Acitivistas DDHH

El ilustrador Lucas García París, junto a la ONG Provea y otras asociaciones civiles, cronstruyen relatos gráficos de no ficción para retratar las distintas violaciones a los derechos humanos que suceden en Venezuela a lo largo de los años

Texto: AFP. Foto: Federico Parra (@federicoparra) / AFP

Ni Spider-Man ni Superman salvan el día. No hay final feliz en los cómics con los que el ilustrador Lucas García París da voz a víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Sus viñetas, con altos contrastes entre luces y sombras, son crudas: una gigantesca bota militar amenaza con aplastar a manifestantes en las protestas de 2017 contra el presidente Nicolás Maduro; pescadores confundidos con «guerrilleros» son atravesados por balas disparadas por soldados y policías en la masacre de El Amparo (en el estado Apure), ocurrida hace más de 35 años en un pequeño pueblo fronterizo con Colombia; un hombre es ejecutado por un agente con una máscara de calavera en un barrio de Caracas.

Los cómics de García París nacieron en colaboración con organizaciones de derechos humanos como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) ante «la necesidad» de «un lenguaje, una iconografía, que fuera más cercana» a la gente, comenta a la Agencia Francesa de la Prensa (AFP) este artista de 50 años, en el pequeño estudio que tiene en su departamento en Caracas.

«Si tú me hubieses dicho hace diez años que este era el género con el cual íbamos a tratar temas centrales de lo que está pasando en el país, no lo hubiera creído», confiesa.

Venezuela tiene larga tradición en la caricatura, con grandes exponentes del humor político en América Latina como el fallecido Pedro León Zapata (1929-2016) o Rayma, pero el cómic ha sido un territorio poco explorado.

«Aquí no se hicieron cómics de superhéroes» o «grandes novelas gráficas de ficción», repasó García París.

Maduro, que buscará la reelección el año próximo, enfrenta graves acusaciones de violaciones de derechos humanos, que se han cristalizado en una investigación en curso ante la Corte Penal Internacional (CPI).

«Una buena experiencia»

«¿Cómo le explicamos lo que está pasando a estos jóvenes que están frente a las protestas de una manera que sea más sencilla, más cercana?», fue la pregunta que según Marino Alvarado, directivo de PROVEA, impulsó la serie «Cómics de la Rebelión» en 2017.

Se buscaba con estas historietas de distribución gratuita, aunque no masiva, sortear un sofocante clima de censura que denuncian otras ONG como Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela desde inicios del año 2000, con la presidencia de Hugo Chávez Frías.

Su impacto llevó a nuevas colaboraciones entre PROVEA y García París en los años siguientes: «Camino a la Justicia» resume los informes de las investigaciones de los fiscales de la CPI y «Lo que se cuenta no se olvida» lleva a las páginas de los cómics testimonios emblemáticos de víctimas en un libro del mismo nombre.

«El Amparo», publicado este año, rememora la masacre de 14 pescadores el 29 de octubre de 1988. Los dos únicos sobrevivientes, aún hoy, piden justicia en un caso en el que no hay ni un detenido.

García París ha colaborado igualmente con otras organizaciones de derechos humanos como REACIN (Red de Activismo e Investigación por la Convivencia), así como con webs informativas; y acaba de publicar un libro propio: «El Tema. Una memoria gráfica sobre los derechos humanos».

«Empatía»

García París recuerda que cuando migró temporalmente a España en 2012, en medio del masivo éxodo por la crisis de Venezuela, regaló todos los libros de su biblioteca, salvo los cómics que atesoraba desde su adolescencia.

«Es un medio súper interesante (…). Yo escribía y ahorita ya no escribo, porque me he dado cuenta de que lo que me gusta es hacer cómics», explica el ilustrador, cuyas primeras aproximaciones con organizaciones de derechos humanos se dieron como diseñador o asesor de comunicación.

«Te vuelves más empático hacia el otro (…). De verdad, lo que le pasa al otro, te empieza a doler a ti», narra, esperando que sus lectores vivan esa misma metamorfosis. «La gente tiende a ver que (el tema de los derechos humanos) es un problema que pasa en otro lado y le pasa a otra gente y realmente lo que le está pasando al otro, te está pasando a ti».

