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Centro Penitenciario David Viloria

Preso por manifestar en contra de Maduro murió en Uribana

FUE DETENIDO POR PROTESTAR CONTRA EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO, mismo que acabó con su vida. Virgilio Jiménez Urbina, de apenas 20 años de edad estaba preso en el Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana, ubicado al norte de Barquisimeto, estado Lara.

Virgilio se convirtió en ser el octavo preso en morir en esa prisión, las causas aún desconocidas. Fue trasladado la tarde de este martes a la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda muy deshidratado, estaba evacuando líquido y con coágulos de sangre, presentó una hemorragia, según conoció el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Yoliani Uzcátegui, relata al OVP que su hermano estaba recluido en el penal desde el 21 de noviembre del 2017, permanecía en el módulo 7,  no lo habían visto desde diciembre, porque a la visita de enero no pudieron entrar. Hace dos semanas que Virgilio los había llamado por teléfono, les había dicho que tenía mucha fiebre, les pidió medicamentos, además de comida, porque les decía que la comida llegaba con patas de cucarachas y a veces con gusanos, arroz puro “con algo” y arepa pura, son parte del menú diario de los presos .

Yoliana explica que llevó los remedios para combatir la fiebre de su hermano, pero no se los dejaron pasar, cuatro días después fue que se los recibieron, fueron pasando los días y la falta de atención hizo que el joven fuera empeorando, el sábado 2 de febrero lo sacaron al Hospital Central de Barquisimeto, junto a seis presos más algunos eran de la cárcel de Fénix, todos presentaban lo mismos síntomas evacuaciones con sangre y fiebre, en ese lote estaba  Ángel David España Núñez (23) recluso que llegó sin vida al centro asistencial. Ese mismo día a Virgilio lo devolvieron al penal, desde ese momento quedó recluido en el área de hospitalito y no paraba de evacuar con sangre, fue la tarde del martes 5 de febrero que lo volvieron a sacar para el hospital.

“Llegó todo lleno de pupú, pero lo que más se veían eran coágulos de sangre, el doctor me dijo que me preparara para lo peor estaba muy mal. Él deliraba me decía que le había ganado al Viloria, que se iba a escapar hoy pero que no había podido porque pensaba en mí.

Cuando entraba en sí me decía que no había podido comer porque todo lo hacía en sangre y que tenía días sin comer” relata Yoliana al equipo de OVP, quien además denunció que su hermano durante su estadía en Uribana había rebajado como 40 kilos. Fue a las 10 de la noche del 5 de febrero cuando el preso murió.

El único delito de Virgilio fue salir a la calle en el 2017 a manifestar en contra del Gobierno de Nicolás Maduro fue detenido en Las Trinitarias, al este de Barquisimeto, le colocaron unas bombas lacrimógenas y fue imputado por terrorismo, su caso llevaba el asunto   KP01-P-2017-000013 y estaba por el Tribunal de Control de Violencia del estado Lara, nunca tuvo audiencia. Era conocido por sus amigos como “El León”, vivía en El Ujano y era el menor de dos hermanos, único hijo varón. Hoy su familia esta devastada siente que por haber manifestado fue condenado a muerte en Uribana.

Virgilio fue detenido en el mes de septiembre y además de ser torturado según explicaron sus familiares, lo hicieron firmar un papel como testigo del caso de Yovanny Eslayer Muñoz, joven también detenido por manifestar, acusado por terrorismo y quien en el momento perdió el ojo, hoy su abuela suplica porque sea sacado del penal pues esta presentado fiebres altas, diarrea y está muy delgado, teme que su destino sea el mismo que Virgilio.

Con la muerte de Virgilio suman 8 los presos que han muerto en Uribana por una condición de Salud.

Cuarto en Fénix

Pablo José Farías (45) estaba detenido en la Comunidad Penitenciaria de Fénix, pero falleció de un infarto el lunes 4 de febrero cuando estaba en enfermería, según se pudo conocer estaba recluido en el área de media.

