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Propietarios e inquilinos pueden negociar pagos de alquileres pese a estar suspendidos
Propietarios y arrendatarios podrán fijar los parámetros de reestructuración de pagos o refinanciamiento que correspondan, de acuerdo con el artículo 3 del decreto N° 4169

El Decreto N° 4169 referente a la suspensión del pago de alquileres de comercios y viviendas hasta el 1° de septiembre de 2020, establece la posibilidad de que los propietarios y los arrendatarios lleguen a acuerdos de manera consensuada de los términos especiales de su relación arrendaticia, para así adaptarla a la medida impuesta por el gobierno.

El artículo tres del decreto, publicado en la gaceta oficial extraordinaria N° 6.522 de fecha 23 de marzo de 2020, indica que las partes de los respectivos contratos de arrendamiento podrán fijar los parámetros de reestructuración de pagos o refinanciamiento que correspondan.

Si no alcanzan un acuerdo, «someterán sus diferencias a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi), en el caso de los inmuebles destinados a uso como vivienda principal; y a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) cuando se trate de inmuebles comerciales».

En caso de ser necesario, los organismos públicos “intermediarán en el establecimiento de las nuevas condiciones que temporalmente aplicarán para las partes”.

La suspensión durante seis meses del pago de los cánones de arrendamiento correspondientes a los inmuebles de uso comercial y aquellos utilizados como vivienda principal, forma parte de un paquete de medidas económicas tomadas por Nicolás Maduro en medio de la actual contingencia, que dejó de lado las propuestas hechas por el sector privado para hacer frente al impacto que tendrá el covid-19 en la maltrecha economía venezolana, reducida a la mitad en los últimos seis años de gestión madurista.

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela sostiene que es fundamental durante este «agobiante periodo que perturba el mundo entero», que las partes se pongan de acuerdo para «capear el temporal juntos».

Francisco López Domínguez, presidente de la cámara, señala que la posibilidad de llegar a acuerdos deben utilizarla las partes «para hacer más justa la medida de protección que contempla el decreto en estos tiempo de dificultad».

«No todos los arrendadores se yerguen como los parte fuerte de la relación contractual. Muchos pequeños arrendadores tienen en el canon la totalidad de su sustento. Sirve entonces este artículo tercero para pactar de buena fe, poniéndonos en el lugar del otro, quizás en algunos casos manteniendo el pago total de las obligaciones previas, en otros casos asumiendo un porcentaje, y en todos los casos acordando el lapso en el cual se pagarán las cuotas suspendidas, tratando de no ocupar los órganos administrativos del Estado».

Es importante recordar que quedan exentos de la medida los establecimientos comerciales que expenden productos de primera necesidad, que tienen permiso para seguir operando durante la cuarentena indefinida aplicada por el gobierno en todo el país para tratar de frenar la expansión del coronavirus.

La medida también suspende el pago de los cánones no pagados y otros conceptos pecuniarios acordados, así como también las causales de desalojo en el caso de las viviendas y, temporalmente, la causal de falta de pago en el caso de los inmuebles de uso comercial.

Cámara Inmobiliaria: Cobro de alquileres debe ser acordado
Hasta ahora no se puede evaluar la condición en la que quedará la suspensión de los alquileres mientras no se tenga la Gaceta Oficial», dijo el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco López

Tras la supresión del pago de alquileres de comercio y de vivienda principal, por seis meses, aprobada por el gobernante Nicolás Maduro, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco López, opinó que la medida podría desfavorecer a los arrendatarios del país que solo viven del cobro de los alquileres.

En entrevista a Unión Radio, López resaltó que en el territorio nacional hay un gran número de arrendatarios que viven del cobro del alquiler y que tras el decreto podrían quedar desprotegidos económicamente.

A su juicio, ante esta situación de emergencia lo que debe hacerse es postergar los pagos en lugar de suspenderlos. López apuesta porque arrendador y propietario lleguen a acuerdos, para que ninguna de las partes se vea afectada.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela cuestionó que se haya decidido suspender el pago de los alquileres pero no el pago del Impuesto Sobre la Renta, que tiene un plazo hasta el 31 de marzo.