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33 hombres fueron arrestados, expuestos al escarnio público e imputados con cargos que no corresponden a los hechos sucedidos y que pueden dar pie a una futura criminalización sistemática contra las personas sexodiversas

@Luciapietf

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) irrumpieron en un club nocturno sin una orden de allanamiento y detuvieron arbitrariamente a 33 hombres por supuestamente participar en una «fiesta sexual» en un local privado de Valencia, estado Carabobo, el cual contaba con su permisología respectiva y tenía más de 20 años funcionando en la ciudad. 

Posteriormente, la policía publicó fotografías de los aprehendidos mostrando sus rostros e identificaciones. La PNB señaló en el parte policial que «al parecer, los sujetos realizaban una ‘‘orgía’’ en el local y además registraban la acción en videos para comercializar el material». A su vez, divulgaron que uno de los arrestados es presuntamente seropositivo. 

El Código Penal no establece como delito las relaciones consensuadas – grupales o no- entre adultos del mismo género en un espacio privado, pero los hombres fueron trasladados al Palacio de Justicia de Carabobo para ser presentados ante tribunales. 

Tras más de 48 horas, los detenidos fueron imputados por la jueza Marialba Villareal en el Tribunal Quinto Municipal de Valencia por delitos de  «ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica», según el director general de la oenegé País Plural, Daniel Picado. Treinta de ellos fueron liberados bajo régimen de presentación y los tres restantes, el dueño del local y dos trabajadores, presentaron fiadores para obtener libertad condicional.

«Esto puede ser el inicio de la criminalización hacia personas LGBTIQ+ en Venezuela», declaró Picado.

En entrevista para Runrun.es, la diputada y abogada Tamara Adrián explicó por qué fue un proceso irregular, así como por qué los cargos imputados no corresponden a los hechos y representan una violación a los derechos de los detenidos.

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Los presuntos crímenes

El delito de «ultraje al pudor», previsto en el artículo 382 del Código Penal Venezolano, hace alusión a diversos actos que atenten contra “la moral y buenas costumbres” y es un crimen que solo se puede cometer en la vía pública o lugares abiertos a la vista público. «No se le puede imputar porque no fue público, fue dentro de un local cerrado donde no había posibilidad de acceso a la vista de terceros», afirmó Adrián. 

El agavillamiento, establecido en el artículo 287 del Código Penal, consiste en la asociación de dos o más personas con el fin de cometer delitos, «(…) pero necesitan ponerse de acuerdo y cometer efectivamente el delito». Como no hubo delito, no pudo haber agavillamiento, aseveró. 

La contaminación sónica es una norma constituida en el artículo 110 de la Ley Penal del Ambiente, pero aseveró que «no se lo han aplicado nunca a nadie» y que el local donde ocurrieron los hechos tiene más de 20 años funcionando en la ciudad. Además, esta norma solo se aplica a los propietarios de establecimientos, no a quienes hagan vida en estos.

Cabe mencionar que el tribunal estableció régimen de presentación a 30 de los 33 detenidos, lo cual no significa libertad absoluta, y se aplica cuando el tribunal considera que existe un peligro de fuga u obstaculización de la investigación, detalló la oenegé Acción Solidaria desde sus redes sociales. 

También se dictó una prohibición de enajenar el local y que este puede ser incautado por las autoridades. «Creo que estamos en presencia de un plan de limpieza social», como en la sociedad venezolana a finales del siglo XX, expresó la abogada.   

«En los años 80 y 90, cuando tú ibas a un local de ambiente, el temor que tú tenías era enorme. Eso no impedía que fueras, pero estabas en cualquier momento esperando que hubiera un allanamiento, viendo dónde estaba la puerta de emergencia, cómo salías (…) Dependiendo de los sitios, ocurría más o menos», aclaró Adrián, refiriendose a los bares de ambiente caraqueños de aquellas décadas, donde las posibilidades de sufrir extorsiones, arrestos o la aplicación de la extinta Ley de vagos y maleantes era muy elevada. 

La ley de vagos y maleantes, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 1998, permitía a las autoridades llevar personas que nunca cometieron un delito a campos de reeducación. Estas personas presuntamente cumplían ciertos rasgos que los predisponían a ser criminales. 

