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Consejo Nacional Electoral

Acceso a la Justicia: ANC no tiene horario ni fecha en el calendario

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE (ANC), a casi dos años de su instalación el 4 de agosto de 2017 con el supuesto propósito de redactar un proyecto de Constitución  sin que hasta ahora se conozcan los avances, decidió extender su vida hasta el año 2020.

El pasado 20 de mayo de 2019 fue publicado en la Gaceta Oficial n.° 41.636 el “decreto constituyente” mediante el cual establece que “la vigencia de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, poder plenipotenciario de la Nación y símbolo indeclinable de la voluntad democrática y soberana de nuestro pueblo, al menos hasta el día treinta y uno de diciembre del año 2020”.

Para Acceso a la Justicia es de particular importancia advertir que la decisión de la fraudulenta ANC en la que autoprorroga la vigencia de su funcionamiento es una manifestación de la naturaleza ilegítima y arbitraria en la que nació desde la convocatoria mediante decreto presidencial 2.830 del 1 de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial n.° 6.295 extraordinario de 1 de mayo de 2017, cuyo instrumento fue dictado por Nicolás Maduro Moros a espaldas de la voluntad soberana del pueblo, única instancia que tiene el poder de convocar o no una constituyente, conforme a lo previsto en los artículos 5 y 347 de la Constitución.

También hay que mencionar las bases comiciales que inconstitucionalmente propuso Maduro mediante decreto 2.878 del 23 de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial n.° 41.146 de 23 de mayo de 2017, por medio de las cuales desconoció la soberanía popular y desnaturalizó el concepto de sufragio universal, libre, directo, igual y personal (artículo 63 constitucional), concretamente al prever un sistema electoral para la escogencia de los miembros de la ANC de forma sectorizada, limitativa y discriminatoria, aparte de que tampoco pasó por la aprobación de la ciudadana mediante referendo (artículo 347 constitucional).

Lo anterior muestra los vicios de inconstitucionalidad que rodearon al fraudulento proceso constituyente que se desarrolló en el país. Desde entonces no sorprende que las actuaciones de la ilegítima ANC hayan distorsionado las normas constitucionales, sobre todo porque no sirven para proteger al pueblo frente al poder sino para reforzar el control absoluto del régimen madurista.

No puede dejar de señalarse al respecto la constante política de Estado que se ha desarrollado desde la ANC, arrogándose funciones de la Asamblea Nacional (AN), del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Ministerio Público o incluso del Poder Judicial, sólo para atacar a la disidencia política. Basta recordar, por ejemplo, el caso emblemático de la remoción de la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, al día siguiente de la instalación de la ANC, quien de ser chavista se declaró disidente y fue perseguida por ello, al igual que su esposo, Germán Ferrer, diputado del partido de gobierno.

De ahí que el hecho de que la ANC prorrogue su propio mandato es simplemente una confirmación de su carácter inconstitucional e ilegítimo, que se agrava aún más, cuando el artículo primero del decreto, al referirse a la vigencia del funcionamiento de la ANC, establece “al menos” hasta el 31 de diciembre de 2020, una expresión que no evidencia ninguna certeza sobre la fecha final de la constituyente, lo cual abre la posibilidad de que pudieran producirse en el futuro otras decisiones que decidan alargar la existencia de este órgano.

En ese orden de ideas, preocupa cómo la ANC, con un espíritu hegemónico, pretende perpetuarse en el poder, convirtiéndose en una instancia que no tiene límites, sin control alguno y con el solo visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin duda, no deja de ser un riesgo la falta de precisión respecto de la vigencia del mandato de la ANC (artículo 1), y que riñe con la democracia y el principio de separación de poderes, pilar fundamental del modelo de estado de derecho.

Aparte de la inconstitucionalidad intrínseca que esto implica al violar principios y valores del modelo democrático, no tiene lógica alguna la pretendida extensión ilimitada de su mandato, propia de los soberanos en los regímenes absolutistas, lo que es equivalente a un fraude constitucional, teniendo en cuenta que ningún poder público es ilimitado en el tiempo, ni mucho menos tiene facultades o competencias ilimitadas.

Para Acceso a la Justicia está claro que la decisión constituyente de autoprorrogar su mandato vulnera la democracia representativa, que exige que el poder no sea absoluto, además de vulnerar el principio de la voluntad popular, soporte legitimador de un sistema democrático.

Dentro de este panorama hay que advertir, además, que la extensión del mandato de la ANC, sin mayor fundamentación y apoyándose irreflexivamente en falaces argumentos que se exponen en los siete considerandos del decreto constituyente, es una simple fachada para seguir desplazando a la legítima Asamblea Nacional y, especialmente para satisfacer los intereses políticos del gobierno usurpador de Maduro. Entretanto, la ANC adopta y ejecuta este tipo de medidas arbitrarias, la población venezolana, paradójicamente, no conoce ningún proyecto sobre la nueva Constitución, objetivo para el cual supuestamente fue convocado el írrito y fraudulento proceso constituyente.

 

Con información de Acceso a la Justicia 

Acceso a la Justicia: Cuatro claves sobre la inconstitucional propuesta de adelantar las elecciones parlamentarias

LAS RECIENTES DECLARACIONES de Nicolás Maduro, el pasado 20 de mayo, de adelantar los comicios parlamentarios, vuelven a causar desconfianza entre los venezolanos, porque representan sin duda una nueva  amenaza contra la Asamblea Nacional (AN), el único poder público legítimo y constitucional existente en el país y reconocido por la comunidad internacional.

Un precedente en este sentido fueron las elecciones presidenciales celebradas hace un año (20/05/2018), convocadas antes del tiempo por la asamblea nacional constituyente sin justificación alguna, lo que sirvió de maniobra política para obtener ventajismos sobre los partidos de la oposición que habían sido inhabilitados en vísperas de ese proceso tras una serie de groseras irregularidades que permitieron, bajo la complicidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), adjudicar ilegítimamente a Nicolás Maduro la victoria electoral.

