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Consejo Nacional Electoral

Los integrantes de la connivente mesita-casa-amarilla enmascarados de oposición, sin querencia ciudadana, desconectados de la realidad país, no aguantaron dos pedidas y aparecieron sonrientes en Miraflores, con su cara lavada, estrechando la mano ensangrentada del usurpador, condimentada a la salida con una menguada, blandengue declaración sobre la lucha contra el régimen, restaurar la democracia y la apreciación inverosímil que existen condiciones para renovar el CNE. Por supuesto, con voluntad pacífica e interesada convicción electorera. Mientras otro grupo que también se califica de oposición -con más fuerza, hay que reconocerlo-, de sentimiento muerto, intimidante con la unidad como chantaje, se lanza hipócrita con un pacifista mensaje de rebelión sin salsa ni explicación, sin causa razonable y con la pausa del vamos a ver qué pasa. Oposición no es mentiras bonitas sino verdades.

El país está dividido en dos minorías sin empatía ni conexión con el pueblo, que componen el status quo, con poder mediático y económico, pero sin legitimidad y muy poca credibilidad; la que languidece, se desvanece, pero aun con soporte, la otra que contrariamente se fortalece; y en el medio la sociedad mayoritaria que clama coherencia, rendición de cuentas, respeto, decoro, dignidad y soluciones. Una mescolanza opositora que carece de sabor.

 

La primera pregunta que hacerse ¿cuál es el sentido de esta declaración de un sector opositor? Allí no están todos los que adversan al régimen. La segunda interrogante, ¿cuántos palos, violaciones a los Derechos Humanos, bombas lacrimógenas, muertos, exiliados, presos políticos, embustes, burlas, encarcelados, torturados, negociaciones y diálogos falsos necesitan para entender que, aunque no se llame a la violencia, hablar tánto de protestas pacíficas y florecitas no parece ser el lenguaje que entiende la dictadura castrista? Que le gusta, sí, que comprenda ni mucho menos le atemorice, no. Una tercera cuestión, ¿cómo pueden hablar de pacifismo y sobriedad democrática dirigentes metidos hasta los tuétanos en el ejercicio del Gobierno paralelo que, para bien o mal, conduce el grupo colegiado que rodea al presidente encargado? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?

Y entonces la cuarta duda, si es un acuerdo de toda la oposición ¿por qué no aparecen en esa declaración Vente Venezuela y otros? Es decir, ahora tenemos tres oposiciones. La servicial, encubridora, solícita con el régimen al punto de ser socia comercial, con acumulación de dirigentes olvidados y de bajo impacto; una segunda, opositora de espíritu colaboracionista, negociadora en oscuridades y boreales nórdicos, los del legado, encargados de crear la narrativa de que Chávez hizo algo bueno, presuntamente -porque quienes lo aconsejan parecen sus enemigos- alrededor de Juan Guaidó al punto de formar parte de su equipo de Gobierno. Y una tercera que ninguno se atreve a nombrar porque le temen a la verdad, sinceridad, autenticidad, coraje y coherencia.

Y ahora traten de explicarse cómo puede formarse una organización opositora sin la participación de Vente Venezuela, partido político fortalecido alrededor de María Corina Machado, estadista y líder que ha venido sostenida incrementando con fuerza su prestigio, credibilidad, respetabilidad y admiración entre los venezolanos debido a su coraje y, especialmente, porque no ha cambiado su mensaje; lo que planteó originalmente lo mantiene inflexible sin concesiones ni diálogos para discutir cohabitación, abstracciones o conveniencias específicas, porque no es una populista que sólo busca complacer oídos toscos, sino una venezolana que piensa, analiza, concluye. No hace pactos con el demonio ni adoradores, donde la estulticia de percibir positiva la falsa normalidad de una nación destrozada, económicamente en ruinas, descompuesta como sociedad en una inconfesable degradación moral, sin libertades ni derechos, es la verdadera patria en la cual se lucha por reivindicaciones sin exclusión.

Eso no significa, como algunos acusan, que María Corina y Vente son radicales, tercos. Representa los que no engañan, dicen la verdad, no ceden ante presiones, tienen posiciones definidas, claras, públicamente conocidas, principios éticos, valores morales, buenas costumbres ciudadanas, no disimulan ni dialogan su posición contraria al desastre, malversación, errores y corrupción que a lo largo de los veinte años vienen postrando y lacerando cada vez más a Venezuela.

