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Karim Khan en Venezuela: “Mi trabajo no es ser popular”

Sigilosa, recatada, de un día para otro y sin mucho anuncio se produjo este lunes la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan a Venezuela, quien llegó al país para el lanzamiento de «un plan de trabajo» conjunto con el Gobierno de Nicolás Maduro

Su primera escala fue el Palacio de Miraflores, donde un Maduro con liquiliqui negro lo recibió. El canal de propaganda del chavismo, Venezolana de Televisión, no transmitió en vivo ni la visita de Khan a Miraflores, ni su reunión con la vicepresidenta Delcy Rodríguez ni la comparecencia en la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, donde compartió con el presidente del Parlamento y el fiscal designado por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.   

“Mi trabajo no es ser popular y estoy seguro de que no lo seré. Mi trabajo es aplicar la ley. Ha quedado claro que tengo jurisdicción para continuar la investigación”, dijo Khan.

El fiscal de la CPI confirmó la apertura de una oficina de asistencia técnica en Caracas.

El gobierno madurista es objeto de una investigación desde noviembre de 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad.

“Quieren hacer ver al país como Estado fallido porque agarran casos puntuales para señalarnos”, sostuvo William Saab.

La investigación de la CPI quedó paralizada luego que el Estado venezolano se comprometió a investigar supuestos crímenes cometidos durante las protestas de 2017, cuestión que no ha hecho.

En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para retomar la investigación, al desestimar los argumentos presentados por el Gobierno venezolano para que no continuaran las pesquisas por parte del alto tribunal.

En 2023, rechazó una apelación del Gobierno venezolano, que alegó que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado no investiga. 

Organizaciones como Vente Venezuela y otras vinculadas a las derechos humanos enviaron mensajes al funcionario, quien no dijo si en su agenda está previsto reunirse con representantes de ONG y víctimas de la represión.

“El Fiscal de la Corte Penal Internacional  Karim Khan  está en nuestro país. Es oportuno recordar que tenemos seis jefes de Vente Venezuela secuestrados por el régimen y seis compañeros refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas”, escribió Vente Venezuela en su cuenta en X. 

 

 

Bloqueo a candidaturas opositoras anula posiblidad de comicios libres

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó el pasado viernes, 5 de abril, el bloqueo a las candidaturas opositoras, lo que a su juicio «anula» la posibilidad de tener elecciones libres en el país.

Mediante un comunicado, la CIDH rechazó los obstáculos impuestos contra las candidaturas opositoras, «incluyendo aquellos que impiden la inscripción de candidaturas opositoras para las elecciones presidenciales de 2024″.

Para la CIDH, impedir la participación de algunas o determinadas candidaturas opositoras en el proceso electoral, «corrobora que el Poder Electoral no ofrece garantías de independencia e imparcialidad». En ese sentido, consideró la CIDH, «se anula la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas».

Asimismo, recordaron que desde el 21 al 26 de marzo, dirigentes opositores denunciaron que no podían acceder al sistema automatizado de postulaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) por problemas técnicos.

Después que llegó la fecha límite para la inscripción de candidaturas, el 26 de marzo, la candidata Corina Yoris no pudo formalizar su inscripción en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por la persistencia de dichos problemas.

«La Comisión reitera que estas acciones restringen la oferta electoral de los sectores opositores, desincentivan la participación política y perpetúan un gobierno represivo», añadió.

A los obstáculos denunciados por la candidata opositora Corina Yoris, se suman otros actos antidemocráticos como la inhabilitación administrativa de opositores como María Corina Machado y Henrique Capriles, así como las detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel.

«En un Estado democrático es fundamental que se garantice la participación política en condiciones de igualdad. En el caso venezolano es crucial el levantamiento de inhabilitaciones administrativas y el cese de cualquier acto dirigido a desalentar la participación de la población en asuntos de interés público», agregó.

La CIDH llama a adoptar, con urgencia, «medidas para restablecer la separación e independencia del Poder Electoral, del Poder Judicial y demás poderes públicos». Consideran que solo así «se podrá reconstruir la democracia y la confianza en las instituciones públicas».

CLAVES | ¿Qué viene después de la decisión de la CPI?

El pasado 1 de marzo, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) falló por unanimidad a favor de continuar las investigaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad y desestimó una petición del régimen chavista para poner freno a las indagaciones por parte de expertos internacionales. 

