La huelga de hambre iniciada por los reclusos de Uribana el lunes 24 de noviembre, para exigir la destitución del director del penal por maltratos, ya suma 34 muertos. Los internos no fallecieron a consecuencia de enfrentamientos con armas de fuego o chuzos, murieron por envenenamiento. Supuestamente se intoxicaron al ingerir y mezclar medicamentos que tomaron de la enfermería. Desde el jueves de la semana pasada se vienen registrando motines en centros de reclusión y calabozos policiales, como Rodeo III y Polisucre. Adicionalmente la madrugada del martes se evadieron 42 presos de la subdelegación Miranda del Cicpc, en Los Teques.
@ronnarisquez
ERAN LAS 9:00 PM DEL MIÉRCOLES, HUMBERTO PRADO, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, atendía y consolaba por teléfono a madres, esposas y hermanas de los reclusos del Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana. Querían información, saber si sus presos habían sido trasladados a otros penales o si estaban en la lista “extraoficial” de 26 fallecidos por una supuesta intoxicación.
Periodistas en Barquisimeto relataban en sus avances que desde muy temprano en la mañana los familiares deambulaban del centro penitenciario al Hospital Pastor Oropeza, de allí al Hospital Central Antonio María Pineda, y luego a la morgue de Barquisimeto. No había lista de traslados, ni lista de muertos, ni lista de heridos. Sin embargo desde las 2:00 de la tarde del miércoles circulaba la versión de que al menos 13 reclusos habían fallecido al ingerir medicamentos que tomaron de la enfermería del penal, mientras que más de 600 fueron trasladados a Tocorón (Aragua) y la Penitenciaría General de Venezuela (Guárico).
A las 2:21 pm, la ministra del Servicio Penitenciario, María Iris Varela escribió en su cuenta de twitter @irisvarela: “En las próximas horas estaré informando en detalle situación de intoxicados por ingesta indebida de fármacos en cárcel de Lara”. Este fue el único pronunciamiento gubernamental, después de más de 24 horas de iniciado el conflicto. A esa promesa oficial se aferraron los parientes de los internos, que comenzaron a viajar desde distintas partes del país hasta el estado Lara.
Luego de 8 horas, la ministra Varela no se había pronunciado. En su cuenta de la red social advertía nuevamente que pronto difundiría un comunicado. Para ese momento la versión que manejaban los periodistas de la región era que la cifra de muertos ascendía a 24, con otros 5 casos de los que fueron trasladados a Tocorón. A esta lista se sumaron otros cuatro cadáveres provenientes de la cárcel de Guárico, y un reo que falleció en el motín de El Rodeo el viernes 21 de noviembre, para completar los 34 muertos.
“¿Dónde estás Iris Varela? Dale la cara al pueblo”, exigió María Elizabeth González, madre de un recluso que fue trasladado de Valencia, reseña El Impulso.
Pasadas las 10:00 pm, se dio a conocer a través de VTV un comunicado del despacho penitenciario en el que se informaba de la muerte de 13 internos, mientras que otros 145 habían presentado síntomas de intoxicación. “(…) algunos privados de libertad de la población agolpada en la entrada manifestaron que había varios internos que se encontraban en estado de sobredosis, debido a que algunos privados de libertad en situación de insubordinación procedieron a asaltar el puesto de salud (…) e ingresaron violentamente al área de enfermería, asaltaron la farmacia y otros talleres, procediendo a ingerir múltiples fármacos tales como: antibióticos, antihipertensivos, hipoglicemiantes, antiepilépticos, alcohol absoluto, entre otros, lo cual produjo una intoxicación de un grupo importante de privados de libertad”, dice a la mitad del comunicado.
Luego, la verdadera noticia: “Producto de la ingesta descontrolada de tales fármacos, resultaron intoxicados un grupo de 145 privados de libertad (…) Informamos el lamentable deceso de 13 internos, entretanto el personal médico hace sus mejores esfuerzos para reanimar a los afectados”. Pero no dan nombres ni detalles de los fallecidos. De esta manera el Gobierno reconocía el envenenamiento de presos por la ingesta de sustancias indebidas. Sin que el rostro y la voz de la ministra Iris Varela se vieren en las pantallas de Venezolana de Televisión comunicando la trágica noticia.
El texto aclaraba: “Los hechos registrados no han vulnerado el régimen interno de disciplina, respeto absoluto a los derechos humanos, atención integral a la población privada de libertad y control del recinto penitenciario”. Además recordaba que esta instalación “forma parte de los más de 70 centros donde se implementa el nuevo régimen penitenciario del país” en los que, según la ministra, sobra el orden y escasean las armas de fuego y las balas. Al parecer, también abundan algunos medicamentos (antibióticos, antihipertensivos, antihepilépticos, entre otros, que no se consiguen en las farmacias) capaces de ocasionar muertes por envenenamiento a más de una veintena de hombres.
