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Apure

ONG y Estado conforman una red contra trata de personas en Apure
Representantes de los 19 organismos asistentes al encuentro debatieron sobre los entornos de los casos actuales: redes sociales, limitaciones contextuales, cultura social local e institucional, también refrescaron conocimientos sobre las leyes y procedimientos que regulan el delito

 

Las apariciones de casos de trata de personas, así como la alta incidencia de violencia y prostitución en Apure, mantienen reunidas y en alerta a las organizaciones no gubernamentales e instituciones del Estado defensoras de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres.

El encuentro realizado el jueves 26 de octubre, en San Fernando, la capital apureña, se dedicó a la evaluación de las rutas de atención de cada uno de los organismos a la luz de las leyes vigentes que regulan este delito, con el fin de unificar y optimizar estos esfuerzos de atención a las víctimas.

En lo que va de año, se han hecho públicos cuatro casos de trata en el estado llanero, uno de los cuales se logró prevenir, informó Trina Caraballo, abogada encargada de la oficina de Promoción y Divulgación de la Defensoría del Pueblo apureña.

Las ONG e instituciones ya llevan cuatro mesas de trabajo en el marco de la convocatoria para un “Trabajo en Red, Estado y Sociedad Civil”,  hecha por la congregación religiosa hermanas Adoratrices de San Fernando, cuyo carisma es el trabajo con prostitución, violencia basada en género y trata de mujeres.

Representantes de Construyendo Futuros, Participación Ciudadana, Fundación Ven da Tu Mano, Red de Mujeres Constructoras de Paz y Fundación para la Asistencia, Formación e Investigación de la Discapacidad, Servicio de Emergencia 911, Unidad de Derechos Humanos de la Policía Nacional Bolivariana, Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, Defensoría de Pueblos Indígenas, Consejo Nacional de Discapacidad e Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; debatieron sobre los entornos de los casos actuales: redes sociales, limitaciones contextuales, cultura social local e institucional, así como refrescaron conocimientos sobre las leyes y procedimientos que regulan el delito.

El delito más cruel

La trata es uno de los delitos más crueles contra las personas y es considerada la esclavitud del siglo 21, según dice Trina Caraballo.

Primero, porque somete a la víctima a la explotación sexual, matrimonio servil, tráfico de órganos, trabajo forzado u otros, en beneficio, generalmente económico, de una persona u organización; y, segundo, porque el tratante, tras suplantar la condición humana por mercancía, saca provecho máximo de la víctima hasta desecharla. 

Apure es uno de los estados más pobres de Venezuela y en sus tres municipios fronterizos con Colombia (Páez, Rómulo Gallegos y Pedro Camejo), tiene una fuerte presencia del crimen organizado transfronterizo.

Puede leer la nota completa en el microsite  de Mujeres Constructoras de Paz que estrenó IPYSve. Esta red de periodistas recoge noticias, entrevistas e informes sobre la situación en la que se encuentran las mujeres en un país como Venezuela, caracterizado por una crisis humanitaria compleja.

FANB incauta 1.690 bombonas de gas usadas como explosivos en Apure
Durante 2022 la FANB ha informado del hallazgo de campamentos de grupos irregulares colombianos, incautaciones de droga, de explosivos y armas, así como de la neutralización de más de 30 aeronaves relacionadas con estos grupos.

Apure.- Miembros de de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana incautaron y desactivaron 1.690 bombonas de gas que eran usadas como explosivos en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia), informó este lunes el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

 

Estos hallazgos, explicó, se concretaron durante la operación Vuelvan Caras, un despliegue de seguridad lanzado en enero de este año, que incluye más de 5.000 uniformados en Apure, donde se han registrado enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos irregulares.

Hernández Lárez responsabiliza por la violencia en esta zona a los grupos «Tancol», un acrónimo inventado por el Gobierno venezolano que no hace referencia a ninguna banda en específico y que significa terroristas armados narcotraficantes colombianos.

Este año, la FANB ha informado del hallazgo de campamentos de grupos irregulares colombianos, incautaciones de droga, de explosivos y armas, así como de la neutralización de más de 30 aeronaves relacionadas con estos grupos.

El despliegue de seguridad venezolano también abarca otros territorios fronterizos con Colombia como los estados Táchira y Zulia, así como el amazónico Bolívar, fronterizo con Brasil.

 

Con información de EFE

FAN halla aeronave sin identificación en pista ilegal en Apure
De acuerdo a cifras oficiales, la aeronave es la número 27 hallada en lo que va de año

 

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional localizaron e inutilizaron una aeronave «no identificada ni autorizada» que estaba oculta en un bosque de galería en Apure, en una pista improvisada e ilegal.

El hallazgo se hizo en el municipio Pedro Camejo del estado llanero, según informó este sábado 3 de septiembre el comandante estratégico operacional de la FAN, Domingo Hernández Lárez.

 

 

Según el funcionario, esta es la aeronave número 27 hallada en lo que va de 2022 y la 305 desde el 2012.

La agencia EFE reseñó que el pasado lunes, 29 de agosto, Hernández Lárez reportó que dos aeronaves que «intentaron violar el espacio geográfico sin autorización sobre pistas clandestinas no autorizadas» fueron inutilizadas. Una de estas fue localizada en Pedro Camejo, Apure, y la segunda en el municipio Catatumbo, en Zulia.

 

El jerarca militar atribuyó la propiedad de estas aeronaves a los «tancol», un acrónimo inventado por el Gobierno que no alude a ninguna banda en específico y que significa «terroristas armados narcotraficantes colombianos», dice EFE.

Tras la victoria del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ambos países tienen como tarea pendiente la reapertura de la frontera, cerrada al paso vehicular desde 2015, pero -según explicó el embajador de la nación andina, Armando Benedetti, en entrevista a Efe- el mandatario Nicolás Maduro ha pedido ir «más despacio» en este proceso, al expresar su preocupación por el narcotráfico. 

 

FANB desactiva artefactos explosivos en frontera de Apure
El fin de semana pasado también se inutilizaron más de 40 explosivos

 

Tropas militares de Venezuela desactivaron tres artefactos «improvisados» que contenían 50 kilogramos de explosivos en una localidad del estado Apure, en la frontera con Colombia, informó este sábado el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

En un mensaje en su cuenta en Twitter, el funcionario detalló que, además de los explosivos, los militares hallaron una trampa con granada y gasolina.

 «En labores de despeje de vías, ingenieros de combate y explosivistas de la FANB desactivan tres artefactos explosivos improvisados de 50 kilogramos y una trampa con granada de 60 milímetros y gasolina», aseguró.

El alto mando militar insistió en que las Fuerzas Armadas de Venezuela se encuentran «desplegadas» «liberando» las vías de la frontera entre Venezuela y Colombia de explosivos que, refirió, son esparcidos por los «tancol».

 

 

«Tancol» es un acrónimo inventado por el Gobierno venezolano que no hace referencia a ninguna banda en específico y que significa «terroristas armados narcotraficantes colombianos».

«Permaneceremos desplegados el tiempo que sea necesario para erradicar completamente los artefactos explosivos esparcidos por los ‘tancol’ en el eje transfronterizo, la soberanía de los pueblos debe ser respetada. Venezuela es territorio de paz», subrayó Hernández Lárez.

Durante esta semana, el funcionario dio cuenta de la desactivación de otros 255 kilos de explosivos en distintas inspecciones de vías realizadas en el municipio Páez, también en el estado Apure.

Otros 44 artefactos explosivos fueron desactivados por la FANB en la misma localidad durante el fin de semana pasado, siempre según Hernández Lárez, quien da cuenta de estos hallazgos habitualmente a través de las redes sociales. 

 

FANB  desmantela laboratorio de cocaína en Apure
Más temprano, Hernández informó sobre la desactivación de 12 artefactos explosivos en el mismo estado

 

El comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lárez, informó este viernes el desmantelamiento de un laboratorio de procesamiento de cocaína en el municipio José Antonio Páez, sector Caño Hondo, del estado Apure, en la frontera con Colombia, por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

A través de varios mensajes publicados en Twitter, afirmó que en el lugar se hallaron 800 kilos de sosa cáustica, 600 litros de ácido sulfúrico, 700 litros de ácido clorhídrico y 500 kilos de nitrato de amonio, 800 litros de acetona, 900 kilos de urea, 300 kilos de azufre micronizado y 200 kilos de polvo de carbón.

Según Hernández, todo lo hallado por la URRA (Unidad de Reacción Rápida de Milicia) Amazonas y la URRA Trujillo, en medio de la operación  Escudo Bolivariano 2022 «Vuelvan caras» es «Made in Colombia».

 

Explosivos de «tancol»

De acuerdo con la agencia EFE, más temprano, el comandante de la FANB indicó que los efectivos desactivaron una docena de artefactos explosivos también en Apure colocados, supuestamente, por grupos terroristas de origen colombiano.

«URRA (Unidad de Reacción Rápida de Milicia) Carabobo desmantela 12 artefactos explosivos en el municipio Páez dentro de la foresta nativa apureña. Los invasores tancol (terroristas armados narcotraficantes colombianos) serán expulsados por el bravo pueblo de Bolívar», escribió Hernández, en su cuenta de Twitter.

«La maldad sin límites! Los narcoterroristas colombianos plantaron en nuestro territorio cientos de bombas para invadir silenciosamente aprovechando la falta de control de su país y lo extenso de nuestra frontera. FANB incansable las desactivará todas y los expulsará a todos», completó.

Mientras, en el Sur del Lago de Maracaibo, en Zulia, las autoridades incautaron 12 panelas de cocaína que supuestos grupos terroristas «pretendían ingresar» a territorio venezolano «con destino a bandas criminales»

Informe HRW: Miembros de la FANB realizan operaciones conjuntas con el ELN y han sido cómplices de sus abusos en Apure
Matanzas, desplazamientos forzados y desapariciones son algunas de las consecuencias del conflicto armado que se vive en Apure y Arauca desde enero de 2022. Un equipo de Human Rights Watch visitó esta frontera entre Colombia y Venezuela, entrevistó a más de 100 personas de ambos países y constató que mientras los grupos irregulares cometieron «abusos brutales» con el apoyo de las fuerzas de seguridad venezolanas, la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente

 

Los enfrentamientos entre grupos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela han provocado un aumento dramático de la violencia en los primeros meses de 2022, forzando a miles a huir de sus hogares, señaló hoy Human Rights Watch.

El informe, difundido este 28 de marzo, señala que el 1 de enero de 2022 comenzaron los enfrentamientos entre el Comando Conjunto de Oriente – una coalición de grupos disidentes que surgieron tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)– y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Estos grupos «se disputan el control del territorio y de actividades ilícitas en el departamento colombiano de Arauca y en el estado Apure», asegura HRW.  En el documento se precisa que los guerrilleros de ambos bandos, que anteriormente habían operado como aliados, «han cometido múltiples abusos, incluyendo asesinatos, reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas, y desplazamiento forzado».

DestacaN además que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, «que han estado implicadas en violaciones de derechos humanos que han dado lugar a investigaciones internacionales sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, han realizado operaciones conjuntas con miembros del ELN y han sido cómplices de sus abusos«.

“Los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela, en algunos casos con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente”, señaló Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.

“Las autoridades colombianas deben redoblar urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas, y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas”.

Human Rights Watch visitó los departamentos colombianos de Vichada y Arauca en febrero de 2022 y entrevistó a más de 100 personas, incluyendo algunas por teléfono antes y después de las misiones. Los entrevistados incluyeron 43 personas que habían huido de Apure, así como líderes comunitarios e indígenas, funcionarios judiciales, autoridades locales colombianas y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos.

La mayoría de las personas que sufrieron o presenciaron abusos temían represalias y hablaron bajo condiciones de anonimato. Human Rights Watch también revisó otras fuentes, incluyendo publicaciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) y reportajes en medios de comunicación. El Ministerio de Defensa de Venezuela no respondió a una solicitud de información de Human Rights Watch.

A continuación, algunas claves relevantes sobre lo contenido en el informe. 

Asesinatos de civiles y violencia de grupos armados 

Human Rights Watch expone que ha recibido denuncias creíbles sobre «múltiples asesinatos de civiles cometidos por grupos armados en Arauca y Apure».

«Muchos entrevistados dijeron que miembros del ELN buscaron a personas a las que acusaban de colaborar con grupos disidentes de las FARC. Los miembros del ELN mataron a algunas de estas personas, dijeron testigos, y se llevaron a otras. Algunas fueron asesinadas días después; las familias de muchas otras no saben qué ocurrió con ellas».

Registran que,  en la mayoría de los casos, los grupos armados acusaron a las víctimas de ser cómplices de otros grupos armados, «una práctica que ha sido común entre los actores armados en Colombia durante décadas».

La Policía Nacional de Colombia informó que hubo 103 homicidios en Arauca en enero y febrero. Esa es, por lejos, la cifra de homicidios más alta reportada en los primeros dos meses del año en Arauca al menos desde el 2010

«Varias fuentes creíbles indicaron que algunas de las personas asesinadas pueden haber sido miembros de grupos armados, pero otras eran civiles. El dramático aumento de homicidios en Arauca este año refleja un preocupante deterioro de las condiciones de seguridad para civiles», señaló Human Rights Watch.

Por otra parte, el informe resalta que los grupos armados que operan en el departamento de Arauca y en Apure «utilizan la violencia para controlar la vida cotidiana de las personas». Al respecto, enumeran que estos grupos imponen sus propias reglas, incluyendo «toques de queda, la regulación de la pesca, el pago de deudas y el horario de cierre de los bares; y establecen sus propias sanciones para casos de violaciones, robos y asesinatos».

Desplazamiento, reclutamientos forzados y secuestros

Desde que iniciaron los enfrentamientos entre el ELN y el Comando Conjunto de Oriente el 1 de enero, al menos 3.860 personas se han desplazado internamente en Arauca y más de 3.300 personas han huido de Venezuela a los departamentos colombianos de Arauca y Vichada, precisa HRW.

Denuncia la organización que, a ambos lados de la frontera, el ELN y el Comando Conjunto de Oriente también han forzado a numerosas personas a incorporarse a sus filas, incluyendo menores.

HRW describe varios casos, entre los que resaltan uno ocurrido el pasado 20 de enero, cuando miembros del ELN irrumpieron en una casa en la zona rural de Puerto Páez, Apure, y se llevaron a la fuerza a una niña de 14 años y a su hermano de 18, dijo un familiar.

Por otra parte, el 28 de enero, una vecina le dijo a su madre que sus hijos habían sido asesinados durante enfrentamientos con una disidencia de las FARC y le indicó dónde encontrar sus cuerpos. La madre fue a la zona y encontró los cuerpos de sus hijos. Dijo que había muchos más cadáveres allí.

Complicidad de las fuerzas militares venezolanas

Miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han «participado en operaciones conjuntas con guerrilleros del ELN y han sido cómplices de sus abusos», afirma HRW a partir del testimonio de «múltiples testigos.

“Esa mañana llegaron más de 10 hombres armados en motos y camionetas, unos se identificaron como el ELN y otros eran de la fuerza militar venezolana”, se lee en un extracto de una de las personas que compartieron sus testimonios a HRW. “Vi sus insignias de la FANB en sus uniformes”.

Amplía otro testigo que miembros de las FANB llegaron a su comunidad en Apure con guerrilleros del ELN, quienes se llevaron por la fuerza a varias personas a las que acusaban de colaborar con el Comando Conjunto de Oriente:  “Los militares llegaron junto con los del ELN, pensé ‘nos van a matar a todos’”, dijo.

HRW considera que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 con el mandato de investigar graves violaciones de derechos humanos, debe «evaluar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos cometidos por grupos armados en Apure e identificar la responsabilidad individual de funcionarios de alto nivel».

Respuesta humanitaria insuficiente

Sobre este punto, HRW expresa que a pesar de los esfuerzos de las agencias humanitarias internacionales, cientos de desplazados «no tienen suficiente acceso a alimentos, agua potable y servicios de salud», especialmente en Vichada.

«Muchos indígenas desplazados a Vichada desde Venezuela viven a orillas del río Meta en albergues improvisados. En Arauca y Vichada, los grupos armados han amenazado a algunas personas desplazadas, y las agencias humanitarias dicen que los niños desplazados están en riesgo de ser reclutados por grupos armados», amplían.

Denuncian además que la «discriminación contra los pueblos indígenas» también ha debilitado la respuesta humanitaria.

«Algunos funcionarios del gobierno local expresaron sentimientos discriminatorios en sus reuniones con Human Rights Watch; algunos dijeron que los indígenas que habían llegado ‘arruinaron el paisaje’ y los describieron como ‘las peores personas’ entre los que llegaron a Colombia», destacan. 

Recomiendan que las autoridades colombianas deben «evaluar urgentemente las necesidades humanitarias de quienes huyeron de Apure, así como crear e implementar un plan de respuesta humanitaria para asistir a esa población». 

«En Vichada, deberían considerar decretar un estado de calamidad pública, que con arreglo a la legislación colombiana permitiría la asignación de mayores recursos por parte del gobierno nacional para brindar asistencia humanitaria a las personas desplazadas. Las autoridades colombianas también deberían garantizar el acceso a un estatus legal en Colombia para los venezolanos obligados a huir de Apure», concluyen.