En este sentido, Acceso a la justicia considera pertinente llamar la atención sobre este nuevo anuncio, que de materializarse, significaría otro ataque más a la voluntad popular constituida a través de la AN, sobre todo cuando está comprobado que adelantar o retrasar la celebración de elecciones es un recurso que ha sido utilizado por el régimen político actual a su conveniencia según si tiene o no suficiente control social que le permita hacer elecciones fraudulentas sin mayores consecuencias, con el fin de perpetuarse en el poder y, en este caso, se quiere usar básicamente para deslegitimar y acabar con la única institución democrática que existe en la actualidad.

Desde nuestra perspectiva,  la inconstitucional artimaña que el régimen usurpador de Maduro busca llevar a cabo se puede explicar en cuatro claves:

1.- El adelanto de las elecciones parlamentarias se traduciría en una violación del artículo 192 de la Constitucióncuyo texto establece que los diputados de la AN durarán cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones. Por ello dado que la elección de la actual AN fue celebrada el 6 de diciembre de 2015, necesariamente la próxima votación para elegir a los nuevos diputados debería tener lugar en diciembre de 2020.

Este adelanto se opone al período constitucional del mandato de los parlamentarios; sería una maniobra para quitarle aún más autoridad a la AN, y además, un engaño intolerable que significaría el recorte del periodo legislativo 2016-2021 de los diputados electos legítimamente en diciembre de 2015 sin justificación legal alguna y sin enmienda constitucional.

2.- Tampoco tendría asidero constitucional, porque violaría el derecho del pueblo a elegir sus representantes mediante sufragio universal, directo y secreto (artículo 63), en este caso, expresado en los comicios parlamentarios celebrados el 6 de diciembre de 2015.

Desde el marco de la Constitución, el adelanto de la elección parlamentaria constituiría una usurpación a la soberanía del pueblo (artículo 5 de la Constitución) que es quien eligió mediante el voto a los diputados a la AN electos para la legislatura 2016-2021.

3.- La propuesta electoral planteada apuntaría a un claro proceso parcializado dada la composición del CNE.

No pareciera que haya pecado por inocente la oferta de Maduro al pretender adelantar las elecciones parlamentarias, teniendo en cuenta que la práctica electoral que impera en el país en los últimos años demuestra un Poder Electoral que actúa al margen de la legalidad y de los principios y valores de un modelo democrático, con el objetivo de favorecer las candidaturas oficialistas.

De hecho, es reconocida la plena actuación política deliberada y las arbitrariedades cometidas en procesos pasados por parte del CNE, así como la falta de confianza y de credibilidad respecto a los rectores y otros directivos que lo componen, designados por el TSJ y no por la AN como manda la Constitución.

Por ello, para Acceso a la justicia es innegable exigir la renovación del árbitro comicial, sobre todo si se quieren contrarrestar los fraudes que se dejaron ver especialmente en las últimas cuatro elecciones celebradas en el país, y de este modo asegurar verdaderamente la imparcialidad e independencia en el porvenir electoral del país.

4.- El adelanto de elecciones parlamentarias no  implica  una auténtica oferta electoral.

El adelanto de las parlamentarias también significaría un fraude a la Constitución y a la soberanía popular, teniendo en cuenta que casi todos los partidos políticos y líderes opositores al régimen de Maduro están anulados o inhabilitados tras una lista de decisiones inconstitucionales dictadas por la írrita ANC, así como por el TribunalSupremo de Justicia (TSJ), la Contraloría General de la República (CGR) y el CNE.

En ese contexto, no sería posible asegurar unas elecciones competitivas, pues el cuerpo electoral no tendría una verdadera libertad de elegir a sus candidatos por la ausencia de una real diversidad en la oferta electoral, tal y como ocurrió con las fraudulentas elecciones presidenciales celebradas el 20 de mayo de 2018.

De allí que ante la carencia de candidaturas de organizaciones políticas de la oposición, la ausencia de separación efectiva de poderes y la falta de transparencia y credibilidad en el CNE descrita en el punto anterior, entre otros aspectos, resulta claro que este nuevo proceso electoral tampoco sería democrático ni creíble, como no lo fue el de la elección presidencial el 20 de mayo de 2018.

En suma, para Acceso a la justicia, es obvio que el adelanto de las elecciones legislativas nacionales agravaría aún más la crisis institucional que ya vive Venezuela, porque, pese a que en la práctica las decisiones del órgano parlamentario no tienen fuerza jurídica para el régimen político gobernante, sus actuaciones dan una luz de esperanza sobre el deber ser a los venezolanos, y además, sirven para visibilizar las infracciones y violaciones del Gobierno de facto, porque en las sesiones de la AN se denuncian esos hechos y se informa a la comunidad nacional e internacional sobre ello.

 

Con información de Acceso a la Justicia 

D. Blanco Mar 07, 2019 | Actualizado hace 8 meses
Ahora como que sí, por José Domingo Blanco

¿CON QUÉ RECURSOS CONTARÁ VENEZUELA PARA SOSTENERSE ECONÓMICAMENTE DURANTE EL GOBIERNO DE TRANSICIÓN? Es más, ¿lograremos establecer el gobierno de transición? Y, si alcanzamos ese paso, que esperemos así sea, y pronto ¿dispondrá ese gobierno de transición del capital necesario para paliar los problemas urgentes, mientras se depuran y se ponen en orden las instituciones públicas especialmente el Consejo Nacional Electoral, para que puedan realizarse unas elecciones libres y transparentes? Mientras estamos enfocados en lograr el cese de la usurpación –porque recordemos que desde el pasado 10 de enero, Nicolás pasó a ser un usurpador del cargo al cual se aferra- los venezolanos tenemos que estar muy conscientes de que, con la caída del dictador, no se producirá inmediatamente la recuperación del país. Veinte años de deterioro continuado –acentuado y promovido desde el mismo poder-  han dejado unas cicatrices muy profundas y marcadas en todos los órdenes de la vida de Venezuela. Estamos en una situación anárquica extrema, que ameritará de un tratamiento de recuperación programado y planificado, que nos permita salir a flote, sin desesperos que ocasionen tragedias peores. Estos años de dictadura, nos han hecho acumular, no solo experiencia en supervivencia, sino lecciones aprendidas. Y, cuando llegue el momento, esas lecciones aprendidas debemos utilizarlas para mejorar como nación.

