¿De qué se trata este nuevo proyecto? ¿Dónde surgió la idea? ¿De qué va La Nave? Conversamos de estos y otros temas con Gerardo Bello Aurrecoechea, presidente de ProVene, quien nos hablará de esta nueva iniciativa llamada “La Nave”.
“El Camión Social de ProVene es un proyecto que viene desarrollando la fundación de la mano de Just Labs, en el cual se busca el cambio de narrativas o creencias sobre la justicia en las comunidades de escasos recursos de Caracas.
El Camión Social pretende que los beneficiarios tengan la posibilidad de ejercer sus derechos por medio de activismo creativo. Por medio de la transformación de limitaciones y dependencia del gobierno de turno en conocimientos y nuevas relaciones con ellos mismos. Trabajar en desligar el control social que ha existido por muchos años y convertirla en empuje para el ejercicio personal de los derechos humanos como fortaleza para mejorar la calidad de vida.”
Presentado por Génesis Zambrano (@medicenmouzo) y Luis Serrano (@akaLuisSerrano). Somos el radio web show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda a gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea.
Los decretos de estado de excepción y emergencia económica sin control le han permitido a Maduro ejercer funciones que no le han sido otorgadas por la Constitución
La democracia venezolana no gozaba de buena salud antes de la COVID-19. Sin embargo, la aparición del coronavirus ha ofrecido a las autoridades venezolanas una excusa perfecta para terminar de enviar a terapia intensiva al malherido Estado de derecho, al tiempo que les ha permitido reforzar el control territorial que han levantado mediante militares y policías, sobre todo, desde la derrota que sufrieron en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.
La administración de Nicolás Maduro dictó el 13 de marzo de 2020 su decreto 4.160, mediante el cual declaró el estado de alarma, bajo el pretexto de adoptar:
«medidas urgentes, efectivas y necesarias, de protección y preservación de la salud de la población venezolana, a fin de mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el coronavirus y sus posibles cepas, garantizando la atención oportuna, eficaz y eficiente de los casos que se originen»
Con esta decisión Venezuela se convirtió en el único país de la región en el cual rigen dos estados de excepción de manera simultánea.
No se puede olvidar que desde enero de 2016, es decir, casi desde que comenzó a sesionar la Asamblea Nacional (AN) controlada por la oposición, el país está bajo una emergencia económica, que se ha mantenido gracias al aval de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aun sin tener la aprobación del Parlamento exigida por la Constitución.
El máximo juzgado no ha tenido problemas en permitir que una situación extraordinaria se convierta en cotidiana, al autorizar la prolongación indefinida del estado de excepción, pese a que la Carta Magna, en su artículo 337, establece que los estados de excepción por emergencia económica tendrán «una duración de sesenta días prorrogables por un plazo igual», y a que el artículo 5 de la ley que los regula señala que «toda medida de excepción debe tener una duración limitada a las exigencias de la situación que se quiere afrontar, sin que tal medida pierda su carácter excepcional o de no permanencia».
Poder total y sin control
Los decretos de estado de excepción y emergencia económica sin control le han permitido a Maduro ejercer funciones que no le han sido otorgadas por la Constitución. Así, en estos cuatro años desde el Palacio de Miraflores se ha dictado la Ley de Presupuesto Nacional, aprobando créditos adicionales o transferencias de partidas, así como también se han contratado empréstitos internacionales y designado funcionarios (embajadores) sin necesidad de pasar por el Parlamento. Esto pese a que estas potestades corresponden constitucionalmente a los legisladores.
¿La razón? El visto bueno del TSJ, con la excusa del «desacato» que ha impuesto a la AN por el caso de los diputados de Amazonas, ha dado luz verde al Ejecutivo para asumir funciones de la Cámara.
Estas resoluciones no solo le han permitido a Maduro tomar decisiones que en circunstancias normales no podría, sino de paso hacerlo sin ningún tipo de supervisión ni rendición de cuentas, porque en los decretos se ha bloqueado precisamente la posibilidad de que los diputados puedan ejercer sus funciones de control, al impedírseles citar a funcionarios o censurarlos cuando consideran que han errado en sus labores.
