La expresidenta argentina Cristina Fernández negó el lunes ante la justicia ser la responsable de una asociación ilícita integrada por funcionarios y grandes empresarios que habrían pagado millonarios sobornos para adjudicarse obras públicas y se consideró una perseguida del gobierno.

Fernández (2007-2015) presentó un escrito en el juzgado federal a cargo del magistrado Claudio Bonadío en el que lo acusó de inventar causas en su contra. El contenido del mismo fue difundido por la también senadora opositora en las redes sociales.

La ex gobernante, que hasta ahora no había hablado públicamente sobre estas nuevas imputaciones, llegó a la sede del tribunal en medio de grandes medidas de seguridad. Allí se negó a contestar preguntas, como ha sido su habitual proceder en cada una de las otras tres ocasiones en las que el juez la citó en diversas causas.

Esta vez la exmandataria fue citada por que es considerada la mayor trama de corrupción de los últimos años en Argentina. Hasta ahora hay 38 imputados, 15 detenidos y 10 arrepentidos, entre empresarios y exfuncionarios de las administraciones de Fernández y su fallecido marido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).

Según versiones de la prensa local con acceso a la causa -que se encuentra bajo secreto de sumario- unid en los al menos cinco empresarios que reconocieron ante el juez haber pagado sobornos dijo que Fernández estaba al tanto de la recaudación ilegal.

En su escrito la senadora acusó a Bonadío de ser un juez enemigo que ha armado una nueva causa en su contra y afirmó que el disparate del que es víctima se debe a las interferencias del gobierno del presidente Mauricio Macri sobre la justicia.

“Bonadío de manera deliberada armó un nuevo expediente mellizo para imputarme otra vez como jefa de una presunta asociación ilícita”, dijo Fernández, quien cuestionó que por ese delito ya se encuentre “perseguida” en una causa en la que se investiga a empresarios beneficiados con contratos públicos y procesada en otras dos. Al respecto solicitó que otro juez unifique todas las pesquisas.

La causa que ahora acapara la atención pública se basa en una investigación del diario argentino La Nación sobre ocho cuadernos que pertenecían al chofer de uno de los exfuncionarios detenidos en los que ese empleado supuestamente registró entre 2005 y 2015 los días y horarios en los que numerosos empresarios habrían pagado millones de dólares en sobornos.

Entre los destinos a los que habría llegado el dinero está la residencia presidencial y un domicilio particular en Buenos Aires de Fernández y su esposo, quien también aparece salpicado en la supuesta trama delictiva.

Pero Fernández puso en duda la investigación periodística y arremetió contra Oscar Centeno, el chofer testigo de la trama.

Afirmó que detrás de la causa se oculta el intento del gobierno de ocultar la crisis económica y las recientes denuncias de corrupción en contra de autoridades por el financiamiento irregular de sus campañas electorales.

Según las anotaciones del chofer difundidas por La Nación, Fernández aparece mencionada en al menos tres ocasiones. En una de ellas Centeno relata una reunión de la entonces mandataria con dos funcionarios en la cual “los instruyó para que sigan recaudando de las empresas”.

Esas referencias complican a la exmandataria de forma más directa que en otras causas, señalan analistas.

En su escrito ante el juez, Fernández también pidió que se investigue “toda la obra pública” realizada a nivel nacional y en jurisdicciones gobernadas por la oposición y que la investigación alcance a Macri y sus familiares.

Angelo Calcaterra -primo de Macri- es uno de los más de una docena de empresarios investigados por Bonadío. Según la prensa, para no quedar detenido y obtener otras ventajas, admitió ante el juez el pago de montos millonarios destinados a financiar las campañas electorales del kirchnerismo.

Bonadío ha pedido al Senado autorización para allanar los domicilios particulares de Fernández, lo que será analizado el miércoles.

Este mismo juez pidió en 2017 el desafuero de la senadora para arrestarla por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994, sin que hasta ahora el pedido haya sido tratado por los legisladores.

Bonadío decidirá en los próximos días si pide de nuevo el desafuero de Fernández.

El Senado de Argentina rechazó hoy sancionar un proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto hasta el cumplimiento de la semana 14 de gestación.

Si bien el texto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo ya había sido aprobado el 14 de junio por la Cámara de Diputados, no logró pasar ahora la última y definitiva fase parlamentaria en la de Senadores, al haber recibido 31 votos a favor, 38 en contra y dos abstenciones, de un total de 72 escaños.

El proyecto, que despenalizaba cualquier aborto hasta la semana 14 de gestación -y no solo en los actuales supuestos por violación y peligro de salud de la madre-, generó fuertes divisiones tanto en el seno del oficialismo como en la oposición, por lo que ya se adelantaba un final incierto, en un debate que se alargó 16 horas.