El cese de la usurpación, cuando por fin ocurra, y este régimen en pleno llegue al final de su historia, generará todo tipo de reacciones en los venezolanos; sin duda alguna, la esperanza de cambio y la sensación liberadora, serán las primeras que afloren. Porque, es lo que, desde hace muchos años estamos esperando. Nuestra libertad. El resurgimiento de nuestro país. La erradicación de este modelo castrador y criminal que ha causado –y sigue causando- la muerte de centenares de venezolanos. Los que hemos vivido en el país durante estos veinte años de secuestro, hambre, pobreza, muerte, desnutrición, horrores y miserias debemos estar vigilantes. Alertas. Debemos comportarnos como una sociedad civil capaz de exigir sus derechos; pero, sobre todo para que no volvamos a cometer los errores del pasado. Los venezolanos, todos, de manera activa, debemos velar para que nunca más, las ambiciones de pseudo líderes políticos mesiánicos, nos lleven a una nueva tragedia.

Si estamos de acuerdo con la salida que nos están planteando, debemos cumplir las etapas en las que ha insistido, constantemente, el Presidente Encargado, el ingeniero Juan Guaidó. Veo con preocupación, cuando actores políticos de siempre –los que, en más de una ocasión, han brindado oxígeno y legalidad a este régimen ilegítimo- engolosinados con la palabra elecciones. Soñando, a viva voz, con una candidatura presidencial, en un país que primero debe seguir enfocado en el principal objetivo: salir del dictador, desmantelar el narcoestado y poner tras las rejas a los responsables de tantos crímenes. Crímenes calificados, en la mayoría de los casos, como de lesa humanidad.

Estamos en un momento crucial, uno nuevo y contundente. Y no es la primera vez; pero, sí lo percibo distinto a las ocasiones anteriores. A mi juicio, hemos vivido otros momentos clímax que nos han hecho pensar que “ahora sí. Estamos muy cerca del final”, para luego, con una habilidad asombrosa, el régimen voltea la suerte y hace que, una vez más, sonría a su favor. Comprando voluntades, negociando con traidores o intimidando a quienes, de manera genuina promueven el cambio. No son cinco días. Llevamos cuatro lustros en manos de este narcoestado que ha sabido asesorarse con sus maestros los cubanos; hasta el punto de infiltrarlos en cargos clave, de mucho poder, para garantizar su permanencia indefinida.

Hoy, los venezolanos somos de nuevo testigos de otro momento crucial. El régimen de Nicolás –y antes, el de Chávez- ha sabido evadir las amenazas. Sus años en el poder, con el control de muchos recursos, los ha vuelto expertos en transformar sus situaciones críticas en oportunidades para radicalizar su modelo comunista, imponer su autoritarismo y arremeter contra los intentos democráticos con más represión y muerte. Esta vez, sin adornos ni guiños triunfalistas, sin cantar victorias por adelantado, y con la sensación de que, en esta ocasión hay menos improvisación que en las ocasiones anteriores, vemos el momento que protagoniza el ingeniero Guaidó, como uno que suma rápidamente mucho respaldo; pero, no solo de los venezolanos desesperados por derrocar la dictadura, sino de importantes potencias mundiales, para las que el chavismo/madurismo se transformó en un problema grave capaz de desestabilizar a todo un hemisferio.

No sabemos con exactitud la fecha cuándo caerá la dictadura. Lo que sí podemos asegurar es que cada vez son menos los que están dispuestos a respaldarla. Aún falta trecho por recorrer. Aún queda pendiente el despertar de consciencia del alto mando militar -que, esperemos, más temprano que tarde ocurra. Lo que si debemos tener muy claro es que, si bien de nuevo sentimos un poco de optimismo y esperanza, debemos estar conscientes de que el país que dejará tras su paso este régimen es un país destrozado. En la ruina. Devastado. El cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres son apenas, las premisas que se deben cumplir de esta primera fase del plan liberador que en enero 2019 se puso en marcha.

@mingo_1

Acceso a la Justicia: Seis claves sobre el 10 de enero
EL AÑO 2019 COMIENZA CON MUCHAS EXPECTATIVAS EN EL PAÍS y en la comunidad internacional, en concreto por lo que podrá suceder el próximo 10 de enero, día que, según la Constitución venezolana (artículo 231), se da inicio a un nuevo mandato presidencial por el período constitucional 2019-2025, mediante juramento que deberá ser prestado por el electo presidente de la República ante la Asamblea Nacional (AN).
 
Sin embargo, hay que recordar que el actual mandatario nacional Nicolás Maduro fue reelecto tras un ilegítimo e inconstitucional proceso comicial celebrado el 20 de mayo de 2018, ya que éste estuvo envuelto en un halo de irregularidades por no haber contado con la participación de todos los partidos políticos -ante su ilegalización o eliminación- mediante varias decisiones contrarias a la normativa nacional, incluida la Constitución, dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE),  y por haberse desarrollado sin los mínimos estándares democráticos.
 
A partir de los resultados electorales se levantaron numerosas críticas así como voces de rechazo.  Por un lado, la AN, electa democráticamente el 6 de diciembre de 2015, declaró mediante acuerdo del día 22 de mayo “…como inexistente la farsa realizada el 20 de mayo de 2018, al haberse realizado completamente al margen de lo dispuesto en Tratados de Derechos Humanos, la Constitución y las Leyes de la República” y, en especial, manifestó que “…la supuesta elección de Nicolás Maduro Moros como Presidente de la República (…) debe ser considerado como un usurpador del cargo de la Presidencia de la República”.
 
En el panorama internacional, por otra parte, destaca el hecho de que en la cuarta sesión plenaria de la  48° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada el 5 de junio, se aprobó una resolución que, con el voto favorable de 19 países, 4 en contra y 11 abstenciones, desconoció las presidenciales venezolanas y por ende, la legitimidad de Maduro como mandatario reelecto. 
 
