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Correo del Caroní

Familiares denuncian desaparición de sidorista Leonardo Azócar luego de ser detenido por la Dgcim
Los cargos imputados al sindicalista son instigación al odio, boicot y asociación para delinquir. Tras su audiencia de presentación en Puerto Ordaz fue remitido a un centro penitenciario femenino en Caracas

Autora: Francesca Díaz, Correo del Caroní

Una semana ha transcurrido desde que el dirigente sindical Leonardo Azócar fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), cuando se dirigía a Sidor para continuar protestando con un grupo de mil trabajadores.

Aproximadamente a las 12:00 de la madrugada del pasado domingo comenzó la odisea para la familia Azócar, cuando perdieron toda comunicación con el sidorista trabajador del área de Laminación en Caliente, con 34 años de trayectoria en la estatal.

Hasta el momento del cierre de esta nota, la familia desconoce su paradero.

«Él asumió el liderazgo de la protesta. Esa es la vida de mi hermano, la lucha sindical. Tendrá sus detractores, pero en la planta lo conocen. Exigimos al Estado que nos dé una fe de vida de mi hermano. No queremos un procedimiento viciado. Él tiene derecho a defenderse», declaró el hermano del detenido, Euclídes Azócar para Correo del Caroní.

La detención del sindicalista se debió a su participación en una paralización en la Planta de Pellas de Sidor iniciada el pasado martes 6 de junio. Días antes de su captura, Azócar denunció al Correo del Caroní la presencia de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en la planta, quienes amedrentaban a los trabajadores, incluso apuntándolos con sus armas con el fin de disipar la huelga.

Según el testimonio de los familiares, nunca fueron avisados de que su hermano estaba detenido. Conocidos y amistades que tienen contactos vinculados con los cuerpos de seguridad del Estado les informaron que el trabajador se encontraba en la sede de la Dgcim en el Club Caronoco, propiedad de Ferrominera Orinoco.

«Él estaba en el Dgcim del Caronoco. El día domingo le permitieron hacer una llamada. Él llamó y nos dijo que lo habían tratado con respeto. En eso no puedo mentir. Ese día le llevamos una comida y una ropa, pero no nos permitieron verlo. No sabemos si se la dieron. Después de eso, más nunca pudimos hablar con él», afirmó Euclídes Azócar.

Cargos y audiencia preliminar 

Para la familia Azócar la situación legal de Leonardo, padre de 8 hijos y sostén de su familia, es difusa. El Estado venezolano le asignó un abogado de oficio y no les permitieron cambiar por uno de ejercicio privado. El caso está en manos de un defensor público, y “nunca tuvimos acceso a ningún tipo de información, ni derecho a una defensa privada”.

El abogado que lleva el caso se ha comunicado con los familiares, quienes prefirieron reservar su identidad y contacto por el momento. A través de este contacto conocieron que los cargos que se le imputan al detenido son instigación al odio, asociación para delinquir y boicot.

El caso permanece a cargó del Tribunal Primero de Control de Ilícitos Económicos y la Fiscalía 3º del Ministerio Público, y Azócar sigue esperando la audiencia preliminar, ya que la presentación transcurrió en Puerto Ordaz. Hasta ahora, la familia tiene conocimiento de que se dictó una medida preventiva con privativa de libertad.

El sitio de reclusión para el detenido fue el Centro de Procesados, Penados y Anexo Femenino del área metropolitana de Caracas II, área de máxima seguridad, ubicado en Boleíta Norte, Caracas.

La información sobre el traslado de Azócar hacia Caracas se difundió desde inicios de la semana pasada entre los trabajadores; no obstante, la fuente aseveró que no tienen certeza sobre si el traslado ya ocurrió o si el trabajador continúa en el estado Bolívar.

«La orden fue que lo trasladaran a Caracas. No sabemos si eso se hizo efectivo o no. La presentación se llevó a cabo, supuestamente, en Puerto Ordaz. Lo llamaron unos minutos antes, imagino que para que no se corriera la voz de dónde estaba mi hermano. Le hemos pedido al abogado que nos deje hablar con él, pero esto no ha ocurrido. Ya se hizo la audiencia de presentación y ahora hay que esperar a la audiencia preliminar» adujeron los familiares.