Los homosexuales eran definidos como «vagos» y, en consecuencia de su orientación, podían pasar hasta dos años en estos campos, indicó Adrián.

El escarnio público y la cobertura mediática

Tras el arresto, la PNB publicó una minuta con los datos y rostros de los detenidos. Expuso a los hombres masivamente a través de las redes y medios de comunicación, donde algunos le dieron una cobertura “irresponsable y estigmatizante” a los hechos que alimentó la burla y la desinformación, de acuerdo con País Plural. 

Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) exhortó a los periodistas a revisar su Código de Ética y señaló que «replicar informaciones estigmatizantes y que denigran a los implicados también es una violación de los Derechos Humanos (DDHH)».

En las coberturas también se expuso la condición de VIH de uno de los hombres aprehendidos, lo que generó críticas y señalamientos por ello. La Ley Orgánica para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH/Sida y sus familiares establece en el artículo 9 lo siguiente: «La condición de salud de las personas con VIH/SIDA, forma parte de su derecho a la vida privada y es de carácter estrictamente confidencial, salvo excepciones previstas en la ley (…)».

Vulneración de derechos: el inicio de una posible persecución sistemática

Yendri Velásquez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) LGBTIQ+, manifestó en entrevista con Runrun.es que los detenidos fueron recluidos en celdas preventivas de la sede de la PNB en Carabobo y que aunque «hubo un cierto grado de colaboración de los funcionarios con los familiares», nunca dejaron pasar medicamentos para aquellos con condiciones de salud especiales como diabetes, asma y gastritis.

URGENTE | No permiten entrega de medicinas a los 33 hombres gays detenidos en este momento en el Palacio de Justicia #Carabobo, denuncian familiares, según el defensor de LGBTIQ+ @yendrive de @ovlgbtiq

Exigimos a la @Defensoria_Vzla @aruizddp su intervención en estos casos. https://t.co/TQ6T7OpAA2

— ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA (@ACCSI_VIHSIDA) July 26, 2023

Tampoco permitieron a los familiares verlos salvo una vez, durante cinco minutos, cuando la audiencia fue diferida el martes. La comunicación fue muy limitada y las autoridades no actualizaron a los familiares que se mantenían fuera de los tribunales esperando por información del proceso, lamentó Velásquez.  

País Plural denunció la admisión de las acusaciones por parte de la Fiscalía Quinta del estado Carabobo, como un precedente negativo y que puede ser el primer paso hacia la criminalización sistemática de la comunidad en el país LGBTIQ+ en Venezuela. La oenegé exige la eliminación de los cargos imputados por la Fiscalía y la libertad plena para los 33 detenidos, e invita a los funcionarios del Estado al resarcimiento por la exposición y escarnio público a los que fueron sometidos. 

Yendri Velásquez observó que «si bien ya había registros de allanamientos y de detenciones arbitrarias», lo ocurrido es una «escalada en la criminalización desde lo penal».

«Estimamos que pueda estar profundizándose, de aquí al futuro, como consecuencia de las alianzas con grupos anti-derechos de quienes hoy están en el poder», concluyó.

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Reyna recibió el máximo galardón para los defensores de Derechos Humanos junto a los activistas Delphine Djiraibé, oriunda de Chad, y Khurram Parvez, proveniente de la región de Cachemira (entre India y Pakistán) 

El presidente de la Acción solidaria recalcó que la emergencia humanitaria de Venezuela está «olvidada por la comunidad internacional»

Con información de EFE 

El activista y venezolano Feliciano Reyna recibió en Ginebra el premio Martin Ennals, uno de los máximos galardones en materia de Derechos Humanos el pasado 16 de febrero. El jurado, conformado por activistas de Human Rights Watch y Anmistía Internacional, galardonaron al presidente de la Asociación Civil Acción Solidaria por sus 30 años de experiencia en la atención a las personas con VIH-SIDA, la defensa de la comunidad LGBTIQ+ y la creación de una red de ONG dedicadas al acceso a la salud en el contexto de Emergencia Humanitaria Compleja.

«En 1994 la pareja de Feliciano murió por SIDA. Y, mientras algunos simplemente dicen adiós y siguen con su vidas, Reyna decidió comprometerse a entregar medicinas a las personas con el mismo padecimiento. Decidió comprometerse con el acceso a la salud de las comunidades más vulnerables y marginadas. (…) Durante más de 20 años ha estado denunciando el derecho a la salud en Venezuela a la comunidad internacional», recalcó Mauro Poggia, presidente del consulado estatal de la ciudad de Ginebra, durante la premiación. 

