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Ángela Aguirre

Redes y activismo, el duro camino para lograr justicia en el femicidio de Ángela Aguirre
Se cumple un año del femicidio de Ángela Aguirre, el caso que conmocionó a la opinión pública en Ciudad Guayana y que, hasta ahora, continúa sin sentencia final

 

Hace un año que no se la escucha reír, no se la ve bailar, no se la ve bromear, que no está con su familia, que no se pinta las cejas “hasta para salir a la bodega”, como dice su madre, mientras recuerda los días de vacaciones en los que Ángela Aguirre se quedaba ayudándola en la peluquería, el negocio familiar.

Hace un año que ya no se arregla el cabello y las uñas los domingos para ir toda la semana arreglada para el Colegio Adventista Maranatha, en el que estudiaba. Ya no sueña con ser médico, cirujano plástico, estético o psicóloga porque ya no está. “Como toda joven, toda estudiante, tenía sus anhelos, sus proyectos, sus sueños. Ella siempre decía que tenía el anhelo de arreglar al ser humano”, dice Yerlis, su madre.

Su uniforme escolar cuelga intacto en el closet, los libros siguen en su bolso. Pero ella ya no se levanta a desayunar, o se despierta tarde los domingos, o juega con Ángel, su hermano de 6 años que aún se pregunta por qué, de repente, ya no la vio más. “Ha pasado un año, pero para nosotros esto acaba de suceder. No hemos tenido ni siquiera el tiempo como familia para procesar nuestro duelo”.

Yerlis de Aguirre aún no procesa el duelo, la pérdida de su hija, ¿cómo podría?, cuestiona. “Nadie se prepara para despedirse de un hijo de esa manera. Nos tocó recibir el cuerpo de nuestra hija y llevarlo a la sepultura inmediatamente, este es un daño irreparable para mí familia”. Ángela Aguirre fue violada y asesinada en marzo del 2019, su caso continúa en juicio.

 

Caso Aguirre: siete imputados

Son siete los imputados y privados de libertad por el femicidio de la adolescente de 16 años: Joselyn Barreto, Dayana Nicieza, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, Glauber Zorrilla y José Zorrilla, por los delitos de cómplices necesarios en femicidio y omisión al socorro.

A José Cedeño, primero su amigo y ahora acusado de su asesinato, le fueron imputados los cargos de femicidio agravado, abuso sexual agravado, omisión al socorro y suministro de sustancias. Los imputados están recluidos en los centros penitenciarios Rodeo II y III (los 5 hombres) y en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), las mujeres.

El juicio comenzó en octubre de 2019 en el Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, pero hasta ahora no hay sentencia. Desde entonces, todos los lunes -antes de la cuarentena- un grupo de oenegés y mujeres feministas defensoras de los derechos humanos se plantan para exigir justicia.

La movilización del caso ha costado protestas, inéditas campañas de difusión en redes sociales, una recusación, denuncias, y bastante dolor. Fueron las redes sociales y la indignación de la opinión pública la que posicionó el caso. “El día de la audiencia preliminar, un grupo de mujeres feministas de Caracas estuvo frente al Palacio de Justicia. Todos los lunes hacen eso, les agradezco infinitamente su apoyo”, manifestó Yerlis Aguirre.

El nombre de Ángela Aguirre sobresalió entre los carteles púrpuras que fueron el mejor atavío de una marcha silente emprendida en Guayana para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Una representación de la lucha contra un flagelo social que ha cobrado la vida de muchas mujeres en Guayana, y en todo el territorio nacional.

Luego de cuatro diferimientos de las audiencias en Puerto Ordaz, de que los tribunales en el estado Bolívar se hayan declarado incompetentes y luego de reiteradas dilaciones, el caso lo tomó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y este decidió que la causa la llevaría el Tribunal del Juzgado Primero de Control en materia de Violencia contra la Mujer, donde en julio de 2019 se hizo la audiencia preliminar, y donde continúa el proceso del juicio, en el que se está exponiendo una prueba por semana. La madre de Ángela ha solicitado que pudieran exponerse 2 o 3 pruebas por semana para acelerar el proceso. “Hasta ahora no se han suspendido ninguna de las audiencias desde que el caso llegó a Caracas, el proceso va con toda normalidad”, dijo Yerlis Aguirre.