“Si el gobernador no sabe lo que ocurre en su jurisdicción, que renuncie” 

Al respecto de las declaraciones ofrecidas por el gobernador del estado Bolívar Ángel Marcano, en las que afirmó «no tener información de la protesta» y «no meterse mucho en eso», los hermanos del sindicalista, José Ángel y Euclídes Azócar, aseveraron que si el gobernador no cuenta con información sobre lo que ocurre en su jurisdicción, debería renunciar a su cargo.

«Es un absurdo. Si es el gobernador del estado Bolívar, ¿cómo no va a saber de un problema tan importante?. Cuando Sutiss es el sindicato más importante del estado Bolívar. Si no está al tanto de eso, de verdad que no conoce los problemas de la zona. Debería poner su cargo a la orden», manifestaron.

A pesar de la desesperación, para la familia estas circunstancias no son desconocidas. Luis Leonardo Azócar Malavé, padre del sindicalista, fue el primer presidente de Sutiss, logrando firmar el primer contrato colectivo en Sidor, documento que ha sido la base para todas las contrataciones consiguientes.

Es por ello que el apellido Azócar ha estado vinculado desde hace más de 40 años a la historia sindical, pasos que Leonardo siguió hasta llevar la directiva de Sidor en el año 2014.

 

DDHH Olvidados | Wilmer González: un retrato de cinco años sobre la desaparición forzada
Los familiares del fotoperiodista del Correo del Caroní, Wilmer González, reclaman justicia y celeridad por su búsqueda 
Lucy, esposa de Wilmer, ha denunciado que los cuerpos de seguridad del Estado no llegaron a un conclusión firme, sino a comentarios sobre su presunta muerte a manos de los jefes de bandas de delincuentes en las minas de Delta Amacuro

Desde 2018 el Estado venezolano no sabe qué le pasó a Wilmer Ignacio González Pláceres. El fotoperiodista del medio venezolano Correo del Caroní se adentró un 16 de febrero a las minas de oro clandestinas en la ciudad de Piacoa, en el estado Delta Amacuro, y no regresó. 

Tras cinco años sin saber su paradero, Lucy, esposa de Wilmer, aún presiona al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y al Estado venezolano para saber oficialmente qué ha pasado. 

«Mientras no vea un cuerpo, no puedo decir que está muerto», dijo en su testimonio al portal periodístico La Vida de Nos

Desde la comunidad de San Félix en Ciudad Guayana, estado Bolívar, Lucy aún espera una llamada que confirme oficialmente el estado de su esposo

Retratar  la violencia y el impacto ambiental del Arco Minero

Wilmer González nació el 10 de octubre de 1977 y gran parte de su vida transcurrió en Ciudad Bolívar. Trabajaba como taxista hasta que se hizo chófer para el Correo del Caroní en el año 2008. 

Mientras estaba en el diario acompañando a los periodistas, Wilmer exploró el ejercicio del fotoperiodismo y años después se curtió en la carrera como profesional. 

Uno de sus primeros trabajos destacados fue la cobertura del accidente aéreo el 13 de septiembre de 2010, cuando el avión ATR 42-320 matrícula YV 1010 de Conviasa colisionó en el patio de la empresa estatal Siderúrgica del Orinoco (Sidor)

Durante las protestas contra Nicolás Maduro en el año 2014, González retrataba una manifestación opositora en Ciudad Bolívar cuando fue amenazado de muerte por «grupos oficialistas» si seguía registrando la dispersión de las protestas, reseñó el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela.  

Su dedicación e inclinación para retratar temas periodísticos sobre violencia y derechos humanos lo llevó a colaborar con medios internacionales como The New York Times, la agencia de noticias Associated Press (AP) y El Confidencial, de España. 

Las pautas que más realizaba entre 2016 y 2018 consistían en visitar el Arco Minero del Orinoco para registrar el impacto socioambiental que el proyecto estatal ocasionó (y sigue promoviendo) a la amazonia venezolana. 

