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CIDH alerta sobre la situación precaria de migrantes y refugiados venezolanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CID) publicó sus observaciones y recomendaciones luego de hacer un monitoreo a los derechos humanos, puntualmente de los migrantes y refugiados. 
El equipo tenía en su programación realizar una visita a Venezuela entre los días 4 y 7 de febrero en las ciudades de Caracas y Maracaibo, pero se realizó en la ciudad de Cúcuta, Colombia, tras la negativa por parte de las autoridades venezolanas del ingreso de la CIDH al país.

La CIDH informó mediante un comunicado de prensa que Colombia ha recibido más de 1.6 millones de migrantes de Venezuela, convirtiéndose en el mayor receptor de personas venezolanas. “Por tal motivo, la visita tuvo un particular énfasis en la situación de los derechos humanos de las personas forzadas a abandonar su país como resultado de la grave crisis social, política y de derechos humanos en Venezuela”, reza el documento.

El grupo de expetos consideró que la profundización de la crisis política y social del país, en el marco de la represión generalizada, ha derivado en la ausencia del Estado de Derecho en Venezuela. Explicaron que la crisis en el país tiene como origen, entre muchas causas, la intromisión del Poder Ejecutivo en las competencias de otros Poderes Públicos. Eso, en consecuencia, ha perjudicado la separación y el equilibrio de funciones en los distintos poderes, por lo que se ha llegado a restricciones y limitaciones del espacio democrático. 

La ausencia de un sistema institucional operante de pesos y contrapesos también se observa en el hecho que el Poder Ejecutivo continúe ejerciendo poderes extraordinarios, y haya prorrogado el estado de excepción sin la aprobación de la Asamblea Nacional como exige la Constitución, más de 20 veces desde 2016″, reza la información. 

En su visita a la frontera, la Comisión Interamericana constató y manifestó su preocupación sobre los graves efectos de la crisis humanitaria como factor de desplazamiento de millones de personas venezolanas. 

Resaltaron que a la fecha, el número de personas venezolanas que se han visto forzadas a migrar como mecanismo de supervivencia ante la grave crisis humanitaria que afecta al país, asciende a más de 4,9 millones de personas venezolanas, de las cuales más de 1,77 millones se han desplazado al país vecino, Colombia, donde se encuentran bajo distintas situaciones migratorias, según los datos de la Plataforma de Coordinación para Migrantes y Refugiados de Venezuela (R4V).

Asimismo, las cifras proporcionadas por ACNUR y la OIM, indican que el número de personas migrantes y refugiadas venezolanas podría ascender a más de 6.5 millones de personas para finales de 2020, incluidos 1.9 millones de niñas y niños, en comparación con 1.18 millones registrados en el 2019 por el UNICEF.

La Comisión Interamericana observó la dramática situación de las personas venezolanas en las calles de la ciudad de Cúcuta, en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, en los comedores humanitarios existentes, así como en el paso fronterizo”, indica la información.

La CIDH hizo referencia a testimonios que dan cuenta de la situación precaria en que se encuentran grupos de personas en situación de discriminación y exclusión histórica, como es el caso de las niñas, niños y adolescentes; mujeres; mujeres embarazadas; personas mayores; personas viviendo en condición de pobreza; personas con discapacidad; pueblos indígenas; personas LGBTI; personas afrodescendientes; entre otras.

Ante esto, la Comisión resaltó que UNICEF incluyó por primera vez, en 2019, a Venezuela en la lista de emergencias para la infancia. Según los datos de esta agencia, uno de cada tres niños necesita ayuda humanitaria, lo que equivale a que 3,2 millones de menores de edad  requieren comida, medicinas y educación.

Por su parte, el informe de Save the Children sobre la niñez en el mundo en 2019 clasificó a Venezuela en la posición 131 (de 176 países evaluados) en el Índice de Peligros para la Niñez.

Para leer el informe completo, ingresa aquí. 

