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Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 20.06.2019: ALTO: Ya Michelle hablará
ALTO
YA MICHELLE HABLARÁ:
 

La dos veces presidenta de Chile Michelle Bachelet está en Caracas. Por su alojamiento en el Hotel Eurobuilding, en la urbanización Chuao, dicho establecimiento fue tomado por los cuerpos de seguridad del régimen de Maduro haciéndolo parecer como un alojamiento en plena zona de guerra en Siria o Irak. Ella ha buscado recibir a sus convidados venezolanos a informarle de la realidad que vivimos en las oficinas de la ONU o en otros lugares preseleccionados para evitar la injerencia de los agentes de seguridad del régimen o de otros funcionarios de maduro y así poder escuchar sin tapujos las quejas e informes que le presenten.

La decisión de mover algunos encuentros del Eurobuilding obedece a la certeza que se tiene de haberle colocado micrófonos u otros artilugios para escuchar sus diálogos. El régimen ha querido rodearla para intimidar a sus interlocutores. Por eso descubrimos que Areaza, el canciller, le asignó a un chileno que es su asistente en el ministerio para que fuera “asistente de la Alta Comisionada”. Igualmente le asignaron al viceministro de Exteriores ante Organismos Multilaterales, Felix Plasencia, y a una asistente del canciller que es la “comisaría política” en el MPPRE, para que la acompañen en sus periplos.

En lo que se ha llamado un “golpe afectivo” trajeron desde México a la médico Maria Urbaneja, exministra de Salud de Chávez y embajadora en ese país debido a su amistad con la expresidenta Bachelet para que la acompañara y le transmitiera en las pocas horas que estaría en Venezuela “todo lo bueno que Maduro ha hecho por los derechos humanos de los venezolanos”.  Tomo de la página de la ONG Acceso a la Justicia punto ORG la mejor explicación de esta visita oficial que no es  alegre invitación de Nicolás Maduro como él mismo nos la quiere vender a traves de la malintencionada propaganda oficial. Increíble que se dejen ver la oreja con tanto desparpajo. Hoy jueves tras la reunión en cancillería con funcionarios rojos fue Ricardo Menéndez -uno de los “socios” del trío con Jorge Arreaza y Manuel Fernández- quien repetía al salir de la reunión con la Alta Comisionada Bachelet que ella era invitada del presidente Maduro. Mas aún cuando anoche al subir del aeropuerto de Maiquetía con el canciller Jorge Arreaza y el rojito y parcializado Larry Daniel Devoe Márquez, encargado del Consejo Nacional de Derechos Humanos, la llevaron a la Casa Amarilla para darle un concierto con una agrupación juvenil de integrantes del Sistema Nacional de Orquestas mientras el perenne mentiroso canciller repetía el agradecimiento a ella por haber aceptado la invitación de nuestro presidente Maduro. Falsa y desmentida por los hechos ya explicados.

Que el gobierno de Nicolás Maduro use como excusa las diversas sanciones internacionales de las que han sido objeto sus altos funcionarios e integrantes de otros poderes públicos por violaciones de derechos humanos, para justificar su ineficiencia, en este caso ante la emergencia humanitaria compleja que padecen los venezolanos,  no es nuevo. Partiendo de ello, lo primero que debemos decir es que la visita de la señora Bachelet no es política ni tiene como finalidad la legitimación del régimen de Nicolás Maduro, y por lo mismo no puede ser celebrada por este como un reconocimiento o no de su condición de gobernante democrático. El mandato de la alta comisionada es muy claro: velar por la protección de los derechos humanos, denunciar su violación y pedir su respeto. De ahí que tomar su presencia en Venezuela como un espaldarazo a Maduro o un respaldo a su Gobierno no sólo es equivocado, sino que implica no comprender que para hacer efectivo su mandato la Oficina de la Alta Comisionada debe tratar con todo tipo de régimen, pues precisamente donde más se le necesita es en aquellos sitios en los que, como Venezuela, existen graves violaciones de derechos humanos y no hay garantías democráticas. 