El 15 de enero del 2018 publicó junto al periodista Bran Ebus el reportaje «Explorando el Arco Minero» con el portal periodístico Infoamazonia. 

«El último trabajo que él tuvo con el Correo del Caroní fue una cobertura en el Amazonas (en el oeste del Estado Bolívar) dos semanas antes de su desaparición»,  recordó María de los Ángeles Rodríguez, periodista del Correo del Caroní. Desde ese momento el equipo no tuvo más contacto directo con él.

Autoridades no dan respuesta

El último contacto que tuvo Wilmer con su esposa fue una llamada telefónica desde Piacoa. Dijo que estaba haciendo «un trabajo», pero nunca especificó si era una cobertura periodística o extraer oro desde las minas de la zona para subsistir. 

Debido a la emergencia humanitaria que vive Venezuela oficialmente desde el año 2016, distintas personas del oriente del país se han dedicado a extraer oro y otros materiales desde las fosas mineras para cubrir gastos de alimentación y medicinas. En esas zonas de la Amazonía Venezolana distintas ONG han reportado actos de esclavitud moderna, control de bandas delictivas (comandadas por figuras conocidas como «pranes») y la explotación sexual de mujeres y menores de edad

En marzo de 2018, al pasar un mes, Lucy y sus cuatro hijos empezaron a buscar a Wilmer. Familiares del fotoperiodista llamaban a su teléfono y un desconocido los atendía y decía que obtuvo esa línea telefónica en una compra. 

Cuando Lucy fue a denunciar al CICPC la desaparición de Wilmer, le dijeron que «podía haberse escapado con una amante» o que «los pranes ya lo habían matado en las minas»

«Me quisieron extorsionar y todo eso. Me amenazaron», dijo ella cuando se referían a llamadas anónimas que le aseguraban que Wilmer estaba secuestrado. 

Lucy tardó otro mes para levantar su caso en los medios de comunicación. Ella admite que tenía miedo a las represalias estatales y «entorpecer» la investigación del CICPC. 

Pero, a cinco años de la desaparición de Wilmer, las autoridades no dan una respuesta. 

Desaparición forzada: gente sin una conclusión oficial

Wilmer es parte de una lista de personas que han sido catalogadas como víctimas de desaparición forzada, una violación de los derechos humanos en la quie las autoridades se niegan a reconocer o investigar la privación de libertad y, en la mayoría de los casos, ocultar la información sobre el paradero de las víctimas. 

Provea ha identificado 216 víctimas de desaparición forzada en el contexto de detenciones de cuerpos de seguridad del Estado venezolano. En 2022, la ONG FundaRedes reportó 334 desapariciones y secuestros en las regiones fronterizas del país (donde se encuentra Bolívar y Delta Amacuro). 

Lucy y sus hijos siguen pidiendo justicia en su caso. La esposa de Wilmer empezó a investigar por su cuenta sobre el paradero del fotoperiodista y le dijeron que lo habían matado. «En algún momento debo tener una versión oficial de lo que pasó», aspira.

Agradecimientos a Clavel Rangel Jiménez y María de los Ángeles Ramírez

DDHH Olvidados | El Estado le dio la espalda a Onésimo Fernández
Onésimo Fernández fue herido en su columna vertebral por un disparo del ejército venezolano durante la masacre de Kumarakapay, en Bolívar
Provea alega que no existe celeridad para determinar a los responsables de al menos 8 fallecidos del pueblo pemón por más de cuatro años

El 22 de febrero del 2019 marcó a Onésimo Fernández: la bala de un militar de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) le fracturó una vértebra lumbar en Kumarakapay, una comunidad pemón en el sur del estado Bolívar. Desde entonces quedó parapléjico. 

El artesano y agricultor del pueblo pemón murió el 10 de marzo del 2020 por la escasez de medicinas para tratar la herida que el Estado le propinó. Durante un año y dos semanas se mantuvo en las camas hospitalarias de Santa Elena de Uairén y del Hospital General de Boa Vista, en la capital del estado brasileño de Roraima.

«Hasta ahora no hay información oficial que actualice la investigación de ese caso y de ese contexto (del ataque de Kumarakapay)», recalcó Marino Alvarado, abogado y excoordinador general del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea). 

