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Abusos de las fuerzas de seguridad del Estado reportadas en el informe del ACNUDH a la luz de los datos del Monitor de Víctimas y Caracas Mi Convive

@gsardi90

 

EL PASADO 4 DE JULIO, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) presentó su informe acerca de la grave crisis humanitaria y de institucionalidad que vive Venezuela actualmente. Entre los elementos que el informe logra visibilizar, se encuentran las sistemáticas violaciones de Derechos Humanos por parte de organismos de seguridad del Estado.

Estas prácticas no solo constituyen un daño directo a las víctimas, a sus familiares y allegados, sino que a su vez representan un claro deterioro de las libertades y derechos de todos los venezolanos, sobre todo de aquellos que pertenecen a los sectores sociales más excluidos, quienes son el objetivo principal de estos abusos desde el Estado.

Monitor de Víctimas, desde 2017 y Caracas Mi Convive desde 2013, han venido registrando, publicando e interviniendo sobre la violencia policial en Caracas. En este sentido, a continuación serán presentados datos y experiencias que permiten ampliar la información publicada por ACNUDH el pasado 4 de Julio.

“Los escuadrones de la muerte”

En primer lugar, el informe reporta: Las personas entrevistadas se refirieron de manera constante a las FAES como un “escuadrón de la muerte” o un “grupo de exterminio”. Según informes de ONGs, las FAES son responsables de centenares de muertes violentas”.

Monitor de Víctimas ha registrado, desde mayo de 2017 hasta Mayo de 2019, que las fuerzas de seguridad del Estado son responsables de alrededor del 30% de las muertes violentas en la zona metropolitana de Caracas, a su vez, a nivel nacional datos oficiales sugieren una proporción similar.

Le puede interesar: Informe de Monitor de Víctimas 2016, 256 personas murieron en manos de las FAES

En relación a los datos oficiales sobre letalidad policial en Venezuela, existen limitaciones en su registro, cuantificación y tipificación. El Estado históricamente ha reducido el registro de las muertes violentas en dos categorías: “homicidios” y “resistencia a la autoridad”. Los homicidios se refieren a muertes causadas por civiles y resistencia a la autoridad son aquellas que son causadas por organismos de seguridad del Estado. El llamarlo “muerte por resistencia a la autoridad” hace más difícil el esclarecimiento de violaciones de derechos humanos, ya que la misma terminología sugiere que en todos los casos hubo un uso proporcionado de la fuerza o el uso de la legitima defensa por parte de los funcionarios.

Expertos en el área sugieren que, en países con altos niveles de criminalidad y poca institucionalidad capaz de hacer contraloría policial, cuando las muertes en manos de fuerzas de seguridad del Estado sobrepasan la proporción de 10 civiles muertos por cada funcionario, se debe sospechar de un uso desproporcionado de la fuerza. La tasa “por muertes por resistencia a la autoridad” en Venezuela, según datos oficiales, es de 17.61 en el 2017 (5.283 muertes) y 16.80 (5.040 muertes) en el 2018, estos números son 5 veces mayor a la proporción de 10 civiles por policía previamente descrita.

            A su vez, desde la creación de la FAES, este organismo ha tomado un protagonismo importante en la letalidad policial. Solo en Caracas, de acuerdo con Monitor de Víctimas, fueron responsables del 85% de las muertes cometidas por fuerzas de seguridad del Estado en el mes de Abril y en meses anteriores fueron responsables del 79% de los casos. Anteriormente, durante las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), no había ningún organismo que tuviera tal magnitud de proporción de ejecuciones.

7 de cada 10 de estas ejecuciones extrajudiciales ocurren dentro de los hogares de las personas, lo cual revela un grado de sistematicidad y un modus operandi que sugiere que este tipo de violaciones a los Derechos Humanos constituye una política de Estado, donde los funcionarios reciben órdenes de sus superiores para cometer dichos actos hacia objetivos específicos. Testimonios extraoficiales de víctimas de violencia policial, levantados por Caracas Mi Convive en el 2018 en la investigación cualitativa “Cuando Suben los de Negro”, confirman esta hipótesis.

