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Sala Político Administrativa del TSJ no ha movido un dedo en 2024

En lo que va de 2024, la Sala Político Administrativa (SPA) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no ha trabajado.

En diciembre, la Sala Político Administrativa del TSJ dictó 130 sentencias y en enero emitió apenas nueve fallos, ocho de los cuales fueron sobre las inhabilitaciones. Sin embargo, estas decisiones las dictó la “Sala Político Administrativa Habilitada”, una figura que no existe en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) de acuerdo a la ONG Acceso a la Justicia.

La sentencia nro. 0005 ratificó la inhabilitación electoral a María Corina Machado por 15 años impuesta por la Contraloría General de la República. 

De acuerdo a Acceso a la Justicia, la SPA incurrió en una práctica que ya tiene algún tiempo empleando: la omisión de publicar los textos completos. En lugar de hacerlo, se limita a anunciar las medidas mediante un extracto en su página web. “Esta práctica impide conocer el texto íntegro de dichos fallos, incluyendo, entre otros aspectos, las razones jurídicas que las fundamentan”, asomó la ONG.

El artículo 9 de la LOTSJ advierte que las “salas especiales” son aquellas creadas por los magistrados reunidos en plenaria en los casos en que se “acumulen, por materia, cien o más causas para que sean decididas”.

Acceso a la Justicia informó que la SPA del TSJ tiene una “Sala Especial Primera”, cuyo mandato fue prorrogado por otro año en el mes de diciembre como aparece publicado en la resolución nro 2023-0072 de la Sala Plena. 

La ONG denunció que, hasta el sol de hoy, la Sala Especial Primera de la SPA no ha emitido decisión judicial alguna en 2024, pues su más reciente actuación fue el 14 de diciembre de 2023.

“Lamentablemente, se trata de una situación bastante irregular que genera zozobra e incertidumbre a los justiciables, y al mismo tiempo un grave riesgo de indefensión para la tutela de los derechos fundamentales de las personas”, indicó la ONG. 

 

Con información de Acceso a la Justicia

 

San Miguel pide su libertad a personas que toman decisiones en Venezuela: Que se les ablande el corazón

La directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, envió un mensaje al gobierno de Nicolás Maduro para que la liberen.

A través del abogado Joel García la hizo la petición este viernes 8 de marzo en horas de la noche.

«Se mantiene fortalecida y muy confiada de su inocencia. Ella ha demostrado a través de su trabajo que es una mujer de paz.y diálogo. Solicita que se le ablande el corazón a las personas que toman las decisiones para que le concedan la pronta libertad», escribió García en su cuenta de X, antiguamente Twitter.

García indico que San Miguel pudo hablar con su hija, Miranda, y que todavía no le permiten acceder a una defensa privada.

La activista y defensora de derechos humanos fue detenida el pasado 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía y se encuentra en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

La Fiscalía General de la República liderada por el funcionario impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, la acusa de estar vinculada con un plan de magnicidio en contra Maduro.

Con Rocío nos acercamos a Nicaragua

De acuerdo con el sociólogo y director del Laboratorio de Paz, Rafael Uzcátegui la detención y encarcelamiento de San Miguel evidencia de un patrón de represión y persecución a los derechos fundamentales en Venezuela.

Uzcátegui indicó en una entrevista concedida a El Pitazo que «el caso de la presidenta de Control Ciudadano refleja una reconfiguración interna en la coalición gobernante con un funcionamiento que acerca a Venezuela al modelo autoritario de Nicaragua,pues el oficialismo decidió asumir un inédito costo político con la detención de San Miguel».

“Nos estamos acercando al modelo de Nicaragua.Hay una teoría según la cual Rocío San Miguel se va a convertir en una ficha de la negociación, y eso ha ocurrido. Lamentablemente, una persona comoRocío San Miguel tiene un costo político y eso será puesto sobre la mesa de negociación cuando se reinicie”, destacó Uzcátegui.

