desnutrición archivos - Página 2 de 8 - Runrun

desnutrición

Ocha atendió 3.798 casos de desnutrición infantil en Venezuela en un mes
Un total de 23.043 mujeres embarazadas, padres y cuidadores recibieron consejería sobre prácticas adecuadas de alimentación de lactantes y niños pequeños 

Entre junio y julio de 2021, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) atendió 3.798 casos de desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas menores de cincos años en 23 estados.

De acuerdo con el informe sobre el panorama nacional publicado por la OCHA, 615 niñas, niños y adolescentes y 982 mujeres en gravidez fueron tratadas por bajo peso.

Además, 937 embarazadas y 981 niños menores de cinco años fueron diagnosticados y tratados por anemia en 20 estados.

Por otra parte, entre junio y julio del 2021, el Clúster de Nutrición realizó las siguientes actividades para prevenir y tratar la desnutrición:

Asistencia nutricional

Casi 60.000 niños y niñas menores de 5 años, así como 11.540 mujeres embarazadas y lactantes recibieron suplementación con micronutrientes en los 24 estados del país.

También, suministraron tratamiento en 23 estados donde se detectaron casos de desnutrición aguda y bajo peso.

Desparasitación

Los socios del Clúster de Nutrición desparasitaron a 101.713 niñas, niños y adolescentes y 6.947 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

Guía de atención

Con el apoyo de la Alianza Técnica del Clúster Global de Nutrición, se creó el Grupo Técnico de Manejo de Desnutrición Aguda encargado.

Entre las funciones de este grupo, se encuentra la elaboración de una guía de atención nutricional para el manejo de casos de desnutrición aguda en el contexto venezolano que se anexará a los protocolos nacionales de la autoridad pública en salud y nutrición.

Con esta guía, el Clúster de Nutrición fortalecerá la respuesta, «capacitando a las organizaciones en el manejo de casos de desnutrición aguda y estandarizará los procesos de detección, prevención y tratamiento en terreno», reseña el texto.

Servicios de consejería

Un total de 23.043 mujeres embarazadas, padres y cuidadores recibieron consejería sobre prácticas adecuadas de alimentación de lactantes y niños pequeños.

Tamizajes

Se realizaron tamizajes antropométricos en los 24 estados a un total de 71.670 niños y niñas menores de 5 años, 13.635 adolescentes y 15.732 mujeres embarazadas y en periodos de lactancia.

Necesidades no cubiertas

De acuerdo con la OCHA, debido a la falta de insumos nutricionales y equipos médicos especializados, es limitada la implementación adecuada de los proyectos de prevención y recuperación de la desnutrición.

Destacan que, entre los factores que generan desafíos, está la falta de acceso continuo a combustible, que afecta incluso el traslado de casos de niños con desnutrición, referidos a centros de salud, para recibir el debido tratamiento.

Por otra parte, la escasez local de insumos para el manejo de casos de delgadez en niños mayores de 5 años también constituye una limitación permanente para las actividades de tratamiento.

Para los casos anteriores, se requeriría la importación de súper cereal para niños en edad escolar, la duplicación de la ración de alimentos nutritivos o proporcionar una merienda escolar de calidad.

En el primer semestre de 2021, 7 de los 24 estados más rezagados que aún no superan el 25% de su meta establecida para el Plan de Respuesta Humanitaria 2021 son: Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Lara, Distrito Capital, Apure y Nueva Esparta.

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

Los socios del Clúster de Nutrición reportaron que hay comunidades que persisten con limitaciones para el acceso la disponibilidad de alimentos, «un problema agudizado por deficiencias en la prestación de servicios básicos, particularmente la falta de gas doméstico, cortes del servicio eléctrico, el suministro irregular de agua y las barreras para acceder a la gasolina en el país».

También, identificaron grupos vulnerables en materia de seguridad alimentaria, incluyendo mujeres jefas de hogar, mujeres embarazadas o en período de lactancia, niños, niñas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las acciones que ha emprendido la OCHA para contribuir con estos ciudadanos son:

Distribución de alimentos a hogares vulnerables y en centros comunitarios

Se entregaron 68.098 beneficios, las cifras más altas respecto a las demás actividades.

Entre los estados más favorecidos destacan Miranda, con 15.332 beneficios recibidos; el Distrito Capital con 11.391;  mientras que Anzoátegui, Lara y Zulia obtuvieron más 6.000 cada uno.

