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“Las puertas Bachelet”, nuevo método de tortura en las cárceles venezolanas

La represión y la tortura del régimen de Nicolás Maduro contra los presos políticos ha aumentado tras la visita que hizo a Venezuela la Alta Comisionada de los DDHH de la ONU, Michele Bachelet, hace dos meses, tanto que se han instalado en su honor las denominadas «puertas Bachelet» para criticar el régimen carcelario que sufren los opositores y disidentes.

En su rueda de prensa, la diputada Delsa Solórzano denunció que «han instalado unas puertas a las que llaman ‘Bachelet’». Los carceleros exclaman con un grito: «¿querías a Bachelet?, ahí la tienes», al referirse a las puertas metálicas a las que «les abrieron solo una pequeña hendidura para pasar la escasa comida», ha denunciado la diputada.

El nuevo método de tortura fue notificado por los abogados y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de atender a unos 40 y 50 civiles y militares que se encuentran detenidos en la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, al norte de Caracas.

Los familiares de gran parte de estos presos, casi todos por motivos políticos, también han denunciado ser víctimas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Estas nuevas celdas de máxima seguridad, de 2 por 2 metros, bautizadas con el nombre de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, están sin inodoro ni ventilación. No tienen rejas sino una puerta metálica con una pequeña ranura o rendija por donde pasan la comida.

La diputada Solórzano afirmó que a los presos de la DGCIM los mantienen esposados «todo el día y sólo les quitan las esposas para comer». Las celdas donde están recluidos no tienen ventilación ni luz solar, además el pozo séptico se encuentra dentro de ellas.
Torturas y tratos degradantes

En su informe la Alta Comisionada Michele Bachelet, publicado el 4 de julio, señaló a la DGCIM como uno de los cuatro cuerpos de seguridad donde se cometen torturas y otros tratos crueles, además de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Los otros tres órganos de tortura son el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), el FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) y la cárcel militar de Ramo Verde.

Además Solórzano dijo que teme por la vida de los militares Humberto De La Sotta, Igber Marín Chaparro y Ruperto Molina, al igual que Carlos Marrón (dueño de la página web Dólar Pro) «quienes llevan más de un mes sin ser vistos por familiares ni abogados».

También señaló que el buzo profesional Hugo Marino Salas sigue desaparecido forzosamente y es responsabilidad de la DGCIM. La diputada reiteró que «en esas condiciones corren peligro la vida y la integridad física de todos los presos políticos que se encuentra en la DGCIM».

«No se puede guardar silencio ante tanto horror. Tan solo la emisión de un informe, por contundente que este sea, no basta. Urge el pronunciamiento y acción internacional sobre este tema que obligue al cese de las torturas», aseveró la presidenta de la Comisión parlamentaria especial de Justicia y Paz. También pidió acciones inmediatas de Naciones Unidas y la oficina de Bachelet, al igual que la Organización de Estados Americanos.

Solórzano exigió a la Corte Penal Internacional «actuar de inmediato» en el caso de Venezuela. «¿Todo lo ocurrido no les basta para entender el carácter sistemático de la violación de DDHH en nuestro país? La indiferencia y falta de acción de organismos internacionales los hace cómplices de estos graves hechos».

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 12.07.2019: ALTO: La C.P.I lo aterra
ALTO
LA C.P.I. LO ATERRA:

Según el portal argentino Infobae, tras el contundente y demoledor informe de la Alta Comisionada de Derehos Humanos de las Naciones Unidas, “al presidente Maduro se le habría cruzado una imagen que lo perturbó: la de los antiguos dictadores del siglo XX encarcelados y frente a un tribunal. Nicolás Maduro proyectó la propia. Las fotografías de jerarcas militares latinoamericanos sentados en el banquillo de los acusados se le hizo vívida. Desde Augusto Pinochet hasta Jorge Rafael Videla. Fue luego de que supiera que la Corte Penal Internacional (CPI) podría iniciar en las próximas horas el análisis del durísimo “informe Bachelet”. Sin tiempo y desesperado, evalúa una salida que podría ser póstuma:
intentar bendecir a su sucesor”. Quizás a eso se deban sus avances y retrocesos, sus anuncios de diálogo fructífero, los de que en Barbados ojalá consigamos la paz que tan falta nos hace y otras menudencias que demuestran lo desnudo que lo dejó ante el mundo el detallado recuento de la ACDHONU.