 

Machado y Vente Venezuela no son radicales intransigentes, enfrentan con valentía al castrismo, comunismo, socialismo, Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla -por cierto, deberían ser catalogados como organizaciones terroristas, y sus miembros juzgados por el delito de intento de arruinar un continente-; son ciudadanos de palabra, que la honran y cumplen, ése es su valor, que van adelante y cada día ganan más el respeto. Por eso, no aparecen en el patético mensaje de cambio con complacencia y cohabitación, ni en la Casa Amarilla ni en la Asamblea Nacional.

Pero sí están en las pesadillas del régimen y en la esperanza de la ciudadanía, que es donde debe estar una oposición verdadera. La izquierda castrista chavista, comunista, socialista y demás hierbas aromáticas, lucen nerviosos, tartamudean, les incomoda María Corina Machado y Vente Venezuela. Es comprensible, no están acostumbrados a tener delante a un partido valiente con coraje que desmonte la funesta doctrina totalitaria denunciando abusos y excesos. Es lógico y normal que quieran amedrentarlos para silenciarnos. Para ser oposición hay que tenerlas bien puestas, y el ciudadano, ante la evidencia, está consciente de la falsa oposición, y comienza a no seguir más sus lineamientos.

@ArmandoMartini

Acceso a la Justicia: El estrangulamiento del voto en Venezuela
Con las presidenciales de 2018 se abrieron las compuertas para que el elector comenzara a sentir menos libertad electoral

 

Frente a los comicios parlamentarios que se celebrarán en 2020 y la constitución del Comité de Postulaciones Electorales para seleccionar a un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) en el seno de la Asamblea Nacional (AN), Acceso a la Justicia considera importante destacar algunas medidas que desde el partido de Gobierno, junto con órganos públicos cooptados, han creado una progresiva asfixia a la expresión libre del electorado en Venezuela.

Las elecciones celebradas de 2017 en adelante muestran el despliegue de estrategias antes, durante y después del evento electoral que colocan una verdadera soga en el cuello del electorado. La asfixia ha sido tal que se ha llegado a un verdadero secuestro electoral en el país por obra del poder político.

Ello se evidenció en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuestionada y escasamente reconocida internacionalmente. La polémica comenzó cuando Nicolás Maduro convocó al proceso sin efectuar un referendo para preguntarle al pueblo si quería o no ir a una Constituyente, desviándose así del camino seguido por su predecesor.

Con el fin de evadir cualquier consulta, se contó con la “oportuna” actuación de la Sala Constitucional (SC) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la cual esgrimió que no hacía falta el referendo (sentencia n.º 378 del 31 de mayo de 2017). Así se “disipó” cualquier duda sobre la forma en que debía interpretarse el artículo 348 de la Carta Magna.

A fin de lograr un traje a la medida para la elección de los miembros de la Constituyente, el CNE en contubernio con el TSJ, mediante la sentencia n.º 455 del 12 de junio de 2017, aprobaron unas bases comiciales (publicadas en decreto presidencial n.º 2.878 de fecha 23 de mayo) muy peculiares y “novedosas” para el electorado venezolano, pues también se alejaba de la ANC de 1999. Se previó elegir constituyentes en el ámbito sectorial y otros en el ámbito territorial sin importar la población con la que contara cada municipio, con lo cual se violó la universalidad e igualdad del voto.

En medio del cerco electoral impuesto por el régimen, el día de las elecciones de la ANC se flexibilizó la posibilidad de ejercer el sufragio, siendo pintoresca la decisión de designar al Poliedro como centro de votación itinerante, lo que simbolizó la urgencia de llevar a este órgano ilegítimo a buen puerto. Días después Smarmatic –poniendo a buen resguardo su riesgo reputacional– reveló públicamente sus dudas sobre las cifras de participación anunciadas por el CNE.

El pueblo no conoce el proyecto (ni siquiera anteproyecto) de Constitución, salvo uno que circuló por prensa en septiembre de 2018, pese a coincidir con la propuesta de reforma constitucional de Chávez en 2007 y recoger lo que ha agregado y materializado Maduro a partir de 2013, como se ha denunciado desde la ONG.