El Ministerio Público designó a cuatro fiscales para investigar estos crímenes dos semanas después de que ocurrió el ataque militar: fiscal 91 indígena, 54 con competencia plena, segundo de derechos humanos y sexto de delitos comunes. Aún no se ha designado a ningún responsable o adelanto en la investigación después de cuatro años

Para el especialista en derechos humanos, el registro y la denuncia de justicia ha permanecido en los informes de las ONG y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Resolución 07-2019, medidas 181-19. 

Testimonios conservados de Onésimo Fernández

En 2019, las fronteras venezolanas estaban cerradas por mandatos de Nicolás Maduro. Los líderes indígenas de Kumarakapay, comunidad que también se le conoce como San Ignacio de Yuruaní, manifestaban desde enero su apoyo a la entrada de insumos por la frontera brasileña para amortiguar la emergencia humanitaria compleja que aún sufre el país. 

Ese día venía un cargamento de medicinas y alimentos desde Brasil gestionado por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por el Gobierno de Estados Unidos como presidente interino de Venezuela en ese momento.

A pesar de que el artículo 119 de la Constitución de Venezuela le otorga soberanía a la etnia en su territorio, cuatro vehículos de un convoy militar intervinieron en la zona y atacó a los habitantes

Fernández recordó para la prensa nacional independiente que el 21 de febrero ya se podían ver unidades militares y el retorno de varios uniformados hasta un puente próximo a la localidad.

A las seis de la mañana empezaron los disparos. La primera de las ocho víctimas de ese ataque, Zoraida Rodríguez, murió en la calle principal de la comunidad. Los demás, como Onésimo, fallecieron semanas después del ataque, la mayoría en hospitales brasileños porque en Venezuela no tenían insumos para tratarlos. 

«Cuando mataron a una señora (Zoraida Rodríguez) yo fui a verla, allí me dispararon. Al esposo (Rolando García) también le dispararon por la espalda. Me aguanté», dijo Fernández al Correo del Caroní un año después de la masacre de Kumarakapay.

Los tres disparos que recibió Zoraida en el pecho fueron mortales. La bala que atravesó a Onésimo perforó su médula ósea y le causó una fractura osteolítica de la vértebra L5. Eran las diez de la mañana cuando él, Rolando García y Klever Pérez llegaron al Hospital General de Boa Vista. 

En Brasil, Pérez fue uno de los primeros heridos en fallecer, el 28 de febrero. García falleció el 2 de marzo. Allí Fernández fue hospitalizado, diagnosticado con paraplejia y se quedó en un tratamiento de siete meses

Según registros de la ONG Foro Penal, al menos 15 heridos causó esa intervención militar y Onésimo era uno de ellos. Pero, dentro de ese grupo, era el que tenía una condición más crítica: la herida de bala en la región toracoabdominal evolucionó con lesión gástrica.

Doble herida: sin acceder a medicinas

La represión militar no se detuvo en  Kumarakapay. Los habitantes de Santa Elena de Uairén también reportaron ataques de militares de la GNB para evitar el ingreso de insumos humanitarios en la frontera brasilera. 

«Quienes pueden, cruzan la frontera para evitar ser detenidos. Cruzan, a través de la selva o de la sabana, burlando el bloqueo; alrededor de 1.300 indígenas pemón, especialmente mujeres y niños, se refugiaron en las comunidades brasileñas. Mientras que los hombres resguardan casas y comunidades. Detienen e interrogan a quienes viven o trabajan en los sitios desde donde fueron captados los videos. Recomiendan borrar videos, fotos, sonidos», escribió la periodista Moreila Morillo para el Correo del Caroní con entradas de su diario. 

Cuando Onésimo regresó a Kumanapakay la población mantenía una especie de toque de queda por temor a futuros ataques. La comunidad, que vive dentro del Parque Nacional Canaima, vivía del turismo y se mantuvo desolada por más de un año

Pese a los aportes de varias ONG y de los habitantes de la zona ayudaron para el tratamiento, la condición de Fernández empeoró. El dolor se acentuó. Dejó de comer y hablar. No podía dormir más de 2 horas.