Por haber sido finalmente rechazada, la iniciativa no podrá ser presentada nuevamente para su tratamiento parlamentario hasta el próximo año. «Que nadie se deje llevar por la cultura de la derrota. Bravo, chicas, ustedes han levantado alto el honor y la dignidad de las mujeres argentinas», dijo en su intervención Fernando ‘Pino’ Solanas, senador de Proyecto Sur.

Un mensaje similar lanzó Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada del Partido Justicialista, histórica formación peronista. «Más temprano que tarde, en un día seguramente más luminoso que este día gris y triste de lluvia, las mujeres van a tener la respuesta normativa que necesitan, salir de la brutalidad del estado, de la penalización sobre el avance de un hecho dramático», consideró, en referencia al problema de los abortos clandestinos.

Si bien el proyecto no ha prosperado, muchos de los legisladores valoraron que esta haya sido la primera vez que la iniciativa de aprobar el aborto llega tan lejos: hasta seis veces se había llegado a presentar en el Congreso, pero ni siquiera se llegó a debatir.

«El aborto es siempre una tragedia, lo que hace es sumarle a la mujer una nueva herida más. (…) Legalizar el aborto es admitir lisa y llanamente el fracaso del Estado», remarcó la legisladora Silvia Elías de Pérez, de la Unión Cívica Radical, que integra el bloque gobernante Cambiemos.

En su opinión, al igual que la de muchos de los contrarios a aprobar el texto, el proyecto es “inconstitucional” por no velar por la vida del bebé, y defendió la puesta en marcha de “políticas públicas activas” de educación sexual.

En el exterior del Congreso y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad se concentraron miles de personas a favor de la norma y en contra.

El también oficialista Luis Naidenoff, que estaba a favor del texto, se mostró “convencido” de que se trata de “un problema de salud pública” por la cantidad de mujeres que muere al año por los abortos ilegales, y porque el camino punitivo para frenar y evitar los abortos “fracasó estrepitosamente”.

Entre los peronistas contrarios al proyecto estaban Adolfo Rodríguez Saá, uno de los cinco presidentes que tuvo el país en 11 días, durante la grave crisis de diciembre de 2001. En su opinión como “católico, apostólico, romano”, la vida es desde el momento de la “concepción”, y “no hay interpretación” porque es “lo que dice la ley”.

”Están las mujeres que cuentan con recursos que pueden acceder a un medico para que las atiendan, y están las otras, las que parece que no interesan y que no tienen valor y que muchas veces en soledad toman la peor de las decisiones y terminan internadas”, agregó por su parte Luis Naidenoff, del frente gobernante Cambiemos.

Fue el senador oficialista Mario Fiad, presidente de la comisión de Salud, quien abrió el debate en la mañana del miércoles, cuando expresó su negativa al proyecto y advirtió que “el derecho a la vida está por convertirse en el más débil de los derechos”. Sostuvo además que el proyecto viola “claramente” la Constitución argentina y los tratados internacionales suscritos por Argentina.

Por su parte, el presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, el opositor Pedro Guastavino, se mostró a favor de la iniciativa para combatir la clandestinidad “que pone en riesgo la vida” de las mujeres que abortan.

El proyecto, que por años fue impulsado sin éxito por fuerzas de izquierda y grupos feministas, comenzó a tratarse en el Congreso este año después de que el presidente Mauricio Macri habilitara el debate al dejar libertad de acción a los parlamentarios del frente gobernante Cambiemos.

”La importancia de esta votación va mucho más allá del tema específico que intenta dirimir. Nos plantea como sociedad un escenario pacífico para promover y realizar cambios. Pero, además, nos obliga como individuos a comprometernos a aceptar que hay otros que piensan distinto”, dijo hoy Macri a través de Facebook.

Más allá de la semana 14 de gestación, el aborto se garantizaba en el proyecto rechazado para el caso de que el embarazo haya sido producto de una violación, en caso de que estuviera en riesgo la vida o salud de la mujer o si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto. El proyecto permitía la objeción de conciencia de los profesionales de salud, pero no de las instituciones médicas que se nieguen a practicar abortos.

En América Latina, solo en Cuba, Uruguay y México Distrito Federal las mujeres pueden abortar de forma gratuita y libre, en el primer caso antes de las diez semanas y en los dos últimos antes de la semana duodécima.

Uno de los principales argumentos de quienes apoyan que el aborto sea “seguro, legal y gratuito” es que en Argentina se producen supuestamente unos 500.000 abortos clandestinos al año, una cifra que han objetado numerosos especialistas que comparecieron en la Cámara Alta.

