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Acceso a la Justicia

Acceso a la Justicia: En el limbo las parlamentarias de 2020
Nicolas Maduro asomo la posibilidad de aplazar los comicios debido a la Covid-19

La certeza respecto al momento en que se celebrarán las elecciones es uno de los pilares de los sistemas democráticos alrededor del mundo, y en Venezuela lo fue también durante décadas. Sin embargo, esto ha ido cambiando con el chavismo; las elecciones ya no solo no se celebran en diciembre, como tradicionalmente ocurría, sino que algunas de ellas tampoco se han dado en el momento en que correspondía.

Un ejemplo fueron los últimos comicios de alcaldes y concejales, que debieron celebrarse en 2012 junto con los de gobernadores, pero fueron aplazados para abril de 2013.

La muerte del presidente Hugo Chávez, anunciada el de 5 de marzo de 2013, forzó la celebración de unas elecciones presidenciales sobrevenidas, las cuales se celebraron el 14 de abril y ello obligó a postergar nuevamente el proceso municipal.

Esta anomalía volvió a repetirse en el caso de las elecciones regionales, que tuvieron lugar el 15 de octubre de 2017, es decir, con más de diez meses de atraso. El artículo 160 de la Constitución de 1999 establece claramente que el período de los gobernadores es de cuatro años, por lo cual las últimas elecciones para elegir a dichos funcionarios debieron celebrarse en 2016, porque las anteriores ocurrieron en 2012, pero ello no fue así.

«Estamos viviendo una emergencia económica, producto de que sobre Venezuela hay una guerra petrolera, económica y financiera (…) Ahora no tenemos los recursos y la prioridad para el país, porque las elecciones no son un derecho fundamental como lo es la alimentación, la salud y el bienestar».

Estas fueron palabras del diputado oficialista Pedro Carreño cuando se le preguntó sobre la demora para celebrar dicho proceso.

Pero esta práctica podría convertirse en rutinaria, porque Nicolás Maduro ya ha dejado entrever la posibilidad de que las legislativas tampoco se celebren en el tiempo correspondiente. “Hoy sería una irresponsabilidad de mi parte decir que tiene que haber elecciones a trocha y mocha”, declaró en abril de 2020 a un programa argentino, alegando que el coronavirus podría impedir la convocatoria a las urnas.

Semanas después, durante una cadena de radio y televisión, el ocupante del Palacio de Miraflores volvió a insistir en su tesis: “Este es año de elecciones si lo permite la pandemia, bueno, presenten sus candidatos, vayamos a la elección de la Asamblea Nacional y los asuntos entre los venezolanos los resolvemos entre los venezolanos con el voto popular el día de las elecciones”.

No obstante, vale la pena advertir que el estado de alarma decretado por la COVID-19 no ampara una eventual postergación de las elecciones. La Ley Orgánica de Estados de Excepción, en el numeral 13 de su artículo 7, establece que el sufragio no se puede suspender bajo estados de conmoción, alarma o excepción.

 

OIT reprobaría a gobierno de Maduro por su gestión ante la pandemia
Acceso a la Justicia considera que Maduro no ha cumplido por lo menos con once de las catorce indicaciones que les hizo la OIT a los 187 Estados miembros 

Reprobado. De ser un estudiante esta sería la calificación que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le colocaría a Venezuela por la manera en que ha gestionado la pandemia de la COVID-19 y tratado de minimizar sus efectos sobre los trabajadores y empleadores. A esta conclusión se arriba luego de verificar si Venezuela ha cumplido con las recomendaciones contenidas en el reporte que el organismo, con sede en Ginebra (Suiza), publicó en el mes de marzo.

Para Acceso a la Justicia, al analizar ese informe queda claro que el régimen de Nicolás Maduro no ha cumplido por lo menos con once de las catorce indicaciones que les hizo la OIT a los 187 Estados miembros para afrontar la actual coyuntura.

En saco roto

«¿Venezuela está cumpliendo con las disposiciones fundamentales en materia de relaciones de trabajo con la situación del coronavirus que establece la OIT?». Esta es la pregunta que Acceso a la Justicia se hizo frente a las recomendaciones del organismo respecto a la COVID-19. La respuesta es negativa al revisar las actuaciones de las autoridades en las últimas semanas.

Así, en materia de política fiscal, Acceso a la Justicia verificó que «no se han instaurado o anunciado, medidas o políticas fiscales que busquen socorrer o ayudar a paliar la carga de la crisis a los sectores económicos afectados»; como prueba de ello se encuentra que el Gobierno no exoneró a la población del Impuesto sobre la Renta (ISLR), sino que una vez vencido el plazo de pago estableció que aquellos que hayan percibido hasta tres salarios mínimos para el 31 de diciembre no debían pagarlo, y si ya lo hicieron les queda como crédito fiscal para el año siguiente, lo que con la hiperinflación venezolana será muy poco.

Acceso a la Justicia verificó además que las autoridades no han atendido la recomendación de fijar una política monetaria que permita la recuperación de la economía ni adoptado medidas económicas a favor de los profesionales de la salud y del sector en general. Por el contrario, el sector salud se siente amenazado por entes reguladores y fiscalizadores y temen que, en caso de expandirse la pandemia de coronavirus, sean tomadas sus instalaciones. Adicionalmente, no es que no hay crédito para esos sectores en específico; la situación es general en Venezuela: el sistema crediticio o de préstamos a través de la banca es prácticamente inexistente, lo que frena las inversiones, el emprendimiento y la sostenibilidad del aparato productivo, comercial y de servicios.

Asimismo, cabe destacar que las autoridades nacionales han ignorado la recomendación de la OIT de apoyar financieramente a las empresas para reiniciar actividades tras el fin de la cuarentena, a diferencia de lo ocurrido en otros países.

Sus sugerencias han corrido la misma suerte sobre el otorgamiento de permisos pagados a los trabajadores que hayan contraído la enfermedad, así como laadopción de medidas para evitar la discriminación y para garantizar una sanidad universal.