La ANC se ha centrado más bien en dictar actos para suplantar funciones de la legítima AN y eliminó entes político-territoriales incómodos al régimen de Maduro (por ejemplo, la Alcaldía Metropolitana de Caracas), nombró y destituyó a los representantes del Poder Ciudadano (contralor general, defensor del pueblo y fiscal general); ratificó a los magistrados del TSJ, convocó a elecciones; y dictó “leyes constitucionales” que no han sido consultadas con el pueblo.

Maniobra regional

Las maniobras electorales siguieron con las elecciones regionales en octubre de 2017. Se ejecutaron distintas estrategias coordinadas para sacar del juego a los candidatos opositores vía inhabilitación de la Contraloría General de la República (CGR); se cambiaron los plazos para sustitución de candidatos; y hubo ventajismo electoral, chantaje y otras prácticas denunciadas por las organizaciones de la sociedad civil organizada. No se cumplió con la ley especial que obligaba la elección de los gobernadores, junto a los diputados regionales, para que existiera uniformidad en los tiempos de ejercicio de ejecutivo y la legislatura estadal.

Aún con las desventajas existentes, la oposición logró ganar cinco gobernaciones: Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia, pero sus gobernadores fueron obligados a juramentarse ante la ANC. Juan Pablo Guanipa, electo en el Zulia con 700.755 votos, fue el único que no compareció ante la Constituyente y, por ello, se le impidió tomar posesión de su cargo. De forma ilegal, la ANC llamó a nuevos comicios ante el silencio cómplice del CNE y fue “ganador” su contendiente.

El ensañamiento electoral de 2017 también fue claro con la elección de alcaldes a la que no concurrieron los principales partidos opositores, por lo que el TSJ y la Constituyente anularon los pocos partidos de oposición que quedaban inscritos en el Poder Electoral, después de un complejo e inconstitucional proceso de renovación que empezó en 2016. Los comicios de burgomaestres no cumplieron con la ley especial que obligaba a hacer esas elecciones junto con la de concejales para que existiera uniformidad en los tiempos de ejercicio de ejecutivo y la legislatura municipal.

Los rigores de la soga

Con las presidenciales de 2018 se abrieron las compuertas para que el elector comenzara a sentir los rigores de la soga y dejando aún menos aire para respirar la libertad electoral. El TSJ anuló al partido más votado de la oposición (la MUD). Otras toldas opositoras fueron sometidas a un vía crucis para validar su tarjeta si consideraban participar en el evento electoral para elegir al presidente de la República.

Afincada en su “poder plenipotenciario”, la ANC llamó a elecciones al menos siete meses antes de la fecha asignada por la Constitución para el comienzo de un nuevo gobierno. Irregularidades en el voto asistido, puntos rojos violando el perímetro de 200 metros, llamados a escanear el Carnet de la Patria como paso previo a votar y el ofrecimiento público de recompensas por votar por una opción fueron parte de las irregularidades denunciadas por el candidato Henri Falcón en su escrito de impugnación de esos comicios.

Mientras tanto, la CGR siguió inhabilitando candidatos, la Sala Electoral (SE), días antes de las elecciones, afirmó que la eventual ejecución de los programas sociales articulados a través del Carnet de la Patria y su uso a fines electorales “no constituirían per se la presunta comisión de ilícitos electorales ni comportan conductas dolosas que menoscaben el libre ejercicio del derecho constitucional al sufragio” (sentencia n.º 52 del 17 de mayo de 2018).

La impugnación presentada por el candidato Falcón fue rechazada en apenas dos semanas (sentencia n.º 53 del 13 de junio de 2018), lo cual contrasta con los casos de los diputados de Amazonas en 2015, y los resultados de la gobernación del estado Bolívar (Andrés Velázquez) en 2017, sobre los cuales aún no se tiene respuesta.

En este contexto, no queda duda de que las elecciones celebradas en Venezuela desde 2017 han llevado al elector venezolano a desconfiar, debido a una mínima posibilidad de expresar su voluntad a través del sufragio, no sin antes cumplir con un tortuoso camino que promueve o condiciona su participación.

