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Hacinamiento persiste en los centros de detención preventiva de Venezuela en 2019
El informe presentado por la ONG Una Ventana para la Libertad detalla el resultado del monitoreo de los derechos humanos de las personas recluidas en centros de detención preventiva
Los cupos existentes para los 238 centros de detención preventiva estudiados a finales de 2019 eran 6.448, pero se encontraban detenidas 19.091 personas
En 2018 la capacidad instalada en 174 instalaciones de detención preventiva fue de 5.332 cupos, pero se contabilizaron 16.719 personas retenidas. 

La ONG Una Ventana a la Libertad presentó este miércoles 19 de febrero su informe anual de los centros de detención preventiva en Venezuela en el cual se detallan las cifras referentes a las violaciones a los derechos humanos en 238 recintos en 15 estados del país. 

Durante el año 2019, relata el informe, se detuvieron en el primer semestre, en los centros de detención preventiva monitoreados, a 38.318 personas; mientras que para el segundo semestre, el número descendió a 19.268. La organización explica que este descenso se trata por la cantidad de detenidos por protestas políticas y manifestaciones durante el primer periodo. 

De ese total de recluidos en centros de detención preventiva, 17.800 eran hombres, 1.305 mujeres y 140 adolescentes de ambos sexos, 12 indígenas y 11 personas de la comunidad LGBTI. Cinco estados presentaron más de 1.000 detenidos para el fin del año 2019: Zulia, Distrito Capital, Anzoátegui, Lara y Nueva Esparta. 

Los datos de la organización para diciembre de 2019 revelan que los cupos existentes para los 238 centros de detención preventiva eran 6.448, pero se encontraban detenidas 19.091 personas. A esto se le suma que únicamente 18 centros reportaron tener áreas separadas para mujeres, hombres, adolescentes entre 14 y 18 años, y población LGBTI. 

22 de los detenidos murieron por tuberculosis

86 fue el número de detenidos muertos por distintas causas; 46 de ellas (53%) por enfermedades tratables y, de ellos, 22 (48%) fallecieron por tuberculosis. 

La precariedad de los servicios de salud en este tipo de centros también es un dato resaltado en el informe. En el primer semestre 76 centros reportaron tener acceso a servicios de salud, y en el segundo 118. 

Sin embargo, se aclara en el documento que este incremento no se puede explicar como un ascenso en la cobertura de la salud, ya que para el segundo periodo se incluyeron nuevos centros al monitoreo. 

Asimismo, en el segundo semestre, solo cuatro centros de detención preventiva o calabozos indicaron a Una Ventana a la Libertad tener un personal médico propio; mientras que en el primer periodo de 2019 fue de 10. 

Por el contrario, hubo un aumento en el número de unidades de transporte de emergencia, de 8 a 84, pero no se especifica que se trata de ambulancias, patrullas u otros vehículos. 

Mujeres en situación de vulnerabilidad  

Para el cierre del año 2019, un total de 1.305 mujeres (6,77%) se encontraban detenidas, las cuales no contaban con las condiciones apropiadas para vivir dignamente en los centros de detención preventiva. La organización explica que son muy pocos los recintos (18 o 7,5%) con áreas separadas para mujeres y, en particular, para mujeres embarazadas. 

En la mayoría de los calabozos sólo son llevadas al centro de salud más cercano para dar a luz, lo cual no ha evitado que algunas tengan el parto en el suelo del CDP”, reza el texto. 

 

De los 238 centros monitoreados, ninguno tiene un área separada para mujeres en estado y solamente 15 (6,3%) reconocen algún tipo de atención a ellas. De estos, solo en cuatro son trasladadas a un centro de salud cuando van a dar a luz, en tres se les traslada para controles prenatales esporádicos, en uno para controles mensuales y en uno solo se les incluye en las jornadas de salud esporádicas.

Adicionalmente, la salud de las mujeres no embarazadas es vagamente reseñada, puesto que no disponen de mucha información. Lo poco que se conoce es que las mujeres no reciben ningún tipo de atención médica, independientemente de la enfermedad que padezcan. 

Aunado a esto, las reclusas no tienen derecho a la vida sexual dentro de los centros de detención preventivas, pero igualmente la organización no gubernamental reseña que se embarazan. 

En referencia a los casos de tortura, de los 229 contabilizados, 88 (38,4%) fueron cometidos contra mujeres detenidas en los calabozos y 141 (61,6%) contra hombres. En la data de las fugas, se encontraron 5 (1,4%) de mujeres, de las 358 que ocurrieron en el 2019.

Diferida por novena vez consecutiva la apertura de juicio de los ocho PNB implicados en caso de tortura en Zulia

Por novena vez consecutiva fue diferida, este miércoles 15 de enero, la apertura de juicio de los ocho exfuncionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) imputados por violación sexual y tratos crueles en contra de un joven estudiante, en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales de 2017.

En esta oportunidad, las razones no estuvieron relacionadas a la inasistencia de los representantes fiscales ni a inconvenientes relativos al traslado de los acusados, como ocurrió en los ocho diferimientos anteriores que ha presentado el juicio oral. Esta vez la apertura de juicio fue diferida por la incomparecencia de dos defensores de los acusados.