Lo sucedido

La joven de 16 años desapareció la madrugada del 23 de marzo de 2019 en aguas del río Caroní, en el Club Ítalo Venezolano de Puerto Ordaz. Fue la División Contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) la que inició su búsqueda cuando aún no se había determinado que estaba muerta, -primera irregularidad identificada por el periodista Germán Dam.

Su cuerpo fue hallado 3 días después, el 26 de marzo, flotando en las adyacencias del balneario El Rey. Desde entonces inició el turbio proceso de investigación. La primera autopsia reveló que Ángela Aguirre había muerto por asfixia mecánica por inmersión, y presentaba signos de abuso sexual, pues tenía magulladuras en su cuerpo y lesiones tanto en sus partes íntimas como en sus manos. “Tenemos una foto que tomaron justo cuando hallaron el cuerpo de la niña, se puede ver que está amarrada por los brazos” – argumenta Yerlis Aguirre, con un hilo de voz-, “amarrada con un cable negro en los brazos y donde se puede ver que la tuvieron amarrada hasta el día en que la soltaron”.

Este fue el desenlace funesto de la fiesta de cumpleaños de José Cedeño, a quien le fueron imputados los cargos de femicidio agravado, abuso sexual agravado, omisión al socorro y suministro de sustancias.

Con él son siete los imputados y privados de libertad por el crimen. Todos ellos habían zarpado con Ángela Aguirre, la noche del 22 de marzo en la embarcación La Kaki hacia la isla La Terecaya, del Club Ítalo Venezolano a las 6:00 de la tarde. Todo esto infringiendo las normas náuticas del lugar en las que se estipula que está prohibido el tránsito a esa hora.

“Hubo una gran violencia en lo que le hicieron a ella, estamos luchando para alcanzar justicia por lo que le hicieron a la niña porque sí, hubo violencia, hubo un asesinato”, reiteró su madre.

Iniciaron las averiguaciones, y con estas, las irregularidades y el choque entre versiones. La fiscal designada por el Ministerio Público para investigar los hechos, Emily Hernández, solicitó una segunda autopsia cuyo resultado contradijo -a favor de los detenidos- los resultados de la primera autopsia, esta vez, revelaba que Ángela no había sido violada. Además, solicitó al tribunal que el caso fuese procesado en un tribunal ordinario, desestimando que este fuese un caso de violencia contra la mujer. La abogada defensora de la familia Aguirre, Yamileth Carvajal y la opinión pública, acusaron a la fiscal de corrupción y soborno durante las pesquisas.

Justo antes de la audiencia de presentación, a mediados de abril, se filtró un audio en el que Ángela llorando aseguraba que José Cedeño la había violado. Ese mismo mes también se les dictó privativa de libertad después de cuatro diferimientos. La audiencia preliminar se realizó a mediados de julio de 2019 (4 meses después del hecho).

Por petición de la familia de Ángela, Hernández fue removida del caso. La causa fue tomada por Joselin Mata, fiscal 47 y Renny Amundarain, fiscal 66, ambos nacionales. Y Scarlett Alcalá, fiscal décimo sexto en materia de defensa para la mujer y Danielys Martínez, fiscal décimo tercero en pena ordinaria de víctima, niños, niñas y adolescentes, ambas regionales.

Pero la madre de Ángela desconfía de Amundarain, uno de los fiscales nacionales que lleva la causa. “Amundarain actuó en complicidad con ella (Emily Hernández) para favorecer a estas siete personas acusadas por el femicidio de mi hija. Vimos la manipulación de todos los elementos de prueba, las telas de arañas que han tejido los fiscales”, sostiene.

Los tribunales en el estado Bolívar se declararon incompetentes. El caso lo tomó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y decidió que la causa la llevaría el Tribunal del Juzgado Primero de Control en materia de Violencia contra la Mujer, donde en julio de 2019 se realizó la audiencia preliminar, y donde continúa el proceso del juicio.

