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Consejo Nacional Electoral

CNE: omisión versus consenso, por Luis Fuenmayor Toro

Para la mayoría de los actores políticos venezolanos, no habrá consenso en la designación del Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea Nacional. La oposición extremista continúa, por lo menos declarativamente, hablando del cese de la usurpación, es decir de la salida de Maduro como condición previa a cualquier arreglo posterior. El gobierno, por su parte, tiene en la permanencia de Maduro su límite en cualquier negociación.

Maduro no se irá por las malas, ni por la puerta trasera; eso lo han mantenido desde hace muchísimo tiempo. A lo mejor, no está negado a irse, pero no de la forma en que los extremistas opositores quieren, y en Venezuela no existe una revuelta popular a lo chileno o boliviano que pueda obligarlo, ni las tropas gringas están en la frontera listas para la invasión.

Esta situación hace predecir el disenso en torno a la designación de un nuevo CNE. La oposición extremista se prepara entonces para designar un CNE por su cuenta, con sus diputados, sin tener la mayoría de los dos tercios que requeriría. CNE que pasaría a sumarse a todas las instancias hasta ahora existentes de un pseudo gobierno paralelo o en el exilio, pues tendríamos entonces dos presidentes, dos asambleas nacionales, dos tribunales supremos, dos fiscales y dos consejos electorales.

Dicho en términos más directos: se trataría de extender la política que lleva casi un año de fracasos y que en absoluto ayudaría a buscar una salida pacífica en el mediano plazo, por lo que pudiéramos predecir que el sufrimiento de la nación continuaría y se agravaría.    

 

El gobierno, por su parte, pasaría a designar el nuevo CNE en consenso con los seis partidos hasta ahora integrantes de la mesa nacional de diálogo, lo cual no tendría el reconocimiento internacional necesario para mejorar su situación ni la de los venezolanos, ni reduciría la beligerancia del extremismo opositor. No voy a decir que se estaría en las mismas condiciones que se estuvo en la elección presidencial de Maduro, pues la situación actual no es la misma en varios aspectos.

Un llamado a la abstención no tendría el mismo respaldo que tuvo en mayo de 2018, ni la abstención por desencanto tampoco sería la misma. El sólo hecho de que se designe un CNE sin la presencia de Tibisay Lucena ya es un avance en el sentido de credibilidad del organismo, lo cual resultaría en una mayor participación electoral de la gente.

Pero en cualquier caso no es la mejor salida a la crisis actual, aunque es muy probable que sea lo que acontecerá. De ser así, habría que salir a votar en las elecciones de AN del próximo año, sin atender el llamado suicida de los abstencionistas patológicos, sobreponiéndonos a la desesperanza para tratar de tener un Poder Legislativo donde el PSUV no tenga la mayoría absoluta, independientemente de que como fuerza individual sea mayoritario. Y si eso no es posible, que lo sería si hay una adecuada votación, evitar la hegemonía gubernamental en la Asamblea. Estas posibilidades van a depender también de la unidad que logren los partidos de la oposición democrática.

@LFuenmayorToro

Chavismo participará en el Comité de Postulaciones electoral
Torrealba aseguró que el oficialismo y la oposición acordaron una “hoja de ruta” que iniciará con la conformación de la Comisión Preliminar

El exministro del trabajo, Francisco Torrealba informó que los diputados del “Bloque de la Patria” participarán en el Comité de Postulaciones electoral en la Asamblea Nacional.

Desde los jardines del Palacio Federal Legislativo, el constituyente leyó un comunicado en el que señalaron que también le pedirán a la asamblea nacional constituyente que active “los mecanismos conducentes a la renovación del Poder Electoral”.

“Asimismo proponemos que la ANC conforme una comisión de enlace entre el Poder legislativo y el poder constituyente, a los efectos de guardar celoso cumplimiento de lo establecido en la constitución para la selección de los miembros del poder electoral”, prosiguió.

 

Torrealba aseguró que han acordado con la oposición la hoja de ruta que se inicia el día de hoy con la conformación de la Comisión Preliminar.

Igualmente dijo que se han reunido con los partidos políticos de la oposición del G4. Pero luego el presidente encargado y de la Asamblea Nacional, negó dichos encuentros.