«Hasta ahora no se puede evaluar la condición en la que quedará la suspensión del arrendamiento, mientras no se tenga la Gaceta Oficial», afirmó López, y recordó que se deben verificar las cláusulas de la medida.

Consideró que en la situación actual en la que se encuentra el país, «el Estado está creando un desequilibrio, porque ninguna de las partes va a percibir nada», contemplando que «todos estamos en la misma crisis».

 

Extienden por 60 días más decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica

EL GOBIERNO NACIONAL AUMENTÓ NUEVAMENTE la extensión del decreto del Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el país por 60 días más “contados a partir de su publicación en Gaceta Oficial” y con la posibilidad de extenderlo otros 60 días más.

Así lo dispone la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.424 de fecha 11 de enero de 2019.

Entre los articulados que hay en el documento, se prohíbe de forma “temporal” del porte de armas en todo el país, así como le da la potestad al Ministerio de Economía y Finanzas a efectuar coordinaciones con el Banco Central de Venezuela a establecer límites máximos y mínimos de ingreso o egreso de bolívares, así como las restricciones que sean pertinentes en pro del país.

La primera vez que vio la luz este decreto fue a principios de 2016, al mismo tiempo que asumía la oposición la conducción de la Asamblea Nacional.

El Gobierno usó como excusa para ejecutar este decreto fue el contrabando de extracción de combustible y de los billetes del antiguo cono monetario, lo que provocó el cierre unilateral de la frontera colombo-venezolana.

 

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El Gobierno colombiano expide decreto para uso médico y científico de marihuana

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El Ministerio de Salud reglamentó el uso médico y científico de la marihuana en Colombia a través de un decreto que permite emplear la semilla de la planta de cannabis para procesos médicos y científicos, así como para el control de actividades de importación, informaron hoy fuentes oficiales.

Con el decreto 613 del 10 de enero de 2017, expedido por el ministerio, se autoriza el empleo de la semilla de marihuana para usos medicinales, y también para “evaluación, seguimiento y control de las actividades de importación, exportación, cultivo, producción, distribución y uso de la semilla”.

El texto detalla quiénes podrán acceder a estas licencias y el proceso para conseguirlas. “Los cupos ordinarios de los pequeños y/o medianos cultivadores serán asignados de manera prioritaria (…) y, una vez estos cupos hayan sido asignados, se procederá a la asignación de cupos de los demás licenciatarios”.

“El Ministerio de Salud y Protección Social y la Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes del Ministerio de Justicia son las únicas entidades que podrán realizar visitas de evaluación y seguimiento de las licencias al predio o predios donde se desarrollen las actividades”, reza el texto legal.

 

*Con información de EFE Y EuropaPress

Demócratas presentarán un proyecto para anular decreto migratorio de Trump

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El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo este domingo que su partido presentará una legislación para anular la orden ejecutiva de Donald Trump que impide el ingreso de los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana a Estados Unidos.

Schumer dijo que el decreto de Trump es “mezquino y anti-estadounidense” y que “debe ser revocado inmediatamente”, indicó DPA.

El líder demócrata anunció sus planes en una conferencia de prensa, en la que dijo que luchará con todo “hasta que estas órdenes sean anuladas”.

En tanto, los fiscales generales de 15 estados norteamericanos y de Washington DC emitieron un comunicado en el que condenan la orden ejecutiva del presidente y la consideran “anti-estadounidense” e “ilegítima”.

Además, se manifiestan confiados en que el decreto será revocado por la Justicia.

El decreto firmado el viernes por Trump frena el ingreso de los ciudadanos de países musulmanes y suspende temporalmente el programa de refugiados.

Un tribunal de Nueva York anuló parcialmente el sábado la orden ejecutiva al dictaminar que todas las personas afectadas por la prohibición de ingreso que llegaron desde el viernes a Estados Unidos se pueden quedar en el país si cuentan con una visa válida.