De hecho, no es un secreto para nadie que Venezuela cuenta con el sistema de salud más deficiente de América, debido fundamentalmente a su limitado presupuesto,ausencia de insumos, infraestructura hospitalaria sin mantenimiento ni servicios básicos como agua corriente, ínfimos salarios que paga a su personal fundamental y masiva migración de profesionales de la salud. Todo agravado por la mínima o exigua cantidad de ciudadanos que cuentan con pólizas privadas de salud.

En cuanto a su propuesta del inicio de un diálogo social, hasta ahora no se ha logrado. A tal efecto, la OIT en su informe de 3 de octubre de 2019, dijo que en Venezuela:

« no se cumple con el dialogo social, ni con la participación tripartita de los agentes cruciales Trabajadores y Empleadores. Es el régimen gubernamental que descartando la participación de los trabajadores y empleadores decide y establece las disposiciones, lineamientos y forma de ejecutar los planes o nunca ejecutarlos »

Sí, pero

Un mejor comportamiento se observó al revisar la suerte que corrieron las recomendaciones dirigidas directamente hacia los trabajadores. Así, se verificó que desde el Palacio de Miraflores se han tomado medidas para proteger socialmente a la población y tratar de preservar los puestos de trabajo, tales como el Bono Especial Quédate en Casa o el nuevo decreto de inamovilidad laboral. Sin embargo, se considera que el efecto de ambas decisiones es exiguo.

Sobre el bono, se alerta que su monto es de solo Bs. 450.000, equivalente actualmente a una cantidad que no supera los tres dólares (3, 00 US$) al mes, y además, ha sido totalmente ineficiente su entrega, condicionado a que el representante de la empresa sea titular de una cuenta en el banco estatal Banco de Venezuela.

Entretanto, la inamovilidad es irrelevante, pues los trabajadores se encuentran bajo la «protección» de la inamovilidad especial desde hace más de dieciséis años, no obstante, han aumentado las cifras de desempleo y trabajo en negro e informal año tras año. Dicha medida por tanto, es innecesaria por ya existir e ineficiente o ineficazcomo ya explicamos en nuestra nota de prensa sobre este tema en específico.

 

Acceso a la Justicia: Es suspensión, no cancelación del pago de alquileres
Hasta septiembre de 2020 los pagos de alquileres están suspendidos, pero no aplazados

Las medidas impuestas para intentar frenar la propagación de la COVID-19 han supuesto un duro golpe para la ya languideciente economía venezolana. En un intento por paliar el impacto de la pandemia, el gobierno de Nicolás Maduro aprobó una serie de medidas económicas, entre las cuales figura la suspensión de los alquileres para viviendas principales e inmuebles comerciales.

La decisión, que figura en el decreto 4.169 publicado el 23 de marzo en la Gaceta Oficial extraordinaria n.º 6.522, genera una serie de dudas, algunas de las cuales Acceso a la Justicia tratará de responder a continuación.

  • ¿La medida implica que los arrendatarios están exonerados del pago?

No, la medida lo que supone es un diferimiento del deber que tiene el arrendatario de pagar el alquiler. El artículo 1 del decreto presidencial señala que el pago de los cánones de arrendamiento y cualquier otro concepto queda aplazado desde el 23 de marzo hasta el 1 de septiembre de 2020, es decir, que durante ese lapso no es obligatorio cumplir con ese pago. Si fuera una exoneración, el arrendatario quedaría liberado absolutamente de tal obligación.

  • ¿El resto de las obligaciones contractuales mantiene su vigencia?

Sí. Como ya se indicó, solo queda suspendida la exigibilidad del pago del monto del alquiler previsto en el contrato de arrendamiento, pero los cánones de arrendamiento siguen causándose durante ese tiempo. Asimismo, el resto de las obligaciones estipuladas en el contrato entre el arrendador y el arrendatario deben cumplirse.

  • ¿Cuáles son los bienes afectados por la medida?

Según el artículo 1 del decreto n.° 4.169 la suspensión del pago de alquileres recae sobre los inmuebles de uso comercial y aquellos utilizados como vivienda principal, así pues, no gozarán de este beneficio las viviendas para fines vacacionales, los puestos de estacionamientos, los depósitos o los maleteros en los edificios, etc.

Por otra parte, el artículo 5 también estipula que los establecimientos comerciales que siguen operando, por ser actividades exceptuadas de la suspensión de actividades en el estado de alarma, quedan por fuera del ámbito de aplicación de la medida. De la misma manera, el mencionado artículo expresa que se podrá desaplicar la medida de suspensión en caso de que sean reactivadas las operaciones comerciales antes del 1 de septiembre de 2020.

  • ¿Qué debe entenderse por vivienda principal?

El Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, en su resolución número 023 del 24 de marzo, publicada en la Gaceta Oficial número 41.852 de esa misma fecha, define como vivienda principal a aquella que «se encuentra habitualmente ocupada de forma permanente, y que las partes demuestren ante la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi), dicha condición».

  • ¿El decreto establece alguna disposición acerca de las modalidades para realizar los pagos de los cánones suspendidos?

Sí, el artículo 3 contempla de manera genérica que el arrendador y el arrendatario “podrán acordar, mediante consenso, términos especiales de la relación arrendaticia en el plazo a que se refiere este Decreto a los fines de adaptarla a la suspensión de pagos; para lo cual podrán fijar los parámetros de reestructuración de pagos o refinanciamiento que correspondan”. Además, el decreto impide al arrendador forzar al arrendatario a pagar el monto de los cánones suspendidos de forma inmediata, una vez levantada la suspensión.

  • ¿El Gobierno definió las modalidades de pago de los alquileres suspendidos de la vivienda principal y de su financiamiento?

Sí, en la resolución número 023 del Ministerio para Hábitat y Vivienda se establecen tres de modalidades para el pago de los cánones: La primera señala que el pago será gradual y progresivo, comenzando con un 10%. La segunda permite el pago doble mensual del canon de arrendamiento; y la tercera admite el establecimiento de cuotas especiales, las cuales podrán ser mensuales, bimensuales o trimestrales.

  • ¿Las tres modalidades anteriores son las únicas posibles para el pago de los cánones de arrendamiento de vivienda principal?

No, arrendador y arrendatario son autónomos y libres para celebrar acuerdos con soluciones diferentes a las señaladas por la resolución, con la finalidad de lograr el pago de los cánones una vez finalizada la suspensión decretada por el Gobierno.

