La Contraloría y la Fiscalía General de la República deben investigar  la legalidad  del decreto 1035 emanado por el gobernador del Estado Zulia Francisco Arias Cárdenas, que permite el contrabando de medicinas, sin la fiscalización y control sanitario, atentando con la salud de los venezolanos.

La denuncia la hizo el diputado por el Estado Zulia y médico cirujano, William Barrientos en rueda de prensa, acompañado de  Presidente de la Federación Farmacéutica Freddy Ceballos, quienes manifestaron preocupación por la entrada al país de medicinas sin la debida fiscalización del Instituto Nacional de Higiene, organismo autorizado para el control sanitario de productos de uso y consumo humano.

“Este decreto es totalmente ilegal al permitir el contrabando de drogas hacia  el Estado Zulia, y el resto del país sin control sanitario, sin la supervisión del Instituto Nacional de Higiene. Esto es muy grave porque se está atentando contra la vida de los pacientes que le van a dar un medicamento sin la debida fiscalización, sin conocer su procedencia y que en la mayoría de los casos son medicinas que no contienen las cantidades de los productos activos, atentando contra la vida de los pacientes”.

Anunció que los diputados del partido UNT van a acudir ante la Contraloría y Fiscalía General de la República, para  que investiguen y se anule este decreto ilegal, que atenta contra la salud de los venezolanos. “El gobierno no quiere reconocer que en el país hay una crisis humanitaria, una escasez de  medicamentos que ronda el 90 por ciento, pero si permite el contrabando ilegal de medicinas. Tampoco han permitido que la OMS, la Cruz Roja y la  Organización Panamericana de la salud intervengan  y ayuden al país a palear la situación crítica de emergencia  sanitaria”.

Exigen la intervención del Ministerio de Industria y Comercio.

Por su parte, el presidente de la Federación Farmacéutica, Freddy Ceballos, recordó que el mayor argumento que utilizó el Tribunal Supremo de Justicia, para no permitir la ayuda humanitaria fue que no podían controlar la calidad de los medicamentos que iban a entrar al país. “Ahora si le permiten al gobernador del Zulia a través de un decreto ilegal traer medicinas de contrabando sin control sanitario”.

“La mayor barrera de contención para los ilícitos farmacéuticos es la barrera sanitaria, sin embargo están permitiendo la entrada ilegal de estos medicamento  desde Colombia, con dudosa procedencia. Estos medicamentos ilegales ya llegaron a Tucupita y a Caracas, de acuerdo a información suministrada por los afiliados a la Federación Médica”.

Agregó que además los medicamentos ilícitos están llegando a precios dolarizados, mientras el gobierno sigue manteniendo el dólar preferencial para las negociaciones que hace el Estado venezolano.

Por otra parte, denunció que la droguería Coveca del Zulia,  pretende vender directamente a las farmacias independientes de contado, situación que va a crear un monopolio de las cadenas de farmacias, por lo que solicitan la intervención del Ministerio de Industria y Comercio.

“Las farmacias no van a poder comprar los medicamentos de contado. Con ello lo que van a crear es un monopolio en la venta de medicamentos, porque Coveca también tiene una cadena de farmacias que son las farmacias Saas. Van acabar con la disponibilidad de los medicamentos. Porque no hay estas cadenas de farmacias en un barrio o caserío.  Por lo que debe haber una acción urgente por parte del Ministerio de Industria y Comercio para evitar la monopolización de los medicamentos para desviarlos solamente hacia sus cadenas”.

Diputados del partido Un Nuevo Tiempo denunciaron la situación de desnutrición infantil en Venezuela que ha llegado a límites extremos y el gobierno del presidente Nicolás Maduro no quiere reconocer que hay una evidente crisis humanitaria, por lo que solicitarán la creación de una Comisión Especial que se traslade a los hospitales y levanten un informe, para ser remitido al Ministerio de Salud.

Así lo informaron, en rueda de prensa, los diputado William Barrientos y Virgilio Ferrer representante indígena, ambos médicos activos del Estado Zulia, acompañados por los parlamentarios Carlos Valero por el Táchira, Ydilio Abreu por Carabobo y José Sánchez Mazúco por el Zulia.