Su familia quien proviene de Los Teques, estado Miranda, relató que lo vieron el sábado 2 de febrero estaba con fiebre y dijo tener mucho dolor de cabeza y no lo habían atendido. Ese mismo día, familiares de otros presos le dijeron a los seres queridos de Pablo José que buscara un tubo de ensayo para que le sacaran una muestra y le hiciera un examen de sangre, así saber que tenía, pero la falta de dinero hizo que no pudiera hacerlo.

Pablo José estaba penado y detenido desde el 10 de julio del 2016 por el delito de violencia sexual agravada, su causa era del estado Miranda.

Los responsables de los penales hacen silencio

El OVP está totalmente alarmado por estas muertes ocurridas en los penales larenses, “lamentablemente por parte de los responsables de esta materia en este establecimiento carcelario no hay una acción contundente que paralice e informe, no solamente a la población sino también a los familiares de lo que está aconteciendo con una presunta contaminación interna en ese establecimiento carcelario”, expresa Humberto Prado, coordinador general de OVP.

Prado además señala que al OVP ha llegado información a través de los familiares de los internos donde aseguran que desde Uribana se están haciendo trasladados a la cárcel de Fénix, ubicada a escasos metros del otro penal. “ No sabemos si estos internos estén saliendo también complicados de salud y pueden llegar también a tener problemas el resto de la población de este otro centro carcelario, por ello llamamos la atención muy seriamente a que este establecimiento debe ser intervenido por una acción de salud que puntualice que es lo que está sucediendo y cuál es la atención que se debe dar para erradicar la situación que pueda haber en cuanto a una contaminación, un virus o una bacteria y que mantiene a la familia alarmada y asustada por la situación que se están dando en este establecimiento carcelario”, enfatizó el coordinador general de OVP.

De la misma forma desde OVP se dio información adicional a la Corte IDH en vista que esta cárcel se encuentra bajo medidas provisionales emitidas por esta corte, de manera que también se accionen los mecanismos del Sistema Interamericano, “para que los responsables de esta materia informen lo que está sucediendo en vista de que no le dan información a los familiares, ni siquiera le dan una ayuda al familiar para enterrarlo desconociendo totalmente de la responsabilidad que tienen cuando los presos están bajo sus custodias y son responsables de estas muertes como tal”, explica Humberto Prado.

En total son doce los presos fallecidos por condición salud en las cárceles de Lara, cuatro proveniente de la cárcel de Fénix y ocho en Uribana.

 

 

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

Presos de Uribana mueren por falta de atención médica agua e higiene

UN PRESO MUERTO, SEIS HOSPITALIZADOS, uno de alta y tres devueltos al penal sin ser evaluados “es el resultado de la falta de atención médica, agua e higiene en el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, en el norte de Barquisimeto, estado Lara”, informó el Observatorio Venezolano de Prisiones.

El penal está bajo medidas provisionales emitidas el 2 de febrero de 2007 por la CorteIDH y “el Estado debe responder por la vida, salud e integridad de cada uno de los reclusos que se encuentran en esa cárcel”, señaló la ONG.

“Los doctores, las enfermeras y los que tienen el poder nos están matando”, indicó un detenido que se comunicó por teléfono con el OVP. Agregó que solo hay un médico para el penal y 4 enfermeras que se turnan para una población de 2.226 presos.

“Cuando acudimos enfermos, como ellas se sienten que tienen el poder, de inmediato nos maltratan verbalmente. Ante cualquier dolor, fiebre o diarrea, que son comunes en nosotros, nos dan la ‘milagrosa’; le decimos así porque es una pastilla de paracetamol que es la que dan para todo. Únicamente te sacan si es algo grave”, dijo.

El informante agregó que el médico “se presta para todo porque su excusa es decir que no hay más nada, porque eso es lo que manda el gobierno”.

En el penal hay dos áreas en las que se encuentran los enfermos. En una están los que padecen de hepatitis, que son 35 aproximadamente, y en la otra hay 18 con tuberculosis. Unos reciben tratamiento, a algunos las medicinas se las lleva la familia y a otros, ni siquiera eso: “Solo están allí esperando que les toque morirse”.