  • ¿Los acuerdos a los que lleguen las partes deberán ser sometidos a la Sunavi?

En principio, no. El artículo 3 del decreto presidencial número 4.169 no establece que los parámetros de reestructuración de pagos o refinanciamiento acordados por las partes deban ser aprobados por la Sunavi. Sin embargo, la resolución ministerial 023 sí consagra que los contratos que se celebren con motivo de la suspensión, incluyendo aquellos no previstos en las modalidades propuestas en la resolución, sean llevados a la Consultoría Jurídica de la Sunavi.

Pero las discrepancias entre el decreto y la resolución del Ministerio de Hábitat no se quedan allí. Así en la última, en su artículo 6, dispone «montos acordados por cualquiera de las diferentes modalidades de pago previstas en la presente Resolución, no podrán ser incrementados por intereses moratorios o cualquier otra modalidad compensatoria», pese a que el artículo 3 del decreto permite abiertamente el refinanciamiento de los pagos de alquileres.

  • ¿Qué sucede si las partes no logran un acuerdo sobre el pago de los alquileres suspendidos?

La Sunavi instalará una mesa de conciliación para buscar un acuerdo entre las partes en el caso de las viviendas principales. En el de los inmuebles comerciales, la responsable de buscar este acuerdo será la Superintendencia Nacional para laDefensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).

Acceso a la Justicia considera importante advertir que la actuación de las instancias administrativas es para facilitar un acuerdo entre las partes y no con el propósito de imponer su criterio.

  • ¿Durante la vigencia de la suspensión del pago de alquileres es viable el desalojo?

No. De hecho, durante el lapso de 6 meses, comprendido entre el 23 de marzo y 2 de septiembre de 2020, se suspende la aplicación de las causales de desalojo previstas en el artículo 91 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, así como la causal de desalojo, establecida en la letra a del artículo 40 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial.

  • ¿El Gobierno ha previsto de alguna ayuda para los arrendadores?

No, hasta el momento las únicas medidas adoptadas por las autoridades están dirigidas a compensar a los arrendatarios mientras dure la pandemia, sin tener en cuenta a la otra parte de la relación, que igualmente se ve afectada.

 

Acceso a la Justicia: Régimen usa pandemia para restringir derechos civiles y políticos
La ONG Acceso a la Justicia criticó que dicho estado de alarma, decretado por Nicolás Maduro, este lleno de “gravísimas arbitrariedades en el marco normativo”

 

El director de la Organización No Gubernamental (ONG) Acceso a la Justicia, Alí Daniels, publicó este martes un informe en el cual detalló la situación de derechos humanos del país durante el Estado de Alarma decretado por el régimen de Nicolás Maduro debido a la detección de casos de covid-19 en el país.

El defensor de derechos humanos criticó que dicho estado de alarma este lleno de “gravísimas arbitrariedades en el marco normativo”, donde detectó diversas violaciones a los derechos humanos.

Daniels indicó que desde el anuncio del decreto “se ha mantenido la represión política previa”, al punto de haberse realizado, hasta la fecha, “20 detenciones por motivos políticos”, a lo que agregó que también “sigue el patrón de desapariciones y detenciones arbitrarias de familiares o relacionados con políticos perseguidos”.

“A las detenciones políticas se han agregado las de personal sanitario y periodistas por dar información sobre la mala situación del sistema de salud pública del país o por simplemente informar sobre casos de covid-19”, expresó.

Asimismo, indicó que, a pesar de ser el estado de alarma originado por una pandemia, “el racionamiento de combustible es tan arbitrario que se ha llegado a negar a médicos y enfermos crónicos”, a lo que agregaron que dicha medida también ha afectado a los productores agrícolas que “no pueden trasladar alimentos por no tener acceso al combustible”.

De la misma manera, mencionó la situación ocurrida en el estado Lara, donde un grupo de personas fueron puestas en cuarentena por ser sospechosas de portar el virus, sin proveerles de alimentos.

El representante de Acceso a la Justicia también rechazó la realización de pruebas de despistaje del virus a través del carnet de la patria, lo que calificó como “discriminatorio para la población del país que no posee dicho documento”.

“En conclusión, en Venezuela la crisis humanitaria preexistente ha sido potenciada por la pandemia y aunque algunas de las medidas para enfrentar la misma, como la cuarentena, se encuentran justificadas, el marco normativo implementado, ha sido deficiente, confuso y caótico, en perjuicio de los derechos humanos, afectándose derechos que no son susceptibles de suspensión” expresó.

Daniels advirtió que lamentablemente se están dando las condiciones para que el impacto de la enfermedad tenga consecuencias nefastas para la población.

Dos Estados de Excepción solapados

Por otro lado, el vocero de la ONG especificó que dicho estado de alarma es una de las cuatro modalidades señaladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) concernientes al estado de excepción.

“De acuerdo con el texto constitucional el estado de alarma supone que se ‘produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos y ciudadanas’ y tendrá una duración de 30 días prorrogables por otros 30”, explicó.

El defensor de derechos humanos manifestó que el caso venezolano en particular es atípico ya que encima del estado de excepción por la pandemia, existía otro estado de excepción bajo la modalidad de emergencia económica, desde enero de 2016.

“Ello se debió a razones políticas, esto es, para poder dictar leyes sin necesidad de la Asamblea Nacional, que en diciembre del año anterior, el partido de gobierno había perdido (…) Esto quiere decir entonces, que se solapan dos estados de excepción, uno por causas políticas, totalmente inmotivado y arbitrario, y otro justificado por una pandemia”, expresó.

De la misma manera, el director de la organización indicó que, de acuerdo con la Constitución, dichos estados de excepción deben estar sujetos a la autorización de la Asamblea Nacional dentro de los 8 días siguientes (art. 339) y una vez verificada la misma, se pasa al examen de su constitucionalidad por parte de la Sala Constitucional.

“Sin embargo, desde la declaración del estado emergencia económica ello no ha ocurrido por cuanto la Sala Constitucional declaró el desacato de la Asamblea Nacional, por incumplir una decisión de la Sala Electoral, y sin base normativa alguna ni tener la competencia para ello, suspendió todas las atribuciones de la Asamblea”, aprobando por su cuenta los decretos de estados de excepción desde ese momento.

