cono monetario archivos - Runrun

cono monetario

EN EL PODCAST 3 EN 1 de la penúltima semana del mes de agosto nos conseguimos tres reportajes que ahondan en la crisis por la que atraviesa el venezolano: la económica, de transporte y la de salud.

El primero tiene que ver con el primer aniversario del más reciente cono monetario del actual gobierno.  

Ahiana Figueroa y Carlos Seijas Meneses coescribieron un trabajo para Tal Cual llamado El Cono Monetario de Maduro se esfumó en apenas un año.

Transcurridos los primeros 365 días de la modificación, la capacidad de compra del cono monetario es casi nula y la mayoría de los establecimientos comerciales no aceptan los billetes de más baja denominación. 

Apenas diez meses de la entrada en circulación, el Banco Central se vio obligado a emitir nuevos billetes de 10, 20 y 50 mil bolívares.

En Runrunes, un trabajo de Lorena Meléndez que lleva por nombre La lista de errores que descarriló al Metro de Caracas expone con lujo de detalles el accidente ocurrido el pasado sábado 17 de agosto en la estación de Los dos Caminos.

Al menos ocho personas resultaron heridas, dos de ellas debieron ser trasladadas a la emergencia del Hospital Pérez de León. Es el tercer descarrilamiento que se produce en el sistema ferroviario de transporte en los últimos cuatro meses.

Finalmente en El Pitazo sobresale el reportaje 29 pacientes fallecieron entre 2017 y 2019 mientras esperaban un trasplante de médula ósea hecho por Armando Altuve.

Según la Asociación para el Trasplante de Médula Ósea de Italia ocho venezolanos murieron en 2017, 19 en 2018 y dos en 2019. Todos a la espera de una operación que no se produjo debido a la deuda que mantiene el gobierno de Maduro con hospitales del país europeo. Desde 2016, Pdvsa y la mencionada asociación tenían un convenio para intervenir quirúrgicamente a pacientes venezolanos, acuerdo que se rompió debido a los problemas de caja por los que atraviesa la estatal petrolera.

 

5  de los 8 billetes del cono monetario no compran nada

OCHO MESES FUERON MÁS QUE suficientes para que los billetes del nuevo cono monetario perdieran tanto valor de compra que la población, los comerciantes y los transportistas se niegan a recibirlos. Los billetes de más alta denominación —500, 200 y 100 bolívares— solo pueden comprar entre 0,4 y 1,3 % de lo que compraban en agosto de 2018, cuando fueron puestos en circulación.

Cinco de los ocho billetes que conforman el cono monetario no compran ningún producto. Las monedas —de 1 y 0,5 bolívares— son prácticamente inexistentes y su circulación fue tan restringida que es poco probable que alguien tenga una.

El cono anterior tardó unos ocho años en perder su valor y convertirse en materia prima para hacer origami. En contraste, menos de un año se necesitó (debido a la hiperinflación) para que los billetes de 2, 5,10, 20 y 50 bolívares, que nacieron con el apellido «soberano», sean objeto de rechazo por el grueso de la población y seguramente falta poco para que se empiecen a ver carteras y monederos hechos con ellos.

Sigue leyendo este trabajo de Reymar Reyes en Crónica Uno

Lorena Meléndez Dic 30, 2018 | Actualizado hace 1 año
2018: El año del desquite
La imagen de un gobierno que se vio debilitado durante las manifestaciones de 2017 quedó atrás durante 2018. El año, más bien, sirvió no solo para que Nicolás Maduro se levantara, se reeligiera, sino para que endureciera sus castigos contra la disidencia, aplanada por el mazo del desquite

 

@loremelendez

MATAR A UN ICONO DE LA “RESISTENCIA”, mostrar a un preso político semi desnudo y lleno de excremento, arrasar con cualquier militar que suponga una amenaza. Estas son tres acciones que confirman que el gobierno de Nicolás Maduro, tan cuestionado en 2017 por reprimir a las millones de personas que protestaron en su contra y señalado porque las fuerzas leales a él ejecutaron al menos a 83 de las 158 que murieron en medio de los conflictos, no se quedó de brazos cruzados durante 2018. Todo lo contrario.

