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El grupo acudió a las instancias judiciales de España e Italia para denunciar al exministro de Petróleo por considerar que llevó a la quiebra a Pdvsa

Los diputados Carlos Herrera, Luis Parra, Conrado Pérez, José Brito, Adolfo Superlano, José Luis Pirela y Chaim Bucarán fueron siete de los nueve diputados señalados por el portal Armando.info de estar inmiscuidos en temas de presunta corrupción.

Pertenecientes a la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el grupo acudió a las instancias judiciales de España e Italia para denunciar a Rafael Ramírez por considerar que llevó a la quiebra a Pdvsa.

Una fuente consultada por El Pitazo dijo que Carlos Herrera viajó como periodista, sin embargo los diputados comentaron que acudía como asesor.

Herrera llegó al aeropuerto de Maiquetía en compañía de los parlamentarios, según presenciaron miembros de El Pitazo ese día, cuando se dirigían a España a asistir a la entrega del Premio Ortega y Gasset.

Mediante un video, el parlamentario José Luis Pirela se pronunció para desvincularse de esta comisión y del debate de los Clap, sin embargo sí admitió que viajó a solicitar la investigación en contra de Ramírez en Europa.

Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 03.09.2019: MEDIO: ¿Más corrupción uniformada?
MEDIO
¿MAS CORRUPCION UNIFORMADA?:

 

En Armando.Info leo el titular que señala: “La sombra de los negocios de su yerno cubre al general de división Rangel Gómez en México”. El texto dice: De un día para otro el ex gobernador chavista del estado Bolívar por trece años, desde 2004 hasta 2017, saltó del desmesurado exhibicionismo mediático al bajo perfil. Su partida a México completó el circulo del plan de retiro que se había venido preparando durante su gestión pública: ahora se alojaba en el mismo país donde florecían las empresas del esposo de su hija, a las que tanto había favorecido desde sus cargos en Guayana. Con sanciones financieras impuestas a su persona por Canadá y estados Unidos, hoy el general retirado de División del Ejército Francisco José Rangel Gómez prefiere pasar agachado. Su residencia en el bulevar Manuel Avila Camacho de la lujosa urbanización Lomas de Chapultepec en la capital mexicana. La dirección es la misma de la empresa Quimera Metals en la que hacía de agente naviero y trader de metales Carlos Rodrigo González Piazza, esposo de Maria Eugenia Rangel Escobar, hija del ex gobernador de Bolívar. 

 

 

Dan cuenta de todos los detalles como acostumbra el equipo de los varias veces premiados periodistas de investigación de ArmandoInfo. Entre ellos la silenciosa desaparición de la escena pública del gobernador Rangel Gómez tras el fraude electoral en las elecciones en su estado para reemplazarlo al frente de la gobernación en la que estuvo 13 años: el 17 de octubre de 2017 fue Rangel Gómez quien anunció que la gobernación había sido ganada, con trampas e ilegalidades ampliamente comprobadas, por otro general chavista madurista del PSUV Justo Noguera por sobre el dirigente de la Causa R Andrés Velásquez a quien no le aceptaron las pruebas válidas de la enorme trampa realizada. A los pocos días y calladito se residenció en la capital mexicana. Cito a ArmandoInfo: “Rangel Gómez fue el llamado ZAR de la región Guayana, el enclave de esa caja chica de emergencia llamado pomposamente por el chavismo como el Arco Minero del Orinoco y que llego a darle un perfil de presidenciable”. Recuerdan claramente cuando fue ese general tras el golpe del 11 de abril de 2002 quien pidió las cámaras del canal regional TV Guayana para pronunciarse contra los asesinatos que hubo en Caracas contra los opositores que iban al Palacio de Miraflores, incidentes que sirvieron de excusa para los rebeldes declarar desobediencia al gobierno y exigir la renuncia del presidente Chávez. En pocas horas cambió de parecer y Chávez lo premió dejándolo actuar como quisiera por tantos años rojos en Bolívar. “La primera acusación de corrupción  contra el general vino en 2001 desde las filas chavistas cuando el entonces presidente de Ferrominera del Orinoco, Roy Rodriguez, lo acusó ante Chávez de cometer un fraude impresionante al entregar a la corporación canadiense Cristallex para expolotar la Mina Las Cristinas”. Hoy esa empresa tiene demandada a Venezuela por 1400 millones de dólares y le apetece quedarse con Citgo…