En este mismo sentido, la Unión Europea (UE), así como el Grupo de los 7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, y Estados Unidos) y los 14 países del llamado “Grupo de Lima”, también hicieron mucho énfasis en las condiciones en las que se llevó a cabo el proceso electoral, advirtiendo, al respecto, que no reflejó verdaderamente la voluntad libre y democrática del pueblo venezolano, y por tal razón manifestaron que tampoco convalidarían los resultados.   
 
Ante lo expuesto, es notoria la importancia del tema y, sobre todo por la disyuntiva que se plantea acerca del inicio o no del nuevo período constitucional de Maduro como primer mandatario nacional para el período 2019-2025. 
 
Frente a este escenario de ilegitimidad -de origen- e inconstitucionalidad, que ensombrece al mandato que inicia el 10 de enero, Acceso a la Justicia considera importante revisar y analizar el marco jurídico de la Constitución, con la finalidad de precisar algunos puntos que resultan ser clave a la hora de entender y resolver la situación planteada.  
 
1.- Ante la falta de legitimidad de Maduro Moros como presidente reelecto ¿es válida la toma de posesión del cargo mediante juramento ante la írrita ANC o el TSJ el próximo 10 de enero?  
 
Absolutamente no. De hecho, al haber sido declarada inexistente la elección presidencial por la AN mediante acuerdo parlamentario, no tendría validez jurídica actuación o acto alguno que realizara o llevara a cabo Maduro a partir del día 10 de enero, fecha que, por cierto, también pone fin a su mandato que corresponde al periodo constitucional 2013-2019. 
 
No obstante, para Acceso a la justicia es obvio que la decisión de la AN será desconocida por parte del Gobierno nacional y sus incondicionales brazos ejecutores (ANC y TSJ) bajo el pretexto de que ninguna decisión del órgano legislativo es actualmente válida, en virtud de que se encuentra en situación de contumacia por desacato continuado de las sentencias del TSJ. 
 
Debemos reiterar que en la actualidad en Venezuela, la mayoría de los órganos del Estado, cuyas decisiones son ejecutables, son ilegítimos, porque sus representantes no han sido electos por el pueblo  (ANC), o no han sido designados por la AN como corresponde según la Constitución (Defensa Pública, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, CNE y en parte, el propio TSJ, por lo menos 13 de sus magistrados principales y 20 de sus suplentes).  
 
 2.- ¿Qué consecuencias jurídicas podrían producirse si Maduro quiere tomar posesión del cargo de Presidente de la República mediante juramento ante la ANC o el TSJ? 
 
Estaría incurriendo en un flagrante vicio que atenta contra el orden constitucional  denominado usurpación de autoridad, y que se materializa cuando una persona que no está investida de autoridad pública actúa como tal. En ese caso, todas las decisiones que adopte, nacional e internacionalmente, estarían viciadas de nulidad absoluta. Al respecto, el artículo 138 de la Constitución dispone de manera expresa que toda “autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”. 
 
Hay que resaltar, además, que se estaría cometiendo un golpe de Estado por atentar contra la institucionalidad democrática y republicana del Estado venezolano, desde hace ya tiempo debilitada y fracturada por el actual  gobierno y se estaría constituyendo formalmente un régimen de facto.     
 
3.- ¿Sería válida la toma de posesión del cargo de Presidente de la República mediante juramento por Maduro ante la propia AN, -legítimo órgano representativo de la voluntad popular-, el próximo 10 de enero?
 
Según la primera parte del artículo 231 de la Constitución, el candidato elegido tomará posesión del cargo de Presidente de la República el 10 de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la AN. No obstante, teniendo como telón de fondo la ilegitimidad de origen de Maduro a partir de las elecciones del 20 de mayo de 2018, mal puede el Parlamento convalidar esta situación que vulnera de forma grave el orden jurídico constitucional y el orden internacional. 
 
La AN ni ninguna otra instancia del Estado gozarían de autoridad para legitimar o convalidar los fraudulentos resultados electorales sobre los que se basó la reelección del actual presidente. De hacerlo, el órgano parlamentario estaría renunciando a la soberanía popular, el más alto principio democrático, que está obligado a defender.  
 
4.- ¿La Constitución plantea alguna salida ante un candidato que ilegítimamente haya sido elegido como Presidente de la República? 
 
No, en principio. Pero dado que Maduro no puede ser considerado como presidente electo por las irregularidades de los comicios del año pasado, el supuesto más parecido y, por ende, viable para resolver la inquietud planteada, es el segundo párrafo del artículo 233 de la Constitución, cuyo texto  reza: “Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”. 
 
Queda claro según la disposición antes transcrita que, si para el 10 de enero no hay un presidente electo, el ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional recaerá en el Presidente de la AN, quien a su vez deberá juramentarse ante el propio órgano parlamentario a fin de encargarse de la Presidencia de la República hasta tanto se realice la nueva elección presidencial dentro de los 30 días consecutivos. 
 
5.- ¿El presidente de la AN que se encargue de la Presidencia de la República conforme al segundo párrafo del artículo 233 constitucional podrá ejercer el pleno ejercicio de las competencias asignadas al Jefe de Estado de acuerdo con la Carga Magna y las leyes? 
 
Absolutamente sí, pues quien quede como encargado, es decir como suplente de la Presidencia de la República está automáticamente habilitado, de acuerdo con el mencionado artículo de la Constitución, para ejercer todas las funciones que corresponden ser ejercidas por el titular del cargo, tanto como Jefe de Estado y del Ejecutivo Nacional (artículo 226 constitucional), como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional (artículo 236.5 constitucional).  
 
6.- ¿Qué normas regularían el proceso electoral al que se refiere el segundo párrafo del artículo 233 de la Carta Magna? 
 