Periodismo y libertad de expresión en cuarentena
En Venezuela las vulneraciones a los medios de comunicación, periodistas y trabajadores de la prensa en su derecho a la libertad de expresión y acceso a la información no tienen vacuna.
Entre enero y abril de 2020, el Instituto Prensa y Sociedad, IPYS Venezuela, contabilizó 146 casos de censura y de violación a la libertad de expresión e información en el país. 
Los principales asaltantes a estas libertades fueron los cuerpos de seguridad del Estado y grupos simpatizantes al oficialismo. 

El pasado domingo 3 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, e IPYS Venezuela recordó la importancia del periodismo como un ejercicio fundamental de la libertad de expresión, mediante un reporte publicado en su página oficial. 

Desde que se registró el primer caso de coronavirus en el país, el pasado 13 de marzo, hasta el 30 de abril, cuerpos de seguridad provocaron 27 casos de agresiones a la libertad de prensa, y las detenciones arbitrarias se ubicaron como los ataques más graves y numerosos. 

En los primeros cuatro meses del año, al menos 121 periodistas fueron limitados a su derecho de buscar y difundir información de interés público. En el ejercicio de su profesión, fueron impedidos o agredidos. “IPYS Venezuela también registró 18 casos de detenciones arbitrarias entre enero y abril que cercenaron la libertad de forma temporal, a 23 periodistas, cinco familiares y un defensor de derechos humanos vinculado con el periodismo”, indica el reporte. 

Entre enero y febrero de 2020, los ataques a la prensa estuvieron vinculados con las coberturas informativas realizadas en el Palacio Legislativo y con las actividades organizadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Sin embargo, los incidentes se acentuaron a partir del 13 de marzo, desde que se decretó el Estado de Alarma por la pandemia de la Covid-19. Desde entonces, las fuerzas públicas han ejercido acciones para silenciar la información en Venezuela. 

En solo 49 días, entre el 13 de marzo y el 30 de abril, los cuerpos de seguridad provocaron 27 casos de agresiones a la libertad de prensa. En 15 de estas oportunidades, fueron privados 20 trabajadores de la prensa en Miranda, Vargas, Cojedes, Táchira, Guárico, Apure, Delta Amacuro, Zulia y el Área Metropolitana de Caracas.

 

La organización, adicionalmente, realizó un monitoreo a 51 medios de comunicación tradicionales durante cuatro días y encontró que la escasez informativa predomina en el marco de la cobertura de la pandemia del coronavirus en el país. Puntualizan que “los contenidos sintonizados se limitaron a transmitir comunicaciones oficiales por parte del gobierno de Nicolás Maduro a través de cadenas de radio y televisión, o declaraciones de los principales funcionarios del gabinete oficial”. 

Asimismo, IPYS concluyó que las alocuciones en las que fueron reveladas cifras de coronavirus en el país no se realizaron por fuentes médicas especializadas, sino, principalmente, por tres voceros oficialistas: Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. También otros dirigentes políticos regionales realizaron intervenciones públicaas oficiales, como es el caso de los gobernadores Héctor Rodríguez y Carmen Meléndez. 

El reporte de IPYS también hizo referencia a las incongruencias en las cifras dadas por el oficialismo, a la desinformación en torno al Interferón, a los remedios caseros, y a la censura epidemiológica. 

Con información de: IPYS Venezuela. 

ONU: Casi 5 millones de personas huyeron de la crisis en Venezuela
La Alta comisionada de la ONU para los derechos Humanos realizó este martes la actualización de su informe sobre la crisis en Venezuela
La actualización ocurre el mismo día en que el Presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a una movilización nacional

Unos 4,9 millones de personas “abandonaron” Venezuela, sacudida desde fines de 2015 por una crisis económica y política, dijo este martes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien deploró que continúe la violencia contra la oposición.

Al informar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en el país sudamericano, Bachelet advirtió que continúan “los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno contra parlamentarios de la oposición”.

La oficina del Alto Comisionado, que cuenta con representantes en Venezuela, documentó “agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas, sin que las fuerzas de seguridad actuaran”.

“Hemos registrado casos de allanamientos de la sede de un partido político, oenegés, y oficinas de medios de comunicación”, y desde el 5 de enero, las fuerzas de seguridad “han dificultado” el acceso a la Asamblea Nacional a los diputados de la oposición, continuó.

Mi oficina sigue recibiendo testimonios de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contra-inteligencia Militar en Caracas”, agregó.

