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Abusos

Secretario de la ONU consideró impactante cifra de abusos documentados en Venezuela

 

El secretario general de la ONU, António Guterres, considera “verdaderamente impactante” el número de abusos documentados en Venezuela por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, según dijo hoy su portavoz.

“El secretario general cree que las cifras son verdaderamente impactantes”, dijo el portavoz Farhan Haq, preguntado durante su conferencia de prensa diaria.

Para Guterres, este informe demuestra la necesidad de “un diálogo político y una solución política totalmente incluyente”, tal y como viene reclamando desde el inicio de la crisis venezolana, señaló Haq.

Ante lo que considera los graves abusos registrados en Venezuela y dada la impunidad ante ellos, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, recomendó hoy que la Corte Penal Internacional (CPI) “se implique” en el caso.

“Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia”, afirmó Zeid en un comunicado.

Obispos venezolanos al Papa: Deje de ser blando con nuestro déspota

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Un ítem inesperado apareció en la agenda del Papa Francisco en los últimos días. Aunque la reunión no figuraba en su programa semanal pre-anunciado, el 8 de junio se supo que se había abierto un espacio en algún momento para conversar con seis obispos de Venezuela, uno de los lugares más problemáticos del mundo e históricamente católico.

Los visitantes declararon después que habían subrayado su absoluta lealtad al pontífice, y que éste a su vez les había expresado su “plena confianza” en ellos. Ambas afirmaciones son lugares comunes. Hay una contención masiva sobre el papel que la iglesia ha jugado y que podría jugar en detener una sacudida hacia la guerra civil y el desastre humanitario en Venezuela, un país que es abrumadoramente católico.

Los obispos de Venezuela han cuestionado constantemente los abusos de los derechos humanos y el procedimiento democrático por parte de los regímenes de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro. Pero para muchos venezolanos, el propio Papa ha estado demasiado dispuesto en dar puerta libre al Sr. Maduro. En octubre pasado, por ejemplo, el hombre fuerte venezolano convocó a una reunión con Francisco en un acto de propaganda. Hasta el día de hoy, el Sr. Maduro afirma que al adoptar una postura tan crítica, los obispos de Venezuela no están de acuerdo con su propio pontífice. Entonces culpa a los prelados locales por el estancamiento de un “diálogo” político que quiere llevar a cabo en sus propios términos interesados.

Como una institución que todas las partes quieren aprovechar, la iglesia no puede evitar jugar un papel fundamental en el choque cada vez más agudo entre el régimen de Maduro y sus opositores. Las agencias católicas de socorro, sobre todo Caritas, están profundamente involucradas en el monitoreo y mitigación de los problemas humanitarios del país. Caritas informa que el 11% de los niños venezolanos menores de cinco años padecen de malnutrición moderada a severa. En algunas regiones, las cosas son mucho peores.

La gente que conoce a Venezuela dice que la iglesia ha hablado con al menos cuatro voces diferentes en respuesta a los problemas del país. Sus obispos han sido duros defensores de la libertad civil y del estado de derecho. Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y ex enviado papal a Venezuela, también ha sido muy claro al señalar las fechorías del régimen.

Sin embargo, su sucesor como nuncio papal en Caracas, Aldo Giordano, ha sido mucho más suave con el señor Maduro. Y el Papa Francisco ha parecido a veces que escucha al Sr. Giordano. Por ejemplo, en comentarios en su regreso a casa desde Egipto en abril, el pontífice consternó a los críticos del régimen de Maduro diciendo que “la oposición está dividida”, lo que implica que esto era un obstáculo para el progreso político.

En diciembre, el cardenal Parolin envió una carta al señor Maduro pidiendo la liberación de los presos políticos, el respeto a la constitución y elecciones justas. El gobierno no ha hecho nada para atender esas demandas, y la visita episcopal de esta semana fue una forma educada de preguntarle al Papa Francisco si la Santa Sede estaba junto a ellos.

Por el relato de los obispos de su sesión con el pontífice, ellos no se ahorraron palabras. Le dieron a su anfitrión una lista de 70 personas, en su mayoría jóvenes, que habían sido asesinados en las represalias del gobierno contra las protestas pacíficas. También le dijeron al pontífice que la lucha interna de Venezuela no era un enfrentamiento entre derecha e izquierda sino más bien una lucha entre un gobierno que se ha convertido en una dictadura, un régimen que sólo sirve a sus propios intereses y un pueblo entero que clama por la libertad y busca desesperadamente, a riesgo de las vidas de los más jóvenes, el pan, medicinas, seguridad, trabajo y elecciones justas.