Asimismo, señaló que dichos dictámenes deben ser publicados en gaceta oficial, “cosa que hasta la fecha no ha ocurrido”, por lo que califica como falsa la versión de los mismos que circula en las redes sociales “ya que no se encuentra en el portal oficial de la imprenta nacional que es el órgano competente”, dejando a la población en un estado de desinformación generalizado.

Libertades restringidas

El representante del Observatorio Venezolano de Justicia rechazó que el estado de excepción decretado por la pandemia de coronavirus restrinja libertades como el libre tránsito, lo que incluye tanto la limitación personal como del tráfico aéreo, el ejercicio de actividades económicas; ejercicio de actividades económicas, quedando la mayoría suspendidas salvo las exceptuadas en el decreto; actividades educativas públicas y privadas, y la libertad personal para aquellas personas sujetas al régimen de cuarentena.

“Lo preocupante del decreto, es que a pesar de que la Constitución señala que deben regularse en el mismo las limitaciones a los derechos restringidos, en el caso de la libertad de tránsito ello no ocurre, por lo que las restricciones que se han efectuado se han hecho sin base normativa para ello”, expresó Daniels.

 

El defensor de derechos humanos indicó que los estados de excepción “suponen la limitación de derechos” pero que al mismo tiempo deben respetarse algunos otros como lo son el derecho a la vida, la prohibición de incomunicación y de tortura, el derecho al debido proceso, el derecho de información y “los demás derechos intangibles”.

Estos derechos intangibles, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción son los siguientes: el derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica, la protección de la familia, la igualdad ante la ley, la nacionalidad, la libertad personal y la prohibición de la práctica de desaparición forzada de personas, la integridad personal (física, psíquica y moral), la prohibición de ser sometido a esclavitud y servidumbre, la legalidad y el principio de irretroactividad de las leyes, el amparo constitucional, la participación, el sufragio y el acceso a la función pública.

Adicionalmente, Daniels señaló que se han impuesto otras medidas fuera del marco del decreto, como la declaración del “distanciamiento social” a partir del 17 de marzo que en definitiva ha supuesto un toque de queda, sin horarios ni límites precisos.

Del mismo modo, indicó que, aunque en el decreto se exceptúa de la suspensión las actividades vinculadas al transporte y expendio de combustible, lo cierto es que, en todo el país, se ha impuesto un racionamiento de combustible.

Medidas estatales

El vocero de Acceso a la Justicia, criticó que las medidas estadales y municipales, quienes han asumido inconstitucionalmente competencias respecto a los límites del libre tránsito, el horario comercial y la distribución del combustible, en un caos normativo tal que incluso gobernadores han declarado por su cuenta “estados de alarma” y en otros casos los alcaldes has impuesto limitaciones arbitrarias mucho más allá de lo dicho en el decreto, al punto de establecer sanciones al margen del principio de legalidad.

Finalmente, rechazó las medidas contra los medios de comunicación quienes se les a impedido, en algunos casos, transitar por las vías públicas. “A pesar de que el derecho a la información es uno de los que la Constitución señala como no susceptibles de suspensión”, indicó.

La pelea con la sombra: el nuevo decreto de inamovilidad laboral por el COVID-19
A finales de 2019 el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que la tasa de desempleo en 2020 alcanzaría el 50,5%

 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. En el régimen de Nicolás Maduro parece que nadie ha escuchado esta frase del científico Albert Einstein, pues se insiste en aplicar las mismas recetas una y otra vez, pese a que estas ya han demostrado que no funcionan. Al menos esta es la conclusión a la que se llega al ver que se dictó otro decreto imponiendo inamovilidad laboral, obviando que este ya había sido prorrogado en 2019, es decir, ya estaba vigente esta disposición.

La “nueva resolución”, que busca prohibir los despidos de trabajadores, forma parte del paquete de medidas que el Gobierno ha tomado para tratar de mitigar los efectos de la «cuarentena social», aplicada en un intento por frenar la pandemia del COVID-19.

En el decreto n.º 4.167, publicado en la Gaceta Oficial el lunes 23 de marzo de 2020, se “ratifica la inamovilidad laboral de los trabajadores del sector público y privado (…) hasta el 31 de diciembre de 2020» y se establece que los trabajadores «no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa calificada previamente por el Inspector del Trabajo». En el caso de que esto ocurra el afectado «podrá denunciar dentro de los 30 días continuos siguientes ante el Inspector del Trabajo y solicitar el reenganche y el pago de los salarios caídos, así como de los demás beneficios dejados de percibir”.

Las disposiciones están calcadas del decreto n.º 3.708, que apareció en la Gaceta Oficial extraordinaria n.º 6.419 del 28 de diciembre de 2018 y establece la extensión de la inamovilidad ya vigente para aquel momento por un lapso de dos años. Esta medida expira en diciembre de 2020.

¿Qué dice la Ley del Trabajo?

Este tipo de prohibiciones, sin embargo, parecen innecesarias, al menos si se revisa el contenido del decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y la Trabajadoras (LOTT) que el fallecido Hugo Chávez dictó en 2012. El instrumento en cuestión proscribió el despido injustificado, que establece en su artículo 85 lo siguiente:

«la estabilidad es el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras a permanecer en sus puestos de trabajo. Esta Ley garantiza la estabilidad en el trabajo y dispone lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado, conforme consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los despidos contrarios a la Constitución y a esta Ley son nulos».

Asimismo, el texto de la ley contiene un procedimiento, mediante el cual el patrono que desee prescindir de un trabajador deberá acudir a los juzgados laborales para explicar por qué tomó esta decisión;  de no hacerlo se considerará la medida como injustificada y, por lo tanto, nula.