 

Embajada de Canadá premió a director de Acceso a la Justicia 

El codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, recibió este jueves 7 de marzo el premio de Derechos Humanos de la embajada de Canadá en Venezuela, galardón otorgado a las personas que luchan en defensa de la democracia en Venezuela.

Por segundo año consecutivo, Daniels se adjudicó este premio que otorga el órgano diplomático norteamericano. 

“Ser defensor de derechos humanos en Venezuela exige una reafirmación constante y un cuestionamiento permanente que permitan seguir la luz de la justicia con fidelidad y sin extravíos”, dijo Daniels en su discurso donde agradeció a la también fundadora Laura Louza y abogó por la inmediata liberación de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel y del director de Fundaredes, Javier Tarazona.

Daniels con diversas publicaciones en derecho militar, bancario y administrativo, es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Realizó estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, España.

El miedo tiene infinitas causas, pero en el caso de Venezuela, tiene un origen indiscutido: la arbitrariedad. Una arbitrariedad que se inició renegando de sí misma, mal vistiendo los atuendos de la legalidad y la democracia, al punto que, a pesar de tantos intentos por parecer otra cosa, tanto más evidente y nítida es su imagen real ante el espejo. La arbitrariedad en nuestros tiempos ha evolucionado, y ya no se esconde detrás de gacetas, sentencias o de popularidad, sino que transmite en cadena su furia ante la necesidad de aumentar el uso de su arma más eficaz, esto es, el miedo”, agregó Daniels. 

Voceros de la embajada de Canadá, elogiaron la labor de Daniels. “Ha sido una referencia para organizaciones de la sociedad civil venezolana; muchas esperan e incorporan sus análisis sobre asuntos jurídicos de actualidad. Ha liderado proyectos y ha generado importantes datos relacionados con el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, y el debido proceso”.

 

OSH: La vida de 14 millones de venezolanos está comprometida por necesidades críticas

14 millones de venezolanos tienen necesidades críticas de acuerdo a un estudio elaborado por el Observatorio Social Humanitario (OSH).

“Eso se entiende como personas que tienen comprometida su vida, su integridad, su seguridad, a un nivel importante, que están enfrentando déficits de tal magnitud que pueden llegar a pasar a otro subgrupo que se llama el grupo de necesidades severas”, dijo Jo D’Elia, defensor de derechos humanos y coordinador de la plataforma HUM durante un foro virtual celebrado el pasado 7 de marzo. 

D’Elia agregó que entre 4 y 5 millones de venezolanos estarían con necesidades severas.

“Que es el grupo de venezolanos que de no recibir asistencia inmediata o en un tiempo muy corto ya podrían sucumbir o causarles daños o traumas muy severos. Y esos daños y traumas están desde pérdida de la vida, a daños irreparables como rezagos desde un punto de vista educativo como situaciones de extenuación, de medios de vida”, advirtió.

El sociólogo recordó que no fue sino hasta el año 2020 cuando el Estado venezolano empezó a reconocer que necesitaba de la arquitectura humanitaria y finalmente permitió su instalación en el país.

Sin embargo, aún existen dificultades logísticas y restricciones que no han podido ser resueltas y que finalmente terminan afectando directamente a la población más vulnerable.

Venezolanos excluidos 

El economista Omar Zambrano sostuvo que la emergencia humanitaria compleja se ha ido agravando y profundizando durante estos últimos dos años de supuesta recuperación económica.

“Las condiciones de vida de las personas en las sociedades modernas dependen fundamentalmente de la evolución de los ingresos laborales, de los salarios, de lo que gana la gente por el intercambio de su trabajo en el mercado laboral. Esa transacción es fundamental en la constitución de los ingresos de los hogares, por lo tanto, en el bienestar de las familias y de las personas. Lo que pasó en Venezuela tiene que ver con lo que pasó en el mercado laboral” manifestó.

Zambrano recordó que Venezuela pasó de una situación de escasez absoluta en la mayoría de los bienes básicos entre 2016 y 2017 a anaqueles repletos con moderada demanda.