Bachelet denunció además que continúa la “detención arbitraria de líderes sindicales”, y manifestó su preocupación por el proyecto de ley que pretende sancionar a las organizaciones de defensa de los derechos humanos que reciben fondos del extranjero.

Mientras tanto, el número de venezolanos que huye del país no cesa de crecer.

“Según la Plataforma Regional de Naciones Unidas, 4,9 millones de personas han abandonado el país”, indicó.

El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, fue reconocido como presidente interino por Estados Unidos y una gran parte de la comunidad internacional, tras la reelección de Nicolás Maduro en 2018 en unos comicios denunciados por irregularidades.

Venezuela es objeto de sanciones económicas de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que busca presionar a Maduro. Estas sanciones incluyen un embargo sobre el petróleo, principal recurso del país.

 

Bachelet criticó una vez más esas medidas: “Preocupan la imposición de nuevas sanciones económicas, en especial las que afectan a la empresa aérea CONVIASA, así como las sanciones a la industria petrolera”.

Estas sancione afectan “disminuyendo los recursos del gobierno destinados al gasto social”, en momentos en que “2,3 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria severa”, según la ONU.

“A pesar de las excepciones establecidas para permitir las importaciones de medicamentos, alimentos e insumos para la acción humanitaria, los servicios públicos y la población en general siguen sufriendo el impacto del control estricto del sector financiero”, concluyó. 

Provea:
En las últimas dos semanas se han presentado dos actuaciones de las FAES en las principales vías de la capital del país
En ambos hechos, la integridad de los ciudadanos que transitaban las vías públicas se vio vulnerada

Las últimas actuaciones realizadas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en Caracas, donde hubo enfrentamientos en la Autopista Prados del Este con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) el pasado 19 de febrero, y otro operativo contra supuestos delincuentes en la autopista Francisco Fajardo el miércoles 26 de febrero, han generado un pronunciamiento por parte de la ONG Provea para desaprobar su accionar desmedido en zonas públicas.

Para el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), en los últimos días las FAES ha actuado “bajo presencia de cientos de civiles inocentes”, y  “no miden los daños” sino que “solo buscan ejecutar”.

 

El último enfrentamiento de este cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana ocurre el mismo día en que Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, realizó un pronunciamiento para la liberación de los presos políticos en Venezuela. 

Se espera que para el próximo 10 de marzo la alta comisionada actualice la información sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

En el informe publicado en julio de 2019 y en su posterior actualización en septiembre del mismo año, Bachelet hizo dio a conocer su preocupación en referencia al actuar de las FAES en el país. 

El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, este domingo 19 de enero llamó la atención sobre el estado de salud del secretario general del sindicato de Ferrominera, Rubén González, quien cumple hoy “cuatro días con una crisis hipertensiva sin recibir atención médica”.

Ante la desatención de las autoridades del régimen de Nicolás Maduro, llamados a velar por la seguridad de los presos políticos, Zambrano pidió la libertad inmediata de su colega sindicalista.

González sufrió una crisis de hipertensión a finales de noviembre del 2019 y se mantuvo así por 15 días. Fue atendido en un Centro de Diagnóstico Especial (CDI), según informó en esa oportunidad su abogado Jorge Machuca y el registro de la prensa.

El pasado 17 de enero, según publicó el Correo del Caroní, Machuca reprobó las promesas incumplidas sobre la excarcelación del trabajador. “Se ha venido corriendo la tesis de que Rubén puede ser liberado en las próximas horas, situación que viene sucediendo desde octubre y noviembre del 2019. Unos voceros políticos han querido abanderarse con esta situación y han dicho que Rubén en las próximas horas va a salir”, desmintió Machuca, refiriéndose a las declaraciones del líder del partido Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, el 14 de enero.

Rubén González fue detenido el 29 de noviembre de 2018 cuando regresaba al estado Bolívar luego de participar en una marcha antigubernamental en Caracas. Entre los cargos que le fueron imputados se encuentran: ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Fue condenado a cinco años y nueve meses de cárcel por el Tribunal Militar del estado Monagas.