El artículo 79 de la ley solo permite a los patronos despedir a un trabajador bajo los siguientes supuestos:

«a) Falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo. b) Vías de hecho, salvo en legítima defensa. c) Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono, a sus representantes o a los miembros de su familia que vivan con él o ella. d) Hecho intencional o negligencia grave que afecte a la salud y la seguridad laboral. e) Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o higiene del trabajo. f) Inasistencia injustificada al trabajo durante tres días hábiles en el período de un mes, el cual se computará a partir de la primera inasistencia. La enfermedad del trabajador o trabajadora se considerará causa justificada de inasistencia al trabajo. El trabajador o trabajadora deberá, siempre que no existan circunstancias que lo impidan, notificar al patrono o a la patrona la causa que lo imposibilite para asistir al trabajo. g) Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las máquinas, herramientas y útiles de trabajo, mobiliario de la entidad de trabajo, materias primas o productos elaborados o en elaboración, plantaciones y otras pertenencias. h) Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento. i) Falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo. j) Abandono del trabajo. k) Acoso laboral o acoso sexual».

Pese a estas restricciones legales y a la falta de cifras oficiales, el número de puestos de trabajo en el país es cada vez menor y de eso no se puede culpar a la pandemia del coronavirus. A finales de 2019 el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó que la tasa de desempleo para ese año cerraría en 47,2% y que en 2020 alcanzaría el 50,5%.

Desde la aprobación de la Ley del Trabajo vigente la desocupación no ha hecho más que crecer. Así, en 2013 llegó a 5,3%, en 2015 saltó a 9,4%, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), luego en 2016 pasó al 10,5%, según expertos; y en 2017 alcanzó 27,1%. Lo expuesto demuestra cómo a pesar de la existencia de un régimen de inamovilidad desde hace años, dicha medida no ha tenido el efecto buscado.

La destrucción del empleo ha coincidido con el colapso del modelo económico impuesto por el chavismo, el cual ha estado sustentado en los altos precios del barril de petróleo, en el endeudamiento externo y en los controles de precios, empresas ydivisas, así como en una política de expropiaciones que ha desincentivado la producción nacional y ahuyentado posibles inversiones extranjeras. Desde 2013, cuando los precios del crudo comenzaron a caer, el país ha perdido el 65% del Producto Interior Bruto, de acuerdo también a los estudios del FMI.

Adicionalmente, debe señalarse que mediante resolución de la Sala Plena, el TribunalSupremo de Justicia declaró el cierre de tribunales, y el decreto de alarma cerró la administración pública, con excepción de los rubros vinculados a salud, alimentación y orden público, lo que implica que en el supuesto de que los trabajadores sean objeto de violaciones a sus derechos, los mismos no tendrán órgano alguno ante el cual puedan interponer sus reclamos, lo que hace ver aún más la ineficacia de la medida.

Siete preguntas sobre el estado de alarma contra el coronavirus

La pandemia del coronavirus que azota al mundo desde principios de 2020 llegó a Venezuela, y la administración de Nicolás Maduro comenzó a tomar medidas apenas horas después de que anunciara oficialmente que había casos de la enfermedad en el país. Así, el viernes 13 de marzo decretó el estado de alarma previsto en la Constitución, bajo el alegato de que era necesario implementar acciones para evitar la propagación del llamado COVID-19 con «cero burocracia y cero irresponsabilidad».

Sin embargo, la decisión puso sobre el tapete que el país ya estaba bajo un estado de excepción desde enero de 2016, aunque bajo la modalidad de emergencia económica. De hecho, el mismo día en que informó que declaraba el estado de alarma se hizo pública la Gaceta Oficial n.º 6.515 que prorrogaba una vez más el estado de excepción, el cual entraba así en su cuarto año.

Dada la complejidad de la situación, Acceso a la Justicia pasa a dar respuesta a las preguntas más comunes sobre el Estado de Alarma para Atender la Emergencia Sanitaria del Coronavirus (COVID-19), publicado en Gaceta Oficial n.º extraordinario 6.519 del 13 de marzo de 2020.

 

1. ¿Por qué el Gobierno necesita un estado de alarma si ya estaba en vigor un estado de excepción?

El decretar un estado de alarma ante la pandemia está más que justificado. Lo que no lo está es el estado de excepción por razones de emergencia económica, como demuestra la creciente crisis económica y social desde que se decretó en 2016. Esto demuestra que, como se ha advertido desde Acceso a la Justicia, solo ha obedecido a razones políticas, pues se ha utilizado para legislar, prescindir de la Asamblea Nacional (AN) y eludir todo control presupuestario, en lugar de resolver los problemas nacionales. Por ello, la crisis económica y social del país no solo persiste, sino que más bien se ha agravado.

2. ¿La Constitución permite que el país esté bajo el estado de emergencia económica y el estado de alarma al mismo tiempo?

En principio sí, pues de acuerdo con el texto de la Constitución, cada uno de estos tipos de regímenes de excepción tiene su propio objeto y finalidad que pueden resultar compatibles entre sí. Así, el artículo 338 constitucional señala que el estado de alarma tiene como objetivo atender una calamidad o catástrofe originada por hechos de la naturaleza (lluvias torrenciales, terremotos, deslaves); por hechos sociales (paros cívicos, huelgas generales); o por hechos del hombre (proliferación de virus, enfermedades contagiosas).

Por su parte, el estado de emergencia económica tiene el propósito de atender las circunstancias extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación. Sin embargo, este tipo de estado de excepción no puede durar más de 120 días y ya tiene más de cuatro años. Tampoco se justifica el estado de excepción por emergencia económica a estas alturas porque la Constitución establece que si la crisis no se resuelve en el plazo máximo de 120 días se tiene que buscar solucionarla por medios ordinarios, es decir, sin el estado de excepción que implica restricciones a los derechos de los ciudadanos. Todo ello demuestra que el mantenerlo vigente no ha sido sino una arbitraria decisión de tipo político para usurpar los poderes de la AN y tener facultades en materia presupuestaria sin límites al no tener control alguno.

3. ¿Cuál es la duración del estado de alarma?

El estado de alarma, como todo estado de excepción, entra en vigencia inmediatamente una vez dictado por el Gobierno de acuerdo con el artículo 22 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (LOEE), y tiene una vigencia de treinta días según el artículo 338 de la Constitución, prorrogable por otros treinta días.

