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ONG en Venezuela cargan con el peso de la defensa de los derechos humanos
Ante la incompetencia del Estado, las organizaciones no gubernamentales han asumido la lucha por los derechos fundamentales del venezolano como acceso a la justicia, alimentación, salud, salario digno y libertad de expresión 
En el Día Universal de los Derechos Humanos, ONG celebran el compromiso de sus empleados y voluntarios en pro del rescate de la calidad de vida del venezolano

 

Cada 10 de diciembre se celebra en el mundo el Día Universal de los Derechos Humanos, en vista de que en una fecha como esta en París durante 1948 fue proclamada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la declaración universal de los DDHH que establece respeto a los derechos fundamentales de todas las personas independientemente de su raza, género, creencia religiosa, posición política, idioma o tendencia sexual.  

En Venezuela, diversas organizaciones nacionales e internacionales han denunciando que constantemente el Estado viola los derechos básicos de la población, persigue y encarcela a la disidencia política, criminaliza la protesta, incumple el mandato constitucional de garantizar un salario digno, acceso a la salud y servicios básicos. Además, es investigado en la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad que incluyen supuestos asesinatos sistemáticos en el marco de protestas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y tratos crueles e inhumanos a privados de libertad.

En Runrunes consultamos a varios miembros de ONG encargadas de velar por el respeto a los derechos humanos y expusieron sus alcances, desafíos e igualmente el trabajo que se debe hacer para recuperar la calidad de vida del venezolano en el marco de una emergencia humanitaria compleja.

Cascarones vacíos

Para Laura Louza, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, las instituciones en Venezuela son una especie de cascarones vacíos: «No responden a las peticiones de los ciudadanos”, dijo la abogada.

Louza sentenció que desde su fundación, la misión de Acceso a la Justicia es la de denunciar irregularidades que se cometen en materia legal. 

“Explicar temas complejos como lo de la Corte Penal Internacional, para que estemos conscientes de los derechos que tenemos, estamos atentos en todo momento a lo que hace el Estado”, agregó.

De acuerdo con Louza, la falta de institucionalidad en Venezuela ha acelerado la emergencia humanitaria compleja.

“El Gobierno no asume responsabilidades y se escuda en pretextos como las sanciones internacionales, quizás en el mediano plazo el poder tenga que cambiar su manera de gobernar, pareciera que hay un descontento grande, al final le pedimos al Gobierno que recapacite, que se dedique al ciudadano”, sumó.

La abogada aseveró que este año, el Gobierno venezolano quedó expuesto ante organismos como el Comité para la Eliminación de la Discriminacion contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés), la CPI, la Misión de Determinación de Hechos y la oficina del Alto Comisionado para los DDHH.

“Las recomendaciones de cada uno de estos cuerpos son muy valiosas, cada vez se abren más mecanismos para tomar en consideración los atropellos que se cometen en Venezuela. Nuestra expectativa es que el Gobierno entienda que no son críticas destructivas sino constructivas. No importa quién esté en el poder, lo importante es que se respeten los DDHH, que no se reprima a la gente por pensar distinto ni por reclamar derechos fundamentales”, recalcó. 

Recordar también es hacer justicia

Estar al lado de las víctimas y sus familiares es la labor de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, cuya coordinadora general es Martha Tineo.

“En la búsqueda de justicia tanto en instancias nacionales como internacionales. En el caso de los presos políticos, procurar que sean liberados y que los crímenes de tortura sean juzgados y condenados, que no haya impunidad, propiciar garantías de no repetición”, amplió Tineo al explicar la misión de su organización. 

Tineo indicó que la capacidad de atención a las víctimas y familiares de JEP en comparación con la del aparato gubernamental es mínima: “No podríamos pretender reemplazar al estado en sus funciones”.

La experta en sistemas de justicia expuso que la organización que dirige ha hecho esfuerzos, especialmente en el marco de la emergencia humanitaria compleja, para documentar casos de violaciones a DDHH ante instancias como la Misión Independiente de la ONU.

“No podemos garantizar justicia a las víctimas, lo que hacemos es que ante esa omisión por parte del Estado, documentamos, preparamos a las personas para enfrentar procesos en instancias internacionales”, acotó. 

Tineo sentenció que gracias a la labor de las ONG, las víctimas han podido exponer sus casos ante instancias internacionales en pos de conseguir justicia.

“A pesar de que ha sido un año duro hemos avanzando, lamentablemente eso no se traduce en la obtención de justicia, pero a partir de actuaciones independientes de las ONG, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorizó al Fiscal a seguir su investigación sobre Venezuela, la Fiscalía determinó que el Estado es incapaz de avanzar en procesos judiciales, transparentes, legítimos y conformes a derecho”, recordó.

La abogada indicó que en el Estado venezolano no existe voluntad de juzgar presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de protestas antigubernamentales: «Para las víctimas ser recordadas es importante, nuestra organización trabaja bajo el lema de recordar es una forma de hacer justicia”.

Tineo dijo que JEP no solo asesora y acompaña a las víctimas en materia jurídica.

También los apoyamos emocionalmente. Entendiendo que el dolor nos une, podemos transformar ese dolor en una fuerza. Este año inauguramos el primer museo virtual de la memoria y la represión en Venezuela, para conocer los rostros de las víctimas fatales desde 2014, es una forma de honrar a sus familiares», mencionó. 