Reyna explicó que ese hito en su carrera lo logró gracias al apoyo de mucha gente y la participación de todo un movimiento. Dedicó el premio «al movimiento de derechos humanos de Venezuela, principalmente a los jóvenes que entran al activismo, y al liderazgo de las mujeres, que consideramos esenciales para construir la institucionalidad democrática que necesita nuestro país».

«Olvidados por la comunidad internacional»

El activista venezolano, quién quien también integrante del Foro Cívico y cofundador de la Coalición de Organizaciones por los Derechos a la Salud y a la Vida (Codevida), destacó que la emergencia humanitaria de su país está «olvidada por la comunidad internacional» y pidió soluciones a los problemas económicos y sociales que atraviesa Venezuela, y que afectan a los servicios sanitarios y al tratamiento médico para las personas con sida.

Recalcó que en la última década el gremio médico de Venezuela ha mermado más del 70% en todas sus especialidades. «Lo que ha documentado Amnistía Internacional sobre la violación de Derechos Humanos en el país sigue allí (…). Seguimos en un contexto de Emergencia Humanitaria, 18 millones de venezolanos siguen necesitando ayuda humanitaria, (…) más del 25% de la población dependen de ello», dijo Reyna durante la ceremonia. 

Reyna destacó que el Estado venezolano sigue «escondiendo las cifras de afectados» para que la ONU pueda implementar sus plataformas de ayuda humanitaria de forma adecuada. 

El premio que recibió Feliciano Reyna ocurre en un contexto donde la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020 aprobó a finales de enero en primera discusión, el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines.

En la sesión del 24 de enero, Diosdado Cabello, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hizo la presentación del proyecto que había anunciado días atrás en su espacio de VTV Con el mazo dando. Aseveró que la iniciativa es una respuesta a una «situación irregular» que ha ocurrido en el país, «casualmente con mayor fuerza» con la llegada al poder del gobernante Nicolás Maduro.

La lucha por los DDHH en India y Chad

Reyna recibió el premio Martin Ennals 2023 junto al activista indio Khurram Parvez, activista de la región Cachemira (ubicada al norte de India en disputa territorial y religiosa con Pakistán y China), quién ha documentado y acompañado legalmente por décadas más de 8000 desapariciones arbitrarías y millones de casos de detenciones arbitrarias y torturas por parte del estado Indio a las comunidades musulmanas.

Parvez no pudo estar presente en la premiación porque el gobierno de India lo arrestó en noviembre del 2021 bajo acusaciones de «terrorismo» por su labor como director de la Federación Asiática Contra las Desapariciones Forzadas (AFAD, por sus siglas en inglés). 

También fue galardonada la abogada chadiana Delphine Djiraibé, quien se dedica al registro y asesoría legal de la violación de Derechos Humanos y tráfico de personas en el país africano de Chad. Fundó en la década de 1990 la Asociación Chadiana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ATPDH, por sus siglas en inglés) y es actualmente la coordinadora del Comité de Paz y Reconciliación. 

El premio es concedido por un jurado formado por miembros de diez reconocidas organizaciones de derechos humanos internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Organización Mundial Contra la Tortura o la Comisión Internacional de Juristas.

Después de sus reuniones en Caracas, representantes del gobierno de Gustavo Petro y el ELN acordaron retomar el proceso de diálogo y cese al conflicto armado en febrero del 2023 en México

Con información de EFE

Representantes Gobierno de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) informaron este sábado, en Caracas, que la próxima ronda de diálogos entre el Ejecutivo de Gustavo Petro y el grupo guerrillero se celebrará en México en febrero de este año.

Las delegaciones del Gobierno de Gustavo Petro y el ELN sostuvieron reuniones extraordinarias en Caracas entre el 17 y el 21 de enero.  El representante del Ejército Nacional de Liberación  Pablo Beltrán anunció que discutirán la posibilidad de un cese al fuego bilateral a partir del 13 de febrero, cuando arrancará el segundo ciclo del diálogo que comenzó en Venezuela en noviembre pasado. 