El día de hoy se espera el nombramiento de la Comisión Preliminar con 11 diputados, que luego elegirán a 10 miembros de la sociedad civil.

El mandatario interino consideró que los diputados del PSUV deben consultar “con sus jefes” para poder llegar a un acuerdo

El presidente encargado Juan Guaidó decidió declarar la Asamblea Nacional en sesión permanente durante 24 horas hasta que la bancada oficialista “se ponga” de acuerdo y se pueda nombrar un comité de postulaciones para designar nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

 

“Estamos listos para un avanzar, pero como yo sé que ustedes no deciden, que lamentablemente tienen que consultar, someto a votación de la cámara declararnos en sesión permanente, a fin de que ustedes se pongan de acuerdo: mañana miércoles a las 10:00 am continuamos”, dijo Guaidó desde la AN.

 

Asimismo, indicó que los diputados de la bancada oficialista “hablaron de lo que sucedió el 20 de mayo de 2018”, agregando que insisten “en un acuerdo parcial con los actores que no cumplieron” y que eso los llevará “al mismo desastre”.

“Seguimos aquí, este Parlamento ha sobrevivido, nosotros como clase política hemos sobrevivido dirigiendo un proceso de cara al pueblo de Venezuela”, añadió.

Guaidó explicó que hace esta propuesta debido a que el pueblo considera que es una “elección” lo que podrá “solucionar la crisis, generar confianza, que haya inversión, atender a los maestros, y enfermeras”, se debe escoger un nuevo CNE.

Habla Francisco Torrealba

Luego de que Guaidó hiciera la propuesta, el diputado oficialista Francisco Torrealba señaló que en la agenda no estaba establecido debatir en cuanto al CNE.

“Nosotros estamos listos para dar el debate (…) Si no se hace aquí, se hará en el Tribunal Supremo de Justicia (…) De cualquier manera nosotros queremos que haya transparencia en el proceso electoral”, agregó.

La historia de un fraude: el secuestro del Poder Electoral
Según la ONG Acceso a la Justicia, el Consejo Nacional Electoral ha ignorado ilícitos  para inclinar la balanza a favor del gobierno de Nicolás Maduro

 

¿Qué debe hacer un Gobierno cuando ya no puede ganar elecciones? La respuesta si es demócrata es muy sencilla: entregar el poder a quien las gane, pero si no lo es y quiere aparentar lo contrario debes hacer algo que más que las dictaduras de corte militar: construir una escenografía electoral.

Por ello, a continuación explicaremos cómo en Venezuela se ha construido el entramado electoral más complejo de la historia latinoamericana con el único fin de exponer una apariencia de elecciones que justifiquen ante el mundo una fachada democrática que en realidad no es más que eso, una simple apariencia que adentro lleva la gangrena purulenta de violaciones masivas de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Acceso a la Justicia en su informe La toma del poder absoluto en Venezuela explica cómo desde la época del difunto presidente Hugo Chávez se fueron gestando mecanismos de control del Poder Electoral para asegurarse el triunfo electoral, lo que era posible existiendo diferencias no mayores a un 10%. Entre otros aspectos en la investigación, se hace referencia a tres pasos clave para el plan totalitario del gobierno en el Poder Electoral: el fraude de la integración del Consejo Nacional Electoral (CNE) para lograr su control absoluto, la eliminación de los partidos políticos opositores, y, finalmente, las falsas elecciones celebradas en el país entre 2017 y 2018. Ante todo se hará mención a algunos antecedentes ya fraudulentos que favorecieron en elecciones anteriores al partido de gobierno, en que este aún tenía todavía popularidad.

Antecedentes

En las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, el CNE reveló su ventajismo institucional al ignorar la gran cantidad de ilícitos electorales para inclinar la balanza a favor del presidente interino Nicolás Maduro. Esos comicios fueron convocados tras la muerte de Chávez y Maduro derrotó al líder opositor Henrique Capriles por 224.268 votos (7.587.532 contra 7.363.264), con una diferencia oficial de apenas 1.49%. 

En 2016, el CNE cerró el paso al referéndum revocatorio contra el mandato presidencial de Maduro estableciendo obstáculos que lo hacían imposiblenegando el ejercicio de este derecho democrático y protegiendo los intereses del régimen. Pero no actuó solo, pues el Poder Judicial lo acompañó y dio la estocada final al proceso con una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y medidas cautelares dictadas por tribunales penales de cuatro estados del país.