 

La Mano dura y el control social

En segundo lugar, el reporte describe lo siguiente: al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social.

Los datos de Monitor de Víctimas sirven como sustento para afirmar que el control social constituye uno de los motivos principales de la letalidad policial. Monitor registró que en Enero y Abril de 2019, meses donde aumentaron las protestas, sobre todo en sectores populares, las muertes en manos de Fuerzas de Seguridad del Estado representaron el 51% del total de las muertes violentas, en el resto de los meses del 2019 han representado un número considerablemente menor, alrededor del 40%.

A su vez, las sociólogas Verónica Zubillaga y Rebeca Hanson, reportan que desde el 2009 ha existido una política de encarcelamiento masivo, donde la mayoría de las personas recluidas en centros penitenciarios y calabozos policiales son jóvenes varones de los estratos socioeconómicos más bajos. De igual forma, a pesar de que Venezuela es uno de los países con mayor tasa de homicidio, de acuerdo con PROVEA, en el 2010, el 62.4% de las personas recluidas estaban presas por robo y tráfico de droga y solo 22.7% a causa de homicidio, para este último crimen, el porcentaje de impunidad llega hasta el 90%. Lo que sugiere que la política penitenciaria en Venezuela está diseñada para castigar al más excluido y no al más violento.

Actualmente, de acuerdo a las organizaciones Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a Libertad, 65% de las personas que están en prisión no ha recibido condena, esta cifra aumenta a 90%, si solo se consideran las personas que están recluidas en calabozos policiales. Esta problemática se ve empeorada por el hecho de que la capacidad instalada de prisiones en Venezuela está a más de dos veces por debajo de la población penitenciaria que hoy en día está recluida, teniendo unos niveles de hacinamiento críticos e inhumanos.  

 

¿Qué puede hacerse con las víctimas secundarias de la letalidad policial en un gobierno de transición? Recuerdo, reparación y no repetición.

Es urgente que en un gobierno de transición las políticas de seguridad ciudadana migren de un modelo represivo a uno prioritariamente preventivo, cercano con las comunidades populares, inteligente en la investigación criminalística y estratégico en el uso proporcionado de la fuerza. Un eje fundamental de la prevención de la violencia lo constituye el no olvidar a las víctimas de la violencia institucional de todos estos años.

En países como Alemania y Chile que han pasado períodos de graves violaciones de derechos humanos por parte del Estado, han trabajado con las víctimas y familiares de estos abusos mediante tres principios fundamentales: recuerdo, reparación y no repetición. El recuerdo hace referencia a que, como lo hace el informe de ACNUDH, estas muertes deben ser contabilizadas y la información debe ser de acceso público para garantizar la contraloría desde la sociedad civil y para facilitar los procesos judiciales de investigación y castigo para los culpables directos e indirectos de estas violaciones.

La reparación consiste en reconocer desde el Estado que fueron graves violaciones de Derechos Humanos e iniciar un proceso de indemnización a las víctimas por un periodo de tiempo específico. La no repetición consiste en crear estructuras visibles que garanticen que estas violaciones no van a volver a pasar, estas medidas van desde el fortalecimiento de las instituciones de administración de justicia hasta la creación de monumentos y museos destinados a la memoria.

Desde la Red de Atención a la Víctima de Caracas Mi Convive hemos venido haciendo murales y eventos en homenaje a personas víctimas de homicidio y ejecuciones extrajudiciales en sectores populares del Municipio Libertador. Implementando este tipo de intervenciones hemos aprendido que, cuando existe un elemento físico visible que permita recordar al fallecido, los familiares y la comunidad logran darle un nuevo significado a estas muertes, esta vez desde la resistencia y no olvido de sus seres queridos. Consideramos que este es un ejemplo replicable de política pública, en donde, en un futuro será necesario crear nuestro propio museo en homenaje a todas las personas asesinadas injustamente en manos de fuerzas de seguridad del Estado. 