 

¿DICTA-DURA?: 

 

Para que sepamos con que tipo de régimen dictatorial nos enfrentamos los venezolanos desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013 les paso la denuncia del diputado Henry Ramos Allup sobre las condiciones en que el régimen mantiene a Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la legitima Asamblea Nacional detenido desde el pasado 9 de mayo cuando fue remolcado dentro de su camioneta por una grúa policial hasta la sede del SEBIN, el temido servicio bolivariano de inteligencia. Zambrano es además vicepresidente del partido Acción Democrática, uno de los principales partidos del país. Ramos Allup este fin de semana en acto celebrado en Maracay donde presentó la maquinaria adeca señaló que el propio Zambrano es quien dice que no hay que callar, así el régimen, en represalia, le endurezca las condiciones. Callar no es la solución. Los datos proporcionados indican el talante “democrático” de Maduro y su camarilla de funcionarios: El preso Zambrano sufre estas 16 condiciones en su presidio: 1.- Duerme en el suelo 2.- No ha podido nombrar sus defensores 3.- No tiene un libro, ni la Biblia 4.-Está incomunicado 5.-Para llevarle comida tiene que alimentar a los carceleros 6.- Se lo come la plaga (zancudos). Se lo traga vivo. 7.- Las visitas limitadas o ninguna 8.- Tiene las rodillas hinchadas 9.-Necesita tratamiento de inyección de cortisona y extracción de líquidos 10.-Vive con luz artificial 11.- No ve el sol 12.- Como no lo sacan, sólo ve el techo 13.- No puede caminar 14.- No ve a otros reclusos 15.-No ve a nadie y para cerrar con broche de oro el punto 16 es que es un preso sin delito. No le han hecho caso ni a la OEA, a la ONU, a la Internacional Socialista y a diversos gobiernos que han pedido su libertad.

 

 

 

El pasado 11 de septiembre, Conatel envió una notificación al periodista Roberto Deniz en la que prohibía a este y otros tres comunicadores del portal Armando.Info difundir información sobre Alex Naín Saab Morán, a quien se vincula en varias investigaciones del medio con irregularidades en la importación de alimentos en el país. Runrun.es reproduce para nuestros lectores la siguiente entrega que forma parte de esa investigación, respaldada en nuestra convicción de defender el derecho de los ciudadanos a estar informados y como apoyo al trabajo de los medios independientes amparado en los artículos 57 y 59 de la Constitución de Venezuela que prohíben la censura previa.

 

En Turquía y los emiratos costeros de la Península Arábiga se encuentran ahora las empresas que proveen al principal programa social -y clientelar- del Gobierno de Venezuela. Aunque la mudanza desde México y Hong Kong, en términos geográficos, parece épica, el negocio no cambia de manos: siguen siendo las de los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, bajo cuyo control se encuentra desde 2016 buena parte de la importación de alimentos financiada con fondos públicos. Es la vuelta al mundo por un negocio.

Hace tan solo cinco meses, el 6 de abril de 2018, una carta de Group Grand Limited llegó al despacho del entonces presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), el Mayor General (Aviación) Giuseppe Yoffreda Yorio. En la misiva, la empresa pedía al ente estatal responsable de las importaciones públicas la “cesión de derechos financieros correspondientes al contrato número CPVX-CJ-CONT-0086-2017” en favor de Mulberry Proje Yatirim A.S, constituida en Estambul, Turquía.

Como ha revelado Armando.Info en varios reportajes, Group Grand Limited, registrada en Hong Kong, es una de las fachadas jurídicas detrás de las que se parapetean los empresarios colombianos Alex Nain Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, y con la cual el binomio de socios se ha hecho casi omnipresente en un negocio: proveer al principal programa social del Gobierno de Nicolás Maduro, el de los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Como se verá, Mulberry Proje Yatirim A.S. es otra pieza de la misma trama.

Concebidos inicialmente por el Gobierno para funcionar como grupos de producción en la base que, a la manera de las células partidistas, asegurarían la oferta de alimentos, los Clap han quedado restringidos en la práctica a la intermitente y clientelar distribución de cajas y bolsas con productos de la canasta básica importados desde varios países. Así se han convertido en una fuente de negociados para un puñado de empresarios. Para los sectores populares, en cambio, son una de las pocas alternativas para paliar la crónica escasez de alimentos que atraviesa Venezuela.