Otras de sus elocuentes palabras en cadena -o en simples transmisiones cuando lanza lo que no quiere se circule mucho- así lo indican pues ha dicho frases como: “pido el cese del conflicto inútil para avanzar en el diálogo por la paz”; “basta de llamados a intervención, sanciones, Venezuela quiere paz”; “Yo insisto en el diálogo, uno, dos, o tres veces, hasta que se den resultados para la paz en el país (…) ya basta de este conflicto inútil de tú me dices, yo te digo, tú me atacas, yo te ataco, basta de golpismo, de conspiraciones, de complots, de llamar a intervención militar del ejército gringo para que vengan a matar a los venezolanos”. Tan solo el pasado 4 de julio aseguró “estoy dispuesto a la construcción de una mesa de diálogo permanente a fin de lograr acuerdos entre gobierno y oposición”.

La cancillería de Noruega llamó a las partes a preservar la reserva de los puntos discutidos “tanto en sus comentarios como en sus declaraciones” para permitir resultados y reiteró su reconocimiento a las partes por los esfuerzos realizados. Violando ese acuerdo secreto con Noruega se ha puesto a comentar los encuentros y hasta presentar un video de los participantes rojos en el hotel de Barbados. Buena parte lo hace con la asesoría cubana para molestar, enfadar y deprimir a los demócratas que no tienen armas ni municiones. Podría añadirle que tampoco tienen reclusos y criminales para lanzarlos a las calles desde las putrefactas y corruptas cárceles como amenazó la ministra de Prisiones, Iris varela…

 

LA AMENAZA:

La ministra Iris Varela, fue entrevistada por Insight Crime después que el ex jefe chavista del Servicio de Inteligencia Sebin, Manuel Ricardo Cristopher Figuera, la responsabilizara de guiar un ejército privado de convictos. Varela además de confirmar las preocupaciones de Cristopher Figuera, advirtió que su ejército podría componerse de 45.000 privados de libertad, justificando su uso -ampliamente denunciado en los últimos meses de represión- por una hipotética amenaza del exterior. “Si ellos nos amenazan con 5000 marines, nosotros tenemos a 45.000 privados de libertad. No 30.000, y ahí corrijo a este Figuera”, dijo la ministro utilizando palabras obscenas. El general Cristopher Figuera fue el más alto oficial venezolano que desertó seguir bajo el mando de Maduro. Durante una entrevista a The Washington Post el 24 de junio, Cristopher Figuera habló sobre la criminalidad interna que lo convenció de apartarse del gobierno de Maduro y recordó una reunión con Iris Varela, cuando le pidió 30.000 rifles para inaugurar su propio ejército privado.

 

Manuel Cristopher Figuera: Maduro ordenó detenciones arbitrarias
Admitió haber seguido fielmente instrucciones de espiar –en persona, vía telefónica o electrónica– a cerca de 40 opositores, y de rendirle informes a Maduro cada dos horas sobre sus movimientos

EL CONVOY DE GUARDAESPALDAS QUE LO ACOMPAÑABAN al desplazarse por Caracas con cinco teléfonos celulares repletos de contactos claves confirmaba la reputación de que Manuel Cristopher Figuera fue un soldado leal que tras su infancia en una casucha de bahareque llegó a ser el jefe de la inteligencia venezolana.

Sin embargo, a medida que el presidente Nicolás Maduro comenzó a solicitarle que se encargara del trabajo sucio –encarcelar a opositores y víctimas de tortura, según declaró– el oficial de inteligencia entrenado en Cuba y Bielorrusia comenzó a perder la fe. En abril pasado, en una demostración de audacia, el musculoso general de 55 años traicionó al líder con el que se reunía casi a diario y en secreto planificó un fallido alzamiento militar que –asegura– estuvo increíblemente cerca de derrocar a Maduro.

Ahora, uno de los grandes desertores del partido socialista que ha gobernado Venezuela durante dos décadas ha venido a Washington para vengarse de quien fuera su jefe, por lo que busca ayuda del mismo “imperio” estadounidense al que había aprendido a odiar para investigar actos de corrupción y violaciones de derechos humanos.

“Yo estoy como el soldado que iza la bandera al revés, que es una señal de auxilio universal”, dijo el general a The Associated Press. “Mi misión es buscar auxilio para que me ayuden a liberar a mi país de la desgracia que está viviendo”.

El martes se reunió con el enviado especial estadounidense para Venezuela, Elliott Abrams. Queda por ver si Cristopher Figuera aún ejerce influencia dentro de la estructura gubernamental y si puede reunir evidencias para sustentar sus denuncias.

Durante una entrevista que duró siete horas en la suite presidencial de un hotel en Washington, Manuel Cristopher Figuera relató por primera vez detalles de lo que describió como órdenes directas de Maduro para cometer abusos, incluyendo detenciones arbitrarias y siembra de evidencias para inculpar a opositores.

Las acusaciones –que AP no pudo verificar– surgen a medida que aumenta el escrutinio sobre el respeto del gobierno de Maduro a los derechos humanos. El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo falleció la semana pasada después de ser arrestado con síntomas posibles de haber sufrido torturas.