El diálogo retomó sus reuniones luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunciara el 31 de diciembre un acuerdo de cese al fuego bilateral hasta el 30 de junio con el ELN, dos grupos disidentes de las FARC, la banda narcotraficante Clan del Golfo y las Autodefensas de la Sierra Nevada, un grupo de origen paramilitar.

Tres días más tarde, representantes del ELN negaron haber pactado una tregua.

Las delegaciones reafirmaron un acuerdo parcial sobre «acciones y dinámicas humanitarias» en dos regiones del occidente colombiano, el Bajo Calima, en el departamento del Valle del Cauca, y el Medio San Juan, en el Chocó. Del mismo modo, informaron que aplicarán un esquema de «atención de emergencia humanitaria a un grupo de presos políticos» que están resguardados por el ELN.

El ELN mantiene una presencia tanto en Colombia como en Venezuela y Ecuador. Diversas ONG venezolanas han reportado que grupos armados identificados como miembros del ELN y de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) establecen un control del territorio y de la violencia en los estados Amazonas, Apure, Bolívar y Táchira. 

Mientras tanto, Venezuela reafirma su papel como país garante del diálogo junto a Cuba, Chile, Noruega y México.

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@RobertoPatino 

En horas de la mañana del viernes 8 de mayo, efectivos de cuerpos policiales irrumpieron en la casa de Junior Pantoja, en la Zona 2 de Petare, en Caracas, para detenerlo de manera ilegal e injustificada. No fue sino hasta horas de la noche en que sus familiares pudieron tener un breve contacto con él, luego de varias horas angustiosas en las que líderes de la comunidad informaron de su secuestro y desaparición.

Junior es un reconocido líder y activista social. Durante años ha estado ligado a iniciativas y proyectos tanto en José Félix Ribas como en el resto de Petare. Su participación en el rescate de espacios comunes ha significado la recuperación de calles, plazas y canchas deportivas para sus habitantes, con un impacto significativo en la mejora de las condiciones de vida de jóvenes y niños de la comunidad.

Junior es uno los líderes más importantes de Alimenta La Solidaridad en Petare. Nuestro comedor en la parroquia de El Sabor, en la Zona 2, funciona en la platabanda de su casa, en el hogar en el que fue secuestrado. Ese comedor sirve a almuerzos diarios a más de 80 niños, un apoyo de enorme valía e importancia para sus familias en medio de la grave emergencia alimentaria que estamos padeciendo en nuestro país. Igualmente, en este comedor se realizan actividades recreativas, educativas y recreacionales en un esfuerzo conjunto de organizaciones y voluntariado.

Estos operativos fueron llevados a cabo por integrantes del CICPC y las FAES, que reprodujeron los patrones de violación de derechos humanos, detenciones ilegales y ajusticiamientos que ya han sido denunciados por ONG como COFAVIC y Provea, así como por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet.

Junior es hipertenso y diabético, y en este sentido debe seguir un régimen de medicación para evitar el deterioro de su salud, por lo que nos preocupa enormemente sus actuales condiciones de reclusión. Desde Alimenta la Solidaridad y el Movimiento Mi Convive nos sumamos a la exigencia de sus familiares y comunidad para que se respeten los derechos humanos de Junior y se garantice su seguridad personal y pronta liberación.

El caso de Junior es una nueva expresión del hostigamiento que desde el Estado viene dándose en contra de las comunidades y sus líderes en el país, sometiendo a amplios sectores de la población a la represión y la violencia. Debe detenerse la criminalización de trabajadores sociales de inmediato  y generar los mecanismos para la reconstrucción de la convivencia para darle solución a la grave crisis que estamos viviendo.

* Coordinador del Movimiento Caracas Mi Convive y Alimenta La Solidaridad. Miembro de Primero Justicia

robertopatino.com

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UNO ESCUCHA AL PAPA Y ENTIENDE QUE EL CONFLICTO VENEZOLANO LE ES INDIFERENTE, no está en su voluntad entenderlo. He aquí una razón para la esperanza en el futuro de Venezuela: el trabajo que están realizando personas e instituciones, dentro y fuera del país. No hay mejor prospección futurística que la que se asienta sobre las capacidades humanas.