Según expuso recientemente en el Senado el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, quien abiertamente se posicionó a favor del proyecto, en 2016 hubo 245 muertes maternas en el país, 43 de ellas por abortos.

Las organizaciones “provida” consideran que el aborto es “un fracaso social” y avasalla el derecho a la vida del niño por nacer y piden a los parlamentarios que refuercen las políticas públicas de educación sexual y la asistencia a las madres embarazadas.

Los colectivos que representan a ambas posiciones se concentraron durante toda la jornada en los alrededores del Congreso, con multitudinarias movilizaciones, una vigilia marcada por la lluvia y los pañuelos verdes -a favor del proyecto- y celestes -en contra del aborto- tras varios meses de una gran actividad de ambas partes para defender sus posturas. Tras la sesión, en plena madrugada, se registraron pequeños incidentes en la salida de las multitudes congregadas.

Al no ser aprobado, el proyecto no podrá ser presentado nuevamente para su tratamiento hasta las sesiones del próximo año.

BAJO

KIRCHNER-GATE: 

Durante 10 años, Oscar Centeno, un chofer del ministerio de Planificación argentino fue encargado de los traslados del viceministro Roberto Baratta y tomó apuntes en cuadernos que describen recorridos por Buenos Aires con su jefe para repartir bolsos repletos de dólares en efectivo. La investigación se encuentra bajo secreto en el caso llamado «Los cuadernos de las Coimas» o «Cuadernogate». El contenido de los ocho cuadernos detalla los años en que gobernaron Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015). Relatan el pago de millonarios sobornos a las máximas autoridades de Argentina, montos, recorridos y puntos de recogida y de entrega de maletines con dólares en efectivo, correspondientes a sobornos utilizados para obtener la adjudicación de obras públicas, todo bajo la atenta supervisión de Julio de Vido, el poderoso ministro de Planificación durante todo el kirchnerismo (2003-2015). Fue quien mas cerca estuvo de Chávez y Rafael Ramírez. PDVSA y sus jefes comienzan a aparecer. ¿La valija de Antonini?…

CRECEN OTRAS ENERGÍAS: 

Fareed Zakaria, analista global de CNN, señaló ayer el avance de las energías alternas al petróleo. La generación de electricidad por células fotovoltaicas ha aumentado en un 25.059%. Los paneles en distintos países proliferan. Experimentan una exitosa fórmula para almacenar dicha energía y usarla a cualquier hora del día. La energía eólica creció 2.573%. Al tiempo que esas alternativas avanzan vemos el deterioro, retroceso y destrucción de lo que fuera una de las cinco mejores empresas petroleras del mundo. PDVSA no da para mas. Cada día aparecen nuevas pruebas de corrupción y aumentan los detenidos por investigaciones en otros países. Aquí silencio …

 

Leyenda de foto:  Ernesto Samper Pizano, Cristina de Kirchner y Rafael Correa en la reunión de Unasur del 04DIC14 en Guayaquil. Foto Unasur

Por solicitud de los representantes de  Argentina, Canadá, Chile, EEUU y Perú, la presidente del Consejo Permanente de la OEA, la costarricense Rita Hernández Bolaños, convocó a una sesión extraordinaria el viernes 13JUL18 para tratar la situación en Nicaragua. En medios diplomáticos de Washington se comenta sobre los esfuerzos que un grupo de países realiza para alcanzar los votos necesarios y  aprobar una resolución sobre Nicaragua que exija la realización de elecciones presidenciales adelantadas. Como ya ha ocurrido en el caso venezolano, algunos países caribeños y centroamericanos procuran impedir la aprobación de una resolución desfavorable para el gobierno de Ortega.

Ya el 11JUL18, el Consejo Permanente en una sesión ordinaria había incluido en su agenda la “situación actualizada de los derechos humanos en Nicaragua para conocer un informe actualizado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH” ante la ola represiva que ha llevado a más de tres centenares el número de manifestantes asesinados por fuerzas policiales y paramilitares del gobierno de Daniel Ortega. Para esta sesión viajó a Washington el canciller de Ortega, Denis Moncada, quien durante su intervención rechazó el informe de la CIDH. Según el canciller nicaragüense, las protestas populares en su país son  “embates terroristas de grupos políticos internos y externos a los que se ha sumado el crimen organizado trasnacional con el fin de realizar un golpe de estado”. Sólo la enviada del gobierno Maduro, Carmen Velásquez, tomó la palabra para secundar a Moncada.