Primer paso: un CNE a la carta

La designación de los rectores del CNE, según los criterios del chavismo, forma parte del secuestro del Poder Electoral. Ya en 2014, ante la imposibilidad de la Asamblea Nacional (AN) de reunir la mayoría calificada de las 2/3 partes de los diputados para nombrar a tres rectores, el entonces presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, anunció que el TSJ asumiría las designaciones, sin que la Constitución le establezca esa competencia.

Acceso a la Justicia subraya que se trató de una decisión unilateral que vulneró las competencias constitucionales de la AN al “delegar” su función constitucional en otro órgano del Estado. En la sentencia n.° 1.865 del 26 de diciembre de 2014, la Sala Constitucional acordó suplir la voluntad popular representada en la AN y, en consecuencia, designar a los miembros del CNE.

Segundo paso: supresión de partidos opositores

Luego de la traumática pérdida que sufrió el oficialismo a manos de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, cuando logró 112 escaños versus 55 oficialistas, el partido de gobierno articuló nuevas estrategias ilícitas para perpetuarse en el poder. Debe aclararse que en estas elecciones a la oposición le fue posible ganar y eludir las trampas electorales existentes, porque se unió en una coalición de partidos, que se registró ante el CNE como un nuevo partido denominado Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y por ser la diferencia muy alta con el chavismo, a este se le hizo difícil manipular las cifras con las estrategias existentes, así que desplegó nuevas.

La primera de ellas fue la progresiva eliminación de la oposición, primero mediante el TSJ y el propio CNE, y luego a través de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). De sesenta y siete partidos que había en diciembre de 2015, cuando se celebraron las elecciones parlamentarias, para abril de 2018, restaban diecisiete: doce progobierno y cinco del antichavismo. Para las presidenciales fraudulentas y anticipadas de mayo de 2018 se inscribió uno más de oposición en una suerte de “oposición a la medida”. Con estas seis últimas toldas es que ahora paca el Gobierno, a pesar de que son una minoría que a muy pocos representa.

La “purga” política tuvo su génesis en la sentencia n.° 1 del 5 de enero de 2016 de la Sala Constitucional del TSJ, en la que se estableció que los partidos políticos que hubiesen obtenido menos del 1% de los votos en las elecciones parlamentarias de 2015 en menos de doce entidades federales, debían renovar la nómina de sus inscritos. Quedaron exceptuados de la renovación cinco partidos, entre los cuales se encontraba la MUD, el mayor partido de oposición; y del lado del gobierno, también el más importante, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En esa sentencia se hacía alusión a la prohibición de la doble militancia política, de manera que los partidos opositores que eran parte de la MUD debían renovarse, así como los afines al Gobierno que también se habían aglutinado en uno solo: el Gran Polo Patriótico. Lo cierto es que el basamento de esta renovación es inconstitucional, porque la Carta Magna no prohíbe en Venezuela la doble militancia, como ocurre en otros países.

Luego, el CNE dictó por mandato del TSJ las Normas para la Renovación de Nóminas de Inscritos de las Organizaciones con Fines Políticos Nacionales,que serían aplicadas a los partidos con miras a su participación en cualquier elección. El 28 de abril de 2017 se produjo la sentencia n.° 223 de la Sala Constitucional que flexibilizó el proceso de renovación para facilitar el proceso de de algunas organizaciones oficialistas, como Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro) y Partido Comunista Venezolano (PCV), aunque también para un pequeño partido opositor: Nueva Visión Para Mi País (Nuvipa).

Por virtud de este proceso, solo catorce toldas lograron renovarse, que sumadas a las ocho declaradas válidos sin tener que someterse a ese proceso dieron lugar en 2017 a veintidós partidos inscritos en el CNE frente a los sesenta y siete que existían en diciembre de 2015. Sin embargo, la fraudulenta ANC emitió un decreto el 27 de diciembre de 2017 que ordenaba una nueva validación de las organizaciones en represalia contra las que no habían participado en las elecciones municipales de diciembre de ese año. De este modo, fueron eliminados importantes partidos de oposición como Primero Justicia (siendo el presidente de la Asamblea Nacional para esa época, Julio Borges, uno de sus más conocidos miembros) y Voluntad Popular (cuyo representante es Leopoldo López y de él hace parte también Juan Guaidó). También fue anulado por virtud de ese proceso el Partido Unión y Entendimiento (Puente). 

