allanamientos

Según información que maneja la ONG, funcionarios policiales han ingresado a algunas viviendas sin orden judicial así como la detención de jóvenes que transitaban por las calles

El Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció una serie de allanamientos ilegales y violentos contra la población civil durante el operativo policial desplegado en el barrio de La Vega, Distrito Capital, la mañana del sábado 12 de junio.

En su cuenta Twitter, Provea señaló que, de acuerdo a información de los residentes, funcionarios policiales han ingresado a algunas viviendas sin orden judicial así como la detención de jóvenes que transitaban por las calles.

Sobre este hecho, Provea recordó que en este mes de junio se cumplieron cinco meses de la llamada Masacre de La Vega, donde 23 personas fueron asesinadas a manos de presuntos funcionarios de la PNB y las FAES. El operativo en ese entonces fue similar a los denunciados por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos: contra población pobre, particularmente hombres entre los 15 y 45 años de edad, acusados de estar incursos en presuntos delitos.

Por ello, la ONG solicitó al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, que actúe en ese caso «y evitar graves violaciones a los derechos humanos que se pudiesen producir».

Empiezan a llegar denuncias de allanamientos sin orden judicial y violentos de viviendas, así como detención de jóvenes que transitaban por las calles en #LaVega @Defensoria_Vzla @aruizddp debe actuar y evitar graves violaciones a los derechos humanos que se pudiesen producir.

— PROVEA (@_Provea) June 12, 2021

La mañana de este sábado 12 de junio, usuarios reportaron por redes sociales que funcionarios policiales del gobierno de Nicolás Maduro bloquearon el acceso a La Vega debido a un operativo en la zona contra las bandas de alias “el Coqui” y alias “el Mayeya”.

Carmen Meléndez, ministra para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, confirmó en su cuenta de Twitter que el Gobierno venezolano desplegó a organismos de Seguridad Ciudadana hacia La Vega con el objetivo de liberar a esta comunidad caraqueña de los grupos irregulares que operan en la zona, mediante la captura de los líderes de las bandas delincuenciales.

“Desalojaron el centro comercial Galerías El Paraíso, cerraron todos los locales de la Vega y también la bomba de La India. También bloquearon los accesos q conducen a La Yaguara, Ucab, Puente Hierro y El Paraíso”, según un testimonio.

*Con información de TC y EP

Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron este lunes cuatro viviendas pertenecientes a familiares de Pedro Troconis, Antonio Marval y Ramón Pérez, magistrados que conforman el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, y durante el procedimiento fue detenida Yasneth Lorenzo, esposa de uno de los magistrados.

Las tres revisiones ocurrieron una semana después de las ejecutadas el pasado lunes 30 de abril, cuando se registraron domicilios y oficinas de Miguel Ángel Martín y Antonio José Marval, en Valencia, estado Carabobo; Pedro Troconis, en Barquisimeto, estado Lara; la casa de la madre de Elenis Rodríguez, en Maturín, estado Monagas; y la vivienda de Cioly Zambrano, en la Ciudad de Mérida, estado Mérida.

En Barquisimeto, estado Lara, un grupo de funcionarios del Sebin se presentó en la casa del magistrado Ramón Perez Linares fue allanada en horas de la mañana. La esposa del abogado, Yasneth Lorenzo, fue detenida por los efectivos, denunciaron a través de Twitter varias organizaciones políticas.

Rechazamos la detención de la esposa del Magistrado del @TSJ_Legitimo Ramón Perez Linárez, Sra. Yasneth Lorenzo, por parte de funcionarios del Sebin, quienes mantienen desde hace días acosadas a las familias de quienes trabajan por la Libertad.

— VenteLara (@VenteLara1) May 7, 2018

En casa de la madre del magistrado Pedro Troconis, también en la ciudad de Barquisimeto, los efectivos se apersonaron en horas de la mañana acompañados del Fiscal 22 del Ministerio Público. Ocho funcionarios ejecutaron el procedimiento en el que fueron sustraídos documentos, un equipo celular y papeles de una motocicleta presuntamente propiedad del abogado. La madre de Troconis, Maria da Silva de Troconis, de 73 años, sufrió una crisis hipertensiva a causa del nerviosismo del allanamiento, denunciaron vecinos.

La residencia que pertenece al magistrado en el exilio Antonio Marval, ubicada en Valencia, estado Carabobo, está actualmente alquilada a una pareja y su hijo pequeño, pero eso no detuvo a los funcionarios del Sebin de realizar el allanamiento. Al igual que en los otros operativos, un fiscal del MP estuvo presente en la operación.