La decisión permite que la CPI pueda continuar avanzando en las investigaciones para esclarecer los hechos en el marco de las protestas antigubernamentales, se centre en la búsqueda y recolección de las evidencias, examine pruebas, solicite la cooperación de algún Estado en caso de ser necesario y eventualmente pueda proseguir hacia la rendición de cuentas de los máximos responsables de los crímenes.

“Este proceso demuestra la relevancia del trabajo de las organizaciones en la sociedad civil, pues constituye una victoria no solo para estas entidades, sino también para las víctimas que, a pesar de los obstáculos, han perseverado en la búsqueda de justicia para Venezuela”, dijo la presidenta de la ONG Defiende Venezuela, Génesis Dávila.

Por su parte, Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, sostuvo que el único responsable de que el caso esté en la CPI es el régimen de Maduro.

“Primero por cometer crímenes de lesa humanidad y  segundo por secuestrar las instituciones judiciales del país”.

Diamanti agregó que la decisión de la CPI del pasado viernes refleja la importancia de la cooperación internacional en la búsqueda de justicia y en la protección de los derechos humanos.

La respuesta del Estado no se hizo esperar en la boca de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. “Este órgano de justicia ha demostrado ser politizado, negligente e inactivo. Venezuela revertirá esta decisión y hará valer la verdad por todos los medios”.

De acuerdo a Defiende Venezuela, Un Mundo Sin Mordaza y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, a partir de la decisión de la CPI se manejan los siguientes escenarios: 

Con el fallo, la Sala de Apelaciones de la CPI desestima todos los motivos o alegatos hechos por las autoridades venezolanas y confirma por unanimidad que la investigación debe continuar en vista de incapacidad del régimen madurista para hacer justicia. 

 

El alcance de la investigación puede abarcar hechos anteriores a abril de 2017, como las protestas antigubernamentales de 2014. La fiscalía tiene la facultad de investigar todos aquellos hechos que estime susceptibles de constituir presuntos crímenes de lesa humanidad.

 

A la CPI no le satisface que las autoridades venezolanas realicen algunas investigaciones aisladas contra autores de menor rango. De acuerdo con la corte internacional el Gobierno venezolano no toma en cuenta los elementos contextuales.

 

Venezuela no hizo referencia a ninguna causa concreta en la que esté tomando en cuenta el elemento discriminatorio de la persecución.

 

Pueden investigarse otras formas de violencia sexual y actos inhumanos.

 

El Gobierno venezolano no ha demostrado una investigación progresiva, hay ausencia de pasos sucesivos en los procesos de investigación.

 

Con esta decisión, las organizaciones de la sociedad civil deben reafirmar su compromiso de seguir acompañando a las víctimas en cada paso por conseguir la justicia. 

 

 

 

Tarek William Saab insiste en que en Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad

Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, negó este viernes, 1 de marzo, que en Venezuela se cometan crímenes de lesa humanidad.

Así lo dijo tras la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual desestimó los argumentos del gobierno de Nicolás Maduro y autorizó a la Fiscalía a continuar con la investigación del caso Venezuela I.

«Como Ministerio Público rechazamos esta decisión, que insiste en el camino de la instrumentalización de la justicia penal internacional con fines políticos», aseguró Saab.

El fiscal señaló que la estrategia de «acusar a Venezuela en la CPI» fue, supuestamente, «coordinada» entre Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima «para lograr lo que por otras vías no han logrado».

«Reiteramos que en Venezuela no se han cometido delitos de lesa humanidad», insistió Saab, añadiendo que el Ministerio Público, junto con los órganos de justicia sigue investigando cada caso de «presuntas violaciones a derechos humanos».

Por otra parte, denunció la aplicación de un «lawfare» contra Venezuela, lo que, según explicó, «se puede traducir como persecución judicial, guerra jurídica o guerra judicial».

Saab también banalizó los crímenes de violencia sexual: «Colocan casos como el de ultraje sexual. Imagínense a que supuestamente en un operativo a una joven le tocaron la espalda, le tocaron la mano, y ya lo colocan como un delito de violencia sexual», dijo.