Polémica, revictimización y justificación

El caso de Ángela sacudió a la opinión pública y generó polémicas. El homicidio cometido contra ella se diluía ante la sociedad entre los cuestionamientos de la moralidad o prudencia de Ángela, o las acusaciones a sus padres. Para algunos, eran ellos, y no los imputados, los culpables del femicidio: revictimización y justificación del delito. “Como si ellos fueran los padres perfectos, como si tuvieran a sus hijos metidos en una burbuja donde nadie los va a sacar”, reprocha su madre.

“En el fondo el problema no era ese, el problema era que se había cometido un asesinato, que hubo dilación en el proceso, que hubo una transgresión de las normas del debido proceso en varias de las instancias de investigaciones y de juicio, y eso pasó inadvertido por la sociedad y muy pocas personas le hicieron caso frente a la connotación que tenía la dedicación o no de esta persona a actividades de prostitución”, expresó la abogada y experta en violencia basada en género, Eumelis Moya.

Durante el 2019 la tasa de femicidios aumentó en un 18,89%, es decir, hubo 107 mujeres asesinadas por razones de género, en comparación a las 90 que murieron en el 2018, según la plataforma comunicacional Cotejo. Uno de los casos más emblemáticos del 2019 fue el femicidio de esta joven, en el estado Bolívar, entidad en el que se registró un aumento del 57,14% de femicidios para ese año.

El flagelo parece no disminuir: hasta el 22 de enero de 2020 se registraron 14 femicidios en el país, dos de las víctimas eran menores de edad. Todos los casos envueltos en un espiral de violencia desmedida: disparos a traición, quemaduras, apuñalamientos con saña, tortura y ahorcamientos.

En Venezuela hay 21 tipos de violencia contra la mujer tipificados en la ley. El femicidio es la manifestación más extrema. La violencia basada en género es un problema de salud pública que parece no disminuir en el país, la inacción estatal solo refuerza los patrones de violencia y la reincidencia de los mismos.

“No hablamos de cualquier problema, estamos hablando de un flagelo que arroja unas cifras de ocurrencia elevadas y hasta ahora no han logrado implementarse medidas eficaces para su erradicación”, informó Moya.

Para la abogada experta en violencia basada en género, la clave para mitigar este problema de salud pública es la educación, una socialización de información que le permita al colectivo conocer qué es la violencia, qué implica, cómo se previene, ante quién se denuncia o ante quién acudir en caso de que se produzca. “Es la educación el pilar que soporta el proceso de prevención y la no ocurrencia del problema”, destacó.

“Hay que iniciar por explicar qué es el género y su diferencia con el sexo, cómo el género se traduce en roles sociales soportados en estereotipos o preconcepciones que vulneran a la mujer en su condición de tal”, añadió Moya. Solo inculcando este enfoque se podría impedir la cosificación de la mujer y la revictimización. “En la medida de que se entiende que la violencia no es solo la agresión física o verbal o psicológica de la persona, sino que hay acciones pasivas u omisivas incluso que también son violencia, en esa medida se irá minimizando la ocurrencia del problema”, concluyó la abogada.

Mairis Balza, directora de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), resaltó la importancia de que la violencia contra la mujer en todas sus formas no se trate como un tema doméstico, para que no decante en femicidio. “Es un tema de protección y garantía de derechos. Ignorar esta perspectiva deja en el desamparo, desprotección e impunidad a la mujer, frente a la forma más extrema de violencia contra la mujer, reafirmando la concepción machista y patriarcal de las relaciones de poder”.

Además, afirmó que, ante un problema estructural y multifactorial, la respuesta debe ser del mismo modo, es imperativo que “todos los sectores se comprometan en eliminar la tolerancia de la violencia contra las mujeres y en dar mejor apoyo a las mujeres que la experimentan” –y a los familiares de las que murieron producto de ella-.

 

Tribunal ratifica privativa de libertad a imputados por caso Ángela Aguirre

LUEGO DE CASI 12 HORAS, el Tribunal Cuarto de Violencia contra la Mujer del área metropolitana, en audiencia preliminar, ratificó la medida de privativa de libertad en contra de los siete imputados por el caso de Ángela Aguirre, menor de edad asesinada en la Isla La Terecaya de Puerto Ordaz, estado Bolívar.