Actividades de formación

Los socios fortalecieron sus conocimientos y participaron en seminarios web enfocados en nutrición, alimentación saludable y seguridad alimentaria.

Crecimiento organizacional en el terreno

En el estado Zulia se creó el Clúster Subnacional de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida, instancia que celebró dos reuniones entre junio y julio con la participación de 17 organizaciones Zulia y del estado de Lara.

Entregas de comida

Los socios señalaron que entre sus actividades destacan la entrega de comida a través de comedores, ollas comunitarias, jornadas de salud, jornadas de formación para la realización de huertos familiares con siembra de rubros de ciclos cortos, formación y asistencia con cocinas solares y conservadores de alimentos ecológicos.

Los que no se rinden | La desnutrición es la principal amenaza en las cárceles
El Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia que la COVID-19 ha agravado el hacinamiento y el retardo procesal en el sistema penitenciario 

@franzambranor 

En su informe correspondiente al año 2019, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), registró 104 muertes de detenidos, de los cuales 66 fueron por causas relacionadas a la salud. 

Carolina Girón, directora del OVP, sostuvo que la desnutrición sigue siendo el principal enemigo del reo en las prisiones venezolanas. 

“La causa de muerte principal en las cárceles es la desnutrición porque te hace vulnerable ante una enfermedad ya erradicada como la tuberculosis. La desnutrición viene desde hace muchos años y ahora en el contexto de la pandemia se ha incrementado”, dijo Girón.

El OVP viene operando en Venezuela desde el año 2002, su función principal es velar por los derechos humanos de los detenidos y brindar apoyo jurídico y también emocional a los familiares de quienes pagan una condena en cautiverio. 

Previo a la llegada de la crisis humanitaria compleja a Venezuela, las riñas eran la principal causa de muerte en los penales, pero con la escasez y hoy en día carestía de la comida, aunado a la incapacidad del Estado para proveer de alimentación a los presos, la desnutrición pasó a llevar la batuta en lo que a decesos se refiere. 

De los 104 fallecidos, apenas 38 fueron por motivos violentos, la mayoría acaecidos en presuntos intentos de fuga y recaptura. También se reportaron 95 heridos en diversos hechos, 35 de ellos en supuestos escapes. 

De acuerdo al informe de 2019 del OVP, la desnutrición y la tuberculosis fueron la causa de la muerte del 63,64% de las víctimas, aunque también se conoció el avance de otras patologías como el paludismo, enfermedades crónicas y bacterias estomacales. 

“No sabemos porque el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no envía suficientes alimentos a las cárceles y no cumple con su obligación de esta dotación. Tampoco sé por qué son los familiares los que deben ocuparse de esto”, sostuvo Girón.

En las prisiones es común la pérdida acelerada de peso de los detenidos y por ende el debilitamiento paulatino de su sistema inmunológico. Igualmente destaca la indiferencia de las autoridades a la hora de trasladar a una persona a un centro asistencial, cuando esto sucede es porque el recluso está grave. 

“El sistema penitenciario está deteriorado igual que el sistema de salud en Venezuela. No hay la atención médica adecuada. No existe un sistema para detección de enfermedades ni insumos para atender a los presos. En los centros penitenciarios si acaso habrá una enfermera, que trabaja en horario de oficina y de resto el penal queda desasistido. Eso hace que las muertes por enfermedades se incrementen”, añadió Girón.

Como si no existiera la COVID-19

Girón indicó que al ya golpeado sistema penitenciario venezolano vino a sumarse la aparición del coronavirus en Venezuela a partir de marzo de 2020. Una bomba que de explotar tendría consecuencias catastróficas en los recintos carcelarios debido al hacinamiento, que de acuerdo al OVP es de 167%. “El retardo procesal antes de la pandemia estaba en un 80%, ahora en las semanas radicales es de 100%. Esto agrava el problema de hacinamiento porque está todo paralizado, será un trabajo titánico para el Poder Judicial retomar todo este trabajo no solo a nivel penal, sino también en lo que se refiere a causas civiles y a todo aquel que necesite ir a un tribunal a ejercer alguna acción, es terrible la situación”. 

Girón considera que la opacidad y el hermetismo del Ejecutivo en torno al coronavirus también se extiende al sistema penitenciario. 