La carta de Group Grand Limited a Corpovex venía firmada por Andreína Fuentes Mazzei, en su rol de representante legal. Pero sucede que Fuentes Mazzei también ha servido durante años como ejecutiva de Fondo Global de Construcción en Caracas, que hace parte de un conglomerado homónimo con sedes en Colombia, España, Ecuador y la isla mediterránea de Malta.  Fue con el sombrero de Fondo Global de Construcción que el dueto de Alex Saab y Alvaro Pulido inició su trayectoria, todavía ascendente hoy, como contratistas del chavismo al lograr en noviembre de 2011 el acuerdo para levantar un proyecto de vivienda social en los Valles del Tuy, al suroeste de Caracas.

La conexión de Fuentes Mazzei con Group Grand Limited no es el único indicio de que la cesión de la deuda desde esa compañía a la turca Mulberry Proje Yatirim fue una operación endogámica, prácticamente incestuosa, entre empresas emparentadas. O lo que es lo mismo: de Saab-Pulido a Saab-Pulido.

A Mulberry Proje Yatirim la representa Betsy Desirée Mata Pereda, quien figura como gerente de Salva Foods 2015, compañía venezolana que maneja las Tiendas CLAP que el presidente Maduro promueve desde inicios de 2017. Salva Foods 2015 pertenece a Carlos Rolando Lizcano Manrique, empresario también colombiano, nacido en Cúcuta, provincia de Norte de Santander, y con vínculos de negocio con Alex Saab y Álvaro Pulido establecidos a través de la propia Group Grand Limited.

De modo que todo quedaba entre allegados.

 

Yo conmigo

Cuando se planteó la “cesión de derechos financieros” en favor de la empresa turca Mulberry Proje Yatirim, Group Grand Limited tenía dos contratos con el Gobierno y era, quizás, la principal intermediaria para las importaciones de los Clap. El referido en la carta a Corpovex, por ejemplo, suponía la venta de 11,5 millones de cajas Clap para la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de Alimentación.

Mucho antes, a fines de 2016, Group Grand Limited fue favorecida con el que sería su primer contrato como importador de alimentos: la compra de diez millones de combos por 340 millones de dólares convenida con la Gobernación del estado de Táchira (Andes del suroeste de Venezuela), entonces a cargo del Capitán del Ejército José Gregorio Vielma Mora, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Había nacido un negocio millonario que siempre corresponde a los mismos beneficiarios y no para de crecer. A fin de cuentas, Group Grand Limited también fue escogida por el Ministerio de Salud para importar medicamentos, esta vez desde India.

En los dos convenios con el Gobierno venezolano para el suministro de las cajas Clap la apoderada de Group Grand Limited ante las autoridades fue Andreína Fuentes Mazzei, la misma de la carta a Corpovex. El hijo de Alex Saab, Shadi Nain Saab Certain, por su parte, apareció como director de la sociedad hasta el 24 de febrero de 2017. En los documentos de registro, además, la dirección de contacto de la empresa es la misma de Fondo Global de Construcción en Caracas. A Shadi Saab lo sucedió en el cargo Javier Ernesto Betancourt Valle, abogado colombiano, ex cónsul de su país en Nueva York, y cuyo nombre se repetirá más adelante en este entramado empresarial con una compañía de los Emiratos Árabes Unidos. En la filial mexicana de Group Grand Limited, abierta y liquidada en 2017, fue el hijo de Álvaro Pulido Vargas quien figuró como apoderado de la empresa por un breve período.

 

Conexión en Estambul

Aunque la empresa fue registrada el 7 de mayo de 2015, a la junta directiva de la turca Mulberry Proje Yatirim A.S. se incorporó Betsy Mata solo hace unos meses. El número telefónico de contacto que aparece en los papeles del registro en Estambul es de Caracas. Los documentos revelan, además, la conexión de esta firma con una sociedad británica denominada Mulberry Capital Partners Limited.