 

Dos senadores de EEUU piden investigar trabajo de ZTE en Venezuela

DOS SENADORES DE ESTADOS UNIDOS pedirán el miércoles al gobierno del presidente Donald Trump que investigue si ZTE Corp, la compañía de telecomunicaciones china, violó sanciones al ayudar a Venezuela a establecer una base de datos que supervisa el comportamiento de sus ciudadanos.

En una carta, los senadores Chris Van Hollen y Marco Rubio pedirán a los secretarios de Estado, Tesorería y Comercio determinar si ZTE trabajó con individuos sancionados por los Estados Unidos, usó ilegalmente componentes norteamericanos o ayudó al gobierno de Venezuela a burlar procesos democráticos o los derechos humanos.

La carta, que surge tras una investigación de Reuters sobre la base de datos y un programa asociado al documento de identidad venezolano, publicado el 14 de noviembre; será entregada el miércoles a funcionarios del gabinete, según asistentes de los dos congresistas.

ZTE, que a principios de este año pagó 1.000 millones de dólares a Estados Unidos por violar sanciones contra Irán y Corea del Norte, no respondió a una solicitud de comentario.

El Ministerio de Información venezolano tampoco respondió un pedido de comentarios.

El presidente Nicolás Maduro, que lidia con la hiperinflación y una economía en caída libre, ha dicho que las sanciones estadounidenses son parte de una “guerra económica” de Washington para derrocar a su gobierno.

Funcionarios de los Departamentos de Estado, Comercio y el Tesoro no respondieron el miércoles temprano a solicitudes de comentarios.

El miembro del Partido Demócrata Van Hollen, y Rubio, un republicano, han impulsado en el pasado medidas contra ZTE.

La empresa, de la que una compañía estatal china es el mayor accionista, es señalada por funcionarios occidentales de ayudar a China a exportar tácticas de vigilancia y equipamiento para gobiernos autoritarios de todo el mundo.

ZTE trabaja cada vez más con el gobierno de Venezuela en varios proyectos, principalmente en asociaciones con la estatal de telecomunicaciones Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).

Varios altos funcionarios venezolanos, incluido el presidente Maduro y el presidente de Cantv, Manuel Fernández, han sido sancionados por Washington debido a lo que sucesivos gobiernos estadounidenses consideran un comportamiento autoritario y violatorio de los derechos humanos por parte del gobierno en Caracas.

Ni Fernández ni portavoces de Cantv respondieron a pedidos de comentarios.

En su investigación, Reuters encontró que ZTE ayudó a Venezuela a construir una base de datos que pueda rastrear el comportamiento de los ciudadanos a través de un documento de identificación nacional.

La identificación, conocida como “carnet de la patria”, puede compilar datos incluyendo historias financieras y médicas, uso de las redes sociales y si una persona votó o no.

Un área de preocupación para los senadores es si ZTE utilizó componentes fabricados por Dell Technologies Inc. en la base de datos. Un documento revisado por Reuters indicó que ZTE usó unidades de almacenamiento construidas por la empresa con sede en Estados Unidos.

En su carta del miércoles, los senadores se preguntan “si ZTE violó los controles de exportación de Estados Unidos con respecto a la instalación de unidades de almacenamiento de datos construidas por Dell”.

Una portavoz de Dell dijo a Reuters que no tenía constancia de una venta para ese propósito.

Los senadores también piden a la administración de los Estados Unidos que determine si el trabajo de ZTE en Venezuela rompe los términos del acuerdo al que llegó a principios de este año con el Departamento de Comercio sobre infracciones anteriores.

Intervención de mercados municipales es un paso más del control social, denuncia Paparoni

El diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni, alertó que la intervención de mercados municipales demuestra la intención del Ejecutivo Nacional de aumentar su control social “jugando con el hambre y el estómago de los venezolanos.