 “No sabemos el estado actual del COVID-19 en las cárceles y centros de detención preventiva porque el Estado no hace pruebas, no hay manera de saber”, aseveró la directora del OVP. 

Cuando en marzo de 2020 se decretó el estado de alarma en el país por la aparición de los dos primeros casos de infección por el coronavirus se prohibieron las visitas a los centros de reclusión y como consecuencia la entrega de alimentos y medicamentos. 

Posteriormente con la aplicación del sistema 7×7 (una semana flexible y otra radical) se le permitió a la gente visitar a sus parientes de manera discrecional, sin embargo la escasez de gasolina, diesel y de efectivo siguieron conspirando para hacer esta misión cuesta arriba. 

“Con estas semanas radicales a los familiares que son quienes llevan comida y artículos de higiene a los detenidos se les hace difícil movilizarse. Espero que con esta segunda ola, ya el Ministerio de Asuntos Penitenciarios haya aprendido en un año todo el protocolo de atención en el contexto pandemia”.  

Girón manifestó que el trabajo del OVP durante la cuarentena ha sido más cuesta arriba de lo de costumbre. 

“Ha sido un gran reto por la limitación en cuanto a la movilidad, por la falta de efectivo. El año pasado tuvimos que aprender de nuevas tecnologías, ayudar a los familiares a que se integraran a las más recientes modalidades de comunicación, sin embargo seguimos asistiendo y ayudando a los reclusos en sus denuncias y reclamos, continuamos trabajando, no nos vamos a parar”.  

FAO: Niveles de hambruna aumentarán en Venezuela para 2021
Actualmente más de 34 millones de personas en el mundo ya se enfrentan a niveles de emergencia al borde de la inanición

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) alertaron que la situación de malnutrición se agravará entre marzo y próximo en la mayoría de las regiones del mundo, desde Afganistán, Siria y Líbano, hasta Haití y Venezuela.

“La magnitud del sufrimiento es alarmante”, expresó el director general de la FAO, Qu Dongyu, que instó a actuar con rapidez para salvar vidas y prevenir la peor de las situaciones a la luz de los datos del informe “Focos de Hambruna”.

Actualmente más de 34 millones de personas en el mundo ya se enfrentan a niveles de emergencia al borde de la inanición y las cifras aumentarán en más de 20 países, según los datos de la FAO y el PMA.

En Venezuela, la inseguridad alimentaria empeorará especialmente debido a la hiperinflación y el endurecimiento de las sanciones internacionales que han supuesto la casi total suspensión de la exportación de petróleo, la fuente principal de ingresos externos del país, y han derivado en precios de comida en alza, se indica en el informe.

«Esto se ve agravado por el impacto de las restricciones relacionadas con covid-19 y la escasez de combustible, que han afectado las actividades logísticas y agrícolas en todo el país», dice parte del informe sobre el país.

En 2019, unos 9,3 millones de venezolanos padecían inseguridad alimentaria, pero el informe prevé que los niveles crezcan significativamente. La FAO ubica al país en el séptimo puesto de las naciones con altos niveles de inseguridad alimentaria para 2021, solo por debajo de países en conflicto como la República Democrática del Congo, Afganistán, Etiopía, Siria o Yemen.

Además, la organización resaltó en su informe que las organizaciones humanitarias enfrentan múltiples limitaciones burocráticas y logísticas en estos países, incluyendo Venezuela, lo que dificulta la atención de la población en riesgo.

Justamente el lunes 22 de marzo, la FAO informó sobre la reanudación del programa de transferencias monetarias a familias pobres que requieren asistencia alimentaria en el país, en conjunto con el Programa de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea, luego de las amenazas y suspensión de este plan por la detención de cinco trabajadores humanitarios de la ONG zuliana Azul Positivo.

Puede seguir leyendo en TalCual

Unicef: 37,3% de las mujeres embarazadas en Venezuela sufren de desnutrición
El organismo indicó que 283 mujeres embarazadas examinas fueron diagnosticadas con desnutrición 

En su más reciente informe, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) registró que 37,3% de las mujeres embarazadas en el país sufren de desnutrición. 

Este porcentaje representa un aumento en comparación con el registro de noviembre del 2020, cuando 33% de las mujeres atendidas presentó desnutrición.

El organismos detalló que de 758 embarazadas examinadas en el primer mes de este año, 283 fueron diagnosticadas con desnutrición. 