A través de las redes sociales los padres de Ángela Aguirre aseguraron que el pase a juicio de las siete personas es “tan solo un paso, pero uno muy importante para ver y creer que habrá justicia”.

Ángel Aguirre  padre de la adolescente dijo que todos los cargos fueron admitidos por las autoridades competentes.

 

Los cinco hombres permanecerán recluidos en la cárcel de El Rodeo II y las dos mujeres en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof). Durante la audiencia fueron admitidos los cargos y la acusación en contra de los imputados, el próximo paso es el juicio oral y público.

José Cedeño es imputado por femicidio agravado, violencia sexual y suministro de sustancias a menores de edad; José Zorrilla, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, Glauber Zorrilla, Joselyn Barreto y Dayana Nicieza por omisión al socorro y complicidad en el delito de femicidio.

 

*Con información de TalCual y El Pitazo

#MonitorDeVíctimas | Imputados por asesinato de Ángela Aguirre serán encarcelados en Rodeo II y el INOF
La audiencia preliminar por el caso de la adolescente, de 16 años, fue diferida por petición de la nueva defensa.

Marcos David Valverde/@marcosdavidv

Los siete imputados por el asesinato de la adolescente Ángela Aguirre (cinco hombres y dos mujeres) serán trasladados a las cárceles Rodeo II (Guatire) e Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF, en Los Teques).

La decisión la emitió este miércoles en la tarde el Tribunal Cuarto de Control en materia de Violencia contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas, luego del diferimiento de la audiencia de presentación (por petición de los nuevos abogados defensores de los imputados).

José Alberto Cedeño, de 18 años; José Zorrilla, de 44; Glauder Zorrilla, de 19; Orlando Salazar, de 35; Wilmer Díaz, de 30 años; Joselyn Barreto, de 18, y Dayana Nicieza, de 28 años están detenidos desde el 24 de marzo, un día después de lo que el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, catalogó como homicidio.

Tres meses de dilaciones

Aguirre, estudiante de quinto año de bachillerato y habitante de Los Alacranes, San Félix, desapareció en la noche del sábado 23 de marzo en el río Caroní. Estaba en una lancha junto con los siete detenidos celebrando el cumpleaños de José Alberto Cedeño.

El cadáver flotó tres días después cerca del balneario El Rey. La primera autopsia determinó que hubo lesiones por abuso sexual y que la causa de muerte fue asfixia mecánica por inmersión.

Desde el primer momento, la familia denunció que mediante sobornos el caso se estaba enfriando. Tenían otra razón para pensarlo: la Fiscalía General de la República ordenó una segunda autopsia que contradijo la conclusión de las lesiones por abuso sexual.

La filtración de un audio en el que la adolescente le dice a una amiga que José Alberto Cedeño la violó determinó que se dictara privativa de libertad para los siete imputados.

Los lugares de reclusión dictados entonces fueron el Centro de Coordinación Policial Ramón Eduardo Vizcaíno, en San Félix (para las dos mujeres) y el Internado judicial de Ciudad Bolívar para los hombres. Sin embargo, todos fueron recluidos en el Eje de Homicidios de San Félix del Cicpc.

Los abogados de la familia Aguirre denunciaron esto como un ejemplo de que se estaba favoreciendo a los imputados.

La audiencia de presentación está pautada ahora para el 18 de julio. Este mes, Aguirre estaría graduándose de bachiller en el colegio Palúa, también de San Félix. (Publicado originalmente en Crónica Uno)

Caso Ángela Aguirre: Diferida audiencia para el 18 de julio mientras implicados estarán en el INOF y El Rodeo

PARA ESTE MIÉRCOLES 3 DE JULIO se esperaba la audiencia preliminar de los siete implicados en el femicidio de la adolescente Ángela Aguirre. Sin embargo, la misma fue diferida para el próximo 18 de julio a solicitud de la nueva defensa de los detenidos “para poder conocer del expediente de la causa”, según informa el periodista Germán Dam en su cuenta en Twitter. 