El diputado Barrientos mostró fotos y videos de niños en situación extrema de desnutrición por falta de alimentación y atención médica oportuna y eficaz, tomadas desde el Hospital Universitario de Maracaibo Bernardo Rodríguez Iturbe,  así como del Hospital Chiquinquirá y el Hospital Central de Maracaibo.

“En Venezuela hay un déficit brutal de alimentos y medicinas en todo el territorio nacional que supera  el 85 por ciento, situación que ha repercutido considerablemente en la población, fundamentalmente en los más vulnerables como son los niños. En las graficas hay niños en estado extrema desnutrición que aun cuando puedan recuperarse,  el daño es irreversible porque presentarán retardo en su crecimiento y deficiencias para aprender”.

Indicó que desde hace 40 años aproximadamente no se veía en el país una situación tan dantesca de desnutrición infantil, que no solo se ve en los hospitales del Estado Zulia, sino en todos los hospitales del país. “Al Hospital JM de Los Ríos ingresaron 46 niños en estado de desnutrición grado cuatro.  Esta situación también se refleja en los centros asistenciales de Falcón, Lara, Miranda, así como en las zonas rurales del país. Frente a esta situación el gobierno está obligado a aceptar la ayuda humanitaria internacional, porque estamos en emergencia”.

Aseguró que el Ministerio de Salud y el gobierno conocen de esta situación, pero lamentablemente no quiere reconocer el problema y evade lejos de buscar una solución y se enfrasca en manifestar que esta es obra de la guerra económica por parte de la oposición y el sector privado.

Informó que van a solicitar que se nombre una Comisión Especial, conformada por diputados de la MUD y del Bloque de la Patria, para que se trasladen a los hospitales del Zulia, Miranda entre otras y se contacte sobre estas denuncias, se realice un informe para llevarlo a la plenaria de la Asamblea Nacional y remitirlo al Ministerio de  la Salud.

Por su parte, Virgilio Ferrer presentó algunas cifras de Ingrid Soto de Sanabria, pediatra y nutróloga, jefe del servicio de Nutrición, Crecimiento y desarrollo del Hospital de Niños J.M de Los Ríos, que revelan que la desnutrición en el país ha aumentado en un 20 por ciento, cuando hace aproximadamente 5 años Venezuela presentaba un 3 por ciento de desnutrición infantil.

“Que en Venezuela  exista un 20 por ciento de desnutrición infantil es una situación muy grave. Entre el 2013 y 2015 el déficit nutricional en los colegios aumentó de 12,6 por ciento a 22,5 por ciento  y los niños con sobrepeso en los salones de clase ha bajado de 20 por ciento a 10,4 por ciento. La caída del consumo de alimentos en los venezolanos ha caído considerablemente. Estamos pasando del desabastecimiento a la incapacidad para comprar alimentos y medicinas. De manera que estamos frente a una crisis humanitaria de consecuencias impredecibles”.

Reveló que en las zonas indígenas la situación es todavía más grave, porque los niños se alimentan de monte y arena. “Niños que tienen  hambre, están matando al país de hambre. Aquí debemos  de prender todas las alarmas por la situación de hambre que hay en las zonas más vulnerables del país”.

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El diputado y vicepresidente de la Comisión Especial que investiga los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP), Carlos Valero dio a conocer lo que llamó “los números rojos del hambre en Venezuela”, al señalar que  en el país solo el 48 % de los venezolanos comen tres veces al día y que en Venezuela hay 15 millones 540 mil  venezolanos que están comiendo de manera deficiente.

Valero, tuvo acceso a un estudio realizado por la encuestadora Venebarómetro, donde la misma señala que en el occidente del país 56 % por ciento de los ciudadanos comen solamente dos veces al día y que en el oriente 48 % del país solo comen una vez al día.

“Esto evidencia que en Venezuela lo que hay  es hambre y el gobierno lo único que ha hecho para enfrentar la falta de alimentos es crear los CLAP, que no han solucionado el problema y más bien son usados como instrumento de discriminación política. El gobierno no resuelve las necesidades mínimas para la alimentación de la población venezolana”, afirmó el diputado.