Que el aparente epicentro del negocio de los Clap se mude a Turquía no parece casual. De hecho, puede lucir natural, y no porque el apellido de Saab permita remontarse hasta sus antepasados en el Medio Oriente. Desde hace meses, unidades de inteligencia financiera de al menos cuatro países americanos investigan los flujos de dinero detrás del negocio de los CLAP, luego de que en agosto del año pasado la Fiscal General de la República, recién destituida por Maduro y en el exilio, Luisa Ortega Díaz, denunciara que Group Grand Limited era manejada por Alex Saab y Álvaro Pulido a nombre del propio presidente venezolano. “Tenemos investigación de las bolsas de alimentos que se entregan en Venezuela, los Clap, una empresa mexicana, registrada en México a nombre de dos personas. La empresa tiene nombre: Group Grand Limited, empresa que se presume es del presidente de la República, Nicolás Maduro”, declaró Ortega Díaz. El mensaje retumbó y autoridades de varios países se activaron.

Pero también está el pragmatismo político de Nicolás Maduro, que en cuestión de meses ha estrechado la relación con su homólogo turco, Recep Tayip Erdogan, en busca de un aliado para esquivar las sanciones financieras impuestas a ambos países por la administración de Donald Trump desde mediados del año pasado.

“Hemos traído un documento completo de todas las oportunidades de inversión. Es el primer escenario donde Venezuela sale con una propuesta de inversión detallada”, proclamó Maduro en julio desde Estambul ante empresarios turcos. En octubre de 2017 ambos mandatarios instalaron en Ankara la “segunda comisión mixta intergubernamental” y desde entonces los viajes a Turquía de funcionarios venezolanos se repiten. En noviembre del año pasado fue el turno del Ministro de Finanzas, Simón Zerpa, mientras que en enero de este año la entonces presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y ahora vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, así como el ex Ministro de Comercio Exterior, José Gregorio Vielma Mora, estuvieron en la nación euroasiática.

Los resultados no demoraron. El 31 de agosto dos decretos presidenciales oficializaron el vínculo entre las estatales Minerven y Carbozulia con sociedades turcas para la creación de sendas “empresas mixtas”. Previamente, en julio, el Gobierno venezolano confirmó a la agencia Reuters que refina en Turquía el oro extraído del denominado Arco Minero, al sur del país. Ese mismo mes el Ministro de Alimentación, Luis Medina Ramírez, informó en Twitter que se reunió en Caracas con directivos de Yayla, a la que definió como la “gigante agroalimentaria turca” y con la cual acordaron la “cooperación en el suministro de alimentos y apoyo a la producción agrícola”. Las propias cajas Clap son espejo del acercamiento y desde hace meses algunos de los once productos son marcas turcas que terminan en los hogares venezolanos luego de que el Gobierno comercializa esos combos a precios subsidiados.

Betsy Mata no contestó la solicitud de entrevista para este reportaje. Sin embargo, bases de datos especializadas en comercio internacional, como Panjiva, arrojan pistas sobre el rol de Mulberry Proje Yatirim en el negocio de los Clap. De acuerdo a ese registro, la empresa turca hace las veces de intermediaria del Gobierno venezolano en la importación de los alimentos, tal y como desde 2016 lo hizo Group Grand Limited. La data confirma que Mulberry Proje Yatirim le compra mercancía a Rice & Beans o a El Sardinero, ambos proveedores mexicanos ya conocidos y a los que también Group Grand Limited acudía regularmente para adquirirle embarques que, como antes, siguen saliendo del puerto de Veracruz.

Autoridades mexicanas detectaron que entre 2016 y 2017 sólo la empresa El Sardinero emitió “facturas fiscales” a nombre de Group Grand Limited por casi 240 millones de dólares. “Desde abril de 2016 hasta agosto de 2017, Group Grand Limited envió transferencias internacionales desde Hong Kong a cinco diferentes compañías en México”, precisa un documento. En ese informe destaca Asasi Food FZC, una sociedad constituida en los Emiratos Árabes Unidos, otra intermediaria de los Clap que ha ido despuntando casi al mismo tiempo en que Group Grand Limited fue desapareciendo del negocio y su filial mexicana -la que originó la denuncia de la fiscal Ortega Díaz en 2017- inició el proceso de liquidación.

 

‘Arabia Felix’ para algunos

Asasi Food FZC también se inserta en la trama empresarial de Alex Saab y Álvaro Pulido. Fuentes aseguran que, así como Group Grand Limited cedió derechos financieros a Mulberry Proje Yatirim, también lo hizo en favor de Asasi Food FZC. Aunque para esta entrega no se pudo confirmar de manera fehaciente esa versión, sí se halló un punto de conexión primario entre la dupla de empresarios colombianos y la compañía de los Emiratos Árabes Unidos.  