Los representantes de Nicaragua y Venezuela intentaron, sin éxito, impedir la sesión del 13JUL18 ya que la mayoría apoyó su celebración. Pero igualmente quedó en evidencia que no existe una mayoría de votos para aprobar una resolución que incluya el asunto de un calendario electoral a ser acordado entre el gobierno Ortega y la Oposición nicaragüense que implique un adelanto de las elecciones. Durante la sesión, la representante de Argentina Paula Bertol leyó, sin someter a consideración, un proyecto de resolución advirtiendo que no sería sometido a votación y que aspiraba ser tratado en una pronta sesión del Consejo. Es un hecho que la OEA está entrabada para aprobar una resolución sobre Nicaragua. El 15JUL18, el presidente chileno Sebastián Piñera en un pronunciamiento condenó “con fuerza e indignación” la “pérdida de más de 350 vidas” en Nicaragua, sugirió que el Grupo de Lima que opera sobre el “tema Venezuela” asuma el tema de la situación nicaragüense. La inoperatividad política de la OEA nuevamente sería reemplazada por un grupo de países del continente. Piñera instruyó a su canciller para adelantar esa vía en la reunión de cancilleres latinoamericanos (Celac) que deberá ocurrir en 16JUL18 en Bruselas como parte de un encuentro con la Unión Europea.

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El partido de Lula da Silva ejecutó un estructurado plan para liberar al expresidente de la cárcel donde cumple condena por corrupción. El viernes 06JUL18 arribaron a la ciudad de Porto Alegre los diputados militantes del partido PT Paulo Pimenta, Paulo Teixeira y Wadih Damous. Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande del Sur, es la sede del cuarto tribunal federal regional TRF4, instancia que sirve de segunda instancia y que confirmó la sentencia a 12 años contra Lula por haber recibido un apartamento playero de manos de una empresa constructora. En la noche del 06JUL18, los tres diputados introdujeron una solicitud de habeas corpus a favor de Lula argumentando que se trata de un precandidato presidencial en razón de lo cual no debería cumplir condena anticipada. La petición de los diputados coincidía con un hecho particular: ese fin de semana, en razón de calendarios aprobados con larga anticipación, estaría de guardia el juez de segunda instancia (“desembargador” en la juerga judicial brasileña) Rogerio Favreto políticamente vinculado con el PT y quien siendo miembro del cuerpo de 27 jueces del TRF4 no participó en el proceso contra Lula.

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En la mañana del domingo 08JUL18 el juez Favreto, sobrepasando sus facultades como juez de guardia (plantão) ordenó a la Policía Federal la inmediata puesta en libertad de Lula en una decisión que dejaba sin efecto sentencias colectivas firmes del TRF4. El partido PT concentró grupos de militantes alrededor del cuartel policial en Curitiba (estado de Paraná) donde permanece Lula, mientras el aparato propagandístico del PT dentro de Brasil con fuerte apoyo de medios internacionales controlados desde La Habana, Caracas y Moscú iniciaban una intensa campaña exigiendo el cumplimiento de la decisión de Favreto. En Internet la fuerte campaña de ataques contra el juez Sergio Moro, quien condenó a Lula en primera instancia, dejaba ver que la jugada para liberar al expresidente preso había sido un plan diseñado en sus detalles y no la simple iniciativa de unos diputados.

La intervención del juez João Pedro Gebran Neto quien actúa como relator del TRF4 en los casos de corrupción del proceso Lava Jato y la decisión en la noche del domingo del presidente del TRF4 Carlos Thompson Flores Len, abortaron la maniobra petista. El juez Favreto se había excedido en sus facultades como “desembragador plantonista” afirmó el 09JUL18 la presidente del Supremo Tribunal de Justicia Laurita Vaz. La maniobra había sido neutralizada pero dejó en evidencia la desesperación que concentra a Lula y su gente ante la evidencia de que no podrá presentarse a las elecciones presidenciales del 07OCT18 cuyo lapso de inscripción de candidaturas cierra el 15AGO18.

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El ajedrez político brasileño está cada vez más atado a los procesos judiciales. Los rumores políticos en Brasilia dejan ver que el PT pudiera intentar nuevamente liberar a Lula mediante una jugarreta judicial. El presidente Michel Temer planea viajar a México y Suráfrica a finales del mes de julio y muy probablemente la presidencia de Brasil será asumida por la presidente del Supremo Tribunal Federal STF Cármen Lúcia. En esa circunstancia, la Presidencia del STF recaería en el magistrado José Dias Toffoli quien antes de pertenecer al máximo tribunal brasileño actuó como abogado del partido PT y laboró para el presidente Lula da Silva.