Agregó que de acuerdo a la encuesta Venebarómetro el 72 % de las familias venezolanas han recibido una sola vez las bolsas de comida de los CLAP,  es decir que este plan tampoco cubre las necesidades alimentarias de una familia, además no contiene proteínas y es insuficiente para familias de más de cinco personas.

Finalmente hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro, para que deje de perseguir al aparato productivo, que tiene que cambiar radicalmente el modelo económico, porque fracasó y ha llevado a la ruina al país y a pasar hambre a la población, siendo este un país petrolero.

Fernando Camino, ex presidente de Fedeagro y coordinador Nacional de Productores y Emprendedores del partido UNT, aseveró que, ante la inminente caída de la producción interna y la falta de divisas para importar, el hambre no espera, la población no aguanta y clama por ayuda humanitaria.

Indicó que existen dos formalidades de ayuda: la de las donaciones de alimentos y las facilidades para acceder a líneas de financiamiento necesarias para la producción interna. “No podemos esperar el inicio del próximo ciclo de producción para tener comida, por lo tanto ante tan grave situación emplazamos al gobierno, que en beneficio de la población acepte la ayuda humanitaria ofrecida por la Iglesia y la Unión Europea.”

Para Camino, la ayuda humanitaria prometida como donaciones de alimentos por países amigos y la Iglesia Católica, debe ser dirigida a los sectores más vulnerables de la población, distribuida con la ayuda de la Iglesia y organizaciones internacionales especializadas. En cuanto a la logística sugiere que se debe utilizar el espacio físico de los centros educativos de las zonas populares, con la participación del magisterio, de la comunidad organizada y sin ningún tipo de sesgo político.

En este sentido, explicó que  también hay otro tipo de ayuda que se necesita: “se trata de buenos oficios de parte de grupos de naciones que nos ayuden para la obtención de financiamiento dirigido a la compra de bienes necesarios para la urgente producción de alimentos y para la mediata producción de materia prima y alimentos de consumo directo”.

En ese sentido  informó que el gobierno español ha ofrecido sus canales diplomáticos para plantear al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, para que ésta financie un programa de ayuda humanitaria para Venezuela.

Según el dirigente, el gobierno no debe impedir la ayuda humanitaria ofrecida y aceptar la donación de alimentos,  plantear el financiamiento internacional para solventar la deuda con los proveedores internacionales de insumos y materia prima. “Así se podrá cumplir con el convenio cambiario, el cual nos mantiene en mora con el pago de la deuda comercial con los proveedores internacionales”. El ex presidente de Fedeagro, que con la mediación de la Unión Europea se podría solventar esta situación.

En cuanto a la forma de materializar este financiamiento, cree que el gobierno debe suscribir un convenio cambiario dentro del marco de la Unión Europea y con otras organizaciones regionales que quieran ayudar. “Este convenio va a garantizar que el gobierno si va a cumplir esta vez con el sector privado, mientras exista el control de cambio”, puntualizó.

En lo referente a la deuda que sea adquirida por el sector privado en moneda extranjera propuso: “Ésta será invertida inicialmente, para solventar la deuda vencida con los proveedores y poder utilizar las líneas de crédito para normalizar el flujo de materia prima y de insumos” Asimismo, asegura que esta operación permitirá el arranque de la producción de suficientes alimentos manufacturados, como la harina de maíz y de trigo, el arroz, la leche en polvo, pollos, el café, azúcar, entre otros.

Siguiendo con este tema, explicó que la apertura del crédito internacional permitirá también la compra de insumos, repuestos y maquinarias, necesarias para evitar que se pierda el próximo ciclo agrícola y atender las necesidades del sector ganadero y del sector pesquero, para que puedan producir eficientemente.

Para finalizar Fernando Camino enfatizó que “el gobierno debe dejar su actitud arrogante y represiva, dejar de mirar hacia otro lado mientras la población se está muriendo de hambre y de mengua a falta de alimentos y medicinas. Por el bien de nuestro país el gobierno debe enfrentar la grave crisis humanitaria que padecemos, reconocer su fracaso y sentarse a dialogar con los países y las organizaciones internacionales que nos está ofreciendo su ayuda”.    