Antes del final, el comunicado cuestiona en el antiguo modelo penitenciario y recuerda que se caracterizaba por la violación de derechos humanos. Luego ratifica la consolidación, con sus virtudes, del nuevo régimen implantado por la ministra revolucionaria. El escrito pasa por alto la muerte de 61 reclusos el 25 de enero de 2013 también en Uribana, en lo que ha sido la peor masacre en la historia penitenciaria del país. Allí Varela también fue protagonista.
Envenenamiento, suicidio, asesinato: la verdad en manos de los médicos
En unas declaraciones ofrecidas el miércoles, el secretario de Gobierno de Lara, Teodoro Campos, dijo que 33 reclusos atendidos en el Hospital Antonio María Pineda presentaban un cuadro de intoxicación por “una sustancia no determinada” y agregó que el estado de los pacientes es delicado.
Luego en el comunicado del Ministerio del Servicio Penitenciario se mencionan algunos de los medicamentos que habrían ingerido los internos afectados: analgésicos, antibióticos, antiepilépticos, entre otros.
El doctor Rafael Orihuela, ex ministro de Salud, explicó que la mezcla de alcohol con analgésicos derivados de la morfina y la dopamina es mortal. “Esto produce una intoxicación aguda y es difícil que alguien se salve. La única posibilidad es que se le aplique al paciente una sustancia neutralizadora”. Esto es lo que pudo haber ocurrido con los internos de Uribana, según la poca información oficial que ha trascendido.
Los reclusos pudieron ingerir oxicodona (opioide) o tramal con licor, y esto pudo originar la intoxicación aguda. “En estos casos se presenta insuficiencia respiratoria, con derrumbe inmediato, paro cardíaco y muerte”, explicó Orihuela.
Recordó que en 1992 varias personas murieron al mezclar heroína con alcohol. “Esa es una combinación letal”.
En el caso de la ingesta de alcohol metílico el proceso no es tan rápido. “La persona sobrevive hasta 3 días y entra en un coma hepático”, dijo el experto. La intoxicación por tomar una gran cantidad de Rivotril o sus similares tampoco ocasiona la muerte tan rápidamente. “Los pacientes caen en un coma barbitúrico”, señaló el ex ministro.
Para el abogado Carlos Nieto Palma, coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, lo ocurrido tiene mucho ver con la improvisación de la ministra Varela en materia carcelaria. Considera muy grave la muerte por intoxicación de estos reclusos. “Yo creo que alguien intentó asesinarlos. Allí tiene que entrar el Cicpc a investigar lo que ocurrió”, dijo el experto en materia penitenciaria.
Nieto Palma agregó que en los próximos días acudirá al Ministerio Público a presentar una denuncia por lo ocurrido en Uribana “para que se investiguen esas muertes, porque no es normal el fallecimiento de tantos presos por un envenenamiento”.
El director del OVP, Humberto Prado, cree que pudo tratarse de un intento de suicidio masivo. “Es una muerte por envenenamiento. Es posible que esos muchachos se suicidaron para no seguir siendo sometidos a esos tratos impuestos por el nuevo régimen penitenciario que limita las visitas, les da solo 2 comidas y no le permiten ver a sus hijos. Estar en una cárcel es duro, pero estar en una cárcel venezolana es una pena de muerte. Se cansaron de que les dieran coñazos. el director de Uribana es una persona complicada. Pero todo es muy raro”.
La otra preocupación de Prado es el silencio oficial. “Los familiares piden apoyo a las ONG. Nosotros instamos que las autoridades den las listas de los trasladados y los fallecidos. Aquí ya debería haberse pronunciado el parlamento”, apuntó, y cuestionó la actuación del Ministerio del Servicio Penitenciario.
“Se creó un ente autónomo para gerenciar el sistema carcelario y lo que han hecho es centralizar, retrasar procesos, reprimir y ahí tienes las consecuencias. Se siembra la pena de muerte y han incrementado los modelos de corrupción. Además cambiaron el chuzo por la pólvora”, dijo el director del OVP, quien recordó que en el primer semestre de 2014 murieron 150 internos en las cárceles del país, según registros de esa organización.