Los fiscales que firmaron la declaración indicaron que trabajarán junto al Gobierno federal para garantizar que se respete la historia de Estados Unidos como una nación de inmigrantes y que no ataca a nadie por su origen o su fe.

“La libertad religiosa siempre ha sido y será un principio fundamental de nuestro país y ningún presidente cambiará esa verdad”, añadieron.

Decreto de Trump podría perjudicar lucha contra el terrorismo

El senador republicano John McCain, ex candidato presidencial en 2008, y su colega Lindsey Graham consideraron que el decreto de Donald Trump que impide el ingreso de ciudadanos de países musulmanes a Estados Unidos podría perjudicar la lucha contra el terrorismo.

Ambos senadores dijeron que los aliados más importantes en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico (EIIL, ISIS o Daesh) son los musulmanes que rechazan la ideología de odio de esta milicia terrorista.

“Esta orden ejecutiva envía una señal, buscada o no, de que Estados Unidos no quiere que lleguen musulmanes al país”, indicaron los políticos republicanos.

Además criticaron la forma en que fue implementada la orden y dijeron que a partir del caos generado en los aeropuertos quedó en claro que no “fue analizada de manera apropiada” y que no se consultó lo suficiente a otras agencias gubernamentales estadounidenses.

 

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 24.01.2017: ALTO – Decreto Obama
ALTO
LA RENOVACIÓN:

A pesar del régimen de Maduro haber hecho millonarias campañas contra el llamado Decreto Obama, el saliente presidente estadounidense lo prorrogó antes de que se venciera. Los agarró de sorpresa. La ministra aseguraba a Maduro todo lo contrario. ¿La razón de tan extraña decisión? El hartazgo estadounidense y básicamente del asesor principal del Departamento de Estado Tom Shannon quien había asegurado a Obama que tras aquellas reuniones con Maduro y Delcy en Cartagena (incluido su jefe John Kerry “viejo amigo” de Maduro cuando ambos integraban el llamado “Grupo Boston”) y en Caracas el gobierno iba a cumplir los acuerdos conversados y aceptados. Llamado a elecciones, cese del acoso a los demócratas, fin de la violencia contra los opositores y liberación de presos políticos. Varias veces anunciados y exigidos tanto por Obama como Kerry en declaraciones públicas. Desde que apoyaron a Zapatero y lo vendieron como el artífice necesario para el diálogo junto con el Vaticano tras el “angustioso” y furtivo encuentro con el Papa. Trump y Tillerson, su candidato al D.O.S., estuvieron al tanto de las razones esgrimidas. Irrespeto a la palabra empeñada. Coincidencia bipartidista 

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Exigen investigar decreto de Arias Cárdenas que permite el contrabando de medicinas

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La Contraloría y la Fiscalía General de la República deben investigar  la legalidad  del decreto 1035 emanado por el gobernador del Estado Zulia Francisco Arias Cárdenas, que permite el contrabando de medicinas, sin la fiscalización y control sanitario, atentando con la salud de los venezolanos.

La denuncia la hizo el diputado por el Estado Zulia y médico cirujano, William Barrientos en rueda de prensa, acompañado de  Presidente de la Federación Farmacéutica Freddy Ceballos, quienes manifestaron preocupación por la entrada al país de medicinas sin la debida fiscalización del Instituto Nacional de Higiene, organismo autorizado para el control sanitario de productos de uso y consumo humano.

“Este decreto es totalmente ilegal al permitir el contrabando de drogas hacia  el Estado Zulia, y el resto del país sin control sanitario, sin la supervisión del Instituto Nacional de Higiene. Esto es muy grave porque se está atentando contra la vida de los pacientes que le van a dar un medicamento sin la debida fiscalización, sin conocer su procedencia y que en la mayoría de los casos son medicinas que no contienen las cantidades de los productos activos, atentando contra la vida de los pacientes”.

Anunció que los diputados del partido UNT van a acudir ante la Contraloría y Fiscalía General de la República, para  que investiguen y se anule este decreto ilegal, que atenta contra la salud de los venezolanos. “El gobierno no quiere reconocer que en el país hay una crisis humanitaria, una escasez de  medicamentos que ronda el 90 por ciento, pero si permite el contrabando ilegal de medicinas. Tampoco han permitido que la OMS, la Cruz Roja y la  Organización Panamericana de la salud intervengan  y ayuden al país a palear la situación crítica de emergencia  sanitaria”.