Aunque el año pasado ya acumulaba nueve denuncias ante la Corte Penal Internacional –incluida la del Alto Comisionado de la ONU, Zeid Ra‘ad al Hussein, quien pidió la apertura de una investigación sobre crímenes de lesa humanidad al mandatario venezolano- Maduro, lejos de asumir una postura que lo distanciara de estos delitos, en 2018 parece haber tomado una que lo reafirmó como violador de derechos humanos. Después de lo débil que se vio durante los cuatro meses de manifestaciones de abril de 2017 y de las sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea en contra de su investidura y la de sus funcionarios más cercanos, Maduro mostró su lado más represivo.

El verbo “desquitar”, según el diccionario de la Real Academia Española, se define como “tomar satisfacción, vengar una ofensa, daño o derrota”. ¿Fue esto lo que hizo el primer mandatario? Aquí un repaso a los hechos que apuntan hacia esta hipótesis.

El castigo a los rebeldes: la muerte de Óscar Pérez


Apenas dos semanas después de que comenzara 2018, el gobierno dio su primera embestida. Durante la madrugada del 15 de enero, decenas de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, armados con fusiles, granadas y lanzacohetes, rodearon un chalet del Kilómetro 16 de El Junquito donde se había refugiado el piloto rebelde Óscar Pérez y seis de sus compañeros.

Fue ese el inicio de la “Operación Gedeón” (que en hebreo significa “destructor” o “guerrero poderoso”), que horas después mató a todos los insurgentes con disparos en las cabezas, de acuerdo con las actas de defunción de las víctimas. El mismo Pérez, antes de morir y con el rostro ensangrentado, hizo saber lo que pasaría a través de un video que se difundió en redes sociales: “No quieren que nos entreguemos. Literalmente nos quieren asesinar. Nos lo acaban de decir”.

Así acabó la historia del hombre que se había convertido en un emblema de la resistencia contra el gobierno de Maduro, aquel inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que sobrevoló los cielos de Caracas el 27 de junio de 2017, a bordo de un helicóptero policial robado, con una pancarta que llamaba a la desobediencia civil en medio de las protestas antigobierno que ese año dejaron 158 caídos, de acuerdo a cifras y datos recolectados por Runrun.es. El mismo que asaltó un fuerte militar para robar armas y que planeaba una estrategia para derrocar al mandatario.

Horas después de lo que luego se conoció como “La masacre de El Junquito”, Maduro aplaudió la labor de las fuerzas de seguridad por acabar con lo que consideró un “grupo terrorista”. También lanzó una advertencia a cualquiera que intentara sublevarse: “Todo el que entre por el camino del terrorismo y haga armas contra la República, tendrá la oportuna respuesta de nuestras fuerzas armadas y policiales”.

El suceso no acabó allí. Los familiares tuvieron que esperar una semana para que les entregaran los cuerpos de los caídos. Los obligaron a enterrarlos sin un funeral previo y en cortas ceremonias hechas solo con la presencia de los familiares directos a primeras horas de la mañana o en la noche, como fue el caso de Lisbeth Andreína Ramírez, la única mujer del grupo.

Ni uno libre: el año de los militares presos

Tras la masacre de El Junquito, el gobierno comenzó una purga en las filas de sus fuerzas de seguridad. Al menos nueve militares, entre ellos siete primeros tenientes, fueron arrestados por supuestamente tener vínculos con el piloto rebelde. Y la persecución continuó en los meses siguientes.

A finales de febrero, once soldados fueron expulsados de la Fuerza Armada Nacional, mientras que trece oficiales de alto rango fueron degradados “por haber intentado por medios violentos cambiar la forma republicana de la nación”. La orden, dictada por Nicolás Maduro, se publicó en Gaceta Oficial e incluía al general y exministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, preso desde 2009; Antonio Rivero, dirigente de Voluntad Popular en el exilio; Hebert García Plaza, exministro de Alimentación y al capitán Juan Caguaripano, quien en agosto de 2017 asaltó un fuerte militar.