Unicef brindó tratamiento a 248 mujeres embarazadas desnutridas para mejorar su estado nutricional y reducir los riesgos de los bebés con bajo peso al nacer y la morbilidad materna infantil.

Además realizaron exámenes antropométricos en 4.172 niños menores de cinco años (2.103 niñas y 2.069 niños), en 16 estados, entre ellos 662 indígenas y 40 niños con discapacidad.

En total, 357 niños (181 niñas y 176 niños) fueron identificados con desnutrición aguda, incluidos 100 con desnutrición aguda severa y 257 con desnutrición aguda moderada, quienes recibieron tratamiento y están en seguimiento.

Igualmente 2.882 niños (1428 niñas y 1454 niños) menores de cinco años recibieron polvos de micronutrientes múltiples, 760 niños (401 niñas y 359 niños) recibieron un suplemento energético y proteico para la prevención de la desnutrición aguda en forma de nutrientes a base de lípidos, y 2.245 niños (1.103 niñas y 1.142 niños) de 2 a 14 años recibieron tratamiento antiparasitario.

Con información de El Impulso y Descifrado

Miguel Ávila: “Bolivarenses deben ganar 22 salarios mínimos para poder adquirir ocho alimentos por semana”
El dirigente de UNT aseguró que en Bolívar los ciudadanos necesitan entre 16 y 20 dólares para comprar 8 rubros de la canasta básica

En el marco del plan «UNT Contigo» sobre el monitoreo de los servicios públicos y medición del poder adquisitivo del venezolano, el partido Un Nuevo Tiempo (UNT) en el estado Bolívar realizó un estudio en las dos primeras semanas de enero del presente año, dónde evidencian la variación de precios de ocho rubros de la canasta básica alimentaria.

El secretario de organización de la tolda azul en la entidad, Miguel Ávila aseguró que cada día se pierde el poder adquisitivo en la familia y hogares de Ciudad Bolívar. «Estamos hablando que son de 16 a 20 dólares que necesita un padre o madre de familia para adquirir solo estos ocho artículos de la canasta básica, que solo rendiría aproximadamente una semana para una familia de cuatro miembros”.

Detalló que el salario mínimo en Venezuela y “en esta región, no alcanza ni para comprar un kilo de harina de maíz precocida y mucho menos para comprar un kilo de carne o pollo. Los venezolanos está pasando hambre por culpa de los que hoy secuestran el poder en Venezuela, que solo se preocupan por mantenerse en el poder y no piensa en las necesidades de la población. Este indicador recoge los precios de algunos rubros, solo en: carne, huevos, pollo, harina precocida de maíz, arroz, pasta, queso blanco y aceite comestible”.

Asimismo, el dirigente de la tolda azul alertó que está disminuyendo la ingesta de proteínas de origen animal en los hogares de Ciudad Bolívar según su estudio. «Detectamos que existe una disminución significativa de la proteína de origen animal y un crecimiento en el consumo de los tubérculos como yuca, lo que se traduce a una perdida de peso, masa corporal y lo que ha traído cuadros evidentes de desnutrición en los ciudadanos bolivarenses”.

Finalmente, Miguel Ávila llamó a organizarse para producir los cambios que claman los venezolanos “de manera pacífica y dentro del marco constitucional”.

Denuncian incremento de casos de desnutrición en centro penitenciario de Anzoátegui
21 hombres se encuentran en delicado estado de salud 

Han transcurrido cinco meses desde que familiares de los privados de libertad denunciaron falta de alimentos para los reos del Centro Penitenciario Agroproductivo José Antonio Anzoátegui de Barcelona, pero sus gritos de auxilio aún no han sido escuchados.

La tarde del sábado 9 de enero un grupo de mujeres denunció al equipo de Una Ventana a la Libertad en Anzoátegui que 21 hombres se encuentran en delicado estado de salud debido al grado de desnutrición severa que presentan, y exigieron que sean trasladados a un centro asistencial con carácter de urgencia.

Pese a no querer ser identificadas por temor a represalias en contra de sus familiares, el grupo de mujeres se atrevió a revelar que los pocos alimentos que llevan a sus parientes llega incompletos a las celdas y otros en mal estado.

Una de ellas contó que existen privados cuyos familiares  se encuentran en Nueva Esparta, Sucre y Monagas, entre otros estados, y que no cuentan con alimentación diaria por lo que deben pagar hasta tres dólares  cada día para poder alimentarse.