Los abogados de la familia de la joven pidieron al tribunal que los señalados permanecieran privados de libertad en Caracas, por lo tanto se resolvió enviar a los hombres a El Rodeo II y a las mujeres al Instituto Nacional de Orientación Femenina.

 

 

 

Sobre el caso

El sábado en la tarde, Ángela Aguirre contestó el mensaje de un estado de Whatsapp de José Alberto Cedeño, con una sola palabra: “Yo”. La pregunta de Cedeño: “¿Quién para salir al río ya?”.

Los padres de Aguirre la llevaron al Centro Ítalo Venezolano de Guayana (CIVG). Allí se encontró con Cedeño, quien celebraba su cumpleaños 18. Salieron en la lancha La Kaki, después de las 6:00 de la tarde, del puerto del club con rumbo a la isla La Terecaya, en el río Caroní, a pesar de que a esa hora están prohibidas las salidas.

Además de Ángela y de José Alberto, estaban José Zorrilla (de 44 años, tío del cumpleañero), Glauder Zorrilla (19 años), Orlando Salazar (35), Wilmer Díaz (30), Joselyn Barreto (18) y Dayana Nicieza (28).

La lancha regresó a las 2:00 de la mañana al club. Fue entonces cuando dijeron que Ángela se había perdido. Todos fueron detenidos e interrogados. Se contradijeron en varias versiones salvo en una: que se descuidaron para buscarle un trago a la adolescente y que cuando se percataron, había desaparecido.

La primera autopsia realizada al cuerpo de la joven reveló que “fue violada vaginal y anal. Sufrió traumatismo craneoencefálico y facial tras haber sido golpeada con un objeto contuso. Luego, aún viva, fue arrojada al agua”; señaló el periodista Dam.

Una segunda evaluación realizada por el Ministerio Público al cadáver de Ángela Aguirre determinó resultados muy distintos a los ofrecidos por el CICPC.

En el informe se precisó que el cuerpo de la joven estaba boca abajo y por la posición se generó la lividez postmortem (coloración rojiza-amoratada debida a una acumulación de la sangre en esas zonas), rigidez cadavérica y la saponificación (abombamiento del cadáver).

De igual forma las pesquisas determinaron que aún cuando Ángela tenía el chaleco pudo haberse ahogado accidentalmente porque el oleaje de noche es muy fuerte y por lo general estos artículos tienen un tiempo de vida, también que hubo “sexo consensuado” y no una violación.

 

 
TSJ ordena que el caso de Ángela Aguirre se asigne a un tribunal en Caracas

LA SALA DE CASACIÓN PENAL del TSJ dictó una sentencia en la cual se avoca al conocimiento del caso de Ángela Aguirre (16), quien fue asesinada el pasado 23 de marzo en la Isla La Terecaya de Puerto Ordaz, estado Bolívar.

Asimismo, la Sala ordenó sustraer la causa del estado Bolívar y que esta sea asignada a un Tribunal de Control con Competencia en Violencia contra la Mujer en Caracas.

Este mismo 4 de junio, el Ministerio Público presentó acusación para cinco hombres y dos mujeres por su vinculación en el femicidio de Aguirre.

Entre los presuntos responsables figuran José Alberto Cedeño (18), Wilmer Antonio Díaz Urbano (30), José Antonio Zorilla Zorilla (44), Glauber Jesús Zorilla Ríos (19), Orlando Abrahan Salazar Vargas (35), Joselyn Gregoria González Barreto (18) y Dayana Carolina Nicieza Cancio (28).

La tarde del citado día, las ocho personas salieron en una lancha del Club Ítalo de Guayana rumbo a la aludida isla, con el fin de festejar el cumpleaños de Cedeño.

En horas de la noche, el cumpleañero y la menor ingresaron al río Caroní para tomarse fotos y compartir bebidas alcohólicas. Transcurrido el tiempo, ambos se sumergieron en aguas fluviales profundas, hacia la popa de la embarcación.

Labores de investigación, coordinadas por el Ministerio Público, determinaron que el hombre habría obligado a la víctima a permanecer sumergida, lo que le provocó, según el análisis forense, la asfixia mecánica por inmersión.