Más represión
Pero si lo anterior fuera poco, el estado de alarma además ha permitido a las autoridades desarticular cualquier intento de expresión de malestar organizado, y de paso, reforzar su control territorial, al restringir derechos como el de libre tránsito y circulación de personas para evitar la propagación del virus.
En el artículo 7 del decreto de alarma con sus respectivas prórrogas, vigentes desde el 13 de marzo de 2020, se lee que:
«El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela podrá ordenar restricciones a la circulación en determinadas áreas o zonas geográficas, así como la entrada o salida de éstas, cuando ello resulte necesario como medida de protección o contención del coronavirus COVID-19».
Aunque estas medidas no han servido para que los ciudadanos exterioricen su malestar por la situación económica o la falla de los servicios públicos, sí ha impedido que lo hagan de manera masiva y organizada como en el pasado reciente. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en junio y julio se registraron treinta y seis y veintidós protestas diarias en el país, respectivamente. Otro dato revelador de los estudios de esta organización es que la protesta por razones políticas ha desaparecido de la agenda, pero no así la represión por parte de las autoridades a cualquier tipo de disidencia y crítica.
Cientos de personas han sido detenidas por incumplir las restricciones impuestas por el Gobierno; solo a principios de agosto casi 200 terminaron tras las rejas por participar en fiestas, según las autoridades.
No obstante, no solo presuntos ciudadanos inconscientes han sido aprehendidos a lo largo de los últimos meses, sino también decenas de ellos que han aprovechado para expresar su malestar en las calles por problemas como la falta de combustible o los deficientes servicios de agua o luz. Otro tanto que ha cuestionado en redes sociales la respuesta oficial a la pandemia o denunciado el estado de la salud pública, también ha terminado en un calabozo. El Foro Penal Venezolano contabiliza hasta el 31 de julio 281 arrestos de esta naturaleza.
Asimismo, a muchos de los detenidos se les han violentado sus derechos al debido proceso, a la defensa y las garantías judiciales, por cuanto no se les ha presentado a tiempo en los tribunales o no se les ha permitido entrar en contacto con sus abogados de confianza.
El comportamiento de las autoridades venezolanas durante la pandemia va a contracorriente de lo establecido por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual recordó que los Estados no pueden utilizar los estados de excepción de «manera genérica, sin antes justificar de manera estricta la existencia de una situación de emergencia excepcional», y, por ende, la declaración de estado de emergencia excepcional para hacer frente a la dispersión de la pandemia del coronavirus:
«No debe utilizarse para suprimir un catálogo indeterminado de derechos o ad infinitum, ni para justificar actuaciones contrarias al derecho internacional por parte de agentes estatales, por ejemplo, el uso arbitrario de la fuerza o la supresión del derecho de acceso a la justicia para personas que sean víctimas de violaciones a derechos humanos en el contexto actual».
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
La pandemia por la COVID-19 no solo representa un riesgo para la salud de los ciudadanos, sino también para sus derechos, en particular en Venezuela, debido a los deseos de las actuales autoridades de perpetuarse en el poder a toda costa.
Las restricciones impuestas bajo el estado de alarma, aunque a primera vista son razonables y comprensibles a la luz del reto que supone la enfermedad, están siendo aprovechadas por la administración de Maduro para reforzar su control, al tiempo que impide a sus adversarios movilizarse y organizarse.
Desde Acceso a la Justicia consideramos oportuno recordar la frase del expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, quien aseguró que «La libertad no está a más de una generación de extinguirse. No se la transmitimos a nuestros hijos a través de la sangre. Debemos luchar, protegerla y entregársela a ellos para que hagan lo mismo».
El Observatorio de Derechos de Propiedad analizó los contratos elaborados en el marco de la GMVV y constató la indefensión en la que se deja a los receptores de casas y apartamentos
“Prohibición de ceder el inmueble o de poseer otra vivienda; derechos de inspección por parte del Estado e irregularidades en procedimientos administrativos son algunos de los elementos que convierten a la Gran Misión Vivienda Venezuela en otro mecanismo de control social que atenta contra los derechos de propiedad en el país”.