“Hace mucho que no les proveen alimentos a los privados y se ha agravado la vulnerabilidad de cada uno, además existen internos con tuberculosis que permanecen en celdas con presos comunes que hoy en día están en riesgo. No reciben atención médica y  mucho menos alimentos a diario, además que algunos se han enfermado por ingerir agua cruda ya que no  tiene agua potable para su hidratación”, contó una de las denunciantes.

El Centro Penitenciario Agroproductivo José Antonio Anzoátegui fue inaugurado en junio del  2014 fecha en la que se informó a través de un comunicado oficial que su capacidad era para 524 internos, pero hoy en día la cifra supera los 1.800 privados.

Algunos internos  han amenazado con iniciar una huelga de sangre hasta tanto sus gritos de auxilio sean escuchados, además de denunciar que les han sido violado sus Derechos Humanos y exigen la presencia de autoridades penitenciarias para que pueda constatar  las condiciones de insalubridad en la que se encuentran.

Convite: Pandemia agudiza situación de los adultos mayores
Según datos de Encovi, Venezuela puede ser comparada con las naciones más pobres del mundo, pues 79,3% de ciudadanos están sumergidos en pobreza extrema

 

La directora de proyectos de la ONG Convite, Francelia Ruíz aseguró este lunes que la emergencia por covid-19 ha agudizado la situación de precariedad que viven los adultos mayores.

Denunció que existe un número significativo de personas mayores abandonadas en las entidades de atención. «Los ancianatos en Venezuela se han convertido en depósitos de seres humanos».

Alertó de posibles situaciones de desnutrición y falta de apoyo para el sector. «Se encuentran desasistidos por parte del Estado, pero además enfrentan la indiferencia de la sociedad», expresó.

«Su único ingreso probablemente es la pensión, es una pensión que no alcanza, no llega a 1$ (…) no pueden comprar los medicamentos que requieren para atender sus enfermedades y tampoco pueden comprar alimentos para subsistir», indicó.

Según la cifras manejadas por la organización, el 82% asegura que debe tomar algún tipo de medicamento, pero sólo alrededor del 2% dice tener posibilidad o facilidad para adquirirlos y un 37% lo logra con «mucha dificultad».

Ruíz advirtió sobre la necesidad de generar grupos de apoyo para acompañar a los abuelos e informó que a la fecha Convite adelanta programas de ayudas para beneficiar alrededor de 800 personas mayores.

Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2019-2020, Venezuela puede ser comparada con las naciones más pobres del mundo, pues 79,3% de ciudadanos están sumergidos en pobreza extrema y 96,2% son pobres y no tienen el ingreso para alimentarse de forma adecuada.

El secretario general del movimiento nacional Alianza del Lápiz, Eric Ondarroa, denunció el pasado sábado, 31 de octubre, que en Venezuela está en curso «el peor de los genocidios», a propósito del hallazgo de dos adultos mayores muertos por desnutrición en Caracas.

Ondarroa ha denunciado reiteradamente que las personas de la tercera edad se debaten entre comprar comida y medicinas con  pensiones miserables de menos de $1, subrayó que actualmente más de 3.000.0000 de abuelos se encuentran en grave riesgo en el país. 

«¿Cuánta hambre debe sentir un ser humano para morir?. Indigna la indolencia e indiferencia de quienes ejercen el poder entorno a estos temas (…) Una nación responsable debe garantizar que los últimos años de vida de quien la construyó sean con calidad de vida, de dignidad y felicidad, en vez de con desprecio, hambre, y miseria», fustigó el portavoz del movimiento de la educación. 

Ondarroa además cuestionó que esta realidad obedece a un Estado «que es dueño de todo y no resuelve nada». De forma categórica recalcó que urge privatizar  priorizar y ser eficiente con los pocos recursos económicos que le han dejado a la República.

Sobre este tema, el activista social aseveró que en el país urge crear un «Plan Nacional de Atención Inmediata al Abuelo», que garantice alimentación básica balanceada y medicamentos para los adultos mayores en gran vulnerabilidad. 

