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El Megafono

Privadas de libertad embarazadas corren peligro por retardo de medidas cautelares
Sitios de reclusión presentan falta de higiene, baños dañados y humedad

Privadas de libertad embarazadas del estado Anzoátegui corren peligro debido a la falta de respuesta de los tribunales en las solicitudes de detención domiciliaria con apostamiento policial, por lo cual no se les está garantizando la salud de la madre ni la del niño; invocando el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 44 de la Ley Orgánica Para La Protección Del Niño, Niña Y Adolescente.

Así lo denunció Alcides Magallanes, director institucional de la Fundación de los Derechos Humanos (FDDHHANZ), quien mencionó que algunos ejemplos se han observado en los calabozos del Centro de Coordinación de Cantaura de la Policía del estado Anzoátegui (Polianzoátegui), donde los sitios de reclusión presentan falta de higiene, baños dañados y humedad que como consecuencias producen infecciones urinarias, amenazas de aborto y otros tipos de afecciones que atentan la salud de las detenidas.

“El mes pasado, una de las privadas de libertad inició labores de parto mientras esperaba el apostamiento en los calabozos. Luego de dar a luz en un centro hospitalario, fue devuelta al sitio de reclusión junto a su bebé, pese a que las áreas no están en condiciones para la madre y el niño”, resaltó.

 Asimismo, dijo que hay detenidas con más de ocho meses de gestación que no han recibido respuestas de los tribunales desde que emitieron sus solicitudes de medidas cautelares a principios de año, por lo que esta falta de actuación viola el principio de la maternidad.

“Pese a que el gobierno nacional ha decretado la operatividad completa del sistema judicial, lamentablemente se complica más el acceso a la justicia en el país, tomando a la pandemia como excusa en lugar de crear otras alternativas de atención al ciudadano”, expresó el representante de la Organización No Gubernamental. 

Aseguró que estos casos fueron reportados ante los representantes en Venezuela de la Oficina de la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Consorven pide garantizar educación accesible e igualitaria a jóvenes con discapacidad
24 % de las niñas, niños y adolescentes consultados no están incluidos en el sistema educativo venezolano

La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) realizó un estudio para conocer las condiciones de acceso a la educación por parte de niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad en el país.

Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, recalcó que “es un derecho y un deber social fundamental de las personas con discapacidad, ser partícipes de una educación de calidad que contribuya al desarrollo pleno de su potencial creativo y de su personalidad en la sociedad venezolana”.

Con la investigación realizada, se determinó que 49 % de las personas consultadas señalaron que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad no tienen Registro Nacional de Personas con Discapacidad emitido por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), reseña una nota de prensa de Consorven.

En ese sentido, De Gouveia manifestó que cualquier persona con discapacidad, que por diversas razones no posea un carnet de identificación emitido por la Conapdis, “está en presencia de la vulneración a un derecho, que es a su vez una herramienta para garantizar al acceso a derechos básicos y fundamentales“.

 Es responsabilidad del Estado garantizar que las personas puedan evaluarse, registrarse y tener el carnet del Conapdis”, dijo.

También recalcó que 24 % de las niñas, niños y adolescentes entrevistados, no están incluidos en el sistema educativo venezolano. “De ese 24 %, 47 % nunca han estudiado, 37 % dejó de estudiar hace más de un año y 16 % dejaron de estudiar a consecuencia de la pandemia”.

Según De Gouveia, más allá de la pandemia, otra de las barreras a las que se enfrentan las familias más vulnerables, es no contar con recursos económicos para inscribir a los jóvenesen centros educativos.

“Esta situación está asociada a la crisis económica estructural y a la crisis institucional, y que en ambos casos, el Estado es el responsable de subsanar, por medio de acciones directas y urgentes, el que las personas con discapacidad no puedan sortear las principales dificultades que impiden un acceso efectivo al sistema educativo”.

Entre otros hallazgos del estudio, se pudo conocer que 37 % de los representantes de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad entrevistados, encuentran como principal dificultad el problema del transporte, 22 % consideran la alimentación como dificultad para que sus representados asistan a la escuela y 15 % declararon que la discriminación es la principal dificultad que encuentran para que sus hijos acudan a los centros educativos.

Con relación a este último dato, es una responsabilidad social compartidaeliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y por diferencias de cualquier tipo; es un derecho humano, universal y fundamental poder acceder a sistemas educativos en igualdad de condiciones, pero también libre de ambientes que toleran, permiten o fomentan actos de discriminación”.