El vínculo está en el expediente mercantil de Salva Foods 2015, la empresa venezolana responsable de las Tiendas CLAP. En esos papeles consta un intento fallido de venta de Salva Foods 2015 a Asasi Food FZC. “Anulación de venta a Asasi Food FZC”, se lee en una hoja manuscrita del libro de accionistas y casi perdida entre el resto de folios. En ese acto, Asasi Food FZC estuvo representada por Jorge Wuerms, un ciudadano panameño, y Javier Betancourt, el abogado colombiano que sucedió al hijo de Alex Saab como director de Group Grand Limited. “Asasi Food FZC es una compañía que busca satisfacer las necesidades básicas de la humanidad mediante el desarrollo agroindustrial”, explica la empresa en su website.

Aunque la venta se frustró, la participación de Asasi Food FZC en el negocio de los Clap quedó asentada en Panjiva, además de los movimientos de dinero detectados por las autoridades mexicanas. Asasi Food FZC compró a industriales mexicanas alimentos que luego vendió al Gobierno venezolano. Algunos de esos proveedores fueron El Sardinero, Molinos de Azteca de Chalco y Grupo Brandon; esta última se ha convertido este año en la principal proveedora de la leche en polvo que llega a Venezuela en las cajas Clap, pese a ser una total desconocida en la industria láctea mexicana y a la mala calidad nutricional que mostraron algunos de sus productos luego de ser analizados por el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela a pedido de Armando.Info.

Fuentes conocedoras del negocio señalan que los movimientos de dinero de Asasi Food FZC se harían a través del banco Noor Capital PSC, también de los Emiratos Árabes Unidos.

El expediente de Salva Foods 2015 muestra otro intento fallido de traspaso. El propietario, Carlos Lizcano, también intentó vender la compañía responsable de las Tiendas CLAP a L&L Inversiones SAS, una firma colombiana que también pertenece a Lizcano y que, de acuerdo a importgenius.com, fue proveedora de Abastos Bicentenario en 2015, la misma red de pisos de venta que a la postre sería suplantada por esas Tiendas CLAP. Además, a finales del año pasado L&L Inversiones SAS despachó mercancía a la propia Salva Foods 2015.

En mayo pasado Carlos Lizcano, quien ha evadido las solicitudes de entrevista, terminó por transferir la mayoría accionaria de Salva Foods 2015 a otra empresa también representada por él, pero constituida en Abu Dhabi, uno de los siete emiratos árabes sobre las costas del Golfo Pérsico, a miles de kilómetros de Venezuela. Justo antes de la venta de acciones el capital de Salva Foods 2015 ascendió de 2.000 millones de bolívares (dos millones de bolívares Soberanos de la actualidad, o algo más de 30.000 dólares al cambio oficial) hasta 50.000 millones de bolívares (50 millones de bolívares Soberanos, casi 850.000 dólares a la tasa oficial) que finalmente quedaron repartidos entre Mezedes Holding Ltd, con 65,97%, y Carlos Lizcano, con 34,02%.

El registro de empresas de Abu Dhabi confirma que Mezedes Holding Ltd fue creada el 10 de abril de 2018, apenas cuatro días después de aquella carta en la que Group Grand Limited cedió sus derechos financieros a la empresa de Turquía. Es la prueba, al menos, de que el plan para alimentar a los más pobres en Venezuela, oficializado por Maduro en marzo de 2016, termina beneficiando a una compañía nominalmente constituida en uno de los lugares más ricos del planeta. 

Prohiben al portal web Armando.Info publicar sobre Alex Nain Saab

 

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a través de Juzgado 11° en Caracas envió una notificación al periodista Roberto Deniz Machín, de Armando.Info, este 11 de septiembre, prohibiendo a cuatro periodistas del medio difundir información sobre Alex Nain Saab, imponiendo la censura previa sobre el caso relacionado con importación irregular de alimentos.

En el anuncio del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones del Juicio de Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas prohíbe a los periodistas Roberto Deniz Machín, Joseph Poliszuk, Ewald Scharfenberg, y Alfredo Meza publicar y difundir a través de medios digitales, específicamente en Armando.Info, menciones que vayan en contra “del honor y la reputación del ciudadano” Alex Nain Saab.