Según Tineo en 2024 puede incrementarse la ejecución del patrón de persecución por tratarse de un año electoral

“Recientemente, detuvieron a un miembro de Súmate, a otro del partido Encuentro Ciudadano y a un líder sindical en Anzoátegui, esa persecución está siendo cada vez más selectiva, hay un ánimo de un castigo ejemplarizante, hacen público las torturas al estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela, John Alvarez, es una afrenta”, alertó. 

Para Tineo es fundamental no solo obtener justicia desde la denuncia, documentación y difusión, sino reconstruir al país: «No es poca cosa que Venezuela siga siendo objeto de interés en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en medio de la situación caótica mundial”  

Organizaciones han salvado vidas

A juicio de Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, el trabajo de incidencia de diversas organizaciones y voluntarios ha hecho que la hecatombe que vive Venezuela en materia de salud sea menor.

“Han disminuido el riesgo tan grande que tenemos, el trabajo ha sido excelente a pesar de las circunstancias adversas, ellas han estado trabajando en pro de los venezolanos”, indicó. 

Contreras sostuvo que pese a la indolencia oficialista, aspira a que el Gobierno entienda que la salud es algo fundamental para que el enfermo pueda reinsertarse en una fase productiva.

“Hoy los hospitales están afectados por más del 80% de déficit de enfermería producto de los bajos salarios, esto es algo que incide negativamente en los pacientes, no tenemos más tiempos de espera, los hospitales tienen que dar una respuesta oportuna, no podemos seguir viendo a niños muriendo por la escasez”, lamentó. 

El vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, Huniades Urbina Medina, aseguró que en Venezuela se violan diariamente los derechos a la salud.

“No hay programas adecuados, se abandonó el de la lucha contra la malaria, el de protección a la mujer y el adolescente, no hay equipos suficientes para hacer diagnóstico de cáncer de mama y uterino (la primera causa de mortalidad de mujeres en Venezuela)”, detalló.

Urbina sostuvo que las carencias y la poca disponibilidad de cupo en los hospitales es una de las principales violaciones del derecho a la salud.

“No hay servicios de farmacia, de dieta, los pacientes no pueden protestar en los hospitales, no hay vacunas suficientes, en Venezuela el porcentaje vacunal es de 50,8%, no hay agua potable…Tenemos que seguir visibilizando los problemas y hacer denuncias a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, indicó el médico pediatra intensivista. 

Trabajadores unidos por sus derechos humanos

La organización del sector trabajador en defensa de sus derechos e intereses y la participación activa en las próximas elecciones presidenciales son claves para lograr una mejora laboral según el analista y experto en materia sindical, José Calma.

Calma expresó que la insuficiencia del salario mínimo, que tiene más de 600 días sin ser aumentado por el Ejecutivo nacional, vulnera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al no permitir «vivir con dignidad y cubrir para sí y la familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales» tal como dicta el texto. 

Cuestionó que el Gobierno argumente una presunta incapacidad de incrementar los salarios. 

“El sector público es grande en cuanto a número de empleados y se busca sopesar las carencias salariales con aportes de bolsas de comida. Esto lleva a la ambivalente valoración: garantiza el Gobierno directamente las necesidades básicas o se está cumpliendo con esa noción teórica de esclavitud de trabajar por comida”, opinó.

Calma expresó que el conflicto territorial con Guyana, con una enorme inversión de propaganda a favor del referendo consultivo del 3D, ha relegado a un segundo plano los titulares en medios de comunicación sobre vulneración de derechos humanos.

“Sin embargo, las distintas ONG dedicadas a la defensa de los DDHH no han dejado de alzar la voz para reclamar atropellos a los venezolanos, que pasan por sectores como el estudiantil o el sindical”.

El especialista en materia sindical indicó que los convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que Venezuela ha ratificado, dan un importante marco jurídico en favor de los trabajadores.

Pero el sistema de justicia interno es lento, tardío y no necesariamente se traduce en decisiones justas para todo aquel que reclama lo que considera jurídicamente válido”.

Calma sostuvo que la expectativa o esperanza para los venezolanos en materia salarial sigue siendo compleja: “Aspectos como la actual economía, la situación sociopolítica, la enorme diáspora venezolana, el incremento de la economía informal, la deserción escolar, el desinterés por la profesionalización ante las pocas oportunidades laborales para los jóvenes junto a la priorización de oportunidades de producción económica rápida, dan un panorama de complejidad”.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, enfatizó que los gremios de trabajadores en Venezuela seguirán insistiendo en la necesidad de un justo incremento salarial.

Porque en una relación laboral existen dos partes y la responsabilidad es del patrono. Solo estamos pidiendo al Gobierno que cumpla con el artículo 91 de la Constitución, que habla de la obligación de establecer un salario mínimo en perfecta armonía con el costo de la canasta básica, que supera los 500 dólares. Tenemos el sueldo más bajo del mundo desde hace dos años, eso coloca en riesgo las prestaciones sociales y los contratos colectivos”, recordó. 

Contreras indicó que en Venezuela no puede ser considerado un delito ejercer la protesta sindical

“Hemos visto con mucha preocupación como se ha judicializado la protesta, dirigentes sindicales han sido privados de libertad por reclamar el derecho de los trabajadores, pero nosotros hemos convertido el miedo en una fuerza para seguir adelante”. 

