El Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia que la COVID-19 ha agravado el hacinamiento y el retardo procesal en el sistema penitenciario
En su informe correspondiente al año 2019, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), registró 104 muertes de detenidos, de los cuales 66 fueron por causas relacionadas a la salud.
Carolina Girón, directora del OVP, sostuvo que la desnutrición sigue siendo el principal enemigo del reo en las prisiones venezolanas.
“La causa de muerte principal en las cárceles es la desnutrición porque te hace vulnerable ante una enfermedad ya erradicada como la tuberculosis. La desnutrición viene desde hace muchos años y ahora en el contexto de la pandemia se ha incrementado”, dijo Girón.
El OVP viene operando en Venezuela desde el año 2002, su función principal es velar por los derechos humanos de los detenidos y brindar apoyo jurídico y también emocional a los familiares de quienes pagan una condena en cautiverio.
Previo a la llegada de la crisis humanitaria compleja a Venezuela, las riñas eran la principal causa de muerte en los penales, pero con la escasez y hoy en día carestía de la comida, aunado a la incapacidad del Estado para proveer de alimentación a los presos, la desnutrición pasó a llevar la batuta en lo que a decesos se refiere.
De los 104 fallecidos, apenas 38 fueron por motivos violentos, la mayoría acaecidos en presuntos intentos de fuga y recaptura. También se reportaron 95 heridos en diversos hechos, 35 de ellos en supuestos escapes.
De acuerdo al informe de 2019 del OVP, la desnutrición y la tuberculosis fueron la causa de la muerte del 63,64% de las víctimas, aunque también se conoció el avance de otras patologías como el paludismo, enfermedades crónicas y bacterias estomacales.
“No sabemos porque el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no envía suficientes alimentos a las cárceles y no cumple con su obligación de esta dotación. Tampoco sé por qué son los familiares los que deben ocuparse de esto”, sostuvo Girón.
En las prisiones es común la pérdida acelerada de peso de los detenidos y por ende el debilitamiento paulatino de su sistema inmunológico. Igualmente destaca la indiferencia de las autoridades a la hora de trasladar a una persona a un centro asistencial, cuando esto sucede es porque el recluso está grave.
“El sistema penitenciario está deteriorado igual que el sistema de salud en Venezuela. No hay la atención médica adecuada. No existe un sistema para detección de enfermedades ni insumos para atender a los presos. En los centros penitenciarios si acaso habrá una enfermera, que trabaja en horario de oficina y de resto el penal queda desasistido. Eso hace que las muertes por enfermedades se incrementen”, añadió Girón.
Como si no existiera la COVID-19
Girón indicó que al ya golpeado sistema penitenciario venezolano vino a sumarse la aparición del coronavirus en Venezuela a partir de marzo de 2020. Una bomba que de explotar tendría consecuencias catastróficas en los recintos carcelarios debido al hacinamiento, que de acuerdo al OVP es de 167%. “El retardo procesal antes de la pandemia estaba en un 80%, ahora en las semanas radicales es de 100%. Esto agrava el problema de hacinamiento porque está todo paralizado, será un trabajo titánico para el Poder Judicial retomar todo este trabajo no solo a nivel penal, sino también en lo que se refiere a causas civiles y a todo aquel que necesite ir a un tribunal a ejercer alguna acción, es terrible la situación”.
Girón considera que la opacidad y el hermetismo del Ejecutivo en torno al coronavirus también se extiende al sistema penitenciario.
“No sabemos el estado actual del COVID-19 en las cárceles y centros de detención preventiva porque el Estado no hace pruebas, no hay manera de saber”, aseveró la directora del OVP.
Cuando en marzo de 2020 se decretó el estado de alarma en el país por la aparición de los dos primeros casos de infección por el coronavirus se prohibieron las visitas a los centros de reclusión y como consecuencia la entrega de alimentos y medicamentos.
Posteriormente con la aplicación del sistema 7×7 (una semana flexible y otra radical) se le permitió a la gente visitar a sus parientes de manera discrecional, sin embargo la escasez de gasolina, diesel y de efectivo siguieron conspirando para hacer esta misión cuesta arriba.
“Con estas semanas radicales a los familiares que son quienes llevan comida y artículos de higiene a los detenidos se les hace difícil movilizarse. Espero que con esta segunda ola, ya el Ministerio de Asuntos Penitenciarios haya aprendido en un año todo el protocolo de atención en el contexto pandemia”.
Girón manifestó que el trabajo del OVP durante la cuarentena ha sido más cuesta arriba de lo de costumbre.
“Ha sido un gran reto por la limitación en cuanto a la movilidad, por la falta de efectivo. El año pasado tuvimos que aprender de nuevas tecnologías, ayudar a los familiares a que se integraran a las más recientes modalidades de comunicación, sin embargo seguimos asistiendo y ayudando a los reclusos en sus denuncias y reclamos, continuamos trabajando, no nos vamos a parar”.