Finalmente, la Sala Constitucional dictó la sentencia n.° 53 del 25 de enero de 2018, que ordenó eliminar sin razón jurídica valida de la carrera electoral a la tarjeta de la MUD, terminando así la purga de la oposición. Para ese momento, de sesenta y siete partidos inscritos en el CNE en diciembre de 2015 quedaban diecisiete, y de ellos solo cinco de oposición.

Comicios fraudulentos

En medio de esta depuración de partidos políticos y bajo graves cuestionamientos, se realizaron los comicios para escoger a los gobernadores de los veintitrés estados del país el 15 de octubre de 2017. Los actores políticos y organizaciones de la sociedad civil organizada rechazaron que la fecha de convocatoria fuese adelantada para octubre y no para los primeros días de diciembre, como correspondía.

Como si no bastara con lo anteriormente descrito, el Gobierno se valió de la Contraloría General de la República para inhabilitar a  dirigentes opositores que podían ser candidatos a gobernador, como el mandatario de Amazonas, Liborio Guarulla, y de Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien fue el principal contendor de Chávez por parte de la oposición. Asimismo, el Poder Electoral impidió a la MUD, que todavía en 2017 no había sido anulada, la sustitución de candidaturas.

Acceso a la Justicia subraya que, como parte de control político y electoral del Gobierno, en las elecciones regionales se manipuló el voto asistido, que pasó de ser un derecho de las personas con discapacidad, a ser usado por el PSUV para “asistir” a cualquier elector sin control alguno por parte del CNE, transformándose en un mecanismo de coacción y de eliminación del carácter secreto del voto. También se registraron denuncias sobre el chantaje con las cajas de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y la instalación de los puntos rojos a pocos metros del centro electoral, para que los electores pasaran a chequearse con el llamado Carnet de la Patria, con el objetivo hacer presión y atentar de esta manera contra el voto secreto y libre.

El secuestro del Poder Electoral adquirió un punto más grave cuando la oposición, aunque estaba en gran desventaja, logró ganar cinco gobernaciones: Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia, y sus gobernadores fueron obligados a juramentarse ante la fraudulenta ANC. El único que se negó fue Juan Pablo Guanipa, electo como gobernador del Zulia con 700.755 votos (el candidato más votado en todo el país), y por ello se le impidió tomar posesión de su cargo, llamando la propia ANC, sin tener competencia para ello, a nuevos comicios ante el silencio cómplice del CNE.

En diciembre de 2017 se llevaron a cabo las elecciones municipales con ausencia de la oposición. Se reeditaron los mecanismos ilícitos como el voto asistido irregular, los puntos rojos y el ventajismo en la campaña, entre otros, todo para asegurar el triunfo sin sorpresas del PSUV y su arrase en más de 300 alcaldías de las 335 en disputa.

Dentro de las muchas irregularidades figura la eliminación de la inscripción de nuevos votantes, por cuanto el ente comicial acordó que el Registro Electoral (RE), que serviría de base a esas elecciones municipales sería el del 15 de julio de 2017, dejando por fuera a los jóvenes que cumplirían la mayoría de edad hasta el 10 de diciembre y por ende, negándoles su derecho al voto.

Luego de estas pruebas de ensayo en las elecciones regionales y municipales, el régimen se sintió listo para celebrar unas presidenciales a la medida de Nicolás Maduro. Con ello se garantizó su permanencia en el poder aunque no contara con el voto popular, creando una fachada de elecciones para tratar de legitimarse.

Las irregularidades de este proceso se condensan en cuatro elementos: una convocatoria ilegal por parte de la fraudulenta ANC, siendo competencia del Poder Electoral, según el artículo 293.5 de la Constituciónla eliminación de partidos políticos de oposición de peso para evitar que se presentaran candidatos que pudieran derrotar a Maduro, el ventajismo oficial, expresado en el uso del Carnet de la Patria como instrumento de extorsión con beneficios sociales, instalación de puntos rojos, así como el uso del voto asistido a favor del candidato-presidente del PSUV, y la creación de una oposición a la medida: en menos de un mes aparecieron cinco candidatos de oposición acompañados en algunos casos de la inscripción de nuevos partidos. Uno de los candidatos más importantes de esa nueva oposición era Henri Falcón, quien había sido chavista, hacía unos años había creado un nuevo partido y se había unido a la MUD.