 

 

Padrino López informó que han muerto 8 personas por detonación de minas antipersona en Apure
Padrino López dijo que los explosivos «improvisados» han sido hallados en caminos e incluso frente a escuelas en los municipios Páez y Rómulo Gallegos, ubicados en Alto Apure

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, informó este viernes, 11 de febrero, que murieron ocho personas por la detonación de minas antipersona en el estado Apure.

Según Padrino López, estas minas antipersona fueron instaladas por grupos armados presuntamente colombianos.

«Lamentablemente, la semana pasada recibimos la noticia de ocho fallecidos del pueblo, de la población civil, entrando a sus casas, transitando en motos, que han resultado víctimas de estos criminales actos por parte de estos terroristas», dijo Padrino López.

El ministro añadió que, en el avance de la operación Escudo Bolivariano 2022, desplegada desde el pasado enero en las poblaciones fronterizas con Colombia, han «neutralizado» a nueve presuntos terroristas y logrado la captura de otros 56.

Sobre las minas antipersona encontradas en el operativo, explicó que se trata de «artefactos explosivos improvisados que llevan metralla, que llevan pólvora, que hacen mucho daño, que matan gente, que matan niños» y que son «de fabricación colombiana».

Además, refirió que estos explosivos «improvisados» han sido hallados en caminos e incluso frente a escuelas en los municipios Páez y Rómulo Gallegos, ubicados en Alto Apure.

Añadió que, durante las operaciones, desmantelaron 16 instalaciones «improvisadas utilizadas para fines logísticos, fines de preparación de artefactos eléctricos, para mantener personas secuestradas allí, para diversos fines y para procesamiento de droga».

 

Además, aseguró que durante el despliegue incautaron 1.200 kilos de cocaína y 800 kilos de marihuana y decomisaron armas de distintos calibres, 3.600 municiones de varios tipos, tres aeronaves, equipos de comunicación y otro tipo de vehículos y utensilios para la fabricación de explosivos y preparación de drogas.

«Tenemos la necesidad de liberar de los tancol (terroristas armados narcotraficantes colombianos) a los sectores donde pudiesen estar operando estos grupos criminales. Todas las operaciones que hemos estado haciendo tienen un acento en Apure, es un gran despliegue en esta entidad. Hemos estado actuando en el municipio Páez y Rómulo Gallegos», apuntó el funcionario.

Con información de EFE

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Dos trabajadores del campo murieron en el Alto Apure tras caer en una mina antipersonas
En 2021, el régimen de Nicolás Maduro pidió ayuda a la ONU para desminar estos campos y sembradíos, pues ponían en peligro la vida de civiles y del personal militar

Dos campesinos murieron este lunes, 31 de enero, en la población de La Victoria, en la frontera del Alto Apure, tras caer en una mina antipersonas que explotó al instante.

De acuerdo con Radio Fe y Alegría, las víctimas, tío y sobrino, fueron identificadas como Emil Antonio Rojas, de 43 años, y Jonathan Yilber Rojas, de 24 años, y residían en el barrio Flor de Apure de esta población.

Las primeras versiones de los lugareños señalaron que los dos campesinos salieron a activar una motobomba de agua para darle de beber al ganado que se encontraba en un predio rural del sector Santa Rita.

Tras haber salido, pisaron accidentalmente un terreno donde se encontraba la mina.

El medio apunta que los vecinos están consternados por la muerte de las víctimas, pues eran conocidos tanto en la parroquia Rafael Urdaneta del municipio fronterizo Páez así como en la población de Arauquita, Colombia.

Pese a que los lugareños no se atreven a denunciar, es importante recordar que, según el medio, a raíz del conflicto armado de 2021 el alcalde de Páez admitía la presencia de estos explosivos en el poblado.

Llamado a la ONU

La periodista especializada en la fuente militar, Rocío San Miguel, hizo un llamado a la ONU a responder por la ayuda solicitada.

«Venezuela aún espera por la ONU, para el desminado solicitado en 2021 (…) Las minas antipersonas continúan afectado la vida de civiles y militares en Apure», alertó San Miguel.

En Marzo de 2021 régimen de Maduro solicitó apoyo para desactivarlas

En marzo de 2021, el régimen de Maduro pidió ayuda a la ONU para desminar estos campos y sembradíos, pues ponían en peligro la vida de civiles y del personal militar.

A través de un comunicado, anunciaron que pedirían apoyo especializado de las Naciones Unidas para desmantelar la siembra de minas antipersonas.

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