“Eso ha dado una sensación general de bienestar, de avance. Pero sigue siendo limitado en términos sectoriales, esto no pasó en toda la economía venezolana, esto pasó única y exclusivamente en un sector, en el sector de comercialización de bienes y servicios, y no en todo el territorio, sino en las tal vez diez o doce grandes ciudades de Venezuela”.

Zambrano explicó que las “burbujas económicas” son un síntoma de lo limitado del proceso de recuperación en Venezuela.

No es que no se está recuperando la economía, sí se está recuperando, pero lo que se está recuperando es tan pequeño y tan limitado desde el punto de vista sectorial, que este brote es insuficiente para generar bienestar. Mucha gente continúa excluida de los beneficios de este supuesto crecimiento”, dijo.

 

DDHH Olvidados | El apoyo hacia la mujer venezolana va en reversa

Venezuela conmemora el Día Internacional de la Mujer este 2024 con más vulneraciones a los derechos humanos que el año pasado. A diferencia del resto del mundo, donde los derechos son progresivos, solo en los primeros tres meses del año cada poder que conforma el Estado venezolano atentó contra los derechos de las mujeres. 

En enero, la Asamblea Nacional oficialista mantuvo una discusión para aprobar la «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines» (Ley Anti ONG) para restringir las acciones y el financiamiento de la sociedad civil al menos que estén bajo la ideología del Partido Socialista Unido de Venezuela, gobernado por Nicolás Maduro. 

Ese mismo mes, el Poder Judicial confirmó la inhabilitación a María Corina Machado sin ninguna sentencia firme, lo que le sirve al Poder Electoral para negarle el derecho a participación en las elecciones presidenciales de este año. 

En febrero, el Ministerio Público detuvo arbitrariamente a la activista Rocío San Miguel y elevó la cifra de presas políticas a 19, según los datos de Foro Penal. 

Y el Poder Ejecutivo de Maduro lleva más de cinco años sin hacer público cuánto invierte en su infraestructura para mejorar la calidad de vida de las mujeres y la justicia ni ajusta los salarios y las prestaciones sociales (que no incluye a los bonos). 

En reversa

«Este año, en Venezuela retrocedimos en el apoyo hacia la mujer y hacia las instituciones que velan por sus derechos, y eso que históricamente había sido bajo», reflexionó Adicea Castillo, economista especializada en el liderazgo de la mujer y miembro de la directiva del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (CEM UCV). 

Las Naciones Unidas establecieron como temática en 2024 el financiamiento para acelerar la igualdad y mejorar la prevención. Pero, para Castillo, las restricciones económicas para investigar, documentar y proteger los derechos humanos de las mujeres venezolanas son cada vez más grandes.

«Estamos retrasados en todos estos frentes, y quienes están llamadas a promover estos cambios, estas inversiones, son las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, que se ven especialmente afectadas por el cierre del espacio cívico en Venezuela», agregó Cristina Ciordia, coordinadora de incidencia de la ONG Cepaz

Entre documentar y recibir amenazas

La ONU establece que se necesitan como mínimo, 360.000 millones de dólares de inversión a nivel mundial cada año para cubrir el déficit del financiamiento y apoyo a las respuestas de las crisis sensibles al género.

En Venezuela esta cifra está envuelta en incertidumbre: desde 2020 la asamblea constituyente promulgó la «Ley Antibloqueo», que le da potestad al Poder Ejecutivo de no publicar ningún dato económico de la nación, aunque el gobierno de Nicolás Maduro lleva esta práctica desde su imposición en el año 2014. 

«La mayoría de las ONG dedicadas a la violencia basada en género contra la mujer resuelven su problemática financiera de manera absolutamente personal», afirmó Ofelia Álvarez, directora de la Fundación para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres (Fundamujer) y miembro directivo del CEM UCV. «Yo trabajo con puros voluntarios y colaboradores. Aunque muchas veces hay donaciones, sentimos esa Ley Anti ONG como una amenaza permanente que no se termina de dar como para amedrentar». 