En lo que respecta a la adaptabilidad y accesibilidad de los contenidos educativos, 49 % de los representantes no consideran accesibles ni adaptados los contenidos y 71 % no fueron consultados sobre las estrategias y medidas necesarias para impartir los contenidos educativos durante la pandemia.

“Luego de conocer estos hallazgos, exhortamos al Estado para que cumpla con el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad, en ese sentido recomendamos respetar el marco legal que garantice el acceso pleno al derecho a la educación en igualdad de condiciones, tal como lo establece La Constitución de Venezuela (artículo 102 y 103); cumplir con lo establecido en La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 24) y la Ley Orgánica de Educación (artículo 6)”.

Igualmente, recomendó trabajar en la formación de los docentes y en todo el personal que labora en las instituciones educativas del país, “específicamente en los contenidos y herramientas que permitan brindar a los estudiantes con discapacidad, una educación de calidad, adaptada a sus necesidades y especificidades”.

Así como garantizar que los contenidos educativos estén siendo enviados en los formatos adecuados (accesibles), con los contenidos desarrollados y expuestos en atención a las diferencias cognitivas, así como establecer y fomentar relaciones de respeto entre la escuela y las familias, “este mecanismo de participación, asegura el éxito de la labor educativa”, concluyó De Gouveia.

Acceso a la Justicia: La OIT desmonta el mito de un  gobierno obrerista en Venezuela
El organismo aprobó un informe en el que acusó a la administración de Maduro de violar los derechos de los trabajadores sobre libertad sindical

Pese a que Nicolás Maduro se desempeñó en el mundo sindical y se califica por ello como el “presidente obrero”, lo cierto es que su administración no ha hecho nada bueno en favor de los trabajadores, y así lo denunció al mundo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el mes de marzo del año en curso, cumpliéndose en este caso el viejo refrán que dice que “En casa de herrero cuchillo de palo”.

Acceso a la Justicia expone que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo aprobó el 27 de marzo un duro informe en el que acusó a la administración de Maduro, de violar los derechos de los trabajadores sobre libertad sindical, a la libre asociación,  a la contratación colectiva y a la participación tripartita en la fijación del salario mínimo nacional, entre otro incumplimientos a convenios ratificados ante la OIT por la República.

La decisión adoptada por el Consejo de Administración de la OIT, en su reunión 341, se tomó con veintisiete votos a favor y veintidós en contra; en ella no solo se denunció las acciones ilegales del Gobierno en contra de empleadores y trabajadores, sino que además se decidió mantener la presión para lograr que cese la persecución contra el movimiento sindical y que retomen el diálogo tripartito roto desde hace casi dos décadas.

Como parte de esa presión, la instancia instruyó a su director general, Guy Ryder, para que el próximo 3 de mayo le informe si el régimen venezolano ha tomado alguna medida para cumplir la lista de tareas que le encomendó, entre las cuales destaca iniciar un diálogo con las agrupaciones de empresarios y los sindicatos, y además, tomar las medidas necesarias para lograr «el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión» contra empleadores y trabajadores no afines al Estado y para evitar que «tales actos no se repitan en el futuro».

Abriendo otro frente

La respuesta de las autoridades gubernamentales a la decisión del Consejo de Administración de la OIT ha sido hasta ahora patear la mesa. Así, el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, anunció que el Gobierno de Maduro no reconocerá el fallo del organismo ni sus posibles consecuencias.

El funcionario dijo: “El Gobierno rechaza categóricamente esta decisión tomada y no se compromete con la misma. Dejamos constancia expresa de nuestra posición. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se desvincula y no se compromete con esta decisión adoptada el día de hoy (27 de marzo)”.

Además, acusó a la OIT de haberse convertido “en un escenario (…) nada agradable, hostil y mezquino, plagado de intereses políticos contrarios a mi Gobierno”.

¿Cuáles son las consecuencias de no acatar las decisiones y recomendaciones de la OIT?  El artículo 29 de la Constitución de la OIT abre las puertas para que un Estado que no desee acatar las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión de Encuesta pueda someter la queja ante la Corte Internacional de Justicia. Asimismo, el artículo 33 estipula que:

“en caso de que un miembro no dé cumplimiento dentro del plazo prescrito a las recomendaciones que pudiere contener el informe de la Comisión de Encuesta o la decisión de la Corte Internacional de Justicia, según sea el caso, el Consejo de Administración recomendará a la Conferencia las medidas que estime convenientes para obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones”.