Familiares de un preso con tuberculosis se encadenaron en tribunales para exigir medida humanitaria

LUEGO DE APOSTARSE A LAS PUERTAS del Edificio Nacional de Barquisimeto este jueves, la madre y seres queridos de Editzon Malvacias fueron atendidas por el titular del Circuito Judicial Penal del estado Lara para otorgarle una medida de arresto domiciliario al recluso del Centro Penitenciario David Viloria -también conocido como Uribana- diagnosticado con tuberculosis y hepatitis hace dos meses.

Malvacias, de 30 años, aún no ha recibido el tratamiento médico y la hospitalización le fue negada, denunciaron sus familiares.

“Mi hijo está en un estado crítico de salud en Uribana. En un cuarto aislado, sin medicamentos. Hemos pedido ayuda en todas partes. El presidente del circuito me entrevistó, me prometió arresto domiciliario donde yo le pueda dar la asistencia médica. Mi hijo no camina solo. Hemos tenido que suplicar, arrastrarnos”, declaró la madre del recluso, Beatriz Vargas, después de pasar una hora junto a una ahijada y una sobrina encadenadas en las puertas de los tribunales y frente a un acto oficial para exigir respuestas.

Malvacias pesa menos de 35 kilos y compartía celda con Pedro Guédez, el recluso que murió el lunes 10 de septiembre al mediodía en la cárcel de Uribana por tuberculosis y hepatitis. Guédez tampoco recibió tratamiento ni fue llevado al Hospital Luis Gómez López, donde se encuentra el Dispensario Antituberculoso regional.

“Mi hijo entró en una desesperación con su compañero muerto allí desde el mediodía. Lo vinieron sacando como a las cuatro de la tarde. Antes de que muriera Pedro Guédez fueron llevados hasta el Hospital Central Antonio María Pineda. Lo rechazaron porque dijeron que iba a contaminar el hospital”, agregó Vargas.

Durante dos meses y medio, Malvacias presentaba cuadros febriles y pérdida de peso, pero su madre indicó que en la cárcel le aseguraban que “era una gripe”. Hasta que en agosto se confirmó el cuadro de tuberculosis.

Al enterarse de los resultados del examen, la familia de Malvacias empezó a llevarle comida al Centro Penitenciario David Viloria para garantizarle una mejor alimentación.

“Hasta para poder pasar los alimentos nos costó. Les dije que iba a tener que encadenarme allá para poder pasar alimentos y accedieron a eso. Solo me han permitido pasarle sopas, verduras y frutas en platos pequeños”, añadió la mamá del recluso.

El abogado defensor José Ocanto señaló que por la inacción de la defensa pública se desmejoró Malvacías, quien paga una condena en Uribana desde hace siete años.

Este jueves en la tarde le darían la medida humanitaria al recluso que está convaleciente. “Hay muchos contaminados con tuberculosis en Uribana y no los toman en cuenta”, denunció Judith Malvacias.

El Observatorio Venezolano de Prisiones capítulo Lara recordó que el Centro Penitenciario David Viloria está bajo medidas provisionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) desde el año 2007. A través de esa resolución se exhorta al Estado venezolano a velar por la integridad de los reclusos y sus familiares.

La muerte de Guédez y el caso de Malvacias serán reportados a la Cidh.

34 muertos, 3 motines y 42 presos fugados en siete días de conflictos carcelarios
La huelga de hambre iniciada por los reclusos de Uribana el lunes 24 de noviembre, para exigir la destitución del director del penal por maltratos, ya suma 34 muertos. Los internos no fallecieron a consecuencia de enfrentamientos con armas de fuego o chuzos, murieron por envenenamiento. Supuestamente se intoxicaron al ingerir y mezclar medicamentos que tomaron de la enfermería. Desde el jueves de la semana pasada se vienen registrando motines en centros de reclusión y calabozos policiales, como Rodeo III y Polisucre. Adicionalmente la madrugada del martes se evadieron 42 presos de la subdelegación Miranda del Cicpc, en Los Teques.

 

@ronnarisquez

ERAN LAS 9:00 PM DEL MIÉRCOLES, HUMBERTO PRADO, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, atendía y consolaba por teléfono a madres, esposas y hermanas de los reclusos del Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana. Querían información, saber si sus presos habían sido trasladados a otros penales o si estaban en la lista “extraoficial” de 26 fallecidos por una supuesta intoxicación.