El elector requiere ser rescatado del patíbulo y que alguien retire ese nudo que no le permite respirar. Un esfuerzo por hacer cumplir las leyes electorales sería un buen comienzo para iniciar el rescate en la confianza del voto.

Torrealba asegura que no se evalúa ningún
El exministro del Trabajo señaló que aunque la rectora Tibisay Lucena cuenta con el apoyo del oficialismo, no se han evaluado nombres para un nuevo CNE

El constituyente Francisco Torrealba manifestó este martes 12 de noviembre que el bloque parlamentario del oficialismo no evalúa nombres para integrar el nuevo Consejo Nacional Electoral.

En declaraciones a los medios ofrecidas desde el Palacio Federal Legislativo, Torrealba indicó que primero deben evaluarse los perfiles adecuados que podrían conformar el CNE.

“No estamos evaluando en términos concreto ningún nombre en particular para el Poder Electoral, sabemos que debemos conversar en torno a los perfiles (…) Estamos evaluando los perfiles porque ahí deben estar venezolanos de alto calibre”, dijo.

Asimismo, fue consultado sobre si la rectora Tibisay Lucena podría mantenerse dentro del ente comicial, a lo que Torrealba respondió:

“La doctora Tibisay Lucena tiene un alto perfil y todo nuestro conocimiento y apoyo, pero no evaluamos ningún nombre en particular”.

 

Por otra, parte, informó que fue consignada una carta donde los diputados oficialistas ratifican la designación de su representación parlamentaria. “Nuestra parte es designar cuatro diputados o diputadas”, indicó.

Torrealba también consideró necesaria la inclusión de los partidos minoritarios, para que la representación sea de un 60 – 40%.

“Los partidos pequeños también podrían tener opción a tener diputados y diputadas”, expresó.

Nov 09, 2019 | Actualizado hace 4 semanas
CNE: omisión versus consenso, por Luis Fuenmayor Toro

Para la mayoría de los actores políticos venezolanos, no habrá consenso en la designación del Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional. La oposición extremista continúa, por lo menos declarativamente, hablando del cese de la usurpación, es decir de la salida de Maduro como condición previa a cualquier arreglo posterior. El gobierno, por su parte, tiene en la permanencia de Maduro su límite en cualquier negociación.

Maduro no se irá por las malas, ni por la puerta trasera; eso lo han mantenido desde hace muchísimo tiempo. A lo mejor, no está negado a irse, pero no de la forma en que los extremistas opositores quieren, y en Venezuela no existe una revuelta popular a lo chileno o boliviano que pueda obligarlo, ni las tropas gringas están en la frontera listas para la invasión.

Esta situación hace predecir el disenso en torno a la designación de un nuevo CNE. La oposición extremista se prepara entonces para designar un CNE por su cuenta, con sus diputados, sin tener la mayoría de los dos tercios que requeriría. CNE que pasaría a sumarse a todas las instancias hasta ahora existentes de un pseudo gobierno paralelo o en el exilio, pues tendríamos entonces dos presidentes, dos asambleas nacionales, dos tribunales supremos, dos fiscales y dos consejos electorales.

Dicho en términos más directos: se trataría de extender la política que lleva casi un año de fracasos y que en absoluto ayudaría a buscar una salida pacífica en el mediano plazo, por lo que pudiéramos predecir que el sufrimiento de la nación continuaría y se agravaría.    

 

El gobierno, por su parte, pasaría a designar el nuevo CNE en consenso con los seis partidos hasta ahora integrantes de la mesa nacional de diálogo, lo cual no tendría el reconocimiento internacional necesario para mejorar su situación ni la de los venezolanos, ni reduciría la beligerancia del extremismo opositor. No voy a decir que se estaría en las mismas condiciones que se estuvo en la elección presidencial de Maduro, pues la situación actual no es la misma en varios aspectos.

Un llamado a la abstención no tendría el mismo respaldo que tuvo en mayo de 2018, ni la abstención por desencanto tampoco sería la misma. El sólo hecho de que se designe un CNE sin la presencia de Tibisay Lucena ya es un avance en el sentido de credibilidad del organismo, lo cual resultaría en una mayor participación electoral de la gente.

