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Ciclismo en el Ávila: una amenaza al patrimonio natural con aprobación de Inparques
Las bicicletas en el  Waraira Repano están prohibidas con justificación: degradan y deterioran el Parque Nacional, sostienen los ambientalistas. A pesar de ello, Enduro Series Venezuela se encargó de organizar una competencia que contaría con la participación de 150 ciclistas y la aprobación Inparques. ¿Qué intereses hay detrás de la competencia prohibida?

María Josefa Maya y Valeria Pedicini

La carrera de bicicletas montañeras que se realizaría en el Parque Nacional Waraira Repano (El Ávila) a mediados de marzo de 2021 se tropieza con varias contradicciones.

No solo se trata de un evento deportivo que subvierte el reglamento que rige al monumento natural sino que también cuenta con la aprobación de las autoridades de Inparques, organismo oficialmente encargado de velar por el cumplimiento de la normativa y proteger a la montaña que identifica a Caracas. 

En el camino, el organismo ha aprovechado la competencia para agilizar las discusiones para modificar el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional El Ávila (PORU), saltándose procedimientos contemplados en la ley y con la evidente intención de permitir a los ciclistas en la zona sin importar el daño que su existencia causen en la naturaleza. 

*La carrera ciclística fue organizada por una empresa privada, cuyos propietarios reconocen la ilegalidad del uso de las bicicletas en la montaña caraqueña pero defienden su formalización para dejar de prestar servicio a unos pocos y convertirse en un bien común, alegan. Se trata de una compañía con un nombre de pasado dudoso: fue fundada por un empresario prófugo de la justicia venezolana imputado por corrupción, un militar del Ejército contratista del Estado y un comerciante de insumos médicos.

¿Qué se pretendía hacer? 

Una carrera de bicicletas de montaña, organizada por Enduro Series Venezuela, pretendía poner a competir en la primera válida a 150 ciclistas por más de cuatro horas en 20 kilómetros de recorrido en el Parque Nacional Waraira Repano el viernes 19 de marzo de 2021. Serviría como clasificatorio para participar en el mundial de Enduro World Series (EWS)

Las inscripciones de 80 dólares se agotaron días antes de la competencia, mientras que una decena de patrocinantes como Scott Venezuela, Pedal Power, Redbull, Gatorade y Alimentos Mary adornaban los afiches de promoción del evento.

A ninguno parecía importarle que las bicicletas están prohibidas en El Ávila.

Según el decreto 276 del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y el artículo 28.b numeral 9 del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional El Ávila (PORU), el uso de bicicletas no está permitido en el Waraira Repano. La medida está respaldada por la resolución N.° 00012 del 4 de marzo de 2011 del Ministerio del Ambiente que prohibió la actividad en parques nacionales y monumentos naturales.

Ecologistas denunciaron que todo un sendero fue ampliado para la carrera y se crearon plataformas cerca del Hotel Humboldt. Raíces, árboles, y cualquier elemento del entorno que fuese obstáculo fue eliminado. 

 
 
 
 
 
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Aunque la carrera fue pospuesta, nadie sabe hasta cuándo, la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, el Observatorio de Ecología Política y grupos ecológicos como Café Naiguatá y Acampar Ávila señalaron que los ciclistas siguen rodando en el parque nacional a sus anchas con conocimiento de todos, incluso de las autoridades. 

En El Ávila es la cosa

Un mapa del Ávila decora una de las paredes de la tienda Scott Venezuela, ubicada en Las Mercedes, Caracas. En él están identificadas las zonas más emblemáticas de la montaña: Papelón, Refugio Matamoros, Pajarito, Piedra El Indio, Cachimbo, No te apures. Pero lo que más resalta del dibujo son las figuras de objetos que corresponden a la naturaleza del lugar: pequeñas bicicletas en una montaña en la que, en teoría, están prohibidas. 

Los dueños del negocio están al tanto de esta prohibición, pero eso no les ha impedido subir al Ávila en bicicleta cientos de veces desde hace un par de años. No solo lo han hecho como deportistas, sino que desde hace un tiempo promueven que cambie la ordenanza para que las competencias de ciclismo de montaña resulten beneficiadas.   

La carrera de ciclismo en el Ávila pospuesta fue planeada por Enduro Series Venezuela (ESV). Su portal web señala que es una organización con siete años de experiencia que se encarga de llevar a cabo una serie de carreras de montaña en modalidad de Enduro que sirven de trampolín para participar en el Mundial de Enduro. 

Enduro Series Venezuela y Scott Venezuela tienen algo en común: el mismo dueño, Sergio Martínez, quien también tiene una empresa más a su nombre: Pedal Power. 

La historia del nombre Pedal Power tiene como inicio el año 2005, cuando Francisco José Blasini, Juan Alberto Guerrero Martín y Nerni Johan Gamez Laya registraron la empresa Pedal Power C.A. La crearon con el objetivo de realizar la compra y venta al detal y mayor, importación y exportación de artículos deportivos, bienes y mercancía, según indica su expediente de registro mercantil.

Blasini es el accionista mayoritario con 3.400 acciones, equivalentes a 3.400.000 bolívares. Mientras que Gamez y Guerrero poseen 3.300 acciones cada uno, equivalentes a 3.300.000 bolívares. 

 
 
 
 
 
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Además de Pedal Power C.A, otras cuatro empresas están registradas bajo el nombre de Francisco Blasini: Chocodreamer Limited, Terre Primitive LTD, Montelmo Holding LTD, Droguería Corporación Medicatel C.A. 

Pero el empresario parece distar del espíritu deportivo: es un prófugo de la justicia venezolana. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó el 21 de diciembre la solicitud de extradición a Italia del venezolano Francisco José Blasini De Velazco, acusado de varios delitos relacionados con presunta corrupción en Petromonagas, una de las empresas mixtas que forman parte de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El caso que involucra a Blasini se basa en investigaciones hechas por el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades con la empresa Mabca 2001 C.A. Esta empresa estaba representada, entre otros, por Blasini y formó parte del proceso licitatorio efectuado bajo la modalidad de contratación directa relacionado con una adquisición de cabezales integrales de producción para la campaña de pozos nueva generación 2016 del Centro Operativo Petromonagas.

El segundo socio de Pedal Power C.A es el teniente coronel de la Fuerza Armada Bolivariana Juan Alberto Guerrero Martín, quien fue  director general de Administración y Finanzas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en 2007 y contratista del Estado. 

Guerrero es el vicepresidente de Inversiones GVE C.A que tiene como objeto principal la compra-venta, importación, exportación, elaboración, comercialización e inversión, planificación, supervisión de todo lo relacionado con la industria de la construcción y metalúrgicas. El estudio y construcción de obras civiles, eléctricas, mecánicas, metalúrgicas, sanitarias e hidráulicas, movimientos de tierra, carreteras, acueductos, puentes, vialidad, aceras, brocales, cloacas, parques, jardines, canchas, piscinas, urbanismos y viviendas. Esta empresa debe participar en el fondo social de PDVSA.

Nerni Gamez Laya es el tercer socio de Pedal Power C.A, quien  forma parte de la empresa Suministros Brío, C.A, una compañía de ingenieros consultores en Caracas que tiene como objeto la compra y venta, al mayor y al detal, de productos de computación y artículos de oficina en general. 

En el Registro Mercantil aparece otra empresa con similar nombre: Pedal Power Import C.A, creada en 2013 por Sergio Martinez y a Ricardo Rojas Rivero. Fue registrada con un capital de 200 mil bolívares y 20 mil acciones. Según Martínez, esta compañía fue disuelta en 2018. “En un momento importamos bicicletas. La cerramos hace como tres o cuatro años. No tiene que ver nada con Enduro Series. Enduro Series es una empresa que funciona por sí sola”, señaló. 

¿Cuál es la relación de Pedal Power C.A con la carrera del Ávila? Martínez señaló a Runrun.es que él compró la marca de Pedal Power «a sus antiguos dueños» a Blasini  y pasó a convertirse en Pedal Power Group. El portal web señala que es una empresa que se dedica a la importación y ventas al mayor de bicicletas, repuestos y accesorios relacionados con el ciclismo desde 2007. Además son los distribuidores exclusivos de la marca Scott en Venezuela. 

Documentos del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) indican que no existe ninguna marca en Venezuela registrada bajo el nombre de Pedal Power. Tampoco se encontró una marca registrada bajo el nombre de “Enduro Series Venezuela”. 

Martínez aseguró desconocer que los dueños originales de la empresa que lleva el nombre de Pedal Power, «la marca» que compró, eran Blasini, Guerrero y Gamez. 