Días después, ya en marzo, a otros nueve uniformados –entre estos seis tenientes coroneles, un primer teniente y dos sargentos– se les acusó de haber formado una célula insurreccional llamada “Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo”. A todos les imputaron los delitos de instigación a la rebelión y actos contra el decoro marcial.

En mayo, en días previos a las elecciones presidenciales, 18 efectivos corrieron la misma suerte.  La mayoría pertenecía a la Unidad de Operaciones Especiales (Uope), integrada por miembros de la Armada Venezolana y a la Aviación Militar.

La experta presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, ha señalado varias veces la gravedad del fenómeno. “No dudo en señalar que el gobierno de Venezuela enfrenta la peor crisis militar desde 1992 (cuando Hugo Chávez encabezó un intento de golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez). La del 2002 (cuando intentaron derrocar a Chávez) fue palaciega, de allí la diferencia”, escribió en su cuenta en Twitter en 1992.

Presidenciales adelantadas o cómo desmotivar a un votante

 

Luego de haber impuesto la elección de una asamblea nacional constituyente (anc) en 2017, dejar fuera de juego a los principales líderes de la oposición e invalidar a la mayoría de los partidos políticos no oficialistas, el gobierno dio una estocada letal a la voluntad popular de participar en comicios electorales: anticipar las presidenciales de 2018 para aprovechar el desánimo en las filas de sus adversarios y evitar que las condiciones económicas empeoraran y que se hiciera más cuesta arriba la conquista de los votos.

La convocatoria a las votaciones, hecha a través de un decreto de la anc, torpedeó el proceso de diálogo que se llevaba a cabo entre el Ejecutivo y un sector de la oposición venezolana. Uno de los puntos que se discutía en esas negociaciones era precisamente la fijación de la fecha de las presidenciales y las condiciones que acordarían ambos bandos.

Luego de realizarse, 19 países de la Organización de Estados Americano (OEA) desconocieron las elecciones. Lo mismo hicieron las naciones que conforman de la Unión Europea. Ambas instituciones argumentaron su decisión por la falta de garantías democráticas al momento de los comicios. Sin embargo, el oficialismo continuó adelante y espera la llegada de 2019 para la juramentación de Maduro en un nuevo período presidencial.

Requesens está desnudo… Y los represores también

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Juan Requesens, se convirtió en el segundo semestre del año en otra víctima del allanamiento ilegal de la inmunidad parlamentaria que ha practicado el gobierno de Maduro contra los miembros clave de la oposición. Sin embargo, su caso sobrepasó el abuso de autoridad y dejó en evidencia a un Estado en el que se viola y humilla a quienes se oponen.

A Requesens se lo llevaron 14 funcionarios del Sebin del edificio en donde vivía, en Terrazas del Club Hípico, en Caracas. El arresto ocurrió el martes 7 de agosto y en ese procedimiento también fue detenida su hermana, Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios FCU-UCV (2017), quien fue liberada poco después.

El parlamentario, en cambio, fue enviado a los calabozos de la sede policial del Helicoide, lugar en donde se grabaron dos videos difundidos en redes sociales: uno, publicado por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en el que el diputado confesó haber facilitado el paso fronterizo a Juan Monasterios, presunto implicado en el estallido de dos drones ocurrido durante un acto oficial presidido por Maduro; y otro, donde se ve al arrestado en unos boxers manchados de excremento, mientras se da la vuelta ante una voz que se lo ordena.

Horas después de la difusión de los audiovisuales, familiares de Requesens escribieron a través de su cuenta en Twitter que tales imágenes confirmaban que el parlamentario “había sido sometido a coacción, tratos crueles e inhumanos”. Más tarde, el mismo asambleísta le comentó a su abogado que no recordaba haber grabado esos videos.

“Esta es la actuación de un Estado que no es democrático, donde la arbitrariedad se ha convertido en la norma (…) y que la Asamblea Nacional Constituyente se abrogó una tarea para la cual no tiene facultades en nuestra Constitución, como es la aprobación del allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Requesens”, denunció entonces, ante cámaras, el coordinador de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui.

