Un reciente documento del Departamento de Estado norteamericano desnuda la realidad de un país donde actúan a sus anchas las estructuras criminales
@javiermayorca
El 10 de enero, el director de la ONA general Alberto Matheus reportó la incautación de 46,73 toneladas de distintas drogas como consecuencia de 3.091 procedimientos, llevados a cabo en 2020. Esto da un promedio de más de 15 kilos confiscados en cada acción, lo que supera en casi 50 % la media de droga por caso correspondiente a 2019. Un dato llamativo por tratarse de resultados supuestamente obtenidos en medio de la pandemia.
En contraste, el Reporte sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos del Departamento de Estado de EE. UU., emitido este mes, sostiene que la cooperación entre el régimen de Maduro y la comunidad policial internacional es “prácticamente inexistente”. Cabría preguntarse entonces de dónde vino la inteligencia para llevar a cabo tales decomisos en Venezuela.
Este informe tuvo expresiones críticas hacia el gobierno venezolano. “La apropiación de los servicios judiciales y militares para sus fines ilícitos, la corrupción y la cooperación con elementos criminales proveen condiciones ideales para el tráfico de drogas y la violencia asociada”, advirtió.
Debido a esta ausencia de una acción mancomunada, sostuvieron los estadounidenses, resulta muy complicado verificar mediante fuentes independientes lo dicho por el general Matheus.
Esta es una preocupación compartida por el exjefe del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, coronel retirado Jairo Coronel. En una reciente conversación, este oficial indicó que sin ayuda internacional “se hace muy difícil llegar a las caletas”, o almacenes clandestinos. En otras palabras, cuando los alijos han traspasado la franja fronteriza pueden circular por el país de forma casi inadvertida. A menos que ocurra una delación.
A pesar de los señalamientos de la Cancillería de EE. UU., no todo pareciera estar perdido. Durante operaciones efectuadas por la policía judicial en coordinación con Interpol, fueron capturados en Margarita dos italianos que eran solicitados por su país, uno de ellos, Flavio Febi, por delitos de drogas y el otro, Roberto Vivaldi, por fraude. Aunque el futuro de estos casos en el Tribunal Supremo es incierto, el solo hecho de que las capturas fuesen reportadas por el comisario Douglas Rico indica una disposición a cumplir con un compromiso internacional de lucha contra la delincuencia organizada, aunque esto sea un simple canto a la bandera.
Pero este no es el resultado más frecuente. Desde finales del gobierno de Hugo Chávez, los agregados policiales que trabajan en el país han expresado en forma discreta su creciente preocupación por las trabas que deben sortear para cumplir sus objetivos.
Esto no se restringe al tema de las investigaciones policiales. Los recelos han dificultado incluso la ejecución de planes para la formación de oficiales en el exterior, en temas relativos a prevención al lavado de dinero e investigación sobre secuestros.
Prefieren enviar a militares a China y Rusia, y no a policías o guardias nacionales a Italia o España, donde hay comprobados conocimientos sobre materias de investigación policial.
Mientras tanto, intentan suplir la necesidad de formación de nuevos cuadros mediante cursos en línea con disertaciones de generales venezolanos, con escaso roce internacional.
En lo relativo al caso de los italianos capturados en Margarita, no sería descabellado pensar que se intente algo parecido a un intercambio de presos con Italia. Se debe recordar que el Tribunal Supremo de Justicia ha enviado a ese país peticiones de extradición contra el exministro de Energía y expresidente de Pdvsa Rafael Ramírez, e igualmente contra Francisco José Blasini, investigado por el supuesto beneficio de contratos con sobreprecio para el suministro de insumos para la explotación de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Alianza de megabandas
La ausencia de cooperación, además, permite que la llamada Segunda Marquetalia se consolide en el país. Según el documento estadounidense, Seuxis Paucías Hernández, mejor conocido como Jesús Santrich, permanece en Venezuela junto con docenas de excomandantes de las FARC, con el propósito de “reconstruir” estructura terrorista y eludir las órdenes de captura emitidas desde Colombia y EE. UU.
El documento de la Cancillería estadounidense, además, advierte sobre dos aspectos poco conocidos hasta el momento. Por una parte, se estaría gestando una alianza entre las poderosas mafias de Brasil y megabandas venezolanas con el propósito de traficar drogas.
Esta información pareciera corroborar lo indicado por medios brasileños en cuanto a una supuesta incorporación de individuos del Tren de Aragua con el Primer Comando de la Capital (PCC), uno de los cuatro grandes grupos criminales de ese país.