Frente a los hechos de protesta violencia y saqueos en todo el país, ante la severa escasez de alimentos,  el partido Un Nuevo Tiempo, denunció la escalada de violencia del gobierno contra el pueblo venezolano y reafirma que la salida constitucional y pacífica a la crisis es la celebración este año del Referéndum Revocatorio,  que va a permitir traer paz y sosiego a la población.

La advertencia la hizo el presidente ejecutivo del partido Un Nuevo Tiempo y primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, quien en rueda de prensa, con la Vicepresidente del partido y diputada Delsa Solórzano y Vicente Bello representante de la MUD ante el CNE, manifestó enfático que el gobierno debe considerar  por la paz del país, dejar de ponerle trabas al Referéndum Revocatorio.

Deploró los hechos ocurridos en Cariaco el fin de semana, donde las protestas por falta de alimentos se tornaron en violencia con el saldo de un muerto y varios heridos, producto de la represión por parte de los cuerpos policiales que dispararon a “mansalva” contra la población harta de la escasez de alimentos y productos.

Agregó que  las protestas están justificadas porque hay desesperación en la población porque los salarios no alcanzan, de paso no hay alimentos y el gobierno no hace nada para buscar una solución a la crisis, pese al decreto de emergencia.  “Quien no tienen razón de salir a la calle cuando no tiene nada para comer, hay suficientes razones y derecho de protestar.  El que no tiene derecho a asesinarnos durante el ejercicio del derecho a manifestar es el gobierno  y por eso denunciamos hoy esa escalada represiva, violenta  del gobierno contra un pueblo que está sometido a la  calamidad y la catástrofe en su día día”.

Insistió que  por eso UNT ratifica el camino del Referéndum Revocatorio como la salida inmediata a esta crisis.  Destacó que al fin el CNE publicó la fecha de validación de las firmas, pero el pueblo tiene muchas dudas frente a este proceso, por lo que la MUD, UNT y los demás partidos políticos de la alternativa democrática están preparados para asistir al pueblo venezolano en sus dudas para realizar esta etapa de  la validación de sus firmas.

“Estamos preparados para asumir los retos  organizativos y de movilización que conlleva esta etapa de validación de las firmas.  Tendremos que convocar a un millón 300 mil personas aproximadamente  para que concurran  a las sedes regionales del CNE a validar sus firmas, para que concurran en paz, con mucha paciencia y compromiso ciudadano. La MUD con su operativo de movilización buscará facilitar este traslado”.

Alertó  que  está develada la intención del gobierno de chantajear  y amedrentar a los ciudadanos que trabajan en la administración pública para que rechacen y nieguen su firma  a través del proceso, que fuera del reglamento, ha sido activado por el CNE.  En ese sentido hizo un llamado  a los funcionarios y trabajadores públicos para que no se dejen chantajear y lo denuncien.

“A través de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional que dirige la diputada Delsa Solórzano,  hemos habilitado una oficina de asesoría y ayuda para el pueblo venezolano que sea víctima de amedrentamiento.  Hemos facilitado un correo electrónico apoyociudadanomud@gmail.com , allí pueden dirigirse para explicar su caso. Igualmente pueden llamar al teléfono  0212.409.66.02 de la instancia parlamentaria para que hagan sus denuncias”.

La Asamblea Nacional aprobó acuerdo que rechaza y condena los hechos violentos ocurridos el pasado lunes 6 de junio por parte  de  grupos armados en el sector del  23 de Enero, solicitan a las autoridades las investigaciones pertinentes y el desarme de los colectivos que hacen vida en esta localidad.

La presidenta de la Comisión de Política Interior Delsa Solórzano presentó el acuerdo, quien en su exposición señaló, haciendo mención del artículo 324 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra, por lo que dijo no entender como estos grupos llamados colectivos usan armas de guerra para amedrentar a la población.