Humano Derecho #153 con Angel Alfonzo representante de Dale Play a la Paz

¿De qué va el trabajo de Niña Madre?, ¿Cuál es el objetivo de Dale Play a la Paz?, ¿Hay jóvenes que aún sigue en el programa luego de participar en estas iniciativa? Estos y otros temas los estaremos conversando con Angel Alfonzo, representante de Dale Play a la Paz, un proyecto coordinado por la Asociación Civil Niña Madre en alianza de 5 organizaciones, el proyecto tiene como objetivo formar a jóvenes entre 9 y 31 años de las comunidades Coche, El Valle y Sucre, en materia de producción audiovisual, Cultura de Paz y No Violencia. La primera etapa del proyecto contó con la participación de 28 personas, entre ellos jóvenes y adultos, dando como resultado 5 audiovisuales, donde destacan diversos temas para visibilizar la realidad de estas comunidades desde un punto de vista positivo.

“Cada vez que transmitimos estos micros en comunidades las personas se dan cuenta que hay gente trabajando para ellos y eso les da esperanza”.

En la primera pausa musical escucharás el tema “Saudade” de Anakena seguido del tema “En Línea” de LAGOS, y finalmente escucharás el tema “Últimas Palabras” de Los Mesoneros; estas son las pausas musicales que escucharás para este Humano Derecho #153. 

En esta oportunidad contaremos con Genesis Zambrano (@medicenmouzo) y Luis Serrano (@AkaLuisSerrano) como presentadores, quienes les estarán haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radio web show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda a gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com

Puede escuchar el programa aquí: Humano Derecho #153 con Angel Alfonzo representante de Dale Play a la Paz

EEUU sanciona a ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba por violar DDHH en Venezuela
Según Pompeo, Cintra ha cometido “graves violaciones de los derechos humanos” y ha colaborado en acciones para “apuntalar” al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

El secretario de Estado de los EE.UU., Mike Pompeo, informó este jueves que Washington sancionó a Leopoldo Cintra Frías, ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba.

Según el funcionario estadounidense, Cintra ha cometido “graves violaciones de los derechos humanos” y ha colaborado en acciones para “apuntalar” al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. 

 

A través de un comunicado, Pompeo señaló que, junto con oficiales militares y de inteligencia del régimen de Venezuela, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), que lidera Cintra, “ha estado involucrado en graves violaciones y abusos de los derechos humanos en Venezuela, incluida la tortura o el sometimiento de venezolanos a tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por sus posturas anti-Maduro”.

La comunidad internacional puede ver claramente cuán temerosa es Cuba de la democracia, tanto por sus propios ciudadanos como por los venezolanos”, añade el texto.

 

En el comunicado se explica que el Departamento de Estado sancionó a Cintra “bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Afines del año fiscal 2019”.

La Sección 7031 (c) establece que, en los casos en que el Secretario de Estado tenga información creíble de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado involucrados en una corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos, las personas sancionadas bajo esa normativa y sus familiares inmediatos “no son elegibles para ingresar a los EE.UU.”.

Por ello, la sanción recae, según el comunicado, también sobre los hijos del ministro cubano: Deborah Cintra González y Leopoldo Cintra González.

Más sanciones

También en noviembre, el Departamento del Tesoro introdujo a la Corporación Panamericana de Cuba en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés), de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Acción que se sumó a las ya hechas en octubre, cuando el Buró de Industria y Seguridad del Departamento del Tesoro de EE.UU. (BIS) anunció nuevas sanciones comerciales a Cuba, que incluyó la restricción de las exportaciones de bienes hacia la Isla, que afectaron sobre el arrendamiento de aeronaves estadounidenses a aerolíneas cubanas, mediante una “política general de denegación de licencias”.

En septiembre, Washington incluyó en la lista de los SDN de la OFAC a ocho buques y entidades encargadas del transporte de petróleo de Venezuela a Cuba.

Por otro lado, el Departamento de Transporte estadounidense anunció la prohibición de todos los vuelos a Cuba, a excepción de aquellos que vayan a La Habana.