Caos penitenciario tiene solución

Para Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad,  el caos que vive el sistema penitenciario en Venezuela tiene solución, pero no ha habido voluntad política.

“Y eso tiene que ver con la corrupción en las cárceles, Elio Gomez Grillo (abogado y criminólogo) decía que las prisiones eran un negocio tan productivo como Pdvsa”, manifestó Nieto Palma.

El abogado informó que este 10 diciembre UVL cumple 26 años de fundada: «Fuimos la primera organización en monitorear a las personas privadas de libertad, cuando la elaboración de la Constitución del 99 colaboramos en la redacción de los artículos que tienen que ver con cárceles”.

Nieto Palma aseveró que la misión principal de UVL es hacer seguimiento a la situación de los reclusos respecto a sus DDHH

“Denunciamos las violaciones a los DDHH en las prisiones que en los últimos tiempos se han acrecentado, tenemos un departamento de asesoría legal para brindar atención gratuita a presos y familiares, organizamos jornadas de salud, hemos atendido a 5.000 presos en 5 años”, describió. 

Nieto Palma dijo que en los últimos años se ha acrecentado la crisis en los centros de detención preventiva o calabozos, donde hay hacinamiento y por ende enfermedades y violencia.

“Estamos constantemente dando información a organismos internacionales como la ONU y la CIDH, en Venezuela hay una especial falta de interés por parte de los entes encargados en torno a la salud del preso”, denunció. 

Atropello a derechos humanos empieza en Venezuela

La socióloga y fundadora del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Ligia Bolívar, dijo que la labor de las ONG ha contribuido a que en los países de acogida se vele por la protección de los derechos humanos del migrante venezolano.

“Están trabajando tanto en la parte humanitaria como en la legal, para ayudar a la gente a que reciba asesoría en pro de resguardar su estatus migratorio y sus derechos humanos”, comentó. 

Bolívar indicó que hay otro grupo que labora en función de la integración de la diáspora venezolana a las naciones receptoras:

Esas son organizaciones que trabajan a nivel comunitario, se buscan políticas de integración que no desconozcan las necesidades de la población local y que progresivamente se busquen fórmulas para que los venezolanos se integren, especialmente a los niñas, niños y adolescentes que están en ámbito escolar, son operaciones a gran escala porque hablamos de casi 8 millones de personas”.

Bolívar recordó que la mayoría de los migrantes no salieron de Venezuela por voluntad propia.

 “La violacion de sus DDHH no empieza en los países de acogida, la violacion de DDHH comienza en Venezuela, salen de Venezuela porque precisamente aquí no se le garantizan los derechos fundamentales”.

 

 

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Panel de expertos de la OEA advierte a la CPI sobre nuevos crímenes de lesa humanidad en Venezuela
El Panel llamó a la administración de Nicolás Maduro para que libere a todos los detenidos, incluidos Roberto Abdul y Savoi Jandon Wright, y retire las órdenes de detención

El Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), advirtió a la Corte Penal Internacional (CPI) sobre nuevos crímenes de lesa humanidad en Venezuela por la detención de Roberto Abdul, presidente de Súmate.

Mediante un comunicado, el panel de expertos también rechazó la órdenes de captura que emitió la Fiscalía contra otras 13 personas que incluyen dirigentes opositores, chavistas disidentes y un ciudadano estadounidense.

«Estas acciones se suman a los cientos de casos y denuncias presentadas por el Panel de Expertos ante la CPI, en dos informes anteriores», añade el texto.

 

Asimismo, manifestaron preocupación por los ataques dirigidos contra opositores y sus colaboradores «para impedir su participación en las próximas elecciones presidenciales, previstas en Venezuela para el año 2024″.

El miércoles 6 de diciembre, Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, anunció la solicitud de 14 órdenes de aprehensión contra dirigentes políticos, activistas y defensores de derechos humanos, dentro y fuera de Venezuela.

Según Saab, todos los mencionados supuestamente conspiraron contra Venezuela y el Referéndum Consultivo, llevado a cabo el 3 de diciembre de 2023, por lo que serán imputados por los delitos de traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

 

Las personas afectadas son Yon Goicochea, Juan Guaidó, Julio Borges, David Smolanski, Carlos Vecchio, Lester Toledo, Leopoldo López, Henry Alviarez, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Roberto Abdul, quien fue detenido el 6 de diciembre.

Además fue detenido el ciudadano estadounidense Savoi Jandon Wright y se emitieron órdenes de captura contra los exministros de Hugo Chávez, Andrés Izarra y Rafael Ramírez.

Patrón de persecución

El Panel de Expertos de la OEA destacó la existencia de un patrón por parte del Estado venezolano de «perseguir a personas que forman parte del entorno de los líderes de la oposición, ya sean sus familiares, allegados o simpatizantes prominentes y, señala que la gran mayoría de estas personas han sido previamente objeto de actos de persecución por parte del gobierno venezolano».

Además, considera que estas recientes medidas constituyen un «flagrante ataque» a los derechos fundamentales de estas personas.

El Panel llamó a la administración de Nicolás Maduro para que libere a todos los detenidos, incluidos Roberto Abdul y Savoi Jandon Wright, y retire las órdenes de detención.

Asimismo, hace un llamado urgente a Karim Khan, fiscal de la CPI, para que emita una advertencia al Estado venezolano «para que ponga fin a la comisión de crímenes de lesa humanidad de persecución política y detención arbitraria».