Primero como subdirector de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y luego director del temido Servicio de Inteligencia Bolivariana (SEBIN), Cristopher Figuera permaneció junto a Maduro mientras la situación en Venezuela seguía deteriorándose. Durante la profundización de la crisis, dijo haber presenciado y jugado un papel en la consumación de abusos, tales como constatar indicios muy probables de torturas practicadas por terceros a varios prisioneros y no haber evitado la detención de Luis Carlos Díaz, un prominente periodista.

No obstante, el general aseveró que la orden más arbitraria fue la de perturbar el entorno íntimo de Juan Guaidó para quebrar la moral del líder opositor.

Inicialmente, dijo, Maduro quería arrestar a la madre de Guaidó. Cuando Cristopher Figuera le comentó que padecía cáncer entonces pensaron en Roberto Marrero, un estrecho colaborador de Guaidó arrestado desde marzo por presuntamente encabezar una “célula terrorista” dedicada a perpetrar asesinatos.

“¿Qué hago para meterlo preso?”, recordó el general haber preguntado a Maduro durante una tensa reunión celebrada en Fuerte Tiuna menos de 72 horas antes de la detención de Marrero. “Me dijo: ‘Eso no es mi problema. Mételo preso, siémbrale armas. Ve qué haces’”.

Cristopher Figuera sugirió pedirle armas al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, pero Maduro le ordenó acudir a otro general al que pidió a la AP no identificar por nombre para proteger su seguridad.

“Así se hizo”, dijo el venezolano. “Se hizo un equipo multidisciplinario, (ese general) sembró las armas, facilitó ese procedimiento y después yo desde la dirección del SEBIN, se hizo la aprehensión”.

La AP solicitó un comentario al ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, un funcionario allegado a Maduro, sin obtener respuesta de inmediato.

Por lo que denomina su “corresponsabilidad” en el arresto de Marrero y otras detenciones arbitrarias, Cristopher Figuera espera algún día comparecer como testigo ante la Corte Penal Internacional, que mantiene una investigación preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Maduro, denunciados por varios países latinoamericanos, Francia y Canadá.

Sin embargo, el general asegura dormir tranquilo porque nunca ordenó o participó en actos de tortura, aun cuando otros organismos de seguridad le requerían ocasionalmente recibir detenidos prominentes que habían recibido golpizas. Durante los seis meses que estuvo al frente del SEBIN, dijo haber mejorado las condiciones de reclusión en la prisión llamada el Helicoide, donde permanecen opositores de renombre y los prisioneros tienen más acceso a abogados y médicos.

Cristopher Figuera también mencionó que en diciembre de 2018 liberó a cerca de 70 personas que permanecían retenidas debido a que las boletas de excarcelación se incumplían, a veces durante más de un año, a cambio de cuantiosas sumas de dinero.

“Antes de mi llegada, eso era un centro de extorsión y secuestro”, indicó. “Traté de cambiarlo, pero es una cultura que no es fácil”.

No obstante, admitió haber seguido fielmente instrucciones de espiar –en persona, vía telefónica o electrónica– a cerca de 40 opositores, y de rendirle informes a Maduro cada dos horas sobre sus movimientos.

Cristopher Figuera aún se considera chavista –por su admiración al fallecido presidente Hugo Chávez– y la relación con sus nuevos aliados en la oposición puede ser accidentada. Por ejemplo, él rechazó las denuncias opositoras de que Cuba mantiene 25.000 agentes en Venezuela y aseguró que la cifra real se acerca más a 15.000, en su mayoría médicos destacados en retribución al petróleo que la isla comunista recibe del país sudamericano.

El general indicó que alrededor de 15 cubanos conforman el anillo de seguridad de Maduro, incluyendo algunos dedicados a evitar que sufra envenenamiento, pero señaló que la cooperación de los cubanos en las labores de inteligencia se limita a planificación y entrenamiento.

“La oposición no tiene la información adecuada”, dijo. “Ellos tienen un estigma y un rechazo hacia los cubanos”.

Por otra parte, aseveró haberle propuesto a Maduro un cambio de rumbo en una carta de dos páginas que le envió a comienzos de abril en la que lo invitaba a designar un nuevo Consejo Nacional Electoral y convocar elecciones anticipadas con el argumento de que habría sido un repliegue estratégico para retomar la iniciativa ante la creciente presión internacional.

“Mi comandante en jefe”, escribió. “Respetuosamente recomiendo que usted ponga la agenda política ante la polarización que existe en el país, entre el gobierno y la oposición”. La misiva –de la cual AP obtuvo una copia– evoca la Batalla de Santa Inés, un combate durante la guerra civil del siglo XIX en la que un general popular “le concedió terreno al enemigo para ganar tiempo y luego imponerse ante su adversario”.