CPI decidió continuar investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

La Sala de Apelaciones confirmó la sentencia del 27 de junio del año 2023, la cual autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Durante la audiencia, Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI, señaló: «Es adoptado por unanimidad. La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnar».

Perrin recordó que Venezuela alegó que la Sala de Cuestiones Preliminares «cometió un error de derecho al no imponer al fiscal la obligación de persuadir, con el fin de demostrar que las causas investigadas por Venezuela no reflejaban suficientemente la investigación del fiscal».

«La Sala de Apelaciones no encuentra motivos convincentes que le lleven apartarse este fallo», puntualizó Perrin.

Según Tarek William Saab, la Sala de Cuestiones Preliminares revisó «apenas revisó el 20 % de la información suministrada» por el Ministerio Público. «¿Para qué se hace un Estado parte del Estatuto de Roma? Es una ofensa a ese memorándum firmado», dijo.

«Es una evidencia más de los sesgos y la intención de tutelar a todo el sistema de justicia venezolano; al estilo del colonialismo jurídico de quienes están interesados a destruir la democracia venezolana», insistió.

Gobierno se queda sin recursos para detener investigación

La directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, explicó que con la decisión de la Sala de Apelaciones se confirma que Venezuela no tiene más recursos para seguir deteniendo y dilatando la investigación de la CPI.

«El proceso va a avanzar, pero no sabemos cuándo y cuánto exactamente va a demorar porque no hay un límite de tiempo particular o establecido en el Estatuto de Roma, pero sí sabemos que ya hoy se le acaban a Venezuela los recursos para tratar de detener la investigación», señaló Ballesta en un conversatorio de expertos sobre el tema.

No obstante, Michelle Reyes, asesora de Human Right Watch (HRW), afirmó que el gobierno de Maduro podría utilizar el principio de complementariedad, lo que implica que la justicia internacional no desplaza a la justicia nacional, sino que se complementan.

Panel de expertos internacionales pide a la CPI investigar crímenes de lesa humanidad más recientes en Venezuela

El Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) saludó la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), que desestimó los argumentos del gobierno de Nicolás Maduro, los cuales buscaban frenar el curso de la investigación Venezuela I.

Durante la audiencia de notificación de la Sala de Apelaciones, donde respondería a una solicitud del gobierno venezolano, la Sala confirmó la sentencia del 27 de junio 2023 que autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad.

Tras esa decisión, el Panel de Expertos Internacionales recordó que presentaron un amicus curiae ante la apelación del gobierno venezolano sobre la decisión de de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar la investigación del Fiscal de la CPI.

El panel está conformado por los expertos Santiago Canton, Irwin Cotler, Manuel Ventura y Joanna Frivet; el secretario Ejecutivo, Rodrigo Diamanti; y la Subsecretaria, Marian Da Silva.

«La decisión de la Sala de Apelaciones llega en un momento oportuno, dado el resurgimiento de crímenes de lesa humanidad en el país, en vísperas de las elecciones presidenciales de 2024 y la reciente decisión de Venezuela de suspender las actividades de la Oficina de Asesoría Técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en Venezuela», señaló el panel mediante un comunicado.

Ante esta decisión, el panel de expertos internacionales de la OEA instó a la Fiscalía de la CPI a incluir en su investigación «los crímenes más recientes cometidos por el Estado de Venezuela en la escalada de persecución por motivos políticos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, de cara a las elecciones de 2024″.

También, los expertos piden a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional «incluir todos los perpetradores, incluidos los perpetradores estatales de alto nivel, advirtiéndoles que tendrán que rendir cuentas por todos los crímenes cometidos».

Para finalizar, el panel recordó que en abril de 2024 presentará su próximo informe analizando las investigaciones y procesamientos internos realizados por las autoridades venezolanas.

La decisión de la Sala de Apelaciones

Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, señaló: «Es adoptado por unanimidad. La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnar».

El funcionario de la Corte recordó que el gobierno de Venezuela alegó que la Sala de Cuestiones Preliminares «cometió un error de derecho al no imponer al fiscal la obligación de persuadir, con el fin de demostrar que las causas investigadas por Venezuela no reflejaban suficientemente la investigación del fiscal».

«La Sala de Apelaciones no encuentra motivos convincentes que le lleven apartarse este fallo», explicó Perrin en el fallo.

