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Un sendero manchado por violencia y corrupción conecta el oro venezolano con el mundo

UNA NUEVA INVESTIGACIÓN DESCUBRE cómo las fuerzas militares corruptas, las bandas venezolanas y la guerrilla colombiana se benefician de la falta de control gubernamental y se enriquecen con la minería ilegal y el tráfico de oro venezolano.

 El oro extraído por las manos de miles de mineros informales es explotado en el Arco Minero y el Parque Nacional Yapacana para luego ser traficado a través de la frontera con Colombia.

 

 El año pasado, Colombia exportó más oro del que produjo. Este es el primer indicador de lavado de oro. Después de borrar el origen sombrío, el oro es revendido a grandes corporaciones en Estados Unidos y Suiza.

 Los traficantes llevan los minerales venezolanos hacia Aruba y Curazao donde el origen real del oro es borrado. Cuando los metales preciosos llegan a los clientes internacionales, los documentos indican que se ha obtenido en alguna de las dos islas caribeñas.

 

Sin ningún inconveniente, aerolíneas reconocidas de transporte aéreo vuelan toneladas de oro desde el Caribe hacia los Países Bajos donde luego es llevado a las refinerías a lo largo de Europa y el Medio Oriente.

La investigación, que implicó un año de más de 200 entrevistas y cobertura en los estados Amazonas y Bolívar en Venezuela, Colombia, frontera colombo-venezolana e islas del Caribe neerlandés, es el resultado de una alianza periodística entre Infoamazonía (Brasil), Runrunes y Correo del Caroní (Venezuela), Miami Herald  (Estados Unidos) y De Correspondent (Holanda). El proyecto fue posible gracias a la Human Rights Foundation y contó con el apoyo del Fondo Holandés para Proyectos de Periodismo.

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2017: el año en que más se ha pisoteado la libertad de expresión

OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN SE SUMA a la larga lista de los que han tenido que bajar la “santamaría” este año por presiones del gobierno, por problemas presupuestarios o incluso por ambos. En esta ocasión le tocó al diario Tal Cual, el cual despide a su versión en papel para quedarse únicamente con la digital.

Tal Cual es el quinto medio impreso que sale de circulación indefinidamente en 2017, luego que lo hicieran el Correo del Caroní, La Nación, El Impulso y La Verdad.

A este grupo de periódicos que dejan una considerable cifra de personas sin empleo, hay que agregar a otro tanto que han detenido su circulación parcialmente por escasez de material.

Según la organización no gubernamental Espacio Público, hasta finales de septiembre de este año 17 medios impresos han dejado de circular parcial o permanentemente, ocho canales de televisión salido del aire y 49 emisoras del espacio radioeléctrico han sido apagadas. Aunado a ello, doce portales de información han sido atacados y periodistas encarcelados, robados, hostigados y amenazados, especialmente durante las protestas contra el gobierno de Maduro que se produjeron entre abril y julio.

A continuación un recordatorio de los medios y casos más emblemáticos de violación a la libertad de expresión en 2017:

1- CNN en Español, allá vamos: En febrero de este año, el gobierno venezolano a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), decidió “bajar la cuchilla” de CNN en Español luego que la televisora estadounidense con sede en Atlanta transmitiera un reportaje de investigación sobre la presunta entrega de pasaportes venezolanos a miembros de células terroristas vinculadas al Hezbollah, donde estaría involucrado el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami,

La entonces canciller Delcy Rodríguez acusó a la cadena de promover “una operación mediática imperial” contra la administración de Maduro.

El gobierno a través de la Fiscalía nunca abrió una investigación al respecto, solo optó por bloquear la señal del canal fundado por el magnate Ted Turner.

Luego de instaurada la asamblea nacional constituyente el 30 de julio, las televisoras colombianas Caracol, RCN y El Tiempo TV salieron de las cableras supuestamente por la cobertura que le dieron a la presencia de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, en territorio neogranadino.

Por otro lado, Conatel decidió enviar al limbo a la Televisora Cultural de Tovar (TCT) tras una sola visita, en la cual las autoridades argumentaron que no poseían los permisos correspondientes de transmisión.

