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Alonso Medina Roa

Allanaron residencia de los suegros del capitán Acosta Arévalo

Funcionarios del Estado allanaron este jueves, 11 de julio, la residencia de los suegros del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo, quien falleció el 29 de junio bajo la custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), luego de que fue torturado, presuntamente, por oficiales de este cuerpo de seguridad.

La información fue difundida a través de Twitter por el abogado Alonso Medina Roa, quien señaló que la residencia de los suegros de Acosta Arévalo está ubicada en Maracay, estado Aragua.

Waleska de Acosta, esposa del Capitán, informó al abogado que la comisión se presentó en la casa de sus padres ya se retiraron.

Rafael Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio por funcionarios de la Dgcim y fue trasladado a la sede de los tribunales militares, en Fuerte Tiuna, el 28 de junio. El capitán llegó en silla de ruedas sin poder mover las manos ni las piernas, con los ojos desorbitados y pidiendo auxilio, denunciaron los familiares y el abogado Alonso Medina Roa.

El capitán fue trasladado al Hospital Militar Vicente Salias, en Fuerte Tiuna, donde murió el sábado 29 de junio en la madrugada.

La familia de Acosta Arévalo recibiría este miércoles en la mañana el cuerpo del capitán de fragata, después de que pasó 12 días en la morgue de Bello Monte. Sin embargo, fueron los mismos funcionarios del régimen quienes lo inhumaron el miércoles en el Cementerio del Este, parcela número 12, en contra del deseo de sus parientes, que querían sepultarlo en el estado Aragua.

“Los familiares de Acosta Arévalo recibieron una llamada este miércoles en la mañana para hacerles la entrega del cuerpo. Al llegar al lugar se hizo el reconocimiento del cadáver. Luego, recibieron una notificación del tribunal en la que se estableció la inhumación controlada. La familia quería velarlo y sepultarlo en Maracay”, detalló el jurista Alonso Medina Roa.

Medina Roa: Abogados del capitán Caguaripano y de detenidos por el caso de Oscar Pérez están siendo hostigados y amenazados

oscarperez

El abogado Alonso Medina Roa alertó a la comunidad internacional sobre la arremetida por parte del gobierno de Nicolás Maduro en contra de los defensores de los derechos humanos en Venezuela quienes están siendo perseguidos por los cuerpos de seguridad del Estado imponiendo una política de terror y tortura.

“A raíz de las constantes denuncias realizadas por los defensores de derechos humanos sobre la tortura sistemática, los tratos crueles e inhumanos, de la institucionalización de la tortura en Venezuela, y por defender a los presos políticos como el Capitán Juan Carlos Caguaripano, fue iniciada una ola de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas por parte de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado”, denunció Roa.

El abogado detalló que hasta el momento la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga el caso de la masacre de El Junquito ha contabilizado 31 detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del estado, como también han ocurrido allanamientos sin orden judicial y secuestros. “Los abogados defensores de los ciudadanos vinculados con el caso del Capitán Caguaripano y ahora también relacionados con el caso de Oscar Pérez, están siendo hostigados y amenazados constantemente por funcionarios del estado, con la finalidad de hacer que se abstengan y tengan temor a defender a cualquier ciudadano que esté relacionado con dicha causa”.

Como prueba de esto, Medina Roa informó que el pasado 25 de enero de 2018 fue allanada la casa del abogado defensor del capitán Juan Carlos Caguaripano, Luis Argenis Vielma, por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) quienes llegaron a la residencia del abogado “con una orden de aprehensión y como éste no se encontraba, fueron detenidos por los funcionarios, su madre y su hermano, quienes probablemente están siendo víctimas de torturas y tratos crueles”.

Medina Roa también denunció que él mismo ha sido víctima de persecución política al recibir constantes llamadas telefónicas amenazándolo y los órganos de inteligencia han interceptado sus llamadas. “Esta acción demuestra una vez más, la inseguridad jurídica que reina en nuestro país, para el régimen no basta con tener presos políticos sino que además arremete en contra de sus abogados defensores, quienes, cabe recordar, forman parte del Poder Judicial venezolano”, aseguró el abogado.