El fraude finalizó con la juramentación de Nicolás Maduro ante TSJ por orden del propio máximo tribunal según sentencia n.° 1 del 8 de enero de 2019, cuando la Constitución establece que debe hacerse ante el Poder Legislativo (artículo 231). Esto configuró la ausencia de toma de posesión del cargo de presidente de la República, lo que condujo a considerar de facto al nuevo Gobierno de Maduro; de allí la designación de Juan Guaidó como presidente encargado, como lo establece la Constitución, por ser la máxima autoridad hasta lograr hacer nuevas elecciones.

 

Ricardo Molina aseguró que los diputados del GPP

EL DIPUTADO OFICIALISTA RICARDO MOLINA aseguró este martes 24 de septiembre que cuando se incorpore el Gran Polo Patriótico (GPP) a la Asamblea Nacional, se corregirán las razones que llevaron al Parlamento a ser declarado en “desacato”.

En una entrevista ofrecida al programa Primera Página, que transmite Globovisión, Molina dijo: “Se corregirán y entonces la Asamblea Nacional entrará en el marco constitucional y volverá a cumplir sus funciones establecidas en la Constitución”.

“Pero para que eso ocurra tiene que haber disposición política”, dijo Ricardo Molina.

Asimismo, el también constituyentista afirmó que los 56 diputados del chavismo se encargarán de “reconformar” al Parlamento.

“Va a ser una discusión dura, pero tiene que ser una discusión transparente, incluido el tema de los los diputados de Amazonas, para ver cómo hacemos que la Asamblea Nacional entre en el hilo constitucional. Tendremos una agenda de trabajo bien interesante”, dijo.

También puede leer: Diputado Ronderos: Regreso del PSUV a la AN es el reconocimiento que no existe tal desacato

Según Molina, una vez que se reconforme la AN, deberá entrar en el proceso de selección de los postulados de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral.

“Llevaremos el proceso como deberemos llevarlo”, aseguró Molina.

*Con información de El Nacional

El G4 rechaza participar en parlamentarias adelantadas

LUEGO DEL ACUERDO QUE SUSCRIBIERON ALGUNOS GRUPOS minoritarios de oposición (el G4) con el gobierno de Nicolás Maduro el pasado lunes 15 de septiembre, en uno de cuyos puntos se hace referencia a realizar procesos comiciales, parece inminente que el Ejecutivo, valiéndose de la asamblea constituyente convocada por el mandatario, procederá a organizar unas elecciones parlamentarias adelantadas para comienzos de 2020, con lo que buscará sacar del juego la actual versión del Parlamento, que cuenta con amplia mayoría de la oposición.

El 12 de agosto, la constituyente conformó una comisión para estudiar y hacer “consultas populares”, sobre la necesidad de adelantar las elecciones parlamentarias, y cuatro días más tarde, el propio Nicolás Maduro exhortó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y la constituyente a iniciar el proceso. “Me gusta la batalla de ideas, la batalla de calle y en lo político en las próximas elecciones le vamos a dar la pela del siglo a la derecha golpista, vende patria”, expresó el mandatario durante un encuentro de consejos productivos de trabajadores.

Diosdado Cabello, presidente de la ANC, ha dicho que las elecciones de 2020, previstas en la Constitución pueden hacerse en cualquier momento del año, “incluso en enero”. El secretario general nacional de Avanzada Progresista, Luis Augusto Romero, confirmó a TalCual que para esa tolda, firmante del acuerdo con el chavismo, “el tema que tenemos en frente es la elección parlamentaria”.

Más información en TalCual.

Centro de Estudios Políticos y Gobierno UCAB: 64,6% de los venezolanos votarían si hay elecciones presidenciales

64% DE LOS VENEZOLANOS ESTÁ está dispuesto a votar en caso de que se convoquen elecciones presidenciales, a lo que se agregaría un 15,1% que quizás sí lo haría; pero el condicionante más importante para participar es que sea cambiado el Consejo Nacional Electoral.

