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Foro Penal: Mayoría de traslados de presos políticos se han dado antes del decreto
Gonzalo Himiob informó que desde antes de que se publicara la Gaceta Oficial se dieron traslados de presos políticos

El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob aseguró que el traslado de presos políticos se venía haciendo desde mucho antes de que se publicara la Gaceta Oficial 42.125 donde se ordena el traspaso de custodia de presos del Sebin y la Dgcim al Ministerio de Servicio Penitenciario.

En rueda de Prensa, Himiob indicó que eso «ya tiene mucho tiempo haciéndose» y que hasta el 5 de mayo, habían llevado desde la Dgcim hasta cárceles comunes, a 48 presos, 17 de ellos presos políticos.

«El llamado que hacemos es a no generar una alarma innecesaria con una situación que no es nueva y que no tiene vinculación con la Gaceta», solicitó.

El defensor de derechos humanos, también dijo que después de que se publicó la Gaceta Oficial no ha habido una gran cantidad de traslados de presos políticos, y que el jueves, 20 de mayo, recibieron la confirmación de que se dieron 4 nuevos traslados. «La mayoría de los traslados se han dado antes del decreto». 

Agregó que el hecho de que se trasladen desde estos organismos a cárceles comunes, no implica que dejen de ser presos políticos y que su detención sea arbitraria y en condiciones precarias. «Salvo en algunos casos puntuales, que puede haber cambios para mejor o para peor, pero básicamente se mantendrá igual».

Himiob indicó que el problema con los traslados, es que se está violando el Código Orgánico Penitenciario, y que no se le está informando a los familiares y a la defensa. «No implica una mejoría en sus condiciones, porque en Venezuela no hay una sola cárcel o centro de reclusión que cumpla con las Reglas Mandela, que son los estándares internacionales», añadió.

Fichas de negociación

Sobre un posible nuevo proceso de negociación, entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, dio su visto bueno, pero pidió que no se utilicen a los presos políticos como una ficha de negociación. «Esto lo hemos repetido en múltiples ocasiones, cada preso político es un ser humano, que tiene familia, hijos, que sufren su prisión», recalcó. 

Romero aseguró que dan la bienvenida a la liberación, aunque sea de una sola persona, pero que el Foro Penal no se prestará a apoyar o utilizar a los presos políticos como piezas de negociación. «Creemos que los diálogos son necesarios. Cómo no aceptar un proceso que lleve a la transición y claro que el Foro Penal se haría parte, pero hay que comprender la situación humana de los presos políticos, hay que saber y conocer la situación de cada uno», explicó.

Por eso dijo que una negociación debe contemplar que no se encarcelen más personas. «El Foro Penal abierto a cualquier posibilidad y da la bienvenida a la liberación de presos políticos y que el país tenga un proceso real de paz, eso sí, paz sin impunidad», expresó.

Igualmente indicó que hasta la fecha se registran 306 presos políticos, de los cuales solo el 15% ha recibido una condena, mientras que 53% llevan dos años sin juicios, por lo cual denunció que deben ser liberados, porque el Código Orgánico Penal señala que una persona no puede estar detenida por más de dos años sin condena. 

Propietarios e inquilinos pueden negociar pagos de alquileres pese a estar suspendidos
Propietarios y arrendatarios podrán fijar los parámetros de reestructuración de pagos o refinanciamiento que correspondan, de acuerdo con el artículo 3 del decreto N° 4169

El Decreto N° 4169 referente a la suspensión del pago de alquileres de comercios y viviendas hasta el 1° de septiembre de 2020, establece la posibilidad de que los propietarios y los arrendatarios lleguen a acuerdos de manera consensuada de los términos especiales de su relación arrendaticia, para así adaptarla a la medida impuesta por el gobierno.

El artículo tres del decreto, publicado en la gaceta oficial extraordinaria N° 6.522 de fecha 23 de marzo de 2020, indica que las partes de los respectivos contratos de arrendamiento podrán fijar los parámetros de reestructuración de pagos o refinanciamiento que correspondan.

Si no alcanzan un acuerdo, «someterán sus diferencias a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi), en el caso de los inmuebles destinados a uso como vivienda principal; y a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) cuando se trate de inmuebles comerciales».

En caso de ser necesario, los organismos públicos “intermediarán en el establecimiento de las nuevas condiciones que temporalmente aplicarán para las partes”.