Los obispos también dijeron al Papa su total oposición al “plan innecesario, inexplicado … y peligroso” de Maduro de convocar a una asamblea constituyente no elegida el próximo mes. Ellos creen que el verdadero propósito de esto es la imposición de una dictadura militar a través de medios supuestamente constitucionales.

¿Francisco escuchará a los prelados, y comenzará a enviar mensajes duros, públicos o privados, al señor Maduro? Podría ser una oportunidad única para mostrar al mundo que puede ser un formidable crítico de los regímenes e ideologías izquierdistas como lo es de los conservadores y los capitalistas.

Trabajadores de Empresas Polar denuncian acoso y abuso de poder

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Trabajadores de Empresas Polar introdujeron ante la Defensoría del Pueblo un documento en el que denuncian acoso, detenciones y atropellos contra empleados de la industria alimentaria.

María Fernanda López, supervisora de almacén de Alimentos Polar en Aragua, precisó que desde diciembre de 2015 a la fecha ha habido 23 casos, muchos con detenciones injustas. “Sin ningún motivo o razón de validez, han habido abusos y exceso de poder”.

López relató cómo el pasado de 9 de julio fue víctima de exceso de poder cuando al intentar averiguar por qué detenían a un compañero “me alzaron entre 4 personas y me halaron el cabello, hay vídeos de eso”.

Agregó que los empleados de Polar exigen que se respete su derecho al trabajo. “Somos venezolanos, estamos trabajando y luchando por lo hecho en nuestro país. Estamos haciendo lo correcto  que es producir y trabajar”.

“La empresa, como siempre, está haciendo todo dentro del marco legal y lo que quiere es que le den materia prima para poder empezar a producir 100%”, concluyó.

IPYS Venezuela: Año 2016 comenzó con abusos de poder y censura para la prensa

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El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) presentó este martes el  Balance del primer cuatrimestre 2016 IPYS hacia la prensa Venezolana, destacando casos como la sentencia en contra del director del Correo del Caroní, el cierre del diario El Carabobeño por falta de papel y limitación de acceso a la información de interés público. En estos primeros cuatro meses predominó el “abuso de poder, censura y aplicación de normativas regresivas para el periodismo y el derecho a los ciudadanos a estar informados”.

El papel prensa para los medios impresos no está garantizado en Venezuela. Entre los 120 casos de violaciones a la libertad de expresión que Ipys venezuela contabilizó en los cuatro primeros meses de 2016, 49 se enmarcaron en el uso abusivo del poder del Estado, vinculado a la función cambiaria y a la regulación del comercio exterior, específicamente en el suministro de insumos de imprenta para la prensa.

Este número de violaciones supera los registros de IPYS Venezuela por este mismo tipo de hecho, en el mismo periodo de los dos años anteriores. En enero, febrero, marzo y abril de 2014 se reportaron 26 alertas por esta situación, mientras que en el primer cuatrimestre de 2015 fueron seis denuncias públicas por fallas en el suministro de papel periódico, tinta, planchas y otros productos.

Las denuncias, que desembocaron en disminución de paginación, tiraje, suspensión de circulación y cierres, algunos temporales y otros definitivos, han aumentado y se han vuelto constantes luego de que el presidente del Complejo Editorial Alfredo Maneiro, Hugo Cabezas, anunciara a finales de enero de 2016 la reducción en la asignación de papel periódico en 40%, que según la información oficial, representaba alrededor de 400 toneladas.

Creado en mayo de 2013 y adscrito al Ministerio del Despacho de la Secretaría de la Presidencia, el Complejo Editorial Alfredo Maneiro centraliza los dólares preferenciales a 12,50 para la importación de papel y otros insumos indispensables para la impresión de periódicos, en un contexto de control cambiario que afecta la economía del país desde hace 15 años, y que al cambio oficial Dicom es de casi 400 bolívares.

La agudización de la crisis del papel periódico se enmarca en la tendencia de abuso de poder por parte del Estado venezolano en materia de comunicaciones, durante el primer cuatrimestre de 2016. Bajo este contexto hubo también acciones indiscriminadas de funcionarios públicos en contra de equipos reporteriles durante la cobertura de calle y ante la publicación de investigaciones periodísticas acerca de temas sensibles para las autoridades oficiales.