Álvarez reiteró que la sociedad civil venezolana es la única que ha llevado las cifras de este problema social en los últimos 10 años, «que se van haciendo cada vez más críticas». 

Menos trabajo, menor ingreso y expuestas a la violencia

El Banco Interamericano de Desarrollo informó que solo 37 % de las mujeres venezolanas tienen un empleo formal y ganan 21,79 % menos que los hombres, siendo el país con la menor participación laboral femenina en América Latina y el Caribe.

Walk Free, una ONG internacional, cataloga a Venezuela como el el país con mayor presencia de esclavitud moderna en la región para el 2023, con 270.000 víctimas, y la ONU complementa esa cifra diciendo que 11 % de esa población son niñas y adolescentes y el otro 87 % son mujeres. 

La asociación civil Utopix advirtió que los casos de femicidio aumentó 53,8 % entre enero de 2023 y enero de 2024, si solo se toma los casos reportados por la prensa. La ONG Prepara Familia advirtió que el 99 % de los pacientes con enfermedades crónicas son cuidados diariamente y a todas horas por mujeres, especialmente sus madres, frente a la escasez del personal de salud en el país

Además, la sociedad civil documentó que una de cada cuatro mujeres no tiene productos y un servicio de agua constante para mantener su higiene menstrual, aumentando el riesgo de enfermedades y su derecho a la salud. También solo una de cada 4 mujeres puede hacerse un chequeo médico para detectar el cáncer de mama o de cuello uterino, según Funcamama. Y la ONU reiteró que 95 por cada 1000 mujeres embarazadas en el país tienen entre 15 y 19 años, una cifra que va en aumento frente a la escasez del 80 % de los anticonceptivos. 

Aun así, con la propuesta de la Ley Anti ONG, el Estado no permite que la sociedad civil se inscriba legalmente: más del 55 % de las ONG encuestadas por Prodehum no puede registrarse debidamente en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), lo que dificulta el acceso al financiamiento para mitigar todas las mujeres que entran en esos datos sobre el país. 

«Hablamos de un problema social que no está tomado en cuenta, por lo menos no en el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto Nacional de la Mujer. Son problemas que quieren ver. Uno podría decir que no hay interés en esas instituciones gubernamentales. Sin inversión no hay posibilidad de prevención», lamentó Álvarez, agregando que diariamente su fundación atiende a tres víctimas de la violencia basada en el género contra la mujer. 

Todos resultamos afectados

Ciordia advirtió que, así como los derechos humanos se relacionan estrechamente entre sí, la violación de los derechos de la mujer afecta «a todo su entorno, a toda su familia». 

«El 54 % de las familias en Venezuela son familias monomarentales, eso quiere decir que la jefatura del hogar la ejerce una mujer sola. Entonces, las fallas en los servicios públicos se convierten no sólo en un problema que tengo que solucionar yo, sino que tengo que solucionar para las personas que cuido», dijo. 

La periodista Gabriela Boada, defensora de los derechos humanos y directora de la ONG Caleidoscopio Humano, advirtió que la opacidad estatal llega hasta la consulta de la Ley Anti ONG: «No está publicada en ningún portal de la Asamblea Nacional ni alguna plataforma pública. Todo lo que se conoce es a través de canales extraoficiales», como las alocuciones de ciertos dirigentes del madurismo. 

Para Boada, la discusión y posible aprobación de esa Ley pondría en riesgo incluso a las líderes comunitarias y aquellos grupos de apoyo entre las víctimas, como lo es «Madres Poderosas», una asociación de madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Caracas que velan por la justicia de sus familiares. 

«Muchas mujeres se asocian desde sus comunidades, desde sus propias experiencias, para dar contención a otras víctimas, pero de una manera informal o de una manera que no tiene una personalidad. Esto es válido por los artículos que están contenidos en la Carta Magna y de los derechos de la Organización de Naciones Unidas. Pero ahora se está violentando su derecho a defenderse. Obligarte a hacer un registro de este tipo, a pagar quién sabe cuánto, es un franco deterioro de poder trabajar, sobre todo en temas de violencia de género y la capacitación y prevención», dijo. 