Por unanimidad CPI decidió continuar investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió este viernes, 1 de marzo, por unanimidad, continuar la investigación del caso Venezuela I.

Durante la audiencia de notificación de la Sala de Apelaciones, donde respondería a una solicitud del gobierno venezolano, la Sala confirmó la sentencia del 27 de junio 2023 que autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad.

Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI, señaló: «Es adoptado por unanimidad. La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnar».

Los alegatos del gobierno de Nicolás Maduro a la PI

Perrin recordó que Venezuela alegó que la Sala de Cuestiones Preliminares «cometió un error de derecho al no imponer al fiscal la obligación de persuadir, con el fin de demostrar que las causas investigadas por Venezuela no reflejaban suficientemente la investigación del fiscal».

«La Sala de Apelaciones no encuentra motivos convincentes que le lleven apartarse este fallo», puntualizó Perrin.

Por otra parte, el funcionario recordó que Venezuela dice también que la Sala de Cuestiones Preliminares «caracterizó erróneamente la información adicional proporcionada por el fiscal», a lo que argumentó que la Sala de Apelaciones «no encuentra error alguno en las conclusiones de la sala de consejo es criminales en este aspecto».

Además, señaló que Venezuela afirma que la información adicional del fiscal «no cumple con los requisitos de notificación puesto que expone presuntos actos criminales que el fiscal no pretende investigar».

«La Sala de Apelaciones observa en este sentido que no existe la expectativa en esta etapa del procedimiento de que el fiscal tenga que notificar a los Estados de todos los actos que pretende investigar, especialmente en aquellas situaciones repetidas a la Corte que cubren un gran número de presuntos actos criminales», agregó.

Además, explicó que, en efecto, en estas situaciones el fiscal de la CPI «podría no estar en condiciones de identificar la totalidad de las posibles causas abarcadas por una remisión amplia y de comprometerse en una faceta tan temprana del proceso a investigarlas».

«No constituyen en sí un error de la Sala de Cuestiones Preliminares el basarse en la información del fiscal relativa al actos criminales, respecto a los cuales el fiscal no manifieste la clara intención de investigar, siempre y cuando esa información junto con otra información aportada por el fiscal aporte los parámetros generales de la situación y detalles suficientes respecto a los grupos o categorías de personas relacionadas con la criminalidad pertinente», añadió.

«Confirma la falta de voluntad para investigar»

El abogado Joel García reiteró que la decisión de la Sala de Apelaciones autoriza al fiscal de la CPI, Karim Khan, a «reanudar la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela».

A juicio de García, la Sala «no solo ratifica la decisión de continuar con la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, también confirma la falta de voluntad de la justicia nacional de investigar».

 

Reconocen decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI sobre Venezuela

Organizaciones no gubernamentales celebran que la Sala de Apelaciones de la CPI desestimara la apelación del Estado venezolano que «buscaba impedir investigación por crímenes de lesa humanidad, Venezuela I».

En una declaración conjunta, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) consideran que «la respuesta de la CPI supone un giro importante, ya que permite avanzar la investigación de graves violaciones a los derechos humanos y el derecho penal internacional cometidos por el régimen de Maduro».

«Un ejemplo de esta persecución, que sigue aumentando en el país, es el caso de Rocío San Miguel, histórica figura defensora de derechos humanos, que fue arrestada y judicializada el 13 de febrero de 2024 de manera arbitraria por supuestos hechos de espionaje y conspiración, acusaciones carentes de evidencia», añadieron las organizaciones en un comunicado.

Una victoria para las víctimas

Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano, consideró que la decisión por unanimidad de la Sala de Apelaciones de desestimar los alegatos del gobierno de Maduro representa una victoria para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

«El proceso penal contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, continúa. Todos serán investigados y sancionados. Como siempre digo, no voy a descansar en el empeño de sustituir la Venezuela de la venganza, por la Venezuela de la justicia», señaló Solórzano.

Por su parte, Tamara Sujú, abogada y directora ejecutiva del Instituto Casla, recordó que la investigación del caso Venezuela I no se había detenido durante el tiempo que llevó el proceso de apelación.

«Venezuela no ha investigado ni tiene interés en investigar a los altos responsables ni los crímenes de lesa humanidad argumentadas. No hay progreso investigativo. El Estado investiga individualidades», señaló Sujú en X (antes Twitter).