Durante cinco días, comprendidos entre el 3 y el 7 de abril de 2016, al menos siete portales oficialistas desprestigiaron a periodistas venezolanos de medios digitales, que participaron en la investigación periodística mundial Panamá Papers, entre ellos Alba Ciudad, portal de la red de medios del Estado, adscrito al Ministerio de Cultura; Aporrea, blog independiente; los medios estatales Venezolana de Televisión y YVKE Radio Mundial; y los portales Misión Verdad, La Radio del Sur y La Iguana TV. Varios de los mensajes descalificativos también fueron difundidos por el Ministerio de Comunicación e Información, en los lineamientos que giró a los medios del Estado para responder a una “olla mediática internacional”. Con  estas acciones suman 3 las campañas de agravio promovidas por medios estatales y pro-oficialistas durante el primer cuatrimestre de 2016.

En este lapso se reportaron 10 alertas como consecuencia del discurso violento de altos funcionarios públicos contra periodistas y medios de comunicación, con fines intimidatorios. También preocupó a IPYS Venezuela que en este periodo ocurrieron nueve detenciones arbitrarias por parte de cuerpos de seguridad estatal. Estos hechos ocurrieron durante la cobertura de asuntos de sucesos, comunitarios y en protestas sociales, en los estados Lara (2); Vargas (2); Barinas (1); Sucre (1); Zulia (1); Miranda (1) y el Área Metropolitana de Caracas (1).

La opacidad y el silencio oficial predominaron en este tiempo. IPYS Venezuela contabilizó 44 limitaciones de acceso a la información de interés público a periodistas y trabajadores de medios por parte de funcionarios policiales y militares, y vigilantes de instituciones públicas, principalmente.

 

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Panorama 2016

Entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2016, IPYS Venezuela reportó 120 casos de violaciones a la libertad de expresión, que comprendieron limitaciones por opacidad, agresiones a periodistas, ataques a medios de comunicación, abusos de poder, censura, aplicación de normativas restrictivas, y limitaciones a la libertad de expresión en Internet.

Los mayores conflictos en materia de libertad de expresión fueron en el Área Metropolitana de Caracas, donde se registraron 19 casos, los estados Monagas (10) y Sucre (10). Hubo restricciones también en Lara (7), Táchira (7), Mérida (7), Miranda (6), Zulia (5), Apure (4), Portuguesa (4), Aragua (3), Carabobo (3), Bolívar (3), Falcón (3), Barinas (2), Vargas (2), Trujillo (2), Amazonas (1) y Anzoátegui (1). Se registraron 5 decisiones que tuvieron alcance nacional y 16 que ocurrieron en Internet.

Un caso que marcó un mal precedente en materia de libertad de expresión en este lapso fue la sentencia emitida por el sistema de justicia venezolano, cuando en la madrugada del 11 de marzo de 2016 el director del periódico guayanés Correo del Caroní, David Natera Febres, fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de difamación agravada, situación que se suscitó a partir de la cobertura sobre hechos de corrupción relacionados con la empresa estatal Ferrominera del Orinoco, ante una demanda de Yamal Mustafá, propietario del diario Primicia, y contratista de las industrias básicas del Estado.

En una serie de reportajes de investigación publicada por Correo del Caroní, se revelaron datos que relacionaban a Mustafá y a otros funcionarios con negociaciones irregulares en el caso de Ferrominera. Para la fecha, sin embargo, no se ha conocido la sentencia firme por parte del juez Beltrán Javier Lira, que debía ser difundida en un lapso de 10 días hábiles.

Ipys Venezuela ha insistido en la necesidad de eliminar los delitos de difamación e injuria de los códigos penales, por cuanto los estándares internacionales de libertad de expresión son categóricos al asegurar que estos procedimientos atentan contra la libre expresión.

Bajo este panorama IPYS Venezuela muestra su preocupación por esta serie de hechos que vulneran el derecho que tienen los ciudadanos a informarse de manera libre y oportuna, así como del derecho que tienen los periodistas de ejercer su profesión sin restricciones, riesgos ni amenazas. De esta manera, exhortamos a los actores estatales y no estatales a reivindicar las garantías necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión, un derecho fundamental para la democracia.

IPYS Venezuela se suma al llamado que ha hecho Ban Ki-moon, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, a propósito del Día Mundial de la libertad de prensa, que se celebra este 3 de mayo: Instamos a “los gobiernos, los políticos, las empresas y los ciudadanos a que se comprometan a impulsar y proteger la libertad y la independencia de los medios de comunicación. Sin este derecho fundamental, las personas son menos libres y están menos empoderadas. Con él, podemos trabajar juntos para lograr un mundo con dignidad y oportunidades para todos”.

 

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AP: Niños migrantes son víctimas de abusos

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LOS ÁNGELES (AP) — La ola de decenas de miles de niños que huían de la violencia en Centroamérica abrumó de tal manera a las autoridades fronterizas estadounidenses, que dejaron de cumplir con ciertas políticas de protección de menores y colocaron a algunos de los niños en hogares donde fueron agredidos sexualmente, privados de alimentos u obligados a trabajar sin compensación, concluyó una investigación de The Associated Press.

Ante la falta de camas para albergar al número sin precedente de menores que iban llegando, el Departamento de Salud y Asistencia Social de Estados Unidos relajó sus normas los últimos tres años a fin de agilizar el traslado de los menores a hogares adoptivos. Las normas fueron relajadas aún más a medida que el éxodo de menores aumentaba ante la espiral de la violencia causada por el narcotráfico y las guerras entre pandillas en Honduras, Guatemala y El Salvador, según correos electrónicos, documentos oficiales y manuales de instrucción obtenidos por la AP, algunos bajo la Ley de Libertad de Información.

En primer lugar, las autoridades dejaron de tomarle las huellas dactilares a la mayoría de los adultos que deseaban adoptar niños. En abril de 2014, la agencia dejó de exigir las partidas de nacimiento originales como verificación de la identidad de los adultos patrocinadores. Al siguiente mes, dejó de exigir que se llenen los formularios donde se pedía la información personal de los patrocinadores. Luego dejó de exigir la revisión de prontuarios criminales del FBI para muchos de los patrocinadores.

Desde la modificación de las normas, la AP ha detectado más de dos decenas de casos en que niños fueron colocados en viviendas adoptivas donde fueron abusados sexualmente, obligados a trabajar o maltratados.

“Esto es claramente la punta del iceberg”, declaró Jacqueline Bhabha, directora de investigaciones del Centro FXB para la Investigación de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard. “Jamás permitiríamos que esto le ocurriera a niños estadounidenses”.

Los defensores de los niños dicen que es difícil determinar el número exacto de niños sometidos a abusos entre los 89.000 que fueron colocados en hogares adoptivos desde octubre de 2013, debido a que muchos de los niños no han sido encontrados. Tanto los activistas como contratistas señalan que reiteradamente le advirtieron al gobierno, empezando en 2012, sobre el aumento incesante del flujo de niños migrantes. Incluso la misma agencia le advirtió a sus empleados el año siguiente sobre la existencia de “patrocinadores falsos” en Colorado, Iowa y Minnesota que trataban de adoptar varios niños a la vez que no tenían parentesco entre sí.

Las autoridades se han negado a divulgar detalles de cómo se llegó a tal escasez de personal, pero aseguran que están reformando las medidas de seguridad ahora que el número de menores en la frontera va nuevamente en aumento y recientemente firmaron un acuerdo para construir nuevos albergues.

“No estamos tomando atajos”, dijo el vocero del departamento, Mark Weber. “En general el programa funciona muy bien”.

Uno de los casos detectados por la AP es el de un joven guatemalteco de entonces 14 años que llegó a la frontera en septiembre de 2014 y fue llevado al apartamento de un patrocinador en Los Ángeles, donde estuvo confinado por tres semanas. El joven, Marvin Velasco, dijo en una entrevista que durante esas tres semanas ese pariente lejano le privó de comida.

“Él le dijo a las autoridades que me iba a llevar a la escuela, que me iba a dar de comer y vestir, pero eso no fue así, para nada”, dijo Velasco, que desde entonces ha recibido un status migratorio especial. “Todo ese tiempo lo único que yo hacía era rezar y pensar en mi familia”.