Castillo afirmó que, frente a una economía marcada por las elecciones presidenciales y una inflación mayor al 130 % para este año, según los estudios de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, incluso los centros de investigación universitaria especializados en los estudios de la mujer se encuentran «prácticamente paralizados» en su producción de conocimiento y la atención y asesoramiento en regiones fuera de la capital. 

«El sector no tiene un apoyo constante. No es fácil. Venezuela no ha tenido el suficiente apoyo financiero para atacar la Emergencia Humanitaria Compleja, y eso incluye al impacto diferenciado y marcado en las mujeres. El incremento de la pobreza en el país es uno de los desastres más grandes a nivel mundial en cuestión de deterioro de la calidad de vida de una población. Pero aún así hay esperanza, siguen grupos que investigan y denuncian los derechos de la mujer en Venezuela», concluyó. 

En Lara la violencia policial no ha cesado

En la última década, el estado Lara ha sido testigo de la violencia policial, primero con la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) y luego con la desaparecida Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ahora devenida en Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO).

Si bien las muertes por intervención policial (MIP) han disminuido a partir de 2022, el patrón que impera ahora es la extorsión y la amenaza por parte de funcionarios, especialmente a empresarios, comerciantes y personas que se movilizan por las carreteras del estado.

El pasado 9 de enero Aiverson Torres de 17 años de edad resultó muerto  a manos de unos funcionarios policiales, quienes instalaron una alcabala móvil en la avenida 14 de febrero con avenida Rotaría, en la ciudad de Carora del municipio Torres. 

Según versiones publicadas por medios de comunicación, Torres decidió no detenerse en la alcabala para evitar ser extorsionado. Dos funcionarios lo persiguieron y le dispararon directamente en la parte superior de su cuerpo.

El informe anual del Observatorio de Violencia (OVV) reflejó que la tasa de homicidios el año pasado fue de 19,2 por cada 100 mil habitantes. Del total de 317 muertes violentas, 25 corresponden a intervenciones policiales.

En el referido informe se lee: “En los últimos años se apreció un aumento de los homicidios y de las muertes provocadas por la intervención policial que estaría asociado a un mayor estímulo de los factores catalizadores del crimen en comparación a los años anteriores, en los que, producto de los efectos del confinamiento y en general de la sostenibilidad de la crisis humanitaria, devinieron indirectamente en menor criminalidad”.

El OVV expresó que aunque hay un crecimiento del número de funcionarios policiales, se refleja una crisis institucional. 

“La masificación no calificada de efectivos de seguridad ha derivado en altos niveles de abuso contra los ciudadanos, en esta problemática inciden diversos factores como los bajos salarios de los policías, un entorno institucional débil y el abuso de poder”, indican.

 

Con información de OVV

 

Este viernes 8 continúa el juicio del caso Policarabobo

Este viernes 8 de marzo a las 10 y media de la mañana se reanudará el juicio a los cinco exfuncionarios de la Policía de Carabobo (Policarabobo) por la muerte de 69 personas.

La información fue suministrada por Lyli Lopez, responsable del Comité de Víctimas indirectas del caso Navas Spinola, quien indicó que la sesión tendrá lugar en la Sala de Juicio 5 del Palacio de Justicia.

López dijo que en la audiencia del pasado viernes 1 de marzo se agregó prueba documental de protocolo de autopista realizada por la anatomopatóloga forense, Scarlet Romero. 

Igualmentesostuvo que uno de los funcionarios implicados en la tragedia, Sergio Rodríguez, dio a conocer nuevos elementos a investigar en función de determinar otras responsabilidades.

El pasado 28 de marzo de 2018 murieron quemados en los calabozos de Policarabobo 69 personas, entre los que figuran 66 presos y tres mujeres que se encontraban pernoctando.