Periodistas en Barquisimeto relataban en sus avances que desde muy temprano en la mañana los familiares deambulaban del centro penitenciario al Hospital Pastor Oropeza, de allí al Hospital Central Antonio María Pineda, y luego a la morgue de Barquisimeto. No había lista de traslados, ni lista de muertos, ni lista de heridos. Sin embargo desde las 2:00 de la tarde del miércoles circulaba la versión de que al menos 13 reclusos habían fallecido al ingerir medicamentos que tomaron de la enfermería del penal, mientras que más de 600 fueron trasladados a Tocorón (Aragua) y la Penitenciaría General de Venezuela (Guárico).

A las 2:21 pm, la ministra del Servicio Penitenciario, María Iris Varela escribió en su cuenta de twitter @irisvarela: “En las próximas horas estaré informando en detalle situación de intoxicados por ingesta indebida de fármacos en cárcel de Lara”.  Este fue el único pronunciamiento gubernamental, después de más de 24 horas de iniciado el conflicto. A esa promesa oficial se aferraron los parientes de los internos, que comenzaron a viajar desde distintas partes del país hasta el estado Lara.

 

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Luego de 8 horas, la ministra Varela no se había pronunciado. En su cuenta de la red social advertía nuevamente que pronto difundiría un comunicado. Para ese momento la versión que manejaban los periodistas de la región era que la cifra de muertos ascendía a 24, con otros 5 casos de los que fueron trasladados a Tocorón. A esta lista se sumaron otros cuatro cadáveres provenientes de la cárcel de Guárico, y un reo que falleció  en el motín de El Rodeo el viernes 21 de noviembre, para completar los 34 muertos.

 

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“¿Dónde estás Iris Varela? Dale la cara al pueblo”, exigió María Elizabeth González, madre de un recluso que fue trasladado de Valencia, reseña El Impulso.

Pasadas las 10:00 pm, se dio a conocer a través de VTV un comunicado del despacho penitenciario en el que se informaba de la muerte de 13 internos, mientras que otros 145 habían presentado síntomas de intoxicación. “(…) algunos privados de libertad de la población agolpada en la entrada manifestaron que había varios internos que se encontraban en estado de sobredosis, debido a que algunos privados de libertad en situación de insubordinación procedieron a asaltar el puesto de salud (…) e ingresaron violentamente al área de enfermería, asaltaron la farmacia y otros talleres, procediendo a ingerir múltiples fármacos tales como: antibióticos, antihipertensivos, hipoglicemiantes, antiepilépticos, alcohol absoluto, entre otros, lo cual produjo una intoxicación de un grupo importante de privados de libertad”, dice a la mitad del comunicado.

Luego, la verdadera noticia: “Producto de la ingesta descontrolada de tales fármacos, resultaron intoxicados un grupo de 145 privados de libertad (…) Informamos el lamentable deceso de 13 internos, entretanto el personal médico hace sus mejores esfuerzos para reanimar a los afectados”. Pero no dan nombres ni detalles de los fallecidos. De esta manera el Gobierno reconocía el envenenamiento de presos por la ingesta de sustancias indebidas. Sin que el rostro y la voz de la ministra Iris Varela se vieren en las pantallas de Venezolana de Televisión comunicando la trágica noticia.

El texto aclaraba: “Los hechos registrados no han vulnerado el régimen interno de disciplina, respeto absoluto a los derechos humanos, atención integral a la población privada de libertad y control del recinto penitenciario”. Además recordaba que esta instalación “forma parte de los más de 70 centros donde se implementa el nuevo régimen penitenciario del país” en los que, según la ministra, sobra el orden y escasean las armas de fuego y las balas. Al parecer, también abundan algunos medicamentos (antibióticos, antihipertensivos, antihepilépticos, entre otros, que no se consiguen en las farmacias) capaces de ocasionar muertes por envenenamiento a más de una veintena de hombres.

Antes del final, el comunicado cuestiona en el antiguo modelo penitenciario y recuerda que se caracterizaba por la violación de derechos humanos. Luego ratifica la consolidación, con sus virtudes, del nuevo régimen implantado por la ministra revolucionaria. El escrito pasa por alto la muerte de 61 reclusos el 25 de enero de 2013 también en Uribana, en lo que ha sido la peor masacre en la historia penitenciaria del país. Allí Varela también fue protagonista.