Sin embargo, el número telefónico de contacto que aparece en el portal web de la carrera de Enduro Series Venezuela es el mismo de la tienda de bicicletas Scott Venezuela, ubicada en Las Mercedes. Y el RIF que muestra la puerta del local comercial pertenece a la empresa de Blasini y compañía.

Desde el 18 de mayo de 2021, pocos minutos después de que Runrun.es conversara con Martínez, no se puede acceder al portal de Enduro Series Venezuela, www.enduroseriesvenezuela.com. Hasta el momento de publicación de este trabajo, la página web continúa fuera de línea. 

Rodar más allá del asfalto

La presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, Vilisa Morón, indicó que el ciclismo montañero se caracteriza por ser una actividad que requiere rutas de variada dificultad para que sean atractivas a los usuarios. Algunos ciclistas prefieren transitar por senderos ya demarcados, anchos y cómodos para disfrutar del paisaje y del aire libre. Otros buscan nuevos caminos con mayor inclinación y curvas de ángulos cerrados para mayor desafío. 

Sin embargo, estos nuevos caminos no se encuentran en cualquier montaña. En ciertos casos, ni siquiera existen tales rutas. Morón señaló que los ciclistas arman rutas y no necesariamente es un ingeniero quien las diseña. 

“Las rutas deberían ser trazadas por un especialista para que cuente con la inclinación adecuada y los ángulos correctos en las curvas”, indicó Morón. 

Un factor importante al momento de crear estas rutas, es tener en cuenta que este deporte no puede realizarse en cualquier espacio por el impacto que puede causar en el terreno. Uno de estos lugares es el símbolo de la capital de Venezuela, el Parque Nacional Waraira Repano, mejor conocido como “El Ávila”. Es la referencia principal de la ciudad de Caracas y fue decretado Parque Nacional el 12 de diciembre de 1958. Cuenta con una superficie inicial de 66.192 hectáreas que en 1974 fue ampliada a 81.900 hectáreas.  Está ubicado en la zona central de la Cordillera de la Costa, al norte de Venezuela, y comprende el área montañosa entre el Mar Caribe y los valles de Caracas, Guatire, Guarenas y Barlovento. 

A pesar de que las áreas naturales protegidas de Venezuela abarcan cerca de 34,45% del territorio, según la Dirección de Áreas Naturales Protegidas (Anapro), la insistencia de hacer la carrera de bicicletas en el parque nacional no cesa. El Ávila como el verdadero trofeo de la competencia. “El Ávila es el escenario ideal para este evento de calidad mundial. Es el mejor lugar para hacerlo por muchas razones”, expresó Martínez.

Doblemente ilegal

El PORU señala que la circulación de bicicletas es una actividad prohibida en El Ávila. A pesar de ello, la idea de una carrera ciclista en el ícono caraqueño no es nueva: Enduro Series ha organizado dos carreras de ciclismo en este espacio. Una de ellas se llevó a cabo en 2019, otra estaba programada para 2021, pero fue suspendida hasta nuevo aviso debido a la pandemia de COVID-19. Ambas han contado con la aprobación del ente rector, Inparques, adscrito al Ministerio de Ecosocialismo.

 
 
 
 
 
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En 2019, la competencia contó con 100 atletas y abarcó 14 kilómetros del parque nacional. Fue la segunda válida de una serie de carreras por todo el país. 

Martínez aseguró que Enduro Series sí obtuvo la autorización  para realizar la carrera, en la espera de la modificación del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso. “El permiso se otorgó por una vía de excepción. No se ha violentado ninguna ley”, dijo. 

La autorización otorgada por Inparques para realizar la carrera fue solicitada a Martínez. Hasta el momento de publicación de este trabajo, no se ha recibido el documento solicitado. 

Sin embargo, Edgar Yerena, biólogo de la Universidad Simón Bolívar (USB) sostiene que el problema es que la vía de excepción no se otorga por cualquier cosa. «Desde el punto de vista legal jurídico, se tiene que justificar que se va saltar una norma. Los PORU existen para que nadie se salte la norma. Para que todo esté en blanco y negro y el administrador, en este caso Inparques, no haga mas que simplemente verificar, chequeando el reglamento, si lo que están pidiendo se puede o no se puede”, indicó.

Yerena explicó que para otorgar un permiso por una vía de excepción, se amerita que sea algo extraordinariamente importante para la sociedad. El experto agrega que este tipo de competencia deportiva no tiene ningún interés general y que bien puede realizarse en cualquier otro lugar que no sea un parque nacional. “Hay alternativas, y si hay alternativas, no se justifica la vía de excepción”, reiteró.

La polémica sobre aquella competencia subió de volumen luego de que el logo de Inparques apareciera en la publicidad del evento entre los patrocinantes, respaldando la competencia. 

Desde ese momento se activaron las alarmas de ambientalistas y defensores del parque, quienes rechazaban y buscaban ser escuchados para lograr la cancelación del evento. 

José Gregorio Matute y Marlene Sifontes, secretarios del Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos de Inparques (Sunep-Inparques), entregaron una carta dirigida al presidente de la institución Josué Lorca Vega expresándole que la carrera no podía celebrarse. 

Contra todo pronóstico, la carrera de bicicletas de montaña fue pospuesta para el 19 de octubre de ese año y se llevó a cabo. Inparques no emitió palabra alguna al respecto. La empresa organizadora amarró cintas a los árboles para identificar la ruta, colocaron un puente colgante para las bicicletas, pusieron vallas publicitarias, vendieron bebidas alcohólicas en el monumento Boyacá, en la autopista Cota Mil que bordea la montaña y hasta subieron camionetas 4×4 hacia los senderos para recoger las bicicletas que se habían accidentado. Guardaparques y personal de Inparques estaban a lo largo de toda la ruta, resguardando la carrera. 

Trabajadores de Sunep-Inparques recogieron las pruebas de la realización de la carrera y fueron hasta el Ministerio Público en octubre de 2019 para hacer la solicitud de una medida cautelar para la suspensión de las carreras ciclísticas en el Waraira Repano por la violación continuada y sistemática del PORU. Asimismo, pidieron al entonces ministro de Ecosocialismo Oswaldo Barrera la destitución de Lorca Vega. 

«Ha habido denegación de justicia porque hasta la fecha no han recibido respuesta de la Fiscalía», indicó Sifontes.

La respuesta de Inparques en ese momento fue anunciar que se retomarían las discusiones para la revisión y actualización del PORU. La promesa fue que para la cuarta reunión presentarían el diagnóstico del parque nacional, pero eso no pasó. Durante dos años no se volvieron a hacer reuniones para la discusión del PORU, hasta abril de 2021 cuando se anuncia la segunda carrera de Enduro Series.. 

El diagnóstico es el estudio y uno de los requisitos técnicos que permite conocer las condiciones del sitio contemplado en la la Constitución de Venezuela y en la Ley Orgánica de la Administración Pública. 

En un documento realizado por Elides Sulbarán,  ingeniero forestal con maestría en Ordenación y Territorio y profesor ad honorem de la Universidad de los Andes, sobre las consideraciones para la modificación del reglamento explica que “someter a consulta el proyecto de PORU o su revisión y actualización, previa información de sus contenidos, en un proceso amplio de participación ciudadana, es un derecho constitucional que debe exigirse y defenderse”. En la consulta se deben dar las facilidades, garantías y oportunidades para que los ciudadanos puedan analizar, discutir y proponer ideas, las cuales deben ser consideradas y aprobadas si son viables técnica, social y legalmente. 

“La consulta no es el simple cumplimiento de un requisito, de una formalidad o concesión; es la garantía de que el documento resultante goce de viabilidad en todos los sentidos”. 

El experto plantea que la revisión y actualización del PORU sea un proceso planificado, ordenado en una programación de acciones, a cargo de un equipo técnico. Pero se desconoce en qué fases o estructuración del proceso, quiénes lo integran y cuántas mesas de trabajo lo integran.

Asimismo, una vez elaborado el documento se someterá a consulta pública para garantizar el derecho de participación de las personas. Sin diagnóstico y consulta pública no habrá modificaciones.

Denuncias de asistentes a las discusiones de modificación del PORU señalaron que las autoridades no consultaron sobre el diagnóstico -que no fue presentado- sino que se limitaron a informar que la reforma del reglamento va, justificando que los ciclistas hacen vida en el parque nacional desde hace muchos años, a pesar. Incluso, en esas reuniones, Inparques presentó una serie de rutas propuestas para los ciclistas en horario comprendido entre 6:00 a.m. y 9:00 a.m.

