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Denuncian retardo procesal en Nueva Esparta 
Hasta dos meses tardan en firmar una boleta de excarcelación 

 

Hasta dos meses tardan las boletas de excarcelación en  Nueva Esparta para ser firmadas, denunciaron miembros de la Fundación de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui, quienes advirtieron sobre un consecuente retardo procesal. 

Alcides Magallanes, director institucional de FDDHHANZ, dijo que hay reos que ya tienen órdenes de libertad, sin embargo, las boletas reposan presuntamente en manos de la presidenta del circuito. 

“Lamentablemente hay que buscar solución a esta situación, que es sencilla de resolver y que también está ocurriendo en Anzoátegui. Es necesario que contemos con un sistema judicial que responda en los tiempos estimados a los ciudadanos. No necesitamos más retardo. Si un ciudadano cuenta con boleta de excarcelación, debe ser liberado de inmediato”, precisó.

Magallanes sentenció que abogados han denunciado obstáculos a la hora de hacer una solicitud correspondiente de expedientes en los tribunales. 

A veces los privados son de muy bajos recursos y son los mismos abogados que tienen que sacar de su bolsillo para contar con estos

documentos”, expresó.

Un Mundo Sin Mordaza recibió Premio Trusy Law 2022 por guía para migrantes venezolanos
La ONG fue galardonada por la publicación de su guía informativa para migrantes venezolanos

La organización Un Mundo Sin Mordaza recibió el galardón “Collaboration Awards” otorgado por la fundación Thomson Reuters en Londres, Inglaterra, por la publicación del informe Guide for Venezuelan migrants in the Americas”  sobre las leyes de migración, refugio y asilo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú.

La fundación Thomson Reuters promueve este premio cada año con el objetivo de fomentar el cambio social conectando a diferentes organizaciones sin fines de lucro y empresas sociales con escritorios jurídicos. Además apoya a las ONG otorgándoles asistencia legal gratuita y difunde la labor pro bono de las firmas. 

“Guide for Venezuelan migrants in the Americas” planteó las preguntas: ¿cuál es el proceso migratorio?, ¿qué pasos se deben seguir para la regularización?, ¿cuáles son las oportunidades para solicitar el asilo y refugio? El manual permite que los venezolanos migrantes tengan mayor conocimiento sobre cómo mantener un estatus legal al país al que se quieren ir o en el que ya están

El documento permite dar a conocer si los países de acogida han implementado políticas migratorias para esta población que se ha visto forzada a salir de Venezuela

Rodrigo Diamanti, presidente y fundador de Un Mundo sin Mordaza, explicó que se están adelantando conversaciones para la segunda edición del informe en el que se incluirán otros países de América y Europa, tales como Canadá, Panamá, España e Italia.

 «De manera que cualquier persona que quiera salir de Venezuela pueda tener información a su alcance para su regularización”, dijo.

“Queremos que las personas que migren puedan hacerlo con la información necesaria para evitar mayores situaciones de vulnerabilidad que afecten sus vidas al cruzar las fronteras para buscar una mejor calidad de vida”, agregó Diamanti.

En Nueva Esparta, mayoría de muertes violentas no son esclarecidas 
58 de 130 decesos quedaron sin ser investigados 

De las 130 muertes violentas que se produjeron en Nueva Esparta durante 2021, 58, es decir el 44,61% quedaron sin esclarecer, de acuerdo a datos emanados por el Observatorio Venezolano de Violencia

Las muertes en averiguación en la entidad insular se estimaron en una tasa de 11,02% por cada 100 mil habitantes, superando los homicidios (6,5%), las muertes por resistencia a la autoridad (5,5%) y desapariciones (1,7%).

Los municipios donde se registraron más casos de presuntas muertes por uso de la fuerza policial fueron Arismendi (La Asuncion) con una tasa de 13,2 por cada 100 mil habitantes; Marcano (Juan Griego) con 10,5 y Tubores (Punta de Piedra) con 7,7.

La mayoría de estos decesos por supuesta resistencia a la autoridad fueron de jóvenes entre 18 y 24 años de edad, representando el 40,9% del total, seguido por adultos mayores (22,7%) y adultos jóvenes (13,6%), extrañamente no se reportaron muertes en adolescentes.

En 2020, Nueva Esparta fue uno de los 11 estados con más muertes por resistencia a la autoridad, llegando a tener un porcentaje de 43%. 