Pero en cualquier caso no es la mejor salida a la crisis actual, aunque es muy probable que sea lo que acontecerá. De ser así, habría que salir a votar en las elecciones de AN del próximo año, sin atender el llamado suicida de los abstencionistas patológicos, sobreponiéndonos a la desesperanza para tratar de tener un Poder Legislativo donde el PSUV no tenga la mayoría absoluta, independientemente de que como fuerza individual sea mayoritario. Y si eso no es posible, que lo sería si hay una adecuada votación, evitar la hegemonía gubernamental en la Asamblea. Estas posibilidades van a depender también de la unidad que logren los partidos de la oposición democrática.

@LFuenmayorToro

Chavismo participará en el Comité de Postulaciones electoral
Torrealba aseguró que el oficialismo y la oposición acordaron una “hoja de ruta” que iniciará con la conformación de la Comisión Preliminar

El exministro del trabajo, Francisco Torrealba informó que los diputados del “Bloque de la Patria” participarán en el Comité de Postulaciones electoral en la Asamblea Nacional.

Desde los jardines del Palacio Federal Legislativo, el constituyente leyó un comunicado en el que señalaron que también le pedirán a la asamblea nacional constituyente que active “los mecanismos conducentes a la renovación del Poder Electoral”.

“Asimismo proponemos que la ANC conforme una comisión de enlace entre el Poder legislativo y el poder constituyente, a los efectos de guardar celoso cumplimiento de lo establecido en la constitución para la selección de los miembros del poder electoral”, prosiguió.

 

Torrealba aseguró que han acordado con la oposición la hoja de ruta que se inicia el día de hoy con la conformación de la Comisión Preliminar.

Igualmente dijo que se han reunido con los partidos políticos de la oposición del G4. Pero luego el presidente encargado y de la Asamblea Nacional, negó dichos encuentros.

El día de hoy se espera el nombramiento de la Comisión Preliminar con 11 diputados, que luego elegirán a 10 miembros de la sociedad civil.

El mandatario interino consideró que los diputados del PSUV deben consultar “con sus jefes” para poder llegar a un acuerdo

El presidente encargado Juan Guaidó decidió declarar la Asamblea Nacional en sesión permanente durante 24 horas hasta que la bancada oficialista “se ponga” de acuerdo y se pueda nombrar un comité de postulaciones para designar nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

 

“Estamos listos para un avanzar, pero como yo sé que ustedes no deciden, que lamentablemente tienen que consultar, someto a votación de la cámara declararnos en sesión permanente, a fin de que ustedes se pongan de acuerdo: mañana miércoles a las 10:00 am continuamos”, dijo Guaidó desde la AN.

 

Asimismo, indicó que los diputados de la bancada oficialista “hablaron de lo que sucedió el 20 de mayo de 2018”, agregando que insisten “en un acuerdo parcial con los actores que no cumplieron” y que eso los llevará “al mismo desastre”.

“Seguimos aquí, este Parlamento ha sobrevivido, nosotros como clase política hemos sobrevivido dirigiendo un proceso de cara al pueblo de Venezuela”, añadió.

Guaidó explicó que hace esta propuesta debido a que el pueblo considera que es una “elección” lo que podrá “solucionar la crisis, generar confianza, que haya inversión, atender a los maestros, y enfermeras”, se debe escoger un nuevo CNE.

Habla Francisco Torrealba

Luego de que Guaidó hiciera la propuesta, el diputado oficialista Francisco Torrealba señaló que en la agenda no estaba establecido debatir en cuanto al CNE.

“Nosotros estamos listos para dar el debate (…) Si no se hace aquí, se hará en el Tribunal Supremo de Justicia (…) De cualquier manera nosotros queremos que haya transparencia en el proceso electoral”, agregó.

La historia de un fraude: el secuestro del Poder Electoral
Según la ONG Acceso a la Justicia, el Consejo Nacional Electoral ha ignorado ilícitos  para inclinar la balanza a favor del gobierno de Nicolás Maduro

 

¿Qué debe hacer un Gobierno cuando ya no puede ganar elecciones? La respuesta si es demócrata es muy sencilla: entregar el poder a quien las gane, pero si no lo es y quiere aparentar lo contrario debes hacer algo que más que las dictaduras de corte militar: construir una escenografía electoral.