El Vicepresidente Sectorial de Economía, Tareck El Aissami, anunció este miércoles que ocho mercados municipales fueron intervenidos en el Distrito Capital, Aragua, Miranda, Maracaibo y Lara, con el fin, a su juicio, de promover la distribución de alimentos de forma idónea, en el marco de un plan de abordaje de los mercados nacionales, estadales, municipales y mayoristas.

Paparoni consideró que “estas decisiones solo traerán más hambre a una nación que está destruida, comiendo de la basura, con altos índices de desnutrición y perdiendo kilos de peso”.

Asimismo, el diputado indicó que “los mercados municipales son el único lugar donde la mayoría de los venezolanos se abastece con frutas, verduras, hortalizas y demás productos alimenticios por el desastre de las políticas públicas gubernamentales. Esto es solo un paso más en la estrategia para ejercer el control social y hacer que todos los venezolanos dependamos de los CLAP”.

Paparoni exhortó a El Aissami a generar estrategias que solucionen la crisis alimentaria en Venezuela: “la solución para el hambre es apoyar a la producción nacional, elimine los controles a los productores venezolanos, invierta en insumos, semillas, fertilizantes para incentivar la producción nacional que permita satisfacer la demanda de los consumidores y aumentar la oferta para así disminuir el costo de los productos alimenticios”.

Psiquiatría soviética en Venezuela, por Hector Schamis

TalCual2

 

“¿Existen enfermedades y desórdenes nerviosos en una sociedad comunista? Evidentemente que sí. Entonces, habrá delitos que son propios de personas con mentes anormales … En relación a aquellos que se oponen al comunismo, podemos decirles claramente que el estado mental de dichas personas no es normal”.

Las palabras precedentes, de Nikita Khrushchev, fueron pronunciadas en 1959. Son por demás elocuentes. Quien se opone al comunismo no puede ser una persona normal. Su filosofía fundante, el marxismo-leninismo, es el gran recipiente de sabiduría y verdad. Ergo, el disidente solo puede ser alguien con una alteración mental.

Así fue el comienzo de la psiquiatría soviética: el diagnóstico como mecanismo de control social, el confinamiento hospitalario como estrategia represiva.

Los disidentes eran internados bajo custodia psiquiátrica y sus puntos de vista políticos, tomados como evidencia de su enfermedad. Habitualmente, dichas opiniones eran catalogadas como síntomas de esquizofrenia o paranoia. Y con frecuencia se los sometía a régimen de aislamiento, privados de aire y luz natural y, muy especialmente, privados de material de lectura y escritura.

La literatura sobre el tema es amplia. Buena parte de ella ha sido producida por las propias víctimas, Vladimir Bukovsky entre los más renombrados. A partir de dichos testimonios se abrió un verdadero campo de estudio—la utilización política de la psiquiatría—que se extendió más allá de la Unión Soviética—por ejemplo, a China y a Cuba—y más allá del período comunista. Existe evidencia de que el mismo método de coerción continúa vigente en Rusia, Bielorrusia y Kazakstán.

No existe evidencia que sea usado en Venezuela, aunque tal vez solo hasta ahora. Hay una historia que contar al respecto. En marzo de 2014, el entonces presidente de la Asamblea Nacional y hoy diputado Diosdado Cabello demandó a la directiva del medio periodístico Tal Cual por difamación. El director del medio es Teodoro Petkoff.

Los acusados recibieron medidas preventivas que incluyen la prohibición de salida del país desde entonces, en un proceso plagado de arbitrariedades y por un delito que prescribe al año de haber sido supuestamente cometido. Pero, lejos de emitir sentencia, el tribunal ha procedido de manera soviética.

Ocurre que el juez de la causa ha dictaminado que Petkoff padece de “demencia vascular” y que no es apto para afrontar un juicio. Sus derechos jurídicos quedan así en manos de un tutor provisoriamente designado por el juzgado. Como tal, Petkoff pierde su entidad civil. Algunos usaron el término “muerte civil”.