La suspensión durante seis meses del pago de los cánones de arrendamiento correspondientes a los inmuebles de uso comercial y aquellos utilizados como vivienda principal, forma parte de un paquete de medidas económicas tomadas por Nicolás Maduro en medio de la actual contingencia, que dejó de lado las propuestas hechas por el sector privado para hacer frente al impacto que tendrá el covid-19 en la maltrecha economía venezolana, reducida a la mitad en los últimos seis años de gestión madurista.

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela sostiene que es fundamental durante este «agobiante periodo que perturba el mundo entero», que las partes se pongan de acuerdo para «capear el temporal juntos».

Francisco López Domínguez, presidente de la cámara, señala que la posibilidad de llegar a acuerdos deben utilizarla las partes «para hacer más justa la medida de protección que contempla el decreto en estos tiempo de dificultad».

«No todos los arrendadores se yerguen como los parte fuerte de la relación contractual. Muchos pequeños arrendadores tienen en el canon la totalidad de su sustento. Sirve entonces este artículo tercero para pactar de buena fe, poniéndonos en el lugar del otro, quizás en algunos casos manteniendo el pago total de las obligaciones previas, en otros casos asumiendo un porcentaje, y en todos los casos acordando el lapso en el cual se pagarán las cuotas suspendidas, tratando de no ocupar los órganos administrativos del Estado».

Es importante recordar que quedan exentos de la medida los establecimientos comerciales que expenden productos de primera necesidad, que tienen permiso para seguir operando durante la cuarentena indefinida aplicada por el gobierno en todo el país para tratar de frenar la expansión del coronavirus.

La medida también suspende el pago de los cánones no pagados y otros conceptos pecuniarios acordados, así como también las causales de desalojo en el caso de las viviendas y, temporalmente, la causal de falta de pago en el caso de los inmuebles de uso comercial.

Cámara Inmobiliaria: Cobro de alquileres debe ser acordado
Hasta ahora no se puede evaluar la condición en la que quedará la suspensión de los alquileres mientras no se tenga la Gaceta Oficial», dijo el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco López

Tras la supresión del pago de alquileres de comercio y de vivienda principal, por seis meses, aprobada por el gobernante Nicolás Maduro, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco López, opinó que la medida podría desfavorecer a los arrendatarios del país que solo viven del cobro de los alquileres.

En entrevista a Unión Radio, López resaltó que en el territorio nacional hay un gran número de arrendatarios que viven del cobro del alquiler y que tras el decreto podrían quedar desprotegidos económicamente.

A su juicio, ante esta situación de emergencia lo que debe hacerse es postergar los pagos en lugar de suspenderlos. López apuesta porque arrendador y propietario lleguen a acuerdos, para que ninguna de las partes se vea afectada.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela cuestionó que se haya decidido suspender el pago de los alquileres pero no el pago del Impuesto Sobre la Renta, que tiene un plazo hasta el 31 de marzo.

«Hasta ahora no se puede evaluar la condición en la que quedará la suspensión del arrendamiento, mientras no se tenga la Gaceta Oficial», afirmó López, y recordó que se deben verificar las cláusulas de la medida.

Consideró que en la situación actual en la que se encuentra el país, «el Estado está creando un desequilibrio, porque ninguna de las partes va a percibir nada», contemplando que «todos estamos en la misma crisis».

 

Extienden por 60 días más decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica

EL GOBIERNO NACIONAL AUMENTÓ NUEVAMENTE la extensión del decreto del Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el país por 60 días más “contados a partir de su publicación en Gaceta Oficial” y con la posibilidad de extenderlo otros 60 días más.

Así lo dispone la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.424 de fecha 11 de enero de 2019.

Entre los articulados que hay en el documento, se prohíbe de forma “temporal” del porte de armas en todo el país, así como le da la potestad al Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar coordinaciones con el Banco Central de Venezuela a establecer límites máximos y mínimos de ingreso o egreso de bolívares, así como las restricciones que sean pertinentes en pro del país.

La primera vez que vio la luz este decreto fue a principios de 2016, al mismo tiempo que asumía la oposición la conducción de la Asamblea Nacional.

El Gobierno usó como excusa para ejecutar este decreto fue el contrabando de extracción de combustible y de los billetes del antiguo cono monetario, lo que provocó el cierre unilateral de la frontera colombo-venezolana.