Estando a escasos cuatro meses de cumplirse dos años de la detención de los exfuncionarios implicados en el caso de tortura, efectuada en mayo de 2018, todavía no se ha avanzado más allá de la fase intermedia del proceso judicial que representa la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).

Cabe resaltar que, según el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, las medidas de coerción personal no podrán sobrepasar el plazo de dos años y, cuando existan causas graves que justifiquen el mantenimiento de estas medidas, próximas a su vencimiento, el Ministerio Público o el Fiscal podrá solicitar prórroga. Esto, en caso que la dilación del proceso sea atribuible a los imputados, el acusado o los defensores.

Sin embargo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresa en su artículo 29 que el Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades, y que, dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.

Desde Codhez se reitera que el retardo procesal inherente al sistema judicial venezolano sigue obstaculizando que las víctimas puedan acceder a la justicia en el país y promueve la multivictimización, al imposibilitar la reparación debida y la sanción a los responsables.

La organización de derechos humanos insiste que este caso presenta elementos de convicción que prueban la perpetración de tortura, tal como se solicitó en la acusación presentada por Codhez. No obstante, los exfuncionarios solamente serán juzgados por los delitos de violación sexual y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Un juzgamiento bajo este calificativo disminuye las posibilidades para la obtención de una justicia plena.

En los últimos años, en Venezuela se ha observado el incremento de las denuncias por tortura y tratos crueles en el país, hecho que fue documentado por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su visita al país. No ha existido una respuesta firme en contra de estas denuncias y el castigo a los responsables por parte del Estado venezolano. Codhez exhorta a los tribunales nacionales que actúen con la diligencia esperada para investigar y sancionar a los responsables de torturas en el Zulia y el resto del país.

Codhez: Valor del queso blanco ya equipara un salario mínimo
Se necesitan cinco días de salario mínimo para comprar un rollo de pabilo

 

La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) publicó el monitoreo de precios de alimentos correspondientes a la primera quincena de diciembre.

En comparación con los precios de la segunda quincena de noviembre, se mantiene la tendencia al alza en los precios de los alimentos, y se destaca el alto costo de los ingredientes de la hallaca, plato infaltable para las familias zulianas en época decembrina.

La compra única de un ingrediente de la hallaca sobrepasa el salario mínimo vigente. En promedio, el precio de las aceitunas es de Bs. 336.033,57, equivalente a 224% del salario mínimo vigente, mientras que las uvas pasas se consiguen en Bs. 292.026,15, equivalente a 195% del salario.

Otros ingredientes que se usan para el relleno de la hallaca mantienen esta tendencia: el kilo de cerdo se consigue en Bs. 213.589,29, y el de gallina en Bs. 119.311,86.

En diciembre de 2018, Codhez reportó que un día (Bs. 150) del salario mínimo de aquel entonces (Bs. 4.500) no alcanzaba para comprar el pabilo (Bs. 170). Este año, para el momento del monitoreo, se necesitan cinco días de salario mínimo para comprar un rollo de pabilo (Bs. 25.747,06). El bijao, por su parte, se consigue en Bs. 55.697, representando 37% del salario vigente.

Otros de los productos de la cesta básica tienen un precio promedio similar al del salario mínimo vigente. El kilo de queso blanco semiduro está en Bs. 148.226,91, representando 98,82%, mientras que la pechuga de pollo se encuentra en Bs. 146.840,00, siendo un 97,89% del ingreso mínimo mensual.

Para esta quincena de diciembre, valen más del 60% del salario, el cartón de 30 huevos (87,98%), el corte de res de primera (84,90%), las caraotas (74,35%), los muslos de pollo (71,57%), el corte de res de segunda (71,03%), los frijoles (63,45%), las alitas (61,08%), y la margarina (60,31%).

Además del queso blanco semiduro (+57%), y la pechuga de pollo (+49%), el cartón de 12 huevos (+28%), el pollo entero (+25%), y el arroz blanco de mesa (+25%), fueron los alimentos que más aumentaron.

El cartón de 12 huevos pasó de costar Bs. 41.950,00 a Bs. 53.871,67, el pollo entero pasó de Bs. 70.946,74 a Bs. 88.714,04, mientras que el arroz, se ubicaba en Bs. 37.553,20 y ahora se consigue en Bs. 46.838,85. Otros alimentos como el tomate y la yuca mantuvieron un precio similar al de la quincena anterior, manteniendo un precio promedio de Bs. 28.698,46, y en el caso del tubérculo, Bs. 9.955,25.

Este monitoreo evidencia que, a pesar del aumento del salario mínimo en octubre pasado, no se garantizan las condiciones para que los venezolanos puedan acceder a tan solo uno de los alimentos de la canasta alimentaria. Comprar un pollo entero significa gastar casi 60% del ingreso mínimo mensual. En medio de la época decembrina, esta situación afecta de forma particular a los hogares puesto que el costo individual de los ingredientes de la hallaca duplica lo que se gana por el trabajo de un mes.

Codhez reitera que es obligación constitucional del Estado garantizar un salario suficiente que permita a los trabajadores vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.