Para el momento en el que todo esto sucedió, Requesens ya llevaba dos días y medio detenido y la situación continuó hasta casi una semana después cuando, en violación al debido proceso, fue presentado ante tribunales con más de 80 horas de retraso, sin que sus parientes pudieran verlo o hablarle. Este encuentro fue solo posible 40 días después del arresto.

Al diputado le imputaron los delitos de instigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro, homicidio calificado en grado de frustración contra los militares de la Guardia Nacional Bolivariana, uso de artefactos explosivos, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo, daños a la propiedad y  traición a la patria. Defensores en derechos humanos han calificado lo sucedido como una muestra de “terrorismo de Estado”, es decir, una práctica oficial que busca manipular a la población a través de la generación del miedo y el terror en la sociedad.

Requesens sigue preso.

Albán y las ventanas del piso 10

El misterio sobre la muerte del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, continúa cuatro meses después de haber ocurrido. Su cuerpo cayó desde el piso 10 del edificio del Sebin en Plaza Venezuela y mientras el gobierno aseguró que se trató de un suicidio, dirigentes de oposición señalaron que fue un homicidio. Julio Borges, el ex presidente de la Asamblea Nacional que hoy está en el exilio, afirmó que lo lanzaron luego de matarlo.

Las versiones oficiales sobre el hecho se difundieron antes de que se practicara una autopsia al cadáver y fueron tanto diferentes como inconsistentes. Mientras que el fiscal general Tarek William Saab dijo que Albán saltó desde la ventana de un baño al que pidió ser llevado, el ministro de Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, apuntó que el concejal se tiró desde un ventanal de la sala de espera cuando iba a ser trasladado a tribunales. Sin embargo, ex presos políticos y fuentes del cuerpo de seguridad confirmaron a Runrun.es que ningún prisionero está sin custodia en ese piso, ni siquiera cuando va a los sanitarios.

El suceso provocó que distintas organizaciones internacionales y diplomáticos se pronunciaran sobre el caso: desde la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la secretaría general de la OEA, hasta representantes de la Unión Europea y de gobiernos de países como Estados Unidos y Argentina. En Venezuela, el reclamo lo hicieron desde defensores de derechos humanos hasta la Arquidiósecis de Caracas.

Albán fue el tercer preso político que murió en custodia del Sebin. Lo antecedieron Rodolfo González, conocido como “El Aviador”, un ex capitán de la Aviación Civil que estuvo asociado a las protestas antigobierno de 2014 y a quien encontraron ahorcado en su celda de El Helicoide; y Carlos Andrés García, concejal del municipio Páez de Apure, que fue detenido en medio de las protestas de diciembre de 2016 tras la salida de circulación del billete de 100 bolívares y murió al no recibir atención médica luego de haber sufrido varias crisis de tensión y un accidente cerebrovascular.

Aunque no se ha imputado a ningún funcionario por la muerte de Albán, el jefe del Sebin, Gustavo González López, fue destituido de su cargo poco después del suceso.

Un mal llamado reconversión monetaria

No hubo ningún economista reconocido en Venezuela que le diera un espaldarazo a esta decisión del gobierno de quitarle cinco ceros a la moneda sin tomar conjuntamente medidas para frenar la hiperinflación que vive Venezuela desde finales de 2017. En lugar de comenzar “un gran proceso histórico de recuperación económica”, tal como lo prometió Maduro, la medida devastó el bolsillo ya ahuecado del venezolano.

La reconversión monetaria y el consecuente aumento de salarios impulsó todavía más el ascenso acelerado de los precios. Según las cifras publicadas por el Hambrómetro, provenientes de una firma de análisis económico, el costo de la canasta alimentaria básica se triplicó en los dos meses posteriores a la salida del nuevo cono monetario, cuyo billete de más alta denominación (500 bolívares soberanos) solo sirve a finales de 2018 para comprar seis huevos.

El efecto en la hiperinflación contribuyó incluso a que el dólar perdiera valor adquisitivo en el mercado venezolano. Según un informe de Econométrica publicado en noviembre, luego del aumento de salario mínimo decretado a raíz de la reconversión monetaria –subió 6.000 % en cuestión de horas (pasó de 30 a 1.800 Bs. S.)- ”algunos agentes económicos tuvieron que vender una mayor cantidad de divisas para hacer frente a sus obligaciones”. Hoy, con el más reciente incremento salarial, que lo situó en 4.500 Bs, solo pueden adquirirse cinco hallacas.