En otras palabras, el régimen ha declarado a Petkoff incapaz, demente. Como en la Unión Soviética, es un mecanismo de estigmatización. Es que la locura es más efectiva que la cárcel. Es una humillación con la cual se busca invalidar las ideas del intelectual disidente; o sea, descalificar su propia identidad y propósito vital.

La libertad se puede perder por encarcelamiento, como los cientos de presos políticos venezolanos. Se puede perder por confinamiento psiquiátrico, como en la Unión Soviética. Y se pierde por un diagnóstico con intencionalidad política hecho decisión judicial, como en el caso de Petkoff. Es inevitable pensar en alguna influencia del alcalde del municipio Libertador, el Doctor Jorge Rodríguez, médico psiquiatra.

La medicina convertida en el instrumento del abuso. A su ya larga lista, el régimen de Maduro le está agregando un nuevo tipo de crimen.

@hectorschamis

El País ES

La perversión de los claps, por Brian Fincheltub

bolsaclap

 

El gobierno existe para garantizar los derechos y libertades ciudadanas, para velar que todo el mundo tenga acceso a una educación, salud y alimentación de calidad. Es su obligación trabajar para que esto sea así, sin que medie otro interés que el bienestar colectivo, sin que prive otra condición que no sea la de ser venezolano.

Pero cuando un gobierno saca provecho de su responsabilidad política para obtener dividendos partidistas no estamos frente al cumplimiento de un deber constitucional, sino frente a la implantación de un sistema de control social.

Explicado en otros términos, el gobierno – partido usa la estructura del Estado para mercadear derechos y garantías a cambio de apoyo político. Pero ustedes dirán ¿Qué gobierno no ha hecho eso? Posiblemente tengan razón, es práctica común en Latinoamérica, lo que no es común es que el ciudadano se quede sin opciones de elegir y hasta para satisfacer las necesidades más básicas tenga que acudir de mano extendida al poder pidiendo ayuda.  

En estos dieciocho años hemos transitado varias etapas de control social, unas más evidentes, otras más sutiles. Estas son medidas que son  justificadas por situaciones de “emergencia” pero que se terminan manteniendo en el tiempo.

No todo el tiempo estas acciones han tenido el mismo público objetivo, comenzaron en 2003 diciéndonos que para evitar la fuga de capitales y que el país se quedará sin dólares, era necesario un control de cambio, una decisión que nos comenzaría a afectar todos,  pero que solo era vista como restricción por el empresariado y la clase media que usaban dólares para producir y viajar. 

Años después ¡Sorpresa! Estos mismos sectores, críticos en el algún momento, se volvieron no solo en gran parte dependientes del llamado dólar oficial en un momento, sino que muchos en lugar de exigir el fin del control de cambio, pedían más divisas a precio preferencial.

Frente a la aplicación de cada uno de estas etapas ha reinado, en primer término, la incredulidad: “eso no va a pasar”, “no somos Cuba”, en segundo lugar la negación: “esto es insostenible”, “tendrán que dar marcha atrás” y en último lugar lo que viene es la completa dependencia. 

Hoy son muchos los sectores que comienzan a depender de los llamados CLAP’S para subsistir, un estadio superior de control social en su fase criminal: el control político a través del hambre. En una Venezuela cada vez más miserable, donde rendir el salario es un reto a la imaginación, la sola posibilidad de poder comprar diversos productos a un precio subsidiado no es una cuestión de dignidad para gran parte del país, es la única posibilidad de comer.

A quienes viven en esta situación no les importa de dónde vienen los productos, cuánto se roban en la importación, si su nombre y sus datos serán utilizados luego para presionarlo a votar por este o por otro, les importa es comer y cuando se tiene hambre créanme que no se piensa en otra cosa. 