Esa es la conclusión a la que llega el informe especial Misión Vivienda Venezuela ¿Es en realidad tu vivienda?, elaborado por el Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP) del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad). El observatorio asevera que “este mecanismo continúa colocando a los beneficiarios a merced del Estado”.
En el informe, el abogado Ali Daniels informó que hizo el análisis de un contrato a través del cual la Gran Misión Vivienda realiza una venta a plazos de uno de sus inmuebles a un beneficiario. En él se revela numerosos detalles que atentan contra el régimen de derecho de propiedad en Venezuela, “tales como la imposibilidad de enajenar (vender o alquilar) a través de cualquier vía, o la preferencia que tiene la Inmobiliaria para adquirir la vivienda en un lapso de 30 años posteriores a su venta y pago. Es decir, que aunque el beneficiario haya pagado íntegramente el saldo deudor, no puede disponer libremente del inmueble durante el lapso indicado”, precisó el jurista.
Atentar contra la propiedad es violar derechos humanos
El informe del Observatorio de Derechos de Propiedad acerca de la Misión Vivienda también hace un análisis acerca del régimen de derechos de propiedad en Venezuela y, en particular, del carácter de estos como derechos humanos fundamentales.
“El derecho de propiedad es un derecho humano reconocido en el ordenamiento internacional y con una vinculación directa a la dignidad humana de la que se deriva”, sostiene el documento.
Daniels aclaró que “la determinación de regímenes jurídicos que no reconozcan esos elementos básicos del derecho de propiedad, hace que esos ordenamientos sean contrarios a los derechos humanos”.
Por ello, el observatorio concluye que hay nulidad del aparato jurídico construido en torno a la propiedad de los inmuebles de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
El pasado 4 de julio, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) presentó su informe acerca de la grave crisis humanitaria y de institucionalidad que vive Venezuela actualmente. Entre los elementos que el informe logra visibilizar, se encuentran las sistemáticas violaciones de Derechos Humanos por parte de organismos de seguridad del Estado.
Estas prácticas no solo constituyen un daño directo a las víctimas, a sus familiares y allegados, sino que a su vez representan un claro deterioro de las libertades y derechos de todos los venezolanos, sobre todo de aquellos que pertenecen a los sectores sociales más excluidos, quienes son el objetivo principal de estos abusos desde el Estado.
Monitor de Víctimas, desde 2017 y Caracas Mi Convive desde 2013, han venido registrando, publicando e interviniendo sobre la violencia policial en Caracas. En este sentido, a continuación serán presentados datos y experiencias que permiten ampliar la información publicada por ACNUDH el pasado 4 de Julio.
“Los escuadrones de la muerte”
En primer lugar, el informe reporta: Las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un “escuadrón de la muerte” o un “grupo de exterminio”. Según informes de ONGs, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas”.
Monitor de Víctimas ha registrado, desde mayo de 2017 hasta Mayo de 2019, que las fuerzas de seguridad del Estado son responsables de alrededor del 30% de las muertes violentas en la zona metropolitana de Caracas, a su vez, a nivel nacional datos oficiales sugieren una proporción similar.
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En relación a los datos oficiales sobre letalidad policial en Venezuela, existen limitaciones en su registro, cuantificación y tipificación. El Estado históricamente ha reducido el registro de las muertes violentas en dos categorías: “homicidios” y “resistencia a la autoridad”. Los homicidios se refieren a muertes causadas por civiles y resistencia a la autoridad son aquellas que son causadas por organismos de seguridad del Estado. El llamarlo “muerte por resistencia a la autoridad” hace más difícil el esclarecimiento de violaciones de derechos humanos, ya que la misma terminología sugiere que en todos los casos hubo un uso proporcionado de la fuerza o el uso de la legitima defensa por parte de los funcionarios.
Expertos en el área sugieren que, en países con altos niveles de criminalidad y poca institucionalidad capaz de hacer contraloría policial, cuando las muertes en manos de fuerzas de seguridad del Estado sobrepasan la proporción de 10 civiles muertos por cada funcionario, se debe sospechar de un uso desproporcionado de la fuerza. La tasa “por muertes por resistencia a la autoridad” en Venezuela, según datos oficiales, es de 17.61 en el 2017 (5.283 muertes) y 16.80 (5.040 muertes) en el 2018, estos números son 5 veces mayor a la proporción de 10 civiles por policía previamente descrita.