Exigen la intervención del Ministerio de Industria y Comercio.

Por su parte, el presidente de la Federación Farmacéutica, Freddy Ceballos, recordó que el mayor argumento que utilizó el Tribunal Supremo de Justicia, para no permitir la ayuda humanitaria fue que no podían controlar la calidad de los medicamentos que iban a entrar al país. “Ahora si le permiten al gobernador del Zulia a través de un decreto ilegal traer medicinas de contrabando sin control sanitario”.

“La mayor barrera de contención para los ilícitos farmacéuticos es la barrera sanitaria, sin embargo están permitiendo la entrada ilegal de estos medicamento  desde Colombia, con dudosa procedencia. Estos medicamentos ilegales ya llegaron a Tucupita y a Caracas, de acuerdo a información suministrada por los afiliados a la Federación Médica”.

Agregó que además los medicamentos ilícitos están llegando a precios dolarizados, mientras el gobierno sigue manteniendo el dólar preferencial para las negociaciones que hace el Estado venezolano.

Por otra parte, denunció que la droguería Coveca del Zulia,  pretende vender directamente a las farmacias independientes de contado, situación que va a crear un monopolio de las cadenas de farmacias, por lo que solicitan la intervención del Ministerio de Industria y Comercio.

“Las farmacias no van a poder comprar los medicamentos de contado. Con ello lo que van a crear es un monopolio en la venta de medicamentos, porque Coveca también tiene una cadena de farmacias que son las farmacias Saas. Van acabar con la disponibilidad de los medicamentos. Porque no hay estas cadenas de farmacias en un barrio o caserío.  Por lo que debe haber una acción urgente por parte del Ministerio de Industria y Comercio para evitar la monopolización de los medicamentos para desviarlos solamente hacia sus cadenas”.

  

HRW: Venezuela debe revocar el “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica” vigente

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La comunidad internacional debería ejercer presión sobre Venezuela para que revoque el “Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica” que concedió al gobierno facultades para restringir derechos, suspender la cooperación internacional para organizaciones de la sociedad civil —incluidas aquellas dedicadas a proteger derechos humanos— y limitar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, señalaron hoy 125 organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil alrededor del mundo.

 

Las organizaciones indicaron que estos poderes podrían ser usados para perjudicar gravemente el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil y para perseguir e intimidar a defensores y defensoras de derechos humanos, y señalaron asimismo que las medidas son incompatibles con la obligación internacional de Venezuela, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de “aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos”. Las organizaciones instaron a los Estados a plantear estas consideraciones durante el próximo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tendrá lugar en junio de 2016, y a los gobiernos de las Américas a efectuar una evaluación seria sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela ante órganos competentes de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Los sistemas de derechos humanos de la OEA y las Naciones Unidas deberían pedir a Venezuela que revoque el decreto sobre estado de excepción y emergencia económica, expresaron las organizaciones.

 

El 13 de mayo de 2016, el Presidente Nicolás Maduro adoptó un decreto de emergencia que declaró el estado de excepción en el país durante 60 días, y concedió a su gobierno la facultad de restringir derechos humanos. Venezuela atraviesa una grave crisis económica, que ha redundado en severos desabastecimientos de medicamentos y otros artículos de primera necesidad, así como en cortes en el suministro de energía eléctrica. El decreto indica que tiene como propósito abordar esta situación.

 

Sin embargo, el Presidente Maduro sostiene que las medidas de emergencia se adoptan en respuesta a diversos factores preocupantes, incluido un complot extranjero para desestabilizar a su gobierno. El decreto del 13 de mayo autoriza al presidente a “dictar medidas y ejecutar planes de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras”, así como “otras medidas de orden social, ambiental, económico, político y jurídico que estime convenientes”.