¿Qué podría implicar la firma de plan de trabajo entre la CPI y gobierno de Maduro?
El pasado 27 de junio, la Sala de Cuestiones Preliminares I autorizó a la CPI para que continúe su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció este lunes, 4 de diciembre, que su Oficina firmó un plan de trabajo con la administración de Nicolás Maduro para facilitar la colaboración con autoridades y la Fiscalía General.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la ONG Provea explicó que esta Oficina tendría «funciones de cooperación y asistencia técnica, acordada en junio 2023 en el Memorándum de Entendimiento».

Añadieron que la firma de este acuerdo «podría significar una inminente oficina del fiscal» de la CPI en Venezuela.

El anuncio fue hecho por el Fiscal de la CPI, Karim Khan, en el inicio de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, desde Nueva York, Estados Unidos.

El pasado 9 de octubre, organizaciones no gubernamentales solicitaron al gobierno de Maduro que hiciera público dicho Memorándum por tratarse de cooperación y asistencia técnica.

«Una construcción de políticas públicas que debe ser con transparencia y asegurando acceso a la información», añadió Provea en su publicación.

El pasado 27 de junio, la Sala de Cuestiones Preliminares I autorizó a la CPI para que continúe su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

En su decisión, los jueces hicieron un recuento sobre la situación conocida como Venezuela I, las acciones del fiscal Karim Khan y los recursos ejercidos por la administración de Maduro para retrasar la investigación.

Los jueces Péter Kovács (presidente de la Sala), René Alapini-Gansou y Socorro Flores Liera destacaron que «sobre la base de numerosos alegatos presentados por Venezuela, la Sala considera que Venezuela parece admitir que no está investigando las alegaciones de hecho subyacentes y los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad».

Asimismo, los jueces señalaron que el Estado venezolano apenas investiga menos de la mitad de los casos que podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad. 

*Con información de TalCual

Expertos consideran que al gobierno le falló la estrategia de victimización ante la CPI
Simón Gómez, profesor de derecho internacional, explicó que el trámite de esta apelación que hizo la administración de Nicolás Maduro «no iba a ser suspensivo» para la investigación
Thairi Moya explicó que ahora solo resta esperar que la Sala de Apelaciones emita su sentencia. Para esto, dice, la CPI debe evaluar y contar con los elementos materiales para avalar una situación y la determinación de una responsabilidad

@Andrea_GP21

En los días 7 y 8 de noviembre se realizaron las audiencias de apelación en la Corte Penal Internacional (CPI), donde el régimen de Nicolás Maduro presentó sus argumentos sobre supuestos errores de la Fiscalía de la Corte en su decisión de continuar con la investigación del caso Venezuela I.

Este evento contó no solo con la participación de representantes del gobierno venezolano, sino también de la Fiscalía de la CPI y la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte.

Durante las audiencias, aunque los representantes del oficialismo trataron de desacreditar el trabajo de la Fiscalía de la CPI, esta instancia rebatió todos sus argumentos.

«Venezuela no está investigando, ni enjuiciando, ni lo hará en un futuro inminente», consideró Paolina Massidda, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la CPI.

 

Por su parte, la Fiscalía de la Corte rebatió cifras de condenas presentadas por la administración de Maduro, a la par que desmontó argumentos del oficialismo sobre supuestos errores en el actuar de la propia Fiscalía.

«Esto es algo inédito, nunca había ocurrido. Las partes pueden expresar directamente a los jueces», sostuvo el abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, en un «Spaces» realizado el 7 de noviembre en la red social X (antes Twitter).

Una estrategia de victimizarse y descalificar

Para el abogado Alí Daniels, el régimen aplicó la estrategia de la «victimización».

«Al final se quería ver como que el gobierno está en indefensión cuando las que están en estado de  indefensión son las víctimas», señaló.

Por su parte, la profesora e investigadora Thairi Moya sostuvo que el chavismo trató de «descalificar» la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares.

Una de las acciones del chavismo en las audiencias fue alegar que muchos documentos que enviaron no fueron traducidos al inglés y francés, únicos idiomas que maneja la CPI.

«Esto viene de la estrategia de llenar de información a la CPI, que no es pertinente, que vinieron a utilizar este argumento para descalificar la decisión de la Sala», señaló Calixto Ávila, abogado y Magíster en Derecho Internacional Público de la Universidad Libre de Bruselas (ULB), en un Spaces que se realizó este 8 de noviembre en X (antes Twitter).

 

A juicio de Ávila, la estrategia de tratar de descalificar esta investigación «es muy peligrosa».

También, el experto resaltó el lenguaje descalificatorio que utilizaron los representantes del chavismo. Aunque es costumbre escucharlos utilizar ese tipo de lenguaje, «no deja de ser sorprendente que rompan los mismos reglamentos de la CPI».

Además, en esta etapa preliminar, para el profesor de derecho internacional Simón Gómez, resulta de gran valor para las víctimas que se exhibiera «este claro desdén del Estado venezolano para combatir los crímenes de lesa humanidad».

El Estado se niega a hablar de las cadenas de mando

Por su parte, la investigadora Thairi Moya consideró que el Estado se encargó «solo de hablar de cadenas de mando y limitarse al momento de establecer responsabilidades» de la misma.

Esa acción, según Moya, es una forma de «desvirtuar el contenido del manejo principal de la corte».