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El gobierno de Ecuador debe retirar a su país de Unasur como condición para recuperar el edificio que sirve de asiento a la organización.  El 05JUL18, el mandatario ecuatoriano Lenin Moreno anuncio su decisión de solicitar a los gobiernos miembros la devolución del edificio que su antecesor y antiguo aliado político Rafael Correa donara a Unasur. El anuncio de Moreno se corresponde a la continuación de su ruptura con Correa y con el eje castrochavista, a la vez que refleja el derrumbe del organismo suramericano.

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El entonces canciller de Ecuador Ricardo Patiño y la colombiana María Emma Mejía quien ejercía como Secretaria General de Unasur, suscribieron el 16JUN11 un  “Acuerdo de Sede” fijando las condiciones para el funcionamiento de la nueva organización en territorio ecuatoriano, incluyendo el reconocimiento de la personería jurídica, el régimen de inmunidades y privilegios para los funcionarios y el compromiso del gobierno de Rafael Correa para proveer a la Secretaría General de “una sede temporal en Quito” hasta que cuenta con “su presupuesto ordinario propio”. El organismo creado en 2008 en Brasilia apenas había entrado en funcionamiento legal a principios del año 2011y carecía de oficinas propias.

Sin embargo, ya desde finales del año 2009 el gobierno ecuatoriano había anunciado la construcción en la Mitad del Mundo en las afueras de Quito, de un edificio para ser donado a Unasur. El denominado edificio  “Nestor Kirchner” fue inaugurado el 05DIC14 como sede permanente de la Secretaria de Unasur y las bases legales para la entrega en donación fueron establecidas en el “Acuerdo sustitutivo de sede” firmado el 06NOV15 por Ricardo Patiño y el entonces secretario general Ernesto Samper Pizano. Ese nuevo acuerdo previó que la donación del edificio se revertiría a favor de Ecuador en tres posibles escenarios: si los países miembros deciden cambiar la sede de la Secretaría General a otro país miembro; si la República del Ecuador se retira de Unasur denunciando su Tratado Constitutivo o, si los países miembros deciden la disolución de Unasur. El cambio de sede o la “terminación del Tratado Constitutivo” sólo son posibles mediante una improbable decisión unánime de los doce miembros, por lo que la única vía pronta para que se materialice la decisión del presidente ecuatoriano de recuperar el edificio es que Ecuador abandone Unasur, medida que entraría en vigencia seis meses después de su anuncio oficial.

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El presupuesto de gastos de Unasur para el año 2018 asciende al monto de US$ 9.786.876 de los cuales US$ 1.090.208 están destinados a financiar un ilusorio “Centro de Estudios Estratégicos de Defensa” con sede en Buenos Aires.

Brasil, que se comprometió durante el gobierno de Dilma Rousseff a aportar el 39% del presupuesto para el funcionamiento de Unasur, no ha pagado su cuota desde el año 2016. Los gobiernos de Mauricio Macri y Nicolás Maduro (responsables del 16,5% y el 11,6% respectivamente) no han realizado su aporte anual desde 2017. Paraguay no hace efectivos sus aportes desde 2014. A mediados del 2018 sólo Bolivia ha pagado su cuota del año la cual representa un simbólico 1,1% del total de ingresos esperados. Según un informe elaborado por el jefe del gabinete de Unasur, el colombiano Yuri Chillán, dirigido a la cancillería de Bolivia y datado el 13JUN18, los países miembros adeudan US$ 23 millones cifra equivalente a casi tres años de presupuesto. Según Chillán, Unasur entrará en cesación de pagos el 30JUL18 y deberá proceder a la recisión de contratos y liquidación de empleados especialmente en un “Instituto Suramericano de Gobierno en Salud” con sede en Rio de Janeiro el cual consume US$ 1.360.000 al año.

Unasur está en quiebra financiera la cual no refleja la falta de interés de los gobiernos suramericanos de continuar con el proyecto. El organismo estaría pronto a quedar sin finanzas, sin sede y sin miembros de concretarse el retiro definitivo de Colombia, Chile, Argentina y Ecuador en una primera oleada.

Edgar C. Otálvora

@ecotalvora

Diario Las Américas

La exacerbación de la podredumbre, de la corrupción y el acusado entendimiento de parte de las élites políticas latinoamericanas – arguyendo necesidades de paz y gobernabilidad – con las manifestaciones más perversas de la criminalidad transnacional contemporánea: el narcoterrorismo y el lavado de los dineros sucios, está produciendo un hartazgo en nuestras sociedades. Acaso algo bueno podrá salir de ello, en revancha. La perspectiva es hoy más clara y rasgadora que en el pasado reciente, sin lugar a duda, pues hasta ayer se creía que todo se reduce a la corrupción de siempre.