La OIT decidió incluir en el orden del día de su 343ª reunión, prevista para noviembre próximo, un punto titulado “Consideración de todas las medidas posibles, incluidas las previstas en la Constitución de la OIT, necesarias para garantizar que la República Bolivariana de Venezuela cumpla las recomendaciones de la Comisión de Investigación dentro del plazo requerido”.

A los trabajadores que se los lleve…

El anuncio del ministro Piñate de que el Gobierno no acatará el informe de la OIT, es otra muestra de la intolerancia de las autoridades venezolanas frente a la crítica y ante una decisión adversa proveniente de un organismo multilateral del cual el Estado venezolano forma parte. Cabe esperar que en los próximos días Miraflores vuelva a recurrir a su consabida receta de aumentar el salario mínimo nacional sin consultar con los otros sectores afectados, al no activar el sistema de participación tripartita para la fijación del salario mínimo tal como ha venido ocurriendo en casi veinte años; con lo cual ni trabajadores ni empresarios podrán expresar sus pareceres y propuestas, transgrediendo el artículo 91 de la Constitución, el Convenio 131 de la OIT y las recomendaciones técnicas establecidas por el referido organismo multilateral.

Sin embargo, esto no debería sorprender, porque la administración de Maduro; así como antes el del fallecido Hugo Chávez, han ignorado sistemáticamente las recomendaciones y decisiones del grueso de las instancias internacionales, incluida la OIT. En 2020 denunciamos en Acceso a la Justicia que Venezuela no estaba aplicando las sugerencias que la OIT había emitido para reducir el impacto la pandemia de COVID-19 sobre los trabajadores.

De hecho, durante la vigencia del estado de alarma impuesto para combatir el coronavirus, en 2020, los ataques contra la dirigencia sindical continuaron. Solamente en Caracas veintinueve sindicalistas fueron detenidos, como informó recientemente el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia del pasado 25 de marzo.

Asimismo, el año pasado fue ratificada la condena (impuesta por un tribunal militar) a más de cinco años de cárcel contra el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco, Rubén González, cuyo caso es el más emblemático de la persecución del Gobierno contra el sector sindical. El primer de septiembre de 2020 González sería excarcelado vía indulto presidencial.

Transparencia Venezuela: Superar emergencia provocada por la pandemia exige programas transparentes de vacunación
La principal medida adoptada por el gobierno de Maduro ha sido la implementación de períodos de paralización de actividades económicas 

En una clara y evidente coincidencia con otros sectores de la vida nacional, como las Academias de Medicina y la Academia de Ciencias Físicas, Matemática y Naturales, la ONG Transparencia Venezuela exige programas transparentes de vacunación, lo que hoy se ha convertido en un clamor generalizado.

Estiman que en un escenario de alta demanda de vacunas para frenar la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad infecciosa COVID-19, no todas las naciones tienen acceso a los fármacos fabricados por diferentes laboratorios alrededor del mundo.  Advirtiendo que el caso venezolano sobresale no solo por iniciar de forma tardía los planes de inmunización, sino también por el secretismo gubernamental en torno al proceso de adquisición de las vacunas y a las denuncias de abuso y de privilegios para quienes ostentan el poder, sin haber asegurado la protección a los grupos vulnerables.

Recuerdan que a poco más de un año de iniciada la crisis, a escala global se contabilizan 117,8 millones de personas contagiadas y más de 2,6 millones de fallecidos. Además de las medidas de confinamiento, distanciamiento social y uso de tapabocas para frenar la acelerada ola de transmisión, alrededor del mundo se comenzaron a aplicar, desde diciembre de 2020, programas de vacunación masiva con al menos siete fármacos autorizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Venezuela, la principal medida adoptada por el gobierno de Nicolás Maduro ha sido la implementación de períodos de paralización de actividades económicas en alternancia con lapsos de flexibilización. No obstante, según testimonios y registros de organizaciones independientes, el país atraviesa en la actualidad su pico más alto de contagios sin garantizar el mayor número de pruebas de despistaje de la enfermedad y sin acelerar la inmunización a la mayoría de la población, en particular a los sectores expuestos a más altos riesgos: trabajadores de la salud, personas de edad avanzada y con enfermedades crónicas.