A su vez, Calixto Ávila opinó que durante estas audiencias se hizo frente a un Estado cuyas investigaciones «no son genuinas».

«El tema de los elementos contextuales de los crímenes, si son sistemáticos o si corresponden a una política de Estado, debe ser investigado», señaló el especialista.

 

Además, Ávila consideró que el Estado ratificó su posición de que no se han cometido crímenes de lesa humanidad y que tampoco hay una política de Estado para atacar.

En ese sentido, sostuvo que el chavismo prefiere calificar los incidentes como «hechos aislados» y no reconocer que existe una política de Estado.

«Sigue mostrando que solamente está investigando los mandos bajos», alertó.

Sobre la cadena de mando, Meudy Osío, esposa del concejal Fernando Albán, calificó de «inaudito» que no sea investigada.

«Mi esposo fue injustamente detenido, se le violaron todos sus derechos desde su detención, hubo una desaparición forzada. Fue objeto de torturas y terminó muerto en custodia dentro de las instalaciones del Sebin. ¿Cómo la línea de mando no fue enterada de lo que sucedió con Fernando en el Sebin?», cuestionó.

 

Las víctimas solo confían en la justicia internacional

Un hito que marcó la realización de estas audiencias es que se le permitió a los familiares y víctimas tener una representación. Por primera vez fueron escuchadas.

Sobre esto, Elvira Pernalete, madre del estudiante Juan Pablo Pernalete -asesinado en las protestas del año 2017-, consideró que su familia no obtendrá la justicia que espera en el país, y que espera que ocurra a través de mecanismos internacionales como la CPI.

«Nosotros, durante todos estos años, hemos tenido que enfrentar un sistema de justicia diseñado para violar los DDHH de los venezolanos, y cometer crímenes de lesa humanidad. Nos convertimos en víctimas directas de un Estado», señaló la señora Pernalete en el Spaces del 7 de noviembre.

 

La señora Pernalete también criticó que el chavismo trate de crear una «falsa sensación de justicia ante los organismos internacionales» no reconociendo el «ataque» al que fueron sometidos ciudadanos como su hijo. 

Por su parte, Meudy Osío, esposa de Fernando Albán, quien murió en custodia del Sebin en octubre del 2018, cree que la justicia internacional es la única opción que tienen las víctimas.

«El caso de Fernando (Albán) cumplió cinco años y en Venezuela no se obtuvo la debida justicia que se merece», dijo Osío este 8 de noviembre.

 

En ese sentido, reflexionó diciendo que la única opción que queda a las víctimas y familiares «es acudir a los espacios internacionales, con mucha fe de que algún día se obtenga esta justicia merecida».

¿Qué esperar tras las audiencias?

Simón Gómez, profesor de derecho internacional, explicó que el trámite de esta apelación que hizo la administración de Nicolás Maduro «no iba a ser suspensivo» de la investigación.

No obstante, destacó Gómez, la intención del chavismo parecía ser «armar un show o simplemente de hacer uso de la audiencia como parte de esa cuenta que el gobierno tiene sobre cómo se da el manejo de este proceso».

«El verdadero problema es que si Venezuela está interesada en demostrar que tiene la intención de investigación, es quien debe llevar los elementos de prueba», añadió Gómez.

Por su parte, Alí Daniels señaló que aunque en algunos otros casos la CPI ha sido más lenta, en el caso venezolano no ha habido ningún retraso.

«Luego de esta audiencia pasaríamos a la etapa de sentencia. Ya con lo que oralmente expusieron las partes podrán tomar una decisión más rápido. Podrían sorprender con una decisión en diciembre o en el primer trimestre del año. Es una justicia mucho más rápida», vaticinó Daniels.

 

Finalmente, la investigadora Thairi Moya explicó que ahora solo resta esperar que la Sala de Apelaciones emita su sentencia. Para esto, dice, la CPI debe evaluar y contar con los elementos materiales para avalar una situación y la determinación de una responsabilidad.

Asimismo, la especialista comentó que cuando se pasa a la etapa de investigación, la Fiscalía de la CPI puede determinar nombres, recordando que ya la Fiscalía había anunciado que estaba investigando los hechos.

El establecer responsabilidades le corresponde a la Fiscalía y, cuando ya hay nombres identificados, explicó Moya, se habla de «la existencia de un caso dentro de una situación».

«En ese momento, se permite que el Estado pueda decir que está juzgando a esa persona» señaló Thairi Moya, quien aclaró que esos deben ser juicios «creíbles y con resultados garantizados».

 

«El Estado puede levantar la mano y decir que está investigando y que tiene hechos que lo corroboran. Tiene que mostrar pruebas reales. Lo que interesa son los resultados», acotó.

CPI en segunda audiencia de apelación: En Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad
Paolina Massidda, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal, rechazó que el chavismo pretenda procesar los crímenes de violencia sexual como delitos de tortura o tratos crueles
«Venezuela no ha mostrado que la Sala era irrazonable o no correcta en la conducta de su investigación. La conclusión es que los procedimientos nacionales en Venezuela no reflejan lo solicitado por la Fiscalía», señaló la Fiscalía de la CPI

 

En el segundo día de audiencias en la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), la administración de Nicolás Maduro presentó sus argumentos sobre tres temas relacionados con las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad.