Los familiares de Onésimo no podían costear ni conseguir las medicinas que necesitaban, aquellas que se podían encontrar en la ayuda humanitaria que el Estado se negó a recibir con balas. 

Un año después del incidente, la octava víctima del 22 de febrero del 2019 murió en el Hospital Rosario Vera Zurita de Santa Elena de Uairén, en el municipio Gran Sabana, al sur de Bolívar. Onésimo Fernández tenía 49 años. 

«No hay nada que hacer, amaneció muy mal y solo está funcionando su corazón», informó horas antes su hermana Yelitza Fernández al Correo del Caroní.

La ausencia es la marca que dejó el 22 de febrero del 2019 en Kumanapakay. La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) contó un mínimo de 1.300 pemones que se desplazaron forzadamente a Brasil para resguardarse del Estado venezolano —y no se sabe cuántos han regresado—. Al menos 13 indígenas fueron detenidos en el contexto de los ataques a Kumarakapay y a Santa Elena de Uairén, según la ONG Kapé – Kapé.

Otros líderes indígenas, como Ricardo Delgado, tuvieron que refugiarse en Brasil como exiliado político. Mientras tanto, los familiares de las víctimas aún esperan por la justicia de civiles que solo querían alimentos y medicinas bajo una crisis humanitaria. 

Fiscalía en silencio tras hallazgo de cuatro fosas clandestinas en minas de Bolívar
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha ofrecido declaraciones oficiales sobre el avance de las averiguaciones, la ubicación exacta de las fosas y la cantidad de cadáveres encontrados en el territorio minero

 

Foto: Domingo Hernández Lárez

 

El portal web Correo del Caroní reseñó que el Ministerio Público (MP) se mantiene en silencio tras el hallazgo de cuatro fosas clandestinas en las minas de Bolívar. 

Durante las incursiones militares de noviembre e inicios de diciembre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reportó vía redes sociales el hallazgo y aseguraron que las osamentas humanas fueron encontradas en lugares controlados por el grupo delincuencial Las 3R.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha ofrecido declaraciones oficiales sobre el avance de las averiguaciones, la ubicación exacta de las fosas y la cantidad de cadáveres encontrados en el territorio minero.

Cifras compiladas por oenegés muestran que más de 150 personas vinculadas con la minería ilegal han desaparecido en Bolívar desde 2012. 

Según Correo del Caroní, en dicho estado han ocurrido más de cuatro masacres, más de 90 desaparecidos, líderes indígenas asesinados, pueblos desplazados y más de 3.500 mujeres víctimas de explotación sexual y laboral, producto del patrón de violencia inherente a la explotación de minerales.

Ronnie Boquier, abogado y coordinador del área jurídica de la ONG Cofavic, declaró en entrevista que los familiares de estas personas que están ahí enterradas no son los únicos afectados. “Es la sociedad entera la que necesita respuestas. ¿Por qué hay fosas comunes en el sur? Se debe llegar a la verdad”, dijo.

“Es probable que estas personas fueron ejecutadas de manera arbitraria, y se tienen que aplicar los protocolos necesarios para determinar la manera en que murieron y quiénes fueron los responsables de estos hechos”, agregó.

 

El portal web destaca que el MP está en la obligación constitucional de abrir una línea de investigación amplia para determinar muertes potencialmente ilícitas, desapariciones forzadas y demás delitos que impliquen o no la participación directa de funcionarios del Estado involucrados, tal como lo establece también el Protocolo de Minnesota sobre muertes potencialmente ilícitas.

 

*Vea la nota completa AQUÍ

Muerte de cuatro indígenas yanomami a manos de militares sigue impune a tres meses del hecho
A tres meses del suceso, los testigos claves siguen aislados arbitrariamente en el Hospital Militar Carlos Arvelo en Caracas
La muerte violenta de los indígenas fue denunciada ante distintos organismos internacionales

 

Hace tres meses cuatro indígenas yanomami murieron a manos de militares en el sur de Amazonas. Pero el delito sigue impune.