Cárcavas, erosión y pequeños deslaves

Las bicicletas en el Waraira Repano están prohibidas con justificación, rezan los expertos: degradan y deterioran el Parque Nacional. 

“Sostenemos que el impacto que genera la bicicleta es muy bajo en comparación al que generan los senderistas”, reiteró Martínez.

Sin embargo, Vilisa Morón contrasta esta defensa con la siguiente explicación: a medida que las bicicletas ruedan sobre la montaña se compacta el suelo, y por ende, se generan deslizamientos de tierra, que ocasionan que se formen muchas cárcavas en esos caminos. Con el tiempo y uso, esas grietas se profundizan cada vez más si no se realiza el mantenimiento adecuado a las rutas destinadas para el ciclismo. 

La también bióloga indicó que si se quita la cobertura vegetal, queda expuesto el suelo y con la lluvia, es más fácil que el agua corra por donde no hay vegetación, es decir, por el camino de los ciclistas en este caso. “Cuando se ven las rutas de ciclistas, uno se da cuenta que no hay ese mantenimiento requerido”, dijo. 

“El ciclista está acostumbrado a la adrenalina de la montaña pero no a la responsabilidad que implica mantener esa ruta de ciclista. Ese es el comportamiento usual, no de todos pero, de la mayoría de los ciclistas”, expresó Morón. 

La bióloga reiteró que el agua no va a correr uniforme, si no por donde fluya más rápido “lo que va generando cárcavas y con el pasar de las bicicletas por el camino, se profundizan. En el cerro El Volcán (el pico más alto del municipio El Hatillo) se puede evidenciar. Hay zonas donde es difícil caminar porque están estas grietas abiertas y profundas”, dijo. 

“Hay procedimientos ingenieriles donde se puede disminuir la velocidad con la que se generan estas grietas. Eso le da más vida útil a la ruta y evita que los ciclistas tengan que irse a otro lugar porque las cárcavas no les permite rodar”, reiteró Morón.

La Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) también alerta sobre estos daños a los ecosistemas. En un comunicado explica que la práctica de ciclismo y el uso de bicicletas de montaña dentro del Parque Nacional Waraira Repano debe estar terminantemente prohibida.

Señalan que el uso de bicicletas con fines recreacionales, deportivos o de competencia, es incompatible con el sentido, razón de ser y concepto de un parque nacional.

“El ciclismo de montaña, MBK o MTB, como también se le conoce, es una actividad elitista que sólo puede ser practicada por personas que tienen un relativamente alto poder adquisitivo. Es excluyente de los peatones, excursionistas y observadores de aves, por ser ruidosa, por perturbar la experiencia natural a las que estos últimos tienen el mejor derecho, y por ser además un riesgo a la seguridad por los consabidos sobresaltos y accidentes por atropellamiento que con frecuencia ocurren en senderos donde ambos concurren”, reza el comunicado. 

A pesar de que Martínez aseguró que El Ávila es el único lugar idóneo para la práctica del Enduro, por tener descensos largos, los científicos consultados señalaron que el impacto que causaría el ciclismo en un área protegida como El Ávila no es menor: erosión el suelo, amplía el ancho de los senderos, se multiplican las picas bicicleteras, produce efecto “capas de cebolla” (surcos profundos), aleja a la fauna, genera barreras físicas, deteriora el paisaje, genera pasivos nunca pagados a la gestión del parque nacional, atrae delincuencia e impide el disfrute de los caminantes. 

Las especies silvestres también son afectadas

Además de causar cierto impacto sobre el suelo y la vegetación, la práctica del ciclismo en el Parque Nacional El Ávila también afecta a especies silvestres de la zona. Lapas, picures, roedores y felinos pequeños, como cunaguaros, son algunas de las especies presentes en el Parque Nacional. 

Especies Ávila de Runrunes

Un permiso que no es válido

El 16 de marzo de 2021, tres días antes de la competencia, Enduro Series Venezuela pospuso el evento. Alegaron que se apegaban a la semana de cuarentena radical por el coronavirus, decretada por Nicolás Maduro.

La cuenta de Instagram de Enduro Series Venezuela borró todas las publicaciones en las que aparecían los logos de los patrocinantes. Algunas de las marcas indicaron que el logo fue usado sin permiso, como Gatorade y Hammer. Alimentos Mary  respondió a un usuario de Instagram que la marca no respaldará ninguna actividad que afecte al ambiente. Por lo que decidieron revisar de nuevo la permisología presentada por el organizador de la carrera. 

Enduro Series Venezuela publicó un comunicado el 19 de marzo, día en el que se haría la carrera, que en 2019 realizaron una carrera en el Waraira Repano porque contaban con el permiso de Inparques. “Hecho que fue posible por la presentación antes y después del evento de estudios e informes que demostraron el máximo cuidado y ninguna alteración natural de este Parque Nacional”. Según señalan en la publicación, para la competencia de 2021 también tenían “permiso oficial”.

Desde Sunep-Inparques asistieron a principios de marzo de 2021 al despacho de Tarek William Saab para consignar «prueba útil y pertinente» para establecer responsabilidad penal sobre los ilícitos ambientales cometidos en El Ávila. Hasta la fecha, no han recibido respuesta. 

Enduro Series Venezuela afirmó que han participado en las mesas de trabajo para la actualización del PORU, “con la intención de adaptarlo a los tiempos actuales y a todos los usuarios del parque, en procura de una reglamentación y normativa de uso acordes con todos los grupos que hacen vida en el Waraira Repano”. 

Después de más de un año sin mencionar las discusiones para la modificación del PORU, el 22 de marzo Inparques publicó un comunicado en el que afirmaban que “debido a la preocupación mostrada por distintos grupos”, se daría inicio al proceso de actualización del PORU. Ni una palabra de la carrera de Enduro Series Venezuela ni de los permisos. 

Las mesas de trabajo iniciaron en el mes de abril, tres semanas después de la suspensión de la carrera. El presidente de Inparques Josué Lorca inició la reunión vía Zoom del 9 de abril explicando que, aunque el encuentro estaba planificado para el segundo semestre de 2021, fue adelantado por “premura ministerial ante la presión de un grupo”. 

En esa misma reunión, el coordinador de El Ávila, Ramón Campos, informó que en 2019 Inparques emitió una autorización a la empresa Enduro Series para usar “algunas rutas del parque” para una carrera de bicicletas a través de una “vía de excepción” que fue firmada por las altas autoridades de la institución. Permiso que no se ha hecho público. 

 
 
 
 
 
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Elides Sulbarán explicó a Runrunes que el uso de bicicletas está prohibido en todo el parque y que no puede ser objeto de autorización. “El que da las autorizaciones es Inparques. No puede darlo porque la norma lo prohíbe. Si existe cualquier autorización, es nula de nulidad absoluta. El agravante de esto es que en la Ley Penal del Ambiente, si un funcionario otorga autorizaciones contra las normas, es objeto de sanciones. Aquí hay un delito porque no puede permitirse algo que legalmente está prohibido, eso es algo que debe quedar absolutamente claro”. 

El biólogo, abogado y ambientalista Edgar Yerena, quien fue jefe de planificación en la Dirección de Parques Nacionales, menciona que los funcionarios de Inparques que firmaron esa autorización para la carrera podrían ser sometidos a una sanción, amonestación o escrito por parte del Ministerio de Ambiente o la Contraloría. 

“El permiso tuvo que haber pasado por al menos cuatro manos de Inparques: consultor jurídico, el que puso la firma, el director y el coordinador del parque nacional. La sanción más obvia es anular el acto y recae al administrador, al que permitió la carrera, pero también al de la firma. No creo que sea sanción penal, pero sí de tipo administrativo que quedan en el expediente del funcionario”, señala. 

Para Marlene Sifontes del sindicato de Inparques, no queda clara la intención de la actualización de la ley. “¿Quién está haciendo la modificación del PORU, las mismas autoridades que han permitido las carreras de bicicletas? ¿Por qué en todo este tiempo no se había hablado de la modificación? ¿Cómo es que existiendo toda una problemática en el Parque Nacional, Inparques diga que se va a revisar el PORU por la carrera? Llama poderosamente la atención”. 

En caso de realizarse la modificación del PORU, ocurriría lo mismo cuando un delito deja de existir: no habría ilegalidad por parte de Inparques, la ley no es retroactiva. “En el momento en el que el PORU sea cambiado, lo que hoy es un hecho sancionable, que es haber dado un permiso, deja de ser un acto ilícito. “Es una forma de lavarse la responsabilidad”, expresa Yerena. 