“Cómo es posible que los colectivos  y en las cáceles posean armas de guerra y el Estado no de ninguna explicación al respecto. La violencia se siembra en el gobierno y penetra en la población. El pasado 6 de junio hubo un brutal  enfrentamiento entre colectivos armados identificados con el partido de gobierno y cuerpos de seguridad  del Estado, el cual se llevo a cabo simplemente porque varios miembros de ese colectivo fueron  detenidos por estar presuntamente incursos en delitos y por eso fue destituido el jefe de operaciones de la Policía Nacional Bolivariana Eduardo Serrano a petición de estos grupos armados”.

Lamentó que el país lo que impera es la violencia y la impunidad que los organismos del Estado estén a la merced de la delincuencia y recordó que de acuerdo a cifras de la medicatura forense el año pasado levantaron 29 mil cadáveres por la violencia, aunado al 98, 7 por ciento de impunidad según cifras de la fiscalía presentado ante la Asamblea Nacional.

“Cuál es el mensaje que le damos a los cuerpos de seguridad del Estado que quiere cumplir con su trabajo a pesar de las dificultades. Se sienten amarrados de manos porque no pueden reprimir a los grupos colectivos violentos, porque luego son destituidos de sus cargos. Ese ciudadano del 23 de enero se siente preso de un grupo colectivo  armado que no le da la gana  de desarmarse ante la ineficiencia del Estado, que pareciera que no quisiera aplicar el verdadero desarme  que es imprescindible”

Finalmente dijo que los venezolanos de bien están cansados de la violencia y de que sean los delincuentes los que dominen esta sociedad,  por lo que considera que  estos hechos se deben condenar, se deben investigar, castigar a los culpables como lo establece la ley y asumir con seriedad el desarme de estos grupos o colectivos.

A continuación el acuerdo aprobado:

Acuerdo de rechazo a la violencia generada por grupos armados en la Parroquia 23 de enero

CONSIDERANDO

Que es deber del Estado proteger a todos los ciudadanos frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgos para su integridad física;

CONSIDERANDO

Que solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra, siendo la Fuerza Armada Nacional la institución competente para reglamentar y controlar la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio, posesión y uso de otras armas, municiones y explosivos;

CONSIDERANDO

Que los habitantes de la Parroquia 23 de Enero de la ciudad de Caracas, el lunes 6 de junio de 2016, se vieron afectados en su tranquilidad cuando grupos civiles armados trancaron todos los accesos del sector, enfrentándose a funcionarios policiales, poniendo en riesgo la vida de los habitantes de la Parroquia;

CONSIDERANDO

Que estas acciones de protestas y amedrentamiento por parte de estos grupos civiles armados ocurren con total impunidad;

ACUERDA

PRIMERO: Condenar la violencia generada por grupos armados que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos, especialmente los hechos ocurridos en la Parroquia 23 de Enero, el pasado 6 de junio del año en curso.

SEGUNDO: Solicitar al Ministerio Público que, en uso de sus atribuciones constitucionales, inicie la investigación de tales hechos de violencia, a los efectos de determinar las responsabilidades que correspondan.

TERCERO: Instar al Ministro del Poder Popular para la Defensa a que explique cómo llegan las armas de fuego a estos grupos violentos, ya que corresponde a la Fuerza Armada Nacional, de acuerdo con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, controlar  el comercio, la posesión y el uso de las armas, municiones y explosivos.

CUARTO: Exigir al Ejecutivo Nacional, en particular al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la aplicación de planes adecuados para el desarme de estos grupos, que ponen en riesgo la seguridad de todos los ciudadanos, y para el desarme de la población.

QUINTO: Requerir a la Comisión Permanente de Política Interior de esta Asamblea Nacional realizar una investigación más profunda sobre estos hechos y sobre la problemática de fondo que subyace a ellos.

SEXTO: Dar publicidad al presente Acuerdo.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas, a los __ días del mes de junio de dos mil dieciséis. Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

La Comisión Especial de la Asamblea Nacional hizo entrega del acuerdo que emplaza al Consejo Nacional Electoral, para que en forma expedita, apegado a la Constitución, a las Leyes y reglamentos presente al país el cronograma electoral para la realización del Referéndum Revocatorio.