En oídos sordos

La vacunación masiva contra la COVID-19 comenzó oficialmente en Venezuela el 18 de febrero de 2021, cinco días después de la llegada de un primer cargamento con 100.000 dosis del fármaco Sputnik-V desarrollado por el Instituto Gamaleya, en Rusia. El pasado 29 de marzo el país recibió otras 50.000 vacunas de esa firma, para sumar a la fecha 250.000 dosis, es decir, 2,5% de los 10 millones de unidades prometidas. Además, arribaron 500.000 de la Sinopharm de fabricación china, para un total de 750.000 vacunas. Desde el inicio, el proceso ha estado signado por la opacidad en torno a las negociaciones para la compra de las preparaciones y a los criterios de aplicación.

Además de trabajadores de la salud de cuatro hospitales piloto ubicados en Caracas, La Guaira y Miranda, la inmunización con ese lote inicial ha incluido a militantes del partido de gobierno, diputados, policías, militares y otras figuras vinculadas con funcionarios públicos. Estas acciones, tal como lo describe el estudio, contravienen las recomendaciones de organizaciones internacionales, sociedades científicas y academias médicas que instaron a los países a desarrollar estrategias de priorización para la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, debido, entre otras cosas, a que no se iba a disponer en lo inmediato de un suministro suficiente para inmunizar a toda la población elegible.

Por su parte, Academia Nacional de Medicina insistió sobre la urgencia de definir y difundir un plan nacional de vacunación que hiciera énfasis en la priorización. A los argumentos científicos se suma la incapacidad del sistema de salud público para hacer frente a una emergencia de esta magnitud. No obstante, en lugar de reconocer los llamados de los académicos y rectificar las medidas para garantizar la protección de quienes están en la primera línea de atención de la pandemia y de la población más vulnerable, voceros gubernamentales optaron por amenazar a quienes advierten sobre el drama que se escondería tras las cifras oficiales de contagios y muertes por complicaciones con COVID-19.

El más reciente episodio de esta tragedia fue la negativa de la administración de Maduro a aceptar el ingreso de las vacunas AstraZeneca a través del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó que la decisión se basaba en los supuestos efectos secundarios provocados por el fármaco en residentes de algunos países. Sin embargo, aparentemente Venezuela no había recibido las dosis asignadas por esa plataforma debido a la deuda que mantiene con la OMS. Para solucionar esta situación, la oposición liderada por Juan Guaidó, que controla los fondos venezolanos en el exterior, afirmó que dedicaría 30 millones de dólares a pagar esas vacunas. Poco después del anuncio de un supuesto acuerdo entre ambas partes para adquirirlas, el gobierno las rechazó.

El virus de la corrupción

El informe Venezuela: inmunización política e inestabilidad social. Prioridades en pandemia, profundiza en los principios que han regido la selección de los grupos priorizados para la vacunación contra la COVID-19 en el mundo. Además, presenta los grupos priorizados en los planes de países de América Latina y Europa, que se contrastan con las decisiones tomadas en Venezuela durante el primer mes del proceso de inmunización. Igualmente, aborda la urgencia en materia de transparencia en el proceso de vacunación nacional para garantizar una buena administración pública y el respeto a la vida de los venezolanos.

Sin embargo, el problema de las vacunas se produce en medio de una profunda crisis de salud agravada por la pandemia que ha sido analizada por Transparencia Venezuela. A lo largo de este primer año de pandemia, la organización ha ahondado en el origen del colapso del sistema sanitario y ha advertido sobre las implicaciones que este contexto tiene la llegada de la COVID-19 y el manejo que ha tenido la emergencia. Así lo expuso hace justamente un año, en el Día Mundial de la Salud, con la presentación del estudio Salud en Venezuela: Un escenario aterrador para 2020, que revela cómo en el país se ha ido incrementando la vulneración del derecho a la salud, con la afectación de los elementos que conforman esta prerrogativa: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

De igual modo, en mayo del año pasado salió a la luz la investigación ¿Aislamiento social como anillo al dedo? Esta publicación advierte sobre uso del confinamiento y las medidas restrictivas como mecanismo de contención ante el colapso que vive el país. El especial retrata cada uno de los elementos que configuran la Emergencia Humanitaria Compleja que enfrenta la población y los efectos del Estado de Alarma adoptado en marzo de 2020 por el gobierno de Maduro para enfrentar la crisis, sobre todo en los sectores más vulnerables. En tres interesantes capítulos, el informe detalla el escenario venezolano antes y durante los dos primeros meses de pandemia. 

A finales de año, en noviembre de 2020, se publicó Salud en Venezuela: Cuando la corrupción es el virus, estudio que identifica una tipología de la gran corrupción en el sector salud, y presenta una selección de casos que dejan ver la profundidad y el alcance de este fenómeno que pone en riesgo la vida de los ciudadanos. El informe es el resultado del seguimiento al sistema sanitario, investigaciones abiertas por autoridades nacionales y extranjeras; así como a los hallazgos de indagaciones realizadas por reconocidos medios de comunicación independientes.

