Venezuela tiene los “peores indicadores” en materia de derechos humanos, al menos desde el año 1958. Así lo alertó Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos y director de la ONG Laboratorio de Paz.
Este 10 de diciembre, en el Día Mundial de los Derechos Humanos, el país está inmerso en una profunda crisis, marcada por la persecución política, el aumento de la represión y la denuncia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha calificado como “políticas de terrorismo de Estado”.
A pesar de que esta es una fecha en la que el mundo conmemora la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, en 1948, el panorama en Venezuela es sombrío.
El rostro de la represión: testimonios de familiares
Los familiares de detenidos por motivos políticos expusieron en el conversatorio online titulado “Terrorismo de Estado en Venezuela: Derechos Humanos” el patrón de violencia que sufren los privados de libertad.
Ramón Guanipa, hijo del dirigente de Primero Justicia Juan Pablo Guanipa, describió que el patrón de violencia y represión del Estado venezolano es “sistemático” y que incluye desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, incomunicación y negación del debido proceso.
Guanipa hijo señaló que la represión no distingue en ideologías, ocupaciones o roles, y que afecta incluso a menores de edad, personas de la tercera edad y personas con enfermedades crónicas. Su padre se encuentra aislado en un calabozo y la única certeza que tienen sobre su verdadera situación es el mensaje del guardia de turno: “Él está bien”.
El sufrimiento del preso político se transfiere a la familia, que vive en la “incertidumbre total” debido a la falta de debido proceso.
Por su parte, Daneli Hernández, hija de Nélida Sánchez, coordinadora del Comité Nacional de Formación de Súmate, denunció que su madre fue aprehendida bajo el método Sippenhaft (donde primero se detiene a un familiar para obligar al objetivo a presentarse). Sánchez fue interceptada por el Sebin, recluida en El Helicoide, sin defensa privada y sin informar a sus familiares.
Sánchez fue imputada por cinco delitos: asociación para delinquir, conspiración, terrorismo, incitación al odio y traición a la patria. Su hija asegura que así le cobraron el haber participado en el proceso de formación de los testigos electorales del 28 de julio de 2024.
De acuerdo con Daneli Hernández, su madre ingresó a El Helicoide con padecimientos médicos y, hasta el momento, ha presentado al menos tres crisis hipertensivas, padecimientos gástricos e infecciones urinarias para las cuales no ha tenido la asistencia médica debida por parte del Estado.La familia ha presentado al menos siete comunicaciones ante el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo sin recibir respuesta, por lo que experimentan una sensación de “indefensión total”.
Sairam Rivas, expresa política y pareja de Jesús Armas (director de Monitor Ciudad), recordó que el activista fue detenido el 10 de diciembre de 2024 y lo llevaron a una casa clandestina del Sebin, donde “fue torturado para obligarlo a decir dónde estaban otros compañeros de oposición y estuvo desaparecido”.
A juicio de Rivas, este método de la desaparición forzosa “es una nueva práctica terrible con la que ahora nos tenemos que enfrentar en Venezuela”.
Rivas ve en retrospectiva su situación cuando estuvo detenida y la diferencia entre cómo actúa el Estado venezolano en la actualidad con los presos políticos: “Yo tuve abogados privados, Jesús no tiene abogados privados. Mi mamá pudo tener acceso a visitas la segunda semana en El Helicoide. Jesús estuvo 10 meses sin visitas, aislado e incomunicado”.
Los extranjeros que son alcanzados por la represión
La represión trasciende la ciudadanía venezolana. María Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo, también habló en el conversatorio y recordó que su esposo cumplió un año de “desaparición forzada” el 8 de diciembre.
Gómez expresó el dolor de la incertidumbre que persiste en su familia. Nahuel ha pasado 365 días sin escuchar a su hijo o a sus padres, y sin que le permitan tener una llamada, o pasarle la paquetería. Señaló que la única manera de saber que está bien es por personas que lo han visto dentro del Rodeo, pero la duda sobre si come o si se enferma “te come no solamente la cabeza, sino también el corazón”.
La esposa del gendarme había emigrado a Argentina hace siete años y quiso regresar el año pasado porque veía en las redes sociales que Venezuela “estaba bien”, con gente en la playa, tomándose sus cervezas y yendo de fiesta. “Yo me comí ese cuento”, lamentó. Ahora, pide disculpas a las personas que tienen años luchando contra las desapariciones forzadas, algo que le ha tocado vivir en carne propia, porque Nahuel Gallo soñaba con conocer las playas del país, pero ha sido víctima de una Venezuela diferente y ha conocido la peor cara de la represión.
Ataque contra la disidencia y muertes bajo custodia
El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV) denunció que, solo en el mes de noviembre, cada 19 horas un venezolano fue detenido por motivos políticos. Estiman que en el onceavo mes del año 37 fueron “secuestradas” por el gobierno.
El coordinador nacional de Vente DDHH, Orlando Moreno, denunció en declaraciones a Runrun.es el pasado mes de octubre que el método Sippenhaft (práctica usada en la Alemania nazi) se ha consolidado como política de Estado para “inducir la autocensura masiva mediante una ‘ingeniería del miedo’”. Moreno afirmó que el Estado está utilizando su aparato de seguridad para “desarticular la mente crítica del país”.
A esta realidad se suma la denuncia del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que responsabilizó al Estado por la muerte de 25 personas que se encontraban detenidas por razones políticas entre 2015 y 2025. El OVP enfatiza que estas muertes ocurrieron “bajo custodia del Estado” y que el gobierno “tendrá que responder ante la justicia”.
La organización documenta, entre estos fallecimientos, el caso del exgobernador de Nueva Esparta Alfredo Javier Díaz Figueroa (quien murió el 6 de diciembre de 2025 y estaba recluido en El Helicoide). El OVP denunció que Díaz murió por la privación ilegítima y la falta de atención médica a la que estaba sometido, l que les llevó a asegurar que “Alfredo fue asesinado”.
Evolución de la crisis y ausencia de democracia
Rafael Uzcátegui, sociólogo, defensor de derechos humanos y director de la ONG Laboratorio de Paz, detalló que a partir de 2014, los datos y estadísticas evidenciaron que el país enfrentaba no solo una crisis en derechos civiles, sino también una profunda crisis económica.
En el conversatorio, Uzcátegui recordó que las políticas sociales implementadas previamente estaban basadas casi exclusivamente en los altos ingresos petroleros, por lo que no eran políticas sustentables y no atacaron las causas estructurales de la pobreza.
Cuando finalizó la burbuja petrolera, coincidiendo con la llegada al poder de Nicolás Maduro, se cumplió la crisis económica con un profundo impacto en derechos sociales. A partir de 2014, señaló Uzcátegui, las organizaciones de derechos humanos comenzaron a referirse a esta situación como una “emergencia humanitaria compleja”, definida como una grave crisis en la calidad de vida de la población no causada por desastres naturales o conflictos armados, sino por malas decisiones gubernamentales.
El impacto más evidente de la crisis en derechos sociales es la expulsión forzosa de más de un tercio de la población venezolana. A este escenario, Uzcátegui añadió la dimensión de la “ausencia total de democracia” en el país. Señaló que a partir de julio de 2024 se desconoció la voluntad popular, dando inicio a lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó como “políticas de terrorismo de Estado”.
Uzcátegui destacó que la lucha actual en Venezuela no es ideológica, sino una “lucha de democracia contra autoritarismo”. Como sociólogo, se mostró convencido de que Venezuela está transitando por la “fase terminal de un modelo de dominación” y que lo ocurrido el 28 de julio fue la revelación de que dicho modelo tiene “los días contados”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