Según informe de la Guardia Nacional, el Tren de Aragua ya está posicionado en Tumeremo, donde lleva a cabo la extracción de oro. Y este sería, precisamente, el metal precioso utilizado para la adquisición de los alijos de drogas que llegan por el sur del país, liderada desde prisión por Marcos Herbas Camacho, alias Marcola.
La otra advertencia arrojada por este reporte anual tiene que ver con el supuesto nexo entre las bandas de traficantes y quienes facilitan la emigración de venezolanos, en especial hacia Aruba, Curazao y Bonaire.
En la
columna anterior, se refirió el caso de un grupo de cinco lancheros de Curazao, detenidos en aguas cercanas a Aves de Sotavento, e imputados por un supuesto transporte de cocaína, cuando en un principio les habían formulado cargos por el traslado de “materiales estratégicos”.
El caso fue instruido por la Policía Nacional sobre la base de dudosos estándares, lo que ha permitido a los defensores de estos pescadores elevar una queja ante el Reino de los Países Bajos.
Aun así, todos estos elementos tienden a conformar un cuadro preocupante de impunidad y consolidación de la delincuencia organizada en Venezuela. Frente a eso, policías y militares se entretienen matando a pequeños delincuentes, a quienes luego incorporan en narrativas según las cuales pertenecían a peligrosas estructuras, ahora llamadas GEDOs (grupo estructurado de delincuencia organizada), pero con escaso basamento.
Los verdaderos criminales continúan así operando a sus anchas.
Breves
* El lunes 15 de marzo, la dirigencia de la Segunda Marquetalia, o disidencia de las FARC, anunció la activación de los llamados Comandos Bolivarianos de la Frontera. El grupo encabezado por alias Iván Márquez y Jesús Santrich ratificó el retorno a la lucha armada, aunque esta vez lo hacen como parte de “los habitantes de la franja binacional fronteriza”. Según el texto, Márquez y Santrich se opondrán a lo que califican como “actitud guerrerista del gobierno de (Iván) Duque contra la hermana Venezuela”.
Además, intentarán contrarrestar las nuevas campañas para la erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión de glifosato, una sustancia cuyo uso ha sido cuestionado por ecologistas. Esta información es divulgada en forma simultánea a la activación de una fuerza élite por parte del gobierno colombiano, cuyo objetivo primordial es la captura de las cúpulas de este movimiento armado y la del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El grupo cuenta con entrenamiento de asesores militares estadounidenses, cuyo retiro exige este comando: “que se vayan las tropas gringas ubicadas en las fronteras de Colombia, con planes de agresión”.
* Al momento de la entrega de esta columna, el equipo de defensores del extraditable colombiano Alex Saab emitió un comunicado confirmando la decisión del Tribunal Supremo en cuanto a la ratificación de las sentencias previas que avalan el traslado del empresario colombiano a Estados Unidos, donde será enjuiciado por lavado de dinero y otros delitos. Nueve meses y una semana tardó este proceso, y todavía podría prolongarse algunos días más, mientras se ultiman los detalles para la ejecución de la sentencia. Según la legislación especial del archipiélago africano en materia de extradición, este lapso no puede sobrepasar los veinte días continuos.
Este escenario adverso ya era previsto tanto por los defensores como por el gobierno venezolano, que recordó -en tono de amenaza- a los abogados del colombiano sobre las consecuencias legales que tendría la divulgación de información considerada sensible por el régimen, como parte de un eventual proceso de negociación con las autoridades norteamericanas.
Saab es ante todo un comerciante, y no debe extrañar que intente mejorar su posición con el propósito de rebajar los años de prisión que le esperan, luego del debate oral en una corte de Florida.
Visto desde la lejanía, no cabe duda de que los abogados de Saab, liderados por el exjuez español Baltasar Garzón, supieron moverse en distintos planos para presionar por una decisión favorable. No obstante, ese énfasis en llevar el litigio al Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental ya era un indicador sobre la perspectiva de un desenlace negativo en la justicia caboverdiana. Ahora, el régimen de Maduro se ve ante una encrucijada: continuar con la defensa pública de un hombre que podría volteárseles apenas llegue a suelo estadounidense o cesar esta campaña, que hasta conciertos musicales tuvo en medio de la pandemia. Es decir, el respaldo a Alex Saab fue, eventualmente, más importante que un posible repunte de la covid-19 en el país.
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