“Lo que alega Conatel es la falta de documentación. Toda esa burocracia opaca se presta como un brazo institucional para restringir líneas editoriales, no hay transparencia para adjudicar ni revocar concesiones”, dijo Marisabel Rodríguez, coordinadora de Libertad de Expresión de Espacio Público.

2 – Cien por ciento libre: El viernes 25 de agosto a las siete de la noche, una comisión de Conatel ingresó a las instalaciones de 92.9 FM en Las Mercedes,  sacó de frecuencia a la emisora juvenil, se adueñó de las instalaciones y encendió “Radio Corazón llanero”. “Cerraron una emisora como 92.9, con la irreverencia de la juventud, el gobierno quiere promover una ley contra el odio, qué más odio que el del gobierno contra los periodistas”, dijo Tinedo Guia, presidente del Colegio Nacional de Periodistas.

El mismo día también salió del aire Mágica 99.1, otra emisora critica al gobierno con programas de opinión conducidos por periodistas como Marianela Salazar y José Domingo “Mingo” Blanco. “Todo empezó con una entrevista que le hice al abogado Juan Carlos Sosa Azpúrua en ‘La Hojilla’, me acusaron de propiciar una invasión gringa; nos dijeron que en nueve oportunidades habíamos entrado tarde a la cadena, luego de eso llevaron a los gerentes al Ávila y en sus narices los sacaron del aire”, dijo Blanco.

No conforme con borrar a la radio responsable de programas como “Rockadencia” y “El Monstruo de la Mañana”, Conatel también abrió dos procesos administrativos contra su hermana en la frecuencia AM, RCR, cuna de RCTV. La acción se produjo en vista de que la estación supuestamente no transmitió la cadena donde se hizo el lanzamiento del satélite Sucre y debido a que en el programa “La Linterna” se incitaba a emplear armas de guerra y arrojar excremento a las personas.

Hasta finales de septiembre de este año, 46 emisoras (44 en el interior y dos en Caracas) han sido afectadas de alguna u otra forma por Conatel según Espacio Público.También se han suscitado alteraciones en la programación de las estaciones por amonestaciones específicas, tal es el caso del espacio “Calma Pueblo” en La Mega 107.3 FM, que salió de circulación luego que sus conductores fueran amonestados por cuestionar a un menor de edad debido a sus preferencias políticas y llamarle homosexual, según lo expuesto por el ministro de comunicación, Ernesto Villegas.

Asimismo al periodista César Miguel Rondón, conductor de un magazine matutino en Exitos 99.9 FM, se le impidió la salida del país luego que el propio Maduro lo amenazara con meterlo preso y a Nelson Bocaranda de “La Cola Feliz” en la misma estación se le obligó a tomar unas “vacaciones”.

  1. Periodistas asesinados, heridos, encarcelados y robados: 2017 es el año con más agresiones a representantes de medios de comunicación en las últimas dos décadas. Hasta septiembre se habían contabilizado 145, teniendo el clímax en el marco de las protestas antigubernamentales, donde efectivos de seguridad fungían como los principales victimarios. Durante las marchas, 59 periodistas fueron detenidos por registrar o difundir información, además a 61 les robaron equipos o material, según se desprende de un informe de Espacio Público.

El periodista comunitario Carlos Julio Rojas fue apresado en julio y liberado mes y medio después de permanecer en la cárcel militar de Ramo Verde, acusándolo de portar presunto material explosivo. Tiene régimen de presentación cada 30 días y prohibición de salir del país.

En 2017 también han matado reporteros. Yolman Briceño, quien trabajaba en la emisora comunitaria Anamar 103.1 FM y con la diputada psuvista, Sumiré Ferrara fue asesinado en el estado Aragua. Previo a su homicidio había hecho denuncias sobre la muerte de su hermano, quien era funcionario de la Policía Municipal de Ribas.

A Alberto Cabrera y a Ángel Medina, periodistas de Voluntad Popular, les enviaron a la Penitenciaria Militar de Santa Ana en el estado Táchira por los delitos de rebelión militar, menosprecio a la Fuerza Armada y ultraje al centinela a finales de agosto. Siendo civiles fueron juzgados por un tribunal castrense en el estado Zulia.