Su propuesta no tuvo acogida. Días después, con la ayuda de un empresario venezolano afincado en Miami que lo persuadió de pasarse a la oposición, Cristopher Figuera dijo haberse dedicado a planificar un plan de salida para Maduro junto a Padrino López y a Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

El 30 de abril, Guaidó se dirigió a una autopista junto a docenas de soldados y a su mentor Leopoldo López, a quien agentes del SEBIN le permitieron abandonar su arresto domiciliario.

Cuando el plan fracasó –lo que atribuyó a que Moreno nunca cumplió su promesa de emitir un fallo reconociendo a Guaidó y un alzamiento militar masivo nunca se materializó– el general huyó a Colombia. Dos semanas más tarde, su ayudante principal, el mayor Jesús García, apareció sin vida en un motel en lo que Cristopher Figuera describió como una intimidación para que guarde silencio.

Él se dice consciente que su reivindicación será larga ante opositores que hasta hace poco lo acusaron de ser un torturador y espera compartir con las autoridades estadounidenses todo lo que sabe sobre lo que denomina la “empresa criminal” encabezada por Maduro. También quiere conversar con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, quien emitió el jueves un informe sobre Venezuela.

“Yo tengo corresponsabilidad, pero no podía agarrar y pegarle un tiro al tipo, no podía victimizarlo”, señaló.

En febrero, Estados Unidos agregó a Cristopher Figuera a una lista de más de 100 funcionarios venezolanos sancionados por su presunta participación en “tortura masiva, violaciones masivas de derechos humanos y persecución masiva contra quienes desean un cambio democrático en Venezuela”.

Sin embargo, el gobierno del presidente Donald Trump le retiró las sanciones poco después de que desertara y reconociera a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela en un intento de persuadir a otros oficiales militares a imitar sus pasos. Hasta el momento nadie lo ha hecho.

Maduro ha tildado a Cristopher Figuera de traidor que estuvo infiltrado por la CIA hace más de un año. Él rechazó la acusación y dijo que –por instrucciones del presidente venezolano– se reunió con un funcionario de la CIA en República Dominicana en marzo de 2018 con la meta de lograr una tregua que incluyera la liberación del estadounidense Joshua Holt, quien llevaba casi dos años tras las rejas y enfrentando cargos al parecer fraudulentos sobre porte ilegal de armas. Su liberación habría sido a cambio de no imponer sanciones al petróleo venezolano.

“Yo fui con mis temores porque de repente uno está influenciado con tantas películas y yo dije, bueno, estos tipos me pueden desaparecer a mí”, recordó.

Cristopher Figuera insistió en lucir su uniforme militar de gala y sus medallas para acudir a la entrevista con AP. Vestido así por primera vez desde su exilio, logra intimidar con su presencia y timbre de voz grave. El oficial afrodescendiente recibió el apodo de “Pantera Negra” durante los preparativos del alzamiento militar del 30 de abril.

“Sigo siendo un soldado, más allá de que Maduro haya hecho un acto arbitrario de degradarme y botarme de la Fuerza Armada”, indicó. “Me siento orgulloso de lo que yo soy, un soldado, un patriota que está luchando por la libertad de mi pueblo”.

El venezolano aseguró que se mantiene en contacto con altos funcionarios, tales como generales, viceministros y directores de entes públicos que detestan a Maduro pero tienen miedo de actuar. Dijo que la “Operación Libertad” de Guaidó aún está en curso y que él planea regresar pronto a su país.

“En muchas maneras, aún soy el director de contrainteligencia”, remató.

Un buen padre, por Sebastián de la Nuez
No serán tan solo una estadística los jóvenes asesinados durante las manifestaciones de 2014 y 2017. Tendrán rostro e historia. La memoria se escribe cada día, se documenta cada caso y muchos se llevarán a La Haya. El padre de David José Vallenilla Luis, tiroteado frente a la base aérea de La Carlota, está en Madrid para hacer justicia. Y la hará

DAVID VALLENILLA LLEGÓ A MADRID hace tres meses y desde esta ciudad luchará por llevar a Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional de La Haya. Ese es su objetivo, eso es lo que tiene entre ceja y ceja. Que Maduro, Padrino López y otros militares sean condenados por crímenes de lesa humanidad. No es fácil, pero parece moverlo una determinación serena.

—Tengo que ser un buen guerrero, como David José. Quiero tener esa misma gallardía que él tuvo —dijo, durante una conversación, sentado en un banco del parque del Retiro.