Lo paradójico es que quienes, a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, asumen las banderas de lucha contra la falta de probidad y el reclamo por la rendición de cuentas de parte de los funcionarios del Estado – lo que en el pasado se conoce como el juicio de residencia – llevando a los políticos ante el patíbulo de la opinión pública, al término son hoy los realizadores del matrimonio diabólico de la misma política, en nombre de la anti-política, con el mundo del narcotráfico y el crimen globalizado.

Se trata de los marxistas y sus usufructuarios de circunstancia – los de siempre y en toda hora, en gobiernos de cualquier signo – y que, a conveniencia, viudos del cambio de la historia ocurrido junto con la caída del Muro de Berlín, huérfanos y discriminados como se dicen, mutan a propósito en socialistas del siglo XXI. Ahora se diluyen – bajo la escuela de los Zapateros y los Samper – tras el telón del “progresismo” o del humanismo socialista, luego de quedar todos al desnudo con los escándalos de Lula da Silva en Brasil, la Kirchner en Argentina, la macabra pareja nicaragüense de los Ortega, Morales y sus socios-listos, Maduro y sus socios de cartel en Venezuela, y párese de contar.

El caso es, que hasta finales del pasado siglo el problema, que efectivamente lo es y lo repito, se limita a la corrupción administrativa, al peculado o la desviación de dineros del tesoro público para asuntos distintos de los preestablecidos por la ley: Una enfermedad que carcome en la propia región desde las guerras de Independencia, cuando Bolívar y Páez, desde Venezuela y como molde, ofrecen a los suyos, a sus soldados, repartirles liberalmente los bienes del gobierno si logran la victoria.

De la corrupción me hablan, en efecto, los imberbes soldados quienes participan de las asonadas de 1992 en calidad de “bolivarianos” y quienes, ante mi reclamo, así se justifican. Buscan resquicios constitucionales para encubrir la felonía. No por azar – es lo que importa subrayar y reitero en varios de mis libros (De la revolución restauradora a la revolución bolivariana, 2009; El problema de Venezuela, (2016); Civilización y barbarie, 2018 – la impudicia del comportamiento virreinal de quienes en nombre de la anti-política se hacen del poder público venezolano, una vez alcanzado frenan la simulación. La codicia es más fuerte y ser simples corruptos no les basta.

Tanto que, desde el primer día de su elección, cuando asume como presidente electo el pacato comandante de Sabaneta de Barinas, Hugo Chávez Frías, lo primero que hace es ordenar se le fabrique su banda presidencial en Madrid, por la misma firma que elabora la de los reyes españoles. Era un primer síntoma, un mal signo. Pero ello es “peccata minuta”. No pasan meses sin que llegue lo insólito e inédito, el pacto con las FARC de agosto de 1999 para hacer del Estado venezolano domicilio del crimen de narcotráfico y el tráfico de armas a nivel global. Lo que conlleva a un predicado hoy manifiesto: el marxismo tropical y militarista asume el poder para no dejarlo o abandonarlo jamás.

No se trata de lo que repite el dictador Juan Vicente Gómez durante la primera mitad del siglo XX: ¡De aquí no me saca sino Dios! Es que el Estado es en lo adelante el articulador del mal absoluto, y por ello sorprende que, quienes desde la acera de la política vuelven ahora por sus fueros, para expulsar del poder regional a las manifestaciones de la anti-política vestidas de socialismo, creen que el asunto es político, como la corrupción, y nada más, que urge cauterizar otra vez, y nada más.

Extraña, por ende, que en la medida en que el escándalo de la ODEBRECHT – trasnacional brasilera de las “mermeladas”, dirían los neogranadinos – cubre a la región y remueve gobernantes beneficiados de sus coimas, en otra aparente operación anti-política, todos a uno, políticos y antipolíticos no mencionen lo vertebral y que le ha dado muerte a la política dejando a nuestras sociedades sin tejidos, haciéndolas líquidas, sometiéndolas a la inopia, a saber, el dominante de las drogas y sus negocios.   

Siendo así, cuando se aprecia que algunos políticos le sirven la mesa a las prácticas anti-políticas del narco-poder, para forzar un juego de alternabilidades simuladas, uno se harta y hasta se dice ¡que se vayan todos, políticos y antipolíticos, y que el último apague la luz, para que otra luz renazca!

correoaustral@gmail.com

FOTO: David Fernandez / EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el canciller argentino, Jorge Faurie, anunciaron hoy que estudian implementar sanciones petroleras a Venezuela para presionar al mandatario Nicolás Maduro y que regrese a un “régimen constitucional”.