Por ello, a continuación explicaremos cómo en Venezuela se ha construido el entramado electoral más complejo de la historia latinoamericana con el único fin de exponer una apariencia de elecciones que justifiquen ante el mundo una fachada democrática que en realidad no es más que eso, una simple apariencia que adentro lleva la gangrena purulenta de violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Acceso a la Justicia en su informe La toma del poder absoluto en Venezuela explica cómo desde la época del difunto presidente Hugo Chávez se fueron gestando mecanismos de control del Poder Electoral para asegurarse el triunfo electoral, lo que era posible existiendo diferencias no mayores a un 10%. Entre otros aspectos en la investigación, se hace referencia a tres pasos clave para el plan totalitario del gobierno en el Poder Electoral: el fraude de la integración del Consejo Nacional Electoral (CNE) para lograr su control absoluto, la eliminación de los partidos políticos opositores, y, finalmente, las falsas elecciones celebradas en el país entre 2017 y 2018. Ante todo se hará mención a algunos antecedentes ya fraudulentos que favorecieron en elecciones anteriores al partido de gobierno, en que este aún tenía todavía popularidad.

Antecedentes

En las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, el CNE reveló su ventajismo institucional al ignorar la gran cantidad de ilícitos electorales para inclinar la balanza a favor del presidente interino Nicolás Maduro. Esos comicios fueron convocados tras la muerte de Chávez y Maduro derrotó al líder opositor Henrique Capriles por 224.268 votos (7.587.532 contra 7.363.264), con una diferencia oficial de apenas 1.49%. 

En 2016, el CNE cerró el paso al referéndum revocatorio contra el mandato presidencial de Maduro estableciendo obstáculos que lo hacían imposiblenegando el ejercicio de este derecho democrático y protegiendo los intereses del régimen. Pero no actuó solo, pues el Poder Judicial lo acompañó y dio la estocada final al proceso con una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y medidas cautelares dictadas por tribunales penales de cuatro estados del país.

Primer paso: un CNE a la carta

La designación de los rectores del CNE, según los criterios del chavismo, forma parte del secuestro del Poder Electoral. Ya en 2014, ante la imposibilidad de la Asamblea Nacional (AN) de reunir la mayoría calificada de las 2/3 partes de los diputados para nombrar a tres rectores, el entonces presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, anunció que el TSJ asumiría las designaciones, sin que la Constitución le establezca esa competencia.

Acceso a la Justicia subraya que se trató de una decisión unilateral que vulneró las competencias constitucionales de la AN al “delegar” su función constitucional en otro órgano del Estado. En la sentencia n.° 1.865 del 26 de diciembre de 2014, la Sala Constitucional acordó suplir la voluntad popular representada en la AN y, en consecuencia, designar a los miembros del CNE.

Segundo paso: supresión de partidos opositores

Luego de la traumática pérdida que sufrió el oficialismo a manos de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, cuando logró 112 escaños versus 55 oficialistas, el partido de gobierno articuló nuevas estrategias ilícitas para perpetuarse en el poder. Debe aclararse que en estas elecciones a la oposición le fue posible ganar y eludir las trampas electorales existentes, porque se unió en una coalición de partidos, que se registró ante el CNE como un nuevo partido denominado Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y por ser la diferencia muy alta con el chavismo, a este se le hizo difícil manipular las cifras con las estrategias existentes, así que desplegó nuevas.

La primera de ellas fue la progresiva eliminación de la oposición, primero mediante el TSJ y el propio CNE, y luego a través de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). De sesenta y siete partidos que había en diciembre de 2015, cuando se celebraron las elecciones parlamentarias, para abril de 2018, restaban diecisiete: doce progobierno y cinco del antichavismo. Para las presidenciales fraudulentas y anticipadas de mayo de 2018 se inscribió uno más de oposición en una suerte de “oposición a la medida”. Con estas seis últimas toldas es que ahora paca el Gobierno, a pesar de que son una minoría que a muy pocos representa.