En el caso de nuestro país, además, ese mandato general viene reforzado por la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de fecha 26 de septiembre de 2018, aprobada por holgada mayoría (23 votos a favor y 7 en contra), que declaró la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela con cientos de miles de víctimas, y como consecuencia de ello le ordenó a la alta comisionada mantener informado al Consejo sobre la situación del país y presentarle un informe para este año. Asimismo, exhortó al gobierno venezolano a poner fin a tan catastrófica situación. En razón de ese mandato particular la señora Bachelet, mediante el equipo técnico de su oficina, ha estado recopilando y organizando información.

Esto trajo como consecuencia la venida al país, en marzo de este año, de una comisión de expertos del despacho de la alta comisionada, que llegó en medio del primer apagón nacional y visitó centros penitenciarios y hospitalarios, además de reunirse con víctimas de violaciones de derechos humanos y con las organizaciones no gubernamentales que los han documentado, teniendo así un contacto de primera mano de la realidad nacional, haciendo inútiles los esfuerzos gubernamentales por mostrar un respeto por los derechos que este régimen nunca ha tenido. En esa oportunidad el contacto con víctimas y con la sociedad civil organizada se hizo sin presencia de representantes gubernamentales  que intimidaran o impidieran la libre expresión de quienes querían exponer sus casos. Este sólo hecho, el que pudiera escucharse a las víctimas, es en sí mismo un triunfo, sobre todo cuando se toma en cuenta que en Venezuela los órganos públicos tienen como política la indiferencia y la negligencia en la atención a los casos de violaciones de derechos humanos; el sentirse finalmente escuchados con atención por parte de unos funcionarios de Naciones Unidas les permitió al menos expresar no sólo sus casos, sino la frustración que lamentablemente les ha venido acompañando ante un Estado cuya estructura y organización favorece la impunidad.

La primera consecuencia de esta visita ocurrió pocos días después de iniciada, cuando Michelle Bachelet denunció en una intervención ante el Consejo, entre otras cosas, las 205 ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las FAES en el año 2018, y las 39 verificadas hasta el mes de enero de este año, poniendo en evidencia un patrón generalizado de violación de derechos humanos por parte de ese órgano gubernamental que, de acuerdo con lo dicho, en lugar de disminuir este año, se ha venido agudizando. Aunque se haya dicho que su visita es muy corta y que no le va a dar tiempo para conocer el alcance de la tragedia venezolana hay que recordar el trabajo que los miembros del despacho de la Alta Comisionada han realizado antes, durante y después de su visita a principios de este año. En ese contexto, la visita de Michelle Bachelet es la culminación de un ciclo de investigación, no la investigación en sí misma, sobre el caso venezolano, que además no se va a agotar, pues su mandato de protección de los derechos humanos seguirá vigente mientras persista su violación sistemática y generalizada.

También debemos hacer referencia a quienes señalan que este tipo de eventos son sólo protocolares y que al final si se hace una denuncia el Gobierno la ignorará y continuará en su política de violación de derechos humanos como si nada. A tal señalamiento debemos responder que, si bien la Oficina de la Alta comisionada no tiene medios de coacción para hacer cumplir sus requerimientos a los Estados, el que los denuncie públicamente y los dé a conocer al resto de la colectividad internacional es un ladrillo más en el muro de repudio que en el mundo existe sobre el régimen político venezolano. Adicionalmente, hemos de señalar que la misión de la alta comisionada respecto de Venezuela no se va a agotar con su visita al país, sino que continuará con la presentación de un informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo 5 de julio, donde esperamos haya un reflejo fiel de la atroz situación venezolana. Y para quienes creen que los informes de Michelle Bachelet van a terminar en el olvido de alguna gaveta gubernamental, les recordamos que uno de los informes sobre Venezuela por parte del anterior Comisionado, Zeid Raad Al Hussein,  acompañó la remisión que seis estados realizaron del caso venezolano ante la Corte Penal Internacional, por lo que mal puede decirse que tales documentos son simple papel mojado.Ese mismo Comisionado denunció como ilegítima la elección de Maduro como presidente en 2018.

Hasta el momento la Alta Comisionada ha sido coherente con la misión encomendada. Este párrafo del portal que mencionamos define muy bien la actualidad:Cuando la Alta Comisionada de los órganos de protección de los derechos humanos viene a Venezuela, mal puede interpretarse como un espaldarazo o una legitimación al régimen, pues en realidad se hace en ejecución del mandato de protección de derechos humanos. Por ello, en la trágica situación venezolana, el simple hecho de que ocurra esa visita no es un triunfo del régimen sino de todas las víctimas que ha ignorado y, en consecuencia,  una luz de esperanza en las tinieblas que actualmente nos rodean, pues cada vez que se oye la voz de alguien a quien han violado sus derechos, se acerca un poco más la justicia.