“Por la muerte de estas personas en la Comandancia General de la Policía ubicada en la calle Navas Spinola de Valencia, solo cinco funcionarios fueron llevados a juicio, a pesar de que las actas de investigación señalan que participaron más”, señaló un comunicado de la ONG Una Ventana a la Libertad.

Los  cinco exfuncionarios policiales son José Antonio Carrera Loaiza, quien se desempeñaba como jefe de retén; Aníbal Antonio Padrón Pacheco, quien trabajaba como supervisor de grupo de retén; José Rafael Colina Palencia, quien se desempeñaba como auxiliar de retén; Sergio Enrique Rodríguez Rodríguez, quien también trabajaba como auxiliar de retén y José Luis Rodríguez Ramírez, quien para el momento del hecho fungía como subdirector de la Policía del Estado Carabobo.

A Rodríguez Ramírez lo acusan del presunto delito de homicidio calificado por medio de incendio y complicidad necesaria, previsto y sancionado en el artículo 406 del Código Penal venezolano, además del delito de omisión al socorro, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 438.

 

 

CLAVES | ¿Qué viene después de la decisión de la CPI?

El pasado 1 de marzo, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) falló por unanimidad a favor de continuar las investigaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad y desestimó una petición del régimen chavista para poner freno a las indagaciones por parte de expertos internacionales. 

La decisión permite que la CPI pueda continuar avanzando en las investigaciones para esclarecer los hechos en el marco de las protestas antigubernamentales, se centre en la búsqueda y recolección de las evidencias, examine pruebas, solicite la cooperación de algún Estado en caso de ser necesario y eventualmente pueda proseguir hacia la rendición de cuentas de los máximos responsables de los crímenes.

“Este proceso demuestra la relevancia del trabajo de las organizaciones en la sociedad civil, pues constituye una victoria no solo para estas entidades, sino también para las víctimas que, a pesar de los obstáculos, han perseverado en la búsqueda de justicia para Venezuela”, dijo la presidenta de la ONG Defiende Venezuela, Génesis Dávila.

Por su parte, Rodrigo Diamanti, presidente de Un Mundo Sin Mordaza, sostuvo que el único responsable de que el caso esté en la CPI es el régimen de Maduro.

“Primero por cometer crímenes de lesa humanidad y  segundo por secuestrar las instituciones judiciales del país”.

Diamanti agregó que la decisión de la CPI del pasado viernes refleja la importancia de la cooperación internacional en la búsqueda de justicia y en la protección de los derechos humanos.

La respuesta del Estado no se hizo esperar en la boca de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. “Este órgano de justicia ha demostrado ser politizado, negligente e inactivo. Venezuela revertirá esta decisión y hará valer la verdad por todos los medios”.

De acuerdo a Defiende Venezuela, Un Mundo Sin Mordaza y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad, a partir de la decisión de la CPI se manejan los siguientes escenarios: 

Con el fallo, la Sala de Apelaciones de la CPI desestima todos los motivos o alegatos hechos por las autoridades venezolanas y confirma por unanimidad que la investigación debe continuar en vista de incapacidad del régimen madurista para hacer justicia. 

 

El alcance de la investigación puede abarcar hechos anteriores a abril de 2017, como las protestas antigubernamentales de 2014. La fiscalía tiene la facultad de investigar todos aquellos hechos que estime susceptibles de constituir presuntos crímenes de lesa humanidad.

 

A la CPI no le satisface que las autoridades venezolanas realicen algunas investigaciones aisladas contra autores de menor rango. De acuerdo con la corte internacional el Gobierno venezolano no toma en cuenta los elementos contextuales.

 

Venezuela no hizo referencia a ninguna causa concreta en la que esté tomando en cuenta el elemento discriminatorio de la persecución.

 

Pueden investigarse otras formas de violencia sexual y actos inhumanos.

 

El Gobierno venezolano no ha demostrado una investigación progresiva, hay ausencia de pasos sucesivos en los procesos de investigación.

 

Con esta decisión, las organizaciones de la sociedad civil deben reafirmar su compromiso de seguir acompañando a las víctimas en cada paso por conseguir la justicia.