Llegó del país donde los padres entierran a sus hijos, y no al revés. Llegó de la tierra arrasada donde los estudiantes les enseñan a los demás ciudadanos a ser valientes y enfrentarse a la barbarie. Tomó buena nota de las lecciones que le dejó su muchacho. Cuando se conversa con David hay que estar preparado para que su voz se le quiebre en ciertos momentos, puede que baje la cabeza —siempre cubierta con una gorra— o que se le pongan los ojos aguados; pero enseguida se repone.

Se ha quedado a vivir en Madrid porque su hijo tenía la nacionalidad española y se supone que el Estado español hará algo a favor de la justicia. A fin de cuentas, se trata de un súbdito del Reino, asesinado el 22 de junio de 2017 por un miembro de la Aviación venezolana, un sargento de 28 años con un nombre de pila tan ridículo como Arli Cleiwy. Le disparó casi a quemarropa desde detrás de la reja que protege La Carlota. El muchacho tenía el siguiente armamento, peligrosísimo para los defensores de la base aérea: un morral, un envase vacío de su última comida, unos lentes de natación y un trapo o pañuelo.

22 DE JUNIO DE 2017, EN CÚA

David José nació el 20 de septiembre de 1994 en Ocumare del Tuy. Su padre lo conoció a través de un vidrio en la sala de maternidad de una clínica privada. Lo acompañaba su propia madre, todavía vivía. Su comentario fue: “Es igualito a ti cuando naciste”.

Se separaron apenas a los dos años de casados, David y Milagros Luis. Ella se fue a vivir a Caricuao con el muchachito. Cuando entró en bachillerato, el cambio lo afectó y comenzó a tener problemas, incluso tuvo que repetir primer año. El padre pidió llevárselo y encargarse de él en Cúa, de modo que todo ese periodo estuvo viviendo en los Valles del Tuy y terminó allí su bachillerato siendo el segundo de su curso. Lo llamaban nerd, cosa que quizás le molestase pues se la comentó al padre. Apenas se graduó de bachiller se fue a Caracas a estudiar Enfermería en la Universidad. Se graduó muy rápido y con notas excelentes.

Al hablar con Vallenilla cualquiera puede darse cuenta: fue un buen padre. Hay tres episodios claves: el muchacho quiso ser modelo a los 18 años, inscribirse en una escuela y todo eso. David convino en ello aunque le advirtió seriamente de algunas cosas. David José hizo su curso, lo transformaron físicamente, fue seleccionado para su primer desfile en el Sambil y al regresar le dijo al papá que no quería saber más de ese oficio.

El segundo episodio fue una perrita que se consiguieron en la calle y que estaba enferma. Le dedicó una noche de desvelo a hidratarla. Puede que entonces se le haya despertado su vocación por la salud. Puede, también, que un tío suyo, el médico Jean Carlo, hermano de crianza de David, le haya acicateado esa vocación. Hay otro familiar importante, Gabriel, que arrastraba problemas por cierta discapacidad y fue una persona muy querida. Murió a los 45, justo un año antes que David José. El joven no quiso asistir al entierro, seguramente no se sintió preparado para aguantar esa despedida. Ahora descansan juntos en el mismo lugar.

El tercer episodio es el negocio que montaron padre e hijo, una administradora de condominios. El muchacho solo ayudaba en el cobro recorriendo los apartamentos, pero seguramente se sentía partícipe de un emprendimiento familiar y esto ha debido tener importancia en su formación.

David vio a David José por última vez el día del padre de 2017, en un almuerzo en el apartamento de su exmujer en Charallave.

—Compartimos ese domingo y al siguiente jueves lo asesinaron.

Después de eso su exmujer y él, que habían mantenido una relación de amistad a pesar del divorcio, se han distanciado.

LA LENTA RESPUESTA

No hay manifestación alguna, al cabo de tres meses, del gobierno socialista de Pedro Sánchez de que apoyará a Vallenilla en su cometido. No ha sido entrevistado por la TV local, que lanza todos los días informaciones sobre la crisis venezolana. Los sagaces reporteros españoles quizás no se hayan dado cuenta de lo que representa Vallenilla y su causa; suelen tenerla, la sagacidad, para llamar “polarización” al exterminio de un pueblo por parte de una mafia enquistada en el poder. Un sacerdote jesuita primero atendió a Vallenilla y ahora le rehúye. Por su parte, él no quiere que su caso sea utilizado como un arma arrojadiza por los partidos políticos ni sirva de catapulta para algunos adalides de los Derechos Humanos en busca de pantalla y viralidad tuitera. Eso lo tiene claro.