Con información de: RT

Muere Elizabeth Salazar, paciente emblemática de cáncer y defensora de DDHH
Salazar fue la mujer que en junio de 2018 mostró a los medios su seno izquierdo afectado con cáncer, en las afueras del Ministerio de Salud 
La defensora de derechos humanos tuvo que migrar a Colombia para poder recibir su tratamiento 

En la mañana de este 31 de diciembre se supo que falleció la venezolana defensora de derechos humanos, Elizabet Salazar, quien migró de manera forzada a Colombia, ante la imposibilidad de garantizar su tratamiento contra el cáncer en Venezuela. 

La ONG Provea dio a conocer la noticia con el siguiente mensaje: 

“Expresamos nuestras condolencias a Rafael Ugas y demás familiares de Elizabeth Salazar (…) Elizabet fue una defensora de derechos humanos apoyando siempre a los más humildes, tanto en Caracas como en los Valles del Tuy, siendo ésta su última morada en nuestro país antes de decidir junto a su esposo, buscar ayuda cruzando la frontera. Ahí recibió el apoyo que buscó y puso su propia enfermedad al servicio de la lucha por la salud de muchos”, escribió Provea en una publicación de Instagram. 

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Expresamos nuestras condolencias a Rafael Ugas y demás familiares de Elizabet Salazar, venezolana que migró de manera forzada a #Colombia ante la imposibilidad de garantizar su tratamiento contra el cáncer en Venezuela. Batalló por vivir hasta sus últimos minutos. • Elizabet fue una defensora de derechos humanos apoyando siempre a los más humildes, tanto en Caracas como en los Valles del Tuy, siendo ésta su última morada en nuestro país antes de decidir junto a su esposo, buscar ayuda cruzando la frontera. Ahí recibió el apoyo que buscó y puso su propia enfermedad al servicio de la lucha por la salud de muchos. Hasta siempre Elizabet. _ #31dic #Condolencias #ddhh #ddhhvzla #Provea #Venezuela #DefensoresDDHH

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Salazar se hizo conocer durante el inicio de las protestas del gremio de salud, en el año 2018, por la falta de medicamentos e insumos médicos en el país, cuando decidió mostrar su seno izquierdo visiblemente afectado por el “cáncer ductal de tipo III B”.

Desde el día en que fue diagnosticada, Elizabeth y su esposo, Luis Ugas, mantuvieron una lucha por conseguir un hospital que tuviese los reactivos necesarios para la realización de los exámenes. Desde entonces, tuvo que vivir las pesadillas que miles de pacientes venezolanos afrontan, ante la falta de insumos en el país. Asistió a todos los centros de salud especializados en Caracas para recibir atención médica, sin éxito. Solo ha consiguió respuestas negativas, por lo que finalmente debió emigrar a Colombia. 

Una vez en Cúcuta su caso fue tratado con acento humanitario y es por ello que pudo contar con cobertura médica, con los  fármacos gratuitos y la asistencia que demanda el cáncer que padeció. 

A la distancia, Elizabeth se pronunció en febrero de 2019 para hacer un llamado a Nicolás Maduro y exigirle que permitiera el ingreso de alimentos y medicinas, acogidas en el Norte de Santander. Salazar expresó a EFE en ese momento que la ayuda humanitaria era de “extrema urgencia” para que no se repitan casos como el suyo. 

Apoyo a otros pacientes de cáncer 

Luis Ugas es presidente de la Fundación para las Garantías y Defensa de los Derechos Humanos (Fungaddhh), donde ejerce su labor como activista de derechos humanosDesde ahí intentó unir esfuerzos para conseguir medicinas para otros pacientes con cáncer dentro del país. 

«Tenemos que unir fuerzas porque lo que estoy pasando en este momento es el sufrimiento de muchas personas y no es justo tanto dolor. Tengo una lista de 50 personas con cáncer registradas en los hospitales de Caracas y me informaron que en uno de estos hospitales dos personas perdieron la vida a causa de la falta de quimios», denunció a Amnistía Internacional, luego de un mes de que el caso de su esposa se volviera viral.

Finalmente, el esfuerzo de médicos y autoridades colombianas no detuvo las secuelas de más de ocho meses sin tratamiento, que derivaron en una metástasis en otros órganos y que finalmente acabaron con la vida de Elizabeth.