Deportaciones

Más de de 7,7 millones de venezolanos han abandonado su país en busca de mejores condiciones de vida

Venezuela es el único país de la región con una investigación en curso ante la Corte Penal Internacional, porque hay razones para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad

El pasado 6 de octubre la organización WOLA, líder en investigación y defensa de los derechos humanos en las Américas, señaló que la medida de deportación de venezolanos desde Estados Unidos «es contradictoria y peligrosa”.

A través de su página web, WOLA indicó que la decisión de devolver a venezolanos es «reprobable», considerando los riesgos que enfrentan los venezolanos en su propio país. Añadió que también ignora la obligación internacional que tiene Estados Unidos de garantizar que no devuelvan a personas a un país donde enfrentarían probable peligro o persecución.

La organización destacó que la deportación de venezolanos también va en contra de la propia conclusión de la Administración de Joe Biden del 20 de septiembre, cuando la declaración del Registro Federal del DHS concluyó que “Venezuela continúa enfrentando una emergencia humanitaria grave debido a una crisis política y económica, así como como violaciones y abusos de derechos humanos y altos niveles de criminalidad y violencia, que impactan el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible, y han llevado a altos niveles de pobreza”. 

Este anuncio contradice la decisión de la administración Biden de hace apenas unas semanas cuando se extendió y redesignó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que habían ingresado a los  Estados Unidos antes del 31 de julio de 2023 el cual tenía un tiempo de 18 meses.

Ahora, apenas unas semanas después, el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, declaró: «Hemos tomado la determinación de que es seguro devolver a los ciudadanos venezolanos que llegaron a los Estados Unidos después del 31 de julio y no tienen una base legal para permanecer aquí».  

Más de de 7,7 millones de venezolanos han abandonado su país en busca de mejores condiciones de vida. Venezuela es el único país de la región con una investigación en curso ante la Corte Penal Internacional, porque hay razones para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad.

¿Qué dice el derecho internacional?

Según el derecho internacional y el estadounidense, que cita Wola, «cualquier persona que tema por su vida, su integridad personal o su libertad tiene derecho a solicitar asilo y al debido proceso». 

La organización consideró que  Estados Unidos también tiene herramientas adicionales a su disposición, incluido el TPS, para «otorgar estatus legal a personas de un país cuyas condiciones impiden su regreso seguro».

Además, opinan que la nación «no debe ser un país que deporta personas a dictaduras represivas» donde puedan enfrentar serias amenazas a sus vidas o su libertad.

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La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se pronunció este sábado para manifestar su preocupación ante la decisión de las autoridades de Chile de deportar a más de 100 migrantes entre venezolanos y colombianos.

En una publicación en su cuenta de Twitter expresaron que la tensión social que se ha generado luego del ingreso de estos migrantes a Chile se agudizó después de que las autoridades chilenas desplegaran a las fuerzas armadas y comenzaran las deportaciones.

#Chile?? La @CIDH expresa preocupación por la tensión social en pasos migratorios en la frontera Norte, con conflictos entre autoridades y grupos de migrantes, despliegue de fuerzas armadas, y deportación de más de 100 #PersonasMigrantes de Sudamérica los últimos días. 1

— CIDH – IACHR (@CIDH) February 13, 2021

La CIDH recordó al Gobierno de Chile su «deber de protección integral de los derechos humanos, y de garantizar los principios de devolución, debido proceso y prohibición de deportaciones/expulsiones colectivas, con atención a necesidades de protección internacional».

Reiteraron la necesidad de que el gobierno chile asegure la «protección de personas en #MovilidadHumana, el acceso a territorio y procedimientos de asilo y con atención a la aplicación de protocolos sanitarios. Ello, conforme sus Resoluciones 01/20 y 04/20 y Principios Interamericanos». 

El comunicado ocurrió luego de que el pasado 10 de febrero fueran expulsados 120 migrantes venezolanos y colombianos que entraron a Chile de forma irregular. 

Con información de TalCual 

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Este miércoles, la organización Human Rights Watch (HRW) afirmó que tanto las deportaciones como el trato que el gobierno de Trinidad y Tobago da a los inmigrantes venezolanos, especialmente a los menores de edad “incluidos de niños, niñas y solicitantes de asilo, no sólo constituyen gravísimas violaciones de derechos humanos, sino son, además, un lamentable reflejo de su lealtad al régimen de Nicolás Maduro”.