La “purga” política tuvo su génesis en la sentencia n.° 1 del 5 de enero de 2016 de la Sala Constitucional del TSJ, en la que se estableció que los partidos políticos que hubiesen obtenido menos del 1% de los votos en las elecciones parlamentarias de 2015 en menos de doce entidades federales, debían renovar la nómina de sus inscritos. Quedaron exceptuados de la renovación cinco partidos, entre los cuales se encontraba la MUD, el mayor partido de oposición; y del lado del gobierno, también el más importante, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En esa sentencia se hacía alusión a la prohibición de la doble militancia política, de manera que los partidos opositores que eran parte de la MUD debían renovarse, así como los afines al Gobierno que también se habían aglutinado en uno solo: el Gran Polo Patriótico. Lo cierto es que el basamento de esta renovación es inconstitucional, porque la Carta Magna no prohíbe en Venezuela la doble militancia, como ocurre en otros países.

Luego, el CNE dictó por mandato del TSJ las Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales,que serían aplicadas a los partidos con miras a su participación en cualquier elección. El 28 de abril de 2017 se produjo la sentencia n.° 223 de la Sala Constitucional que flexibilizó el proceso de renovación para facilitar el proceso de de algunas organizaciones oficialistas, como Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro) y Partido Comunista Venezolano (PCV), aunque también para un pequeño partido opositor: Nueva Visión Para Mi País (Nuvipa).

Por virtud de este proceso, solo catorce toldas lograron renovarse, que sumadas a las ocho declaradas válidos sin tener que someterse a ese proceso dieron lugar en 2017 a veintidós partidos inscritos en el CNE frente a los sesenta y siete que existían en diciembre de 2015. Sin embargo, la fraudulenta ANC emitió un decreto el 27 de diciembre de 2017 que ordenaba una nueva validación de las organizaciones en represalia contra las que no habían participado en las elecciones municipales de diciembre de ese año. De este modo, fueron eliminados importantes partidos de oposición como Primero Justicia (siendo el presidente de la Asamblea Nacional para esa época, Julio Borges, uno de sus más conocidos miembros) y Voluntad Popular (cuyo representante es Leopoldo López y de él hace parte también Juan Guaidó). También fue anulado por virtud de ese proceso el Partido Unión y Entendimiento (Puente). 

Finalmente, la Sala Constitucional dictó la sentencia n.° 53 del 25 de enero de 2018, que ordenó eliminar sin razón jurídica valida de la carrera electoral a la tarjeta de la MUD, terminando así la purga de la oposición. Para ese momento, de sesenta y siete partidos inscritos en el CNE en diciembre de 2015 quedaban diecisiete, y de ellos solo cinco de oposición.

Comicios fraudulentos

En medio de esta depuración de partidos políticos y bajo graves cuestionamientos, se realizaron los comicios para escoger a los gobernadores de los veintitrés estados del país el 15 de octubre de 2017. Los actores políticos y organizaciones de la sociedad civil organizada rechazaron que la fecha de convocatoria fuese adelantada para octubre y no para los primeros días de diciembre, como correspondía.

Como si no bastara con lo anteriormente descrito, el Gobierno se valió de la Contraloría General de la República para inhabilitar a  dirigentes opositores que podían ser candidatos a gobernador, como el mandatario de Amazonas, Liborio Guarulla, y de Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien fue el principal contendor de Chávez por parte de la oposición. Asimismo, el Poder Electoral impidió a la MUD, que todavía en 2017 no había sido anulada, la sustitución de candidaturas.

Acceso a la Justicia subraya que, como parte de control político y electoral del Gobierno, en las elecciones regionales se manipuló el voto asistido, que pasó de ser un derecho de las personas con discapacidad, a ser usado por el PSUV para “asistir” a cualquier elector sin control alguno por parte del CNE, transformándose en un mecanismo de coacción y de eliminación del carácter secreto del voto. También se registraron denuncias sobre el chantaje con las cajas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y la instalación de los puntos rojos a pocos metros del centro electoral, para que los electores pasaran a chequearse con el llamado Carnet de la Patria, con el objetivo hacer presión y atentar de esta manera contra el voto secreto y libre.