Envenenamiento, suicidio, asesinato: la verdad en manos de los médicos

En unas declaraciones ofrecidas el miércoles, el secretario de Gobierno de Lara, Teodoro Campos, dijo que 33 reclusos atendidos en el Hospital Antonio María Pineda presentaban un cuadro de intoxicación por “una sustancia no determinada” y agregó que el estado de los pacientes es delicado.

Luego en el comunicado del Ministerio del Servicio Penitenciario se mencionan algunos de los medicamentos que habrían ingerido los internos afectados:  analgésicos, antibióticos, antiepilépticos, entre otros.

El doctor Rafael Orihuela, ex ministro de Salud, explicó que la mezcla de alcohol con analgésicos derivados de la morfina y la dopamina es mortal. “Esto produce una intoxicación aguda y es difícil que alguien se salve. La única posibilidad es que se le aplique al paciente una sustancia neutralizadora”. Esto es lo que pudo haber ocurrido con los internos de Uribana, según la poca información oficial que ha trascendido.

Los reclusos pudieron ingerir oxicodona (opioide) o tramal con licor, y esto pudo originar la intoxicación aguda. “En estos casos se presenta insuficiencia respiratoria, con derrumbe inmediato, paro cardíaco y muerte”, explicó Orihuela.

Recordó que en 1992 varias personas murieron al mezclar heroína con alcohol. “Esa es una combinación letal”.

En el caso de la ingesta de alcohol metílico el proceso no es tan rápido. “La persona sobrevive hasta 3 días y entra en un coma hepático”, dijo el experto. La intoxicación por tomar una gran cantidad de Rivotril o sus similares tampoco ocasiona la muerte tan rápidamente. “Los pacientes caen en un coma barbitúrico”, señaló el ex ministro.

Para el abogado Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, lo ocurrido tiene mucho ver con la improvisación de la ministra Varela en materia carcelaria. Considera muy grave la muerte por intoxicación de estos reclusos. “Yo creo que alguien intentó asesinarlos. Allí tiene que entrar el Cicpc a investigar lo que ocurrió”, dijo el experto en materia penitenciaria.

Nieto Palma agregó que en los próximos días acudirá al Ministerio Público a presentar una denuncia por lo ocurrido en Uribana “para que se investiguen esas muertes, porque no es normal el fallecimiento de tantos presos por un envenenamiento”.

El director del OVP, Humberto Prado, cree que pudo tratarse de un intento de suicidio masivo. “Es una muerte por envenenamiento. Es posible que esos muchachos se suicidaron para no seguir siendo sometidos a esos tratos impuestos por el nuevo régimen penitenciario que limita las visitas, les da solo 2 comidas y no le permiten ver a sus hijos. Estar en una cárcel es duro, pero estar en una cárcel venezolana es una pena de muerte. Se cansaron de que les dieran coñazos. el director de Uribana es una persona complicada. Pero todo es muy raro”.

La otra preocupación de Prado es el silencio oficial. “Los familiares piden apoyo a las ONG. Nosotros instamos que las autoridades den las listas de los trasladados y los fallecidos. Aquí ya debería haberse pronunciado el parlamento”, apuntó, y cuestionó la actuación del Ministerio del Servicio Penitenciario.

“Se creó un ente autónomo para gerenciar el sistema carcelario y lo que han hecho es centralizar, retrasar procesos, reprimir y ahí tienes las consecuencias. Se siembra la pena de muerte y han incrementado los modelos de corrupción. Además cambiaron el chuzo por la pólvora”, dijo el director del OVP, quien recordó que en el primer semestre de 2014 murieron 150 internos en las cárceles del país, según registros de esa organización.