Un llamado de atención a todos pues ya los miembros del equipo técnico de trabajo de la Alta Comisionada estuvieron desde el pasado 11 de marzo de visita en Venezuela, saliendo de allí un completo informe sobre la emergencia humanitaria compleja que padecen los venezolanos, agravada con el colapso del sistema eléctrico y de otros servicios como el suministro de agua.

Esa visita se dio en el contexto de un ambiente de represión por parte del régimen de Maduro, que en su empeño por imponer su versión ajena a la realidad se dió a la tarea de “maquillar” las principales áreas de los centros hospitalarios y dotarlos, no sabemos si de forma temporal, de medicinas e insumos para hacer ver que no estamos en crisis o que no es tan grave. Incluso se le ordenó a los colectivos (grupos irregulares que pueden estar armados) para que agredieran a médicos, pacientes y periodistas que intentaron acercarse al equipo de la ONU, como ocurrió durante una visita al Hospital Central de Barquisimeto. El simple hecho de que Maduro haya tenido que recurrir a los colectivos para impedir que quienes padecen más duramente la crisis humanitaria se acerquen a la misión de ONU muestra la verdadera y despiadada cara de un régimen para el que las muertes ocasionadas son secundarias si con ello se mantiene en el poder.

Sin embargo, con independencia o no de la visita de Bachelet, lo cierto es que los esfuerzos del llamado “régimen usurpador” por enmascarar la dura realidad han trascendido y, con ello, la certeza de que la crisis humanitaria es responsabilidad de quien la quiere ocultar. El olor a pintura recién puesta en los hospitales en marzo pasado no ocultó el hedor de nuestras miserias, como bien dice el informe de la ONG acceso a la justicia.org.

La pediatra Bachelet ha logrado que dos informes de su oficina referentes a esa visita hayan sido contundentes contra el régimen corrupto e inmisericorde que gobierna Venezuela. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encontrará con el presidente Nicolás Maduro, el líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, representantes de organizaciones de la sociedad civil y “víctimas de abusos y violaciones de los derechos humanos”, según informó la ONU.

Tiene previsto también reunirse con el presidente del Tribunal Supremo, el fiscal general y el defensor del pueblo, tres joyas ilegítimas del régimen represor y violador de los Derechos Humanos. Regimen al que gran parte de la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, considera un gobierno ilegítimo.

La comisionada ha recibido críticas en el pasado por no pronunciarse contra Maduro y algunos, especialmente en círculos opositores, le reprochan no denunciar con claridad la situación del país en materia de derechos humanos. Aunque en febrero condenó los episodios violentos vividos en febrero en Venezuela y en sus fronteras con Brasil y Colombia, cuando fuerzas afines al presidente Nicolás Maduro bloquearon el intento de ingreso de la ayuda humanitaria organizado por la oposición. Resumiendo, dos informes presentados bajo su mandato y levantados por el mismo equipo de la ONU bajo su predecesor  han sido muy duros contra el gobierno de Maduro al presentar la terrible realidad venezolana. Tenemos quince días para conocer su visión de Venezuela, su gobierno y los derechos humanos de los venezolanos en el informe a presentar en Ginebra.

 

 

 

Derechos sin revés: La Carta de las Naciones Unidas, la génesis de la paz y los derechos humanos

LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS es el documento por medio del cual se constituyen las Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1945. Con la ratificación de este documento fundacional de la mayoría de sus signatarios, incluidos los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas entraron oficialmente en vigor.

La Carta es una suerte de constitución interna que rige al organismo supranacional, surgido en 1945, tan solo un mes después del fin de la Segunda Guerra Mundial. La Carta es el instrumento constituyente de la Organización: determina los derechos y las obligaciones de los Estados Miembros y establece los órganos y procedimientos de las Naciones Unidas. En su calidad de tratado internacional, la Carta codifica los principios fundamentales de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los Estados hasta la prohibición del empleo de la fuerza en las relaciones internacionales en cualquier forma que sea incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.