De acuerdo a datos del Monitor de Uso de la Fuerza Letal, la muerte de civiles en Venezuela es una de las mayores del continente, incluso superior a Brasil que cuenta con una población siete veces mayor. Venezuela supera a otras naciones como Jamaica, Trinidad y Tobago y El Salvador. 

 

Con información de Observatorio Venezolano de Violencia 

Estudiantes de la UCV eligen a sus representantes universitarios
El proceso será hasta las 6:00 pm y se espera una participación de 4.000 jóvenes, que deberán votar para escoger presidente de la Federación de Centros Universitarios y líderes de los centros de estudiantes, los consejos de las facultades, de escuela y universitario

 

Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela -UCV- eligen este miércoles a sus representantes. Los jóvenes deben decidir entre las dos planchas que se postularon para conformar gobierno universitario y cogobierno estudiantil.

Los candidatos a la Presidencia de la Federación de Centros Universitarios son Jesús Mendoza Morales, por la plancha La U que soñamos, y Sebastián Horesok, por Vive la U. Además, se eligen los centros de estudiantes, los consejos de las facultades, de escuela y universitario.

La organización no gubernamental Aula Abierta afirmó en Twitter que el proceso se desarrolla con normalidad. Una usuaria reportó asimismo la presencia de supuestos colectivos afectos al régimen de Nicolás Maduro.

Viva la UCV, medio informativo del Movimiento Estudiantil Venezolano y de la Universidad Central de Venezuela, denunció que la presidenta de la Comisión Electoral intentó prohibir la documentación de las elecciones en la Facultad de Farmacias.

Reportó además que el equipo de Pilares, de la Facultad de Odontología, hacía campaña pese a que había terminado el 23 de mayo. “Todo acto de campaña el día de la elección acarrea motivo de impugnación”, recordó.

Se espera la participación de al menos 4.000 estudiantes de los más de 20.000 que están habilitados para participar. Las elecciones serán hasta las 6:00 pm y los electores solo deben presentar carnet o cédula de identidad.

Mendoza Morales, candidato por la plancha La U que soñamos, manifestó que los ucevistas tienen la oportunidad importante de recuperar sus espacios luego de más de dos años de pandemia y de no tener actividades presenciales.

“Los ucevistas tenemos la oportunidad de venir a la Universidad Central de Venezuela a ejercer nuestro derecho al voto, a elegir, a afirmar que la UCV es un recinto plural y democrático, y aquí estamos tratando de dar el ejemplo”, declaró a la prensa.

Familiares y conocidos son los principales victimarios de hechos violentos ocurridos en Caracas durante abril
38% de los agresores son parejas o ex parejas

 

La violencia en la Región Capital ya no está monopolizada por los delincuentes. Cada vez es más recurrente observar hechos violentos o delictivos en los cuales el victimario no sólo deriva del hampa común o miembros de bandas criminales, sino de personas vinculadas a la víctima. Los datos del Observatorio de Prensa (OP) del Observatorio Venezolano de Violencia Región Capital (OVVRC) para el mes de abril, reflejan que, en 15 de 30 eventos de delitos registrados, el victimario es familiar o conocido de la víctima.

Al desglosar cuál era el tipo de relación que tenían el victimario y la víctima, se observó que en 38% de los casos se trató de la pareja o expareja, otro 38% fue un transgresor conocido, pero sin identificación clara en la noticia, 15% fueron casos en los que existía alguna relación laboral y 7% amistad. En complemento a estos datos, se encontró que, en tres de cada 10 homicidios o agresiones registrados por el OP, el contexto situacional del suceso fue de pareja o familia.

Uno de los sucesos emblemáticos del mes fue el asesinato de Marbella Soto, de 32 años, quien resultó asesinada puñaladas a manos de su pareja, y el hombre se suicidó luego del hecho. El suceso ocurrió en el sector Carapita de la parroquia Antímano. Asimismo destacó  el caso de Jesús Rojas, de 29 años, el cual fue detenido por las autoridades por agredir con un cuchillo a su pareja en la parroquia Petare. El motivo de la agresión fue que la mujer no le suministró la clave de su perfil en la red social Facebook.