Del mismo modo, debemos recordar que la Constitución señala (artículo 339) que dentro de los ocho días siguientes a la puesta en vigencia, el decreto debe ser remitido a la AN, y si esta lo aprueba, debe ser enviado a la Sala Constitucional para su verificación. Sin embargo, ya sabemos la posición que se asumirá en este sentido con el supuesto desacato de la AN, sin que ello no sea más que una usurpación de sus potestades. Es decir, si la Asamblea no lo ha aprobado será la Sala Constitucional quien lo declare constitucional, aun cuando la LOEE se lo prohíba (artículo 33).

Finalmente, y no menos importante, es que, a pesar de que los artículos 22 y 30 de la ley obligan a que el decreto de alarma sea publicado en la Gaceta Oficial al día siguiente «si fuere posible», lo cierto es que más de una semana después de dictado, al momento de divulgar este texto el decreto solo ha circulado por redes sociales y no está publicado en el portal de la Imprenta Nacional ni en ningún otro portal oficial.

4. ¿Qué garantías pueden ser restringidas por el Gobierno?

Por tratarse de un estado de excepción de alarmaoriginado por la proliferación de un virus calificado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) las garantías constitucionales que el Ejecutivo ha restringido han sido, entre otras, la libertad de tránsito (artículo 50), los derechos a la cultura (artículo 98), a la educación (artículo 102), al deporte (artículo 111), y de reunión (artículo 53).

De hecho, nada más declararse el estado de alarma, para intentar contener la propagación del COVID-19 se estableció en el decreto ya citado prohibir las concentraciones masivas y la celebración de conciertos (artículo 12); así como suspender las clases y de actividades laborales -salvo en determinados sectores- (artículo 8); el cierre de espacios públicos como museos y parques (artículo 12); además, la posibilidad de prohibir los vuelos internos e internacionales (artículo 15).

Pese a que en la mayoría de las normas se hace una regulación bastante clara de las restricciones, en el decreto quedan importantes vacíos. Por ello, la disposición final segunda delega a las autoridades nacionales, regionales y municipales para que reglamenten lo pertinente, y en la disposición final novena, se establece que el Ministro de Comunicación e Información debe concienciar a los ciudadanos sobre la situación y divulgar el contenido del decreto a nivel nacional.

A pesar de la claridad del decreto en este sentido, en la práctica se han producido desviaciones, así, se ha restringido el paso entre municipios sin regulación previa y clara sobre ello y se han generado denuncias de pacientes renales que no han podido trasladarse a sus unidades de diálisis por encontrarse en otro municipio o ciudad. Por cuidar el derecho a la salud no se puede poner en riesgo el derecho a la vida de otros.

Otra manera de restringir el derecho a la circulación ha sido una práctica contraria a lo establecido en el artículo 9.2 del propio decreto de alarma, que establece que se debe garantizar el expendio de combustible. En cambio, en las regiones, donde desde hace ya tiempo la gasolina escasea a tal punto que hay cupos diarios limitados para llenar el tanque y un número de litros establecido por persona, se ha informado que se permite poner gasolina solo a quien según el decreto de alarma pueda trasladarse por trabajo, como médicos, policías, militares o a quien preste servicios alimenticios. Aun así, se ha prohibido el expendio de combustible incluso a médicos privados. En Caracas, que suele ser la excepción a la regla de cortes de luz diarios y de racionamiento de gasolina que se aplica en las regiones ya como política de Estado desde hace varios años, también se está racionando la gasolina, al funcionar solo algunas bombas por sectores de la ciudad.

5. ¿Qué derechos no pueden ser limitados?

La Constitución, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la propia LOEE establecen un catálogo de derechos que no pueden ser restringidos en un estado de excepción. Las garantías que no pueden ser limitadas son, entre otras, las siguientes: la vida; el reconocimiento a la personalidad jurídica; la protección de la familia; la igualdad ante la ley; la nacionalidad; la libertad personal y la prohibición de práctica de desaparición forzada de personas; la integridad personal, física, psíquica y moral; no ser sometido a esclavitud o servidumbre; La libertad de pensamiento, conciencia y religión; la legalidad y la irretroactividad de las leyes, especialmente de las leyes penales; el debido proceso; el amparo constitucional; la participación, el sufragio y el acceso a la función pública; y la información.

No obstante, algunos de estos derechos ya han sido limitados. Un ejemplo, el derecho a la información, el cual no está expresamente protegido en el decreto, ya que no se excluye a los periodistas de la suspensión de actividades y ello ha generado que se impida su paso en diversas ciudades del país, llegando incluso a la detención arbitraria del periodista Darvinson Rojas.

El estado de alarma es un medio para proteger la salud de la población, no puede ser utilizado como medio de represión o caldo de cultivo para la arbitrariedad.

6. ¿Pueden autoridades regionales o municipales regular el estado de excepción?

Sí, pues un decreto de alarma en el marco de un estado de excepción tiene rango legal, es decir, es como una ley y como tal puede ser reglamentada por autoridades del poder ejecutivo nacional, estadal o municipal. Así, la disposición final segunda delega a las autoridades nacionales, regionales y municipales para que reglamenten lo pertinente. De esta manera, gobernadores y otras autoridades han dictado decretos y otras normativas para regular en sus territorios lo relativo al libre tránsito y toques de queda.

No obstante, es importante aclarar que el estado de alarma se dicta para proteger la salud pública y no para violar Derechos Humanos, por lo que estas limitaciones no deben dar lugar a arbitrariedades. En este sentido, la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) ha denunciado cómo la alcaldía del municipio Maracaibo en el decreto n.º 0024- 2020 del pasado 19 de marzo establece sanciones para las personas jurídicas o naturales que desarrollen actividades comerciales que abran a pesar de la prohibición al respecto, previendo incluso pena de arresto. Al respecto debe aclararse que las sanciones solo pueden ser establecidas por vía legal o de un decreto-ley como es el propio estado de alarma, no por vía de un decreto puro y simple como es el del alcalde. Los poderes ejecutivos regionales y municipales no cuentan con facultades legislativas. En un Estado de derecho lo propio sería solicitar la nulidad de ese decreto del alcalde de Maracaibo e inmediatamente por vía cautelar sería suspendido ya que es una afrenta a la reserva legal, garantía básica para los ciudadanos.

7. ¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La pandemia que hoy vive el mundo es una prueba de fuego para todos, pero especialmente para la población venezolana, que desde hace tiempo es vulnerable y resiste una crítica y grave emergencia humanitaria compleja.