“La gran novedad es que hoy ha intervenido Conatel (…) Nos ha hecho llegar oficios en que nos dice que no podemos nombrar a Álex Saab en Armando.info y a la vez está haciendo llegar oficios a algunos medios electrónicos y a proveedores de Internet advirtiendo que no podemos hablar del caso”, señaló Scharfenberg, periodista del medio digital.

La decisión del Juzgado y la exigencia de Conatel a proveedores de Internet y medios electrónicos implican el establecimiento de censura previa, evitando que se conozcan temas de especial interés protegidos por el derecho a la libertad de expresión e información, consagrados en los artículos 57 y 58 de la Constitución nacional. Además la restricción de publicar información que vaya “en contra del honor y la reputación” de Saab resulta amplia, con términos que pueden ser interpretados de manera discrecional en perjuicio de los periodistas y del medio de comunicación social, afectando directamente a la sociedad que se queda privada de esta información.

Saab fue identificado en investigaciones de Armando.info como uno de los beneficiados en la importación irregular de alimentos a sobreprecio para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Actualmente este sistema establecido por el Gobierno nacional abastece de ciertos productos de la cesta básica alimentaria a hogares según el censo local realizado por los CLAP, a un costo reducido y subvencionado por el Estado a través de divisas preferenciales para la compra e importación de los productos alimenticios en el exterior.

Es un derecho de los venezolanos poder conocer de manera transparente cómo se adjudican estas divisas, las licitaciones relacionadas con el proyecto, y si la importación cumple con los procesos legales establecidos en el país. Las restricciones a la libertad de expresión deben cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad para que sean legítimas, premisas que no cumple la decisión del Juzgado.

La ley de Responsabilidad Social en Radio, televisión y medios electrónicos (Resorte-me) contraria a los estándares internacionales de libertad de expresión, le da potestad a los proveedores de medios electrónicos para restringir o abstenerse de difundir mensajes cuando Conatel lo solicite1. Para la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en Opinión de la Organización de Naciones Unidas, este tipo de regulaciones “resultan intrínsecamente incompatibles con los principios del valor y la dignidad de cada persona. Esos argumentos niegan la sabiduría fundamental de la persona y las sociedades y no reconocen la capacidad de los ciudadanos en los planos nacional, estatal, municipal, comunitario e incluso vecinal, de tomar medidas autocorrectivas para restablecer el equilibrio sin injerencia excesiva ni regulación de parte del Estado”.

 

La denuncia a Armando.Info

En febrero de este año, los cuatro periodistas fueron demandados por Difamación Agravada Continuada e Injuria Agravada en detrimento del empresario colombiano Alex Saab luego de que fuera publicada una investigación sobre sus vínculos con el negocios detrás de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que distribuye alimentos a precios subsidiados para los venezolanos.

La demanda fue admitida por el Juzgado Undécimo en Caracas por presunta “difamación agravada continuada” e “injuria agravada”, ambos delitos castigados en el Código Penal con dos a cuatro años de prisión y multas de doscientas unidades tributarias (200 U.T)

Portal armando.info fuera de línea por ataques a su servidor

 

El portal de periodismo de investigación Armando.info denunció a través de su cuenta en Twitter que el acceso a su página web se encuentra “restringido” por ataques informáticos.

De acuerdo a uno de los fundadores de este site, Joseph Poliszuk, detalló que el ataque es del tipo “D-Dos de denegación de servicio”, hace que el sitio se encuentre “fuera de línea”.

D-DoS por sus siglas Distributed Denial of Service, realiza un ataque al servidor desde muchas computadoras para que este se sature y deje de funcionar.

Según el portal Genbeta, este tipo de ataque funciona igual a como si en una ventanilla de servicio llegaran cientos de personas, superando las que normalmente acuden a este servicio, para pedirle cosas a las persona que está dentro recibiendo las órdenes. Cuando esto pasa, el trabajador se satura de servicio y por supuesto todo empieza a ser más lento.

Si se le suma a esto que llega más gente, el trabajador dirá “hasta aquí” y se va del puesto de trabajo hasta que baje el flujo de personas.