Este es uno de los principales resultados de la última encuesta realizada por el Centro de Estudios Políticos de la UCAB, con trabajo de campo de Delphos, en la cual se indica que la disposición a votar sube a 70,2% si cambia el CNE, si existe observación electoral, si Nicolás Maduro renuncia y si éste no es candidato.

En la encuesta se indica que en el caso de una elección, el candidato de la oposición podría obtener 67% de los votos (12,9 millones de votos) y el del chavismo 33% (6,3 millones). En el escenario de que la magnitud de la diáspora pudiera afectar el voto opositor, se mantendría una ventaja pues obtendría unos 9,9 millones de votos.
Esta fue una de las conclusiones presentadas durante el Foro Perspectivas Económicas, Políticas y Sociales de Venezuela para el Segundo semestre de 2019, convocado este jueves por el Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.

En este encuentro participaron como ponentes Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la UCAB; Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica; Maria Gabriela Ponce, socióloga del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Ucab; Phil Gunson, analista de Crisis Group para Venezuela; y Félix Seijas, director de Delphos.

Benigno Alarcón, director del CEPyG de la Ucab, al abordar los resultados del estudio de opinión, resaltó que existe una diferencia con la percepción sobre la posibilidad de cambio en Venezuela este año, ya que se ha pasado de 38,7% en noviembre a 50,6% en mayo. También destacó el hecho de que 54,7% estima que Juan Guaidó ganará el conflicto en comparación con 27,3% que considera que será Maduro.

Utilizando una metodología de visualización de cuatro escenarios, Alarcón explicó que el primero es la continuación del régimen, el segundo es la autocratización militar, el tercero una transición tutelada y el cuarto una transición perfecta. Comentó que el tercero tendría mayor probabilidad, tomando en cuenta las acciones de la comunidad internacional y las condiciones internas para una salida al conflicto. Pero advirtió que para que se genere un escenario de transición hace falta, no solo que la comunidad internacional pro-democracia genere más presión, sino también una movilización masiva de la gente, unidad opositora y que ocurra una división en el bloque en el poder.
Al analizar los factores de presión, anticipó que es muy probable que las movilizaciones se activen sobre todo a partir de septiembre, ya que los problemas de los venezolanos serán mayores, y es un periodo cuando tradicionalmente se genera más acción social y política.

A su juicio, no debe cerrarse la puerta a la posibilidad de una negociación, pero recomendó incluir a actores más influyentes. En el caso del gobierno, destacó que entre ellos deberían estar los militares y otras instituciones, pues no necesariamente los que pueden decidir son los que se están sentando a negociar.

Sentimientos activadores

Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos, expuso que en el estudio se encuentra un hallazgo importante: los sentimientos activadores de la gente frente a la situación actual del país han aumentado, mientras que los inhibidores han disminuido. Los esperanzados pasaron del 24,7% en noviembre a 33,8% en mayo y los molestos subieron del 21,7% al 23,8%. Entre estos dos factores activadores hubo un incremento combinado al pasar de 46,5% a 57,6%. En contraste, los sentimientos inhibidores (tristes, deprimidos, desilusionados), bajaron en su conjunto del 43,6% al 36,5%.

El estudio de opinión muestra que de mantenerse la situación actual, 31,4% está dispuesto a seguir luchando sin correr muchos riesgos, 25,4% a hacerlo asumiendo riesgos y un 10,5% estaría proclive a armarse para luchar. Por otra parte, 21,7% optaría por quedarse tranquilo y adaptarse y 10,6% buscaría la manera de irse del país.

La encuesta del CEPyG Ucab-Delphos indica que luchar asumiendo todos los riesgos aumenta a 39,4% entre los opositores que apoyan al liderazgo, y a 37% entre los opositores que no lo apoyan.

En la hipótesis de que Guaidó sea apresado, del total de los encuestados 25,1% se adaptaría, 22% lucharía corriendo todos los riesgos, 20,4 lo haría sin correr muchos riesgos, 16,9% emigraría y 15,3% se armaría para luchar.
Regionalización de la crisis

Phil Gunson, analista de Crisis Group, explicó que ya la crisis venezolana pasó a ser regional, especialmente por el impacto de la emigración en América Latina. “Incluso con repercusiones que van más allá, lo que ha activado a actores de gran peso internacional como Estados Unidos, China, Rusia y Europa”, dijo.