A diferencia de la exhaustiva revisión obligatoria en casos de padres adoptivos a nivel nacional, la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Asistencia Social había dejado de exigir que sus trabajadores sociales averigüen los antecedentes penales o les tomen las huellas digitales a la mayoría de los patrocinadores, para la época en que Velasco fue llevado al apartamento del padre de su cuñado. Ningún profesional fue al apartamento antes de la llegada del chico, ni fue a enterarse de cómo iban las cosas después, dijo Gina Manciati, abogada del menor.

Velasco dijo que había otras nueve personas en el apartamento y que su pariente les exigía el pago de la renta y les decía que si trataban de huir serían castigados. Cuando Velasco le dijo al pariente que quería ir a la escuela, el hombre llamó a la familia en Guatemala y amenazó con botar al niño de la casa si no le daban dinero.

Con ayuda del hijo del patrocinador, Velasco se escapó y llegó a una iglesia, donde conoció a uno de los feligreses, que se convirtió en su representante legal. Ahora vive con una familia de inmigrantes guatemaltecos que lo están criando como si fuera su hijo.

Otros casos descubiertos por la AP:

– Una chica hondureña de 14 años cuyo padrastro la obligó a trabajar en cantinas en Florida donde las mujeres beben y bailan con los clientes y a veces se prostituyen.

– Una joven de 17 años de Honduras que fue a vivir con una tía en Texas que la obligó a trabajar en un restaurante de noche, a limpiar casas los fines de semana y en ocasiones la dejaba encerrada en la casa.

– Un joven de 17 años de Guatemala asignado a la casa del hermano de un amigo en Alabama, donde era obligado a trabajar en un restaurante 12 horas al día para pagar la renta.

– Una joven centroamericana asignada a la casa de un amigo de la familia en Florida que la obligaba a cocinar, limpiar y cuidar a otros niños en un parque de casas móviles.

Varios expertos, entre ellos un psicólogo y un abogado, citaron ejemplos en que los jóvenes fueron violados por familiares, o por otros individuos vinculados a los patrocinadores.

Weber dijo que la Oficina de Reubicación de Refugiados ha añadido más visitas de los profesionales a los hogares y más revisiones de antecedentes penales desde julio, cuando las autoridades federales acusaron a varios patrocinadores y cómplices suyos de orquestar una red de tráfico de personas en Ohio, en que seis menores eran obligados a trabajar en polleras 12 horas al día bajo amenaza de muerte.

“Yo sé que aprendemos de las experiencias y estamos tratando de mejorar el sistema a fin de garantizar que cada menor llegue a un lugar seguro y estoy seguro de que en la mayoría de los casos eso es lo que ocurre”, dijo Weber.

El senador republicano Rob Portman, de Ohio, presidente del Comité de Investigaciones de la cámara alta, declaró que pautará una audiencia el jueves sobre el programa de esa dependencia del gobierno para reubicar a los niños refugiados, pues teme que las fallas son sistémicas.

“Creemos que se necesitan reformas con urgencia porque hay menores de edad en estos momentos que están llegando a la frontera”, dijo Portman. “Este es un problema que hay que enfrentar”.

Alerta por abusos en expulsión de colombianos de Venezuela por José Miguel Vivanco

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El estado de excepción declarado días atrás por el Presidente Nicolás Maduro en la frontera venezolana debería haber puesto en alerta a la comunidad internacional. Pero no fue así, y cada vez hay más evidencias creíbles de que se estarían produciendo violaciones de derechos humanos.

 

El decreto de emergencia  restringe diversos derechos, incluido el derecho a participar en reuniones públicas, y permite que miembros de las fuerzas de seguridad allanen viviendas, vehículos y personas sin una orden judicial. Si bien el derecho internacional no prohíbe estas restricciones en situaciones de estado de excepción, el gobierno debe asegurar que estas no sean discriminatorias y que se limiten a medidas necesarias y proporcionales, y que las personas tengan en todos los casos acceso a un recurso efectivo cuando sufran presuntos abusos.

 

Este definitivamente no parece ser el caso de los más de mil colombianos deportados a lo largo de la semana pasada, a los que se suman otros 4 mil que han abandonado el país por miedo a sufrir abusos o a ser deportados.