El medio regional aliado Correo del Caroní informó que los testigos claves del hecho siguen aislados arbitrariamente en el Hospital Militar Carlos Arvelo en Caracas.

En trabajo de la periodista Laura Clisánchez reseñaron que Seyoma Silva, madre de Borges Sifontes, -adolescente de 16 años herido en los hechos denunció formalmente ante el fiscal superior del estado Amazonas  la retención arbitraria de su hijo.

En redes sociales Olnar Ortiz, abogado y coordinador nacional de pueblos indígenas de la organización Foro Penal, ofreció detalles de la denuncia el 24 de junio. 

Traslado arbitrario a Caracas

El asesinato los indígenas ocurrió el 20 de marzo de 2022 en  Parima B, municipio Alto Orinoco del estado Amazonas.

En esa fecha, hubo un enfrentamiento entre indígenas yanomami y efectivos de la Aviación Militar de una base de seguridad fronteriza.

Esto debido a que los castrenses negaran el uso o devolución de un router para acceso a internet que era propiedad de los indígenas.

Tras los hechos, a dos de los heridos, Borges Sifontes y su hermano Gabriel Silva, los llevaron al Hospital Militar de Caracas. Y ni la familia, defensa legal o diputados pueden tener libre acceso a la habitación de los testigos. 

«Se les prohíben las visitas y salir del cuarto (…) Antes del traslado, Sifontes fue operado tres veces en el Hospital José Gregorio Hernández de Puerto Ayacucho. Y requería otra cirugía, pues presenta una fractura expuesta de hombro izquierdo, herida de bala en la pierna derecha y anemia severa (…) Ortiz denunció que al muchacho solo le administraban calmantes«, explica el Correo del Caroní.

El medio también recuerda que a los militares heridos también los sacaron de Amazonas tras pasar cinco días retenidos por la comunidad indígena.

Según denuncias de ONG, el Estado ha intentado «negociar con la comunidad y ocultar los hechos».

Por otra parte, el caso fue denunciado ante la relatoría de derechos de los pueblos indígenas de la ONU,  la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional.

Pero, a nivel de la justicia local, no hay avances.

Lea el trabajo completo en el medio aliado regional Correo del Caroní

Estado venezolano continúa con ataques a la prensa libre en Bolívar
En los nueve primeros meses de 2020  se produjeron al menos 796 violaciones a la libertad de prensa en Venezuela

Este martes 20 de octubre tres unidades del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se apostaron a las afueras de Correo del Caroní, en Puerto Ordaz, en un allanamiento que se extendió por 6 horas. El hecho culminó con el traslado de la secretaria del director del medio y una periodista (a la cual le incautaron su computadora) hasta la sede del organismo.

Abundaron las irregularidades. Susana Reyes y María Ramírez Cabello estuvieron en el mismo lugar donde hace tan solo 8 días estuvo el director del Correo del Caroní, David Natera Febres, tras un allanamiento a su propiedad. La única información que les fue suministrada es que serían trasladadas hasta la sede ubicada en Vista Al Sol en San Félix, para rendir declaraciones.

Además, Correo del Caroní alertó el pasado martes en su cuenta de Twitter que los funcionarios prohibieron la entrada del abogado de la Editorial Roderick, Germán Borregales, a la sede del medio de comunicación. La periodista y la secretaria, luego de ser trasladadas hasta Vista al Sol, fueron liberadas tras 3 horas.

Pero no es la primera vez que este tipo de ataques suceden contra el personal de Correo del Caroní. El 31 de julio efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), detuvieron arbitrariamente y robaron al reportero gráfico William Urdaneta mientras hacía su trabajo.

Jhoalys Siverio, periodista de Correo del Caroní, consideró que lo que está ocurriendo es un ataque en contra de la libertad de prensa y los medios independientes: “Recordemos que hace 8 días fue el allanamiento a la residencia de David Natera Febres, quien es director del Correo del Caroní y dos días después el allanamiento al medio internacional 15 Minutos en Caracas, cuyo fundador es David José Natera, hijo”.

“Este hecho no nos va amedrentar; seguiremos ejerciendo y cumpliendo con  nuestro trabajo que es informar, llevar la verdad ante nuestros lectores que es un compromiso que tenemos”, agregó Siverio.