Las dudas de estos expertos en materia carcelaria solo serán disipadas con una investigación profunda y profesional. Los médicos y los forenses tienen más posibilidad de apuntar hacia la realidad de lo sucedido en Uribana entre el lunes 24 y el miércoles 26 de noviembre. En 2013, cuando murieron 61 presos durante la reyerta de enero, fue el doctor Ruy Medina, director del Hospital Central Antonio María Pineda, quien dijo la verdad. Este médico informó sobre la cantidad de fallecidos que estaban en la morgue de ese centro asistencial, evitando que las autoridades ocultaran lo ocurrido. También fue Medina quien precisó que casi todos las víctimas tenían heridas por arma de fuego en la cabeza y el tórax.
La cifra de muertos continuaba aumentando, aunque el número oficial de 13 fallecidos no había sido actualizado desde la noche del miércoles. En una nota de prensa, enviada también la noche del miércoles, el Ministerio Público fue más cauteloso y no dio cifras al anunciar la designación de un equipo multidisciplinario encabezado por el subdirector de investigaciones de Delitos Comunes, Juan Carlos Tabares; y por el subdirector de Protección de Derechos Fundamentales, Enrique Arrieta, quienes coordinan un grupo de fiscales y 10 expertos de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, para investigar la muerte de “varios internos en el Centro Penitenciario de Centro Occidente David Viloria”.
Hacinamiento de 220%
Hacinamiento, maltratos y las restricciones del nuevo régimen penitenciario serían los detonantes de los recientes conflictos carcelarios, concluyen expertos en materia penitenciaria. La sobrepoblación en los reclusorios del país es de 220% según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones, mientras que el retardo procesal es de 60%, reveló con asombro el experto Claudio Grosman, durante la reciente reunión de ONU para exponer la situación de Derechos Humanos en Venezuela.
Actualmente Venezuela tiene una población penal de 52.000 internos, 68% prisión preventiva (procesados) y el resto condenados (juzgados con sentencia). Sin embargo los 32 centros de reclusión que hay en el país solo pueden albergar a 20.000 internos. “Aquí lo que se hizo fue reformar el COPP para meter a la gente en prisión y obstaculizar los beneficios que se dan a los privados de libertad”. dijo Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones.
La situación de hacinamiento en la cárceles es de tal magnitud que desde hace un par de años traspasó los muros de estos recintos y alcanzó a los retenes policiales de los distintos cuerpos de seguridad del país. Un lugar donde, en teoría, los detenidos deberían permanecer solo 48 horas.
Para el 31 de agosto de este año las delegaciones y comisarías de policías regionales, municipales y el Cicpc tenían 15.000 detenidos. Funcionarios del Ministerio Público que filtraron el dato vaticinaban eventos trágicos en un futuro cercano. Los incidentes del jueves 20 noviembre en la sede de la Policía de Sucre, donde se registró un motín y del miércoles 26 en la subdelegación Miranda del Cicpc, de donde se fugaron 41 presos, les dan la razón.
Un oficial de la Policía Municipal de Sucre fue tomado como rehén por los detenidos que se encuentran en los calabozos del Centro de Coordinación Policial Coliseo La Urbina, durante el motín ocurrido la noche del jueves pasado. Los presos exigían ser trasladados a los internados judiciales. En el lugar, que tiene capacidad para 30 personas, había 79.
Este miércoles 42 detenidos se evadieron por un boquete de los calabozos de la subdelegación del Cicpc en Los Teques. El recinto tiene capacidad para mantener a 40 personas y para el momento de la fuga había 140 hombres recluidos allí.
El viernes 21 de noviembre, los presos de el Rodeo III protagonizaron un motín y secuestraron a la directora del penal en rechazó al hacinamiento. Exigían mejoras en la alimentación y que se flexibilice la visita. El incidente dejó un muerto y 3 reclusos heridos. “El problema no son los cárceles ni su ubicación, el problema es el hacinamiento. Aquí se cerraron centros penitenciarios y no se construyeron nuevos”, aseguró Carlos Nieto Palma, quien recordó que en tres años no se ha construido la primera de las 20 cárceles prometidas por Iris Varela a Hugo Chávez.
Para el coordinador de Una Ventana a la Libertad el problema es que Varela “trabaja con improvisación porque no sabe nada de cárceles. No puedes cada vez que hay un conflicto comenzar a mover a los presos. Esto los aleja de sus familias y ocasiona retardo procesal”. Uribana y las tres cárceles del Rodeo están dentro del nuevo régimen cerrado de disciplina y educación que ha promovido la ministra.
Humberto Prado estuvo con Alba Cecilia Mujica y Sergio Novelli en Onda La Superestación para conversar sobre todas estas irregularidades en el sistema penitenciario venezolano.
Así reseñaron los medios locales el jueves 27 de noviembre la situación en Uribana y Tocorón:
