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Arco Minero del Orinoco

Organizaciones criminales de las zonas mineras hacen actos benéficos para ganar aprobación
Transparencia Venezuela devela que las organizaciones criminales en el país mantienen un control de la seguridad en las zonas mineras

María Fernanda Sojo, periodista de Transparencia Venezuela, reveló que las organizaciones criminales han ido «mutando» para imponerse en las zonas mineras no solo mediante la violencia, sino también a través de actos benéficos. 

«Han ido creando organizaciones supuestamente benéficas que ofrecen comida y la restauración de una plaza o una cancha. De esta forma, lo que intentan es ganarse el respaldo y la aprobación de algunas comunidades», aseguró Sojo en declaraciones a Háblame Bajito, un programa transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias.

Según la investigadora de Transparencia Venezuela, estas bandas han logrado consolidarse en el tiempo, a pesar de estar plenamente identificadas por los habitantes de la zona y hasta por representantes de la Fuerza Armada Nacional, quienes los han mencionado.

La situación en las minas del estado Bolívar es especialmente preocupante, según lo señalado por la periodista. Las personas que trabajan en ellas no cuentan con medidas de seguridad adecuadas, lo que las expone a riesgos graves, como derrumbes.

Guerrilla y bandas armadas al mando 

Asimismo, estas comunidades, ubicadas en lugares como El Callao, Tumeremo, El Dorado, kilómetro 88 y Las Claritas, están sometidas además de al control de diversos grupos criminales, que incluyen bandas armadas, conocidas como sindicatos, a grupos guerrilleros.

«Estas organizaciones criminales controlan todo lo que tiene que ver con el negocio del oro en muchos de los yacimientos mineros, les quitan parte de la producción a los mineros y deciden quién puede entrar a trabajar en una mina y quién no», detalló. 

Aunque en la actualidad no se manejan cifras precisas, investigaciones previas de Transparencia Venezuela han develado que una gran parte del oro extraído en Venezuela, alrededor del 70 %, sale del país sin ser reportado al Banco Central de Venezuela.

No obstante, aunque no se han registrado masacres como en los años 2016 y 2017, se mantiene un orden gansteril que descarta la posibilidad de nuevos enfrentamientos en el futuro.

Exigen al gobierno poner fecha a la visita de la Unesco para constatar situación ambiental en Canaima
La fiebre por el oro y los estragos de la minería ilegal se han comenzado a sentir en el Parque Nacional Canaima, patrimonio mundial de la Unesco

Cristina Vollmer de Burelli, fundadora de la ONG SOS Orinoco, exigió al gobierno chavista definir una fecha para que la Unesco realice una visita para constatar la situación ambiental en el Parque Nacional Canaima.

Su exigencia llega a propósito de unas recientes declaraciones de Josué Lorca, ministro de Ecosocialismo, quien aseguró que el Arco Minero del Orinoco «es una política soberana del Estado venezolano de desarrollar, de manera integral, un área».

De acuerdo con Lorca, esa área del Estado venezolano «no es un área protegida».

Ante eso, Vollmer señaló que el problema es que se sale de la zonas que muestran, por lo que impacta a todas las áreas protegidas, territorios indígenas, parques nacionales del sur del Orinoco.

Con respecto a la deforestación de la zona, Josué Lorca señaló que es probable que ocurra, pero que no conoce toda la zona.

Sobre este punto, la directora de SOS Orinoco dijo que el Ministerio de Ecosocialismo «no permite que sus técnicos midan la deforestación en el Arco Minero», pero la organización sí lo ha hecho.

También, el ministro chavista aseguró que dentro del Arco Minero del Orinoco «no puede haber minería ilegal porque es el único sitio de Venezuela donde la minería está permitida».

Sin embargo, esto fue refutado por Vollmer al señalar que dentro del Arco Minero «hay áreas protegidas donde la minería es totalmente protegida o muy restringida por la ley».

Finalmente, señaló: «¿Por qué no terminan de ponerle fecha a la visita que el régimen acordó con la Unesco el año pasado, para que vengan a Canaima, el estado de conservación y todas las minas que están allí».

Los estragos de la minería ilegal se comienzan a sentir en Canaima

La fiebre por el oro y los estragos de la minería ilegal se han comenzado a sentir en el Parque Nacional Canaima, patrimonio mundial de la Unesco.

Así lo reveló el especial titulado «Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco», realizado por el Correo del Orinoco en alianza con Runrun.es.

Este trabajo señala que zonas como la Sierra de Lema, que forma parte del Parque Nacional Canaima, comienza a padecer los estragos de la minería ilegal.

Además, de camino a la Gran Sabana en el Parque Nacional Canaima, se instalan puestos de control de puntos mineros, basureros improvisados y campamentos mineros.

 

Puede leer el especial completo haciendo clic acá: Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco

ESPECIAL | Pemones: La palabra de los sabios
Este especial reúne a siete abuelas y abuelos del pueblo indígena pemón, quienes cuentan en primera persona su cotidianidad y sus historias de vida como una manera de visibilizar desde el relato la resistencia cultural y los derechos humanos de las comunidades originarias frente al extractivismo, violencia y militarización del territorio ancestral al sur del estado Bolívar en Venezuela

 

Dentro de la tradición del Pueblo Indígena Pemón, habitantes ancestrales de la Gran Sabana, los ancianos son sabios, reservas vivas del conocimiento. Así, el Consejo de Ancianos apenas se encuentra un peldaño por debajo de la Capitanía que es la máxima autoridad comunitaria en la estructura jerárquica tradicional.

Los ancianos tienen la autoridad para orientar el rumbo de los asuntos de interés colectivo, al ser asesores de la capitana o capitán. Son la voz de la conciencia, aportan fortaleza al líder o lideresa y sentido a las decisiones en las que se encauza la comunidad que pronuncia la palabra final reunida en Asamblea.

Sin embargo, en el tiempo presente, en un contexto de crisis y de avance del extractivismo, tras la activación en 2016 de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, las consideraciones de los abuelos y abuelas parecieran ignoradas e incluso inexistentes. El Arco Minero se decretó y se activó sin la consulta previa, libre e informada que prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 120, como un mecanismo de aprobación de los pueblos indígenas con respecto a los proyectos extractivistas que se realicen en su territorio. Se impuso el plan, acción y son evidentes y devastadoras sus secuelas.

Lo que se impone es la minería del oro, como actividad estratégica del gobierno de Nicolás Maduro y de sobrevivencia de las poblaciones indígenas y no indígenas que, arrastradas por la crisis, procuran la satisfacción inmediata de sus urgencias. Sacan oro para comer o para pagar en gramas (gramos de oro) las deudas contraídas por comida. Con la minería llegaron la destrucción ambiental; en muchos de los sectores mineros, el control de las bandas criminales; la descomposición sociocultural, el paludismo y la leishmaniasis, que en el sur minero venezolano es llamada “llaga brava”.

Donde prolifera la extracción de oro difícilmente existe algo más. La dinámica minera sitúa al oro en el centro de todo, siendo tanto el resultado de los desproporcionados esfuerzos de hombres y mujeres que hurgan en la tierra como el referente de valor en las comunidades en donde se practica la minería y se sustituye al dinero por el mineral. Y así, al final de tanto esfuerzo, de tanto desgaste y destrucción, en las manos de los mineros no quedan más que callos. El oro se va después de ser pesado en grameras que calculan cuántos puntos se paga por un kilo de carne, un paquete de harina de maíz, cuarto kilo de café, la remesa para la familia que se quedó en el lugar de origen.

El lodazal minero se apodera de todo. Todo es confusión y está fuera de sitio. Impactados por el Arco Minero, que, en teoría, vendría a poner orden en el desorden atribuido a la minería ilegal, en los territorios se escenifica el caos.

Los sabios indican que la misión es volver a la tierra, que genera alimento y tranquilidad de conciencia, a las aguas limpias, al ambiente sano, que nada de eso lo ofrece la mina. Piensan que minando se daña la tierra, se saca lo que no se ha sembrado y se come mal o no se come cuando no se consigue oro.

El oro, excremento de rata

Los ancestros llamaban al oro Rató wek -el excremento de Rató, el ente guardián, el dueño de las fuentes de agua-, que no debía tocarse, pues se decía que causaba fiebres y diarreas. Tal vez, es la forma en que los antiguos se referían al paludismo, la malaria humana y otros males. Se sabía dónde estaba el oro, pero se sacaba sólo cuando la situación lo ameritaba, para atender a un familiar enfermo, para comprar los uniformes escolares de los niños.

La Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que en las primeras dos semanas de 2022 se diagnosticaron 2796 casos de malaria en Venezuela, la mayoría en el estado Bolívar al cual pertenece Gran Sabana. La OCHA recuerda que la actividad minera es el factor principal causante de esa enfermedad en la entidad. Allí donde se deforesta, hay más paludismo.

Con la finalidad de documentar algunas de sus memorias y escucharlos hablar del tiempo presente, conversamos con siete abuelas y abuelos indígenas pemón, algunos de ellos parte de los consejos de ancianos de sus comunidades, otros no. Los grabamos contando sus historias de vida, los episodios que marcaron su existencia, en general historias de orfandad bien porque quedaron huérfanos o porque se separaron de sus padres, para ir a estudiar internos e incluso fuera de su tierra. Pero también documentamos la impresión que les causa lo que les ha tocado vivir y transformamos esos sonidos en textos en primera persona.

Con certeza, lo que más extrañan los mayores es la cercanía, la calidez, la solidaridad de la vida en comunidad, aun cuando en teoría todos ellos viven dentro de comunidades. Extrañan el mayú, es decir el trabajo colectivo muy vinculado al conuco y después, el llamado a compartir el tumá –tumá, tumá, tumá serö- el consomé típico alrededor del cual los pemón se concentran para alimentarse tanto del caldo picante, servido en una olla de barro, en el cual se remoja el casabe como como de la conversa y la convivencia. Compartir la comida como alimento para cuerpo y alma.

Los que viven en comunidades urbanizadas atribuyen el distanciamiento, la frialdad, a los urbanismos, a la sustitución de las casas tradicionales, hechas de barro y palma y distanciadas las unas de las otras por viviendas rurales, en las que cada familia vive de puertas cerradas. Tanto a los urbanismos como a la mina, que extravía al pemón -a la persona- de su amor por la naturaleza y de su propósito siempre colectivo. Pero, quienes aún viven en comunidades más distantes y menos urbanizadas y concentradas atribuyen a la mina los cambios en el modo de vida, al oro y sus efectos devastadores sobre y bajo la tierra y su gente. 

La mayoría de ellos no saben de derechos humanos, pero en sus relatos dejan ver las muchas faltas que contra el derecho a la alimentación, al territorio, al bosque y a un ambiente sano, a la salud y a la identidad cultural han sufrido cada uno de ellos, su familia cercana y extendida, antes y con mucha crueldad, ahora. 

Quedan acá los testimonios de vida de algunos de los abuelos, sus voces pausadas y sabias, sus consejos curtidos y como se trata de una cultura de transmisión oral, que a través del cuento y de la conversación de las abuelas y abuelos transmite ese conocimiento a los más jóvenes, este trabajo es evidencia escrita de otro y de este tiempo. Mientras los mayores hablan pausado y largo, los demás escuchan. 

Puede leer los testimonios de los pemones AQUÍ

Organizaciones criminales controlan el acceso a la salud en el Arco Minero del Orinoco de acuerdo a Fundaredes

Un estudio destaca la ausencia de datos oficiales verificables por parte del Estado

 

El último informe presentado por Observatorio de Ambiente de FundaRedes, proyecto EPA titulado: «Grupos Armados irregulares condicionan el derecho a la salud en el Arco Minero del Orinoco», afirma que las agrupaciones delincuenciales y terroristas han asumido las funciones gubernamentales en algunas zonas mineras de los estados Bolívar y Amazonas en cuanto a la asistencia médica, dotación de insumos y medicamentos, pago de personal médico y de enfermería, hospitalización, entre otros servicios.

“Obligaciones que corresponderían a los entes que rigen la salud en Venezuela, pero han sido dejadas en manos de quienes tienen el control de la minería ilegal así como de otras actividades ilícitas en esas regiones”.

El estudio destaca la ausencia de datos oficiales verificables por parte del Estado lo que impide conocer la realidad epidemiológica del AMO y por consiguiente la cantidad de personas afectadas por diferentes patologías como malaria, sarampión, difteria, dengue, infecciones de transmisión sexual, desnutrición infantil y adulta, entre otras afecciones.

“Las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones indígenas y ciudadanos en general en materia de salud en el Arco Minero del Orinoco son preocupantes, pues aunado al incremento de las enfermedades se encuentran totalmente desasistidos por parte del Estado, delegando el mandato establecido en la Carta Magna de garantizar el acceso a la salud a las organizaciones al margen de la ley que se han apoderado de las zonas mineras, convirtiendo este derecho en un privilegio”, denuncia FundaRedes.

De igual manera la investigación señala que la permisividad y complicidad del Estado en la explotación irracional de las riquezas minerales en el Arco Minero del Orinoco por parte de los grupos armados irregulares, “no solo que ha generado la destrucción de la reserva natural más importante de Venezuela, sino que ha vulnerado derechos fundamentales como el derecho a la salud y por consiguiente el derecho a la vida, a un ambiente sano y sustentable, así como los derechos de los pueblos indígenas”.

El Estado – enfatiza la organización de DDHH- debe asumir la gobernabilidad en el Arco Minero del Orinoco, a fin de devolverle la paz y la tranquilidad a la población que se encuentra sometida a la violencia y el control social por parte de las agrupaciones irregulares asentadas en estos territorios.

“Que no solo mantienen una encarnizada lucha por controlar los yacimientos de oro, diamantes, cobre, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial, sino que además ejercen el dominio a través del condicionamiento del derecho a la salud en las zonas mineras”.

ESPECIAL ︳Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco
Deforestación acelerada, ríos contaminados, explosión demográfica, invasión  de territorios indígenas, colapso de los servicios, aumento de la pobreza y consolidación del control de las minas por parte de los grupos armados conforman la estampa del megaproyecto de minería, promovido desde 2016 por el gobierno de Nicolás Maduro, tras la pandemia del COVID-19.  Presentamos una nueva investigación sobre la explotación de oro en Venezuela de Runrunes y el Correo del Caroní con apoyo de Transparencia Venezuela 

 

La pandemia del COVID-19 no detuvo la destrucción del Arco Minero del Orinoco, sino que la profundizó. Bosques talados, ríos contaminados, invasiones de territorios indígenas, instalación de plantas industriales y aparición de viviendas y comercios precarios a la orilla de la carretera conforman el nuevo paisaje que atraviesa la Troncal 10, la principal arteria vial que comunica los municipios mineros al sur del estado Bolívar. 

En un recorrido de 850 kilómetros por cuatro municipios mineros del estado Bolívar, el equipo de Runrunes y el Correo del Caroní constató en directo el impacto ambiental, social y cultural de la actividad aurífera en la región. La señal más visible del avance del megaproyecto de minería decretado por Nicolás Maduro en 2016 y que ocupa casi 12% del territorio nacional, es la aparición de misteriosas empresas, molinos artesanales y plantas industriales de cianuración para el procesamiento de oro cuyo desempeño productivo se mantiene bajo secreto oficial. 

De las 41 empresas que participan en la explotación del oro en el Arco Minero identificadas durante el recorrido, la dirección de los dos mayores complejos industriales ha sido  vinculada con la familia presidencial o funcionarios públicos; de 75%  se desconoce el proceso de contratación pública,  apenas seis  aparecen inscritas y habilitadas para contratar con el Estado. No hay certeza de cuántas se mantienen operativas y ninguna rinde cuenta pública de su desempeño productivo. 

El conflicto entre las comunidades indígenas dentro del Arco Minero y las bandas criminales llamadas colectivos, sindicatos mineros o “el sistema” liderados por pranes,  que han consolidado el control territorial de las minas con anuencia del Estado, es un estallido social latente. Una evidencia de esta disputa por la explotación de oro dentro del territorio indígena tuvo lugar la segunda semana de enero de 2022, cuando líderes locales decidieron trancar el paso durante 10 días por la Troncal 10, principal arteria vial del cinturón minero, lo que produjo problemas de abastecimiento. La tensión fue desmontada tras reuniones con las autoridades locales, gobierno regional y la Corporación Venezolana de Minería (CVM), ente coordinador de la gestión dentro del Arco Minero. 