Su historia se remonta al 12 de julio de 1941 con la “Declaración de Londres”, firmada por los representantes de Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y Sudáfrica, además de los gobiernos en exilio de Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos, Polonia, Yugoslavia y Francia representada por el general De Gaulle.

Este documento se constituyó en un pronunciamiento a favor de la concertación de la paz de forma conjunta, y se estableció que la única base de una paz duradera es la cooperación voluntaria de todos los pueblos libres para evitar la amenaza de una agresión.

En efecto, el Preámbulo de la Carta reafirma de manera explícita la “fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”.

El primer artículo establece que uno de los objetivos principales de las Naciones Unidas es el de desarrollar y promover “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.

De hecho, los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. Ese documento, con esos preceptos, más tarde se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, examinado en la primera sesión de la Asamblea General en 1946.

Es decir, el objetivo primordial de la Carta de las Naciones Unidas y de la organización en sí es “preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles; a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas; a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional; a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”, según se refiere en el Preámbulo.

Bajo esos mandatos, la finalidad de la Carta de las Naciones Unidas es practicar la tolerancia para propiciar la convivencia en paz. Unir fuerzas para el mantenimiento de la seguridad internacional. Asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos.

El término “derechos humanos” se menciona siete veces en la Carta fundacional de la ONU, por lo que su promoción y protección también son objetivos fundamentales y principios rectores de la Organización.

La Carta fue ratificada el 24 de octubre de 1945, y la primera Asamblea General de la ONU se reunió en Londres el 10 de enero de 1946. Más de 190 naciones acordaron apoyar esta Declaración. Uno de los principales objetivos de la Carta es la promoción y el fomento del “respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión”.

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La firma de la Declaración de los Derechos Humanos sigue siendo el hecho más importante de la historia para garantizar los derechos humanos de todos. Muchos otros documentos se han firmado desde entonces, tratando de fortalecer estos derechos.

En la actualidad, 193 Estados son miembros de las Naciones Unidas, que están representados en el órgano deliberante, la Asamblea General.

Debido a las facultades que le confiere la Carta y su singular carácter internacional, las Naciones Unidas pueden tomar medidas sobre los problemas que enfrenta la humanidad en el siglo 21, como la paz y la seguridad, el cambio climático, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el desarme, el terrorismo, las emergencias humanitarias y de salud, la igualdad de género, la gobernanza, la producción de alimentos y mucho más.

La ONU también proporciona un foro para que sus miembros puedan expresar su opinión en la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y otros órganos y comisiones. Al permitir el diálogo entre sus miembros, y la organización en las negociaciones, la Organización se ha convertido en un mecanismo para que los gobiernos puedan encontrar ámbitos de acuerdo y resolver problemas juntos.

La CIDH y la ONU piden una respuesta regional a la migración de venezolanos

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y tres organismos de la ONU pidieron hoy a los países de Latinoamérica que desarrollen una respuesta regional coordinada para responder al desplazamiento masivo de inmigrantes y refugiados venezolanos.

Los organismos enfatizaron la importancia de que la respuesta esté basada en los derechos humanos y en el principio de responsabilidad compartida y que, además, proteja los derechos de los inmigrantes y refugiados antes, durante y después de su tránsito.

La declaración conjunta ha sido suscrita por la CIDH, el relator especial sobre los Derechos de los Migrantes de la ONU, Felipe González, y por tres entes de las Naciones Unidas: el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; el Comité sobre los Derechos del Niño; y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

En su comunicado, expresan preocupación por las prácticas discriminatorias que algunos venezolanos han sufrido en los últimos meses: desde la solicitud de pasaportes para entrar a países receptores hasta la militarización de las fronteras pasando por casos de expulsiones colectivas.

En el último año el número de inmigrantes ha aumentado, haciendo que algunos países, como Perú y Ecuador, adopten medidas excepcionales como la solicitud de pasaportes o cédulas de identidad validadas, requisitos que no siempre pueden cumplir los venezolanos.

Para solucionar estas situaciones, las organizaciones hacen 17 recomendaciones a los países latinoamericanos, entre las que figura acabar con las devoluciones colectivas, garantizar la unidad familiar en las migraciones y reconocer como refugiados a aquellos que temen por su vida.