“Uno de los aspectos que se considera al sancionar el petróleo es cuáles serían las consecuencias sobre el pueblo venezolano. Al no hacer nada, es también pedir que el pueblo venezolano siga sufriendo”, aseguró Tillerson en una rueda de prensa junto a Faurie en la sede del Ministerio de Exteriores argentino.

Tras mantener un encuentro privado, ambos coincidieron en la necesidad de poner en marcha medidas que frenen la “deriva autoritaria” que ha tomado el Gobierno venezolano.

En concreto, el jefe de la diplomacia estadounidense reveló que están estudiando “sancionar el petróleo”, prohibir su venta en Estados Unidos o “refinar productos que vengan de Venezuela”.

“No podemos permitir la destrucción de Venezuela”, aseveró antes de insistir en que el “desacuerdo” de Argentina y Estados Unidos es “con el régimen” de Maduro y no con los ciudadanos, que están “sufriendo enormemente”.

Por ello insistió en que, antes de poner en marcha medidas de este tipo, es esencial analizar cuáles serían sus efectos en el pueblo y en otros países de la región para tener “cuidado de no afectarlos negativamente”.

Con él coincidió Faurie, quien apuntó que “controlar el financiamiento” del país caribeño es una herramienta “absolutamente importante” que han considerado ambos durante su encuentro.

En ese sentido, también insistió en que antes de tomar medidas en torno a las ventas y el comerció del petróleo es esencial realizar un “monitoreo preciso” sobre su impacto, de forma que haya un “justo balance de lo que necesita la nación venezolana y lo que está siendo utilizado por los dirigentes venezolanos”.

“El compromiso de Argentina con la recuperación de la democracia y la plena vigencia de las instituciones y estructuras en las que se asienta un régimen democrático es indeclinable”, aseguró.

Sobre la posibilidad de impedir la participación de Venezuela en la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en abril en Lima, tanto Faurie como Tillerson aseguraron que respetarán la decisión del país anfitrión y destacaron que no pretenden condicionar su postura.

“Va a ser un desafío, obviamente, ver cómo se pueden tener conversaciones productivas porque no sabemos cuál va a ser el temario y la participación que tendrán los venezolanos en la reunión”, admitió el secretario de Estado norteamericano.

La visita de Tillerson a Argentina arrancó el sábado, en la Patagonia, y concluirá este lunes en la residencia presidencial de Olivos, a las afueras de Buenos Aires, donde lo recibirá el mandatario Mauricio Macri.

CERCA DE CINCUENTA EXPERTOS de trece países de América Latina analizan los desafíos de cómo adaptar la infraestructura penitenciaria y promover condiciones de vida dignas para las personas privadas de libertad. Además, examinarán las medidas que los sistemas penitenciarios pueden adoptar para cumplir sus objetivos de reinserción y resocialización, así como para mejorar las condiciones de trabajo del personal y la interacción entre los centros y las comunidades que los albergan.

«Nos hemos dado a la tarea de recuperar el tiempo perdido, establecer una ruta y trabajar de manera sistemática en función de mejorar la realidad de las edificaciones penitenciarias, para alcanzar gradualmente el objetivo de optimizar las condiciones, diseñar bajo un nuevo concepto e incorporar en él, referencias internacionales fundamentales como parte de esta nueva forma de construir, remodelar y mejorar los inmuebles penitenciarios», explicó Alejandro Redondo Soto, viceministro de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica.

En el II Taller Latinoamericano de Infraestructura Penitenciaria, organizado por el Ministerio y por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), participan expertos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Venezuela.

Durante tres días, los especialistas intercambiarán experiencias sobre la relación entre la situación actual en lo relativo a infraestructura, medidas para su mantenimiento y mejora de los centros penitenciarios y su gestión. Entre otros asuntos, se analizará el riesgo de incendios en los establecimientos penitenciarios, temática prioritaria en la mayoría de los países de la región.

Asimismo, trabajarán sobre los aspectos normativos, como la aplicación y la adaptación de las Reglas Nelson Mandela en el marco de la infraestructura penitenciaria. Estas reglas fueron aprobadas en 2015 y son reconocidas como las normas básicas que deben seguir los Estados y sus administraciones penitenciarias para ofrecer condiciones y un trato dignos a las personas privadas de libertad.

Durante el taller, los expertos en infraestructura visitarán el complejo penitenciario La Reforma, donde realizarán trabajos prácticos y conocerán la nueva Unidad de Atención Integral (UAI) Reinaldo Villalobos Zúñiga.