 

La reconocida Defensoría del Pueblo de Colombia, ha indicado que recibió 451 denuncias de abusos sufridos por colombianos en Venezuela, incluidos desalojos forzados de sus viviendas —que posteriormente fueron destruidas— y decenas de casos de agresiones verbales y físicas por agentes de las fuerzas de seguridad venezolanas. Hubo 177 casos de separación de familias colombianas, incluyendo algunas instancias en las cuales los hijos quedaron en Venezuela. Otras fuentes confiables consultadas por Human Rights Watch corroboraron esta información, y nos indicaron que algunos ciudadanos colombianos que fueron deportados tenían autorización legal para vivir en Venezuela, pero no se les permitió cuestionar la deportación.

 

El decreto de emergencia también señala que el gobierno venezolano implementará la “Operación Liberación del Pueblo” (OLP) en el estado fronterizo de Táchira.  El gobierno comenzó la OLP en julio, como reacción ante los problemas de seguridad y el comercio ilegal de productos de los cuales hay escasez. La prestigiosa organización de derechos humanos venezolana Provea ha indicado que en operaciones efectuadas desde que se puso en marcha la iniciativa, miembros de la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad han violado derechos fundamentales, incluyendo mediante detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales de viviendas, y abusos verbales y físicos.

 

No hay dudas de que el gobierno venezolano puede adoptar medidas para proteger a su población, abordar las crisis de seguridad y económica, y hacer cumplir sus leyes migratorias. Sin embargo, considerando el deplorable récord de las fuerzas de seguridad venezolanas, la impunidad que prevalece en casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de estas fuerzas y la falta de independencia judicial en el país, debería haber un seguimiento y control más atento de las medidas adoptadas por el gobierno venezolano.

 

Los gobiernos latinoamericanos y las organizaciones regionales como Unasur y Mercosur deberían pronunciarse sobre esta situación y exigir que se ponga fin a las deportaciones masivas y que se garantice que las operaciones de seguridad no violen derechos fundamentales de las personas.

 

Indigestión de arbitrariedades y abusos por Ramón Hernández

Inesita

 

En octubre se cumple un año de la reclusión de Inés González Arraga en los calabozos del Sebin en El Helicoide. Su delito: opinar, expresar su arrechera y dar rienda suelta a la libertad de expresión. Sea cual fuera la ilegalidad cometida –burlarse de la autoridad, mentarle la madre al papa o aquellos insultos de los que se declaró culpable en un tribunal que la condenó sin haberla escuchado– la pena de prisión a la cual se le somete desmiente que en Venezuela se respeten los derechos humanos más elementales o exquisiteces como las que los especialistas denominan presunción de inocencia y debido proceso.

Inés González Arraga es científica y twittera. De alma rebelde y sincera, sufre endometriosis, una enfermedad en la que el tejido uterino se desborda y la menstruación le ocasiona fuertes dolores, a veces insoportables y, en ocasiones, hasta ir al baño puede convertirse en un sufrimiento. El 3 de octubre de 2014 fue citada a comparecer a la sede del Sebin en Maracaibo, donde residía con sus padres. Como no se presentó fueron a buscarla y se la llevaron esposada. No fue presentada ante un tribunal sino trasladada a Caracas, a los depósitos sin ventilación y sin luz natural que sirven de ergástula a ese cuerpo de seguridad, en contra de todos los estándares de reclusión. Ni los criminales más peligrosos pueden ser encerrados en sitios semejantes sin que los gobiernos arriesguen una severa condena mundial.

En una investigación de la periodista Alicia Hernández se enumeran “los pasos” que debe dar una persona para ir a parar con sus huesos a un hueco maloliente. Parece que Inesita los cumplió con rigurosidad científica. Aunque, no tan bien. La jueza lloró y conminó a Inesita a decirle que no le guardaría rencor por haberla condenado a tres años de cárcel. Obviamente, su “delito” no ameritaba cárcel. Eran órdenes superiores y ella debía “resguardar” su carrera.

Inesita, la Terrible, acumula 69.700 seguidores en la red social Twitter, sin programas tramposos que dupliquen los seguidores. Es otra venezolana que decidió no seguir callada y echar para fuera lo que siente, el malestar que la agobia, sin miedos y sin medir las consecuencias, como ese ciudadano que conocimos en democracia, díscolo y retrechero, seguro de sus derechos y aventado de tabaco en la vejiga, que asumía su deberes y derechos con particular altanería, sin nada que temer, seguro de que la verdad estaba de su lado. Se vende frase inservible: “Con la verdad ni ofendo ni temo”, mientras tanto y por si acaso.