La CIDH y las organizaciones de la ONU también se dirigen al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al que piden que promueva acciones para garantizar “el acceso, la prestación y el paso libre de asistencia humanitaria para la población venezolana”.

Asimismo, sin mencionar específicamente al Ejecutivo venezolano, piden que se garantice el derecho a la nacionalidad facilitando documentos que garanticen la libre movilidad de sus ciudadanos.

La declaración conjunta de los organismos internacionales coincide con la celebración en la Organización de Estados Americanos (OEA) de una sesión extraordinaria sobre la migración de venezolanos.

Este martes, en una reunión en Quito, once países latinoamericanos acordaron seguir acogiendo a los inmigrantes venezolanos, pero salvaguardando la seguridad de las sociedades receptoras.

La ONU estima que, hasta junio de este año, 2,3 millones de venezolanos han salido de su país, principalmente con rumbo a Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile.

OIT aprueba crear una Comisión de Encuesta para investigar a Venezuela

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó hoy la creación de una “Comisión de Encuesta” para Venezuela, un procedimiento de investigación que se establece en casos en los que se tiene serios indicios de que un país está violando de forma grave y persistente convenios laborales.

La entidad ha recibido quejas relacionadas en concreto con presuntas violaciones de los convenios internacionales relativos a la fijación de salarios mínimos, libertad sindical y protección del derecho de sindicación, y consulta tripartita.

Una misión de esta misma organización debía viajar a finales del pasado enero a Venezuela para indagar sobre esas denuncias, planteadas por la patronal Fedecamaras, pero la visita se suspendió.

Ello debido a que el Gobierno venezolano no garantizó que la misión podía realizar todas las entrevistas que tenía planeadas, en particular con representantes de varios sindicatos y líderes de otros sectores sociales.

Venezuela pudo evitar el pasado noviembre la instalación de la Comisión de Encuesta, pero esta vez el Consejo de Administración de la OIT -órgano decisorio entre las asambleas anuales- decidió proceder con esta medida.

Desde su fundación, hace 99 años, la OIT sólo ha establecido doce comisiones de encuesta. El caso más reciente fue el de Zimbabue en 2008.

La queja que ha dado lugar a la Comisión de Encuesta para Venezuela data de mediados de 2015 y además de la violación de los citados convenios, alegaba ataques, acoso, agresiones y una campaña de descrédito contra Fedecamaras, sus dirigentes y afiliados.

Asimismo, se señala que las autoridades no consultan con esa federación de empleadores sobre leyes que afectan los intereses económicos de sus miembros, incluidos los aumentos del salario mínimo.

La Comisión de Encuesta estará formada por tres miembros independientes, quienes deberán realizar una investigación profunda de las denuncias, determinar los hechos y hacer recomendaciones.

¿Presos con derechos? por Carlos Nieto Palma

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Mucho se ha discutido acerca de la situación de los derechos humanos de los hombres y mujeres privados de libertad que viven en condiciones infrahumanas en las cárceles venezolanas. Pareciera que, para todos, son sujetos excluidos del mundo, sin ningún tipo de derechos, sin derechos humanos.

Vamos a comenzar por darnos una idea general de qué son derechos humanos. Para el autor Salvador Vergés, se pueden definir los derechos humanos como “aquellas exigencias que brotan de la propia condición natural de la persona humana, y que, por ende, reclaman su reconocimiento, su respeto e incluso su tutela y promoción por parte de todos, pero especialmente de quienes estén constituidos en autoridad”; de igual manera José Gregorio Guarenas y Elvira Morcillo los definen como “atributos de toda persona humana, inherentes a su dignidad, que todo hombre y mujer tiene que conocer y respetar, y que el Estado tiene que respetar también y garantizar, organizando su acción para satisfacer la plena realización de los mismos”. Como se ve en ambos conceptos, el término derechos humanos está relacionado con la totalidad de los seres humanos sin importar a qué grupo o sector de la población pertenezcan.