Así lo informó el Primer Vice presidente de la Asamblea Nacional Enrique Márquez, quien preside la delegación parlamentaria que se reunió con el rector del CNE Luis Emilio Rondón,  conformada por José Simón Calzadilla Segundo Vicepresidente del Parlamento y los diputados: Julio Borges, Juan Guaidó, Tomas Guanipa, Mariela Magallanes, Américo De Grazia, y Carlos Prosperi.

Así mismo Márquez informó que este jueves la Mesa de la Unidad Democrática y el directorio del CNE se reunirán para acordar sobre el cronograma del revocatorio y constatar cuándo se realizará el proceso de validación de la primera tanda de firmas entregadas.

“Este acuerdo lo traemos no solo en nombre del Parlamento sino de parte del pueblo venezolano que confió en nosotros. Además la catástrofe que vive el pueblo es nuestra motivación para estar aquí y para exigirle a la  presidenta del CNE y sus representantes que se pongan a tono y liberen las barreras para que el referéndum se realice este año, como debe ser”.

Indicó el diputado Márquez que el rector Rondón les confirmó que si se puede realizar el referéndum revocatorio este año. “Nuestras expectativas son como Asamblea Nacional y factor político, que mañana sea liberado el cronograma del Referendo Revocatorio y se fije la fecha inmediata para la ratificación de las 197 mil firmas y pasar a la próxima etapa».

Por otra parte, Márquez hizo caso omiso a la  supuesta demanda  que pretende llevar a cabo el presidente de la República Nicolás Maduro, contra la directiva de la Asamblea Nacional, por «usurpar” supuestamente funciones constitucionales exclusivas del presidente de la República.

«A nosotros nos tiene sin cuidado la demanda del Presidente. Nuestra inmunidad parlamentaria nos da la seguridad del camino que estamos trazando. Nosotros vamos a continuar haciendo lo que tenemos que hacer. Lo único que pretende el Gobierno es aumentar la presión a una situación  que puede explotar en cualquier momento y eso es lo que la MUD y el parlamento quieren evitar a través de los mecanismos democráticos y pacíficos  que  establece la Constitución».

Calificó de positivo que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos OEA esté abordando, en sesión extraordinaria, la crisis venezolana, luego que la Asamblea Nacional solicitara al Secretario General, Luis Almagro, activar la Carta Democrática Interamericana.

Finalmente aseguró que hay pronunciamientos desde todo el mundo a favor de Venezuela con la intención que supere la crisis de forma democrática y pacífica. «El Gobierno tiene que salir por la puerta democrática y no puede estar tentando a los fantasmas del caos, la anarquía y la violencia».

La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, por los diputados presentes, un acuerdo que declara el 17 de mayo como “Día contra la homofobia la transfobia y la bifobia”. En el acuerdo se exige el respeto a la individualidad de cada ser humano el respeto a la igualdad, promueve la lucha contra la discriminación violencia y negación arbitraria de las personas por su orientación sexual o expresión de género.

La Presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, presentó el acuerdo, e inició su intervención manifestando su satisfacción y  honor de presentar y participar en este debate en una sesión donde se ha hablado sobre los derechos humanos y que lamentablemente no participó la bancada del Bloque de la Patria.

Condenó que el diputado electo Rosmit Mantila haya sido discriminado, al igual que otras personas, por su condición homosexual. “Para ti nuestro aplauso, nuestro cariños y respeto, aquí luchamos por tu libertad”.

Solorzano informó durante su intervención que pronto se entregará a la plenaria de la Asamblea Nacional un proyecto de Ley contra crímenes de odio contra las personas LGTB, que son agredidas y asesinadas por su condición de género.

Por su parte el diputado Willians Barrientos señaló que las personas LGTB, deben ser respetadas por su condición y orientación sexual, que el Estado tiene la obligación de velar por el pleno desarrollo de toda la ciudadanía sin discriminación alguna, y defendió el derecho de las personas lesbianas, gays, bisexuales, y personas trans e intersex (LGBTI).