El tema también está presente en la salud está en cuarentena y en al hospital se viene a morir, dos de las historias que conforman las Crónicas de una Emergencia Humanitaria, serie de siete entregas que retrata la devastación en Venezuela producto de la corrupción, que fue publicada en febrero de este año.

Campañas por la vida

Ante la incertidumbre generada por el aumento de las cifras de contagios y muertes por COVID-19; la opacidad con la que se ha manejado el tema de las vacunas; los anuncios de inmunizaciones a personal de la alta esfera del gobierno sin garantizar la atención a los sectores prioritarios de la población y el rechazo del gobierno de Nicolás Maduro a las dosis de AstraZeneca; los gremios médico, educativo y periodístico activaron en las redes sociales campañas para exigir que se inicie la inmunización masiva de los venezolanos para frenar el avance de la pandemia. Numerosos usuarios de Twitter se sumaron a la iniciativa impulsada por dichos sectores compartiendo mensajes con la etiqueta #DejenEntrarLaVacuna. 

Luego de que el gobernante recomendara incluir a los docentes en las jornadas de aplicación de las dosis, sin conocerse si ya había sido atendido todo el personal de la salud, la organización Médicos Unidos de Venezuela pidió que los galenos se mantengan como sector priorizado de vacunación contra el COVID-19. “No queremos seguir siendo víctimas en cumplimiento de nuestro deber. La vacuna no es un capricho”, escribió la ONG en su cuenta de Twitter, sin referirse a cuántos doctores han sido vacunados hasta el momento. El gremio recordó que los trabajadores de la salud están en primera línea de batalla y que por esta razón merecen estar protegidos para seguir luchando contra la pandemia.

A las peticiones se sumó la de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) que este domingo le solicitó al mandatario, así como a los ministerios de Salud y Educación Universitaria, que les asignen vacunas a las comunidades universitarias. En el comunicado de la asociación, se le pide al Estado que ponga al sector como prioridades en el proceso de vacunación nacional. También cuestionaron que la primera fase de inmunización se desarrolló sin ningún tipo de control, y que estuvieron involucrados sectores no prioritarios.

Datos oficiales correspondientes al lunes 5 de abril, difundidos por voceros gubernamentales, reportaron 1.425 nuevos contagios y 16 fallecidos, para un total acumulado de 167.548 casos y 1.678 muertes desde el inicio de la pandemia. Además, el domingo 4 de abril se llegó al récord de 1.786 contagios en un solo día. Según expertos como el exministro de Salud, José Félix Oletta, las cifras están muy por debajo de los registros realizados por organizaciones no gubernamentales. En este contexto, en un comunicado conjunto emitido este lunes, la Academia Nacional de Medicina y la de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales reiteraron su llamado a acelerar la vacunación contra la COVID-19.

Afirman que una vacunación limitada y nuevas olas de contagios «son el peor escenario epidemiológico con un virus altamente transmisible”. De acuerdo con el documento, “la débil y limitada infraestructura de salud ha sido colapsada por la demanda de hospitalizaciones. Se requiere con urgencia la vacunación en Venezuela».

Labo Ciudadano y Provea abren inscripciones para El  Parasistema 
Entre el 13 de abril y el 8 de mayo, tendrán lugar 10 talleres de expresión creativa que  abordarán áreas como la poesía, la serigrafía, el arte sonoro, los relatos cotidianos, la  edición de libros artesanales y el activismo artístico 

Labo Ciudadano y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos  (Provea) presentan El Parasistema, un ciclo de talleres para la elaboración de artefactos  creativos en torno al tema de la violencia estructural. La serie de cursos prácticos y teóricos  comenzará el próximo martes 13 de abril de la mano de estas dos ONG dedicadas al  activismo ciudadano y a la promoción y defensa de derechos humanos. 

Bajo el título Mecha viva, Experimentos estéticos para enfrentar la violencia, esta nueva  edición ofrecerá 10 talleres en línea que tendrán lugar entre el martes 13 de abril y el  sábado 8 de mayo. Los espacios de formación abordarán áreas como la poesía, la  serigrafía, el arte sonoro, los relatos cotidianos, la edición de libros artesanales y el  activismo artístico; y tocarán temas como los cruces entre arte y política, la violencia  estructural, lo queer ante la binariedad de la identidad de género y los propuestos identitarios impuestos desde el poder. 