 

Anteriormente, el gobierno del Presidente Maduro ha respondido a supuestas conspiraciones de “desestabilización” reprimiendo las expresiones de disenso y el derecho de libertad de reunión, incluso a través de detenciones arbitrarias de opositores políticos y de críticos, así como del debilitamiento de las garantías contra la tortura. Miembros de las fuerzas de seguridad han recurrido a la fuerza excesiva para dispersar manifestaciones contra el gobierno y, desde julio de 2015, han participado en operativos de seguridad en distintas regiones del país que estuvieron marcados por señalamientos generalizados de abusos contra comunidades en sectores populares y de inmigrantes, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, desalojos sin garantías de debido proceso, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias.

 

Las organizaciones sostuvieron que el decreto no cumple con las normas internacionales que permiten la restricción de derechos en situaciones de estado de emergencia. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que los gobiernos podrán “derogar” o suspender temporalmente algunas de sus obligaciones de derechos humanos declarando el estado de emergencia, pero únicamente ante emergencias públicas que “pongan en peligro la vida de la nación”. Incluso en esos supuestos, los gobiernos solamente podrán dejar en suspenso el cumplimiento de obligaciones de derechos humanos en la medida “estrictamente limitada a las exigencias de la situación”. En cambio, el amplio decreto del Presidente Maduro podría permitir que el gobierno continúe cercenando derechos fundamentales que ya son objeto de constantes embestidas en Venezuela, incluidos los derechos de libertad de asociación, reunión y expresión.


El decreto también ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores suspender todos los convenios de cooperación internacional que prevean financiamiento extranjero para personas u organizaciones, cuando “se presuma” su “utilización con fines políticos o de desestabilización de la República”. En un país donde las autoridades han acusado sistemáticamente a representantes de organizaciones de la sociedad civil, incluidos defensores y defensoras de derechos humanos, de desestabilizar la democracia venezolana, este decreto podría, en la práctica, obligar a importantes organizaciones no gubernamentales del país, que dependen del financiamiento exterior para trabajar de manera independiente, a cerrar sus puertas o reducir drásticamente su labor.


Asimismo, el decreto de emergencia permite al presidente impedir que la Asamblea Nacional utilice sus facultades constitucionales para sancionar a funcionaros. La Constitución venezolana concede a la Asamblea Nacional facultades de control sobre el poder ejecutivo, incluida la facultad de las comisiones legislativas de citar a funcionarios para interpelarlos con respecto a sus políticas y prácticas y —en el caso del vicepresidente y los ministros— destituirlos a través de un voto de falta de confianza. El decreto habilita al presidente a “decidir la suspensión temporal” de mecanismos de rendición de cuentas de este tipo, si considera que podrían “vulnerar la seguridad de la Nación” u “obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas para la urgente reactivación de la economía nacional, el abastecimiento de bienes y servicios esenciales para el pueblo”.


La Constitución de Venezuela exige que la Asamblea Nacional apruebe los decretos mediante los cuales se dicta un estado de emergencia. La Asamblea Nacional rechazó el nuevo decreto de emergencia el 17 de mayo. No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia dispuso en una sentencia de febrero de 2016 que el rechazo por la Asamblea Nacional de decretos que declaren el estado de excepción no “afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos”.


Desde el copamiento político del Tribunal Supremo por el gobierno en 2004, el poder judicial ha dejado de funcionar como rama independiente de gobierno, y ha validado sistemáticamente políticas y prácticas gubernamentales que incumplen normas internacionales de derechos humanos. La Asamblea Nacional, que durante gran parte de la última década estuvo bajo control oficialista, promulgó reiteradamente “leyes habilitantes” que dieron al Presidente amplias facultades para legislar. La Asamblea Nacional volvió a copar al Tribunal Supremo con magistrados afines al gobierno más recientemente, en diciembre de 2015, para garantizar la continuidad de un tribunal adepto. Desde que en enero de 2016 asumió la nueva composición de la Asamblea Nacional, integrada ahora por mayoría opositora, el Tribunal Supremo ha dictado una serie de pronunciamientos que socavan seriamente su capacidad de legislar.

HRW