La normativa aplicable en este caso es la prevista en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), con la diferencia de que las actividades que se contemplen en el cronograma electoral deberán ajustarse a los 30 días que exige la Constitución. Por otra parte, hay que advertir que el CNE debe ceñirse a lo dispuesto en el mencionado dispositivo constitucional por tratarse de una actividad reglada y no discrecional, razón por la cual no estará facultado para cambiar las reglas de juego, tal como lo ha hecho en anteriores procesos electorales.  
 
En general, y desde este contexto, puede afirmarse que el peso central y decisivo en la resolución del inquietante escenario planteado recaerá en la AN. Sin embargo, como se sabe, el régimen que actualmente gobierna en el país no soporta el hecho de que se le impongan decisiones desde el legislativo, reglas nacionales –constitucionales y legales- y menos aún internacionales, que busquen limitar sus acciones, sin dejar de mencionar la represión de la que es capaz con tal de imponerse.
 
Acceso a la Justicia considera que tal vez sea imposible llevar a la práctica lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 233, por lo que se hará imprescindible elaborar estrategias, en especial, desde la comunidad internacional que permitan alcanzar la solución, institucional y democrática, a la grave y compleja crisis que se vive en el país. 
Con información de Acceso a la Justicia 
Acceso a la Justicia: El quiebre institucional como causa de la emergencia humanitaria

EN VENEZUELA SE VIVE UNA SITUACIÓN DE INSTITUCIONALIDAD ROTA EN LA QUE IMPERA LA LEY DEL MÁS FUERTE. La mayoría de los órganos del Estado cuyas decisiones son ejecutables son ilegítimos, porque sus representantes no han sido electos por el pueblo; es el caso de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), o no han sido seleccionados por la sociedad civil como manda la Constitución: magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, (TSJ), Defensor Pública, Defensor del Pueblo, Fiscal General; o no han sido designados por la Asamblea Nacional (AN), por ejemplo el Consejo Nacional Electoral (CNE), y en parte el Poder Judicial, (por lo menos, 13 de sus magistrados principales y 20 de sus suplentes).

Sin embargo, hay otros organismos legítimos, como la AN, pero sus decisiones no son ejecutables, porque el TSJ lo ha imposibilitado (ochenta y tres sentencias que han anulado sus competencias, entre ellas la legislativa y la contralora) desde su elección en diciembre de 2015.

A esto se añade que el Gobierno nacional concentra el poder, pues es quien realmente lo ejerce, habiéndoselo atribuido u otorgado el TSJ (este ha dictado desde diciembre de 2015, al menos 158 sentencias favor del Ejecutivo y en desmedro de la Constitución y los derechos humanos, incluyendo en este número las 83 en contra del Parlamento). Los ministerios y otros organismos funcionan por inercia, no hay inversión, mantenimiento ni respuesta a las demandas desde hace varios años. Por ello, todo lo público está a punto del colapso o no funciona.

El problema se agrava porque la mayoría de los bienes y servicios han sido nacionalizados desde hace varios años o progresivamente las empresas privadas han sido expropiadas. De un tiempo para acá, el Gobierno ha adoptado otras formas, y es que de las pocas empresas que van quedando cuando ya están por cerrar, dados los desincentivos a la producción y la imposibilidad de repatriar su capital, son objeto de una medida de ocupación. Por otro lado, los servicios públicos básicos (luz, agua, telecomunicaciones, recolección de desechos sólidos) están en manos del Ejecutivo ya desde años.

La crisis de los servicios públicos también ha incidido en las redes de comunicación provocando episodios de desconexión y desinformación por las precariedad del acceso a internet, lo que, junto a amenazas, bloqueos y cierres de medios, afecta la libertad de expresión en el país.

El Estado ha olvidado sus funciones fundamentales, incluso seguridad y justicia, y esto ha dado lugar, junto con una política pública de impunidad, a que delincuentes se transformen en bandas y luego en megabandas con ocupación de territorio a cambio de seguridad para los habitantes de la zona. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) calcula que la tasa de homicidios es de aproximadamente 110 por cada 100.000 habitantes (no hay cifras oficiales). En promedio, en el año 2017, cada semana fallecieron 106 personas por acciones de funcionarios policiales o militares y cada día del año murieron 15 personas por resistencia a la autoridad.

Corrupción

A todo esto se une el colapso de la industria petrolera que, por su mal manejo y la inmensa corrupción que la caracterizó, especialmente en el período 2004-2014, ya no es rentable como lo era antes, por lo que el Gobierno ha continuado con su rentismo, pero basado ahora en el oro y otros minerales (Arco Minero), con la presencia de grupos armados que controlan en buena medida las zonas de extracción, donde impera la ley del más fuerte. La opacidad en materia de contratos de extracción de minerales y manejo de recursos por parte del Ejecutivo es enorme. En estas zonas ya está presente el grupo irregular colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), que actúa con la complicidad de funcionarios y Gobierno. Los abusos en la región son atroces y hasta se han instaurado formas de trabajo de esclavitud moderna.

Las consecuencias de la incursión de la guerrilla en nuestro territorio van más allá. Un número alarmante de estudiantes, en al menos cinco estados fronterizos, es víctima de secuestro y reclutamiento forzado por parte de fuerzas irregulares. Directivos y docentes son amenazados para que distribuyan material proselitista a los alumnos. Al respecto, el procurador general de Colombia y el representante de Unicef en Colombia, han informado que disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) continúan secuestrando a menores de edad en Venezuela. Varias ONG reportan que la violencia dentro de las escuelas por crimen organizado, microtráfico de drogas, violencia de odio y agresiones a estudiantes y docentes se ha incrementado en 75% debido a la falta de programas de prevención y acciones efectivas.

También está ocurriendo que algunos gobernadores imponen sus normas en su territorio, contrarias a la Constitución, incluso en contra del Poder Nacional a la luz de su falta de autoridad en las regiones.

Persecución política

A todo esto se une que los partidos políticos y dirigentes de oposición han sido perseguidos y anulados, además de ser víctimas de una importante campaña comunicacional de descrédito, en lo que la gestión de Maduro ha sido muy eficiente, logrando su objetivo de fracturar a los adversarios agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), lo que ha empeorado la percepción ciudadana ante la posibilidad de una salida electoral a la crisis.