“En  el año 2015 asesinaron a 266 personas por su condición sexual, es decir tres crímenes diarios. Esto no debe continuar en el concepto de la civilización, de la humanización y el respeto a la condición humana. Es importante que se reconozca a la comunidad LGBTI como parte fundamental de esta sociedad”.

Finalmente intervino en este debate la primera diputada transgénero del continente, Tamara Adrián quien destacó la ausencia de la bancada oficialista a quienes los acusó de ser homóbicos y tránsfóbicos.

“Hoy estamos cumpliendo una promesa electoral. Estoy orgullosa de éste momento porque presido una organización mundial que busca visibilizar la discriminación y la violación de derechos contra las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, o intersexesuales ”.

Recordó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha exhortado a la inclusión de éste día, que promueve concientizar a los ciudadanos sobre la tolerancia a la diversidad de género para evitar las agresiones e injusticias que ocurren.

“Este es un primer paso a la igualdad que exigen. En América Latina 80% ya cree en la diversidad de género. La mayoría de los países de la región tienen derechos iguales y han superado sus perjuicios», concluyó.

Aprobado Proyecto de Acuerdo para declarar el 17 de Mayo como «Día contra la homofobia, la transfobia y bifobia». pic.twitter.com/w3as6xBSoS

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 12 de mayo de 2016

A continuación Acuerdo para Declarar El 17 De Mayo como Día Nacional  Contra La Homofobia, La Transfobia Y La Bifobia

 

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como con Pactos y Tratados suscritos y ratificados por Venezuela consagran el derecho a la igualdad e imponen la obligación del Estado de garantizar las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva, asegurando el goce irrenunciable, efectivo y progresivo de los derechos humanos y la protección contra toda discriminación arbitraria de las personas.

CONSIDERANDO

Que se considera discriminación arbitraria a toda forma injustificada de distinción, exclusión, restricción o preferencia, realizada por funcionarios públicos o particulares, que prive, perturbe, amenace o menoscabe el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en las leyes de la República y en los Pactos y Tratados internacionales suscritos y ratificados por la República.

CONSIDERANDO

Que en un sector de la sociedad venezolana podría subsistir aún en la actualidad  rechazo y discriminación, violencia o negación de derechos a las personas basados en su condición de lesbianas, gay, bisexuales, trans, o intersexesuales; respecto de quienes se mantiene  prejuicios sociales, lo cual limita o dificulta el reconocimiento de la orientación sexual, identidad y expresión de género, como manifestación del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad de cada individuo y que deben ser admitidos para la construcción de la identidad de cada persona.

CONSIDERANDO

Que ese rechazo o aversión hacia las personas en razón de su orientación sexual, identidad y expresión de género, basada en estereotipos, prejuicios y estigmas; y expresadas en actitudes y conductas discriminatorias que vulneran la igualdad, dignidad, derechos y libertades, es lo que se califica como Homofobia, Transfobia y Bifobia, males sociales que pueden hacer tanto daño en una sociedad como el racismo, el sexismo, la misoginia, la xenofobia, la intolerancia religiosa y cualquier otra forma de intolerancia social.

CONSIDERANDO

Que el reconocimiento del otro desde el respeto y la tolerancia debe ser promovido y garantizado como uno de los fines primordiales del Estado.

CONSIDERANDO

Que como lo ha expresado el Santo Padre Francisco en su última Exhortación Apostólica Postsinodal “Amoris Laetitia”, toda persona, independientemente de su tendencia sexual, ha de ser respetada en su dignidad y acogida con respeto, procurando evitar todo signo de discriminación injusta y particularmente cualquier forma de agresión y violencia.

CONSIDERANDO

Que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud el 17 de mayo de 1990 se pronunció eliminando la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, siendo oportuno recordar ese día para promover la lucha contra la homofobia, la transfobia y la bifobia.

CONSIDERANDO

Que a nivel internacional, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la UNESCO, la UNICEF, el PNUD, el UNFPA, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Programa Mundial de Alimentos y ONUSIDA, han aprobado resoluciones, declaraciones e informes en los que se insta a los Países Miembro a tomar todas las medidas necesarias para eliminar la violencia, discriminación y negación de derechos derivada de, o motivada por, la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas, particularmente en el caso de acoso escolar, de violencia, de discriminación así como sobre crímenes de odio, y para asegurar el acceso a derechos iguales en el ámbito de educación, salud, seguridad personal y de las familias, vivienda, trabajo y, en general, en todos los ámbitos.