En esta nueva edición el tema central será la violencia estructural, y comenzará con una  charla agitadora sobre arte y política de la mano de Renato Bermúdez Dini, investigador y  docente universitario en temas relacionados al arte contemporáneo, el activismo artístico y  la cultura visual en Latinoamérica. Esta conversación inicial lleva por nombre No es lo que  parece: experimentaciones artísticas en clave política

Las personas interesadas podrán postularse para participar en uno de los siguientes  talleres: 

Ni chicha ni limonada: ensamblajes entre lo artístico, lo político y todo lo  contrario, con Renato Bermúdez 

Prendiendo la letra: laboratorio de poesía, con Elio Esposito, Alejandro Indriago  (El Tuky Ilustrado), Carlos Calderón, Paola Alzuru y Luis Figuera 

Traicionar la identidad: estrategias culturales para la solidaridad, con Jesús  Torrivilla 

Walkie-talkie parasistémico: correspondencias en la deriva, con Diana Rangel – Las kuitas del cuerpo kuir, con Vanessa Avendaño y Masaya Correa – Artivismo desde cero: creación de proyectos de activismo artístico, con Cori de  Veer (Estudio Inefable) 

Correspondencia de afectos, con Malu Valerio 

El cartel como hecho pictórico: serigrafía y collage para la pared, con Daniel  Mijares 

Libros cartoneros: editar al margen del sistema, con Magda Ferrer – Recursos expresivos del sonido: herramientas audibles para el desahogo, con  Alejandro Silva

Aparte de los talleres, cada semana tendrá lugar La Fogata, espacio en el que todas las  personas participantes de El Parasistema se conectarán para intercambiar referencias,  conexiones y compartir sus procesos creativos. 

Los cupos son limitados y cada persona podrá participar en un taller. Las postulaciones  estarán abiertas hasta el viernes 9 de abril y se pueden hacer a través de este enlace:  https://forms.gle/6vesz45NzVc73rsYA, también disponible en las redes sociales de Labo  Ciudadano (@labociudadano) y Provea (@proveaong en Instagram y @_Provea en  Twitter). Ambas organizaciones publicarán más información durante los próximos días,  incluyendo fechas y horarios específicos de cada taller. 

 

Los que no se rinden | La desnutrición es la principal amenaza en las cárceles
El Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia que la COVID-19 ha agravado el hacinamiento y el retardo procesal en el sistema penitenciario 

@franzambranor 

En su informe correspondiente al año 2019, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), registró 104 muertes de detenidos, de los cuales 66 fueron por causas relacionadas a la salud. 

Carolina Girón, directora del OVP, sostuvo que la desnutrición sigue siendo el principal enemigo del reo en las prisiones venezolanas. 

“La causa de muerte principal en las cárceles es la desnutrición porque te hace vulnerable ante una enfermedad ya erradicada como la tuberculosis. La desnutrición viene desde hace muchos años y ahora en el contexto de la pandemia se ha incrementado”, dijo Girón.

El OVP viene operando en Venezuela desde el año 2002, su función principal es velar por los derechos humanos de los detenidos y brindar apoyo jurídico y también emocional a los familiares de quienes pagan una condena en cautiverio. 

Previo a la llegada de la crisis humanitaria compleja a Venezuela, las riñas eran la principal causa de muerte en los penales, pero con la escasez y hoy en día carestía de la comida, aunado a la incapacidad del Estado para proveer de alimentación a los presos, la desnutrición pasó a llevar la batuta en lo que a decesos se refiere. 

De los 104 fallecidos, apenas 38 fueron por motivos violentos, la mayoría acaecidos en presuntos intentos de fuga y recaptura. También se reportaron 95 heridos en diversos hechos, 35 de ellos en supuestos escapes. 

De acuerdo al informe de 2019 del OVP, la desnutrición y la tuberculosis fueron la causa de la muerte del 63,64% de las víctimas, aunque también se conoció el avance de otras patologías como el paludismo, enfermedades crónicas y bacterias estomacales. 

“No sabemos porque el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no envía suficientes alimentos a las cárceles y no cumple con su obligación de esta dotación. Tampoco sé por qué son los familiares los que deben ocuparse de esto”, sostuvo Girón.

En las prisiones es común la pérdida acelerada de peso de los detenidos y por ende el debilitamiento paulatino de su sistema inmunológico. Igualmente destaca la indiferencia de las autoridades a la hora de trasladar a una persona a un centro asistencial, cuando esto sucede es porque el recluso está grave. 

“El sistema penitenciario está deteriorado igual que el sistema de salud en Venezuela. No hay la atención médica adecuada. No existe un sistema para detección de enfermedades ni insumos para atender a los presos. En los centros penitenciarios si acaso habrá una enfermera, que trabaja en horario de oficina y de resto el penal queda desasistido. Eso hace que las muertes por enfermedades se incrementen”, añadió Girón.

Como si no existiera la COVID-19

Girón indicó que al ya golpeado sistema penitenciario venezolano vino a sumarse la aparición del coronavirus en Venezuela a partir de marzo de 2020. Una bomba que de explotar tendría consecuencias catastróficas en los recintos carcelarios debido al hacinamiento, que de acuerdo al OVP es de 167%. “El retardo procesal antes de la pandemia estaba en un 80%, ahora en las semanas radicales es de 100%. Esto agrava el problema de hacinamiento porque está todo paralizado, será un trabajo titánico para el Poder Judicial retomar todo este trabajo no solo a nivel penal, sino también en lo que se refiere a causas civiles y a todo aquel que necesite ir a un tribunal a ejercer alguna acción, es terrible la situación”. 

Girón considera que la opacidad y el hermetismo del Ejecutivo en torno al coronavirus también se extiende al sistema penitenciario. 

 “No sabemos el estado actual del COVID-19 en las cárceles y centros de detención preventiva porque el Estado no hace pruebas, no hay manera de saber”, aseveró la directora del OVP. 

Cuando en marzo de 2020 se decretó el estado de alarma en el país por la aparición de los dos primeros casos de infección por el coronavirus se prohibieron las visitas a los centros de reclusión y como consecuencia la entrega de alimentos y medicamentos. 

Posteriormente con la aplicación del sistema 7×7 (una semana flexible y otra radical) se le permitió a la gente visitar a sus parientes de manera discrecional, sin embargo la escasez de gasolina, diesel y de efectivo siguieron conspirando para hacer esta misión cuesta arriba. 

“Con estas semanas radicales a los familiares que son quienes llevan comida y artículos de higiene a los detenidos se les hace difícil movilizarse. Espero que con esta segunda ola, ya el Ministerio de Asuntos Penitenciarios haya aprendido en un año todo el protocolo de atención en el contexto pandemia”.  

Girón manifestó que el trabajo del OVP durante la cuarentena ha sido más cuesta arriba de lo de costumbre. 

“Ha sido un gran reto por la limitación en cuanto a la movilidad, por la falta de efectivo. El año pasado tuvimos que aprender de nuevas tecnologías, ayudar a los familiares a que se integraran a las más recientes modalidades de comunicación, sin embargo seguimos asistiendo y ayudando a los reclusos en sus denuncias y reclamos, continuamos trabajando, no nos vamos a parar”.  

ONG Justicia, Encuentro y Perdón contabiliza 338 presos por razones políticas
37,2% de la cifra se mantienen a la espera de audiencia preliminar

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó este lunes 5 de abril que un total de 338 personas continúan detenidas en Venezuela por razones políticas, según registró verificado al cierre de marzo de 2021.             

De esta cifra, 37,2% se mantienen en espera de audiencia preliminar; 18,3% están en fase de investigación y 12,7% en fase de juicio.

La organización defensora de derechos humanos explicó que del universo de detenidos 319 son hombres y 19 son mujeres. Además, 157 son miembros de la sociedad civil, 153 integrantes de la Fuerza Armada Nacional, 19 exfuncionarios de cuerpos policiales, 8 miembros de organizaciones con fines políticos y 1 comunicador social.

De acuerdo con la ONG, preocupa el gran número de detenciones con fines políticos, particularmente en un contexto signado por el empeoramiento de las condiciones de reclusión, de acceso a la justicia y a la defensa.            

Por otra parte denunciaron una vez más la imposibilidad que tienen los detenidos de acceder a servicios básicos, al tiempo que advirtieron respecto a una eventual crisis sanitaria, ahora que las variantes  P1 y P2 del virus causante de la COVID-19 amenazan con multiplicar la pandemia.

Solicitaron designación de enviado especial de la ONU para conflicto en Apure
El conflicto afecta a más de cinco millones de personas asentadas en la frontera

La asociaciones Control Ciudadano y Puentes Ciudadanos Colombia Venezuela, de la mano con más de 300 colombianos y venezolanos, incluidas 60 ONG de ambos países, solicitaron a la ONU que designe un enviado especial para la crisis fronteriza colombo-venezolana.