La fiebre del oro también ha reconfigurado la vida de las poblaciones mineras. La proliferación de barriadas a lo largo de la carretera y en algunos históricos pueblos mineros como El Dorado se constató durante el recorrido por Guasipati, El Callao, Tumeremo, El Dorado, Las Claritas y el Kilómetro 88 así como los linderos de la Gran Sabana (que alberga el Parque Nacional Canaima). La aparición de viviendas con techos de zinc y paredes de tablas de madera y bolsas de plástico, son evidencia de la explosión demográfica en el Arco Minero y crecimiento de la pobreza con el consecuente colapso de los servicios públicos ya precarios. También son muestra de que el megaproyecto de minería no llegó acompañado de políticas sociales para beneficiar a las comunidades de los pueblos mineros ni articular medidas con los gobiernos locales.  

La deforestación a la vista de los transeúntes de la Troncal 10  y la contaminación con mercurio y desechos tóxicos de los ríos Cuyuní y Yuruary que bordean los principales pueblos mineros desdice las políticas ambientales que el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico y el Ministerio de Ecosocialismo aseguran cumplir  desde la creación del Arco Minero del Orinoco. En 2020 se registró la mayor pérdida de cobertura arbórea en el estado Bolívar en las últimas dos décadas debido a la expansión de la minería. 

Lea el especial completo Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco de Runrun.es y el Correo del Caroní con apoyo de Transparencia Venezuela clickeando la imagen. 

Denuncian destrucción de más de 1.200 hectáreas de selva virgen en Bolívar
En un informe ambiental, Fundaredes refirió que el Arco Minero del Orinoco «sufre una agresiva, irracional y desordenada explotación» que ha generado una «catástrofe ambiental» y la desaparición de bosques vírgenes en el sur del país

 

La ONG Fundaredes denunció el 14 de julio que «más de 1.200 hectáreas de selva virgen» en el estado Bolívar «han sido destruidas» como consecuencia de la explotación en el Arco Minero del Orinoco.

En un informe ambiental, la ONG refirió que el Arco Minero del Orinoco «sufre una agresiva, irracional y desordenada explotación«. Esto ha generado una «catástrofe ambiental» y la desaparición de bosques vírgenes en el sur del país.

«El denominado Arco Minero del Orinoco viene siendo sometido a procesos de extracción de diversos minerales explotados a gran escala y sin control. [Esto es una] acción estratégica del Estado para tratar de cubrir el déficit de ingresos por la crisis petrolera, el desmantelamiento de las industrias básicas y las erradas políticas económicas», aseguró Fundaredes.

Alertó de que en este territorio «se albergan actividades ilícitas como el extractivismo, deforestación, tala indiscriminada de grandes extensiones de bosques. Además de la minería ilegal por parte de organizaciones criminales».

Subrayó que parques nacionales e indígenas en la zona están «afectados directamente por actividades irracionales e ilegales de extracción de sus riquezas minerales y madera».

Insistió en que esta situación ha empeorado con la actuación de grupos armados irregulares que se dedican al narcotráfico y al contrabando de minerales. Estos «operan en la zona con conocimiento y, en algunos casos, con anuencia de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela».

Homicidios fronterizos en Bolívar

El mismo día, Fundaredes informó que durante el primer semestre del año se registraron 362 homicidios en seis estados fronterizos, luego de que se sumaran 42 asesinatos en junio.

Según la data de la ONG, se computaron 91 homicidios en enero, 67 en febrero, 71 en marzo, 56 en abril y 35 en mayo.

La cifra semestral supone una disminución de un 38 % respecto al mismo lapso del año pasado. En ese momento se contabilizaron 593 homicidios en Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia.

Asimismo, de enero a junio de este año, hubo 159 desapariciones o secuestros, 8 más que en el primer semestre de 2021, cuando ocurrieron 151.

Día de la Biodiversidad: Maduro promete preservar ecosistemas mientras destruye parques nacionales
Parques nacionales como el Archipiélago Los Roques, Canaima, Yapacana y Waraira Repano están a meced de construcciones ilegales, minería y otras actividades que van en detrimento de su conservación

 

Con un mensaje en Twitter, Nicolás Maduro reiteró este domingo, 22 de mayo, el compromiso de su administración en la preservación de los ecosistemas en el marco del Día Internacional de la Biodiversidad. Sin embargo, sus acciones contra los parques nacionales revelan que su gestión va justo en el sentido contrario.

«En el Día Internacional de la Biodiversidad, reiteramos el compromiso que tenemos con la preservación de los ecosistemas, frente a la crisis generada por el capitalismo. La diversidad ecológica es fundamental para salvar a la Madre Tierra», escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

La promesa obvia que, durante su mandato, se han desarrollado actividades ilícitas y múltiples construcciones dentro de los parques nacionales que contravienen las leyes y reglamentos establecidos para su conservación y amenazan su equilibrio y biodiversidad.

Runrun.es ha hecho seguimiento a esta situación a través de investigaciones publicadas en los últimos años como Canaima, el paraíso envenenado por el oro, Ciclismo en el Ávila: una amenaza al patrimonio natural con aprobación de Inparques y Los Roques: a la orilla de un desastre ambiental. La administración de Maduro no ha reaccionado al respecto, ni tampoco ha tomado ningún tipo de medida que evite que el daño continúe.

 

Discurso contradictorio

La agencia EFE reseñó que el pasado 11 de mayo, el ministro de Ecosocialismo, Josué Lorca, afirmó en la XV sesión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (Unccd), que Venezuela revirtió la deforestación 47% desde 2002 hasta la fecha.

«En Venezuela contamos con un plan de reforestación, el cual tiene como meta la siembra de 10 millones de árboles, mediante la implementación de cinco líneas programas: Un árbol un estudiante, Agroforestería familiar, Sembrando vida, Ecourbanismo, y Conservación», dijo el ministro durante su intervención en la COP15, reseñada en un comunicado de prensa.

El ministro destacó también que Venezuela promueve el «ecosocialismo como una alternativa al modelo de producción y consumo insostenible imperante», e impulsa este «nuevo modelo productivo ecosocialista» con énfasis en la sensibilización, la formación y la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Sin embargo, Lorca no mencionó que en el parque nacional Canaima, patrimonio de la Humanidad decretado por la Unesco, hay evidencia de minería ilícita que se desarrolla bajo la venia de la administración de Maduro. A pesar de que en diciembre de 2018 hubo una incursión armada en el sector Occidental para atacar a los supuestos mineros, la extracción de oro continuó y empeoró debido al descenso del turismo.

Biólogos, ingenieros y ecólogos han afirmado en diversas entrevistas que lo que más ha profundizado y fortalecido la minería en el país ha sido la promoción de Maduro al Arco Minero del Orinoco, zona de casi 112 mil kilómetros cuadrados que fue decretada en 2016 por su gobierno y que ha provocado la deforestación de miles de hectáreas de terreno en los estados Bolívar y Amazonas.

 

 

El Arco Minero, señalan expertos, ha permitido que la fiebre del oro permee hacia otras zonas, a donde arriban maquinarias y químicos usados en la zona permisada, que afectan directamente a áreas protegidas como los parques Canaima y Yapacana, que están en las lides del área extractiva.

Al norte del país, en el parque nacional Waraira Repano (El Ávila) de Caracas, Inparques ha flexibilizado las medidas de protección de la motaña y ha permitido que allí se desarrollen actividades ciclísticas prohibidas en el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del parque. La acción ciudadana es la que ha detenido que, en dos oportunidades, se lleven a cabo carreras permisadas por el gobierno. 

En el Archipiélago Los Roques, también al norte, se erigen una serie de construcciones, tanto privadas como turísticas, en zonas prohibidas con ecosistemas sumamente frágiles, que a mediano plazo afectarán a corales, manglares y la fauna y flora que depende de estos.

 

El Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales (OVDHA) advirtió el pasado 18 de mayo que en el país hay «una pérdida acelerada de la diversidad biológica», lo que podría incidir en la vulneración de las garantías fundamentales de poblaciones rurales e indígenas, reseñó EFE.