«El diseño de las nuevas prisiones y la adaptación de las existentes en Latinoamérica debe hacerse de acuerdo con los objetivos específicos de cada sistema penitenciario y sobre la base del modelo de gestión establecido para lograr los objetivos de cada país. El diseño siempre tiene que garantizar, facilitar y contribuir a que las condiciones de detención sean dignas y se brinde un trato humano a las personas privadas de libertad», dijo Juan Pedro Schaerer, jefe de la delegación regional del CICR para México, América Central y Cuba en la apertura de la reunión.

El CICR considera que todas las personas privadas de libertad, independientemente de los motivos de su arresto o detención, deben ser tratadas con humanidad y tener condiciones de detención dignas. Con ese propósito, sensibiliza, asesora y apoya a las autoridades de los países de la región para que adopten las medidas adecuadas para mejorar la situación de las personas privadas de libertad.

VENCIÓ EL PERIODO DE SEIS MESES de reserva sobre las 77 declaraciones de culpabilidad y delaciones «confesiones» premiadas de ejecutivos de Odebrecht, acordadas por la empresa constructora y la Fiscalía de Brasil (denominada Procuraduría), a cambio de la reducción de condenas por casos de gran corrupción en 12 países. Sin embargo, se desconoce que hará la Fiscalía Venezolana.

Se pudo conocer que la Procuraduría de Brasil ofrecerá la información que les entregó Odebrecht solamente a las fiscalías de los países que lo soliciten, que acepten no hacerla pública y que garanticen inmunidad a la empresa. Así mismo que del grupo de 8 países que habían suscrito un acuerdo de cooperación con la justicia brasilera, a saber, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y República Dominicana, algunos aceptaron el acuerdo y tendrán la información, otro grupo no accedió y piensan perseguir a funcionarios nacionales y de la empresa, mientras que otros, no consintieron el acuerdo y no piensan hacer nada.

Para Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, “garantizar impunidad a Odebrecht deja un hueco enorme respecto a su responsabilidad en las obras que tenía a su cargo y que suman muchos recursos más que los sobornos”.

Por ello, Transparencia Venezuela le solicita a la Fiscalía General de la República, Luisa Ortega Díaz, que dé cuenta de sus actuaciones sobre la investigación de los sobornos por 98 millones de dólares a funcionarios venezolanos, a cambio del otorgamiento de un grupo de grandes obras de infraestructura durante el gobierno del presidente Hugo Chávez.

Han transcurrido 5 meses desde que Odebrecht reconociera ante el Departamento de Justicia norteamericano, haber entregado sobornos por $ 788 millones a funcionarios gubernamentales y partidos políticos en más de una decena de países. Además, de que se diera a conocer que después de Brasil, Venezuela es el país en el que la empresa carioca repartió más sobornos.

Sin embargo, hasta ahora en Venezuela no hay un solo funcionario detenido por este caso de corrupción, como sí lo hay en Colombia, por ejemplo, donde está siendo procesado un ex senador y un viceministro. Tampoco se ha conseguido una compensación para el país por el equivalente de los sobornos, tal y como lo logró República Dominicana.

Transparencia Venezuela espera que la Fiscalía, determine lo antes posible, si los sobornos fueron por este monto o uno superior; señale y procese a los funcionarios que los recibieron y gestione el reintegro de los $ 98 millones a la Nación que Odebrecht reconoció haber pagado.

En su programa de radio, el 26 de enero pasado, la Fiscal Luisa Ortega Díaz declaró por primera vez sobre la investigación del caso de Odebrecht “Solicitamos una rogatoria al Ministerio Fiscal de Brasil para que nos remita copia de la delación de una persona llamada Marcelo Odebrecht. Queremos que nos remitan copia la delación, así como de cualquier otra declaración que curse en el expediente para avanzar en la investigación”, dijo. En el mismo espacio, la funcionaria anunció haber comisionado a un Fiscal con competencia nacional para investigar el caso y que también solicitó en instancias nacionales e internacionales la detención de una persona cuya identidad en ese momento no reveló.

La siguiente y última actuación del Ministerio Público de la que se tenga conocimiento tuvo lugar el 14 de febrero, cuando el Fiscal 57 Nacional, acompañado de funcionarios de la División de Contrainteligencia Militar, allanaron las oficinas de Odebrecht en Venezuela, ubicadas en la Torre Humboldt de Prados del Este, Caracas, en búsqueda de su presidente Euzenando Prazeres de Azevedo, a quien se le imputa el delito de corrupción impropia y de concierto de funcionario público con contratista y a quien no hallaron en el momento ni hasta la fecha.