Mientras Maduro comió en 2018 el plato frío de la venganza, más de 3 millones de venezolanos emigraron para intentar alimentarse mejor.

Seis piezas del cono monetario anterior podrán seguir circulando y siendo usadas por las personas para efectuar pagos exactos,anunció el Banco Central de Venezuela.

“Las piezas de Bs. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 100.000 bolívares, del cono monetario anterior, cocircularán con el Bolívar Soberano”, informó el ente emisor en su cuenta oficial en la red social Twitter.

En la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.379 el decreto indicaba que “El Banco Central de Venezuela determinará mediante resolución de su directorio las denominaciones de los billetes y monedas metálicas por él emitidos, representativos de la unidad monetaria actual, que podrán circular con posterioridad al 4 de agosto de 2018, conservando su poder liberatorio hasta que sean desmonetizados conforme a lo que indique dicho Instituto Emisor”.

 

Conoce los límites de las operaciones bancarias bajo el nuevo cono monetario

Las plataformas digitales de la banca nacional posee nuevos límites de montos para sus transferencias tras la implementación del nuevo cono monetario en el país.

Los principales bancos del país determinaron los límites de montos para transferencias dentro del mismo banco, así como para las transferencias interbancarias y el límite de debito diario.

El nuevo cono monetario, que cuenta con cinco ceros menos que el anterior, fue aplicado desde el lunes 20 de agosto.

Venezolanos se preparan para nueva moneda y otras medidas

Los habitantes de la capital venezolana tuvieron un fin de semana angustioso debido a las medidas dramáticas que el presidente Nicolás Maduro anunció para tratar de rescatar a la economía de su debacle, como la de aumentar el salario mínimo en más de 3.000%.

Los cambios entran en vigor el lunes con la introducción de una nueva divisa que le quita cinco ceros a los billetes y monedas actuales. Maduro dijo que también aumentará los precios de la gasolina para que se equiparen a los precios internacionales, una combinación de medidas que, según sus detractores, sólo empeorará las cosas.

Los líderes de oposición aprovecharon la tensión de los residentes y convocaron a un paro nacional y a manifestarse el martes. Esperan atraer a grandes multitudes a las calles para protestar contra el gobernante partido socialista de Maduro, algo que no han conseguido en más de un año.

Los bancos estarán cerrados el lunes a fin de prepararse para la introducción del “bolívar soberano”, la nueva moneda con cinco ceros menos en un intento por resolver uno de los problemas que conlleva la hiperinflación.

El gobierno de Maduro dijo que a finales de septiembre, la gasolina que se vende en el país (a uno de los precios más bajos del mundo) subirá hasta niveles internacionales para combatir el contrabando transfronterizo del combustible.

Los economistas dicen que el paquete de medidas muy probablemente acelerará la inflación en lugar de resolver los principales problemas económicos, como la caída en la producción de crudo a niveles no vistos desde 1947.

“La redenominación del bolívar será como someterse al cuchillo de uno de los afamados cirujanos plásticos de Caracas”, escribió el economista Steve Hanke, de la Universidad Johns Hopkins, en www.forbes.com. “La apariencia cambia, pero en realidad nada cambia. Eso es lo que le espera al bolívar: una cirugía estética”.

El sábado se podían ver filas más largas de lo normal en un mercado callejero de Caracas, donde las personas compraban artículos por la incertidumbre de lo que les espera esta semana que comienza. Muchos estaban frustrados porque los lectores de tarjetas tardaban en procesar las transacciones o simplemente no las procesaban, obligando a muchos a irse sin sus compras.

“Tú tienes que tener paciencia”, dijo la empleada de una tienda de granos a una creciente fila de clientes. Otras tiendas se mantuvieron cerradas, debido a que no sabían qué precio fijar en sus productos.

Venezuela fue alguna vez una de las naciones más prósperas de América Latina y tiene las reservas petroleras probadas más grandes del mundo, pero una caída reciente en los precios del crudo, acompañada de corrupción y malos manejos en dos décadas de régimen socialista han creado una crisis política y económica.