En su primer día como presidente, también dispuso el cese de la construcción del muro con México y la solicitud de ciudadanía para los indocumentados

El Gobierno de Joe Biden anunció la noche del miércoles una suspensión de 100 días de las deportaciones de inmigrantes, aunque con algunas excepciones, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

«Durante 100 días, a partir del 22 de enero de 2021, el DHS suspenderá las deportaciones de ciertos no ciudadanos cuya deportación haya sido ordenada», detalló el secretario interino, David Pekoske, recién nombrado por Biden, según publicó Deutsche Welle. 

La razón, dijo Pekoske, es «garantizar» que Estados Unidos tenga «un sistema migratorio justo y eficaz centrado en proteger la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública», por lo que ordenó «revisar y reiniciar» los protocolos.

El DHS no aportó en el comunicado detalles sobre las personas que quedan excluidas de la medida de los 100 días.

Nueva ley de inmigración al Congreso

Inaugurando la que se anticipa como una nueva era en la Casa Blanca,  Biden cumplió esta misma noche su  promesa electoral de presentar en su primer día de mandato un amplio proyecto de ley de inmigración que incluye una vía a la ciudadanía para unos 11 millones de indocumentados en el país.

Cuatro años después de la mano dura contra los inmigrantes del saliente mandatario, Donald Trump, el equipo de transición de Joe Biden anunció este miércoles los detalles del proyecto de ley que el demócrata envía  hoy mismo al Congreso como parte de su compromiso de «modernizar» el sistema de inmigración, denominado «Ley de Ciudadanía de los EEUU de 2021».

La iniciativa, que deberá recibir al visto bueno de ambas cámaras legislativas, dominadas por los demócratas, pretende administrar y proteger de «manera responsable» la frontera, mantener a «familias y comunidades seguras y administrar mejor la migración en todo el hemisferio», señaló un comunicado.

La mayor reforma migratoria

De ser aprobado, el proyecto legislativo de Joe Biden supondría la mayor reforma migratoria desde el Gobierno del republicano Ronald Reagan (1981-1989), que legalizó a tres millones de indocumentados en 1986.

No en vano, y como su nombre indica, su punto clave es ofrecer una vía a la ciudadanía en ocho años a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que viven en EE.UU.

Pero un importante grupo de ellos, los menores que llegaron al país siendo niños de la mano de sus padres, también indocumentados y conocidos como «soñadores», así como los amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), en su mayoría centroamericanos, y los trabajadores agrícolas inmigrantes, podrá aspirar a una residencia legal de «inmediato» y tres años más tarde a la ciudadanía, destacó la nota.

Para evitar una avalancha de inmigrantes, el proyecto de ley establece que esta medida afectaría a los inmigrantes que estén «físicamente presentes en los Estados Unidos el 1 de enero de 2021 o antes».

Los deportados durante la presidencia de Trump, desde el 20 de enero de 2017, y que estuvieron físicamente presentes durante al menos tres años antes de la expulsión pueden solicitar el mismo beneficio por «unidad familiar y otros fines humanitarios», pero ya ese proceso dependerá del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), para el que Biden ha nominado al cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas.

Reunificación familiar incluye a grupos LGBTQ+

Otra de las aspiraciones de la ley será la reunificación familiar, dando especial importancia a los grupos familiares LGBTQ+ y permitiendo igualmente a los inmigrantes con peticiones aprobadas de patrocinio familiar reunirse con sus seres queridos en EE.UU. de forma temporal mientras esperan por las tarjetas de residencia.

Entre otras de sus polémicas decisiones, Trump instauró nada más llegar a la Casa Blanca un veto migratorio a los nacionales de once países con una significativa población musulmana (Eritrea, Irán, Kirguistán, Libia, Myanmar, Nigeria, Somalia, Sudán, Siria, Tanzania y el Yemen) y que incluye restricciones para Venezuela y Corea del Norte. 

Muro fronterizo sin financiamiento

Para intentar lograr el necesario apoyo republicano en el Senado, Joe Biden incluyó además nuevos recursos en la frontera, su decisión de dejar de lado la construcción del muro en la frontera con México -la promesa electoral cumplida a medias por Trump- y apostar sobre todo por la «tecnología» para acelerar la detección del cruce ilegal de mercancías y estupefacientes.