“Con las protestas de 2014 se vieron tuiteros detenidos, medidas privativas de libertad de tres meses a un año. Ahora en 2017 pasamos a robos a periodistas, detenciones arbitrarias por parte de Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana, info ciudadanos aprehendidos, perseguidos u hostigados”, declaró Rodríguez .

Pero el espiral de incertidumbre para ejercer la profesión no es exclusivo de los periodistas venezolanos. También los extranjeros han sufrido en carne propia la censura del régimen. Hasta finales de septiembre, 14 corresponsales han sido expulsados del país o se les ha impedido el acceso a las fuentes de información, una práctica que parece no tener fin en la extraña concepción del periodismo del siglo XXI en Venezuela.

Al menos ocho periodistas agredidos deja represión durante manifestación del #22May

Periodista Raylí Luján EL Nuevo País

 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reporta que al menos cuatro periodistas resultaron heridos mientras cubrían la marcha de la salud que fue convocada por la coalición opositora, y un periodista fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Tres días atrás, exactamente el viernes 19, los periodistas del SNTP se reunieron con el G/D de la GNB, Giuseppe Caccioppo, quien reprochó las agresiones de sus funcionarios contra los periodistas y manifestantes, y aseguró que tomarían acciones y que acatarán las medidas de protección para periodistas que el Ministerio Público solicitó el jueves 18.

Sin embargo, la periodista Gabriela González de El Nuevo País asegura que la orden dada hoy a los efectivos de la GNB que reprimían en la Autopista Francisco Fajardo, fue de “ir hacia periodistas”. La periodista incluye en tuits que luego de escuchar la orden, una ballena apuntó hacia el lugar donde estaban los periodistas y disparó un chorro de agua.

Periodistas de El Nuevo País, fueron atacados por colectivos en la Av. Lecuna, desde donde cubrían una manifestación de estudiantes de bachillerato que fueron amedrentados por colectivos. De acuerdo al sindicato, los paramilitares se llevaron a la coordinadora de redacción Raylí Luján, junto a los trabajadores Karisa López y Héctor Becerra, y los soltaron a pocas cuadras del lugar. La periodista Luján presentó heridas visibles y moretones en el lado izquierdo de su rostro.

El periodista del portal Caraota Digital resultó herido por el impacto de una bomba lacrimógena en la pierna mientras era reprimida la marcha por la salud en la autopista Francisco Fajardo.

 

La periodista de la agencia Associated Press (AP), Ariana Cubillos, quien cubría la manifestación en al autopista Francisco Fajardo, fue derribada por el chorro de agua de una ballena, vehículo que los cuerpos de seguridad del Estado usan para reprimir a los manifestantes. El periodista de la Alcaldia de Chacao también fue derribado por un chorro de agua, y presenta fractura de pómulo.

 

En Bolívar, a la periodista de El Universal, Pableysa Ostos, y la periodista de Correo del Caroní, Jhoalys Siverio, encapuchados les robaron sus teléfonos celulares mientras grababan a la GNB reprimir manifestaciones. Siverio pudo recuperar su celular.

 

Además, al periodista de Correo del Caroní, Germán Dam, efectivos de la GNB lo llevaron en una tanqueta al destacamento 625, donde permaneció por al menos una hora tras ser interrogado.

 

En Barquisimeto, el camarógrafo de El Venezolano TV, Lehister Rodríguez, fue atacado con dos bombas lacrimógenas en la Av. Venezuela, reportó el SNTP.

GNB detuvo a un periodista y un estudiante en Guayana

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Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron al periodista Marcos Valverde del Correo del Caroní y al estudiante de Comunicación Social Nelson Navas.

El hecho ocurrió hoy durante la represión de los uniformados en los alrededores de la sede de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana. El periodista fue detenido cuando intentaba mediar para que la GNB no se llevara detenido al estudiante universitario.

El diario de Guayana informó que Valverde se encuentra en el Destacamento 88 de la GNB y que los funcionarios castrenses se comprometieron a liberarlo en las próximas horas.