Las dudas de estos expertos en materia carcelaria solo serán disipadas con una investigación profunda y profesional. Los médicos y los forenses tienen más posibilidad de apuntar hacia la realidad de lo sucedido en Uribana entre el lunes 24 y el miércoles 26 de noviembre. En 2013, cuando murieron 61 presos durante la reyerta de enero, fue el doctor Ruy Medina, director del Hospital Central Antonio María Pineda, quien dijo la verdad. Este médico informó sobre la cantidad de fallecidos que estaban en la morgue de ese centro asistencial, evitando que las autoridades ocultaran lo ocurrido. También fue Medina quien precisó que casi todos las víctimas tenían heridas por arma de fuego en la cabeza y el tórax.

La cifra de muertos continuaba aumentando, aunque el número oficial de 13 fallecidos no había sido actualizado desde la noche del miércoles. En una nota de prensa, enviada también la noche del miércoles, el Ministerio Público fue más cauteloso y no dio cifras al anunciar la designación de un equipo multidisciplinario encabezado por el subdirector de investigaciones de Delitos Comunes, Juan Carlos Tabares; y por el subdirector de Protección de Derechos Fundamentales, Enrique Arrieta, quienes coordinan un grupo de fiscales y 10 expertos de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, para investigar la muerte de “varios internos en el Centro Penitenciario de Centro Occidente David Viloria”.

Hacinamiento de 220%

Hacinamiento, maltratos y las restricciones del nuevo régimen penitenciario serían los detonantes de los recientes conflictos carcelarios, concluyen expertos en materia penitenciaria. La sobrepoblación en los reclusorios del país es de 220% según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones, mientras que el retardo procesal es de 60%, reveló con asombro el experto Claudio Grosman, durante la reciente reunión de ONU para exponer la situación de Derechos Humanos en Venezuela.

Actualmente Venezuela tiene una población penal de 52.000 internos, 68% prisión preventiva (procesados) y el resto condenados (juzgados con sentencia). Sin embargo los 32 centros de reclusión que hay en el país solo pueden albergar a 20.000 internos. “Aquí lo que se hizo fue reformar el COPP para meter a la gente en prisión y obstaculizar los beneficios que se dan a los privados de libertad”. dijo Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones.

La situación de hacinamiento en la cárceles es de tal magnitud que desde hace un par de años traspasó los muros de estos recintos y alcanzó a los retenes policiales de los distintos cuerpos de seguridad del país. Un lugar donde, en teoría, los detenidos deberían permanecer solo 48 horas.

Para el 31 de agosto de este año las delegaciones y comisarías de policías regionales, municipales y el Cicpc tenían 15.000 detenidos. Funcionarios del Ministerio Público que filtraron el dato vaticinaban eventos trágicos en un futuro cercano. Los incidentes del jueves 20 noviembre en la sede de la Policía de Sucre, donde se registró un motín y del miércoles 26 en la subdelegación Miranda del Cicpc, de donde se fugaron 41 presos, les dan la razón.

Un oficial de la Policía Municipal de Sucre fue tomado como rehén por los detenidos que se encuentran en los calabozos del Centro de Coordinación Policial Coliseo La Urbina, durante el motín ocurrido la noche del jueves pasado. Los presos exigían ser trasladados a los internados judiciales. En el lugar, que tiene capacidad para 30 personas, había 79.

Este miércoles 42 detenidos se evadieron por un boquete de los calabozos de la subdelegación del Cicpc en Los Teques. El recinto tiene capacidad para mantener a 40 personas y para el momento de la fuga había 140 hombres recluidos allí.

El viernes 21 de noviembre, los presos de el Rodeo III protagonizaron un motín y secuestraron a la directora del penal en rechazó al hacinamiento. Exigían mejoras en la alimentación y que se flexibilice la visita. El incidente dejó un muerto y 3 reclusos heridos. “El problema no son los cárceles ni su ubicación, el problema es el hacinamiento. Aquí se cerraron centros penitenciarios y no se construyeron nuevos”, aseguró Carlos Nieto Palma, quien recordó que en tres años no se ha construido la primera de las 20 cárceles prometidas por Iris Varela a Hugo Chávez.

Para el coordinador de Una Ventana a la Libertad el problema es que Varela “trabaja con improvisación porque no sabe nada de cárceles. No puedes cada vez que hay un conflicto comenzar a mover a los presos. Esto los aleja de sus familias y ocasiona retardo procesal”. Uribana y las tres cárceles del Rodeo están dentro del nuevo régimen cerrado de disciplina y educación que ha promovido la ministra.