*Con información de EP y UR

Los que no se rinden | OVP: En las cárceles también se muere de hambre
Recomiendan aplicar las 122 «reglas de Mandela» para salvar al sistema penitenciario venezolano
Podemos recuperar la independencia de los poderes públicos en Venezuela con ciudadanía activa, resalta el Observatorio Venezolano de Prisiones
«El Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones propias del Poder Judicial y liberar presos mediante un acta, violando todo el proceso judicial penal», destaca la abogada Carolina Girón, directora del OVP

@nelapalaciosr

Más de la mitad de las personas privadas de libertad que se mantienen en los centros penitenciarios de Venezuela son procesados, ni siquiera tienen una sentencia firme que confirme su responsabilidad en el delito por el cual se les encarceló. Y más de 400 de ellos son presos políticos.

Y las condiciones en las que están viviendo esas personas en las cárceles no son dignas ni constituyen garantías de salud ni respeto a la vida o derechos humanos, como dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Los presos venezolanos, por solo citar un caso, están desnutridos de manera severa y tal desnutrición los hace presa fácil de cualquier enfermedad. Y con las restricciones de la pandemia Covid19, que ha limitado el acceso de visitas familiares y en consecuencia los privados de libertad no están recibiendo hoy los alimentos que recibían de estos familiares ayer, su situación ha empeorado gravemente en los últimos meses. 

«De los 538 fallecidos entre 2017 y 2019, 134 fueron por cuestiones de salud. Ese número es alarmante. Eso no era así antes. Muchas de esas muertes por cuestiones de salud pudieron haberse evitado con nutrición adecuada o con controles médicos y medicinas e insumos dados oportunamente a los privados de libertad, pero el Estado no les está dando eso», advierte la abogada Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Defensoría del Pueblo es un elefante blanco

¿En materia de derechos humanos, cuál ha sido el legado de la revolución socialista del siglo 21?

La Constitución de 1999 tiene un capítulo completo referente a la protección, promoción y defensa de los derechos humanos (DDHH), lo que significó un gran avance para Venezuela. Se creó la Defensoría del Pueblo, institución que ya venía operando en otros países de la región y con la que Venezuela no contaba para la fecha; sin embargo, con el devenir de los años, la revolución destruyó sus propios postulados de defensa de los ciudadanos y las violaciones a los derechos humanos son inumerables, realmente salen muy mal en la balanza de la justicia.

La Defensoría del Pueblo se convirtió en un elefante blanco que nada hace por la protección de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos y se convirtió en un organismo para defender las políticas del régimen de facto, violando lo principal de un estandard internacional en derechos humanos de un organismo público, como son los principios de París, que establecen imparcialidad, autonomía y transparencia.

Más de 2 mil presos han sido liberados por el Poder Ejecutivo en 2020 bajo la figura de “régimen de confianza tutelada” en las cárceles de Venezuela. ¿Por qué consideran que el procedimiento aplicado en estos casos es ilegal?

La figura del Régimen de Confianza Tutelado está previsto en el Código Orgánico Penitenciario en sus artículos 161 al 164 y consiste en la ubicación de un penado en una unidad de producción o área especial “dentro” del recinto penitenciario y lo puede otorgar el Ministerio de Servicios Penitenciarios a aquellos penados que reúnan los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal para optar a una de las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena. También puede otorgarse a procesados que tengan privados de libertad un tiempo superior al que se requiere para optar al destacamento de trabajo.

En ningún artículo del código se contemplan liberaciones, es decir, los presos no deben salir del recinto penitenciario; según nuestro ordenamiento jurídico, son los jueces los únicos facultados para otorgar medidas alternativas de cumplimiento de pena que puedan cumplirse extra muros, tal como el confinamiento, destacamento de trabajo, redención de la pena por el estudio y el trabajo, entre otras, y estas medidas deben ser procesadas por el juez de ejecución mediante el procedimiento previsto en el COPP y mediante una sentencia ser otorgadas.

El Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones propias del Poder Judicial y liberar presos mediante un acta, violando todo el proceso judicial penal

 

El Poder Ejecutivo, en cuanto a liberaciones, tiene facultades para indultar, más no para lo que están haciendo. Estas liberaciones ni siquiera cumplen con lo previsto en el mismo texto del Código Penitenciario y prueba de ello es que el mencionado Código entró en vigencia el 28 de diciembre de 2018 y ese mismo día le fue otorgado a Wilmer Brizuela, conocido como Wilmito (pran de Vista Hermosa), quien ordenó la muerte de la Juez que lo condenó, resultando fallecida la hermana gemela de la Juez. Era una persona que no cumplía los requisitos para ser beneficiario de una medida alternativa de cumplimiento de la pena.