Tras la desaparición de la adolescente en el agua, el grupo invitado regresó al referido club social.

Tres días después, rescatistas del Comando Fluvial, Protección Civil y la Policía Municipal de Caroní hallaron el cuerpo sin signos vitales de la menor en las adyacencias de la isla; en virtud de ello, notificaron el hecho al eje de homicidios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Puerto Ordaz.

Los implicados en el caso acudieron a la sede del organismo policial en respuesta a una citación recibida el pasado 26 de marzo y allí quedaron aprehendidos.

Las fiscalías 13° y 16° de Puerto Ordaz, así como las 47º y 66º nacionales, acusaron a Cedeño por los delitos de feminicidio agravado y suministro de sustancia nociva, mientras que al resto de los involucrados como cómplices no necesarios del delito de femicidio agravado, así como autores de los tipos penales de suministro de sustancia nociva y omisión de socorro.

En el documento suscrito ante el Tribunal 1º de Control en materia de violencia de Bolívar, el Ministerio Público solicitó la admisión de la acusación y de las pruebas que la sustentan, así como el enjuiciamiento de los indiciados.

Actualmente, todos permanecen recluidos en la sede del Eje de Homicidios del Cicpc en Puerto Ordaz.

Con información del Ministerio Público

#MonitorDeVíctimas | El retardo procesal lleva a la AN a exigir justicia en el caso de Ángela Aguirre
La Subcomisión de la mujer e igualdad de género de la Asamblea Nacional repudió que las “autoridades venezolanas pretendan cambiar y ocultar los hechos” por el caso de la adolescente, asesinada hace exactamente dos meses

 

@marcosdavidv

Este jueves se cumplen dos meses del día en el que la adolescente Ángela Aguirre, de 16 años, fue asesinada durante una fiesta en la isla La Terecaya, en el río Caroní (Puerto Ordaz, estado Bolívar).

Desde entonces hasta acá nada está claro en torno de su muerte. Ha habido dos autopsias, decenas de protestas de sus familiares y amigos y el apresamiento de siete personas (cinco hombres y dos mujeres) que estaban con ella en la noche en la que desapareció, la del sábado 23 de marzo.

Pero nada más. Fue por eso que este miércoles, la Subcomisión de la mujer e igualdad de género de la legítima Asamblea Nacional emitió un acuerdo en el que rechaza las turbiedades que han salpicado el caso y en el que continúa exigiendo justicia.

La subcomisión, que presiden los diputados Manuela Bolívar y Miguel Pizarro, es parte de la Comisión permanente de desarrollo integral social. En el documento explican que desde que el cadáver de la adolescente flotó en el río Caroní el martes 26 de marzo, la justicia venezolana solo ha dado indicios de querer favorecer a los señalados como responsables de la muerte.

“Desde el principio del caso, sus padres han reportado una serie de irregularidades donde la justicia del Estado violento y patriarcal trata de invisibilizar el crimen. El caso se ha visto enredado en una serie de de soborno, cambio de fiscales y encubrimiento”.

También detalla que hubo una segunda autopsia con la que se pretendió cambiar los resultados de la primera, en la que se determinó que la muchacha, habitante de San Félix y estudiante de quinto año de bachillerato, había sido violada. El resultado del segundo examen habla de “muerte accidental”.

Protesta permanente

Al día siguiente de la desaparición de Aguirre, las siete personas involucradas (incluyendo a José Alberto Cedeño, de 18 años, a quien en un mensaje de voz que grabó antes de morir, Aguirre acusó de haberla violado) fueron detenidas. Los familiares y amigos de la víctima han denunciado que hubo pagos de sobornos a fiscales y a autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas (Cicpc) para favorecer a los responsables. De esa denuncia también es eco el documento de la AN.

“Rechazamos la pretensiones, por parte de las autoridades, de cambiar y ocultar los hechos del asesinato y exigimos justicia para Ángela Aguirre y para su familia”, apunta.

La semana pasada, la abogada de la familia Aguirre refirió que los siete detenidos tenían privilegios en el lugar en el que están: el Eje de Homicidios del Cicpc en San Félix. La familia continúa protestando para que haya justicia, una manifestación que ha acompañado la sociedad guayanesa.