 

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El Gobierno colombiano expide decreto para uso médico y científico de marihuana

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El Ministerio de Salud reglamentó el uso médico y científico de la marihuana en Colombia a través de un decreto que permite emplear la semilla de la planta de cannabis para procesos médicos y científicos, así como para el control de actividades de importación, informaron hoy fuentes oficiales.

Con el decreto 613 del 10 de enero de 2017, expedido por el ministerio, se autoriza el empleo de la semilla de marihuana para usos medicinales, y también para «evaluación, seguimiento y control de las actividades de importación, exportación, cultivo, producción, distribución y uso de la semilla».

El texto detalla quiénes podrán acceder a estas licencias y el proceso para conseguirlas. «Los cupos ordinarios de los pequeños y/o medianos cultivadores serán asignados de manera prioritaria (…) y, una vez estos cupos hayan sido asignados, se procederá a la asignación de cupos de los demás licenciatarios».

«El Ministerio de Salud y Protección Social y la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes del Ministerio de Justicia son las únicas entidades que podrán realizar visitas de evaluación y seguimiento de las licencias al predio o predios donde se desarrollen las actividades», reza el texto legal.

 

*Con información de EFE Y EuropaPress

Demócratas presentarán un proyecto para anular decreto migratorio de Trump

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El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo este domingo que su partido presentará una legislación para anular la orden ejecutiva de Donald Trump que impide el ingreso de los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana a Estados Unidos.

Schumer dijo que el decreto de Trump es «mezquino y anti-estadounidense» y que «debe ser revocado inmediatamente», indicó DPA.

El líder demócrata anunció sus planes en una conferencia de prensa, en la que dijo que luchará con todo «hasta que estas órdenes sean anuladas».

En tanto, los fiscales generales de 15 estados norteamericanos y de Washington DC emitieron un comunicado en el que condenan la orden ejecutiva del presidente y la consideran «anti-estadounidense» e «ilegítima».

Además, se manifiestan confiados en que el decreto será revocado por la Justicia.

El decreto firmado el viernes por Trump frena el ingreso de los ciudadanos de países musulmanes y suspende temporalmente el programa de refugiados.

Un tribunal de Nueva York anuló parcialmente el sábado la orden ejecutiva al dictaminar que todas las personas afectadas por la prohibición de ingreso que llegaron desde el viernes a Estados Unidos se pueden quedar en el país si cuentan con una visa válida.

Los fiscales que firmaron la declaración indicaron que trabajarán junto al Gobierno federal para garantizar que se respete la historia de Estados Unidos como una nación de inmigrantes y que no ataca a nadie por su origen o su fe.

«La libertad religiosa siempre ha sido y será un principio fundamental de nuestro país y ningún presidente cambiará esa verdad», añadieron.

Decreto de Trump podría perjudicar lucha contra el terrorismo

El senador republicano John McCain, ex candidato presidencial en 2008, y su colega Lindsey Graham consideraron que el decreto de Donald Trump que impide el ingreso de ciudadanos de países musulmanes a Estados Unidos podría perjudicar la lucha contra el terrorismo.

Ambos senadores dijeron que los aliados más importantes en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico (EIIL, ISIS o Daesh) son los musulmanes que rechazan la ideología de odio de esta milicia terrorista.

«Esta orden ejecutiva envía una señal, buscada o no, de que Estados Unidos no quiere que lleguen musulmanes al país», indicaron los políticos republicanos.

Además criticaron la forma en que fue implementada la orden y dijeron que a partir del caos generado en los aeropuertos quedó en claro que no «fue analizada de manera apropiada» y que no se consultó lo suficiente a otras agencias gubernamentales estadounidenses.