Derecho vulnerado

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 58, consagra que “toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo a los principios de la Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada por informaciones inexactas. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral”.

Siverio destacó que este allanamiento al Correo del Caroní no es solo contra el medio, “no descartamos que vengan más ataques a la familia Natera Febres por las otras propiedades comunicacionales que se tienen como Pentagrama y TV Guayana”.

La periodista también destacó: “Hay otros medios de comunicación en todo el país que han estado pasando en los últimos meses por estas mismas arbitrariedades y creo que es porque el régimen no ha terminado de callar las voces de quienes ejercemos el periodismo de manera independiente en Venezuela. Que a pesar de que cierran medios impresos, emisoras, televisoras, nos reinventamos para seguir llevando información veraz a cada uno de los ciudadanos, sobre todo en este tiempo cuando hay tanta desinformación”.

Persecución en aumento

En los nueve primeros meses del 2020 en Venezuela se produjeron al menos 796 violaciones a la libertad de prensa. La ONG Espacio Público documentó 49 de ellas en septiembre. La mayoría fueron por intimidación, hostigamiento judicial y amenazas.

La mayoría de las víctimas fueron periodistas (48 %), medios de comunicación (4 %) y particulares (4%). Los principales agresores fueron los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y funcionarios, según los datos de Espacio Público.

Yoger Contreras, coordinador del equipo de monitoreo de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) Venezuela, señaló que el hecho más reciente contra el diario Correo del Caroní deja en evidencia lo que han venido denunciando desde la organización desde hace un par de años: “El escenario de la libertad de expresión y prensa en el país es de vulneración absoluta, donde el Estado Venezolano se convierte en el ente agresor, intimidador contra la labor informativa”.

“Este escenario, donde también han sido afectadas dos miembros del medio, siendo trasladadas a una sede militar con la intención de declarar sobre lo ocurrido en ese allanamiento, muestra ese poder censor que tiene el Estado venezolano con la intención de intimidar, callar, generar expectativa en la sociedad venezolana de forma negativa; y donde hay la clara invitación a generar un temor hacia el resto de los medios de comunicación”, sumó Contreras.

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) alertó el día martes en su cuenta de Twitter: “Rechazamos esta agresión a la sede y al equipo de Correo del Caroní, un medio de comunicación que ha denunciado violación a los ddhh; este allanamiento busca vulnerar aún más la libertad de prensa en tiempos de emergencia humanitaria compleja”.

Codehciu exhorta al Estado a garantizar el respeto de los trabajadores de la prensa libre y condiciones óptimas para estos. Y destaca el esfuerzo que los medios de comunicación y periodistas hacen diariamente para documentar, denunciar y narrar la emergencia humanitaria compleja en el país.

Liberan a periodistas del Correo del Caroní tras cinco horas de arresto
Luego de seis horas de allanamiento a las oficinas del periódico, funcionarios del Sebin se llevaron detenidas a las trabajadoras y decomisaron cuadernos administrativos y una computadora

La periodista María Ramírez Cabello y su compañera de trabajo Susana Reyes, ambas del diario regional Correo del Caroní, fueron puestas en libertad este martes luego de horas bajo arresto en el estado Bolívar, informó el rotativo.

«Susana Reyes y María Ramírez Cabello fueron liberadas luego de estar cinco horas detenidas arbitrariamente en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)» en la ciudad de San Félix, indicó el periódico en su cuenta de Twitter junto a una fotografía de ambas mujeres.

La información fue difundida en la misma red social por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que agregó que a ambas «les devolvieron sus teléfonos celulares».

El rotativo había informado antes que, tras seis horas de allanamiento a las oficinas del periódico, funcionarios del Sebin se llevaron detenidas a Ramírez y Reyes y les habían decomisado cuadernos administrativos y una computadora.

Una fuente del sindicato aseguró a Efe que las mujeres estuvieron durante más de tres horas «detenidas y sin abogados».