La inflación podría alcanzar este año un millón por ciento, de acuerdo con economistas del FMI.

La inflación ha dificultado hallar papel moneda. El billete de mayor denominación en el sistema aún vigente es el de 100.000 bolívares, pero equivale a menos de 3 centavos de dólar al tipo de cambio usado en el mercado negro. Una taza de café cuesta más de 2 millones de bolívares.

La nueva denominación tendrá dos monedas y varios billetes, que van de los 2 a los 500 bolívares soberanos. El más bajo equivaldrá a 200.000 bolívares actuales, mientras que el más alto será equivalente a 50 millones.

Las monedas viejas seguirán en circulación durante un periodo de transición.

El gobierno tomó medidas similares en 2008, cuando el entonces presidente Hugo Chávez emitió una nueva moneda que eliminó tres ceros para combatir la inflación.

Maduro también anunció el viernes un aumento de más de 3.000% del salario mínimo, elevándolo a alrededor de 30 dólares a la tasa ampliamente utilizada en el mercado negro. No está claro cuándo comenzará el cambio.

Para agravar la confusión, Maduro dijo que quiere vincular los salarios, los precios y las pensiones al “petro”, una criptomoneda anunciada en febrero pero que aún no ha empezado a circular. Dijo que un petróleo equivaldría a 60 dólares, con el objetivo de avanzar hacia un único tipo de cambio flotante en el futuro vinculado a la moneda digital.

“Los próximos días serán de mucha confusión, tanto para los consumidores como para el sector privado, especialmente el comercial”, dijo Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalitica, con sede en Caracas. “Es un escenario caótico”, agregó.

Una coalición de líderes de la oposición y funcionarios sindicales dijeron el domingo que están convocando a una huelga y protesta el martes.

“Las medidas anunciadas el viernes no son ningún plan de recuperación económica para el país, no lo son”, opinó el líder opositor Andrés Velásquez. “Por el contrario: lo que representan para el pueblo venezolano es más hambre, más ruina, más pobreza, más sufrimiento, más dolor, más inflación”, añadió.

Los empresarios temen que el repentino aumento salarial les impida pagar a sus empleados sin aumentar los precios, a pesar de los llamados hechos por Maduro para ayudar a las pequeñas y medianas empresas durante los primeros tres meses.

Jesús Pacheco, quien emplea a seis personas en su carnicería en Caracas, dijo el domingo que tal vez no tenga otra opción que despedir a algunos de sus empleados para poder permanecer en el negocio. Cree que los precios que debe pagar al matadero le subirán.

“Entonces tú vas a comprar un producto y lo compras más caro. Entonces ¿cómo hace uno? Vamos a tener que despedir a los empleados ¿Cómo vamos a hacer?”, agregó.

¿Metamorfosis?, por Antonio José Monagas

Aunque lo que está por vivirse es lo que la teoría económica denomina “reconversión monetaria” o “renovación del cono monetario”, la praxis política refiere como la crisis económica en su máxima expresión. Sin embargo, en lo operativo dibuja otra realidad. Se trata de una transformación o cambio en la forma de cómo habrá de manejarse la economía y las finanzas a partir de la introducción al mercado de una nueva moneda que, tristemente, malogra el concepto de “soberanía”. Ahora habrá de tenerse el mal llamado “bolívar soberano”, cuyo efecto social será razón de conflicto toda vez que provocará crudos choques frente a próximas repercusiones del valor nominal de la nueva unidad monetaria.

Haber apelado al concepto de “reconversión monetaria” para justificar el desguace que habrá de causar a todo lo que implica “desarrollo económico”, tal como lo concibe la teoría económica al momento de destacar la capacidad de crear y de obtener riqueza que puede tener una nación o región, tanto como un colectivo o individuo, representa la ruta del advenimiento de un modelo de la economía aún más fragmentado y letal. Sobre todo, causante del derrumbe que ha venido asolando esperanzas, necesidades, clamores y proyectos de todo talante y condición.