En esta segunda deliberación del 8 de noviembre, la Fiscalía de la CPI rechazó los argumentos del régimen chavista, tal y como lo hizo durante la primera audiencia, el 7 de noviembre, y además una representante comité de la defensa de las víctimas sentenció que mientras se debatía en el lugar, en Venezuela «se siguen cometiendo crímenes con impunidad».

En representación del régimen, el abogado británico Ben Emmerson reconoció que la mayor parte de los casos sobre Venezuela ante la CPI no se han concretado, es decir, siguen impunes.

“Evidentemente, en algunos casos habrá algún sospechoso identificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel”, señaló Emmerson.

En Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad

Paolina Massidda, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal, sentenció que para ellas, «Venezuela no está investigando, ni enjuiciando, ni lo hará en un futuro inminente» los crímenes que ellos, sus familiares o allegados sufrieron.

«Mientras hablamos, en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad», sentenció. 

Indicó que sus observaciones se basan en aportaciones de las víctimas, quienes contribuyeron con pruebas que demuestran la inexistencia de investigaciones nacionales.

«Las víctimas informaron de una fragmentación significativa y un retraso sustancial e injustificado en la realización de algunos procedimientos a nivel nacional. Esto demuestra que las autoridades nacionales no reflejan suficientemente la investigación prevista por el fiscal. Algunas víctimas indicaron que sus casos fueron desestimados sumariamente sin investigación adecuada (…) Otros indicaron que sus casos fueron desestimados porque no se encontró que la naturaleza de los actores fuera criminal (…) Además, informaron que desde 2014 numerosas personas han sido asesinadas ilegalmente durante manifestaciones, no solo por razones de derechos civiles y políticos, sino también por derechos sociales y económicos y que, en la gran mayoría de los casos, los autores no han sido enjuiciados», amplió. 

Por otra parte, Massidda rechazó que el chavismo pretenda procesar los crímenes de violencia sexual como delitos de tortura o tratos crueles.

«La violación y otros tipos de violencia sexual cuentan como elementos únicos constituyentes que son distintos de los de la tortura y trato cruel. Estos crímenes salvaguardan intereses distintos y también abarcan otras cosas para las víctimas”, resaltó Massidda.

Además, indicó que para las víctimas “solo un enfoque global permitirá develar la verdad, los autores inmediatos, reconocerá el contexto de la violencia en la que se produjeron estos crímenes y la naturaleza sistemática de los patrones”.

Tal y como lo señaló en la primera audiencia, Massidda recalcó: «En este momento no hay ninguna perspectiva de que en Venezuela se puedan enjuiciar estos crímenes».

«Aunque haya legislación nacional que abarque la intención discriminatoria, no es la única base al realizar una investigación. La Sala tiene razón al considerar la intención discriminatoria en crímenes ocurridos en Venezuela», agregó.

Solo 4 % de los casos presentados a la CPI recibieron condena

La jueza Luz Carmen Ibáñez Carranza preguntó sobre el estatus de las fichas presentadas sobre los 124 incidentes investigados y si las mismas son documentos oficiales. Ante eso, el abogado Aitor Martínez Jiménez, representante del Estado venezolano, señaló que 113 se encuentran en fase de investigación.

«Los datos actualizados en relación a 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos y registrando avances significativos. Hay tres en fase intermedia, es decir, con una acusación formal; tres en fase de juicio; y cinco condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados», señaló Martínez Jiménez.

 

Con relación a los rangos, Martínez Jiménez explicó que actualmente hay «15 oficiales condenados«, los cuales van «desde oficiales la policía hasta sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana».

«Y sometidos a investigación tenemos dentro de las fuerzas de seguridad a 18 comisarios, 39 inspectores, 9 detectives, 9 supervisores, 2 oficiales jefe, 26 oficiales, y en el cuerpo militar 3 tenientes coroneles, 7 tenientes, 1 mayor, 6 capitanes y 31 sargentos», añadió.

Por su parte, el abogado Ben Emmerson consideró que “no es necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales porque eso no es lo que se plantea”.

«Informamos que hay coroneles y sargentos condenados, pero para la Fiscalía no son rangos altos, aunque no lo tienen definido. La Fiscalía usurpó funciones de la Sala al determinar que documentos debía tomar en cuenta», señaló Emmerson.

También, reconoció que en algunos casos «habrá algún sospechoso identificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel».

Emmerson también señaló que de esos casos, ninguno se ha cerrado o ha concluido completamente. «Ninguna de estas investigaciones han acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua», dijo.

Fiscalía rebate las cifras del chavismo

La representación de la Fiscalía de la CPI en la audiencia de apelación rebatió las cifras que presentó la administración chavista.

«El material venezolano mostrado en la Sala Preliminar no mostró que se habían investigado estos elementos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad (…) La Sala fue razonable e hizo lo correcto (sobre autorizar la investigación)», señaló la representante de la Fiscalía de la CPI.

 

El abogado Aitor Martínez Jiménez señaló que los 124 incidentes reconocidos en la primera audiencia están representados en una nota verbal y 64 expedientes que reflejan 62 casos.

Sin embargo, la Fiscalía de la CPI argumentó que de los 62 casos, 59 se equiparan a los 124 incidentes. Además, resaltaron que en 47 de ellos no se identificaron a perpetradores, 46 se encuentran en fase intermedia, es decir, no se han hecho acusaciones formales, y en 21 casos se identificaron caracterizaciones jurídicas inadecuadas.