A la falta de instituciones se une una inseguridad jurídica crítica: el presidente es quien legisla a través de decretos leyes sin el aval del Parlamento como lo ordena la Constitución sobre la base de una emergencia económica, decretada desde enero de 2016, cuando la norma señala que la duración máxima del estado de excepción es de 60 días con una sola prorroga de igual lapso.

Existe además un sinfín de leyes inconstitucionales y contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos, que niegan la existencia de derechos, e incluso, su ejercicio los convierte en delitos, como la Ley Constitucional contra el Odio,  por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, emanada de la ANC, que prevé hasta veinte años de cárcel, cierre de medios y emisoras, y bloqueos de portales, cuyo contenido u opiniones que se expresen sean consideradas por el Gobierno como críticas a su postura.

En este ámbito de la libertad de expresión, los medios de comunicación han sido controlados, comprados, silenciados o perseguidos. Al menos cuarenta y cuatro periódicos dejaron de circular de forma definitiva desde 2013, mientras que otros catorce cesaron sus labores temporalmente. De esta cifra, sólo en 2018 dejaron de imprimirse treinta diarios (en buena medida por falta de papel), de los cuales diez anunciaron el cese total de sus operaciones. Aunado a esto, emisoras de radio y televisión han cerrado sus puertas y hay limitaciones para ver canales de comunicación como CNN o NTN24, por mencionar algunos.

El TSJ ha contribuido con el bloqueo informativo, emitiendo más de cuarenta sentencias que han violado el derecho de acceso a la información, incluidas las relacionadas con las políticas en sector alimentación y salud. En tres años los ministerios no han publicado su informe de gestión anual, el presupuesto nacional, la ejecución del gasto, las contrataciones, el producto interno bruto, los índices de inflación, entre otros aspectos de especial relevancia y cuando las ONG solicitan la información les es negada.

A esto se añade la absoluta inseguridad jurídica que se manifiesta, entre otros, en que las normas dictadas por el Ejecutivo Nacional a veces no aparecen publicadas en Gaceta Oficial (instrumento oficial de publicación de normas jurídicas) en la fecha en que se anuncian (generalmente por televisión en cadena nacional), y cuando se publican finalmente suele hacerse con una fecha anterior a la del día en el que en realidad aparecen, por lo general la fecha del anuncio televisivo. También el TSJ dicta sentencias sin publicar su texto completo, solo el dispositivo o a través de una nota de prensa informa lo decidido.

Concluimos que el quiebre institucional descrito se ha gestado en una crisis económica y social de gran magnitud, que por su tiempo y desatención se ha convertido en una verdadera emergencia humanitaria, lo que explica la verdadera causa del éxodo masivo de un gran número de habitantes del país y revela la absoluta y total responsabilidad del Estado en esta grave situación.

Acceso a la Justicia: Elecciones de concejos municipales o una farsa electoral más

El proceso del pasado 9 de diciembre más que la realización de unas elecciones  auténticas para elegir a los titulares de los concejos municipales se trató nuevamente de una contienda manipulada con supuesta apariencia de “legitimidad democrática”, dado que desde su convocatoria estuvo siempre al margen de la legislación electoral.

Para Acceso a la justicia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) volvió a menoscabar la soberanía popular tras la multiplicidad de irregularidades que distorsionaron y entorpecieron los principios de transparencia, autenticidad y limpieza que exige un proceso comicial democrático, sólo con la finalidad de abrirle paso al ventajismo electoral desbocado a favor de los candidatos oficialistas, pero desventajoso para los candidatos opositores, tal como quedó evidenciado con los resultados hasta ahora proclamados por el órgano comicial, en los que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo más del 90% de los puestos adjudicables de concejales en el territorio nacional, en unas elecciones en las que la abstención alcanzó 72,6% según cifras del ente rector.

Se advierte, en efecto, que las arbitrariedades cometidas por el CNE no variaron sustancialmente con respecto a las observadas en los procesos correspondientes a las elecciones presidenciales anticipadas y consejos legislativos del pasado 20 de mayo de 2018, así como en los comicios regionales (gobernadores) y municipales (de alcaldes) celebrados en 2017, sobre todo al crear un marco electoral absolutamente desigual a fin de evitar el triunfo de la oposición. A esto se añade que para la elección presidencial los partidos políticos de oposición que participaron no eran en su mayoría los de más trayectoria sino unos nuevos, inscritos y permitidos por el Gobierno.

En este sentido apuntan las irregularidades que el Poder Electoral cometió en la contienda del domingo 9 de diciembre, las cuales representan la profundización del debilitamiento y la flagrante violación de los derechos políticos ciudadanos y, en general, la destrucción de la institución del voto, una de las esenciales garantías de un régimen democrático.

Mostramos a continuación seis de las anomalías más resaltantes que estuvieron presentes en la jornada.

1. La cancelación arbitraria de los partidos políticos que no participaron en las elecciones celebradas en 2017 y en las presidenciales y de consejos legislativos el 20 de mayo de 2018.

La mayoría de los partidos políticos quedaron inhabilitados de participar en la elección de concejales tras un conjunto de decisiones que fueron tomadas por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el CNE.

De hecho, desde 2016 estos órganos se dedicaron a impedir sistemáticamente que el sector opositor, representado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y otras organizaciones políticas de la disidencia del país, postulara a sus abanderados en las diferentes contiendas electorales que estaban previstas a celebrarse en ese año.

En este contexto, y con desconocimiento absoluto de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, legislación que expresamente establece cuál es el procedimiento que debe cumplirse para poner fin –jurídicamente– a los partidos políticos en Venezuela, fueron canceladas las organizaciones políticas opositoras.

Los últimos partidos que fueron inhabilitados a partir de esta práctica inconstitucional fueron Acción Democrática (AD), Nueva Visión para mi País (Nuvipa), Un Nuevo Tiempo Contigo (UNT) y Generación Independiente (Gente), por no haber participado en las elecciones presidenciales y de consejos legislativos del 20 de mayo de este año.

