miguel. Al día siguiente, Miguel fue obligado a llamar a su hermana Chantal, quien acudió a la sede policial de La Esmeralda junto a su hija Nicole, donde ambas quedaron detenidas.
“Desde entonces, los funcionarios niegan el paradero de los cuatro miembros de la familia, impidiendo toda comunicación con ellos y negando información oficial sobre el lugar de detención o su estado de salud. Este patrón cumple con los elementos de una desaparición forzada, prohibida por la Constitución venezolana y por el derecho internacional”, subrayó el comité.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (CLIPPVE) alertó sobre lo ocurrido y recordó que la desaparición forzada de personas, de menores de edad, adolescentes y adultos mayores “constituye un crimen de lesa humanidad que no prescribe y cuya responsabilidad recae directamente sobre el Estado”.
“Esto es barbarie”
Edmundo González Urrutia también se pronunció: “Con engaños detuvieron a una madre y, con ella, a su hija de apenas dos años Una niña inocente convertida en rehén del poder. Esto es barbarie”.
Por su parte, la instancia de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció lo ocurrido como “terrorismo de Estado” y responsabilizó a las máximas autoridades del gobierno.
“El terrorismo de Estado, liderado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, sigue aplicando sus prácticas de represión y horror. El régimen secuestra a CUATRO MIEMBROS de la familia Guillén, incluida UNA NIÑA DE DOS (02) AÑOS. Atacar a quienes piensan distinto es una atrocidad, pero secuestrar a una niña de dos años es un acto de cobardía y demuestra el miedo que sienten ante lo que representa una salida inminente del poder”.
Vulneración a compromisos internacionales
La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) expresó que lo ocurrido constituye una afrenta a la dignidad humana:
“Independientemente del contexto en el que hayan ocurrido los hechos, la retención de una niña tan pequeña duele y alarma profundamente. Ningún niño debe encontrase en medio de tan nefasta situación. Su vulnerabilidad nos recuerda la obligación urgente de proteger lo más sagrado: la vida y la dignidad humana”.
La ONG exigió información inmediata sobre la condición de los cuatro detenidos, garantizar su seguridad y respetar plenamente sus derechos, al tiempo que recordó que la práctica de detenciones sin orden judicial, el ocultamiento de paradero y la retención de familiares, especialmente de niños y niñas, “vulnera de manera frontal los compromisos internacionales asumidos por Venezuela y constituye una afrenta a la dignidad humana”.
Llamado a la comunidad internacional
CLIPPVE y las demás organizaciones exigieron la intervención de organismos internacionales como Naciones Unidas y Unicef, y advirtieron que este caso se suma a un patrón sistemático de persecución política con prácticas como la “Sippenhaft”, o represalia contra familiares de disidentes.
“La vida y la dignidad de una familia inocente, incluida una niña de apenas dos años y un adolescente de 17, no pueden ser borradas por el silencio y la opacidad institucional. Basta de impunidad”, concluyó el comité.
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