 

«Venezuela no ha mostrado que la Sala era irrazonable o no correcta en la conducta de su investigación. La conclusión es que los procedimientos nacionales en Venezuela no reflejan lo solicitado por la Fiscalía», señalaron.

Además, la Fiscalía indicó que se descartó la solicitud de Venezuela de frenar la investigación por dos motivos: «Venezuela no está investigando los crímenes de lesa humanidad ni parecen reflejar los motivos de criminalidad, sobre todo la intencionalidad de los crímenes de carácter sexual».

Canciller madurista: «Crímenes de lesa humanidad nunca han ocurrido»

El canciller del oficialismo, Yván Gil, participó durante la audiencia para emitir un discurso político centrado en negar la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

«Se pretendió utilizar la institucionalidad de la CPI para atacar políticamente a Venezuela sobre la base de una acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido», señaló Gil.

A juicio de Gil, esto perjudica «la credibilidad» de la CPI, poniendo en duda la eficiencia de la misma al comparar su productividad con la del sistema de justicia venezolano.

«Con todo respeto, el número de asuntos resueltos satisfactoriamente por las instituciones del sistema de justicia venezolano, supera con creces el número de casos con condena que ha conducido la CPI en los últimos 20 años. No se trata de una competencia entre la CPI y Venezuela. Es una realidad inobjetable», insistió Gil.

 

Según el canciller, en Venezuela «se han llevado todas y cada una de las investigaciones de manera independiente», y dice que no pueden condenar «artificialmente» para complacer a la Corte Penal Internacional.

 

CPI desmonta argumentos del gobierno de Maduro en primera audiencia de apelación sobre caso Venezuela I
Paolina Massidda, representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI, señaló que las víctimas venezolanas tienen la posición de que Venezuela no investiga ahora «ni lo hará en un futuro»
En representación de Venezuela estuvo el abogado Ben Emmerson, quien aseguró que, según los jueces de la CPI, «funcionarios de alto rango estarían en el centro de la investigación»

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) llevó a cabo la primera audiencia de apelación, donde el régimen de Nicolás Maduro presentó los argumentos para pedir que la Fiscalía no continúe con la investigación sobre el caso Venezuela I.

En la audiencia, que comenzó este martes, 7 de noviembre, Marc Perrin de Brichambaut, juez de la Sala de Apelaciones, explicó en detalle el motivo de las audiencias de apelación sobre Venezuela.

«Venezuela no está investigando o no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes a los que se refiere el artículo 5 del Estatuto (de Roma)», el cual consagra la jurisdicción de la CPI en los crímenes de lesa humanidad.

 

La administración chavista había pedido a la Corte detener su investigación el año pasado sobre la represión gubernamental de las protestas antigubernamentales.

Sin embargo, en junio de 2023, los jueces de la CPI autorizaron al fiscal Karim Khan a reanudar la investigación, considerando insuficientes los procesos judiciales en el país.

Uno de los alegatos del chavismo es que Venezuela no podía investigar adecuadamente las acusaciones del fiscal Khan porque la información de la Fiscalía era imprecisa.

En esta primera audiencia también se abordó la supuesta obligación de parte de la Fiscalía de la CPI de traducir documentos y que se negaran a basarse en ciertos documentos como registros policiales y judiciales.

En representación del régimen de Maduro acudieron a la CPI el abogado británico Ben Emmerson, el canciller Yván Gil, el secretario de Derechos Humanos, Larry Devoe; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Karen García.

La respuesta de la Fiscalía

Los representantes de la Fiscalía de la CPI rechazaron los argumentos del régimen de Maduro, donde alegaron que Venezuela no podía investigar adecuadamente las denuncias de Karim Khan porque su información era imprecisa.

«No se trataba de indicaciones especulativas de hacia dónde se dirigía la investigación, sino de parámetros que tenían mucho sentido y a los que podía responder Venezuela», señaló la representante de la Fiscalía.

Estos parámetros, indicó, incluían calendarios, alcance geográfico, grupo de personas presuntamente responsable, los crímenes de lesa humanidad que presuntamente se cometieron, entre otros.

«Estos hechos eran de la misma gravedad que los que había examinado la Fiscalía. La Fiscalía pidió a Venezuela que ofreciera información sobre estas alegaciones y otros procedimientos que considerara pertinente», agregó.

 

Además, la representante de la Fiscalía de la CPI recordó que esa notificación no requiere por derecho identificar «los actos criminales específicos que la Fiscalía pretende investigar».

Asimismo, resaltó que la notificación al régimen “no tiene por objeto limitar la investigación de la Fiscalía».

«El objetivo de la notificación es permitir a los Estados decidir si esa solicitud de aplazamiento o suspensión se puede hacer y apoyar esa solicitud con información pertinente. No debe ser una lista descriptiva de todas las actividades», dijo.

Las víctimas dicen que no se investiga

Paolina Massidda, representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI, señaló que las víctimas venezolanas tienen la posición de que Venezuela no investiga ahora «ni lo hará en un futuro».

«Las víctimas tienen una posición muy clara. Es que Venezuela no está, ni lo hará en un futuro, investigando los crímenes de sus familiares y amigos», señaló Massidda en su intervención.

Además, respaldó la posición de la Fiscalía de la Corte, donde señala que su notificación al Estado no debía identificar hechos penales específicos que se pretendían investigar «porque no siempre es fácil en el momento en que se inicia esa investigación».

