La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó el pasado viernes, 5 de abril, el bloqueo a las candidaturas opositoras, lo que a su juicio «anula» la posibilidad de tener elecciones libres en el país.
Mediante un comunicado, la CIDH rechazó los obstáculos impuestos contra las candidaturas opositoras, «incluyendo aquellos que impiden la inscripción de candidaturas opositoras para las elecciones presidenciales de 2024″.
Para la CIDH, impedir la participación de algunas o determinadas candidaturas opositoras en el proceso electoral, «corrobora que el Poder Electoral no ofrece garantías de independencia e imparcialidad». En ese sentido, consideró la CIDH, «se anula la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas».
Asimismo, recordaron que desde el 21 al 26 de marzo, dirigentes opositores denunciaron que no podían acceder al sistema automatizado de postulaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) por problemas técnicos.
Después que llegó la fecha límite para la inscripción de candidaturas, el 26 de marzo, la candidata Corina Yoris no pudo formalizar su inscripción en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por la persistencia de dichos problemas.
«La Comisión reitera que estas acciones restringen la oferta electoral de los sectores opositores, desincentivan la participación política y perpetúan un gobierno represivo», añadió.
A los obstáculos denunciados por la candidata opositora Corina Yoris, se suman otros actos antidemocráticos como la inhabilitación administrativa de opositores como María Corina Machado y Henrique Capriles, así como las detenciones arbitrarias de defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel.
«En un Estado democrático es fundamental que se garantice la participación política en condiciones de igualdad. En el caso venezolano es crucial el levantamiento de inhabilitaciones administrativas y el cese de cualquier acto dirigido a desalentar la participación de la población en asuntos de interés público», agregó.
La CIDH llama a adoptar, con urgencia, «medidas para restablecer la separación e independencia del Poder Electoral, del Poder Judicial y demás poderes públicos». Consideran que solo así «se podrá reconstruir la democracia y la confianza en las instituciones públicas».
