Luego de tres semanas de lo que fue tildado por el director del Cicpc como un homicidio, la audiencia de presentación de los siete detenidos por el caso ha sido diferida cuatro veces. Mientras, la sociedad guayanesa sigue exigiendo justicia.
@marcosdavidv / FOTO CORTESÍA ÁNGEL AGUIRRE
MILES DE TUITS, CIENTOS DE DENUNCIAS, siete detenidos, cuatro postergaciones de las audiencias de presentación, tres semanas, dos autopsias y un caso sobre el que la justicia venezolana no ha dado respuestas, el del homicidio de la adolescente Ángela Aguirre.
Cada semana transcurrida sin que haya respuestas ha sido, al mismo tiempo, el incremento de las manifestaciones de indignación y de repudio a lo que ya es visto como un cangrejo.
Esta segunda semana de abril dejó tres novedades en torno del homicidio (el 23 de marzo en el río Caroní, estado Bolívar) de la adolescente de 16 años, estudiante de quinto año de bachillerato del colegio Palúa, en San Félix, y habitante de la urbanización Los Alacranes, de esa misma ciudad.
La primera fue que Yamileth Carvajal, abogada de la familia de la víctima, solicitó la recusación de Emily Hernández como fiscal del caso “porque hay mucha manipulación. ¿Tiene que haber dinero para que haya justicia?”.
La segunda fue la difusión de un audio que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) encontró en el teléfono celular de la víctima. En ella, Ángela Aguirre dice, llorando: “José Alberto me dejó desnuda… José Alberto me violó, marica”.
Devaneos
El sábado 23 de marzo de 2019, los padres de Ángela Aguirre la llevaron al Club Ítalo Venezolano de Guayana para que celebrara el cumpleaños 18 de un amigo: José Alberto Cedeño.
Junto con ellos estaban José Zorrilla (de 44 años), Glauder Zorrilla (19), Orlando Salazar (35), Wilmer Díaz (30), Joselyn Barreto (18) y Dayana Nicieza (28). Todos salieron a bordo de la lancha La Kaki, con rumbo a la isla La Terecaya, en el río Caroní. Regresaron al club antes de las 2:00 am. Todos menos Ángela.
Al día siguiente comenzó la búsqueda de la adolescente y los siete acompañantes fueron detenidos. Al cadáver lo encontraron el martes 26 de marzo, flotando cerca del balneario El Rey, en Puerto Ordaz. Esa misma noche, el director nacional de Cicpc, Douglas Rico, informó sobre el caso y lo calificó como homicidio.
Hubo dos autopsias. En el informe de la primera se determinó que el cadáver tenía golpes y signos de abusos sexuales. En la segunda, que la muerte había producida por asfixia mecánica.
El viernes 29, Douglas Rico declaró que las investigaciones continuaban y ordenó que el cadáver no fuese enterrado. Aunque entonces no utilizó el término homicidio sino, simplemente, muerte.
Causa común
La contradicción entre las dos autopsias levantó la indignación en Caroní. ¿Cómo un primer informe decía que hubo homicidio y el segundo, muerte accidental?
La sociedad guayanesa protestó. Las concentraciones en frente del Palacio de Justicia se volvieron frecuentes y las críticas se enfilaron hacia Emily Hernández, fiscal encargada del caso, a quien acusaron de haber recibido sobornos para favorecer a los detenidos. Por eso la familia de la víctima, con ayuda de la abogada Carvajal, decidió recusar.
“Una vez que es encontrada la menor muerta, violada y torturada hubo evidencias de que pegaron y dejaron fracturas en su cráneo. ¿Cómo es posible que la fiscal Emily Hernández, que tiene que llevar la investigación, le va a decir a los padres que se callen y que la niña no fue violada? La niña tuvo violación. ¿Cómo es posible que en la segunda autopsia dice que la muerte fue por asfixia?”, explicó después de solicitar la recusación y de corroborar que, según la información que maneja, en el caso hubo pagos en dólares y en oro.
Organizaciones y sociedad civil siguieron exigiendo justicia. “Recordamos la obligación que tiene el Estado venezolano de prevenir, investigar y castigar violencia sexual y el feminicidio, ambos delitos tipificados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, expuso en un comunicado la Red Naranja de Mujeres.
Manuela Bolívar, diputada de la legítima Asamblea Nacional, anunció este viernes, 12 de abril, que “desde la Subcomisión de Mujer e Igualdad de Género expresamos nuestras condolencias con la familia de Ángela Aguirre. Nuevamente, los derechos humanos de la mujer venezolana son violados. El caso de Ángela Aguirre es un feminicidio. No podrán cambiar la versión. Es urgente una investigación imparcial que atienda los estándares internacionales de protección de derechos de la mujer como el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género”.
Ángel Aguirre, papá de la víctima, también acusó a la fiscal de querer ocultar el crimen y de liberar a los culpables. En medio de la hojarasca, en la tarde del viernes, el caso pareció tomar un cariz diferente con la tercera novedad de la semana: la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia decidió que los siete detenidos serán imputados en el Tribunal primero de control con competencia en violencia contra la Mujer de la región.
Eso último significa que la tesis del homicidio no está desestimada y que, luego de las enmarañadas torceduras, el caso podría esclarecerse prontamente, mientras una sociedad en la que resuena el llanto acusatorio del audio de la víctima, clama que los culpables paguen sus culpas con una voz que es ahora común: Justicia para Ángela.