«El nivel de especifidad requerido de un fiscal para evaluar la admisibilidad no es el mismo cuando trata de una situación que cuando trata de un caso en concreto», explicó Massida.

La respuesta del chavismo

En representación de Venezuela estuvo el abogado Ben Emmerson, quien aseguró que, según los jueces de la CPI, «funcionarios de alto rango estarían en el centro de la investigación».

Pero, a juicio de Emmerson, «el fiscal nunca ha identificado a ningún funcionario de alto rango sospechoso de algún delito que pretenda investigar».

También, el jurista insistió en que la acusaciones de la Fiscalía eran tan generales que era «imposible en cualquier sentido práctico que Venezuela respondiera como estaba previsto y se requería».

A eso, los fiscales de la CPI dijeron que no estaban obligados a dar detalles específicos en este momento de su investigación, pero que los documentos proporcionados eran «específicos y significativos» y que Venezuela sí podía responder.

Sobre los supuestos errores de la Sala de Cuestiones Preliminares, al no exigir al fiscal de la CPI no tomar en cuenta los documentos presentados por Venezuela en español, Emmerson afirmó que era la Fiscalía quien tenía la obligación de traducir estos documentos a alguno de los idiomas oficiales de la Corte, es decir inglés o francés.

«El fiscal tiene la responsabilidad de hacer las traducciones necesarias. Venezuela no tiene la obligación de hacerlo, porque esto haría que se aplicase de forma totalmente discriminatoria el Estatuto. Es decir, que cualquier Estado cuyo idioma de trabajo fuese el inglés o el francés no tiene la obligación de traducir los documentos, pero sí los que utilizan el español, que son muchos países pobres», insistió Emmerson.

ONG solicitan hacer público memorando de entendimiento entre Gobierno y CPI
Denuncian que desde el primer memorando no se cumple con el principio de complementariedad 

 

Este lunes 9 de octubre, alrededor de 20 ONG venezolanas entregaron un documento en la Cancillería para exigir que se haga de conocimiento público el segundo memorando de entendimiento entre la Corte Penal Internacional (CPI) y el Estado venezolano.

La misiva remitida al ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil,  pide mostrar el acuerdo del pasado 9 de junio de 2023 en donde se acordó que se crearía una oficina de la CPI en el país.

Consideramos que el memorando de entendimiento es de interés colectivo y por lo tanto, no debe manejarse como asunto secreto de Estado y hacerse público y dar a conocer de tal manera que se le haga seguimiento de las obligaciones y compromisos que suscribió el Gobierno venezolano con la Fiscalía de la CPI”, dijo Marino Alvarado, defensor de Derechos Humanos y asesor del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). 

Alvarado sentenció que desde el primer memorando de entendimiento no se cumple con el principio de complementariedad.

“Porque no hay voluntad política para investigar la cadena de mando, ni a los autores materiales de los crímenes de lesa humanidad”, dijo el abogado.

Nicolás Maduro y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, firmaron a principios de junio de este año un nuevo memorando de entendimiento donde se establece la instalación de una oficina del tribunal internacional en Venezuela.

“Vamos a poder venir a Venezuela más seguido y trabajar de forma más cercana para que Venezuela pueda hacer más respecto a sus obligaciones con el Estatuto de Roma”, manifestó Khan en ese momento.

Por su parte, el fiscal general impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, aseguró que la oficina no recibirá denuncias y precisó que tendrá un “carácter técnico, de formación” y “cooperación” dentro de la complementariedad.

“Nosotros tenemos la clara intención de hacer justicia en nuestro país, sin que un ente trasnacional lo haga por nosotros y lo estamos demostrando”, dijo Saab.

 

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Víctimas de violaciones a DDHH en Venezuela tienen hasta octubre para ser escuchadas en la CPI
Se les preguntará a los afectados si consideran que la reanudación de la investigación del Fiscal de la CPI debe ser confirmada, enmendada o revocada

 

Hasta el mes de octubre tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela para ser escuchadas por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), informó la ONG Defiende Venezuela.

Los afectados podrán exponer sus casos ante la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones de la Secretaría (“VPRS” por su siglas en inglés), en el marco del proceso de apelación en contra de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I que autorizó la continuación de la investigación de la Fiscalía en el caso Venezuela.

En esta ocasión, se les preguntará a las víctimas si consideran que la Decisión del Artículo 18(2), que permite la reanudación de la investigación del Fiscal de la CPI, debe ser confirmada, enmendada o revocada en apelación.

Para esta sesión sólo podrán participar aquellas personas que sean víctimas directas o indirectas y que no hayan participado en la convocatoria anterior. 

“Esta es una nueva oportunidad, para que las víctimas puedan dar sus testimonios sobre los actos atroces a los que fueron sometidos por parte del Gobierno de Maduro”, reza un comunicado de Defiende Venezuela.

La ONG expuso que el texto publicado por la CPI incluye una serie de respuestas a preguntas frecuentes que pueden ayudar a los afectados a sentirse seguros de poder compartir su opinión con respecto al proceso de investigación.

Según el artículo 85 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la CPI, una víctima es una persona natural que ha sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la CPI. También pueden incluirse a organizaciones o instituciones que sufrieron daños directos a alguno de sus bienes dedicados a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias, la beneficencia, monumentos históricos, hospitales u otros lugares u objetos con fines humanitarios.

 

Con información de Defiende Venezuela 

 

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