«En Venezuela, la diversidad biológica, y en particular la fauna silvestre, ha venido sufriendo desde hace décadas un proceso de deterioro continuo que pone en riesgo de extinción a una importante cantidad de especies», detalló la organización en su informe «Emergencia humanitaria en Venezuela y la fauna silvestre: Diversidad biológica asediada por la crisis».

En la presentación del estudio, el observatorio indicó que esta pérdida se relaciona con varias causas, entre las que están el incremento de la población humana, la desaparición de hábitats, la contaminación y la presión de la cacería.

 

 

Con información de EFE.

Claves | SOS Orinoco explica el rol de las plantas de cianuración en el Arco Minero
Según la organización, las técnicas de cianuración son mucho más eficientes, pero requieren procesos industriales. Del total de cianuro producido mundialmente, estimado en alrededor de 1,5 millones de toneladas, entre el 18% y el 20% es utilizado en la minería, principalmente para la recuperación de oro

 

La organización SOS Salvando la Amazonía Venezolana presentó un informe explicando el rol de las plantas de cianuración en el negocio del oro del Arco Minero del Orinoco (AMO). 

El texto señaló que la mayor parte del oro venezolano es extraído con procesos de amalgamiento con mercurio, sustancia altamente tóxica para los humanos y para los ecosistemas, pero que tiene rendimientos relativamente bajos desde el punto de vista minero.

Según la organización, las técnicas de cianuración son mucho más eficientes, pero requieren procesos industriales. «Venezuela había tenido experiencias con estos procesos en el pasado, pero recientemente el gobierno ha impulsado en forma inusitada la construcción de nuevas instalaciones para estos procesos de cianuración».

Muy poco o nada se ha dicho sobre estas plantas, por lo que esta investigación buscó desentrañar la actualidad del tema de los procesos de cianuración en el estado Bolívar, informando sobre el verdadero alcance en el marco de la política del Arco Minero y su aporte real en la producción actual aurífera del país.

Aquí las 7 claves más resaltantes de la investigación:

En Venezuela, se introdujo la tecnología de cianuración entre 1928 y 1936, por medio de la New Goldfield de Venezuela en El Callao, llegando a contar con una planta de cianuración y flotación, con una capacidad de molienda y procesamiento de 600 toneladas por mes.

Los inicios de la minería al sur del Orinoco en el siglo XVIII respondieron inicialmente a la búsqueda de oro como principal impulsor, no sólo de la actividad misma, sino del poblamiento de la región, indispensable para lograr una efectiva explotación y control del territorio y sus riquezas.

Las técnicas de cianuración son mucho más eficientes, pero requieren procesos industriales. Venezuela había tenido experiencias con estos procesos en el pasado, pero recientemente el gobierno ha impulsado en forma inusitada la construcción de nuevas instalaciones para estos procesos de cianuración.

Del total de cianuro producido mundialmente, estimado en alrededor de 1,5 millones de toneladas, entre el 18% y el 20% es utilizado en la minería, principalmente para la recuperación de oro, lo que significa una cantidad aproximada de 300.000 toneladas de cianuro al año.

La infraestructura de explotación y procesamiento del oro desarrollada durante el último tercio del siglo XX, tanto por el Estado venezolano como por las distintas empresas privadas, fueron abandonadas o desmanteladas a raíz de su deterioro por falta de mantenimiento adecuado.

Uno de los elementos centrales de la nueva estrategia gubernamental para el control del negocio del oro en Venezuela es el desarrollo de centros de acopio y procesamiento del material aurífero producido por los pequeños mineros y los “molineros” (operadores que trituran el material mineral, tradicionalmente para el proceso de amalgamiento con mercurio, y que no extraen material directamente), quienes encuentran en la recolección y transporte de las arenas residuales de viejos procesos de explotación un material de fácil recolección y rápida ganancia, tanto para el minero como para las plantas de cianuración. 

Si bien la cianuración es mucho más segura ambientalmente a largo plazo, según advierte SOS Orinoco, requiere de una serie de cuidados y previsiones que no han podido ser evaluadas,  «principalmente debido al hermetismo oficial en torno a todo lo que tiene que ver con instalaciones, procesos, medidas preventivas, protocolos de seguridad y previsiones ante posibles accidentes (derrames, roturas de diques, entre otros».