 

 

Conferencia Episcopal Venezolana fue la víctima más reciente de ataques cibernéticos

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Otra página web venezolana fue víctima de los hackers este viernes, en esta ocasión se trata de la de la Conferencia Episcopal Venezolana.

Ya con esta son al menos seis los sitios de internet que han sido víctimas de los piratas informáticos en esta semana: El Pitazo, Correo del Caroní, Caraota Digital, además de las ONG Provea y Acción Solidaria.

También la página Aporrea.org denunció a finales del mes de febrero constantes intentos de hackear su página.

 

 

 

 

 

TSJ reafirma condena contra director de Correo del Caroní por informar sobre corrupción en FMO

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La Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la sentencia contra el dueño del medio regional Correo del Caroní, David Natera Febres, por informar sobre el caso de corrupción de Ferrominera Orinoco en 2013.

La pena que impuso el Tribunal Sexto de Juicio el 11 de marzo de este año, de cuatro años de prisión, con prohibición de salida del país a Natera Febres, por los delitos de difamación e injuria continuadas, quedó firme este lunes en la sentencia 520 del TSJ.

El fallo deja sin efecto el recurso de casación introducido por la defensa del director de Correo del Caroní el 4 de agosto, maniobra con la que la defensa buscaba deshacer la sentencia que fue catalogada por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como una grave lesión a la libertad de expresión e información. Entre esas organizaciones se encuentra la relatoría de libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sigue leyendo esta nota de Oriana Faoro en El Pitazo

Editor del Correo del Caroní fue condenado a penas que no existen en el Código Penal venezolano

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“Estamos ante un linchamiento judicial”, expresaron los abogados defensores del editor del Correo del Caroní, David Natera Febres, quien en marzo de este año fue condenado a cuatro años de prisión por los delitos de difamación e injuria, con las penas accesorias de inhabilitación política, vigilancia, presentación periódica, prohibición de salida del país y congelamiento de bienes.

Omar Estancio y Morris Sierraalta, abogados del editor, ofrecieron una rueda de prensa el lunes 25 de julio en el Colegio de Abogados de Caracas, a propósito de la publicación de la sentencia de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del estado Bolívar del 15 de julio, la cual desestimó, uno a uno, todos los argumentos de la defensa.

“La sentencia condenatoria contra el abogado y editor, David Natera Febres, incurre en una serie de vicios que son expresión del trasfondo político del asunto. A Natera no se le castiga por difamar ni injuriar, sino por su condición de objetor”, expresaron.

 

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Los vicios de la condena

En Venezuela como en cualquier país del mundo, tanto los delitos como las penas deben estar expresamente previstas en la ley, no obstante, en el caso del editor del Correo del Caroní este principio universal no se cumple. “Ni en el Código Penal ni en ningún otro instrumento se contemplan como penas las medidas de prohibición de salida del país y de presentación periódica ante la autoridad. Tales medidas ni siquiera pueden ser impuestas provisionalmente en la fase de ejecución de este juicio”, explican los abogados.

Estas son las penas impuestas:

Cuatro años de prisión: por su edad -Natera Febres tiene 75 años-, la ley dispone en el artículo 48 del Código Penal, el arresto en lugar de la prisión.

Vigilancia e inhabilitación política: bajo la condición de arresto no pueden recaer sobre su persona estas penas, que solo afectan a penados de prisión, con lo cual se viola el artículo 89 de la Constitución y numerosos tratados internacionales.

Congelamiento de bienes: se trata de una medida cautelar que había sido previamente negada por un juez civil que conoce del reclamo de daños y perjuicios en su contra.

Multa y censura previa: el Correo del Caroní no puede volver a informar sobre un hecho de presunta corrupción de interés general, violando el artículo 57 de la Constitución; además tiene que pagar una multa que no tiene asidero en ninguna disposición legal nacional.

Imponer la censura como una pena carece de base legal y representa un caso inédito en la jurisprudencia venezolana. “El Correo del Caroní se dedicó a informar sobre hechos de corrupción que incluso fueron admitidos por uno de los acusados”, dice Estancio.