A su vez, desde la creación de la FAES, este organismo ha tomado un protagonismo importante en la letalidad policial. Solo en Caracas, de acuerdo con Monitor de Víctimas, fueron responsables del 85% de las muertes cometidas por fuerzas de seguridad del Estado en el mes de Abril y en meses anteriores fueron responsables del 79% de los casos. Anteriormente, durante las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), no había ningún organismo que tuviera tal magnitud de proporción de ejecuciones.
7 de cada 10 de estas ejecuciones extrajudiciales ocurren dentro de los hogares de las personas, lo cual revela un grado de sistematicidad y un modus operandi que sugiere que este tipo de violaciones a los Derechos Humanos constituye una política de Estado, donde los funcionarios reciben órdenes de sus superiores para cometer dichos actos hacia objetivos específicos. Testimonios extraoficiales de víctimas de violencia policial, levantados por Caracas Mi Convive en el 2018 en la investigación cualitativa “Cuando Suben los de Negro”, confirman esta hipótesis.
La Mano dura y el control social
En segundo lugar, el reporte describe lo siguiente: al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social.
Los datos de Monitor de Víctimas sirven como sustento para afirmar que el control social constituye uno de los motivos principales de la letalidad policial. Monitor registró que en Enero y Abril de 2019, meses donde aumentaron las protestas, sobre todo en sectores populares, las muertes en manos de Fuerzas de Seguridad del Estado representaron el 51% del total de las muertes violentas, en el resto de los meses del 2019 han representado un número considerablemente menor, alrededor del 40%.
A su vez, las sociólogas Verónica Zubillaga y Rebeca Hanson, reportan que desde el 2009 ha existido una política de encarcelamiento masivo, donde la mayoría de las personas recluidas en centros penitenciarios y calabozos policiales son jóvenes varones de los estratos socioeconómicos más bajos. De igual forma, a pesar de que Venezuela es uno de los países con mayor tasa de homicidio, de acuerdo con PROVEA, en el 2010, el 62.4% de las personas recluidas estaban presas por robo y tráfico de droga y solo 22.7% a causa de homicidio, para este último crimen, el porcentaje de impunidad llega hasta el 90%. Lo que sugiere que la política penitenciaria en Venezuela está diseñada para castigar al más excluido y no al más violento.
Actualmente, de acuerdo a las organizaciones Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a Libertad, 65% de las personas que están en prisión no ha recibido condena, esta cifra aumenta a 90%, si solo se consideran las personas que están recluidas en calabozos policiales. Esta problemática se ve empeorada por el hecho de que la capacidad instalada de prisiones en Venezuela está a más de dos veces por debajo de la población penitenciaria que hoy en día está recluida, teniendo unos niveles de hacinamiento críticos e inhumanos.
¿Qué puede hacerse con las víctimas secundarias de la letalidad policial en un gobierno de transición? Recuerdo, reparación y no repetición.
Es urgente que en un gobierno de transición las políticas de seguridad ciudadana migren de un modelo represivo a uno prioritariamente preventivo, cercano con las comunidades populares, inteligente en la investigación criminalística y estratégico en el uso proporcionado de la fuerza. Un eje fundamental de la prevención de la violencia lo constituye el no olvidar a las víctimas de la violencia institucional de todos estos años.
En países como Alemania y Chile que han pasado períodos de graves violaciones de derechos humanos por parte del Estado, han trabajado con las víctimas y familiares de estos abusos mediante tres principios fundamentales: recuerdo, reparación y no repetición. El recuerdo hace referencia a que, como lo hace el informe de ACNUDH, estas muertes deben ser contabilizadas y la información debe ser de acceso público para garantizar la contraloría desde la sociedad civil y para facilitar los procesos judiciales de investigación y castigo para los culpables directos e indirectos de estas violaciones.
La reparación consiste en reconocer desde el Estado que fueron graves violaciones de Derechos Humanos e iniciar un proceso de indemnización a las víctimas por un periodo de tiempo específico. La no repetición consiste en crear estructuras visibles que garanticen que estas violaciones no van a volver a pasar, estas medidas van desde el fortalecimiento de las instituciones de administración de justicia hasta la creación de monumentos y museos destinados a la memoria.