Cuando hablamos de hombres y mujeres privadas de libertad y su condición de sujeto de derecho, es importante lo que nos dice la experta penitenciaria María Gracia Moráis: “El condenado no es un aliene juris, no está fuera del derecho, se halla en una relación de derechos público con el Estado y descontados los derechos perdidos o limitados por la condena, su condición jurídica es igual a la de las personas no condenadas”, con esto coincide el español Iñaki Rivera: “La persona privada de libertad, a consecuencia de una sanción penal condenatoria, posee un estatus jurídico particular: es sujeto titular de derechos fundamentales, pero el ejercicio de estos encuentra su límite en el fallo condenatorio, en el sentido de la pena, y en la propia situación de reclusión en que se halla. No obstante, la regla ha de ser el pleno reconocimiento, ejercicio y tutela de sus derechos fundamentales y garantías. La restricción de algunos de ellos, será la excepción”.

Podemos entonces inferir que el hombre o mujer que se encuentra privado de su libertad es un sujeto de derechos en las mismas condiciones en que están los que se encuentran en libertad, y que más allá de los que la propia sentencia condenatoria les priva (libertad de tránsito fuera del establecimiento en que se encuentre, derechos políticos, inhabilitación civil, etc.) estos se encuentran en el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales y el Estado, por el mismo hecho de encontrarse bajo su tutela jurídica, por su condición de privado de libertad, está en la obligación de satisfacer y garantizar su respeto.

Es claro que como todos los ciudadanos al igual que se tienen derechos también tienen obligaciones que cumplir en pro de la realización de estos derechos, por lo tanto, la exigencia del respeto de los derechos humanos de los hombres y mujeres privados de libertad no puede entenderse como paraguas para encubrir pretensiones personales de ningún tipo, la exigencia de derechos implica necesariamente las obligaciones que de estas exigencias derivan.

Los presos tienen derechos que les deben ser respetados en los lugares que se encuentran privados de libertad, y las autoridades encargadas de su custodia están obligadas a garantizarlos, independientemente del delito que hayan cometido; el castigo es la privación de libertad y no puede haber penas accesorias por esto.

@cnietopalma

El Nacional 

Presos pasando hambre, por Carlos Nieto Palma

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Muchas veces he escrito sobre la situación de hambre que pasan nuestros privados de libertad. La ausencia de comida se ha apoderado de nuestros recintos carcelarios tanto en las cárceles tradicionales como en los centros de detención preventiva; en estos sitios con mayor gravedad que en los otros, pero, en general, la situación de hambruna que se vive en Venezuela no escapa del sistema penitenciario venezolano.

Para los que estamos libres y no privados de libertad en uno de estos sitios, es menos complicado proveernos de alimentos porque tenemos la opción de salir a buscarlos y, en casos extremos, hurgar en la basura a ver qué conseguimos, pero quien está en un recinto carcelario no tiene otra opción que morirse de hambre.

Recientemente, la organización Una Ventana a la Libertad, la cual dirijo desde su fundación, con ocasión de la celebración del día de Nuestra Señora de Las Mercedes presento un pequeño informe sobre la situación que se vive en los centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Táchira y Zulia, que constituyen las regiones que reúnen la mayor población penal del país.

El problema de la alimentación de los reclusos es uno de los temas que destaca este informe, donde se establece: “Al menos ocho privados de libertad que se encontraban recluidos en centros de detención preventiva del país han fallecido, por cuadros de desnutrición, en lo que va del año 2017. El caso más reciente fue el de Adolfo Iván Martínez Canino, de 25 años de edad, quien estaba preso desde el 13 de septiembre de 2016, en la Policía Municipal de Guaicaipuro, en Los Teques, estado Miranda y murió el 20 de septiembre de 2017 por desnutrición severa.

“La escasez generalizada de alimentos, que se registra en el país, así como los altos costos de los insumos, dificulta que parientes y amigos de privados de libertad puedan llevarles alimentos a diario.

“La reclusión de los privados de libertad en ciudades alejadas de sus pueblos de origen constituye otro obstáculo para que familiares puedan acudir diariamente a llevarles alimentos.

“En algunos centros de detención los familiares deben pagar a funcionarios policiales para que permitan el ingreso de alimentos a los detenidos. También se han registrado casos en los que privados de libertad usan la extorsión como mecanismo para tener acceso a la comida.

“Los centros de detención preventiva no cuentan con infraestructura (cocinas ni comedores) ni con presupuesto para proveer alimentos a los privados de libertad, por cuanto estos espacios no fueron concebidos para albergar reclusos por largos plazos. Están diseñados para mantener a los detenidos por un período máximo de 48 horas, hasta que sean presentados ante los tribunales y sean liberados o les sea asignado su centro de reclusión definitivo. En la actualidad los reclusos permanecen en estos centros por tiempo indefinido”.