Su lucha, también en este lado del charco, luce cuesta arriba. En el acto de presentación del libro de Carol Prunhuber, Sangre y asfalto («135 días en las calles de Venezuela»), el lustroso Antonio Ledezma se quiso robar el show al perorar más de la cuenta sobre lo que debe hacer o dejar de hacer la oposición, y eso que se trataba de un homenaje a las víctimas de la barbarie pues de eso va el libro de Prunhuber. Ledezma habla más de la cuenta en cada oportunidad, quizás alguien debería hacerle entender que en ciertas ocasiones se ve de lo más elegante con la boca cerrada.

Vallenilla, antes, fue supervisor en el Metro de Caracas, donde conoció al OTS (operador de transporte superficial) Nicolás Maduro. Ahora es un activista de los Derechos Humanos, por David José pero también por otros tantos jóvenes que siguen muriendo en las calles de Venezuela. Asegura que existe denegación de justicia, en este caso, pues el culpable fue identificado en su oportunidad por Néstor Reverol (ministro del Interior) y Tarek William Saab (defensor del Pueblo); sin embargo, no fue privado de libertad inmediatamente, tal como indica la ley. Seis meses después fue cuando apareció en los tribunales, en una audiencia preliminar. Es la única vez que lo tuvo frente a frente. Hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo la primera audiencia de juicio. El criminal no admitió los hechos, se acogió al precepto constitucional al declararse no culpable. Si hubiera aceptado los cargos, el juez de Control procede a sentenciarlo de una vez, concediéndole una rebaja en la pena.

—Dudo que esté encarcelado. Hubo seis diferimientos. Hay otro caso que lleva 19 diferimientos de la audiencia preliminar —dice Vallenilla.

Armó un escándalo en las redes y por eso probablemente fue que se consiguió la audiencia preliminar, pero de allí en adelante, nada. El propio juez, en los pasillos del palacio de Justicia, le reclamó que lo estuviera nombrando públicamente.

—Usted haga su trabajo y yo no lo mencionaré —le contestó Vallenilla.

Estuvo a punto de írsele encima a ese individuo, el juez 21 de Control del área metropolitana de Caracas, José Maximino Márquez, cuando se atrevió a preguntarle que por qué su hijo, en vez de irse a la Universidad, había salido a protestar.

El director de la Escuela de Derecho de la UCV lo llamó, a poco de suceder la tragedia, y le dijo que todos los profesores de esa Escuela estaban a su orden para llevar el caso. Escogió a tres de ellos, que hoy en día siguen trabajando y no le cobran un céntimo. Uno de esos profesionales es la abogada María Alejandra Poleo, quien hace unos meses fue a Ramo Verde a verificar si el individuo seguía preso allí. La autoridad que la atendió le dijo que no le daba la gana de decirle si en efecto estaba privado o no de libertad. A los militares no les gusta que el caso se lleve en la jurisdicción civil. Lo que desearían es que el sargento de nombre ridículo fuese juzgado en tribunales militares.

Hay otro protagonista en esta historia, el periodista gocho Golcar Rojas, quien también vive en Madrid y fue quien promovió este encuentro en el parque del Retiro con Vallenilla. Rojas encontró, durante los peores días de la represión en 2014 y 2017, la forma de exorcizar su angustia ante la orfandad de la población civil, ese dolor por el país, ese descorazonamiento por las víctimas de la represión. Durante muchas noches, hasta las tres de la mañana, insomne, escribía con obstinada pasión unos obituarios dedicados a los jóvenes caídos. Insiste escribiendo, dice que lo hace para mantener la memoria viva. Tiene unos 75 obituarios escritos hasta ahora y los juntó en forma de libro que subió a la plataforma online de Amazon. La obra se titula Obituarios de un no-país y es accesible colocando el nombre de Golcar Rojas en el buscador de la tienda digital.

El régimen está empeñado en hacer ver lo que no fue: que las víctimas eran delincuentes, drogadictos o cualquier cosa. El régimen está empeñado en la desmemoria. El régimen cree que sus líderes saldrán impunes de esto. El deber de los periodistas, de los activistas de Derechos Humanos como Vallenilla y de cualquier venezolano con uso de razón y corazón en el pecho, es preservar cada uno de esos nombres, saber cuál fue su historia y cuál su verdad. Creer en la justicia internacional. David Vallenilla no está solo tampoco en España (a pesar de lo anotado más arriba).

 

@sdelanuez

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Amnistía Internacional pide a CPI investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela

LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES SELECTIVAS, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza que ha utilizado el régimen de Nicolás Maduro de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017, pueden constituir crímenes de lesa humanidad, dijo Amnistía Internacional hoy en su nuevo informe Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela sobre los hechos ocurridos en Venezuela en finales de enero de 2019.