Para Sifontes, la noticia del nombramiento de Lorca Vega como el nuevo ministro de Ecosocialismo los deja más desamparados que antes. “Le habíamos pedido al ministro la destitución del director de Inparques y ahora él es el ministro. ¿A dónde vamos a acudir nosotros si el que viola la norma es el mismo? ¿ A qué instancia puede acudir el ciudadano para defender a su parque? 

Al cierre de esta investigación, Inparques aún no ha mostrado el diagnóstico para la modificación del PORU. El 2 de junio, publicó el anteproyecto de la modificación del PORU que efectivamente pretende incorporar a las las bicicletas en el Parque Nacional Waraira Repano. Si deseas leer el anteproyecto ingresa aquí. Además de publicar anteproyecto, Inparques llamó a consulta pública para discutir la normativa, que estará disponible para su revisión hasta el 2 de julio. 

 

 

 

Diputados solicitan una comisión de la ONU para tratar enfrentamientos en Apure
El diputado Luis Lippa indicó que es necesario la conformación de una Comisión de Consolidación de Paz del Consejo de Seguridad de la ONU para poder garantizar el retorno de los venezolanos desplazados
Los diputados aprobaron un Proyecto de Acuerdo para calificar el ecocidio como delito de lesa humanidad

 

En debate de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2105, los diputados opositores hicieron un llamado a Naciones Unidas (ONU) para que vengan a Venezuela y puedan verificar la situación que se vive en la frontera con Colombia, específicamente en Apure.

El diputado Luis Lippa (PJ-Apure) indicó que es necesario la conformación de una Comisión de Consolidación de Paz del Consejo de Seguridad de la ONU para poder garantizar el retorno de los venezolanos desplazados hacia Colombia, producto de estos enfrentamientos entre militares de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y disidencias de las FARC.

Igualmente recomendó que a través de instituciones internas como el Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines (Fondafa) se implemente una política de Estado, también para un regreso seguro de estos ciudadanos.

El diputado Freddy Superlano (VP-Barinas) aseguró que la muerte, el desplazamiento, el tráfico de drogas y la violación de Derechos Humanos ponen a los ciudadanos en un total estado de indefensión.

También recordó que el gobierno de Nicolás Maduro estableció una comisión conjunta de expertos, para investigar los asesinatos, pero hasta el momento se desconocen los resultados o el estatus de esa investigación.

Superlano expresó que la FAN repriman a los ciudadanos en manifestaciones civiles, pero que ante estos enfrentamientos lucen «endebles, incautas e ingenuas ante el ataque de grupos de militares no convencionales que controlan grandes extensiones del territorio venezolano, para la siembra de narcóticos, instalación de laboratorios y pistas de aterrizaje clandestinas para el tráfico de drogas».

Por último, la diputada Gaby Arellano (Independiente-Táchira) aseveró que los ciudadanos han sido víctimas de la «guerra» que se vive en la frontera por el «control del narcotráfico, por parte del frente de la Farc encabezado por Gentil Duarte contra el frente de la Farc de Iván Márquez, a quien éste último, la diputada acusa de usar a militares venezolanos para defender sus rutas ilícitas para el tráfico de drogas».

Asimismo dijo que existe complicidad del gobierno de Maduro con grupos irregulares y permisividad  “al entregarles armamento y espacio” a bandas delictivas que atemorizan a la población como: El Coqui».

Precariedad laboral

En la misma sesión, los diputados opositores debatieron sobre la precariedad laboral que existe en el país, en el marco del día del trabajador que se celebra el 1 de mayo.

El diputado Héctor Vargas (UNT-Zulia) denunció que actualmente no existe la mínima posibilidad de que los trabajadores del sector público y privado puedan mejorar su calidad de vida. 

“Este régimen acabó con el sueldo, con las contrataciones colectivas, con los sindicatos y además con los seguros privados, afectando con ello la calidad de vida de los trabajadores. Este régimen es enemigo de los trabajadores”, dijo.

Mientras que el parlamentario Ángel Torres (VP-Lara) señaló que el gobierno de Maduro acaba con las condiciones mínimas laborales y tampoco permite el emprendimiento, «a no ser que sea una inversión en bodegones o carros marca Ferrari para seguir lavando dinero”.

Por eso el diputado José Prat (Causa R-Bolívar) explicó que la destrucción del salario tiene como objetivo sustituirlo por dependencia y miseria. Agregó que el gobierno de Maduro también a eliminado las libertades sindicales y ha violado las leyes laborales sistemáticamente, y como consecuencia se ha perdido el desarrollo del país, porque se propicia la fuga de talento humano.

Diputados contra el ecocidio

Por último en la sesión virtual del Parlamento, los diputados aprobaron un Proyecto de Acuerdo para que Venezuela contribuya a la adopción del crimen de ecocidio como delito de lesa humanidad.

El Proyecto fue presentado por la diputada y presidenta de la Comisión de Ambiente, María Gabriela Hernández (PJ-Monagas) quien explicó que se instruye al cuerpo diplomático y otros representantes del gobierno interino, representar a Venezuela em las cumbres y reuniones preparatorias donde se debata la Acción por el Clima y expongan los peligros en el que se encuentra nuestro patrimonio ambiental.

Otro punto es el de realizar las gestiones necesarias para que el país, pueda optar a los programas de asistencia y financiamiento para la conservación del patrimonio ambiental y la inserción en los modelos de economía verde o sustentable.

Además se deben realizar las gestiones necesarias para formar parte de la Convención de Minamata sobre el Mercurio, el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe y del Pacto de Leticia por la Amazonia.

En el Proyecto de Acuerdo, los diputados exhortan al comisionado presidencial contra terrorismo y crimen organizado, Carlos Paparoni y al comisionado especial de seguridad e inteligencia, Iván Simonovis a investigar y sancionar a las personas naturales y jurídicas que tengan relación con las empresas Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras Petrolíferas y de Gas, (CAMIMPEG, (CAMIMPEG) y Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales, S.A., (Emasproforn).

Denunciarán despidos injustificados en la AN ante la OIT
Los diputados denunciaron que no se les notificó del despido a los trabajadores y se dieron cuenta cuando no les pagaron la quincena

Los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015, denunciarán ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el despido injustificado de mil trabajadores del Parlamento.

La diputada Nora Bracho, señaló en la sesión virtual de este martes, 23 de marzo, que hay una persecución en contra de los trabajadores contratados y de carrera, contratados en el periodo que inició en 2015, por parte de los parlamentarios electos en diciembre de 2020, de mayoría chavista.

“Ese ese seudo parlamento que se instaló luego de un proceso de fraude electoral escenificado el 6 de diciembre, se dio a la tarea de despedir masivamente a los trabajadores, anunciado por audios como el del pasado 20 de enero donde Jorge Rodríguez ordena despedir a todos los trabajadores que fueron contratados durante el periodo 2016”, expresó.

Bracho indicó que también llevarán las denuncias ante la Central de Trabajadores de Venezuela y la Confederación de Trabajadores Legislativos de las Américas. La diputada añadió que se está violando el convenio 111 relativo a la discriminación en el empleo y el Convenio 87 de libertad sindical y protección al trabajador.

«Estos despidos masivos de los trabajadores no fueron notificados, no se siguió ningún procedimiento administrativo ni se efectuó calificación de despido. Sigue Nicolás demostrando su desprecio por las leyes y las normas», aseguró la diputada.

Igualmente el diputado Rafael Ramírez señaló que se debe solicitar una visita al país, a la Comisión del Trabajo para que constate la situación de los derechos de los trabajadores.

Por último, el diputado Ismael León indicó que estos trabajadores no fueron notificados, ni les dieron explicación del motivo de despido, se enteraron porque no les depositaron la quincena.

Solicitud de apoyo

En la sesión también participó, Andrés Rivero, quien representa a la asociación civil «Defiende tus derechos» de la Asamblea Nacional, quien aseguró que Jorge Rodríguez está violando la contratación colectiva, la ley del trabajo y el decreto de inamovilidad laboral.

“Esto es un atropello un genocidio que se está cometiendo contra estos trabajadores padres, madres de familia. En estos despidos injustificados hay trabajadores con incapacidad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, todos cumplían labores y horario de servicio. Repartieron una bolsa de alimentos y tampoco les dieron a estos trabajadores ese beneficio, algo verdaderamente inhumano”, denunció el trabajador.

Por eso solicitó el apoyo de los diputados de la Asamblea Nacional electa en 2015 a los trabajadores que fueron despedidos, en medio de la crisis y emergencia humanitaria.