En efecto, el abogado se refiere a la condena del Ministerio Público al expresidente de la CVG Ferrominera Orinoco C.A., Radwan Sabbagh, luego de admitir su responsabilidad en el desvío de una partida presupuestaria de más de 295 millones de bolívares durante su gestión entre 2006 y 2013.

 

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Sierraalta indicó que como próximo paso, el equipo de defensa presentará un recurso de casación.

 

 

“Una receta macabra”

David Natera, hijo del editor, afirmó que este proceso trasciende a su padre y está ligado con principios y valores que determinan si en un país hay democracia o no.

“Estamos hablando de un derecho humano fundamental como la libertad de expresión y de una serie de normativas constitucionales que han sido violadas. No se trata de Natera Febres sino de la vulneración de principios fundamentales”, acotó.

En su opinión, “este fallo representa una receta macabra para el resto del país porque se creó una fachada para reprimir a la prensa libre a través de demandas, que en apariencia son entre particulares, que buscan intimidar el ejercicio vibrante de la libertad de expresión y del derecho de la sociedad a estar informado”.

A pesar de lo difícil del momento, David Natera le agradece tres cosas a los corruptos: “Nos ayudan a identificar claramente quién es quién y a qué intereses responden; nos ayuda a identificar la estructura moral de quienes los acompañan; y tercero, nos estimulan a reafirmarnos en nuestros principios y valores para servir cada día mejor a nuestra audiencia. El Correo del Caroní no se rinde”.

No obstante, al ver a su padre enfrentar esta situación confiesa que lo más fácil sería rendirse, cerrar y decir basta. “Lo haría si no fuera una lucha por principios porque no hay ningún interés material. No tenemos papel ni anunciantes. En los medios hay una distorsión muy grande: los que están mejor son aquellos con menos restricciones morales. Nosotros tenemos una visión a futuro y esperamos que pronto haya una reivindicación de los principios”, dijo David Natera hijo.

Corte de Apelaciones ratifica sentencia contra Correo del Caroní

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La Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Bolívar ratificó la condena a cuatro años de cárcel contra el director del periódico, David Natera Febres, emitida en marzo por el Tribunal Penal Sexto de Juicio de Puerto Ordaz. La decisión de la corte añade la sujeción a vigilancia del condenado durante una quinta parte de la sentencia por divulgar. Correo del Caroní informó en 2013 los pormenores de las investigaciones sobre irregularidades en el tráfico de mineral de hierro en Ferrominera Orinoco, afectando intereses políticos y económicos de la región.

En todos sus puntos y con otros añadidos, la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Bolívar declaró sin lugar la apelación de la sentencia contra el director de Correo del Caroní, David Natera Febres, a raíz de la cobertura informativa que hizo este medio en 2013 sobre el caso de corrupción en CVG Ferrominera Orinoco.

Fue el 11 de marzo cuando el Tribunal Penal Sexto de Juicio, encabezado por Beltrán Javier Lira, sentenció a Natera a cuatro años de cárcel por difamación e injuria continuada.

Tal difamación y tal injuria se remontan a 2013, cuando Correo del Caroní informó sobre un caso de corrupción en Ferrominera Orinoco en la que estuvo involucrado, entre otros, Yamal Mustafá, empresario y dueño del diario Primicia, de Puerto Ordaz. Mustafá goza de libertad plena tras el sobreseimiento de la causa en su contra por el Tribunal Noveno de Control del Área Metropolitana de Caracas, en diciembre de 2015.

Unos días antes de su detención por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Mustafá introdujo la demanda. Poco importó que su nombre volara de las altas esferas económicas locales a los listados de ese desfalco. Y que, además, no solo fuese Correo del Caroní el medio que publicara el caso.

Tampoco importó que el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, mencionara el caso y a sus implicados, o que el ministro de Industrias de entonces, Ricardo Menéndez, pidiera el saneamiento estructural de la empresa. Para nada. El empresario, una de las fichas de la red de sobornos que se tejió en el negoción de tráfico de mineral de hierro, demandó igualmente.

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Puedes leer la nota completa de Marcos David Valverde para Correo de Caroní AQUÍ