Sujú recordó que la Sala de Apelaciones de la CPI desestimó seis alegatos del gobierno de Nicolás Maduro. «Hoy es el día de las víctimas y sus familiares. Hoy avanza la justicia internacional por crímenes de lesa humanidad en Venezuela».

DDHH Olvidados | Geraldine Moreno: A diez años de una muerte que aún clama por justicia plena
La estudiante carabobeña fue asesinada en el marco de las protestas antigubernamentales de 2014 
Dos sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana fueron condenados a prisión, pero la madre de Moreno, Rosa Orozco, clama para que se investigue a la cadena de mando

 

La mañana del 19 de febrero de 2014 Geraldine Moreno Orozco, de 23 años de edad, agarró su bandera y en compañía de familiares y amigos asistió al cacerolazo convocado en el sector Tazajal de Naguanagua en el estado Carabobo contra el Gobierno de Nicolás Maduro. El país estaba inundado de manifestaciones contra el régimen chavista debido a la escasez de productos básicos, la inflación y la violencia delictiva. Apenas una semana atrás, habían matado a Bassil Da Costa y a “Juancho” Montoya en una manifestación convocada por líderes opositores que arribó a las inmediaciones de la Fiscalía en Caracas. 

El ambiente estaba tenso y peligroso, pero nada impedía la salida a la calle de miles de jóvenes que exigían mejores condiciones de vida y la restitución del hilo democrático.

El grupo donde estaba Geraldine fue dispersado por seis motocicletas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que llegaron disparando perdigones y bombas lacrimógenas sin mediar palabras. Geraldine corrió hacia su casa y fue alcanzada en el rostro por una detonación del sargento Albin Bonilla Rojas, quien no conforme con verla en el piso, volvió a dispararle en la cara. 

La estudiante del quinto semestre de Citotecnología de la Universidad Arturo Michelena fue trasladada inmediatamente al Hospital Metropolitano del Norte, donde luego de tres días falleció a causa de un paro cardio-respiratorio provocado por hemorragias encefálicas y edema cerebral. 

Apenas tres días antes había muerto otra joven en Carabobo también por un disparo en la cabeza; la estudiante y modelo Génesis Carmona.

Dos años después de la muerte de Moreno, el Tribunal 1ero de Juicio de Carabobo condenó a Bonilla Rojas a 30 años de prisión por homicidio calificado con alevosía por motivos fútiles, quebrantamientos de pactos y convenios internacionales y uso indebido de arma orgánica. 

Asimismo, el sargento Francisco Caridad Barroso fue sentenciado a 16 años y 6 meses por complicidad.

Justicia a medias 

“A mi hija la mataron en la puerta de su casa con un pito y una bandera”, dijo Rosa Orozco, madre de Geraldine.

De acuerdo a Orozco, en el asesinato de su hija participaron 24 efectivos de la GNB, pero solo dos fueron condenados.

“Sin embargo, yo sigo yendo al Ministerio Público a llevar solicitudes para que se investigue al resto de los funcionarios y a la cadena de mando, obvio que eso no va a suceder porque la impunidad en la cadena de mando en Venezuela es de 100%”, sostuvo Orozco.

Orozco sentenció que hay suficientes indicios para que la Corte Penal Internacional (CPI) continúe con las investigaciones al Gobierno venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad.

El venidero 1 de marzo la Sala de Apelaciones de la CPI dictará sentencia sobre el recurso introducido por el régimen de Maduro contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de reanudar la investigación.

“Aquí hubo un patrón sistemático y generalizado contra la población civil proveniente de bajos y altos mandos, hay elementos suficientes para que estos asesinatos sean incluidos en la investigación”, sentenció Orozco.

Pese a que para algunos la posibilidad de ver enjuiciados en cortes internacionales a los miembros de la cadena de mando es lejana e incluso improbable, Orozco confía en la justicia fuera de las fronteras venezolanas.

“No creo que puedan evadir la CPI, tengo confianza en las instancias internacionales. Lo que tiene en las manos esa corte es irrefutable, aquí se juzga la culpabilidad de las personas no al Estado, la justicia debería prevalecer”, consideró. 

Más allá de Geraldine

Para Orozco una parte de su corazón se esfumó con la repentina y trágica partida física de su hija hace una década.  