Ambiente en peligro

En la sesión los diputados también debatieron sobre la «destrucción continuada» de la industria petrolera y su impacto en el medio ambiente. La diputada María Gabriela Hernández aseguró que en la gira que hicieron por el estado Zulia, pudieron constatar las denuncias de los ciudadanos, especialmente en Cabimas y en la Costa Oriental del Lago.

Explicó que debido al fenómeno geológico, denominado subsidencia que describe el progresivo hundimiento de una superficie, las aguas contaminadas de petróleo entran al sistema de drenaje de Cabimas y luego se desplazan hacia las casas.

Otra área afectada, que informó la diputada, es el Parque Nacional de Las Yaguasas, donde sus tres únicas especies de manglares están bajo un manto de petróleo y eso los pone en peligro.

«Saliendo del Zulia, las refinerías de Cardón y El Palito son una vergüenza de contaminación visual, atmosférica y de agua, además, de no poder cumplir con su razón de existir que es la de procesar y refinar el petróleo», agregó.

El diputado Macario González dijo que el derrame continúo de petróleo en el Lago de Maracaibo y la manera de extraer gas doméstico, de forma artesanal, en Cabimas es una «bomba de tiempo» y expone la vida de los ciudadanos.

«En Cabimas, en la Parroquia La Rosa, en ese campo petrolero, el petróleo fluyendo y por esa vía los muchachos jugando sobre petróleo, nosotros con los pies metidos en petróleo», relató.

Llega showroom de sostenibilidad a la UCAB
El 11 de diciembre de 2019 llega a la Universidad Católica Andrés Bello el evento de sostenibilidad que juntará a emprendimientos y fundaciones pro-ecología

La planta baja del edificio Cincuentenario, será el lugar en donde más de diez (10) emprendimientos y fundaciones se reunirán entre 10 de la mañana y 2 de la tarde a conversar y a exponer sus productos  unidos con un propósito en común: la sostenibilidad. 

La sostenibilidad es una cualidad que asegura las necesidades del presente sin comprometer las de las futuras generaciones, a través de la productividad en el tiempo. De este modo, todas las marcas, emprendimientos y fundaciones que se presentarán en la UCAB son iniciativas que buscan educar a los asistentes al showroom mediante sus experiencias y productos. 

Desde plantas y decoraciones para el hogar, pasando por pitillos biodegradables y jabones,  hasta productos comestibles como chocolates, tortas y cucharas, serán los productos que el showroom presentará a todos los que atiendan a los espacios de la UCAB. 

Las marcas y fundaciones que harán presencia en el evento de sostenibilidad organizado por estudiantes de Comunicación Social serán Vilascake, Chocolate Moreno Pintao, Koke.ki, Saboricos, Ecoshop, Verticales, Tu Vivero Boutique, Sustentable.ve, Eco Óleos, Sr. Hoja, Protect Paradise, Recyclers Club, VanCampi y la Dirección de Sustentabilidad Ambiental de la universidad. 

Este es un evento patrocinado por Vilascake, Chocolate Moreno Pintao, Koke.ki, Saboricos, Wendys, Dominos Pizza y TuVivero Boutique

Fecha: 11/12/2019. 

Hora: 10 a.m. – 2 p.m. 

Lugar: PB del edificio Cincuentenario de la UCAB. 

Instagram: @EcoViable

Fuente: Nota de prensa.

Plan País de la AN propone seguridad, reconstrucción de la CVG e inversión privada para erradicar a las mafias de la minería
Desde la Asamblea Nacional se impulsa un proyecto de Ley de Cambio Climático para preparar a Venezuela para «los desafíos de un economía global»
La diputada María Gabriela Hernández recordó la ilegalidad del Arco Minero del Orinoco

 

El coordinador del área de energía del Plan País, Yon Goicoechea y la vicepresidenta de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, María Gabriela Hernández, condenaron la masacre de Ikabarú y aseguraron que ya existe un proyecto de consenso para desarrollar una minería que sea más respetuosa con los indígenas y el medio ambiente.

En rueda de prensa, Goicoechea señaló que en Venezuela la minería “es un pranato”. 

“En su discurso la dictadura manosea el indigenismo, pero hoy están masacrando a los pemones en el sur”, condenó la diputada Hernández.

Hernández recordó también que la Asamblea Nacional declaró nulo el proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO) porque viola la Constitución y representa un modelo “irracional e irresponsable” que afecta a las comunidades y el medio ambiente. 

El AMO ocupa 111 mil kilómetros cuadrados y su explotación ilegal atenta contra parques nacionales, territorios protegidos y los ríos, fuente de la energía hidráulica. 

Por eso Goicoechea aseguró que las medidas que recoge el Plan País para el desarrollo de la minería, incluye un plan de seguridad, “donde la Fuerza Armada Nacional no sea parte del problema porque hoy efectivos de la Guardia Nacional operan dentro de las mafias”.

“Ninguna empresa seria va a venir si no hay un saneamiento de la zona, por eso es clave el plan de seguridad para los estados del sur”, enfatizó el también dirigente de Voluntad Popular.

La segunda acción pasa por la “reconstrucción administrativa del Estado venezolano para atender la minería”, apuntó Goicoechea. Señaló que la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) forma parte “de la cadena de las mafias y ha perdido su capacidad de producción”, razón por la cual es necesario “recomponer la CVG y atender a sus trabajadores” para que se convierta en un conglomerado moderno, libre de manipulaciones políticas y abierto al capital privado nacional y extranjero. 

El portavoz de Plan País indicó como tercera prioridad “la recuperación del sector eléctrico”, impulsando las “energías limpias” en el sur del país como las energías eólica y solar, al tiempo que se fortalece el sector hidroeléctrico.

Por último, sostuvo la necesidad de adecuar el marco normativo venezolano. “Hoy tenemos oro y diamantes de sangre, no tenemos ley y el Estado no controla nada. Tenemos que estimular la creación de empleos a través de la inversión privada, abrir el sector y promover grandes inversiones que generen impuestos y empleos. El modelo estatista y comunista no sirve, tenemos que formalizar y poner estándares ambientales a la minería”, puntualizó Goicoechea.

Igualmente la diputada Hernández resaltó que el Parlamento ya elabora un proyecto de Ley de Cambio Climático, que busca preparar al país para los desafíos de una economía global que pretende superar su dependencia del petróleo, y convertir a Venezuela en un “sumidero de carbono” con el apoyo de los ingenieros agrónomos y forestales venezolanos. “Dejaremos atrás el círculo de destrucción y muerte de Maduro, y echaremos a andar el círculo para la vida”, concluyó la legisladora.

Con la extracción del oro el suministro eléctrico del país puede empeorar
La diputada María Gabriela Hernández alertó que la extracción de minerales en el país afecta el caudal de los ríos
Hay otras zonas de Venezuela donde se están extrayendo otros minerales como el sílice

@saracosco

La diputada de la Asamblea Nacional, Maria Gabriela Hernandez (PJ-Monagas) aseguró que la extracción de oro en Canaima puede afectar el suministro eléctrico de todo el país.

En reacción al trabajo especial Canaima: el paraíso envenenado por el oro de Runrun.es, la parlamentaria ratificó que en toda esa área natural  protegida no se debe extraer oro porque está prohibido por ley. 

“Tenemos que tomar una decisión certera y radical como país y es que no podemos extraer oro. Eso hay que acabarlo”, señaló.

Explicó que en esas zonas es donde nacen los ríos que alimentan la red eléctrica de Venezuela. “Todo eso que se está destruyendo al final va a desembocar en que 80% de la energía eléctrica, que depende de la fuerza del agua, no exista”.

Hernández, quien forma parte de la Comisión de Ambiente del Parlamento, agregó que la situación eléctrica solo puede empeorar con la extracción del oro en Canaima. 

“Como están destruyendo el cauce del río, también destruyen su caudal, entonces (el agua) no llega a la represa y no hay fuerza para producir la energía”, expresó. 

Igualmente la diputada recordó que la extracción se hace en un Parque Nacional, que es un área resguardada y sensible. “Son suelos y vegetaciones de muchísimos años y su mal trato acarrea destrucción”.

Hernández señaló además que como la naturaleza está interconectada, lo que se haga en Canaima y también en el Arco Minero del Orinoco, va a afectar en otras zonas como el Mar Caribe y las islas que se encuentran allí. “Ya se consigue vida marina contaminada con mercurio”, advirtió.

Se extiende la protección

María Gabriela Hernández, quien ha trabajado el tema ambiental desde su llegada al Parlamento en 2015, dijo que en la Comisión han hecho las alertas desde el inicio de la creación del Arco Minero del Orinoco.