CONSIDERANDO

Que, a nivel regional, la Organización de las Naciones Unidas ha aprobado cada año, por consenso, desde 2008, sendas Resoluciones denominadas “Orientación Sexual e Identidad de Género y Derechos Humanos”, en las que se insta a los Países Miembro a tomar las acciones necesarias para eliminar la violencia, discriminación y negación de derechos originadas por las mismas causas antes señaladas; que igual instigación ha sido hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y que se ha aprobado por consenso la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, la cual, aún cuando no ha sido sometida a ratificación ante la Asamblea Nacional por el Ejecutivo Nacional,  establece la no discriminación por orientación sexual y por identidad o expresión de género.

CONSIDERANDO

Que la República de Venezuela ha asumido compromisos con organismos regionales como Mercosur, CELAC y ALBA para aplicar lo establecido en la legislación internacional con el objetivo de garantizar la protección de derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual, entre ellos los Principios de Yogyakarta y que en fecha 10 de diciembre de 2012, fue promulgada por el Parlamento Latinoamericano la Ley Marco contra todo tipo de discriminación.

CONSIDERANDO

Que el principio de la no discriminación por orientación sexual, forma parte del derecho fundamental inherente a la persona humana, expresamente consagrado en el artículo 21 de la Constitución, desarrollado en diversos textos legislativos vigentes, tales como la Ley Orgánica del Poder Popular, la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y la Ley de Instituciones del Sector Bancario, y en cuanto a la orientación sexual, en la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores; a pesar de lo cual debe promoverse un tratamiento legislativo que garantice esa igualdad y no discriminación desde el respeto y la tolerancia, negando toda manifestación que de cualquier manera que sea pueda limitar o cercenar el derecho de las personas al libre desenvolvimiento de su personalidad, como manifestación de su libertad individual.

ACUERDA

PRIMERO. Declarar al 17 de mayo como el Día Nacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

SEGUNDO: Exhortar a todos los Poderes Públicos y a la sociedad venezolana en general a practicar la tolerancia y el respeto, mediante el reconocimiento de la identidad individual de cada ser humano, sin distinción alguna.

TERCERO: Promover la  lucha contra la discriminación, estigmatización, violencia y negación de derechos a las personas por razón de su orientación sexual o su identidad o expresión de género, particularmente en los ámbitos educativo, laboral, de salud, de vivienda y de seguridad personal, siguiendo los lineamientos de los organismos internacionales mencionados en los considerandos

CUARTO: Instar al Ejecutivo Nacional a someter a ratificación por parte de la Asamblea Nacional de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.

QUINTO: Instar a la Defensoría del Pueblo para que, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 281, numerales 1 y 4, de la Constitución, vele por el efectivo respeto y garantía de los derechos individuales de las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de genero a fin de garantizar los derechos fundamentales al libre desenvolvimiento de la personalidad e igualdad ante la Ley, consagrados en los artículos 20 y 21 de la Constitución, así como el goce efectivo de todos los demás derechos inherentes a la persona humana sin restricción alguna, más que las establecidas en la Constitución y la Ley.

SEXTO: Exhortar a la Fiscalía General de la República para que establezca mecanismos efectivos con la finalidad de visibilizar, investigar y perseguir los crímenes de odio contra las personas con motivo de su identidad u orientación sexual e informe a esta Asamblea Nacional sobre el cumplimiento de este exhorto.

SÉPTIMO: Instar al Consejo Nacional Electoral a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil y permita el cambio de nombre, siguiendo los lineamientos sobre derechos humanos señalados en la ley.

OCTAVO: Rechazar cualquier acto de discriminación arbitraria motivada por la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas en el seno de la Asamblea Nacional.

NOVENO: Dar publicidad al presente Acuerdo mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y a través de los medios de difusión de la Asamblea Nacional.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil dieciséis. Años 205° de la Independencia y 157° de la Federación.

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