Aunado esta grave situación de hambruna en los centros de detención preventiva, Una Ventana a la Libertad, en el diagnóstico que realizó a partir de testimonios recabados en entrevistas con privados de libertad, familiares, funcionarios policiales, expertos locales, observación directa por parte de nuestros investigadores y datos oficiales, constató presencia de enfermedades contagiosas como tuberculosis (en Miranda, Apure, Falcón, Mérida, Monagas, Nueva Esparta y Zulia), escabiosis (en Falcón, Mérida, Nueva Esparta y Zulia). También la organización conoció de casos de privados de libertad que padecen de sida (Apure, Nueva Esparta y Zulia) y no reciben el tratamiento requerido. También se constató la presencia de privadas de libertad en estado de gestación en centros de detención preventiva de los estados Miranda y Zulia que no tienen acceso a los controles médicos prenatales. Debido a los altos porcentajes de hacinamiento, algunos centros de detención han dispuesto de espacios comunes como pasillos, oficinas e incluso de patrullas que son usadas como calabozos, para poder acoger a toda la población de privados de libertad.

Garantizar los derechos humanos de la población privada de libertad es responsabilidad exclusiva del Ministerio para el Servicio Penitenciario, esto lo establece el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación de este ministerio; su responsabilidad es los privados de libertad, independientemente de dónde están recluidos y su condición procesal; lamentablemente esto nunca lo entendió la antigua ministra Iris Varela, y la actual sigue sus mismos pasos.

Es imposible hablar de tener el mejor sistema penitenciario del mundo y que en Venezuela se le garantizan los derechos humanos de los privados de libertad, cuando vemos estas situaciones con nuestros presos; es una simple burla a la población.

 

@cnietopalma

El Nacional

Magistrados designados por la AN: Trabajaremos por el restablecimiento de la institucionalidad democrática en el país

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Un grupo de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designados por Asamblea Nacional que se encuentra en el exilio firmaron un pronunciamiento en conjunto titulado “Declaración de Washington” en el que, entre otras cosas, rechazan la Asamblea Nacional Constituyente y aseguran que trabajarán para el restablecimiento del hilo constitucional.

En el texto los magistrados indican que rechazan la asamblea nacional constituyente y califican de “invalidas” sus decisiones. Aseguran que su instalación tienen como propósito “establecer un Estado autoritario y de anarquía”.

“Una constitución es fruto de un pacto social y si la génesis de una asamblea constituyente no es la voluntad popular, ésta no nace legítimamente de un poder y mucho menos de un poder constituyente”, aseguran los magistrados en el texto.

En comunicado, se comprometieron a defender los principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución y a trabajar por el restablecimiento de la institucionalidad democrática y la independencia de poderes públicos.

En la declaración también aseguran que coordinarán acciones con la justicia internacional para “detener los actos hostiles” y perseguirán delitos de lesa humanidad y violadores de derechos humanos.

El pasado jueves 24, este mismo grupo de magistrados fue recibido por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para expresarle su apoyo y reconocimiento.

A continuación el comunicado completo:

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Derechos sin revés: Penetrar en la cotidianidad del hogar es uno de los más graves crímenes en contra de la población civil

LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO es el derecho fundamental que permite disfrutar de la vivienda sin interrupciones ilegítimas y permite desarrollar la vida privada sin ser objeto de molestias. Es el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima; motivo por el que no sólo es objeto de protección el espacio físico, sino lo que en él se encuentra, lo que supone una protección a la vivienda y a la vida privada. Para todo individuo, su domicilio es aquel espacio de protección y confort que resguarda el proyecto de vida, las ilusiones de cualquier grupo familiar.

De allí que el interés superior de la protección de la familia, niños y ancianos goza de primacía en cualquier circunstancia y el Estado está obligado indefectiblemente a asegurar su protección y garantía. El principio de la unidad familiar y de la protección especial debe sobreponerse ante cualquier otro interés que se persiga y ajustarse a la consecución del proceder judicial a no invadir y mucho menos destruir los mínimos que permiten que una familia permanezca unida y en un ambiente propicio.