A propósito de los sucesos de Apure y Arauca, los cuales continúan en desarrollo, señalaron en un documento el peligro que puede representar el escalamiento de tensiones entre Colombia y Venezuela, países que llevan más de cinco años de cierres intermitentes de los pasos fronterizos formales y dos años sin relaciones diplomáticas ni consulares.

Los firmantes solicitan a los gobiernos de Colombia y Venezuela, permitan la actuación de un enviado especial de la ONU, para que adelante tareas prioritarias sobre una dinámica que esta afectando de manera grave y acelerada la vida de más de cinco millones de personas asentadas en la frontera común entre ambos países, con un enorme impacto en la seguridad regional.

A continuación el comunicado íntegro:

Pedimos a Naciones Unidas, designe un enviado especial para la crisis fronteriza colombo-venezolana

Colombia y Venezuela no pueden tomar los sucesos de Apure y Arauca ocurridos esta semana, como excusa para un escalamiento de tensiones. En este momento debe rescatarse la racionalidad y sensatez entre la dirigencia de ambos países, para edificar un mecanismo institucional sólido, de protección a los habitantes de frontera, con apoyo de Naciones Unidas, que permita comenzar a trabajar en la solución de los muy graves problemas de seguridad, pues la ausencia de la institucionalidad la aprovechan grupos armados al margen de la Ley, afectando ambos lados de la frontera.

Luego de más de cinco años de cierres intermitentes de los pasos fronterizos formales y ante la inexistencia de un mínimo de coordinación de las instituciones nacionales de Colombia y Venezuela para atender los problemas de la frontera común, es urgente la activación de una instancia entre ambos países que de respuesta a los problemas humanitarios y de seguridad.

Quienes suscribimos el presente comunicado: ciudadanos vinculados a universidades, gremios económicos, organizaciones humanitarias y de la sociedad civil de Venezuela y Colombia, consideramos urgente que el secretario general de las Naciones Unidas designe un enviado especial para la crisis fronteriza, a la vez que solicitamos a los gobiernos de ambos países permitan su actuación en el terreno, para que puedan adelantarse los siguientes propósitos:

  • Coordinar los necesarios esfuerzos de seguridad entre Venezuela y Colombia dado que desde hace casi dos años no tienen relaciones diplomáticas ni consulares y está paralizada toda la institucionalidad para manejar la vecindad, mientras la dinámica fronteriza esta afectando de manera grave y acelerada la vida de más de cinco millones de personas que viven en esas zonas fronterizas, con un enorme impacto en la seguridad regional.
  • Establecer un mecanismo internacional de vigilancia y monitoreo para la protección de los derechos humanos en la frontera entre Venezuela y Colombia.
  • Contribuir en la atención de las urgentes necesidades sociales y económicas de los ciudadanos de la frontera común, que padecen las consecuencias de la situación política y de la acción de grupos al margen de la Ley.
  • Ayudar en forma integral a la asistencia humanitaria urgente, frente al desplazamiento y éxodo poblacional forzado desde Venezuela por la violencia y por la crisis humanitaria compleja, así como a la población colombiana retornada.
  • Garantizar el intercambio de información epidemiológica, así como el diálogo entre las respectivas autoridades de ambos países y la coordinación de una adecuada respuesta a la pandemia.
  • Cooperar en la desmovilización de las estructuras de economía ilegal y grupos armados al margen de la Ley que operan en la frontera.
  • Ayudar a eliminar las minas antipersonas y los restos de municiones usados o sin explosionar, plantadas por grupos armados ilegales y que se han convertido en un grave problema de seguridad fronteriza.
  • Promover y facilitar los diálogos entre las autoridades de ambos países para la reapertura inmediata de todos los pasos fronterizos formales, que permita la regularización y legalización del tránsito de personas, mercancías, bienes y servicios entre Colombia y Venezuela.

Reiteramos nuestra solicitud al señor secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, de designar de manera urgente al enviado especial para la zona de frontera común entre Colombia y Venezuela, así como a las autoridades de ambos países que hagan parte de esta petición de la sociedad civil binacional y que permitan la actuación del funcionario designado para la crisis fronteriza. Sin cooperación entre Venezuela y Colombia, la situación en la frontera va a empeorar en el corto plazo, con consecuencias dramáticas para las poblaciones, corriéndose el riesgo de escalar en la confrontación y que ambos estados se vean tentados a dirimir sus diferencias por fuera del marco del derecho internacional.