“Dejé de ser una mamá normal para convertirme en una defensora de los derechos humanos, cuando ni siquiera sabía qué significaba eso”, expresó. 

Orozco aseguró que desde pequeña Geraldine la acompañaba a las marchas contra el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y desde ese momento aprendió a luchar por Venezuela: «Geraldine siempre ha sido mi bastón. Le juré a mi hija en su tumba que le iba a dar justicia”.

Animada por ese ímpetu, Orozco fundó junto a la abogada Martha Tineo la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón. 

“Yo soy la directora general y desde 2014 hasta la fecha hemos documentado 334 víctimas. Me he convertido en la vocera de muchas familias, incluso de aquellas que no quieren hablar por miedo”, indicó. 

Orozco pidió a los venezolanos y a la comunidad internacional no comprar la tesis de que las muertes de jóvenes en protestas se perdieron. 

“Nos han menospreciado por eso, juegan al cansancio, a desprestigiarnos, pero hay que ser firmes y si seguimos unidos vamos a lograr la justicia anhelada”, sentenció. 

Manifestó también que cada vez que puede pide perdón a la juventud venezolana: «Porque ellos no tienen la culpa de lo que está pasando, la culpa la tenemos nosotros y no podemos seguir permitiendo que sufran como en 2014 y 2017, tenemos que dejar este país en libertad y democracia para las futuras generaciones”.

Mientras sigue luchando por el restablecimiento de la democracia y la justicia en Venezuela, Orozco -junto a familiares y amigos- asistirá este jueves 22 de febrero a una misa en honor a su hija.

“Será en el parque Geraldine Moreno, aquí en la urbanización Tazajal donde todavía vivo, ese mismo día le vamos a rendir homenaje a Génesis (Carmona), que también era de aquí”, agregó. 

 

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Más de 170 parlamentarios de 14 países piden a la CPI acelerar investigación contra Maduro
Los parlamentarios del Foro Madrid recordaron que el 26 de enero, el TSJ «cerró las posibilidades de una salida pacífica y electoral a la grave crisis humanitaria que vive el país» al inhabilitar a María Corina Machado

Más de 170 parlamentarios miembros del Foro Madrid, que agrupa al menos 14 países, piden a la Corte Penal Internacional (CPI) acelerar la investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

Mediante un comunicado, dirigido al fiscal de la CPI, Karim Khan, los firmantes piden acelerar el proceso de investigación «para que pase a la fase de juicio».

«El objetivo de esta petición es evitar una aún mayor tragedia en Venezuela y evitar aún más víctimas», añadieron.

En el texto, los parlamentarios alertaron que en Venezuela «están dadas las condiciones para que se produzca un baño de sangre, el cual podrá evitarse mediante la actuación oportuna de su institución».

Asimismo, recordaron que desde hace lustros, el régimen chavista «comete crímenes de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma».

«Se trata de asesinatos, torturas, encarcelamientos, desapariciones forzadas, violaciones y persecuciones llevados a cabo de forma sistemática y generalizada en ‘contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque’, usando a los organismos de seguridad para ejercer la represión a “un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos” en los términos en los que alude el Artículo 7 del Tratado de Roma», añade el comunicado.

Además, señalan que los delitos han sido documentados por numerosas organizaciones internacionales, entre ellas, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU (Acnudh), el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) y la propia Fiscalía de la CPI. «Por todo ello existe una investigación abierta en contra del régimen venezolano en la Corte Penal Internacional», recordaron.

También, los parlamentarios indicaron que en Venezuela se han agotado todas las instancias nacionales para castigar estos crímenes, puesto que el Poder Judicial incluido el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), está subordinado al Poder Ejecutivo».

Al respecto, recordaron que el 26 de enero, el TSJ «cerró las posibilidades de una salida pacífica y electoral a la grave crisis humanitaria que vive el país», con la inhabilitación de María Corina Machado, previa desaparición forzada de varios miembros de su comando.

«Tras obstruir los caminos electorales, al régimen venezolano solo le queda la opción de continuar reprimiendo a un pueblo hambriento y acorralado, ejercer cada vez más violencia y cometer aún más crímenes de lesa humanidad, es decir, perpetrar un baño de sangre», agregaron en el texto.