 

 

El Nacional

Ene 05, 2015 | Actualizado hace 5 años
Venezuela: una nación destruida por Luis Carlos Vélez
MADURO

Los regímenes totalitarios, como el de Nicolás Maduro, viven en un mundo imaginario donde la verdad es sólo aquella que les conviene.

Esa realidad paralela, donde abundan los borregos y los áulicos, está construida bajo la premisa de que el único bueno es el líder y lo demás, que pueda hacer pensar de una manera diferente, es la encarnación de lo prohibido, lo enemigo y lo detestable.

Venezuela sólo da pasos hacia atrás desde que Hugo Chávez entró al poder. Sin embargo, ese ritmo de destrucción se ha acelerado desde que su sucesor, Nicolás Maduro, es presidente. Desde entonces, la nación ha puesto el pie en el acelerador en el camino hacia el despeñadero económico, llegando formalmente la semana pasada a la recesión.

Nunca antes ese país, otrora envidia de millones en América Latina, había estado en peores condiciones económicas. Sólo en 2014 su inflación fue superior al 60%, una de las peores en el planeta, y su crecimiento por dos períodos consecutivos, negativo.

Esta situación se ejemplariza con tan sólo recorrer las calles de Caracas. Hacerlo es una invitación a la muerte y la melancolía. Tan sólo el camino del aeropuerto de Maiquetía al centro de la ciudad es una lotería. La vía es una de las más accidentadas y violentas del continente. El viaje, de una hora de duración, es una verdadera carrera de obstáculos. El recorrido se hace a gran velocidad, evitando cruzarse con camionetas de vidrios negros que cierran a los otros autos y que ante la más mínima provocación dejan ver a sus pasajeros armados y dispuestos a disparar. Tampoco se puede confiar en la fuerza pública, ya que si identifican que la tripulación es extranjera, harán todo lo posible para amedrentarla y, en el mejor de los escenarios, buscar un soborno. Y ni hablar de las pandillas armadas de motociclistas vestidos de rojo revolución, que a altas velocidades, y usando sus bocinas para ensordecer a los demás, arrinconan los autos golpeando sus espejos laterales y puertas con el único objetivo de mostrar fuerza, al mejor estilo de Mad Max. De los años de opulencia anteriores a Chávez y Maduro sólo quedan unas autopistas viejas que, como en La Habana, hacen entender que alguna vez en el lugar reinó la prosperidad.

El socialismo del siglo XXI destruyó Venezuela y los valores de la mayoría de sus habitantes. Ese modelo económico romántico y adusto no sólo acabó con la industria del país, sino que también creó un modelo económico alterno de sobornos y aprovechamiento de la ley que únicamente le generó beneficio a quien, dentro del Gobierno, tenía las armas y la fuerza para someter a los demás.

La tasa de cambio siempre fue testigo de los abusos. Y aunque desde el palacio de Miraflores hicieron todo lo posible para decir que las devaluaciones de la moneda eran producto de una guerra económica y se crearon tasas de cambio alternas para esconder el problema de fondo, siempre mostró que los desbalances económicos eran reales e insostenibles.

Ahora ya no hay petróleo caro para financiar la rampante corrupción ni la ineficiencia de los agentes gubernamentales.

Tampoco hay un líder fuerte para que a punta de rifle, insultos, y miedo mantenga la sumisión y el orden ficticio que ese tipo de regímenes crea. Y para cerrar el cuadro, cada vez es menor el respaldo internacional. Sin plata no hay cómo comprar conciencias en el continente, ni mucho menos para financiar el Alba o canales de TV para distribuir el lavado de cerebro. Ahora, con los acercamientos entre EE.UU. y Cuba, Maduro se quedó sin el demonio al que echarle la culpa. Una que sólo le pertenece a él y su imposibilidad de gobernar.

En plena campaña política para las más recientes elecciones presidenciales en Venezuela, le pregunté a Henrique Capriles para qué quería ser presidente de un país que en el corto plazo se iba a reventar económicamente. Me respondió que era su deber y que el país no aguantaba más. Efectivamente, el país no aguantó más. Ahora que está reventado, la verdadera revolución para acabar con este período de espejismos cubanos revolucionarios, debe comenzar.

 

El Espectador