Humberto Prado estuvo con Alba Cecilia Mujica y Sergio Novelli en Onda La Superestación para conversar sobre todas estas irregularidades en el sistema penitenciario venezolano.

 


Así reseñaron los medios locales el jueves 27 de noviembre la situación en Uribana y Tocorón:

 

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Confirman muerte de 13 reclusos en Uribana y 145 intoxicados

 Uribana

 

El Ministerio de Servicios Penitenciarios emitió la noche de este miércoles un comunicado en el que explica cómo unos ciento sesenta reos del Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, ingirieron fármacos de manera descontrolada, dejando un saldo de 13 privados de libertad fallecidos, y 145 intoxicados.

“Informamos del lamentable deceso de 13 internos”, indicó el  comunicado agregando que “producto de la ingesta descontrolada” de “fármacos como antibióticos, antiepilépticos, antihipertensivos y alcohol absoluto”.

Explican que “el día lunes 24 de noviembre, en horas de la mañana, luego del pase de número, un grupo de internos recluidos en el módulo 2 del referido centro penitenciario, se declararon en huelga de hambre, para exigir la destitución de un funcionario de este ministerio, de quien presumían había sido designado Director del centro”. Según señalan el grupo se tornó violento por lo que comenzaron a romper las paredes y las puertas del área de reclusión, lo que conllevó a la solicitud de apoyo a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

“En horas del mediodía, se congregaron los funcionarios a las puertas del penal para iniciar el proceso de diálogo y persuadir a la población desbordada que se encontraba en el portón principal del recinto, a que depusieran su actitud, para proceder a ingresar y restablecer el orden interno”.

Agregan que en ese momento algunos privados de libertad de la población agolpada en la entrada manifestaron que había varios internos que se encontraban en estado de sobredosis, debido a que algunos privados de libertad, en situación de insubordinación procedieron a asaltar el puesto de salud e ingresaron violentamente al área de enfermería, asaltaron la farmacia y los talleres, procediendo a ingerir múltiples fármacos tales como: antibióticos, antihipertensivos, hipoglicemiantes, antiepilépticos, alcohol absoluto, entre otros; lo cual produjo una intoxicación de más de 150 personas.

“Producto de la ingesta descontrolada de tales fármacos, resultaron intoxicados un grupo de 145 privados de libertad, los cuales han sido debidamente atendidos por el personal de salud que se encuentra desplegado en el centro penitenciario y en los diferentes centros de salud de la región en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Salud”.

El ministerio asegura que los hechos registrados no han vulnerado el régimen interno de disciplina, “respeto absoluto a los derechos humanos, atención integral a la población privada de libertad y control del recinto penitenciario”.

Destaca el comunicado que este recinto forma parte de los mas de 70 centros donde se implementa el nuevo régimen penitenciario del país, que ha venido superando el viejo modelo que se caracterizó por las deplorables condiciones de irrespeto, descontrol, anarquía y vulneración de los derechos humanos.

“El personal de atención a la familia de los privados de libertad, ha estado en los centros asistenciales brindando asistencia y apoyo directo a los familiares de los reclusos y cubriendo los gastos que se requieran. A disposición de los familiares de los privados de libertad el 0800 interno y 0800 interna”.

Los reos de este centro penitenciario tomaros la decisión de iniciar el lunes 24 de noviembre una huelga de hambre indefinida. En un comunicado explicaron que su lucha no es contra autoridades, ni régimen penitenciario, su lucha es para exigir la destitución de Julio César Pérez. Por ello, continuaba el comunicado, exigían:

1. Destitución inmediata del Director Julio Cesar Pérez.

2. Atención de la fiscal nacional de Derechos fundamentales.

3. Derechos intangibles como los son a la comunicación e información.

4. Mejoras en la alimentación.

5. Respeto al art. 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

6. No más maltrato físico, psicológico y moral a internos, custodios y personal administrativo.

7. Más apoyo a actividades deportivas culturales.

8. Respeto y Derecho a la visita

9. No más maltrato a los familiares

10. Pronunciamiento inmediato de la ministra en asuntos penitenciarios, Iris Varela.