Por todo lo anterior, penetrar en la cotidianidad y privacidad de las personas y las comunidades constituye uno de los más graves crímenes que pueden cometerse en contra de la población civil, genera incertidumbre en la gente y coloca a la sociedad en una posición vulnerable porque se interpreta como que cualquiera puede ser afectado. Con esto se siembra desconfianza en las comunidades, se rompe el tejido social y se dispersa cualquier iniciativa de organización social y ciudadana. Los ataques a residencias que se han visto en el contexto de las protestas, tal como lo ha expresado COFAVIC en comunicado público difundido el pasado el mes de junio, han sido crueles y desproporcionados y se han erigido como una especie de castigo ejemplarizante que no tiene otra intención que la sumisión individual y colectiva al perpetrador y sus propósitos.

Los actos de hostigamiento a zonas residenciales han dejado una afectación severa en sus habitantes, no sólo por el nivel de pérdidas en daños a bienes materiales, sino también por las pérdidas simbólicas. Las incursiones de funcionarios de distintos cuerpos, muchas veces encapuchados, sin identificación y vestidos de negro, dejan en la población residente un profundo temor y una sensación de indefensión.

El Estado venezolano no puede ser cómplice del terror ni por acción u omisión porque eso configura la institucionalización del crimen de Lesa Humanidad. Y por ello todos estos graves procedimientos contra residencias y familias que han causado daños innumerables en las personas que los han vivido deben ser investigados, sancionados y prohibirse, dado que lo contrario es auspiciar un terrorismo de Estado que deslegitima todas las acciones que se realicen y que dejará un saldo de dolor, frustración y separación que será muy difícil revertir en nuestro país.

En Cofavic reiteramos que ningún procedimiento que pretenda ser legal puede ser desarrollado con saña y con el propósito de infligir dolor y producir la ruptura del tejido social. La aplicación de la ley debe ser reparadora y humanizadora y nunca constituir una herramienta de venganza y de aniquilación.

Es importante tener presente que ni en las circunstancias más graves un Estado está autorizado para atacar y tener injerencias arbitrarias en la familia y su domicilio. La familia, como lo establece nuestra Constitución y el Derecho Internacional, es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

En efecto, la Constitución de Venezuela es muy clara.  En el artículo 47 se establece que el hogar doméstico y todo recinto privado son inviolables. Solo podrán ser allanados con orden judicial, para impedir la perpetración de un delito o para cumplir, de acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los tribunales, pero siempre con respeto a la dignidad del ser humano.

El artículo 49, por otra parte, habla del debido proceso que se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Eso significa que la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso, no susceptibles de suspensión aún en estados de excepción.

El allanamiento de morada, además,  está establecido en el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece que cuando el registro deba realizarse en una residencia familiar, establecimiento comercial, en sus dependencias cerradas, o en un recinto habitado, se requerirá de una orden judicial escrita. De igual forma el órgano policial en casos de necesidad o urgencia podrá solicitar al juez de control de la respectiva orden, previa autorización, por cualquier medio, del Ministerio Público, que deberá constar en su solicitud. Sólo se exceptúan de lo dispuesto los casos en los que se procure impedir la comisión o continuidad de un delito o cuando se trate de personas a quienes se persigue para su aprehensión.

En ese sentido, los principios de humanidad, proporcionalidad, distinción y limitación deben estar en vigencia, incluso en situaciones de conflicto armado interno o internacional y en desarrollo del Derecho Internacional Humanitario -situación que afortunadamente no es la nuestra- y que demuestra que hay un núcleo duro de derechos y protecciones que no deben ser traspasadas por los Estados en ninguna circunstancia. El principio de humanidad establece que no se debe infligir sufrimientos a las personas ni destruir sus bienes innecesariamente. El principio de distinción establece que en caso de que existan dudas entre objetivos militares y civiles debe prevalecer la presunción del carácter civil y desarrollar las salvaguardas propias de éste para evitar daños a las personas.

El ejercicio de la fuerza y de las competencias de las autoridades no son ilimitados y de sus restricciones depende la legitimidad y la legalidad del accionar del Estado y la gravísima ejecución del denominado terrorismo de Estado, donde se pierden límites, propósitos, distinciones y sentido de humanidad.