Este inédito acontecimiento en la más reciente historia democrática del país cerró las puertas a una auténtica oferta electoral, que realmente garantizara al cuerpo electoral la libertad de elegir, además que le restó confianza y transparencia al proceso.

2.Retraso en la convocatoria de los comicios municipales y la separación ilegal de las elecciones de concejales con las de alcaldes por mandato de la ANC.

La alteración del orden legal en las elecciones de concejos municipales proviene también por el retraso a que se vieron expuestas. Estos comicios debían realizarse en 2016, pero el CNE con el pretexto de que estaba dedicado a la organización del referendo revocatorio que la oposición había puesto en marcha contra el presidenteMaduro, decidió aplazar esta escogencia para finales de 2017.

Por otra parte, la fraudulenta ANC, sin motivación alguna e incumpliendo y usurpando funciones del CNE, convocó para el 10 de diciembre de 2017 la celebración de las elecciones de alcaldes  sacando a los concejos municipales del mencionado proceso eleccionario.

Con este telón de fondo, es conveniente advertir que la escogencia de los titulares de las cámaras municipales debía realizarse simultáneamente con la elección de los alcaldes, en virtud que el artículo 2.2 de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales consagra que las elecciones de alcaldes, concejales, concejos municipales, distritales y metropolitanos deben realizarse de forma conjunta para garantizar la uniformidad en el inicio y culminación de sus mandatos y, de esta forma, evitar que se altere o modifique la periodicidad de los cargos ejecutivos y legislativos del poder públicomunicipal, tal como ocurrió con las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013.

Por ello, la forma tan burda como fue convocada la elección de concejales ocasiona un cambio arbitrario en los períodos constitucionales de las cámaras municipales respecto a los de los alcaldes, que es manifiestamente contraria a la norma prevista en el artículo 2.2 de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales,  y que altera la uniformidad que debía ser garantizada por el órgano comicial, siendo responsable del ejercicio errado de esta potestad electoral.

3.Modificación arbitraria del diseño de las circunscripciones electorales y el número de cargos de concejales a elegir.

Ha sido una práctica recurrente del CNE diseñar las circunscripciones electorales a su antojo, sin un estudio previo de las proyecciones poblacionales aprobadas por el órgano parlamentario, con la intención de favorecer los intereses electorales de los candidatos del sector oficialista.

Asimismo, ha sido una práctica reiterada no modificar las circunscripciones electorales pero sí la cantidad de cargos a elegir para favorecer intereses partidistas, tal como ocurrió con las elecciones parlamentarias celebradas en diciembre de 2015 en las que –por exceso o por defecto– el CNE manipuló la cantidad de diputados a escoger.

En las elecciones del 9 de diciembre el órgano comicial recurrió a esta práctica antidemocrática y manipuló arbitrariamente el número de escaños de concejales a elegir en las algunas circunscripciones. Es oportuno advertir que el artículo 13 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) establece la escala para elegir a los representantes ante las cámaras municipales. Adicionalmente, el artículo 11 dispone cómo se diseñan las circunscripciones electorales atendiendo la densidad poblacional, en este caso, del municipio, que es calculada y proyectada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un ejemplo en el que puede notarse dicha práctica fue denunciado por la organización Súmate en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) es en el municipio Guaicaipuro (estado Miranda), que para 2013 elegía a once concejales, ocho nominales y tres por lista, con una población general INE (al 31 de julio de 2013) de 312.502.

Sin embargo, para estas elecciones municipales el número de concejales en la referida entidad quedó reducido a nueve concejales, siete nominales y dos por lista, con una población general INE (al 31 de diciembre de 2018) de 291.278, es decir que fueron elegidos dos concejales menos según los datos suministrados por el CNE.

Así, se le deja al órgano comicial libertad absoluta para determinar los escaños a elegir y el diseño de los circuitos electorales conforme a los intereses políticos que puedan estar en juego en determinadas entidades, sin que exista ningún tipo de control. Lamentablemente esta situación vulnera los estándares mínimos de protección de los derechos de los electores, incluso pone en peligro el principio de la representación proporcional, base fundamental para la elección, conformación y funcionamiento de los cuerpos colegiados de representación política (artículo 63 de la Constitución).

4. La entrega de bolsas de alimentos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) y otros beneficios sociales durante el acto de votación a partir del uso del Carnet de la Patria.

En la jornada electoral también se produjo una serie de arbitrariedades durante el acto de votación como parte de la ofensiva gubernamental para coaccionar a sus militantes y simpatizantes a votar en favor de los candidatos oficialistas, lo que está intrínsecamente relacionado con el uso del Carnet de la Patria en los puntos rojos instalados en las adyacencias de los centros electorales.

Como ya lo ha denunciado de manera reiterada Acceso a la Justicia, el Carnet de la Patria es un instrumento autoritario que el régimen ha impuesto sistemáticamente a fin de  intimidar a las personas a participar en los procesos electorales, además de chantajearlas con la entrega o no de beneficios y otros subsidios económicos o sociales.  En esta ocasión, el soborno e intimidación vino del propio Maduro al ofrecer un pernil y un bono de 2.000 bolívares a quienes votaran en estas municipales.

5. La instalación de puntos rojos del partido PSUV en las cercanías de los centros electorales

Queda claro que esta práctica vulnera el carácter libre y secreto del sufragio (artículo 63 de la Constitución), además que con el manifiesto ventajismo de las candidaturas, expresado públicamente por Maduro, la legitimidad de este proceso queda absolutamente cuestionada.

6. La parcializada observación internacional del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA).

Como advirtió en su momento Acceso a la Justicia, el CEELA es una organización que guarda estrecha simpatía con el órgano comicial y con países ligados al chavismo, como el caso de Nicaragua.

Para sopesar la credibilidad del mencionado grupo basta recordar a título de ejemplo el informe que presentó el CEELA mediante el cual acreditaba el carácter democrático del proceso írrito y fraudulento de la elección de la ANC.