Desde la Red de Atención a la Víctima de Caracas Mi Convive hemos venido haciendo murales y eventos en homenaje a personas víctimas de homicidio y ejecuciones extrajudiciales en sectores populares del Municipio Libertador. Implementando este tipo de intervenciones hemos aprendido que, cuando existe un elemento físico visible que permita recordar al fallecido, los familiares y la comunidad logran darle un nuevo significado a estas muertes, esta vez desde la resistencia y no olvido de sus seres queridos. Consideramos que este es un ejemplo replicable de política pública, en donde, en un futuro será necesario crear nuestro propio museo en homenaje a todas las personas asesinadas injustamente en manos de fuerzas de seguridad del Estado.
DOS SENADORES DE ESTADOS UNIDOS pedirán el miércoles al gobierno del presidente Donald Trump que investigue si ZTE Corp, la compañía de telecomunicaciones china, violó sanciones al ayudar a Venezuela a establecer una base de datos que supervisa el comportamiento de sus ciudadanos.
En una carta, los senadores Chris Van Hollen y Marco Rubio pedirán a los secretarios de Estado, Tesorería y Comercio determinar si ZTE trabajó con individuos sancionados por los Estados Unidos, usó ilegalmente componentes norteamericanos o ayudó al gobierno de Venezuela a burlar procesos democráticos o los derechos humanos.
La carta, que surge tras una investigación de Reuters sobre la base de datos y un programa asociado al documento de identidad venezolano, publicado el 14 de noviembre; será entregada el miércoles a funcionarios del gabinete, según asistentes de los dos congresistas.
ZTE, que a principios de este año pagó 1.000 millones de dólares a Estados Unidos por violar sanciones contra Irán y Corea del Norte, no respondió a una solicitud de comentario.
El Ministerio de Información venezolano tampoco respondió un pedido de comentarios.
El presidente Nicolás Maduro, que lidia con la hiperinflación y una economía en caída libre, ha dicho que las sanciones estadounidenses son parte de una “guerra económica” de Washington para derrocar a su gobierno.
Funcionarios de los Departamentos de Estado, Comercio y el Tesoro no respondieron el miércoles temprano a solicitudes de comentarios.
El miembro del Partido Demócrata Van Hollen, y Rubio, un republicano, han impulsado en el pasado medidas contra ZTE.
La empresa, de la que una compañía estatal china es el mayor accionista, es señalada por funcionarios occidentales de ayudar a China a exportar tácticas de vigilancia y equipamiento para gobiernos autoritarios de todo el mundo.
ZTE trabaja cada vez más con el gobierno de Venezuela en varios proyectos, principalmente en asociaciones con la estatal de telecomunicaciones Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).
Varios altos funcionarios venezolanos, incluido el presidente Maduro y el presidente de Cantv, Manuel Fernández, han sido sancionados por Washington debido a lo que sucesivos gobiernos estadounidenses consideran un comportamiento autoritario y violatorio de los derechos humanos por parte del gobierno en Caracas.
Ni Fernández ni portavoces de Cantv respondieron a pedidos de comentarios.
En su investigación, Reuters encontró que ZTE ayudó a Venezuela a construir una base de datos que pueda rastrear el comportamiento de los ciudadanos a través de un documento de identificación nacional.
La identificación, conocida como “carnet de la patria”, puede compilar datos incluyendo historias financieras y médicas, uso de las redes sociales y si una persona votó o no.
Un área de preocupación para los senadores es si ZTE utilizó componentes fabricados por Dell Technologies Inc. en la base de datos. Un documento revisado por Reuters indicó que ZTE usó unidades de almacenamiento construidas por la empresa con sede en Estados Unidos.
En su carta del miércoles, los senadores se preguntan “si ZTE violó los controles de exportación de Estados Unidos con respecto a la instalación de unidades de almacenamiento de datos construidas por Dell”.
Una portavoz de Dell dijo a Reuters que no tenía constancia de una venta para ese propósito.
Los senadores también piden a la administración de los Estados Unidos que determine si el trabajo de ZTE en Venezuela rompe los términos del acuerdo al que llegó a principios de este año con el Departamento de Comercio sobre infracciones anteriores.
El diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni, alertó que la intervención de mercados municipales demuestra la intención del Ejecutivo Nacional de aumentar su control social “jugando con el hambre y el estómago de los venezolanos.
El Vicepresidente Sectorial de Economía, Tareck El Aissami, anunció este miércoles que ocho mercados municipales fueron intervenidos en el Distrito Capital, Aragua, Miranda, Maracaibo y Lara, con el fin, a su juicio, de promover la distribución de alimentos de forma idónea, en el marco de un plan de abordaje de los mercados nacionales, estadales, municipales y mayoristas.
Paparoni consideró que “estas decisiones solo traerán más hambre a una nación que está destruida, comiendo de la basura, con altos índices de desnutrición y perdiendo kilos de peso».
Asimismo, el diputado indicó que “los mercados municipales son el único lugar donde la mayoría de los venezolanos se abastece con frutas, verduras, hortalizas y demás productos alimenticios por el desastre de las políticas públicas gubernamentales. Esto es solo un paso más en la estrategia para ejercer el control social y hacer que todos los venezolanos dependamos de los CLAP”.
Paparoni exhortó a El Aissami a generar estrategias que solucionen la crisis alimentaria en Venezuela: “la solución para el hambre es apoyar a la producción nacional, elimine los controles a los productores venezolanos, invierta en insumos, semillas, fertilizantes para incentivar la producción nacional que permita satisfacer la demanda de los consumidores y aumentar la oferta para así disminuir el costo de los productos alimenticios”.
«¿Existen enfermedades y desórdenes nerviosos en una sociedad comunista? Evidentemente que sí. Entonces, habrá delitos que son propios de personas con mentes anormales … En relación a aquellos que se oponen al comunismo, podemos decirles claramente que el estado mental de dichas personas no es normal».
Las palabras precedentes, de Nikita Khrushchev, fueron pronunciadas en 1959. Son por demás elocuentes. Quien se opone al comunismo no puede ser una persona normal. Su filosofía fundante, el marxismo-leninismo, es el gran recipiente de sabiduría y verdad. Ergo, el disidente solo puede ser alguien con una alteración mental.
Así fue el comienzo de la psiquiatría soviética: el diagnóstico como mecanismo de control social, el confinamiento hospitalario como estrategia represiva.
Los disidentes eran internados bajo custodia psiquiátrica y sus puntos de vista políticos, tomados como evidencia de su enfermedad. Habitualmente, dichas opiniones eran catalogadas como síntomas de esquizofrenia o paranoia. Y con frecuencia se los sometía a régimen de aislamiento, privados de aire y luz natural y, muy especialmente, privados de material de lectura y escritura.
La literatura sobre el tema es amplia. Buena parte de ella ha sido producida por las propias víctimas, Vladimir Bukovsky entre los más renombrados. A partir de dichos testimonios se abrió un verdadero campo de estudio—la utilización política de la psiquiatría—que se extendió más allá de la Unión Soviética—por ejemplo, a China y a Cuba—y más allá del período comunista. Existe evidencia de que el mismo método de coerción continúa vigente en Rusia, Bielorrusia y Kazakstán.
No existe evidencia que sea usado en Venezuela, aunque tal vez solo hasta ahora. Hay una historia que contar al respecto. En marzo de 2014, el entonces presidente de la Asamblea Nacional y hoy diputado Diosdado Cabello demandó a la directiva del medio periodístico Tal Cual por difamación. El director del medio es Teodoro Petkoff.
Los acusados recibieron medidas preventivas que incluyen la prohibición de salida del país desde entonces, en un proceso plagado de arbitrariedades y por un delito que prescribe al año de haber sido supuestamente cometido. Pero, lejos de emitir sentencia, el tribunal ha procedido de manera soviética.
Ocurre que el juez de la causa ha dictaminado que Petkoff padece de «demencia vascular» y que no es apto para afrontar un juicio. Sus derechos jurídicos quedan así en manos de un tutor provisoriamente designado por el juzgado. Como tal, Petkoff pierde su entidad civil. Algunos usaron el término «muerte civil».