*Con información de El Impulso y El Carabobeño

El Gobierno chileno expresó este martes primero de mayo su preocupación por las denuncias realizadas por magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio ante los allanamientos a sus propiedades por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Según un comunicado de la cancillería austral, una de esas denuncias fue realizada por la magistrada Elenis del Valle Rodríguez, a quien se le concedió asilo político en Chile en octubre de 2017.

“El Gobierno de Chile insta, una vez más, al Gobierno de Venezuela, a que se respeten los derechos humanos de todos los venezolanos”, enfatiza el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores austral.

Varios integrantes del TSJ de Venezuela en el exilio denunciaron este lunes allanamientos por parte del Sebin a sus propiedades, en un acto que diputados opositores señalaron como una respuesta “de miedo” por parte del Ejecutivo.

“En éste momento están ALLANANDO la casa de mi mamá en Maturín estado Monagas (…). Mi madre tiene principios de Alzheimer, hago responsable al Gobierno por lo que pueda sucederle a ella y a mi familia!”, publicó en su cuenta de Twitter la magistrada Elenis Rodríguez.

El miembro de la sala de casación penal José Troconis denunció que el Sebin forzó la puerta de su oficina en el estado Lara, mensaje que acompañó con una foto en la que se ve un vehículo de este cuerpo de seguridad frente a una casa.

El ministro  Reverol presentó el balance de la Operación Manos de Papel       Cortesía

El ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció la detención de 125 personas en la Operación Manos de Papel con la que se que busca frenar las “mafias dedicadas a la venta y contrabando de dinero en efectivo hacia Colombia, así como la extracción de combustible”.

Reverol dio la información en una rueda de prensa y a través de su cuenta en la red social Twitter, (@NestorReverol) donde indicó que 32 de los aprehendidos fueron capturados por contrabando de combustible. Además anunció que 19 concesionarios de vehículos fueron intervenidos e incautadas 492 autos y 47 motos.

Dijo que con motivo de la operación Manos de Papel se han realizado más de 125 allanamientos y se han ejecutado 61 órdenes de allanamiento, admeás hay más de 75 personas solicitadas, cuyos rostros fueron colocados en afiches que se han desplegado por todo el territorio, “para que nuestro pueblo los denuncie”.

Agregó que se han realizado 596 allanamientos a empresas y se adelantan 225 investigaciones a igual número de compañías, “fueron bloqueadas 1.133 cuentas bancarias”.

Entre los puntos intervenidos también están el Registro Principal y las Notarías de Táchira, esto para verificar compra y venta de los vehículos decomisados. “Caiga quien caiga vamos a detenerlos”, apuntó.

Dijo que están involucrados 12 fiscales regionales, dos nacionales y el superior del Táchira, además de funcionarios de inteligencia. Entre los delitos imputados están legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito y evasión de impuestos.

1. Por instrucciones de nuestro Presidente @NicolasMaduro, realizamos un balance de los avances de la #OperaciónManosDePapel que deja en evidencia la sistemática guerra económica contra el pueblo de Venezuela, dirigida por sicarios económicos. pic.twitter.com/Pv2Vxi7GRd

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 23 de abril de 2018

2. Estudiamos el comportamiento de esta tipología y modus operandi de la compra y venta de divisas, donde personas naturales y jurídicas radicas en Colombia, Panamá, y otros países están implicados en este delito. pic.twitter.com/Qtk3Ylfxd9

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 23 de abril de 2018

3. Se han realizado más de 125 allanamientos y 61 órdenes se están ejecutando. Están siendo solicitadas más de 75 personas. Desplegamos afiches con los rostros de estos criminales en todo el territorio, para que nuestro pueblo los denuncie. pic.twitter.com/99FT1Q3dKH

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 23 de abril de 2018

4. Se han allanado 596 empresas en todo el país y se están haciendo más de 225 investigaciones a empresas. También se han bloqueado mil 133 cuentas de las cuales 959 corresponden al banco Banesco. pic.twitter.com/CliDgb2Bc6

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 23 de abril de 2018

5. En las próximas horas estaremos bloqueando 300 cuentas más como parte de la investigación que estamos desarrollando en la #OperaciónManosDePapel. pic.twitter.com/Hf7sP9miiJ

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 23 de abril de 2018

6. Investigaciones arrojaron que otras organizaciones dedicadas a actividades asociadas a legitimación de capital y posible financiamiento a actividades terroristas, estarían involucradas en el contrabando de extracción y ataque a la moneda nacional. pic.twitter.com/FDLBeCKCSb