En ese sentido, el rol del CEELA no significa una garantía imparcial para el reconocimiento y legitimidad de los procesos realizados últimamente en el país, al contrario su participación se ha configurado como la de un acompañante internacional en pro del órgano comicial,  orientado a respaldar el ventajismo de los partidos de gobierno.

 

Con información de Acceso a la Justicia 

Antonio Ledezma dice que Maduro quiere una “ayudita a la dominicana” para continuar en el poder

EL EXALCALDE METROPOLITANO, ANTONIO LEDEZMA, considera que el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, está buscando una “ayudita a la dominicana” para llegar al 10 de enero de 2019 y “cruzar la línea  roja que fue trazada por la comunidad internacional al reconocer  el fraude en la farsa electoral del pasado 20 de mayo”.

Así lo manifestó Ledezma el 9 de noviembre luego de reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien le manifestó su preocupación sobre aquellos sectores que podrían ser partícipes en un nuevo intento de una eventual negociación con el Ejecutivo.

“Ningún sector democrático de Venezuela comprometido con el rescate de nuestra libertad, debe prestarse a servirle la mesa a Maduro para que imponga de nuevo el tóxico menú de la trampa mediante el amañado diálogo”, expresó según una nota de prensa.

Hizo referencia a la “ayuda a la dominicana” al recordar las conversaciones que se llevaron a cabo en la sede de la Cancillería en Santo Domingo y las gestiones que adelantara el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero para llevar a cabo el proceso, el cual se extendió unos tres meses sin resultados.

“Mientras persista esa banda de delincuentes en el poder con un Consejo Nacional Electoral a su servicio, no se puede plantear la participación en elecciones.  Lo que está claramente definido es la salida de Maduro del poder lo antes posible, y en este sentido es necesaria la unidad de fuerzas”, señaló.

Aseveró que en la agenda del movimiento “Soy Venezuela” hay una única estrategia, que es la de continuar luchando hasta propiciar un cambio de Gobierno en el país, al tiempo que le dijo a Almagro que el pueblo venezolano “está satisfecho” con la iniciativa presentada por la OEA ante la Corte Penal Internacional en contra de Nicolás Maduro y que en la actualidad es respaldada por ocho naciones.

Derrotemos al gobierno en las elecciones municipales, por Luis Fuenmayor Toro

NADIE DEBE TENER NINGUNA DUDA de que el gobierno de Nicolás Maduro no está interesado en la afluencia masiva de votantes en las elecciones de concejales del 9 de diciembre. Quiere que exista una alta abstención, para poder ganar sin mayores esfuerzos y dificultades. La actitud del CNE corrobora lo señalado. No hay propaganda televisiva que llame a votar, cuando en comicios muy anteriores sí la hubo y muchas veces exagerada y atosigante. Tampoco la hay en la red de radioemisoras venezolanas, la mayoría de las cuales está en manos de Estado. No se ve ninguna publicidad en portales electrónicos periodísticos o de otra naturaleza y mucho menos en la escasísima prensa escrita que sobrevive. El organismo que por ley está obligado a garantizar la realización cabal de las elecciones, y por lo tanto la participación mayoritaria de los votantes, trabaja precisamente para lo contrario, para que haya una gran abstención, incluso mayor que la habida en las elecciones presidenciales de mayo pasado.

Otro elemento que soporta lo que afirmamos es que, a un mes de los comicios, el PSUV no ha desplegado ninguna campaña publicitaria en prácticamente ningún sitio, ni a través de ningún medio. Sus dirigentes están preocupados por otros asuntos, hablan y declaran de cualquier cosa menos de los comicios, mientras la alta dirigencia del régimen coloca en escena cualquier cosa menos la cuestión electoral. Lo que sea es bueno, sin importar su nimiedad, con tal de que distraiga a la gente y le haga no prestar caso a unos comicios que, por demás, siempre, han despertado poca motivación en la población, incluso cuando han incorporado la elección de los alcaldes. Siempre han sido poco motivadoras, incluso menos que la de los gobernadores. Y estamos hablando de cuando la descentralización estaba en su apogeo propagandístico; imaginémonos ahora con un gobierno centralizador de todo y que ha despojado a los municipios de muchas de sus atribuciones, inclusive las constitucionales.

Este hecho debería de llamar la atención de quienes quieren abstenerse por la razón que sea. Si el gobierno puede ganar las elecciones con trampas, debería buscar que hubiere una asistencia masiva de la población y, de esa manera, legitimarse más fácilmente ante los organismos internacionales y países que lo adversan. Pero no. No lo hace. ¿Será porque sabe que una asistencia importante de votantes lo coloca en grave riesgo de perder? No pudo el régimen hacer que votara más del 50 por ciento del padrón electoral en las presidenciales, lo cual lo hubiera dejado en mejor posición interna y externa. Sabe muy bien que no puede, ni siquiera frente a esos observadores complacientes, que usualmente trae y paga para el llamado “acompañamiento”, voltear fraudulentamente una votación aplastantemente contraria. Y es que aplastante sería su derrota en las condiciones actuales de miseria, desabastecimiento, hiperinflación, insalubridad y desesperanza. Por eso no se arriesgan y juegan a la abstención de sus opositores.

¿Es esto muy difícil de comprender? ¿Cómo se abandona el voto en el peor momento para el gobierno? Nada cuesta votar el 9 de diciembre. Nada cuesta darle una pela al gobierno votando por los partidos de la Concertación por el Cambio o por cualquier otro, pues mayoritariamente van en distintas alianzas en todos los 335 municipios del país. Digan lo que digan, no ir a votar es permitirle al gobierno que se alce con un triunfo que lo oxigenará quiérase o no. Ese es el verdadero colaboracionismo. El año nuevo puede recibir a un Maduro victorioso porque la gente no votó o a un Maduro derrotado y puesto en evidencia ante el mundo entero. ¿Qué creen los lectores que es mejor? Por algo, gente abstencionista muy radical ha comenzado a echar marcha atrás. Démosle una sorpresa al gobierno derrotándolo en votos el 9 de diciembre y tengamos ese elemento para pasar la mejor navidad de los últimos años.