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Blanqueo de capitales

Detienen en España a hijo de ex embajador Raúl Morodo por blanqueo de dinero

LA POLICÍA  ESPAÑOLA DETUVO ESTE 20 de mayo, a cuatro personas dentro de una investigación de la Audiencia Nacional contra el ex embajador español en Venezuela, Raúl Morodo, señalado de blanquear en España al menos cuatro millones de euros extraídos ilícitamente de Petróleos de Venezuela, S.A.

Los funcionarios detuvieron a Alejo Morojo, hijo del ex embajador, y a otras tres personas de su entorno.

Las detenciones se realizan en el marco de una investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que cuantifica en 4,5 millones de euros el dinero cobrado de la petrolera por Morodo de forma irregular.

El ex diplomático, principal imputado en el caso, no fue arrestado debido a su avanzada edad (84 años), pero será citado a declarar en la Audiencia Nacional posteriormente.

Santiago Pedraz es uno de los jueces españoles que investigan el blanqueo del dinero sustraído supuestamente por funcionarios y ciudadanos venezolanos de Pdvsa y en este caso realiza la instrucción por unos hechos relacionados con Morodo, que se remontan al período 2012-2015.

En la operación también se practicaron ocho registros, entre ellos el de las oficinas en Madrid del que fuera embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

A los investigados en esta causa se les atribuye un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así como falsedad documental y delito fiscal.

Esta causa contra el que fue embajador español en Venezuela durante parte de la presidencia de Hugo Chávez tiene relación con el saqueo a Pdvsa que se investiga en varios juzgados españoles.

El principal imputado es Raúl Morodo, quien supuestamente blanqueó en España dinero que habría obtenido de Pdvsa gracias a falsos contratos de asesoramiento profesional a la petrolera.

Según sospechan los investigadores, ese dinero irregular lo remitió a España bajo la excusa de que eran honorarios profesionales y mediante un complejo conglomerado de empresas, fondos que luego blanqueó con inversiones inmobiliarias.

El saqueo a Pdvsa lo investigan tres países europeos (Portugal, Andorra y España), además de Estados Unidos, que tienen en el punto de mira a decenas de ciudadanos venezolanos por supuestamente lavar cientos de millones de euros obtenidos de sobornos cuando desempeñaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Chávez.

Solo en España, la justicia persigue a una veintena de ellos, como el exviceministro de Energía de Chávez Nervis Villalobos o Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y ex alcalde de Caracas exiliado en España, Antonio Ledezma.

Otro país que tiene bajo la lupa a estos funcionarios corruptos es Andorra, pequeño Estado en la frontera hispano-francesa donde una juez procesó a Villalobos y a otro ex viceministro venezolano, Javier Alvarado, junto a otros antiguos altos cargos de Pdvsa, por un presunto robo de dos mil millones de dólares a la compañía.

Ordenan 3 años de prisión preventiva a Kuczynski por el caso Odebrecht

UN JUEZ ORDENÓ EL VIERNES tres años de prisión preventiva para el expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski mientras es investigado por lavado de activos en relación con actos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

El magistrado Jorge Chávez indicó que Kuczynski, quien se encuentra en una clínica por motivos de salud, obstruyó a la justicia porque dio una dirección equivocada de su contadora y no tiene arraigo personal en el país, ya que su familia vive fuera.

La fiscalía afirma que Kuczynski, de 80 años, realizó supuestos “actos de blanqueo de capital” mientras era ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006). Los presuntos delitos están relacionados con la construcción de una carretera que conecta Brasil con Perú y una obra para irrigar zonas desérticas en el norte del país.

Kuczynski se recupera en una clínica local de un procedimiento de cateterismo al corazón que se le practicó el miércoles. El exmandatario fue arrestado la semana pasada para cumplir una detención provisional por 10 días.

“Es una sentencia de muerte a sus 80 años”, dijo el legislador Gilbert Violeta, amigo del expresidente.

No se sabe a qué prisión será enviado Kuczynski, pero podría ser una cárcel de la zona este de Lima que sólo tiene un preso: el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) quien cumple una condena de 25 años por violación de derechos humanos. Kuczynski liberó temporalmente a Fujimori horas antes de la Navidad de 2017, lo que desató protestas en el país.

La orden de cárcel se da el mismo día que se realizaron los funerales del expresidente Alan García (2006-2011), quien se suicidó para evitar ser arrestado mientras era investigado por otro caso ligado a Odebrecht.

Kuczynski llegó a la presidencia en 2016 y renunció en 2018 por un escándalo ligado a la presunta compra de votos de legisladores de la oposición a cambio de favores políticos. Lo reemplazó su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, que gobernará hasta 2021.

Todos los presidentes que han gobernado Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht. Además de García, Toledo reside en Estados Unidos, aunque se ha pedido su extradición, y Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo preso entre 2017 y 2018.

El caso Odebrecht ha remecido a la élite política de Perú, al igual que a la de otros países de la región, luego de que en 2016 la compañía constructora admitió que pagó sobornos para obtener jugosos contratos en casi toda Latinoamérica.