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 23 de abril de 2018

7. Se detectaron en el estado Táchira, 19 concesionarios que equipaban con combustible los vehículos consignados para la venta y de manera ilegal lo trasegaban para venderlo en zona fronteriza. pic.twitter.com/gUccwhxxJF

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 23 de abril de 2018

8. Han sido aprehendidos 32 sujetos y retenidas 47 motocicletas y 492 vehículos de diferentes marcas. Se ha comprobado el delito de legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito, evasión de impuesto y contrabando de extracción. pic.twitter.com/bSUORf0SV4

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 23 de abril de 2018

9. En este momento está siendo intervenido por el Director del SAREN, el Registro Principal y Notarías para verificar documentación, compras y ventas de estos vehículos, igualmente por instrucciones del Ministro de Transporte, Pdte del #INTT se encuentra en la entidad tachirense pic.twitter.com/vIPpxEOwGm

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 23 de abril de 2018

10. Estamos haciendo las investigaciones pertinentes a gerentes de entidades financieras, así como el seguimiento a las remesas que despacha el Banco Central de Venezuela en esta entidad.

— Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 23 de abril de 2018

En medio de una política de represión de la población, el gobierno venezolano ha extendido su control con el allanamiento ilegal de viviendas y ataques a zonas residenciales por fuerzas de seguridad, alertó hoy Amnistía Internacional (AI).

«Se trata de un mecanismo más de represión, un mecanismo que está llevando la represión de las calles a la vida privada y al espacio privado de las personas, generando una situación de terror», dijo a Efe Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI.

El día en que se presenta el informe «Noches de terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela», Guevara-Rosas explicó que los allanamientos, la mayoría enmarcados en las masivas protestas de la oposición de abril a julio que dejaron más de 120 muertos, agravan la «violación de derechos humanos» en ese país y violan «los estándares internacionales».

Para la elaboración del informe, un grupo de expertos de la ONG viajó a cuatro ciudades venezolanas -en los estados de Miranda, Carabobo y Lara, además del Distrito Capital (Caracas)- con un elevado número de allanamientos, y también recogieron datos de entidades civiles locales.

«No tenemos registros precisos, pero sabemos que hay reportes y denuncias de por lo menos 47 allanamientos ilegales en 11 estados» sin saber si han desencadenado detenciones, indicó la representante de AI.

El informe destaca que hay «evidencia de que, inmediatamente después de las manifestaciones, los cuerpos de seguridad del Estado se dirigían hacia el interior de los edificios y zonas residenciales».

Pero algunos allanamientos se producían «muchas horas después», y en unos y otros se incumplía la propia legislación venezolana que exige una orden judicial para los registros domiciliarios.

Entre quienes acogían a manifestantes en sus casas, hubo incluso detenciones arbitrarias «de corto plazo» y violencia.

«Es alarmante que en todas las comunidades entrevistadas fue consistente el relato de uso de violencia como golpes con las armas o patadas a las personas que estaban siendo arrestadas», señala el informe.

Según el testimonio de algunas de las 120 personas entrevistadas, también hubo uso de armas de fuego y gases lacrimógenos, destrozo de las zonas residenciales y robo de objetos dentro de las propiedades como relojes, computadores o teléfonos móviles.

En ocasiones los allanamientos los llevaban a cabo grupos de civiles armados que «operan en paralelo y, de alguna manera, con el apoyo de las autoridades», explicó Guevara-Rosas.

Por ello, Amnistía Internacional considera «incuestionable» que Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, padece una «crisis inconstitucional».

Y está «estrechamente ligada a altos niveles de impunidad», con detenciones arbitrarias, configuración de grupos civiles armados y ahora el allanamiento ilegal a domicilios.

AI concluye que es «imperativo» que el Estado venezolano cese de inmediato los allanamientos y detenga «de forma urgente» la práctica de «uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad».

También solicita que se «investigue y sancione de manera eficiente e imparcial, y por un tribunal civil, las acciones de grupos civiles armados» y a los funcionarios que llevaron a cabo dichos allanamientos.

Además, pide al gobierno de Maduro «las garantías necesarias para que las investigaciones sean imparciales y no supongan un riesgo para las víctimas que busquen justicia y reparación integral».

Y también que «garantice los derechos a la inviolabilidad del domicilio, a la vida privada», y libere a quienes han sido detenidos de manera arbitraria en estos meses, declinando asimismo las competencias otorgadas a los tribunales militares.