Según su observación, la tendencia en la comunidad internacional es a generar las condiciones para que se produzca una negociación. “Todas las iniciativas tienden en esa dirección”, y puso como ejemplo la reunión convocada para el 6 de agosto, cuando en la práctica se realizará una cumbre mundial para analizar la situación venezolana.

Según Gunson, se ha producido una brecha entre lo que sucede internacionalmente y lo que ocurre dentro del país. “Todos los actores internos deben saber que es muy importante escuchar a la comunidad internacional”.
Ajuste económico recesivo

El economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, demostró cómo el país produce la mitad con respecto a hace seis años. Este año habrá una contracción de 36% de la economía, después de haber caído 52% desde 2013.
Expuso que el chavismo ha hecho un ajuste tardío, incompleto, que agrava esa recesión, pero que le ha dado resultados parciales para desacelerar la hiperinflación. Ha recortado gasto público. Permite liberación de precios y tarifas, aunque sin derogar las leyes de controles. Por otra parte está restringido el crédito y hay menos monetización. Comentó también que hay un esquema cambiario de menos controles y sin penalizaciones.

Pero Oliveros advirtió que hay una serie de factores en contra de una estabilización: hay una restricción externa, con lo cual el gobierno no tiene divisas. Y no tiene capacidad de generarlas.

También se está produciendo un efecto de las sanciones, se mantiene el colapso de los servicios y de los ingresos fiscales, con escasa credibilidad y problemas de coordinación para la ejecución de las políticas.
Anticipa que se va a profundizar la dolarización, pero continuará la hiperinflación en bolívares, con el agravante de que solo un sector de la población minoritario que se mueve en divisas.

“Sin transición política no habrá transición económica, y aquí el modelo chino no es viable”, afirmó Oliveros.

Mayor pobreza

La investigadora social María Gabriela Ponce, expuso que según la encuesta Encovi, cada vez hay más pobreza y es la tendencia que se proyecta para el cierre de este año. Ya el año pasado 51% de los hogares venezolanos por ciento está en pobreza multidimensional, un concepto que combina las privaciones en vivienda, educación, estándar de vida, servicios, trabajo y protección social. En 2014 esa cifra estaba en 39%.

Advirtió que esta situación es mucho más dramática en ciudades pequeñas, donde el índice alcanza el 75,3%.

Expuso que 89% de los venezolanos tienen insuficiencia de ingresos para compra de alimentos. “La preocupación mayor que expone la gente es quedarse sin comida en el hogar, especialmente en el sector de menores ingresos, que supera la media”, comentó Ponce.

87 por ciento de los hogares tiene inseguridad alimentaria. Una de las consecuencias de esta situación es que existen 800 mil niños menores de 5 años en riesgo de desnutrición o desnutridos y la mitad de ellos tienen talla baja por desnutrición crónica.

La encuesta Enconvi también refleja que la gente que emigra, tendencia que sigue en crecimiento, busca de oportunidades de trabajo, especialmente para poder enviar remesas a los familiares.

Explicó que aunque no es posible hacer proyecciones con cifras, “con mucha probabilidad las tendencias negativas en términos de la condición social de los venezolanos no van a mejorar aceleradamente en el corto plazo, dado el enorme deterioro acumulado”.

Agregó que no es posible revertir estas realidades sin un cambio del modelo de desarrollo y de la concepción de la política económica y social que se ha venido manejando en el país.

Acceso a la Justicia: ANC no tiene horario ni fecha en el calendario

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE (ANC), a casi dos años de su instalación el 4 de agosto de 2017 con el supuesto propósito de redactar un proyecto de Constitución  sin que hasta ahora se conozcan los avances, decidió extender su vida hasta el año 2020.

El pasado 20 de mayo de 2019 fue publicado en la Gaceta Oficial n.° 41.636 el “decreto constituyente” mediante el cual establece que “la vigencia de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, poder plenipotenciario de la Nación y símbolo indeclinable de la voluntad democrática y soberana de nuestro pueblo, al menos hasta el día treinta y uno de diciembre del año 2020”.