Bulgaria investiga transferencias millonarias de Pdvsa

 

 

LA FISCALÍA DE BULGARIA ANUNCIÓ ESTE MIÉRCOLES el bloqueo por sospechas de blanqueo de las cuentas bancarias de un abogado búlgaro a la que la petrolera PDVSA transfirió millones de dólares.

Así lo anunciaron en una rueda de prensa el fiscal general de Bulgaria, Sotir Tsatsarov, y el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Dimitar Georgiev.

“Desde las cuentas que manejaba se hicieron varias transferencias hacia bancos en terceros países y las razones de estas transferencias no tienen nada que ver con la actividad de un abogado”, dijo Tsatsarov.

Debido a que no existe ninguna justificación para esas transferencias, el fiscal general precisó que se está investigando un posible caso de blanqueo de capitales.

La información para esta investigación la proporcionaron las autoridades de Estados Unidos, que impusieron sanciones adicionales a PDVSA a finales de enero.

Tsatsarov no dio más detalles sobre el monto transferido ni sobre la identidad del propietario de la cuenta en una entidad financiera.

Según el fiscal, la agencia estatal de contraespionaje inició investigaciones en todo el sistema bancario búlgaro par detectar otras posibles transferencias desde Venezuela después de hallarse este caso.

El anuncio de los bloqueos de estas cuentas se produjo después de una reunión del primer ministro, Boiko Borisov, con el embajador de EEUU, Eric Rubin, en la sede del Gobierno.

Detuvieron en Madrid al hijo de Roberto Rincón por blanqueo de capitales

La Policía detuvo esta mañana en Madrid a uno de los hijos del millonario venezolano afincado en Estados Unidos Roberto Enrique Rincón Fernández, en el marco de una operación contra blanqueo de capitales procedentes de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Así lo confirmaron a este diario fuentes conocedoras del arresto de José Roberto Rincón Bravo, realizada por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (Udef) de la Policía, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, por orden del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid.

En el operativo también se registró una propiedad del empresario y banquero portugués Joao Espirito Santo. En concreto, la conocida como La Encomienda de la Losilla, una finca del entorno de 500 hectáreas situada en las inmediaciones de Chinchón (Madrid).

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Fiscalía española investiga sobornos de Odebrecht a familiares de Diosdado Cabello

Los tentáculos de Odebrecht, la constructora brasileña que ha protagonizado la mayor trama de sobornos conocida, llegan de Venezuela a España. La Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace meses una trama de blanqueo de capitales que tendría su origen en sobornos entregados por Odebrecht a familiares de Diosdado Cabello, exnúmero dos de Hugo Chávez, expresidente de la Asamblea Nacional, exministro de Obras Públicas con Hugo Chávez y exgobernador del estado de Miranda.

La investigación la inició la Fiscalía de Venezuela durante el mandato de Luisa Ortega, que huyó del país el pasado mes de agosto perseguida por el chavismo y se encuentra refugiada en Colombia. En julio de 2017, el fiscal Pedro Alexander Lupera, había remitido una comisión rogatoria a España para comprobar si empresas de dos primos de Diosdado Cabello vinculados a Odebrecht se usaron para canalizar los sobornos. La comisión rogatoria, a la que ha tenido acceso ABC, argumenta que Odebrecht «ha establecido relaciones comerciales con la empresa TSE Arietis y esta a su vez se encuentra relacionada con empresas constituidas en Madrid, cuya legalidad y transparencia en cuanto a los contratos se encuentra en revisión por este Despacho Fiscal».

Entre los contratos que Odebrecht logró del chavismo está el de la construcción de la línea 2 del Metro de Los Teques, capital del estado de Miranda. Comenzó a construirse en 2007, cuando Cabello era el gobernador del estado. La constructora brasileña subcontrató a TSE Arietis, controlada por sus primos Luis Alfredo y Jerson Jesús Campos Cabello. TSE está vinculada a tres empresas españolas, controladas por Luis Alfredo Campos Cabello: Inversiones Oportunidades y Negocio SL –que explota una gasolinera en Alcobendas (Madrid)–, Bengoechea Inversiones y Patrimonios S.L. –dedicada a la compra-venta de bienes muebles y a la asesoría financiera– y Depósito y Stockage JJ, una empresa de almacenes. Solo la mercantil de la gasolinera cuenta con un capital de dos millones de euros. ABC ha intentado sin éxito recabar la versión de Luis Alfredo Campos Cabello. En sus empresas confirman que está «en Venezuela» y descartan que vayan a atender a este diario.

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España investiga por blanqueo de capitales al

El empresario Alejandro Betancourt, presidente de Derwick Associates (empresa favorecida con más de una decena de contratos públicos en Venezuela), principal inversor de la firma de gafas Hawkers y socio del español Alberto Cortina en el grupo financiero DBK Financial Group, está siendo investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional española por un presunto delito de blanqueo de capitales.