 

 

 


 

Tribunal dicta privativa de libertad a detenidos por el caso de Ángela Aguirre

PRIVATIVA DE LIBERTAD FUE LA MEDIDA DICTADA EN CONTRA de los siete detenidos por el caso de Ángela Aguirre, menor de edad desaparecida en la isla La Terecaya y cuyo cuerpo fue encontrado tres días después en el balneario El Rey del río Caroní. La disposición fue tomada por el Tribunal Primero de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Violencia contra la Mujer del estado Bolívar.

José Cedeño (18 años) fue imputado por femicidio, abuso sexual, suministro de sustancias y omisión al socorro. Mientras que José Zorrilla, Glauder Zorrilla, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, Joselyn Barreto y Dayana Nicieza, por complicidad necesaria para el delito de femicidio y omisión al socorro.

Como sitio de reclusión para las mujeres fue fijado el Centro de Coordinación Policial Vizcaíno en San Félix, y para los hombres, la cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar; sin embargo, fuentes del Ministerio Público aseguraron que la defensa alegó que “corrían peligro” y serán recluidos por unos días en las celdas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

La audiencia de presentación, que fue diferida cuatro veces, culminó a la 1:40 a.m, después de 10 horas. Durante la jornada, “los imputados se reían durante la audiencia”, comentó la fuente.

 

Apoyo a familiares

Mientras transcurría el acto judicial, algunos familiares, allegados, amigos y miembros de ONG estuvieron en las afueras del Palacio de Justicia de Puerto Ordaz para manifestar su apoyo y exigir justicia para Ángela.

La ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) leyó un documento, suscrito por 62 organizaciones y más de 200 personas, en el que exigieron una investigación imparcial y libre de sesgos y estereotipos de género y que atendieran los protocolos de derechos de las mujeres.

“Notamos con preocupación con este caso que el tema de la investigación inferencial y el cumplimiento de la debida diligencia no ha sido puesto en práctica por los órganos del Estado. Por eso quisimos venir a apoyar, quisimos venir a brindar solidaridad con familiares”, indicó Jackeline Fernández, miembro de Codehciu.

Explicó que el Estado está en la obligación de investigar antecedentes en el caso para determinar si hubo femicidio, vulnerabilidades propias de la víctima y determinar cualquier circunstancia.

“Dentro de la ley, cuando hay violencia sexual previa, el femicidio es calificado como femicidio agravado. Entendemos y respetamos de la misma manera los derechos de los presuntos responsables, lo cual quiere decir que el respeto por el proceso penal debe darse a ambas partes”, aclaró Fernández.

#MonitorDeVíctimas. Una red de sobornos ha dilatado la justicia en el caso de Ángela Aguirre
Luego de tres semanas de lo que fue tildado por el director del Cicpc como un homicidio, la audiencia de presentación de los siete detenidos por el caso ha sido diferida cuatro veces. Mientras, la sociedad guayanesa sigue exigiendo justicia.

 

@marcosdavidv / FOTO CORTESÍA ÁNGEL AGUIRRE

MILES DE TUITS, CIENTOS DE DENUNCIAS, siete detenidos, cuatro postergaciones de las audiencias de presentación, tres semanas, dos autopsias y un caso sobre el que la justicia venezolana no ha dado respuestas, el del homicidio de la adolescente Ángela Aguirre.

Cada semana transcurrida sin que haya respuestas ha sido, al mismo tiempo, el incremento de las manifestaciones de indignación y de repudio a lo que ya es visto como un cangrejo.

Esta segunda semana de abril dejó tres novedades en torno del homicidio (el 23 de marzo en el río Caroní, estado Bolívar) de la adolescente de 16 años, estudiante de quinto año de bachillerato del colegio Palúa, en San Félix, y habitante de la urbanización Los Alacranes, de esa misma ciudad.

La primera fue que Yamileth Carvajal, abogada de la familia de la víctima, solicitó la recusación de Emily Hernández como fiscal del caso “porque hay mucha manipulación. ¿Tiene que haber dinero para que haya justicia?”.