Para Acceso a la Justicia es de particular importancia advertir que la decisión de la fraudulenta ANC en la que autoprorroga la vigencia de su funcionamiento es una manifestación de la naturaleza ilegítima y arbitraria en la que nació desde la convocatoria mediante decreto presidencial 2.830 del 1 de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial n.° 6.295 extraordinario de 1 de mayo de 2017, cuyo instrumento fue dictado por Nicolás Maduro Moros a espaldas de la voluntad soberana del pueblo, única instancia que tiene el poder de convocar o no una constituyente, conforme a lo previsto en los artículos 5 y 347 de la Constitución.

También hay que mencionar las bases comiciales que inconstitucionalmente propuso Maduro mediante decreto 2.878 del 23 de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial n.° 41.146 de 23 de mayo de 2017, por medio de las cuales desconoció la soberanía popular y desnaturalizó el concepto de sufragio universal, libre, directo, igual y personal (artículo 63 constitucional), concretamente al prever un sistema electoral para la escogencia de los miembros de la ANC de forma sectorizada, limitativa y discriminatoria, aparte de que tampoco pasó por la aprobación de la ciudadana mediante referendo (artículo 347 constitucional).

Lo anterior muestra los vicios de inconstitucionalidad que rodearon al fraudulento proceso constituyente que se desarrolló en el país. Desde entonces no sorprende que las actuaciones de la ilegítima ANC hayan distorsionado las normas constitucionales, sobre todo porque no sirven para proteger al pueblo frente al poder sino para reforzar el control absoluto del régimen madurista.

No puede dejar de señalarse al respecto la constante política de Estado que se ha desarrollado desde la ANC, arrogándose funciones de la Asamblea Nacional (AN), del Consejo Nacional Electoral (CNE), del Ministerio Público o incluso del Poder Judicial, sólo para atacar a la disidencia política. Basta recordar, por ejemplo, el caso emblemático de la remoción de la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, al día siguiente de la instalación de la ANC, quien de ser chavista se declaró disidente y fue perseguida por ello, al igual que su esposo, Germán Ferrer, diputado del partido de gobierno.

De ahí que el hecho de que la ANC prorrogue su propio mandato es simplemente una confirmación de su carácter inconstitucional e ilegítimo, que se agrava aún más, cuando el artículo primero del decreto, al referirse a la vigencia del funcionamiento de la ANC, establece “al menos” hasta el 31 de diciembre de 2020, una expresión que no evidencia ninguna certeza sobre la fecha final de la constituyente, lo cual abre la posibilidad de que pudieran producirse en el futuro otras decisiones que decidan alargar la existencia de este órgano.

En ese orden de ideas, preocupa cómo la ANC, con un espíritu hegemónico, pretende perpetuarse en el poder, convirtiéndose en una instancia que no tiene límites, sin control alguno y con el solo visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin duda, no deja de ser un riesgo la falta de precisión respecto de la vigencia del mandato de la ANC (artículo 1), y que riñe con la democracia y el principio de separación de poderes, pilar fundamental del modelo de estado de derecho.

Aparte de la inconstitucionalidad intrínseca que esto implica al violar principios y valores del modelo democrático, no tiene lógica alguna la pretendida extensión ilimitada de su mandato, propia de los soberanos en los regímenes absolutistas, lo que es equivalente a un fraude constitucional, teniendo en cuenta que ningún poder público es ilimitado en el tiempo, ni mucho menos tiene facultades o competencias ilimitadas.

Para Acceso a la Justicia está claro que la decisión constituyente de autoprorrogar su mandato vulnera la democracia representativa, que exige que el poder no sea absoluto, además de vulnerar el principio de la voluntad popular, soporte legitimador de un sistema democrático.

Dentro de este panorama hay que advertir, además, que la extensión del mandato de la ANC, sin mayor fundamentación y apoyándose irreflexivamente en falaces argumentos que se exponen en los siete considerandos del decreto constituyente, es una simple fachada para seguir desplazando a la legítima Asamblea Nacional y, especialmente para satisfacer los intereses políticos del gobierno usurpador de Maduro. Entretanto, la ANC adopta y ejecuta este tipo de medidas arbitrarias, la población venezolana, paradójicamente, no conoce ningún proyecto sobre la nueva Constitución, objetivo para el cual supuestamente fue convocado el írrito y fraudulento proceso constituyente.

 

Con información de Acceso a la Justicia