Ninguna idea, en el contexto de una profunda crisis, podría ser lo suficientemente confiable para argumentar razones que configuren un comportamiento económico capaz de asegurar y garantizar los retornos necesarios para sustentar el necesario aumento en las tasas de ganancias. Más, si éstas impiden la acumulación de capital que requiere la reconstrucción de cualquier sociedad abrupta y groseramente golpeada por la improvisación, la obstinación y la perturbación de gobernantes atrapados por los conjuros de ideologías obtusas, obsoletas y reaccionarias.

El caso Venezuela, es fiel imagen de lo que no debió hacerse en medio de contradictorias condiciones. No se trata de restarle ceros a manera de facilitar, en lo posible, el manejo de las cifras propias de transacciones y pagos propios que ocurre en todo ámbito económico y financiero. El problema tiene otra connotación que, justamente, es la razón por la que el alto gobierno optó por tan embrollada decisión. Problema éste que parte del malicioso mutismo que permite al régimen venezolano gobernar al mejor “estilo vaquero”. O sea, atropellando toda consideración, situación o realidad que asome alguna alternativa opuesta a sus impetuosos designios, ambiciones o planes.

Lo que tan inusitado problema acarrea, no son tampoco las complicaciones que pueden devenir de la desalineada convivencia entre realidades económico-financieras de controvertida naturaleza. Sobre todo, porque dicha situación tiene potenciales soluciones de índole técnico. Es mucho más que eso. El mismo, primeramente pasa por lo que significa una devaluación forzada en tiempos de agudas confrontaciones políticas interpuestas a la imperiosa necesidad de restitución de la institucionalidad que demanda el cabal funcionamiento del Estado venezolano. Asimismo, de la ansiada normalidad requerida para la urgida nivelación de la movilidad social nacional.

En segundo lugar, tan inusual problema atraviesa la situación de una hiperinflación sumada al estancamiento de un mercado bastante deprimido. Lo cual deja ver el estado de colapso que padece el país económicamente hablando. Desde luego, esta situación, arrastra problemas que han desvirtuado severamente la concepción de ciudadanía intentada por el ordenamiento jurídico venezolano. Y con ello, se descompensó el sentido de la democracia pretendida por causa de la antipolítica que sigue sirviendo de excusa para demoler esfuerzos realizados desde corporaciones académicas, gremiales y universitarias. Tanto, como por parte de organizaciones no gubernamentales emparejadas con la defensa de derechos humanos y de garantías constitucionales.

En tercer lugar, dicho problema continuará soportándose sobre la grosera discrecionalidad gubernamental para llevar adelante inconsultas decisiones que convierte en resoluciones aplicadas mediante la violencia o la amenaza de mano de cuerpos armados. Acciones éstas reducidas a una excedida represión apoyada en la ilegalidad que el autoritarismo “revolucionario” permite a cada decisión de gobierno, procesada y asumida sin restricción alguna. Peor aún, sin medir consecuencias. Hablando desde la teoría política, pudiera decirse que en eso consiste el procedimiento que involucra la apesadumbrada determinación de la aludida “reconversión monetaria”. O acaso, es el disfraz mejor diseñado para encubrir en el ámbito político, y con graves secuelas en la esfera de la economía, una perturbadora ¿metamorfosis?

Seniat suspenderá sus transacciones durante cuatro días por la reconversión monetaria

Durante cuatro días el país se quedará sin servicios tributarios. Desde las 12 de la medianoche de este jueves 16 y hasta las 12:01 am del lunes 20, todas las operaciones del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) estarán suspendidas con motivo de la entrada en vigencia del nuevo cono monetario.

A través de un comunicado enviado a las empresas, el Seniat informó  que todos los “servicios asociados a los procesos, sistemas de información y transacciones estará suspendidos” en la fecha referida, ello como consecuencia de los trabajos de adaptación de sus sistema en el marco de la reconversión monetaria.

“Se insta a tomar previsiones para la realización de sus declaraciones”, añade la nota, con lo que se recuerda que ningún comercio podrá realizar las transacciones necesarias ante el organismo recaudador, por lo que durante esos días podrían presentarse problemas para la declaración de impuestos y pago de servicios de aduana.