Acceso a la Justicia considera que este momento debería ser propicio para ir más allá de las ideologías y de los partidismos en pro de los más necesitados y desamparados en una sociedad, quienes no cuentan con un sistema de salud óptimo para tratar los males más cotidianos. De la aceptación de esta situación deben salir políticas públicas que permitan aplicar a esta dura realidad mecanismos más allá de los intereses políticos en beneficio de la gente.

Advertimos a las autoridades que esta amenaza no se puede combatir únicamente limitando derechos y militarizando las ciudades. Es tiempo de especialistas de salud y no de cuarteles. La situación exige, sobre todo para las clases más empobrecidas por la situación, que se tomen medidas que contrarresten los nefastos efectos que en la economía familiar generará la cuarentena. El hambre no espera por cuarentenas.

En cuarentena los derechos humanos son inmunes
Expertos en DD. HH. coinciden en que el estado de alarma decretado hace una semana por el Ejecutivo debido al coronavirus, no puede ser una excusa para atropellar a la ciudadanía 
El artículo 338 de la Constitución restringe el derecho a la circulación, pero no lo prohíbe

@franzambranor

El pasado viernes 13 de marzo, Nicolás Maduro decretó estado de alarma nacional como mecanismo preventivo de una posible propagación del coronavirus. 

El artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que “podrá decretarse estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación y de sus ciudadanos”.

Según Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el estado de alarma no implica la restricción a la libertad personal.  

“Lo que existe es una restricción del derecho a la circulación por el territorio nacional en vista de la crisis de salud pública en la que nos encontramos. La libertad personal solo puede ser restringida si alguien comete un delito. La restricción no es absoluta porque todos tenemos la necesidad de salir a comprar comida y medicinas ”, dijo Trujillo.

De acuerdo a un informe del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en seis años del gobierno de Maduro se han registrado 32.362 casos de violaciones a la integridad personal, allanamiento ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles y torturas. 

“El coronavirus no puede ser una excusa para violar derechos humanos. El Estado tiene que garantizar que las personas puedan tener acceso a sus medios de vida, servicios básicos y que continúe la cadena de circulación de alimentos y medicinas”, señaló Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea.

Provea denunció este martes 17 de marzo la detención de cuatro trabajadores del sector salud por exigir condiciones de trabajo adecuadas. Tres de ellos en Maturín: Carlos Carmona, Julio Molinos y Magalys Mendoza; y otro en Táchira: Rubén Duarte. Molinos fue imputado por los delitos de incitación al pánico y zozobra a la comunidad, agavillamiento e incitación al odio y fue privado de libertad con una medida de arresto domiciliario.

“El estado alarma no puede servir para invisibilizar las denuncias de trabajadores del sector salud y las protestas ante el alto costo de los alimentos, porque una cosa que puede ser tan grave como una epidemia es la escasez de comida”, enfatizó el coordinador de Provea.

No es suspensión de garantías

Basado en la Constitución, una detención puede producirse con una orden legal o si hay un delito en flagrancia. El aprehendido debe ser presentado en un lapso de 48 horas a un tribunal y tiene derecho a comunicarse con familiares y ser representado por un abogado privado o público. 

“Si alguien es detenido arbitrariamente debería ocurrir un control legal de esa situación que estaría a cargo de un tribunal”, sostuvo Eduardo Trujillo.

“Debe respetarse el debido proceso. Aunado a eso, la persona debe recluirse en un sitio que posea condiciones dignas que eviten la propagación de la epidemia que nos afecta actualmente”, indicó Rafael Uzcátegui de Provea. 

Según Laura Louza, de Acceso a la Justicia, en un país con Estado de Derecho lo ideal es acudir al Ministerio Público o a la Defensoría del Pueblo, pero en Venezuela instituciones como Foro Penal, el Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic) y Provea se encargan de visibilizar las detenciones arbitrarias.

Cheque al portador a policías y militares

Rafael Uzcátegui y Laura Louza coincidieron en que existe discrecionalidad de parte del gobierno de Maduro en cuanto a la medida de alarma y cuarentena colectiva.

“Maduro le dio casi un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad para que evitaran que la gente salga de sus casas. Hay una suerte de toque de queda. Alcaldes y gobernadores se han puesto creativos al reglamentar el estado de alarma, cuando eso no es facultad de ellos”, expuso Louza.

“Las orientaciones que ha dado el Ejecutivo nacional no son del todo claras. Hay una fina frontera en cuanto a medidas de resguardo”, añadió Uzcátegui. 

Para Eduardo Trujillo es imperioso crear redes de apoyo en procura de encarar una eventual detención arbitraria. “Cuando vayamos a salir es perentorio comunicarle a un familiar o amigo donde vamos a estar para alertar en caso de una desaparición forzosa.Tenemos que generar pequeñas redes de protección en nuestras comunidades”. 

De acuerdo a Rafael Uzcátegui, el talante democrático del gobierno de Maduro se fragmenta cuando apuesta por la militarización de las calles como respuesta a la pandemia.

100 ONG venezolanas exigen respeto a DDHH en medio de crisis sanitaria
Recordaron al gobierno de Maduro que Fuerza Armada Nacional  y policías deben subordinarse al liderazgo de autoridades civiles, priorizando las tomas de decisiones según criterios técnicos, científicos y sanitarios

 

100 ONG venezolanas se pronunciaron en torno a la llegada del Coronavirus a Venezuela y exigieron el respeto a los derechos fundamentales.

“Reconocemos que el derecho internacional permite el uso de poderes de emergencia a los Estados para enfrentar situaciones graves como la actual epidemia de COVID-19. Reiteramos que los derechos humanos deben ser, desde el principio, parte esencial de todas las iniciativas de prevención, preparación, contención y tratamiento del COVID-19. El respeto a la dignidad humana es esencial en todas las etapas de la crisis”, reza el comunicado.

Las ONG enumeraron los siguientes aspectos:

1) Todas las autoridades y sectores de la sociedad deben enfrentar la epidemia colocando en primer lugar la salud y bienestar de la población, uniendo esfuerzos para colaborar en todas las iniciativas de prevención, preparación, contención y tratamiento del COVID-19.