La nueva propuesta pretende de igual forma destinar fondos para mejorar el «profesionalismo» de los agentes fronterizos y crear un comité para investigar posibles «malas conductas», y busca mejorar la atención de individuos, familias y menores bajo la custodia de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal denunció a través de sus redes sociales haber recibido denuncias sobre la deportación de más de 80 venezolanos en Trinidad y Tobago.

El abogado informó en un principio que a los detenidos se les habría negado el acceso a un abogado, por lo que se mantuvo en contacto con organizaciones de Derechos Humanos en Trinidad. Sin embargo, Romero luego informó que los detenidos en el Centro de Detención de Inmigración de Trinidad y Tobago fueron deportados hacia Venezuela.

Según la prensa local, una aeronave militar venezolana aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Piarco para repatriar a 53 hombres y 29 mujeres que habían sido presentados en la embajada de Venezuela el viernes en la tarde.

Los migrantes fueron repatriados voluntariamente, según declaraciones de la embajadora de Venezuela ante Trinidad y  Tobago Coromoto Godoy, por medio de un comunicado emitido por el Ministerio de Seguridad Nacional de ese país.

#22Abril 82 venezolanos que se encontraban detenidos en el Centro de Detención de Inmigración de Trinidad y Tobago, fueron deportados ayer. Así fue declarado por el Ministro de Seguridad Nacional de ese país y reglejado en la prensa local https://t.co/lt6iU570mc

— Alfredo Romero (@alfredoromero) April 22, 2018

Alfredo Romero informó que 20 de los venezolanos habrían solicitado asilo, por lo que serían presentados ante un tribunal migratorio para evaluar sus casos.

Informan abogados y ONG en TyT que se mantienen más de 20 detenidos que serían presentados ante un tribunal en proximas horas. Supuestamente varios de los deportados y/o detenidos habían solicitado asilo (esto por confirmar). https://t.co/g9D5FQHonn

— Alfredo Romero (@alfredoromero) April 22, 2018

Una Corte de Apelaciones de Estados Unidos emitió el lunes un fallo que tumba dos medidas clave en materia migratoria de la Administración que preside Barack Obama destinadas a evitar las deportaciones de indocumentados, lo que a su vez abrió las puertas a un posible pronunciamiento del Tribunal Supremo.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, de avalar el bloqueo de dos medidas promulgadas por el presidente estadounidense y que benefician a unos cinco millones de indocumentados podría ser apelada por la Casa Blanca ante el Supremo.

Por dos votos a favor y uno en contra, los magistrados de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito (con jurisdicción sobre Texas, Luisiana y Arkansas y considerada una de las más conservadoras del país) avalaron el fallo de un juez federal de Texas que en febrero suspendió las medidas migratorias.

Se mantendrá así durante por los menos varios meses (hasta que el Supremo se pronuncie si es que la Casa Blanca interpone recurso) el bloqueo a la Acción Diferida (DACA) para los jóvenes inmigrantes y su equivalente para los padres (DAPA).

DACA ha protegido de la deportación desde 2012 a más de medio millón de jóvenes que entraron al país siendo niños y DAPA, que aún no se ha puesto en marcha, beneficiaría a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales.

Los demandantes contra estos programas son una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos, liderados por Texas y que sostienen que las medidas ejecutivas de Obama en inmigración son un cambio demasiado grande en la política del país como para que el presidente pueda actuar sin autorización del Congreso.

Por ello, exigen que estas se sometan primero a debate en la Cámara de Representantes y el Senado, actualmente controladas por los republicanos, lo que previsiblemente evitaría su aprobación.

El Gobierno, por su parte, asegura que está legitimado para actuar sin el visto bueno del Congreso y acusa a su vez a los estados de operar en un ámbito en el que las competencias son «exclusivamente» federales.

«La decisión del Quinto Circuito es una victoria ante el intento del presidente Obama de reescribir las leyes migratorias de nuestra nación en una afrenta a la Constitución», indicó el representante republicano por Virginia Bob Goodlatte.

Por su parte, el senador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez admitió que el fallo de el lunes puede ser «decepcionante para los millones que siguen atrapados en las sombras», pero que en ningún caso es «una sorpresa». «El camino está finalmente libre para que la Corte Suprema de Justicia confirme la legalidad del programa de DAPA y la ampliación de DACA», indicó el senador.