Así lo confirmaron al diario El Mundo (Madrid) fuentes conocedoras de la investigación, centrada en operaciones inmobiliarias realizadas en España -remitidas a la Policía por el servicio de inteligencia financiera Sepblac (Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales)- y en contratos adjudicados por la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) a la sociedad de construcción de plantas termoeléctricas Derwick Associates de Venezuela, participada por Betancourt y su primo Pedro Trebbau.

La investigación vincula al venezolano con movimientos de dinero de procedencia presuntamente ilícita, que entraron y salieron de cuentas bancarias españolas mediante transferencias, cheques y reintegros en efectivo, a través de la compra de inmuebles. Precisamente, una de las operaciones investigadas es la adquisición de la finca del ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, en marzo de 2012, por la cual pagó 22,8 millones de euros.

La adquisición se hizo a través de la sociedad española Derwick Associates International, registrada hoy como Compañía de Inversiones Agrícolas Trieste. Seis días antes de que se produjera el pago, el banco JP Morgan Chase Bank NA Private, en Nueva York, cuyo titular era Derwick Associates Corporation, transfirió 28,7 millones a la española Derwick Associates bajo el concepto de préstamo participativo.

De acuerdo con información de la web Poderopedia, Betancourt, quien ha sido identificado como un “bolichico” (jóvenes que amasaron fortunas con dinero del Estado durante la administración de Hugo Chávez), obtuvo a través de Derwick Associates 12 contratos públicos en 14 meses sin licitación alguna, a pesar de ser una compañía sin experiencia. Sobreprecio y triangulación tecnológica se incluyen entre las irregularidades de su relación con el Estado, indica que portal, que apunta que adjudicación de acuerdos se hizo en medio de la emergencia eléctrica que atravesaba el país entre los años 2009 y 2010.

Más información en el diario El Mundo.

España extraditará a EEUU a dos altos ex funcionarios venezolanos por corrupción

nervis

El Gobierno español aprobó este viernes la entrega a Estados Unidos de dos ex altos cargos del Gobierno venezolano para ser enjuiciados en ese país por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

Se trata del exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y de Luis Carlos León Pérez, antiguo director de Finanzas de Electricidad de Caracas, empresa subsidiaria de la compañía pública estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA).

Ambos fueron detenidos en Madrid el pasado 26 de octubre y actualmente se encuentran en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional española.

En un comunicado, el Gobierno explica que ambos son sospechosos de haberse asociado entre 2011 y 2013 con un grupo de funcionarios de alto nivel de PDVSA para solicitar sobornos a vendedores y empresas a cambio de condiciones ventajosas en las licitaciones y en los cobros en las facturas durante la crisis de liquidez venezolana.

Las ganancias obtenidas fueron blanqueadas en complejas transacciones financieras internacionales y en algunos casos mediante inversiones inmobiliarias en Estados Unidos, donde estaban radicadas algunas empresas afectadas.

Ya en enero pasado el Ejecutivo español aprobó la entrega a Estados Unidos de César David Rincón Godoy, que ocupó el cargo de gerente general de Bariven, empresa subsidiaria de PDVSA.

Además de esta entrega y las dos de hoy, EE.UU también reclama a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, antiguo director de Seguridad y Prevención de Pérdidas de PDVSA.

 

Fiscalía continúa con investigaciones sobre corrupción en PDVSA

 

La Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones relacionadas con corrupción en PDVSA, de acuerdo con informaciones se manejan pruebas en contra de Luis Alberto Terrero Añez, por presunto sobre precios a compras de la filial PDVSA International, mediante el soborno de una red de funcionarios públicos al servicio de los intereses que causaron fraude a la principal empresa del país.

 

Investigarán supuestos sobornos de empresa española en Venezuela

fiscaia anticorrupcion espana

 

Foto: cortesía

Un juez español decidió investigar una querella de la Fiscalía Anticorrupción presentada contra el grupo industrial Duro Felguera, su presidente, Ángel Antonio del Valle, y otras ocho personas físicas y jurídicas por presuntos sobornos efectuados en Venezuela y por blanqueo de capitales.

En un auto judicial conocido hoy, el magistrado de la Audiencia Nacional de España Ismael Moreno libra una comisión rogatoria a las autoridades de Suiza a fin de que remitan toda la información relativa a las cuentas que resultaron beneficiadas supuestamente de los pagos de los contratos que están bajo sospecha.

La Fiscalía había advertido de presuntos cohechos millonarios a altos funcionarios venezolanos por parte de esta empresa española con el fin de obtener contratos para nuevos proyectos en Caracas y su zona de influencia.

La querella se dirige, además, contra el anterior presidente de Duro Felguera, Juan Carlos Torres Inclán, y también forma parte de la causa Nervis Villalobos, vicepresidente de la empresa estatal Energía de Venezuela hasta 2006, quien habría recibido hasta 105 millones de dólares (89 millones de euros) para que “usara su capacidad de influencia”.

De igual modo, constan como querellados el exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa y la abogada del Ministerio de Energía del país Julia Van Den Brule.