La AN decretó  que la actividad de extracción del oro y creación de empresas en esa zona es ilegal e inconstitucional, porque la medida nunca fue legitimada por el Poder Legislativo. 

“Aunque (el decreto del Arco Minero del Orinoco) pasara por la Asamblea Nacional, el impacto ambiental es de tal magnitud que no podría ser aprobados. Va contra la Constitución, contra el establecimiento de los derechos ambientales y contra el establecimiento institucional”, esgrimió.

Además a finales del año 2018, el Parlamento aprobó la Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonía, con el cual se recalcó que esas áreas son parques nacionales y además se extendió el área de protección a aquellas zonas donde nacen los ríos. 

“En esa ley se derogó expresamente todo lo que ya se había declarado nulo”, indicó la diputada. 

El ambiente no es el único afectado

El daño al medio ambiente con la extracción de oro en Canaima, no es la única preocupación de la diputada María Gabriela Hernández, quien advirtió que hay una afectación económica para el país y los pobladores de la zona. 

Reconoció que sí hay indígenas que trabajan como mineros dentro del parque, pero que han sido corrompidos por el sistema. 

“No son todos, pero sí los que tienen voces importantes. Terminaron siendo corrompidos por el sistema. Por mucho que ellos intenten hacerlo sin depravar su área no hay forma de evitarlo, lo están haciendo”, agregó.

La diputada explicó que jóvenes de otras ciudades del Oriente del país viajan hasta el sur para trabajar en las minas, esto debido a la crisis económica que vive el país. 

Hernández refirió que si bien algunos regresan a sus hogares, otros no tienen tanta suerte o terminan enfermos  “En Monagas, por ejemplo, puedes conseguir a más de una familia cuyo hijo no regresó”.

“En Monagas hay muchos preparadores de gallos (para peleas) y los llevan a las minas, para venderlos y no regresan. Una actividad tan sencilla como esa”, comentó.

Minerales en la mira

La diputada Hernández informó que Bolívar no es el único lugar de Venezuela donde hay minería ilegal. En la Comisión de Ambiente tienen registros en Táchira, Mérida y Lara, en donde se extrae sílice, un mineral que se puede utilizar para hacer vidrio, porcelana, cristales y cemento.

“En Mérida y en Táchira se han paralizado por parte de las gobernaciones. Pero continúan las amenazas de estas empresas que vienen sencillamente a extraer y destruir”, expresó.

Hernández indicó que en Lara continúan los trabajos y sería cercano a Carora, sobre un cerro, donde hay sílice de alta calidad. “Esto contaría con el permiso del Ministerio de Ecosocialismo, antes de Ambiente”.

“Al empezar a destruir esas montañas, el agua va a escasear también y recordemos esas son tierras altamente productivas de alimentos y gran parte de Occidente y Caracas se nutren con los alimentos de Lara”, alertó.

¿Por qué la seguridad ambiental es crucial para el futuro de Venezuela? Por Bram Ebus

El colapso histórico de Venezuela a menudo se explica como consecuencia de la mala gobernanza, la corrupción y el colapso del sector petrolero o de las sanciones internacionales. Se buscan soluciones en la esfera política (diálogo, elecciones libres, cambio de régimen), pero hay poco espacio para maniobrar en cualquier extremo del espectro político. Al gobierno de Maduro le quedan pocos aliados políticos, y a medida que avanza en su intento de perpetuarse en el poder, parece tener escasos recursos y poco tiempo para emprender esfuerzos serios para mitigar el impacto de la profunda crisis económica. Mientras tanto, la oposición lleva a cabo una campaña centrada en enfatizar lo que está mal, pero carece de una visión integral para una futura Venezuela.

El medio ambiente generalmente se deja fuera del debate, pero cuestiones como la conservación, el manejo de los recursos naturales y el acceso a los ecosistemas son vitales para la estabilidad del país. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (o ONU Medio Ambiente), lograr la paz teniendo en cuenta los recursos naturales y el medio ambiente «ya no es una opción, es un imperativo para la seguridad». En conversaciones recientemente suspendidas entre el gobierno y la oposición, negociadas por el gobierno noruego: el medio ambiente ni siquiera estaba en la agenda. Sin embargo, los conflictos de recursos y el manejo y protección del patrimonio natural de Venezuela no solo son importantes desde un ángulo de conservación, sino que son la clave para lograr una solución política sostenible y descubrir el futuro de Venezuela.

 

Una crisis política y ambiental

 

El gobierno de Maduro afirma que Venezuela tiene la segunda reserva de oro más grandes del mundo y en 2016 decretó un área de desarrollo minero masivo que bautizó como el ‘Arco Minero del Orinoco’. Hasta ahora, esta legislación no parece más que un “marco legal” que regula un sector que realmente funciona sin control. Los inversores extranjeros se mantuvieron alejados mientras que la minería ilegal incrementó desenfrenadamente.

 

La degradación ambiental causada por la extracción de minerales no regulada y los conflictos por el acceso a estas valiosas tierras ya ha desplazado a la población a la fuerza, mientras que el colapso económico a nivel nacional y la consiguiente disminución del empleo y los ingresos ha llevado a otros a aventurarse en la región minera sin ley al sur del río Orinoco.

 

Muchas de las tierras que se explotan agresivamente son el hogar de grupos indígenas, que a menudo se ven privados de sus medios de vida y medios de supervivencia. Las estrategias alternativas de supervivencia a menudo significan participar en economías mineras ilegales, ya que la moneda nacional, que casi no tiene valor por la hiperinflación, ha llevado a la aceptación del oro como una alternativa al efectivo, o unirse a los grupos armados no estatales que dirigen las regiones ricas en minerales.

La presencia de grupos armados extranjeros y venezolanos ha sido tolerada por el gobierno, lo que resulta en una pérdida de soberanía sobre vastas extensiones de territorio, mientras que los ingresos provenientes de recursos aumentan la influencia de actores violentos. Estos últimos incluyen sindicatos delictivos locales, llamados simplemente “sindicatos”, así como elementos corruptos del Estado. El hecho que se hayan creado estas economías paralelas basadas en el oro, permitió que los elementos criminales con control sobre los recursos convirtieran estas economías informales en capital social y político.

Aunque Venezuela no está formalmente en guerra, el caudillismo y los frecuentes enfrentamientos violentos son ahora una característica del sur. Las fuerzas de seguridad del Estado fuertemente armadas con sus rostros cubiertos conducen en vehículos blindados con armas montadas, controlando los aeropuertos de la jungla y el acceso a minas ilegales en los estados de Amazonas y Bolívar. Los grupos guerrilleros colombianos que a veces operan codo a codo con el ejército, con los sindicatos mineros, y las masacres, la tortura y la esclavitud son comunes en las zonas mineras. Por esta razón, uno puede referirse claramente a los minerales extraídos de estas áreas como «recursos de conflicto», y su comercialización debe tratarse como facilitación de violaciones graves de los derechos humanos.

Los ingresos de la minería actualmente proporcionan un salvavidas financiero a las élites políticas y son de suma importancia para mantener el poder. Si los países pueden depender de los ingresos de la extracción de recursos, el dinero proveniente de los contribuyentes se vuelve menos importante, generando así, una desconexión entre el gobierno y sus ciudadanos. Este ha sido el caso desde que la industria petrolera comenzó a desarrollarse en Venezuela. La falta de transparencia en la rendición de cuentas del gobierno, incluido el asunto de los ingresos extralegales derivados de la extracción de recursos, priva a la población de sus derechos y facilita el autoritarismo.

Llámalos guerrilleros, sindicatos, pranes o facciones corruptas del ejército: están allí para quedarse. En ese sentido, Venezuela está comenzando a parecerse a la vecina Colombia, donde el acaparamiento de tierras, la guerra rural y la explotación depredadora e ilícita de los recursos naturales (ya sea coca, minería ilegal de oro, agroindustrias) han sido una característica importante durante más de medio siglo.

El acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno de Colombia y las FARC se considera el acuerdo de paz «más ecológico» jamás realizado, con planes de crecimiento verde y desarrollo sostenible, pero su aplicación tambaleante, específicamente con respecto al desarrollo económico rural, el acceso a las tierras y los cultivos ilegales, dejó al descubierto la fragilidad de dichos acuerdos. Estas brechas también son una explicación importante del enorme aumento de la deforestación en las antiguas áreas controladas por la guerrilla y la reanudación de las tensiones regionales.