A eso llegó la moribunda revolución, a manipular por medio del estomago, por eso los CLAP’S no van a desaparecer en el corto plazo, sino que cada vez más se convertirán en la sola posibilidad para las grandes mayorías de acceder a alimentos en Venezuela. Mientras tanto, quienes se enriquecen trayendo estos productos del exterior, seguirán comprando productos importados en los grandes bodegones que últimamente aparecieron en varias ciudades del país.  

Dos tipos de venezolanos, lo que pasan hambre y los que se enriquecen con el hambre de los demás. La pregunta es ¿Quiénes son mayoría? ¿Quiénes pueden más?

 

@Brianfincheltub

[email protected]

 

B. BFincheltub Nov 05, 2016 | Actualizado hace 3 años
La ventana rota, por Brian Fincheltub

ventanarota

 

Eran tiempos de una Nueva York conflictiva, azotada por pandillas callejeras, el crimen y el vandalismo. Una ciudad que marcaba un gran contraste con el resto de las urbes estadounidenses, no solo en materia de seguridad, sino por poseer zonas marginalizadas que profundizaban un estigma nada positivo de la capital financiera del mundo. Fue así como a finales de la década de los sesenta, un profesor de la Universidad de Stamford decidió ir detrás  de los aspectos que hacían de Nueva York un lugar prácticamente ingobernable con criminalidad fuera de control. Lo hizo a través de un singular experimento social que fundó las bases de lo que hoy se conoce como la teoría de la ventana rota.

Este académico e investigador inició su estudio dejando dos carros de las mismas características abandonados en la calle, idéntica marca, modelo y color. Uno de estos vehículos lo dejó en El Bronx, para ese entonces era una zona roja de New York. El otro vehículo en Palo Alto, una zona rica y tranquila de California.

En pocas horas pasó lo que todos esperaban, el auto abandonado en El Bronx fue desvalijado rápidamente. En poco tiempo se quedó sin cauchos, sin motor, sin radio, hasta los espejos se llevaron. Parecía que había un sentimiento de destrucción intrínseco, que aumentaba en la medida que no habían consecuencias. La intención era arrasar con todo, lo que no se pudieron llevar, lo destrozaron. En contraste, el auto  abandonado en Palo Alto no sufrió ni un rayoncito.

Pero el experimento no terminó allí, pasada una semana, cuando del auto  abandonado en el Bronx solo quedaba el cascarón, los investigadores decidieron romper un vidrio del automóvil de Palo Alto, California.

El resultado cambió drásticamente y lo mismo que se había desatado en la depreciada zona de Nueva York se produjo en la tranquila zona de California: el carro también fue desvalijado hasta llevarlo a las mismas condiciones de deterioro y destrucción del vehículo del barrio pobre.

Generalmente se liga a la pobreza con las causas del delito, pero este experimento demostró que más allá de la situación económica tiene mucha influencia la psicología humana y en qué contexto se desarrollan las relaciones sociales.

Un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, desinterés, despreocupación que va acabando con los códigos de convivencia, tales como la ausencia de ley, de normas, de reglas, dejando la sensación de que nada vale.

El delito es mayor en las zonas donde el descuido, la suciedad, el desorden y el caos son mayores. Donde no se respetan las leyes ni en los niveles más elevados, estas se convierten para el ciudadano común en letra muerta y la anarquía que empieza por los pequeños actos, va en escalada hasta la violencia irracional. Comienza con la simple infracción de tránsito y puede llagar al homicidio, todo bajo la protección de la impunidad.

Muchas veces nosotros mismos contribuimos a perpetuar esta teoría, nos dejamos llevar por las situaciones, sobre todo en contextos tan hostiles como el nuestro, donde se impone la llamada viveza criolla y la ley del más fuerte. Quizás el país comience a cambiar cuando en lugar de lanzar la otra piedra para partir la otra ventana, nos decidamos a repararla, a limpiar lo que otros ensuciaron y darle un nuevo rostro a este país que tanto nos ha dado.

 

@Brianfincheltub