 

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 24.01.2017: ALTO – Decreto Obama
ALTO
LA RENOVACIÓN:

A pesar del régimen de Maduro haber hecho millonarias campañas contra el llamado Decreto Obama, el saliente presidente estadounidense lo prorrogó antes de que se venciera. Los agarró de sorpresa. La ministra aseguraba a Maduro todo lo contrario. ¿La razón de tan extraña decisión? El hartazgo estadounidense y básicamente del asesor principal del Departamento de Estado Tom Shannon quien había asegurado a Obama que tras aquellas reuniones con Maduro y Delcy en Cartagena (incluido su jefe John Kerry «viejo amigo» de Maduro cuando ambos integraban el llamado «Grupo Boston») y en Caracas el gobierno iba a cumplir los acuerdos conversados y aceptados. Llamado a elecciones, cese del acoso a los demócratas, fin de la violencia contra los opositores y liberación de presos políticos. Varias veces anunciados y exigidos tanto por Obama como Kerry en declaraciones públicas. Desde que apoyaron a Zapatero y lo vendieron como el artífice necesario para el diálogo junto con el Vaticano tras el «angustioso» y furtivo encuentro con el Papa. Trump y Tillerson, su candidato al D.O.S., estuvieron al tanto de las razones esgrimidas. Irrespeto a la palabra empeñada. Coincidencia bipartidista 

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Exigen investigar decreto de Arias Cárdenas que permite el contrabando de medicinas

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La Contraloría y la Fiscalía General de la República deben investigar  la legalidad  del decreto 1035 emanado por el gobernador del Estado Zulia Francisco Arias Cárdenas, que permite el contrabando de medicinas, sin la fiscalización y control sanitario, atentando con la salud de los venezolanos.

La denuncia la hizo el diputado por el Estado Zulia y médico cirujano, William Barrientos en rueda de prensa, acompañado de  Presidente de la Federación Farmacéutica Freddy Ceballos, quienes manifestaron preocupación por la entrada al país de medicinas sin la debida fiscalización del Instituto Nacional de Higiene, organismo autorizado para el control sanitario de productos de uso y consumo humano.

“Este decreto es totalmente ilegal al permitir el contrabando de drogas hacia  el Estado Zulia, y el resto del país sin control sanitario, sin la supervisión del Instituto Nacional de Higiene. Esto es muy grave porque se está atentando contra la vida de los pacientes que le van a dar un medicamento sin la debida fiscalización, sin conocer su procedencia y que en la mayoría de los casos son medicinas que no contienen las cantidades de los productos activos, atentando contra la vida de los pacientes”.

Anunció que los diputados del partido UNT van a acudir ante la Contraloría y Fiscalía General de la República, para  que investiguen y se anule este decreto ilegal, que atenta contra la salud de los venezolanos. “El gobierno no quiere reconocer que en el país hay una crisis humanitaria, una escasez de  medicamentos que ronda el 90 por ciento, pero si permite el contrabando ilegal de medicinas. Tampoco han permitido que la OMS, la Cruz Roja y la  Organización Panamericana de la salud intervengan  y ayuden al país a palear la situación crítica de emergencia  sanitaria”.

Exigen la intervención del Ministerio de Industria y Comercio.

Por su parte, el presidente de la Federación Farmacéutica, Freddy Ceballos, recordó que el mayor argumento que utilizó el Tribunal Supremo de Justicia, para no permitir la ayuda humanitaria fue que no podían controlar la calidad de los medicamentos que iban a entrar al país. “Ahora si le permiten al gobernador del Zulia a través de un decreto ilegal traer medicinas de contrabando sin control sanitario”.

“La mayor barrera de contención para los ilícitos farmacéuticos es la barrera sanitaria, sin embargo están permitiendo la entrada ilegal de estos medicamento  desde Colombia, con dudosa procedencia. Estos medicamentos ilegales ya llegaron a Tucupita y a Caracas, de acuerdo a información suministrada por los afiliados a la Federación Médica”.

Agregó que además los medicamentos ilícitos están llegando a precios dolarizados, mientras el gobierno sigue manteniendo el dólar preferencial para las negociaciones que hace el Estado venezolano.

Por otra parte, denunció que la droguería Coveca del Zulia,  pretende vender directamente a las farmacias independientes de contado, situación que va a crear un monopolio de las cadenas de farmacias, por lo que solicitan la intervención del Ministerio de Industria y Comercio.

“Las farmacias no van a poder comprar los medicamentos de contado. Con ello lo que van a crear es un monopolio en la venta de medicamentos, porque Coveca también tiene una cadena de farmacias que son las farmacias Saas. Van acabar con la disponibilidad de los medicamentos. Porque no hay estas cadenas de farmacias en un barrio o caserío.  Por lo que debe haber una acción urgente por parte del Ministerio de Industria y Comercio para evitar la monopolización de los medicamentos para desviarlos solamente hacia sus cadenas”.