 

 

IPYS Venezuela registra 31 demandas por difamación contra periodistas y medios

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La acción penal ejercida contra los reporteros de Armando.info es la número 31 que registra IPYS Venezuela, por los delitos de difamación e injuria, y que llegaron a los tribunales nacionales entre 2002 y 2017.

Estas demandas han sido ejercidas en su mayoría por funcionarios públicos y contratistas del Estado, contra 40 periodistas y representante de medios de comunicación.

El caso más reciente fue la causa contra Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg, reporteros y editores de Armando.info, portal especializado en periodismo de investigación.

Los periodistas fueron acusados por el empresario colombiano Alex Saab, quien introdujo la demanda por los delitos “difamación agravada continuada” e “injuria agravada”, de acuerdo al expediente al que tuvo acceso IPYS Venezuela en enero de 2018.

El hecho ocurrió luego de la publicación del reportaje “De Veracruz a La Guaira, un viaje que une a Piedad Córdoba con Nicolás Maduro”, que se difundió el 3 de septiembre de 2017, en el que los periodistas revelaron irregularidades en la importación estatal de alimentos en Venezuela, a través de negociaciones que involucran al Presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de la empresa Group Gran Limited, que ha suscrito contratos con el gobierno nacional, por más de 120 millones de dólares para la venta de toneladas de alimentos importados, de acuerdo a la investigación. La investigación encontró vinculaciones con otros funcionarios venezolanos, así como la relación con empresarios colombianos investigados por, supuestos, delitos de narcotráfico.

Este trabajo de investigación descubrió la relación de Alex Saab, cercano a la senadora colombiana Piedad Córdoba, con el negocio de la venta de las bolsas de comida que reparten los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) en Venezuela, y que había sido denunciada anteriormente por la abogada y ex-fiscal general del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz.

La pena por estos delitos sería de dos a cuatro años de prisión y multa de doscientas unidades tributarias (200 U.T.), en el caso del delito de “difamación agravada continuada”. Mientras que el delito de “injuria agravada” es castigado con prisión de uno a dos años y multa de doscientas a quinientas unidades tributarias (200 U.T. a 500 U.T.), si el hecho se ha cometido haciendo uso de un medio público.  Saab acusa como principal responsable al periodista Roberto Deniz, autor del escrito y, de igual forma, responsabilizó a Poliszuk, Scharfenberg y Meza, por ser directivos del medio.

Patrón de demandas 

El caso más emblemático fue la demanda penal y civil contra David Natera y el periódico el Correo del Caroní, del estado Bolívar, del que él es dueño y editor. Luego de tres años de juicio el editor de este periódico local fue condenado por la justicia venezolana, y actualmente el periódico tiene abierta una causa civil, que supone una sanción económica que podrían llevar a la quiebra a esta empresa editorial. Yamal Mustafá, director de Primicia, otro periódico del Bolívar -y también contratista de la gobernación de la entidad- lo demandó por delitos de difamación luego que el Correo del Caroní publicara, entre 2012 y 2013, una serie de reportajes de investigación sobre hechos de corrupción en Ferrominera del Orinoco, principal empresa estatal, en los que estaba implicado Mustafá.

Este mismo patrón se aplicó en la demanda contra 22 directivos de El Nacional, Tal Cual y La Patilla, quienes fueron acusados por difamación agravada por Diosdado Cabello, quien en ese momento se desempeñaba como presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. La denuncia fue admitida y los tribunales ordenaron la prohibición de salida del país. En paralelo corre una demanda civil que implicaría sanciones económicas contra estas empresas mediáticas. Cabello ejerció esta acción penal luego de que estos diarios y portales replicaran una denuncia que lo implicaban en delitos de narcotráfico, que originalmente fue producida por el diario ABC de España.

 

Empresario Alex Saab demanda a editores y periodista del portal Armando.info por investigación sobre los CLAP

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Los editores del portal Armando.info, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, y el redactor Roberto Deniz han sido demandados por el empresario colombiano Alex Saab por Difamación Agravada Continuada e Injuria Agravada, delitos penados con prisión de entre uno y seis años, y multa de hasta 2.000 unidades tributarias. La amenaza llega tras la publicación de un par de reportajes relacionados con el negocio detrás del plan estatal Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)

 

Los editores del sitio venezolano de periodismo de investigación, Armando.info, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, y el redactor Roberto Deniz, fueron demandados por el empresario colombiano Alex Nain Saab Moran en el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Saab Morán acusa a los cuatro periodistas venezolanos de haber incurrido en “difamación agravada continuada” e “injuria agravada”.