“Como hemos denunciado desde hace años, en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, por la que el régimen de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Hacemos un llamado urgente a todos los Estados para que demuestren su respaldo inequívoco a las víctimas de estos hechos y no dejen impunes estos crímenes. La comunidad internacional no puede dar la espalda a las víctimas de esta crisis sin precedentes, tanto dentro como fuera de Venezuela.”

Los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos cometidas en enero fueron llevadas a cabo consistentemente en casi todo el país, con un alto nivel de articulación entre los cuerpos de seguridad a nivel nacional y estatal. No sucedieron al azar ni de forma aislada, sino que formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido por las fuerzas de seguridad en contra de personas identificadas o percibidas como opositoras, particularmente en zonas altamente marginalizadas, con la finalidad de neutralizarlas o eliminarlas.

Las autoridades hasta el más alto nivel, incluyendo Nicolás Maduro, supieron de estos hechos públicos y notorios, y no tomaron las medidas necesarias para impedirlas ni para investigarlas. Por lo tanto, Amnistía Internacional considera que el encubrimiento de estos hechos y otros subsecuentes ha sido parte de la política de represión.

Debido a las características de los ataques en enero, en términos de la gravedad de las conductas, el número de víctimas, el espacio temporal y geográfico en el que se llevaron a cabo a través de la coordinación de distintas fuerzas de seguridad, así como la existencia de indicios de patrones similares en el 2014 y 2017, Amnistía Internacional considera que en Venezuela, podrían haberse cometido crímenes de lesa humanidad, extremo que debe ser determinado por una instancia judicial independiente e imparcial.

Amnistía Internacional recomienda la creación de una comisión de investigación en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante su próximo periodo de sesiones en junio y julio de 2019. Asimismo, recomienda la activación de la jurisdicción universal por parte de aquellos países genuinamente preocupados por la situación en el país, así como la consideración y el estudio de estos hechos por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que mantiene un examen preliminar sobre Venezuela desde inicios de 2018.

El grave deterioro de las condiciones de vida, y las sistemáticas violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, continúan afectando a la mayoría de la población en Venezuela y han obligado a más de 3.7 millones de personas a abandonar el país. Al menos tres millones se encuentran en otros países de América Latina y el Caribe, y muchas de ellas en necesidad de protección internacional.

“Ante las graves violaciones de derechos humanos, la falta de acceso a medicinas y alimentos y la violencia generalizada en Venezuela, hay una imperiosa hambre de justicia. Los probables crímenes de lesa humanidad que las autoridades han cometido no pueden quedar impunes”, dijo Erika Guevara Rosas.

“Mientras no existan caminos claros hacia la verdad, la justicia y la reparación, Venezuela seguirá hundida en esta gravísima crisis de derechos humanos y de represión que hemos observado desde hace tiempo. Lo ocurrido a inicios de 2019, y más recientemente a finales de abril, es una muestra de ello.”

 

Canciller de Colombia aseguró que la CPI puede reabrir caso contra Nicolás Maduro

CARLOS HOLMES TRUJILLO, CANCILLER DE COLOMBIA aseguró este jueves que la Corte Penal Internacional podría reabrir una investigación contra Nicolás Maduro, luego de que la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad realizara varias denuncias contra el oficialista.

De la misma forma, señaló que dicho organismo internacional podría condenar a Maduro, reseñó RCN.

“Que la Corte Penal Internacional resuelva abrir una investigación formal. Que la adelante, que juzgue y condene si considera la Corte,; tiene las evidencias apropiadas. Por supuesto, una orden de captura y todo está previsto en el Estatuto de Roma, y las penas que impone la CPI son altas, hasta 30 años de reclusión”, dijo Trujillo en una entrevista con el periodista Jaime Bayly.

Por otro lado, indicó que la presión de la comunidad internacional contra Nicolás Maduro y los funcionarios afines a él ha dado resultados positivos en instancias como la Organización de Estados Americanos.

Capítulos finales, por Marianella Salazar

NADIE DEBERÍA DUDAR DE QUE estamos viviendo los últimos capítulos de la dictadura de Nicolás Maduro Moros. Su desalojo es un hecho inédito pero cierto, se asemeja a la caída de otros dictadores que por aferrarse al poder terminaron presos o muertos, como es el caso de Alberto Fujimori  que actualmente cumple una larga condena en el Perú y posiblemente muera muy enfermo en prisión;  del panameño Manuel Noriega, capturado por los norteamericanos y llevado a una cárcel estadounidense acusado y juzgado por narcotráfico; del yugoslavo Slódoban Milósevic, entregado a la Corte Penal Internacional de La Haya; o del megalómeno Muammar Gadafi, muy bien recibido en Venezuela por su par venezolano, el difunto Hugo Chávez Frías, pero finalmente derrocado y arrastrado en la calle por una multitud, en el sur de su país, adonde huyó y encontró la muerte, tiroteado sin misericordia mientras pedía clemencia, poniendo fin así a más de cuatro décadas de cruel tiranía.