Allanamiento al diario

Un grupo de agentes del Sebin allanó este martes, en la ciudad de Puerto Ordaz, la sede del periódico Correo del Caroní, cuyo director, David Natera, fue detenido durante unas horas el pasado 12 de octubre.

Cerca de las 10.10 hora local (14.10 GMT), el diario denunció en su cuenta de Twitter que una comisión del Sebin allanaba la sede e impedía la entrada al abogado del medio, Roderick Germán Borregales.

«Me dijeron que no podía estar. Que me saliera. Ellos dicen que es una visita domiciliaria pero no es más que un eufemismo para disimular un allanamiento», dijo Borregales, según recoge el propio diario en Twitter.

Detenciones anteriores

El pasado 12 de octubre, varios miembros del Sebin allanaron el domicilio de Natera, y posteriormente le detuvieron durante unas horas.

El rotativo detalló entonces que Natera estaba solo en su casa cuando llegaron los funcionarios policiales, que durante cerca de una hora no autorizaron la entrada de su abogado, Eliézer Calzadilla.

Posteriormente, le dejaron ingresar durante unos cinco minutos, si bien no le permitieron continuar en el interior, puesto que no tenía una identificación profesional.

El pasado 31 de julio, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvieron «arbitrariamente» al reportero gráfico William Urdaneta, también del Correo del Caroní, según denunció entonces el SNTP.

Urdaneta fue arrestado durante varias horas en Puerto Ordaz mientras tomaba fotografías del tráfico en la avenida Guayana, así como la actividad comercial, puesto que en el estado Bolívar se había radicalizado en ese momento la cuarentena para frenar la covid-19.

Denuncian hostigamiento a la prensa 

La ONG Espacio Público documentó en septiembre pasado 49 violaciones a la libertad de expresión, de los que la mayoría fueron por intimidación, hostigamiento judicial y amenazas.

La mayoría de las víctimas fueron periodistas (48 %), medios de comunicación (4 %) y particulares (4 %). Los principales agresores fueron los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y funcionarios, según los datos de Espacio Público.

Sebin allana la sede del diario Correo del Caroní
La orden del allanamiento fue emanada de un tribunal de Caracas, aunque no se indicaron las razones

 

Este martes, 20 de octubre, la sede del diario Correo del Caroní, en el estado Bolívar, estaría siendo allanada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Aunque aún se desconocen los detalles del por qué del procedimiento, la editora del diario, Clavel Rangel, calificó la acción de «arbitraria, ilegal e injusta contra la libertad de prensa y de expresión».

El hecho ocurre luego de que la residencia del director del diario, David Natera, fuera allanada por funcionarios del Sebin la tarde del lunes 12 de octubre y posteriormente trasladado a la sede de ese organismo en el estado Bolívar, donde estuvo cerca de cuatro horas retenido hasta que se le dejó en libertad a las 10 pm.

En esa oportunidad, Trabajadores del Correo del Caroní se dirigieron a la residencia del director del medio de comunicación para manifestar su respaldo. Una hora después de iniciado el procedimiento por parte del Sebin denunciaron que no los dejaron ingresar a la casa, donde Natera se encontraba solo y que tampoco se permitió la presencia de abogados del Foro Penal.

El jefe máximo del Sebin en la región estaba a cargo del operativo. La orden emanó de un tribunal antiterrorismo de Caracas, aunque no se indicaron las razones.

La organización Provea calificó el allanamiento como una acción arbitraria, ilegal e injusta y exigió respeto a la libertad de prensa y expresión en Venezuela. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) también informó el hecho a través de su cuenta en Twitter.

El pasado miércoles 14, las oficinas del portal web internacional 15minutos.com, propiedad del empresario David José Natera Avilán, hijo del dueño del Correo del Caroní, David Natera Febres, también fueron allanadas por las fuerzas de seguridad del estado.

De acuerdo con un comunicado publicado por el medio de comunicación, una delegación del Sebin se presentó en las inmediaciones del mismo, ubicado en la urbanización Las Mercedes, Distrito Capital, las cuales se encuentra cerradas desde el pasado mes  de marzo. “Al momento del allanamiento nadie se encontraba en el recinto”, expresó el documento.

 

 

*Con información de TalCual