En Venezuela, la «paz» y el medio ambiente deben estar en la agenda, y los grupos armados que operan sin restricciones deben ser desmantelados por las autoridades competentes y las autoridades policiales que imponen el orden público. Sin embargo, este escenario es difícil de imaginar con las tasas actuales de impunidad, la corrupción dentro de las filas de las fuerzas armadas y la violencia estatal en Venezuela.

 

Las partes internacionales interesadas deben reconocer que Venezuela no es solo un campo de batalla político para los chavistas y la oposición, sino un país en el que los conflictos de recursos y los grupos armados son la norma en gran parte del territorio nacional.

 

Es esencial que la Venezuela post-transición no esté caracterizada por el error de no incluir la seguridad ambiental. En un informe, ONU Medio Ambiente analizó los conflictos intraestatales en los últimos sesenta años, y una de sus conclusiones preliminares es que la probabilidad de una recaída en el conflicto, dentro de los primeros cinco años después de un acuerdo de paz, se duplica si existe un vínculo entre el conflicto y los recursos naturales.

Existe el riesgo de un conflicto serio en el sur de Venezuela. Un cambio de gobierno o un cambio de poder a nivel del ejecutivo podría generarles un caos a las alianzas actuales, causando nuevas tensiones. Las reservas minerales y los grupos armados no conocen de límites internacionales, y la violencia minera y los conflictos por el acceso a las minas ya han causado fricciones en las fronteras con Colombia, Guyana y Brasil. No abordar el problema del medio ambiente y los grupos armados en el sur de Venezuela es garantizar grandes dolores de cabeza futuros para toda la región.

 

Involucrar a los recursos naturales en cualquier negociación futura

 

En la mayoría de los acuerdos de paz se pasa por alto o se subestima el papel de los recursos naturales y el medio ambiente. Las posibles futuras iniciativas para negociar una transición en Venezuela no deberían cometer el error de ignorar estos temas vitales. El país podría recaer rápidamente en conflictos por recursos que no solo contribuyen al empoderamiento financiero de una serie de grupos no estatales, sino que también generan y mantienen la corrupción dentro de las fuerzas armadas.

El incentivo económico puede obstaculizar los esfuerzos e iniciativas para mitigar la problemática, y las iniciativas para negociar de buena fe, tanto con los actores armados no estatales como con las élites gubernamentales mantenidas por sus actividades ilegales, ya que una transición quizá pueda impedir el acceso a los ingresos generados bien sea directamente por la explotación de recursos o por los impuestos fijados a estas actividades. Si se maneja de forma correcta, la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente podría proporcionar herramientas para ayudar a alcanzar un acuerdo.

En lugar de manejar esta situación como una carrera hacia el abismo, la paciencia, la experiencia y la transparencia deberían aplicarse en los debates sobre cómo gestionar los recursos naturales, tanto ahora como en una futura Venezuela. La extracción de recursos es utilizada con mayor frecuencia por los países como una herramienta para obtener ingresos rápidamente después de una situación de conflicto o crisis, pero hay muchos factores que hay que tener en cuenta para evitar que surjan nuevos conflictos. En la actualidad, la magnitud de las reservas minerales de Venezuela sigue sin estar clara; no se han realizado estudios serios de impacto socioambiental y no se le ha consultado adecuadamente a las poblaciones indígenas. Esto solo puede conducir a conflictos prolongados sobre el uso de la tierra y el acceso a los recursos y, por lo tanto, aumenta la inestabilidad y nos mantiene propensos a conflictos.

Examinar las opciones de intercambio de recursos para maximizar los beneficios mutuos para las partes interesadas podría ser un ejercicio de fomento de la confianza, no solo para las partes enfrentadas sino también para otras partes interesadas que hasta ahora han sido ignoradas, en particular las poblaciones locales. Explorar juntos estos escenarios y evaluar los impactos socioambientales, las mejores prácticas para el futuro y la protección y restauración ambiental brindaría la oportunidad de acercar a diferentes actores.

Para comenzar, los diplomáticos involucrados y las agencias relevantes de las Naciones Unidas, específicamente el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, deberían llevar a cabo una evaluación exhaustiva para identificar las mejores estrategias de mediación y qué partes interesadas deberían tener voz en este proceso. La política de las Naciones Unidas y sus metodologías de prevención de crisis para la consolidación de la paz ambiental se han desarrollado, pero aún no se han aplicado en Venezuela. La transparencia es primordial y la propiedad de los recursos debe «desvincularse» de la gestión y distribución de los ingresos. Es importante buscar beneficios mutuos, por ejemplo, aquellos relacionados con el empleo, el desarrollo de infraestructura y las economías sostenibles y diversificada, para así poder aumentar la probabilidad de un resultado positivo.

La formulación de diversas hipótesis puede ayudar a los participantes a visualizar ideas y así fomentar el interés. Tomemos como ejemplo al sector petrolero: Venezuela ha sido afectada por la maldición de los recursos (bajos índices de democracia, desarrollo y crecimiento económico a pesar de la abundancia de recursos), pero la promoción de economías sostenibles, sustentables y verdes merece una seria consideración. Hacerlo tendría en cuenta la sostenibilidad futura, tanto económica como ambientalmente, y evitaría que los «recursos del conflicto» financien la violencia y generen impactos ambientales masivos y, por lo tanto, el desplazamiento forzado y la pérdida de medios de subsistencia.

Ignorar estos problemas hasta años después de un escenario posterior al diálogo sería socavar la sostenibilidad de cualquier transición. Los negociadores no deben asumir que estos asuntos son demasiado sensibles o complicados y deben abordarse en una etapa posterior: capitalizarlos podría generar una plataforma para el diálogo sobre protección ambiental, biodiversidad y uso de la tierra, y podría funcionar como un ejercicio de fomento de la confianza en las conversaciones.

La situación humanitaria en el país está muy relacionada con los desarrollos actuales y futuros al sur del Orinoco y los donantes deben estar abiertos a las necesidades que van más allá de los aspectos puramente humanitarios y del desarrollo de la crisis. Aquí hay un papel no solo para ONU Medio Ambiente sino también para otros organismos de las Naciones Unidas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Paz Sostenible (uno de los principales objetivos de la ONU) se refuerzan mutuamente. «Paz y seguridad» es uno de los tres pilares centrales de la ONU, y la violencia, el trabajo forzado, la prostitución y la trata de personas en el sur de Venezuela están directamente relacionados con la crisis y la bonanza minera que ha empoderado a los actores violentos. La epidemia de malaria en Venezuela también está directamente relacionada con la rápida expansión de la minería y la deforestación asociada. Estas cuestiones deberían abordarse ahora e incluso cuando la ONU se concentre en las necesidades humanitarias más tradicionales, se requerirá una participación más amplia de agencias como el PNUMA, el ACNUR y la OMS con respecto a la seguridad ambiental, ya sea en el país o por medios remotos.

Es esencial abordar estos problemas de manera que se facilite una transición democrática pacífica y se garantice un desarrollo verdaderamente sostenible. Pero si no se encuentran alternativas, abundan los factores que impulsan ir más allá con respecto al Arco Minero del Orinoco. En enero de 2016, el año en que Nicolás Maduro decretó la creación del Arco Minero del Orinoco, un gramo de oro valía poco más de 35 USD en los mercados internacionales, pero en septiembre de 2019 había superado los 48 USD por gramo y se había vuelto cada vez más atractivo para los caudillos hambrientos de más y venezolanos desesperados que buscan ganarse la vida. La fiebre del oro en Venezuela parece estar lejos de terminar y provocará graves problemas de inestabilidad para la región en su conjunto si las agendas internacionales continúan ignorando la dinámica en el sur de Venezuela.

 

*Bram Ebus es un periodista de investigación que informa principalmente desde Colombia y Venezuela. Es un científico social con títulos en Antropología Cultural y Criminología Global. Desde 2012 ha llevado a cabo un trabajo de campo a fondo que involucra investigación cualitativa y cuantitativa en varios países de América Latina y Europa. Su principal interés de investigación son los conflictos socioambientales.

* Traducción de Hearts on Venezuela

 

Derrame de petróleo se extendió por cinco cayos de Los Roques

EL ARCHIPIÉLAGO DE LOS ROQUES fue afectado por el derrame de 300 barriles petróleo ocurrido en la refinería Point-A-Pierre de la empresa estatal PetroTrin, en Trinidad y Tobago, el pasado 23 de abril. No fue sino hasta el domingo 14 de mayo, alrededor de las 4:30 pm, cuando se detectó por primera vez la presencia de manchas de petróleo en aguas de la isla de Nordisquí, al extremo noroeste del parque nacional.