En otro orden de ideas, el Observatorio Venezolano de Prisiones está de acuerdo en que se otorguen medidas alternativas a la privación de libertad, es más, hay muchas personas que cumplen los requisitos para no permanecer en una cárcel, llenan el perfil. Lamentablemente, la justicia ha preferido las medidas privativas antes de otorgar otras medidas, personas que pueden llevar su proceso penal en libertad, hasta que se dicte sentencia. En Venezuela las cárceles están llenas de procesados, hasta Diciembre de 2019, de 40.000 presos a nivel nacional, 26.000 son procesados, más de la mitad, esto no debe ser, el Poder Judicial también tiene responsabilidad en esta situación, el retardo procesal también es una violación de los derechos humanos.

La innombrable

¿Cómo califica la gestión de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela?

No la puedo calificar, no tiene nombre. Para manejar el Sistema Penitenciario se debe estar preparado, con buenas intenciones no se logra nada. Se debe estar calificado a través de tener experticia, gerencia y disposición. Estamos hablando de personas, de seres humanos; sí, cometieron un delito y ya están pagando por ello en un Centro Penitenciario, perdieron el mayor tesoro que es la libertad, ahora le toca al Estado brindar el servicio para su reinserción a la sociedad, con programas de estudio, de trabajo, deportes, cultura, etc. Pero realizar ejercicios y cánticos militares no sirve para su fortalecimiento.

¿Cómo podemos corregir la falta de independencia de poderes en Venezuela?

Ejerciendo ciudadanía, con un país de ciudadanos.

¿Vale la pena seguir luchando por la defensa de los derechos humanos en Venezuela y por qué?

Sí, vale la pena. Los derechos humanos son la punta de lanza de las democracias, somos seres humanos y merecemos respeto de forma integral. Yo creo en las personas y somos las personas las que cambiamos nuestro entorno.



Los venezolanos nos merecemos una mejor dirección política. Los países no se mueren, viven en el corazón de sus ciudadanos, y mientras más y mejor ejerzamos nuestra ciudadanía exigiendo respeto a nuestros derechos, tanto personales como los de nuestro entorno, tendremos un mejor país.

 

 

 

122 «Reglas de Mandela»

¿Cuáles han sido las peores y mejores políticas públicas aplicadas en Venezuela en materia de Servicios Penitenciarios de la administración madurista?

No hay política penitenciaria. Si se abriese paso a un gobierno de transición y una redemocratización de Venezuela próximamente, ¿qué recomendaría usted para recuperar al país en materia de servicios penitenciarios y garantizar el respeto de los derechos humanos en cuanto a prisiones y privados de libertad?

En materia penitenciaria hay mucho escrito, desde 1955 existe un instrumento internacional llamado Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Fueron reformadas en 2015 y en homenaje a Nelson Mandela las denominaron “Reglas Mandela”. Por ahí podemos empezar, sugeriría que las leyeran, ahí están recogidos los estándares mínimos para un Sistema Penitenciario adecuado y justo. Todos deberíamos leerlas. Son 122 reglas, sencillas y de fácil comprensión y ejecución. Con voluntad política, personal debidamente formado y mejora en la infraestructura, se pueden dar los primeros pasos para la optimización del Sistema Penitenciario. Y por supuesto, también involucrando y comprometiendo a todos los poderes públicos en esto.

Los presos no están comiendo

¿Cuál es la situación actual en materia de derechos humanos de la población privada de libertad en Venezuela? Y respecto a la situación que teníamos en 1998, ¿cómo estamos hoy y por qué?

Los problemas en las cárceles no son nuevos. En 1998 había hacinamiento, hubo muchos hechos violentos, muchos murieron dentro las cárceles, la situación no ha cambiado mucho. Durante este tiempo lo que hemos visto es que ahora los presos tienen armas de fuego de alto calibre, un preso maneja la cárcel, por encima de las autoridades y se otorgan títulos a estos presos, los llaman pranes y públicamente manejan bandas delictivas dentro y fuera de las cárceles. En estas dos últimas décadas se pervirtió por completo el sistema penitenciario venezolano. Y en estos últimos tres años las muertes por desnutrición ganaron espacio a las muertes violentas, que era lo común anteriormente.