El secuestro del Poder Electoral adquirió un punto más grave cuando la oposición, aunque estaba en gran desventaja, logró ganar cinco gobernaciones: Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia, y sus gobernadores fueron obligados a juramentarse ante la fraudulenta ANC. El único que se negó fue Juan Pablo Guanipa, electo como gobernador del Zulia con 700.755 votos (el candidato más votado en todo el país), y por ello se le impidió tomar posesión de su cargo, llamando la propia ANC, sin tener competencia para ello, a nuevos comicios ante el silencio cómplice del CNE.

En diciembre de 2017 se llevaron a cabo las elecciones municipales con ausencia de la oposición. Se reeditaron los mecanismos ilícitos como el voto asistido irregular, los puntos rojos y el ventajismo en la campaña, entre otros, todo para asegurar el triunfo sin sorpresas del PSUV y su arrase en más de 300 alcaldías de las 335 en disputa.

Dentro de las muchas irregularidades figura la eliminación de la inscripción de nuevos votantes, por cuanto el ente comicial acordó que el Registro Electoral (RE), que serviría de base a esas elecciones municipales sería el del 15 de julio de 2017, dejando por fuera a los jóvenes que cumplirían la mayoría de edad hasta el 10 de diciembre y por ende, negándoles su derecho al voto.

Luego de estas pruebas de ensayo en las elecciones regionales y municipales, el régimen se sintió listo para celebrar unas presidenciales a la medida de Nicolás Maduro. Con ello se garantizó su permanencia en el poder aunque no contara con el voto popular, creando una fachada de elecciones para tratar de legitimarse.

Las irregularidades de este proceso se condensan en cuatro elementos: una convocatoria ilegal por parte de la fraudulenta ANC, siendo competencia del Poder Electoral, según el artículo 293.5 de la Constituciónla eliminación de partidos políticos de oposición de peso para evitar que se presentaran candidatos que pudieran derrotar a Maduro, el ventajismo oficial, expresado en el uso del Carnet de la Patria como instrumento de extorsión con beneficios sociales, instalación de puntos rojos, así como el uso del voto asistido a favor del candidato-presidente del PSUV, y la creación de una oposición a la medida: en menos de un mes aparecieron cinco candidatos de oposición acompañados en algunos casos de la inscripción de nuevos partidos. Uno de los candidatos más importantes de esa nueva oposición era Henri Falcón, quien había sido chavista, hacía unos años había creado un nuevo partido y se había unido a la MUD.

El fraude finalizó con la juramentación de Nicolás Maduro ante TSJ por orden del propio máximo tribunal según sentencia n.° 1 del 8 de enero de 2019, cuando la Constitución establece que debe hacerse ante el Poder Legislativo (artículo 231). Esto configuró la ausencia de toma de posesión del cargo de presidente de la República, lo que condujo a considerar de facto al nuevo Gobierno de Maduro; de allí la designación de Juan Guaidó como presidente encargado, como lo establece la Constitución, por ser la máxima autoridad hasta lograr hacer nuevas elecciones.

 

Ricardo Molina aseguró que los diputados del GPP

EL DIPUTADO OFICIALISTA RICARDO MOLINA aseguró este martes 24 de septiembre que cuando se incorpore el Gran Polo Patriótico (GPP) a la Asamblea Nacional, se corregirán las razones que llevaron al Parlamento a ser declarado en “desacato”.

En una entrevista ofrecida al programa Primera Página, que transmite Globovisión, Molina dijo: “Se corregirán y entonces la Asamblea Nacional entrará en el marco constitucional y volverá a cumplir sus funciones establecidas en la Constitución”.

“Pero para que eso ocurra tiene que haber disposición política”, dijo Ricardo Molina.

Asimismo, el también constituyentista afirmó que los 56 diputados del chavismo se encargarán de “reconformar” al Parlamento.

“Va a ser una discusión dura, pero tiene que ser una discusión transparente, incluido el tema de los los diputados de Amazonas, para ver cómo hacemos que la Asamblea Nacional entre en el hilo constitucional. Tendremos una agenda de trabajo bien interesante”, dijo.

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Según Molina, una vez que se reconforme la AN, deberá entrar en el proceso de selección de los postulados de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral.

“Llevaremos el proceso como deberemos llevarlo”, aseguró Molina.

*Con información de El Nacional