Se confirmó la presencia de placas de petróleo de distintos tamaños en las islas de Francisquí, Nordisquí, Rasquí, Cayo Sardina y Vapor.

“Eran grandes manchas plásticas negras que estaban en el agua,” compartió Dayana Cardena, propietaria de posada Tsunami en Gran Roque.

La más grande fue una mancha de 30 centímetros de grosor encontrada en las aguas de Nordisquí en la mañana del lunes, según cuenta Yoha Ruela, residente de Gran Roque, quien participó en la una jornada de limpieza del lunes.

El derrame de hidrocarburos de la estatal petrolera PetroTrin también habría afectado las costas del estado Sucre, Nueva Esparta y el archipiélago de Los Frailes, según reportó  VITALIS, organización no gubernamental dedicada a la conservación ambiental y la educación sobre desarrollo sustentable.

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La bióloga Zoyla Martínez, directora ejecutiva de VITALIS, urge a las autoridades a informar a la población de lo que está sucediendo en las costas afectadas. Explica que este desastre no sólo tiene efectos visibles, como la presencia de hidrocarburos en las playas o adheridos a especies vivas como aves. “El petróleo pesado llega hasta el fondo de las aguas y contamina todo lo que vive en el sustrato, con ello todas las especies que se alimentan de él, peces, moluscos, etcétera, que luego son utilizadas por los seres humanos. Es una cadena donde el petróleo se va diluyendo y no sabemos las consecuencias que este puede tener,” dice Martínez.

Durante la mañana del lunes 15 de mayo, miembros de la comunidad y autoridades de la isla llevaron a cabo una jornada de verificación y limpieza para hacer frente a la situación. Henry Ruozzo, gerente de la escuela de deportes acuáticos PLAY Los Roques, señaló que al mediodía de este lunes había alrededor de siete lanchas recorriendo la barrera.

Residentes de la Isla reiteraron que “es urgente que se recoja de manera inmediata, puesto que al ser expuesto al sol el petróleo se vuelve líquido y se hace imposible recoger”. Cardena luego reportó que desde el 15 de Mayo, a horas del mediodía ya el crudo estaba disuelto, y se había esparcido por los corales.

El ingeniero Jesús Durán, máxima autoridad del Instituto Nacional de Parques (Inparques) en Los Roques ante el Ministerio Popular para el Ecosocialismo y Aguas, explicó que la amenaza entró por la Barrera Este, la cabecera del archipiélago donde se reciben las corrientes que llegan del noreste y sureste. Remarco la importancia de “mantenerse alerta y activarse para evitar más daño,” prestando especial atención a la barrera, y asegurando que “lo que venga nos va a llegar ahí.” “Tenemos que estar monitoreando porque no sabemos si es un indicio de lo que viene más atrás”, dijo.

Martínez insta al gobierno y otras autoridades a garantizar la seguridad de nuestro medio ambiente, y responsabilizar a la empresa petrolera culpable por el derrame, exigiendo la cooperación del gobierno de Trinidad y Tobago.

El 10 de Mayo PDVSA habría comunicado que el saneamiento avanzaba en un 60%. Sin embargo, tres días después, el 13 de Mayo, la empresa estatal Venezolana emitió un comunicado donde dice que intensificaron “el Plan de Contingencia” que manifestaron el 25 de Abril para contrarrestar el derrame.

Martínez reclama que esto no sólo debía ser un plan de contingencia, si no también de prevención para evitar la llegada del derrame a otras islas.

Ruela dice que “es necesario que PDVSA informe cómo hacer para no empeorar la situación” pues es primera vez que los roqueños se ven en labores de saneamiento por derrame de crudo.

61 ONGs, entre ellas VITALIS, se pronunciaron para exigir al Gobierno Venezolano que haga frente al desastre petrolero. “Somos dolientes sin intereses políticos, pero sí de la armoniosa relación de los seres humanos y el resto de la biodiversidad, además de dejar por sentado nuestra condena y alarma ante la gravedad del daño ambiental, exigimos responsabilidades e indemnización por parte del Gobierno de Trinidad y Tobago así como de la empresa PetroTrin frente a cualquier afectación, por ello, demandamos una pronta y efectiva respuesta”, manifestaron en el comunicado.

La mañana de este lunes 15 de mayo, varias personas y operadoras turísticas en el Paraue Nacional Archipiélago Los Roques fueron hasta Nordisquí para evidenciar el efecto del petróleo producto del derrame de 300 barriles de crudo ocurrido srmanas atrás en Trinidad y Tobago. Recibimos reportes de parches de crudo bastante dispersos en Nordisquí, principalmente sobre la arena y las rocas. En este momento, los roqueños se encuentran haciendo un recorrido por otros sectores del Archipiélago para evaluar si hay presencia de crudo en otros cayos. Hasta ahora, solo ha sido reportado petróleo en Nordisquí. Es muy importante tener presente la fragilidad de esta área natural protegida y el impacto que el petróleo puede tener en la fauna y flora local. Principalmente en las tortugas marinas y las praderas de pasto marino del que se alimentan, así como en el manglar, que es un ecosistema fundamental para la reproducción de muchas especies de peces y moluscos de consumo humano. En @ConBiVe, nuevamente, ponemos a disposición nuestros servicios profesionales y ciudadanos para ayudar a resolver esta eventualidad de la mejor manerra posible. Como #CiudadanoEcoResponsable, te corresponde informarte y difundir eficazmente lo que ocurre. Si existe alguna otra forma de apoyar, te la haremos saber. Pero es muy importante la labor ciudadana de difundir información de forma responsable y verificable. En este momento es necesaria la participación de todos. Es mucho más valioso trabajar en función de lo que podemos hacer juntos que señalar lo que alguien dejó de hacer. Es momento de sumar y trabajar mancomunadamente en la recuperación de nuestras costas, tan importantes para el desarrollo sustentable de nuestro país. Estaremos ofreciendo más información a medida que podamos confirmarla. Ayúdanos a difundir. A post shared by Asociación Civil ConBiVe (@conbive) on

La Asociación Civil para la Conservación de la Biodiversidad Venezolana (ConViBe) denunció lo ocurrido a través de su cuenta de Instagram @ConBiVe. “El petróleo pudiera causar daños importantes a la fauna marina y ecosistemas. Insistimos en la fragilidad de los manglares y en este caso, los arrecifes de coral ante la presencia de petróleo. También, las tortugas marinas suelen afectarse con facilidad por el crudo, ya que se adhiere a su rostro cuando salen a respirar a la superficie.”

Durante la tarde de este domingo se reportó la presencia de petróleo en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques, específicamente en Nordisquí. Para el momento, no se ha reportado crudo en otros cayos o sectores del Archipiélago, sin embargo, estamos atentos a los reportes y avisos de las personas y autoridades en el sitio. Los Roques es un área natural protegida que resalta por su inmensa variedad de especies y bellezas escénicas. El petróleo pudiera causar daños importantes a la fauna marina y ecosistemas. Insistimos en la fragilidad de los manglares y en este caso, los arrecifes de coral ante la presencia de petróleo. También, las tortugas marinas suelen afectarse con facilidad por el crudo, ya que se adhiere a su rostro cuando do salen a respirar a la superficie. Afortunadamente la sociedad civil se está organizando con los operadores turísticos y el apoyo de las autoridades ambientales y militares de Los Roques. Se está organizando un grupo de voluntarios para disponer adecuadamente de los parches de petróleo y procurar la minimización del impacto en la fauna y flora silvestre y los ecosistemas de este emblemático Archipiélago. El punto de encuentro es el Muelle Principal del Gran Roque, este lunes 15 de mayo a las 6:00 am. Es muy importante que tengamos en cuenta que en este punto, importa más lo que podamos hacer que señalar lo que alguien ha dejado de hacer. Vamos a sumar en positivo y trabajemos por la recuperación de nuestros espacios. Si estás en Los Roques, o conoces a alguien que esté aquí y pueda ayudar, dile que venga al muelle este lunes a las 6:00 am. Y si no, difunde este mensaje para que todos sepan lo que está ocurriendo. ¡Haz tu parte #CiudadanoEcoResponsable ! Fotos: @daya_losroques

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Varias asociaciones civiles en las distintas costas e islas afectadas han convocado jornadas para aliviar el daño hecho por el derrame, mientras esperan acciones de las autoridades.

Este 16 de Mayo el Ministerio Público, PDVSA y Ministerio para Ecosocialismo y Agua comenzaron una investigación para detectar el daño ambiental. El Ministerio de Petróleo y el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos se encargará de publicar un informe con los resultados.