La segunda fue la difusión de un audio que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) encontró en el teléfono celular de la víctima. En ella, Ángela Aguirre dice, llorando: “José Alberto me dejó desnuda… José Alberto me violó, marica”.

 

Devaneos

El sábado 23 de marzo de 2019, los padres de Ángela Aguirre la llevaron al Club Ítalo Venezolano de Guayana para que celebrara el cumpleaños 18 de un amigo: José Alberto Cedeño.

Junto con ellos estaban José Zorrilla (de 44 años), Glauder Zorrilla (19), Orlando Salazar (35), Wilmer Díaz (30), Joselyn Barreto (18) y Dayana Nicieza (28). Todos salieron a bordo de la lancha La Kaki, con rumbo a la isla La Terecaya, en el río Caroní. Regresaron al club antes de las 2:00 am. Todos menos Ángela.

Al día siguiente comenzó la búsqueda de la adolescente y los siete acompañantes fueron detenidos. Al cadáver lo encontraron el martes 26 de marzo, flotando cerca del balneario El Rey, en Puerto Ordaz. Esa misma noche, el director nacional de Cicpc, Douglas Rico, informó sobre el caso y lo calificó como homicidio.

Hubo dos autopsias. En el informe de la primera se determinó que el cadáver tenía golpes y signos de abusos sexuales. En la segunda, que la muerte había producida por asfixia mecánica.

El viernes 29, Douglas Rico declaró que las investigaciones continuaban y ordenó que el cadáver no fuese enterrado. Aunque entonces no utilizó el término homicidio sino, simplemente, muerte.

 

Causa común

La contradicción entre las dos autopsias levantó la indignación en Caroní. ¿Cómo un primer informe decía que hubo homicidio y el segundo, muerte accidental?

La sociedad guayanesa protestó. Las concentraciones en frente del Palacio de Justicia se volvieron frecuentes y las críticas se enfilaron hacia Emily Hernández, fiscal encargada del caso, a quien acusaron de haber recibido sobornos para favorecer a los detenidos. Por eso la familia de la víctima, con ayuda de la abogada Carvajal, decidió recusar.

“Una vez que es encontrada la menor muerta, violada y torturada hubo evidencias de que pegaron y dejaron fracturas en su cráneo. ¿Cómo es posible que la fiscal Emily Hernández, que tiene que llevar la investigación, le va a decir a los padres que se callen y que la niña no fue violada? La niña tuvo violación. ¿Cómo es posible que en la segunda autopsia dice que la muerte fue por asfixia?”, explicó después de solicitar la recusación y de corroborar que, según la información que maneja, en el caso hubo pagos en dólares y en oro.

Organizaciones y sociedad civil siguieron exigiendo justicia. “Recordamos la obligación que tiene el Estado venezolano de prevenir, investigar y castigar violencia sexual y el feminicidio, ambos delitos tipificados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, expuso en un comunicado la Red Naranja de Mujeres.

Manuela Bolívar, diputada de la legítima Asamblea Nacional, anunció este viernes, 12 de abril, que “desde la Subcomisión de Mujer e Igualdad de Género expresamos nuestras condolencias con la familia de Ángela Aguirre. Nuevamente, los derechos humanos de la mujer venezolana son violados. El caso de Ángela Aguirre es un feminicidio. No podrán cambiar la versión. Es urgente una investigación imparcial que atienda los estándares internacionales de protección de derechos de la mujer como el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género”.

Ángel Aguirre, papá de la víctima, también acusó a la fiscal de querer ocultar el crimen y de liberar a los culpables. En medio de la hojarasca, en la tarde del viernes, el caso pareció tomar un cariz diferente con la tercera novedad de la semana: la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia decidió que los siete detenidos serán imputados en el Tribunal primero de control con competencia en violencia contra la Mujer de la región.

Eso último significa que la tesis del homicidio no está desestimada y que, luego de las enmarañadas torceduras, el caso podría esclarecerse prontamente, mientras una sociedad en la que resuena el llanto acusatorio del audio de la víctima, clama que los culpables paguen sus culpas con una voz que es ahora común: Justicia para Ángela.

 

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