LA POLICÍA  ESPAÑOLA DETUVO ESTE 20 de mayo, a cuatro personas dentro de una investigación de la Audiencia Nacional contra el ex embajador español en Venezuela, Raúl Morodo, señalado de blanquear en España al menos cuatro millones de euros extraídos ilícitamente de Petróleos de Venezuela, S.A.

Los funcionarios detuvieron a Alejo Morojo, hijo del ex embajador, y a otras tres personas de su entorno.

Las detenciones se realizan en el marco de una investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, que cuantifica en 4,5 millones de euros el dinero cobrado de la petrolera por Morodo de forma irregular.

El ex diplomático, principal imputado en el caso, no fue arrestado debido a su avanzada edad (84 años), pero será citado a declarar en la Audiencia Nacional posteriormente.

Santiago Pedraz es uno de los jueces españoles que investigan el blanqueo del dinero sustraído supuestamente por funcionarios y ciudadanos venezolanos de Pdvsa y en este caso realiza la instrucción por unos hechos relacionados con Morodo, que se remontan al período 2012-2015.

En la operación también se practicaron ocho registros, entre ellos el de las oficinas en Madrid del que fuera embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

A los investigados en esta causa se les atribuye un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así como falsedad documental y delito fiscal.

Esta causa contra el que fue embajador español en Venezuela durante parte de la presidencia de Hugo Chávez tiene relación con el saqueo a Pdvsa que se investiga en varios juzgados españoles.

El principal imputado es Raúl Morodo, quien supuestamente blanqueó en España dinero que habría obtenido de Pdvsa gracias a falsos contratos de asesoramiento profesional a la petrolera.

Según sospechan los investigadores, ese dinero irregular lo remitió a España bajo la excusa de que eran honorarios profesionales y mediante un complejo conglomerado de empresas, fondos que luego blanqueó con inversiones inmobiliarias.

El saqueo a Pdvsa lo investigan tres países europeos (Portugal, Andorra y España), además de Estados Unidos, que tienen en el punto de mira a decenas de ciudadanos venezolanos por supuestamente lavar cientos de millones de euros obtenidos de sobornos cuando desempeñaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Chávez.

Solo en España, la justicia persigue a una veintena de ellos, como el exviceministro de Energía de Chávez Nervis Villalobos o Luis Fernando Vuteff, yerno del opositor venezolano y ex alcalde de Caracas exiliado en España, Antonio Ledezma.

Otro país que tiene bajo la lupa a estos funcionarios corruptos es Andorra, pequeño Estado en la frontera hispano-francesa donde una juez procesó a Villalobos y a otro ex viceministro venezolano, Javier Alvarado, junto a otros antiguos altos cargos de Pdvsa, por un presunto robo de dos mil millones de dólares a la compañía.