En un entorno en el que los ingresos del gobierno se han desplomado la administración de Nicolás Maduro ha convertido a Venezuela en el país con la mayor carga tributaria de América Latina, obligando a las empresas a pagar impuestos en cantidades que absorben buena parte de las ganancias.
De acuerdo con datos de Conindustria al cierre de 2022, último año para el que se pueden sumar todas las declaraciones de impuestos, las empresas venezolanas cancelaron tributos por un monto equivalente a 68,6% de las ganancias mientras que el promedio en América Latina es 40% y en el resto del mundo 46%.
La Asociación Venezolana de Derecho Tributario advierte en un comunicado divulgado esta semana que esta elevada proporción reduce “la posibilidad de ahorro e inversión” y agrega que “este porcentaje se incrementa aún más en ciertos sectores económicos, incididos por tributos especiales”.
Aparte de los impuestos clásicos como el IVA, el impuesto sobre la renta o los tributos de las alcaldías, las empresas cancelan un Impuesto a los grandes patrimonios y realizan aportes establecidos en distintas normas a organismos del Estado como el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces).
Un factor relevante es que la carga tributaria viene acompañada de una larga lista de trámites. Ana Azevedo, contadora y quien trabaja en el área de impuestos para la firma de Consultoría PwC Venezuela, explica que las empresas catalogadas como contribuyentes especiales hacen al año, al menos, 193 declaraciones.
“Hablamos de 24 declaraciones de IVA y 24 anticipos del impuesto sobre la renta porque son quincenales. Cando agregas las que deben hacerse por el impuesto a las grandes transacciones financieras, retenciones del impuesto sobre la renta más otros trámites, llegas a ese número”, dice Ana Azevedo.
“Si se trata de empresas de sectores como telecomunicaciones aumenta el número de declaraciones al punto que hay empresas que hacen 220 declaraciones al año”, agrega Ana Azevedo.
Saúl Medina, socio de servicios tributarios de EY, indica que lo engorroso del sistema obliga a las empresas a buscar personal especializado en el tema tributario, que en estos momentos es escaso; a entrenarlo o a contratar un servicio externo.
Litsay Guerrero, economista, explica que los trámites burocráticos “inciden en los costos de las empresas en términos monetarios y del tiempo que destinan a cumplirlos, son costos de oportunidad para nuestro aparato productivo”.
“Necesitamos una mejora importante en las condiciones para el desarrollo de negocios, simplificar tramites. El resto de los países de la región está utilizando la tecnología de blockchain para mejorar sus procesos”, agrega.
Problemas de caja
El trasfondo de la alta carga tributaria es un gobierno que ha sufrido una fuerte reducción de sus ingresos. La producción petrolera, por ejemplo, es de 800 mil barriles diarios una cifra muy inferior a los 3,2 millones de barriles diarios que producía el país en 1999 cuando el chavismo llegó al poder.
A esto se agrega que la administración de Nicolás Maduro tiene cerrada la posibilidad de obtener financiamiento en el exterior porque el país está atrasado en el pago de sus compromisos desde 2017.
Litsay Guerrero afirma que es un Estado «con una necesidad de ingresos importantes que básicamente se ha volcado a obtener estos ingresos vía tributos porque no tiene posibilidades de endeudamiento”.
Un aspecto relevante es que tras la recesión 2014-2020 el tamaño de la economía venezolana se redujo a la cuarta parte, por lo tanto, la posibilidad de obtener ingresos vía impuestos se ve reducida.
A pesar de que las empresas pagan más de dos tercios de sus ganancias en impuestos la recaudación en Venezuela equivale a 6% del PIB mientras que en América Latina esta proporción es del 16%, de acuerdo con datos de Conindustria.
La explicación es que la recaudación en Venezuela recae sobre pocas empresas, porque el sector formal de la economía se achicó.
Recaudar más
El pasado 15 de enero Nicolás Maduro precisó ante la Asamblea Nacional que la recaudación tributaria se ubicó en el equivalente a 5 mil 750 millones de dólares en 2023 y la meta es que este año se incremente hasta 10 mil millones de dólares.
Posteriormente el dos de febrero advirtió que “le digo a todo el que me quiera escuchar, se acabaron las excepciones tributarias”.
En una muestra de la urgencia por aumentar los ingresos, el Instituto Postal Telegráfico (Ipostel) publicó en la gaceta oficial del pasado 5 de febrero una resolución en la que estableció el registro y cobro de impuestos a las empresas que realizan entregas a domicilio (delivery) mediante plataformas digitales, redes sociales, postales o comerciales.
No obstante el camino para detectar nuevas oportunidades de renta no luce del todo despejado. Ante las fuertes críticas en el sentido de que el cobro del registro, impuestos y aporte especial al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación aumentan los costos y crean distorsiones, el gobierno retrocedió y dejó sin efecto la resolución.
Ampliar la base
Richard Obuchi, profesor del IESA, señala que en 2014 el sector formal de la economía -a través de la manufactura, construcción, servicios y comercios- empleaba a 25% de los trabajadores y actualmente solo 11%.
“Ya tenemos una carga fiscal muy elevada y aumentarla más va hacer que eventualmente cierren empresas y se agudice ese proceso en el que el sector privado cada vez emplea menos personas”, dice Richard Obuchi.
Agrega que esto “favorecería a una economía donde es mejor importar porque es menos riesgoso, sale menos caro y no tengo que invertir demasiado pero en ese proceso hay una enorme destrucción de capital social y económico”.
La Asociación Venezolana de Derecho Tributario recomienda en su comunicado que “en el corto plazo, una mayor recaudación pasa por ampliar la base de contribuyentes. La informalidad en la industria y en el comercio genera desinversión, pobreza y baja recaudación”.
“Creemos que los mayores esfuerzos de fiscalización deben recaer sobre aquellos que no cumplen sus deberes formales, los que no se inscriben en los registros respectivos, los que no facturan, los que no tienen contrataciones formales, los que traen productos de contrabando o pagan menos aranceles de los que corresponden”, señala la Asociación.
Agrega que “allí vemos un importante desaguadero fiscal que, de ser detenido, resultaría en una fuente más beneficiosa y eficiente para la administración y para la sociedad venezolana que continuar recargando a los contribuyentes que sí cumplen sus deberes y que sí mantienen inversiones productivas en el país”.