 

Con la firma de Deniz, el site, especializado en periodismo de investigación y responsable de reconocidas investigaciones como la de los Papeles de Panamá y el Outsourcing Militar -que en noviembre pasado obtuvo en Buenos Aires el segundo lugar del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación- , documentó en dos reportajes publicados en 2017 la vinculación de Saab con la empresa Group Grand Limited y la venta al Gobierno venezolano de alimentos para el plan estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), que distribuye alimentos a precios subsidiados en vastos sectores de la población.

 

Los reportajes prueban la conexión de Saab con la distribución de alimentos gracias a los contratos que la empresa Group Grand Limited obtuvo con la administración de Nicolás Maduro. El primero de los trabajos fue publicado en abril del año pasado con el título “Empresarios cuestionados en Ecuador y EE.UU. le venden comida al Gobierno venezolano”. El segundo fue divulgado en septiembre del año pasado con el título “De Veracruz a la Guaira: un viaje que une a Nicolás Maduro con Piedad Córdoba”, poco después de que la Fiscal General de la República destituida por el Ejecutivo venezolano, Luisa Ortega Díaz, denunciara la relación entre Saab, Group Grand Limited y el propio Nicolás Maduro.

 

Tras esa segunda publicación hubo amenazas y la exposición de datos personales de los cuatro periodistas de Armando.info desde una cuenta anónima en redes sociales, hecho que fue denunciado y condenado en su momento por organizaciones gremiales y organizaciones de la sociedad civil como el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP),  el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela) y Espacio Público.

 

Saab asegura que su honor y reputación se han visto afectados por las afirmaciones contenidas en las publicaciones. En la demanda el empresario está asistido por el abogado Amir Nassar, quien en 2005 representó al partido de Gobierno MVR ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Durante la reportería de las investigaciones, en las oficinas de Group Grand Limited en Caracas no atendieron la solicitud realizada mediante varias llamadas telefónicas, ni contestaron los correos electrónicos enviados para conocer la versión de los involucrados.

 

Saab mantiene una ofensiva simultánea en varios frentes contra la prensa libre. En Miami, Estados Unidos, ha demandado al periodista Gerardo Reyes, de la cadena de televisión hispana Univisión, quien también ha seguido la pista de sus negocios en Colombia y Venezuela y, en un reportaje de 2017 determinó que Saab no puede entrar a Estados Unidos tras una investigación que le hizo la agencia antinarcóticos de ese país (https://armando.info/Reportajes/Resume/180).

 

También la Fiscalía de Ecuador lo investigó y abrió juicios contra el empresario por las actividades de la empresa Fondo Global de Construcción, con la cual obtuvo contratos millonarios del Gobierno venezolano para la construcción y entrega de casas prefabricadas.

 

Pese a la amenaza y presiones que supone la demanda del empresario contra los periodistas y el ejercicio de la libertad de expresión, el equipo de Armando.info mantendrá su línea editorial, así como su misión de publicar investigaciones periodísticas de largo alcance. Igualmente, evalúa junto a sus abogados las estrategias a seguir en el referido caso.

 

Entre tanto y en salvaguarda de sus libertades, los periodistas imputados han salido al extranjero en busca de protección.

Serie de reportajes sobre militares contratistas del Estado gana premio internacional

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“Outsourcing militar” es el nombre de la investigación de la web Armando.info que este sábado, 4 de noviembre, fue galardonada con el segundo lugar del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, en una ceremonia realizada en Buenos Aires durante la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación.

Se trata de una serie de reportajes que demuestra cómo militares activos, a través de sus propias empresas, se convirtieron en contratistas del Estado venezolano, relación que las leyes del país prohiben. Estos negocios se desarrollaron en áreas como construcción, servicios de seguridad y hasta importaciones de alimentos y beneficiaron a al menos 785 oficiales.

El trabajo fue elaborado por los periodistas Joseph Poliszuk, Katherine Pennacchio, Roberto Deniz y Patricia Marcano.

 

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Durante la ceremonia, otra investigación de Armando.info fue reconocida. La serie de trabajos sobre los proveedores de los Consejos Locales de Alimentación y Producción (Clap), del periodista Roberto Deniz, se llevó una mención especial.