El grupo de asesores que compareció ante el subcomité de Relaciones Exteriores del Senado vinculó al Gobierno de Venezuela a varios grupos terroristas, redes de narcotráfico y lavado de dinero.
Al menos dos agencias y organizaciones que asesoran al gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad nacional poseen informes sobre Venezuela y las relaciones del Gobierno chavista con grupos terroristas y vinculados con redes internacionales de narcotráfico. Esta conclusión se desprende de la comparecencia —este martes 17 de marzo— de un grupo de funcionarios del Departamento de Estado, académicos y asesores ante el Subcomité de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Senado de Estados Unidos, presidido por el republicano Marco Rubio.
“El Gobierno de Venezuela mantiene fuertes lazos con el narcotráfico”, aseguró ante el Senado Douglas Farrah, asesor y analista en seguridad nacional, interrogado por el Senador republicano Marco Rubio.
Farrah es presidente la firma IBI Consultants —especializada en asuntos de seguridad nacional, crimen organizado y terrorismo— y del International Assessment and Strategy Center, un think tank que analiza información sobre el impacto de las políticas del gobierno estadounidense en seguridad. En el panel también participaron el representante del Departamento de Estado, Alex Lee; el doctor Christopher Sabatini; y Santiago Canton, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y director ejecutivo del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos.
El Senado de los Estados Unidos sostuvo este martes sesiones especiales convocadas por el Subcomité de Asuntos para el Hemisferio Occidental para discutir la difícil situación en Venezuela y las violaciones a derechos humanos en el país. En las audiencias —a las que asistieron altos funcionarios del Departamento de Estado y representantes de la sociedad civil— se debatieron temas como la represión y detención de disidentes, las limitaciones a la libertad de prensa y de asociación y el estado de las relaciones bilaterales con Venezuela.
Casi de manera unánime, los panelistas expusieron ante la comisión del Senado la situación del país, los nexos de oficiales y funcionarios del gobierno con grupos considerados terroristas por los Estados Unidos y la Unión Europea, como el grupo islamista Hamás y la organización guerrillera colombiana FARC.
Narcotráfico
“El gobierno de Venezuela mantiene fuertes lazos con el narcotráfico”, aseguró Douglas Farah, quien agregó que bajo el gobierno del ex presidente Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro, el Caracas no solo ha facilitado el tránsito de drogas desde Venezuela, sino que el país también ha sido refugio para grupos criminales ligados al movimiento de estupefacientes provenientes de Colombia. [Lea la presentación completa en este link: http://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/031715_Farah_Testimony.pdf]
Farah también recordó los vínculos del Gobierno de Venezuela con redes de narcotráfico internacional, a través de la asociación de oficiales y funcionarios del Gobierno venezolano con grupos criminales.
El criminal Walid Makled, detenido en 2011 en Colombia y extraditado a Venezuela, mantenía nexos con el ex gobernador del estado Carabobo, Luis Felipe Acosta Carlez y además operaba con anuencia de funcionarios militares, según su testimonio, entre los que mencionó al general Henry Rangel Silva, exdirector de la Disip y exministro de Defensa; el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Luis Motta Domínguez; y el exjefe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), Néstor Reverol. También declaró que había financiado la campaña presidencial de expresidente Hugo Chávez con un aporte de $2 millones y había vinculado también a la entonces senadora colombiana, Piedad Córdoba, como pieza clave que gestionaba reuniones y cobraba altas comisiones.
Además, Makled había adquirido activos y propiedades, como la línea aérea Aeropostal y tenía la concesión de uno de los principales puertos marítimos del país, en Puerto Cabello. Poseía también una credencial firmada por el expresidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el exmagistrado Eladio Aponte Aponte —hoy prófugo de la justicia venezolana y presunto testigo en EEUU. Se le considera responsable del envío de toneladas de cocaína a México en un avión que despegó de la rampa cuatro del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
El gobierno de Venezuela también sigue una investigación al general Hugo Carvajal, exjefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) de Venezuela, quien fue detenido en Aruba a petición de la DEA y liberado a los pocos días.
Terrorismo
Informes en manos de agencias de seguridad estadounidense también vinculan al gobierno de Venezuela con grupos terroristas. El principal de estos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), catalogadas por EEUU a partir de 1997 como una agrupación terrorista, criterio al que luego se sumó Unión Europea, por la sistemática política de secuestros y atentados a población civil.
Tanto Farah, como el Subsecretario Adjunto para el Hemisferio Occidental y Cuba, Alex Lee, declararon ante el Senado que Venezuela no sólo ha facilitado la presencia miembros de las FARC en Venezuela, sino que también han servido como fuente de financiamiento y refugio.
Recordaron el hallazgo de cientos de documentos encontrados en tres ordenadores que, de acuerdo a las Fuerzas Armadas de Colombia e Interpol, pertenecían al integrante del secretariado y exjefe del bloque sur de las FARC, Raúl Reyes. La documentación encontrada vinculaba a la guerrilla con el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, dijeron Farah y Lee ante el Senado este martes 17 de marzo.
El senador republicano Marco Rubio también insistió en la supuesta vinculación de Venezuela con grupos islamistas y el financiamiento al régimen de Bashar El Assad. En un punto de la sesión increpó al subsecretario adjunto Lee:
—¿Tiene usted conocimiento de la entrega de pasaportes venezolanos a radicales islamistas?
—No voy comentar sobre esto. —respondió Lee.
Farah, por su parte, expuso información relacionada con la asistencia cubana en el sistema nacional de identificación y extranjería y el papel que juega la contratista cubana Albet, encargada de gestionar estos servicios en Venezuela y aseguró, además, que el Gobierno de Venezuela coordinaba el envío de grandes sumas de dinero en efectivo al régimen sirio de Bashar El Assad.