Deberían preguntarse quién podrá contener la ira y el odio acumulado durante años de sufrimientos, con tantos muertos debido a la falta de medicinas y de tratamientos médicos, por el hambre, la insalubridad y la miseria que convirtieron al país en solo escombros y ruinas. Quizás sea la razón para la reciente huida hacia Colombia del general Carlos Rotondaro, ex presidente de los Seguros Sociales, quien hace denuncias graves sobre la corrupción y las muertes de enfermos de diálisis, en lo que sin duda tiene sus responsabilidades. Pretende salvar su pellejo con la Ley de amnistía y el reconocimiento  de  Juan Guaidó como presidente interino. La tienen bombita para que negocien su salida y escojan un destino como España, donde algunos ya tienen propiedades, dinero -mal habido-  y hasta parte de sus familias, pero están aferrados en sus guaridas, con el apoyo de narcomilitares leales, los paramilitares de los colectivos, bandas delincuenciales que gozan de impunidad, los centenares de cubanos del G2 (la semana pasada llegó al país un equipo multidisciplinario integrado por unos 500 cubanos, especialistas eléctricos y expertos en disuasión de manifestaciones), de sus aliados de la guerrilla colombiana y de los descarados colaboracionistas, que dicen ser de oposición, pero hacen un admirable servicio de bomberos en comparsa con negociadores extranjeros, como el español Rodríguez Zapatero, que intenta darle los últimos respiros, boca a boca, a la dictadura.

En el espectro político han reaparecido los fantasmas del diálogo y las negociaciones, a pesar de que un abrumador 88,9% del país  quiere que se “vayan ya” del poder y no están dispuestos a apoyar diálogo ni negociación alguna, como lo  señala la encuestadora Meganálisis en su último sondeo. No hay que creer en cuentos de camino de otras encuestadoras, que están saliendo al paso para hacer creer que hay un porcentaje importante de la población que quiere negociar. Aquí la única negociación posible es la salida inmediata de Maduro y de sus secuaces.

 

@AliasMalula

El Nacional

HRW y Foro Penal: Fuerzas de seguridad han torturado a decenas de militares y civiles en Venezuela

LAS FUERZAS DE SEGURIDAD VENEZOLANAS han detenido y torturado a decenas de militares y algunos de sus familiares acusados ​​de conspirar contra el Gobierno de Nicolás Maduro en los últimos años, dijeron dos grupos de derechos humanos en un informe publicado este 9 de enero.

El reporte de 10 páginas de Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, y el Foro Penal de Venezuela, que también señala a las fuerzas de seguridad de torturar a civiles acusados ​​de ayudar a un expolicía rebelde asesinado (Óscar Pérez), se conoce cuando algunos países presionan a la Corte Penal Internacional para que investigue al gobierno por presuntos crímenes de lesa humanidad, señala la agencia Reuters.

En el reporte se citaron 32 casos en los que personas detenidas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fueron sometidas a golpizas, intentos de asfixia con bolsas de plástico, cortaduras con hojas de afeitar en las plantas de los pies y descargas eléctricas.

Los agentes de inteligencia “no solo están deteniendo y torturando a militares, sino que en algunos casos también van tras sus familiares u otros civiles cuando no pueden encontrar a los supuestos responsables a quienes buscan”, agregó Vivanco.

En un caso citado en el informe, el día antes de que Maduro ganara la reelección el 20 de mayo del 2018 -en comicios que opositores y críticos consideraron una farsa- oficiales armados sin identificación arrestaron a José Marulanda, compañero sentimental de una sargento del Ejército acusada de conspirar contra el gobierno.

Marulanda, un médico colombiano-venezolano de 53 años, fue golpeado tan severamente en la cabeza en la sede de Dgcim que perdió la audición en su oído derecho, dijeron los grupos.

Con frecuencia, Maduro acusa a Estados Unidos y al gobierno de la vecina Colombia de conspirar para derrocarlo.

Funcionarios venezolanos también dicen que los grupos de derechos humanos minimizan actos violentos de la oposición, incluido una denuncia de incendiar a un hombre en una manifestación y atacar a la policía con explosivos.

Pero el informe del miércoles, que documenta varios incidentes ocurridos en 2018, sugiere que el gobierno está preocupado por la lealtad de los militares tras la crisis económica del país, que provocó una ola migratoria sin precedentes.

Más de 170 soldados fueron detenidos por traición, rebelión y deserción a principios de 2018, en comparación con un total de 196 en todo 2017, según documentos revisados ​​por Reuters.