2) Se debe garantizar el trabajo de los actores humanitarios y los defensores de derechos humanos. El Estado tiene la obligación de solicitar toda la asistencia nacional e internacional necesaria para atender las necesidades de las personas que pudieran ser afectadas, y que el trabajo de estos actores humanitarios y de derechos humanos pueda realizarse sin restricciones y represalias.

3) La actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y policías debe respetar derechos humanos, evitando arbitrariedades, y subordinarse al liderazgo de las autoridades civiles, priorizando las tomas de decisiones según criterios técnicos, científicos y sanitarios. Debe prohibirse las actuaciones de grupos de civiles armados en labores de orden público y debe establecerse una vocería coordinada, encabezada por las autoridades sanitarias, que evite los mensajes confusos para garantizar mejor orientación y mayor confianza en la población.

4) La implementación de la cuarentena debe informar suficientemente sobre su alcance, protocolos de movilización para el acceso a alimentos y atención médica, garantizando el mayor disfrute posible de los servicios básicos como el acceso a agua y energía eléctrica. Además, debe incorporar políticas para garantizar los medios de vida de la toda la población, con especial foco en los sectores más vulnerables, como los trabajadores informales y por cuenta propia, adultos mayores y personas en situación de pobreza, personas privadas de libertad, personas en situación de calle, que no cuentan con recursos acumulados para permanecer en aislamiento durante un largo período de tiempo. Los beneficios de estas medidas deben ser distribuidos a través de mecanismos no discriminatorios. Una cuarentena, según el derecho internacional, debe ser de duración limitada, ser revisada periódicamente e implementada de manera segura y respetuosa para disminuir los riesgos en el pleno disfrute de los derechos humanos.

5) El acceso a la información es un aspecto clave de las garantías del derecho a la salud de la población. La difusión de información debe hacerse de manera responsable, evitando alarmas innecesarias en la población y debe garantizarse que el trabajo de los medios de comunicación pueda realizarse sin restricciones adicionales al de las condiciones que eviten el contagio de sus trabajadores. Deben retirarse las restricciones actuales que impiden la consulta a diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Deben publicarse los boletines sanitarios que dejaron de publicarse desde 2006 y mantener información trasparente en materia epidemiológica.

6) Se deben colocar todos los recursos disponibles para que la atención médica necesaria sea accesible a todos los sectores de la población, especialmente a los sectores vulnerables, de bajos ingresos y residentes en zonas remotas. Deben tomarse todas las medidas posibles para proteger a los trabajadores del sector salud, incluyendo el que cuenten con todos los insumos, equipos y condiciones necesarias para realizar su labor en las actuales circunstancias.

7) La medidas de restricción de movilidad deben adoptarse de tal manera que no produzcan desabastecimiento, no impidan la asistencia a centros médicos para tratamientos regulares necesarios para no agravar condición de salud y atender los casos de personas que quedaron en terminales sin recursos y posibilidades de trasladarse.

Suscriben:
Acción Solidaria
Civilis Derechos Humanos
Laboratorio de Paz
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Convite AC
Centro de Acción Y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)
Impulsa Latinoamerica
Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (REDAC)
GobiérnaTec
ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA
Movimiento SOMOS
Psicodehu
Asociacion Venezolana para la Hemofilia
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado
FundaRedes
Ipys Venezuela
Asociación Civil UNIANDES
A.C Los Naguaritos
Catedra de la Paz / Universidad de los Andes
Liga Merideña contra el Sida
Asociacion por la Vida /Merida
Justicia y Paz OP Vnezuela
Asociación Civil NUPAZ
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
Crea País
Promoción Educación y Defensa en DDHH – PROMEDEHUM
Observatorio Venezolano de Violencia
SOS PACIENTES RENALES
Comité de derechos humanos de la guajira
Labo Ciudadano
RedesAyuda & Humano Derecho Radio Estación
Hogar Virgen de los Dolores
Incide
Escuela de Comunicación Social Ucab Guayana
Todos por el Futuro
Opotunidad AC
Instituto Progresista
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
Fundación Rehabilitarte
ACOANA
Ciclovías Maracaibo
Caleidoscopio Humano
Una Ventana a la Libertad
Defensa en Acción
Sinergia,Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
Fundación para el Desarrollo Integral FUNDESI
Proyecto Mujeres
EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
Observatorio Global Comunicacion Y Democracia
StopVIH
Grupo Social Cesap
A.C. Médicos Unidos de Venezuela
Banco del Libro
Mulier
SOS Pacientes Renales
REDHELARA
ONG Las Mercedes Lara
El Zulia Recicla
DPR-LAR
Consorven, Confederacion Sordos de Venezuela.
Red Universitaria por los DDHH
Acción Campesina
Centro de Justicia y Paz – Cepaz
Universidad Católica Andrés Bello
Red por los Derechos Humanos de NNA (REDHNNA)
Asociación Civil Saber es Poder-AsoSaber
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
Comisión de DDHH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apure ( CDDHHFVCA Apure)
Acceso a la Justicia
Fundación ProBono Venezuela, Provene
Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET)
Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco
FUNCAMAMA
EDEPA A.C.
Red de Organizaciones de Derechos Humanos del Estado Anzoategui REDHANZ
Defiende Venezuela
Comisión nacional de DdHh de la Federación de colegios de abogados de Venezuela del estado Táchira
Fundacion Aguaclara
Monitor Social AC
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos
Fundación para la cooperación internacional , la integración y el Desarrollo para el esfuerzo regional CIIDER
Aula Abierta
Comision Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Lara
Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Movimiento Ciudadano Dale Letra
Votojoven
Fundacion “Yo te ayudo venezolano”
Creemos Alianza Ciudadana Libertador
Fundación Prodefensa del Derecho a la Educación y la Niñez
Derechos Humanos Venezuela Carúpano
Fundación para el Debido Proceso Fundepro
Sindicato Nacional Asociacion de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Tecnicas de la UCV
Aqui Cabemos Todos
Padres Organizados de Venezuela
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C,
Instituto Mead de Venezuela A.C,
Conciencia Ciudadana A.C,
Proyecta Ciudadanía A.C,
Comunidad en Movimiento A.C
Ciudadanía con Compromiso A.C