Del mismo modo que Menéndez, fueron varias las asociaciones latinas e inmigrantes que relativizaron el fallo del tribunal y urgieron al Gobierno a presentar recurso ante el Supremo. «Es importante que la comunidad inmigrante entienda que esperábamos esta pérdida. Pedimos que Obama apele a la Corte Suprema inmediatamente», dijo en Twitter Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center.

«Esto es solo un contratiempo para nuestras familias. Seguiremos luchando hasta el Tribunal Supremo, donde venceremos. Urgimos a la Administración Obama a que apele sin demora esta decisión ante el Supremo», indicó la portavoz del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa

La organización humanitaria Acción contra el Hambre cifró hoy en 24.292 los colombianos afectados desde agosto pasado por la crisis fronteriza con Venezuela, de los que 1.950 son deportados y 22.342 personas forzadas a regresar a su país.

A través de una nota, la ONG aseguró que los afectados han dejado «atrás su familia, sus enseres y sus medios de vida».

Según Acción contra el Hambre, «al abandono obligado de sus hogares se suma la falta de un hogar seguro, que garantice las condiciones mínimas de subsistencia», por lo que la inseguridad alimentaria se incrementa «por la falta de recursos monetarios y la paralización económica del comercio transfronterizo, vital para la región».

Para paliar la vulnerabilidad de las personas afectadas, Acción contra el Hambre puso en marcha un proyecto en los municipios colombianos de Tibú y Puerto Santander, con iniciativas para 1.570 personas destinadas a mejorar la seguridad alimentaria, proporcionar refugio y artículos de higiene y saneamiento.

Dada la inestabilidad de la zona, las necesidades podrían ir en aumento, por lo que Acción contra el Hambre sigue verificando la situación para desarrollar otros programas complementarios.

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional e independiente que combate la desnutrición infantil a la vez que garantiza agua y medios de vida seguros a las poblaciones más vulnerables. En la actualidad interviene en casi medio centenar de países en apoyo a siete millones de personas.

Con información de AVN.

En su programa Con El Mazo Dando, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aseguró que desde Colombia se gesta una supuesta campaña mediática contra Venezuela, que envía mensajes de zozobra a colombianos que emigraron a territorio venezolano.

«El terror por el cual ellos (los más de 5 millones 600 mil colombianos) se vinieron de Colombia para Venezuela, el terror que se impuso allá, de las persecuciones, de la muerte, del paramilitarismo, por lo que vinieron aquí a encontrar paz, tranquilidad, de repente, desde hace cuatro o cinco días, comienzan a sentir el mismo miedo, porque el mensaje que ha empleado el Gobierno colombiano hacia estos compañeros es que lo vamos a perseguir», manifestó.

En este sentido, se dirigió a los colombianos que viven en Venezuela, a quienes llamó hermanos, y les dijo: «Nadie los está persiguiendo ni los va a perseguir hoy ni mañana ni nunca. Es parte de la guerra mediática que está utilizando el Gobierno colombiano y los agentes del paramilitarismo meterle miedo a los hermanos colombianos que viven aquí. Eso no es política del Estado venezolano».

Dijo que Leopoldo López prepara el «Último recurso»

Cabello aseguró también que el dirigente político Leopoldo López organiza un supuesto plan llamado «Último recurso» para generar violencia en el país.

«No ha terminado el juicio y ya están en plan de iniciar una escalada de violencia en Caracas y en otros sectores del país», expresó Cabello.

Señaló que la primera parte del supuesto plan comenzó el 26 de agosto, «cuando López amenazó a la juez Susana Barreiros, que lleva el caso, y en pleno juicio le dijo: ‘Cuando sea presidente ya tú sabes lo que te va a pasar».

El diputado dijo que los abogados de López «se han dado a la tarea de hacer ver vicios en el juicio, para atacar la moral e integridad profesional de la juez».

Según Cabello, la siguiente etapa del supuesto plan se activaría el 4 de septiembre y consistiría en acumular basura y escombros para montar barricadas en San Cristóbal,  Mérida, Barquisimeto, Valencia, Maturín, Maracaibo y Lecherías, así como en los municipios Baruta y Chacao y en algunos sectores del municipio Sucre.