En otras palabras, el régimen ha declarado a Petkoff incapaz, demente. Como en la Unión Soviética, es un mecanismo de estigmatización. Es que la locura es más efectiva que la cárcel. Es una humillación con la cual se busca invalidar las ideas del intelectual disidente; o sea, descalificar su propia identidad y propósito vital.
La libertad se puede perder por encarcelamiento, como los cientos de presos políticos venezolanos. Se puede perder por confinamiento psiquiátrico, como en la Unión Soviética. Y se pierde por un diagnóstico con intencionalidad política hecho decisión judicial, como en el caso de Petkoff. Es inevitable pensar en alguna influencia del alcalde del municipio Libertador, el Doctor Jorge Rodríguez, médico psiquiatra.
La medicina convertida en el instrumento del abuso. A su ya larga lista, el régimen de Maduro le está agregando un nuevo tipo de crimen.
El gobierno existe para garantizar los derechos y libertades ciudadanas, para velar que todo el mundo tenga acceso a una educación, salud y alimentación de calidad. Es su obligación trabajar para que esto sea así, sin que medie otro interés que el bienestar colectivo, sin que prive otra condición que no sea la de ser venezolano.
Pero cuando un gobierno saca provecho de su responsabilidad política para obtener dividendos partidistas no estamos frente al cumplimiento de un deber constitucional, sino frente a la implantación de un sistema de control social.
Explicado en otros términos, el gobierno – partido usa la estructura del Estado para mercadear derechos y garantías a cambio de apoyo político. Pero ustedes dirán ¿Qué gobierno no ha hecho eso? Posiblemente tengan razón, es práctica común en Latinoamérica, lo que no es común es que el ciudadano se quede sin opciones de elegir y hasta para satisfacer las necesidades más básicas tenga que acudir de mano extendida al poder pidiendo ayuda.
En estos dieciocho años hemos transitado varias etapas de control social, unas más evidentes, otras más sutiles. Estas son medidas que son justificadas por situaciones de «emergencia» pero que se terminan manteniendo en el tiempo.
No todo el tiempo estas acciones han tenido el mismo público objetivo, comenzaron en 2003 diciéndonos que para evitar la fuga de capitales y que el país se quedará sin dólares, era necesario un control de cambio, una decisión que nos comenzaría a afectar todos, pero que solo era vista como restricción por el empresariado y la clase media que usaban dólares para producir y viajar.
Años después ¡Sorpresa! Estos mismos sectores, críticos en el algún momento, se volvieron no solo en gran parte dependientes del llamado dólar oficial en un momento, sino que muchos en lugar de exigir el fin del control de cambio, pedían más divisas a precio preferencial.
Frente a la aplicación de cada uno de estas etapas ha reinado, en primer término, la incredulidad: «eso no va a pasar», «no somos Cuba», en segundo lugar la negación: «esto es insostenible», «tendrán que dar marcha atrás» y en último lugar lo que viene es la completa dependencia.
Hoy son muchos los sectores que comienzan a depender de los llamados CLAP’S para subsistir, un estadio superior de control social en su fase criminal: el control político a través del hambre. En una Venezuela cada vez más miserable, donde rendir el salario es un reto a la imaginación, la sola posibilidad de poder comprar diversos productos a un precio subsidiado no es una cuestión de dignidad para gran parte del país, es la única posibilidad de comer.
A quienes viven en esta situación no les importa de dónde vienen los productos, cuánto se roban en la importación, si su nombre y sus datos serán utilizados luego para presionarlo a votar por este o por otro, les importa es comer y cuando se tiene hambre créanme que no se piensa en otra cosa.
A eso llegó la moribunda revolución, a manipular por medio del estomago, por eso los CLAP’S no van a desaparecer en el corto plazo, sino que cada vez más se convertirán en la sola posibilidad para las grandes mayorías de acceder a alimentos en Venezuela. Mientras tanto, quienes se enriquecen trayendo estos productos del exterior, seguirán comprando productos importados en los grandes bodegones que últimamente aparecieron en varias ciudades del país.
Dos tipos de venezolanos, lo que pasan hambre y los que se enriquecen con el hambre de los demás. La pregunta es ¿Quiénes son mayoría? ¿Quiénes pueden más?