Los presos venezolanos están desnutridos de manera severa, situación alarmante, teniendo en cuenta que la población penitenciaria venezolana oscila entre los 21 y 30 años; la desnutrición los hace presa fácil de cualquier enfermedad, como la tuberculosis, lo que ha ocasionado muchas muertes y las sigue causando. Los presos no están comiendo, la comida que debe llevar el ministerio penitenciario no sabemos dónde está.

Antes del 13 de marzo, cuando se prohibieron las visitas por la pandemia, los familiares les llevaban alimentos a sus seres queridos y medianamente paliaban la situación, con el pasar de los meses la situación se está agudizando en todos los Centros Penitenciarios del país. La situación es alarmante. De los 538 fallecidos entre 2017 y 2019, 134 fueron por cuestiones de salud. Ese número es alarmante. Eso no era así antes. Muchas de esas muertes por cuestiones de salud pudieron haberse evitado con nutrición adecuada o con controles médicos y medicinas e insumos dados oportunamente a esos privados de libertad, pero el Estado no les está dando eso. 

Se perdió la democracia

¿Cómo y cuándo nace la organización OVP?

El Observatorio Venezolano de Prisiones nació el 24 de Septiembre de 2002, día de la Virgen de Las Mercedes, la patrona de los reclusos.

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer el OVP y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno hasta ahora?

El año 2002 marcó un hito en la historia contemporánea de Venezuela, ese año vimos el cambio de estructura gubernamental, el gobierno de la época mostró su verdadera cara y a lo que nos enfrentaríamos en adelante. Se perdió la democracia, en mi opinión.

¿En qué áreas se desempeña la organización?

El OVP trabaja en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. El fundador del OVP es Humberto Prado, una persona que siempre ha luchado por los derechos de los presos, los derechos humanos de los presos son su apostolado.

¿Qué servicios ofrece?

Ofrecemos asesoría y acompañamiento a los privados de libertad, así como a sus familiares. Y operamos en todo el país.

¿Con quién tienen alianzas estratégicas el OVP?

Con organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, con las que llevamos casos tanto en el Sistema Universal (ONU) como en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (CIDH y CoIDH).

Los presos sociales no tienen voz

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

En las cárceles no se pagan delitos, se paga el ser pobre, los presos sociales no tienen voz. Es una población despreciada por una gran parte de la sociedad, sobre todo en sociedades donde la violencia es muy marcada.
Los presos están a expensas de un funcionario, de otro preso, de ser pobre.

¿Cuentan con voluntariado?

El OVP cuenta con voluntarios de las universidades públicas, Colegios de Abogados, familiares y amigos.

¿Cómo pueden ayudar al OVP las personas que estén interesadas en hacerlo?

Comunicándose con nosotros a través de nuestros números telefónicos (0212-4833725 y 4824343), la página web oveprisiones.com y nuestras redes sociales @oveprisiones, tanto en Twiter como en Instagram y Facebook.

No somos actores políticos, el OVP defiende derechos humanos

¿Cuáles son los mayores retos y amenazas de la organización?

El mayor reto es coadyuvar para la optimización del sistema penitenciario.
¿Las amenazas? Las que enfrentamos a diario de parte del régimen de facto. El odio contra las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que defendemos derechos humanos, es patente. Nos califican como actores políticos opositores, una aberración, porque los derechos humanos no tienen colores políticos, tienen colores humanos y todo lo que implica el desarrollo del ser humano.

¿Podría darnos detalles de algún caso emblemático del trabajo que han realizado en esta organización?

El descubrimiento de las fosas comunes en la Penitenciaria General de Venezuela, cuya investigación se encuentra paralizada; los adolescentes quemados en el INAM de San Félix y la masacre en la cárcel de Vista Hermosa.

¿Podría compartirnos algún testimonio del que se sienta especialmente orgullosa como miembro del OVP?

Más que un testimonio, son acciones. La sonrisa de una madre cuando su hijo sale de prisión, el agradecimiento por una gestión, por un acompañamiento, por una asesoría. Tal vez sean cosas pequeñas, pero la satisfacción es muy grande y te impulsa a seguir adelante. Cada vez que una buena acción se realizó gracias al granito de arena que pusimos, es una gran satisfacción.


Más sobre este tema

OVP: 191 presos murieron en calabozos policiales en 2019