Uno oye de primera mano la historia reciente de Verónica Michelle Bachelet, de cómo usó a contingentes de inmigrantes haitianos para ganarse un sueldo en Naciones Unidas, y queda pasmado ante su calaña de sinvergüenza: jamás hará nada por Venezuela. Uno ve los movimientos del cobarde Pedro Sánchez dentro del ámbito español y sabe que anda por la vida ufano de su condición de cero a la izquierda, derrochando físico a raudales, tan coqueto con la dinastía castrista.

Hay personajes que levantan su voz valiente, sin cortapisas, en torno a la naturaleza criminal del actual régimen venezolano, pero a fin de cuentas es poco lo que pueden hacer. Mario Vargas Llosa lo sabe todo, todo lo ve; sin embargo, su apoyo a Venezuela quedará en palabras, y las palabras llegan hasta un cierto punto, que es el punto de la siembra y de la difusión. Valedero aunque limitado. El intelectual mexicano Enrique Krauze ha hecho un aporte fundamental con su verbo, sin ir más lejos, al intervenir en el documental de Carlos Oteyza sobre la tragedia provocada por Hugo Chávez. ¿No ha ganado todavía ningún premio internacional “El pueblo soy yo”? ¿Qué demonios están esperando?

Pero lo que más vale, desde luego y vistas las cosas a cierta distancia, es la inteligencia de Susana Raffalli, la tozudez de los Requesens, el empeño de quienes todavía mueven gente hacia el Trasnocho Cultural o Los Galpones convocando a un recital de poesía o al estreno de una película, a la apertura de una exposición. Lo que vale es el testimonio de las víctimas, las crónicas en los portales, la fuerza de los liceístas y universitarios. Quisiera hacer una mención especial (es el caso que mejor conozco) de la Universidad Católica Andrés Bello: bajo el lema “De la UCAB al país que queremos”, con sus propuestas en políticas públicas, sus informes Encovi, su vocación por los más necesitados, no se ha dado por vencida ni mucho menos.

El año 2018 ha sido un gran año para los venezolanos, aunque no lo haya sido para Venezuela. Hay un liderazgo múltiple, en espacios disímiles y geográficamente distantes, que actúa como focos de luz. Por ahí es el camino. El camino jamás estará en el golpismo, en los militares, en Donald Trump o esperpentos semejantes. El único camino está dentro del país, en sus ciudadanos de adentro y de afuera. Está en ese liderazgo que se ramifica y da ejemplo. Un liderazgo en consolidación: ha nacido para implantarse con fuerza. Por Madrid estuvo hace pocos días, luego de dar una conferencia en Salamanca, Mayda Hocever. Mayda es una talentosa y perspicaz activista venezolana. Ha contribuido a desarrollar un Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes.

Claro que hay razones para la esperanza: la ilusión reposa en el ánimo insumergible de Mayda y de muchas personas como ella: Ligia Bolívar, Andrea Santacruz, Gloria Perdomo, Feliciano Reyna, Katherine Martínez, Luisa Pernalete, Francisco José Virtuoso. Pedagogos o activistas de los DDHH; gente que trabaja a favor de los más débiles.

El papa Francisco anda en otra cosa, montado en su veloz caballo de pista y campo marca “Concordia”.

Esos nombres, esos apellidos, y los de emprendedores, empresarios, políticos, periodistas y sacerdotes que trabajan cada día plantando cara a la destrucción sistemática es lo que cuenta. Lo que salva. No salva la palabra “concordia”, para nada. Tampoco la esperanza inútil de un desembarco de los marines. Los países demócratas no tienen fuerza ni medios para desalojar a una élite corrupta de otro país. Ni ganas. Andan débiles. Tienen sus propios problemas. Lo decía la filósofa Adela Cortina hace unos días en una conferencia:

“La democracia está en peligro. Creemos que está conquistada pero no lo está, hay un retroceso clarísimo. Los países demócratas tradicionales están perdiendo fuerza. Hay democracias que han dejado totalmente de lado los derechos sociales y eso tampoco es democracia pues hoy en día este concepto viene cargado con una serie de elementos y requisitos que deben ser cumplidos todos. Hay recesión democrática. Deberíamos tomarnos esto muy en serio”.

Sebastián De La Nuez

@sdelanuez

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