La percepción del OVV Región Capital, a partir de la revisión de prensa, es que la violencia entre las parejas, e incluso exparejas, tiende a incrementarse en el Área Metropolitana de Caracas (AMC), lo cual puede obedecer a diversas situaciones. Una de ellas, es la existencia de una mayor intolerancia, que lleva a dirimir rápidamente, y sin razonamiento, un conflicto por la vía violenta. Mientras, un elemento adicional que se está observando es una mayor comunicación por parte de las autoridades, y por ende luego por la prensa, de los casos relacionados con violencia de género; lo que podría dar la sensación de un aumento de casos, pero esto en realidad obedece a que hay mayor denuncia, actuación policial y difusión.

Delitos en el hogar se duplicaron respecto a marzo

De los 28 eventos delictivos en los cuales la prensa mencionó el espacio de ocurrencia del hecho, se observó que 13 (46%) tuvieron lugar en el hogar de la víctima o victimario. Esto quiere decir que, la mayoría de los hechos registrados en abril en Caracas acontecieron al interior de las casas; superando así a la calle y los espacios abiertos, que reunieron 32% de los registros, y a la sumatoria en los establecimientos comerciales (11%), medios de transporte (7%) y lugares de trabajo (4%).

Esta cifra llama aún más la atención cuando se observa que los eventos de delitos ocurridos en hogares en marzo reunieron 21% de los registros totales de prensa. En enero y febrero, el dato osciló entre 16 y 20%.

Otra tendencia que se revirtió en abril tuvo que ver con las armas empleadas para cometer los delitos, ya que las armas de fuego pasaron al segundo lugar en cuanto a la frecuencia, siendo utilizadas en 32% de los sucesos violentos; mientras que los objetos cortantes y punzantes (armas blancas), fueron esgrimidas por los victimarios en 36% de los hechos.

Por último, el homicidio continuó siendo el delito más reseñado por la prensa de sucesos, con 48,4% de los registros de prensa recopilados por el OP. Sin embargo, esto representó una disminución de 12% respecto a la cifra de marzo, lo que obedeció, entre otras razones, a un incremento de robos, los cuales representaron un tercio de los casos totales, siendo el porcentaje más alto en lo que va de 2022. Seguido de los robos estuvieron los eventos de agresiones, pero también en menor cuantía hubo sucesos relacionados con el secuestro, violación y otras agresiones sexuales.

Para el OVV Región Capital, el incremento en el uso de armas blancas guarda cierta relación con la aparición de más casos de agresión y muertes en el ámbito familiar y de pareja, ya que este tipo de arma tipifica la forma como se vienen cometiendo estos delitos.

La importante proporción de hechos violentos acaecidos entre familiares y conocidos registrada en abril -resalta el OVVRC-  representa lamentablemente un aumento de la violencia interpersonal e intrafamiliar, sobre todo con delitos como el homicidio o la agresión. En medio de la crisis que afecta por múltiples factores a todas las regiones en el país, y el AMC no es la excepción, gran parte de la población vive en un estado constante de tensión, que deviene en intolerancia y fácil irritabilidad, lo que en algunos casos desencadena en conflictos con trágicos finales. «Es menester atender el contexto y las causas que originan esta situación en las familias y en los ambientes cercanos, así como seguir incentivando la denuncia de los hechos de violencia en la pareja o familia, y exigir una actuación con celeridad por parte de las autoridades para evitar la impunidad». Señaló el equipo.

Este viernes viernes, 27 de mayo siguen los homenajes 

En conjunto con otras organizaciones de Derechos Humanos, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón hizo este miércoles 25 de mayo un homenaje a Manuel Alejandro Sosa, uno de los jóvenes asesinados en las protestas de 2017

El acto se llevó a cabo en la Iglesia Santa Eduviges de Cabudare, en el estado Lara.

Sosa, de 33 años de edad, era deportista y falleció el 25 de mayo de 2017 en la noche, tras ser herido de bala horas más tempranas cuando se encontraba participando en una protesta cerca de su casa, a la altura del Distribuidor Valle Hondo en Cabudare.

La responsable de los Comité de Justicia, Encuentro y Perdón en el estado Lara, María Angélica Graterol, dijo que han estado realizando este tipo de actividades para conmemorar a los caídos durante las manifestaciones contra el gobierno de Maduro.

Para este viernes, 27 de mayo, tienen previsto una actividad para recordar a quienes perdieron la vida durante las protestas en la capital venezolana. 

Acceso a la Justicia: Policía venezolana sigue siendo peligrosa para los ciudadanos y es cada vez más ineficiente
Entre 2016 y 2021, 30 mil venezolanos fueron asesinados por agentes policiales y efectivos militares en presuntos enfrentamientos a la autoridad

Los organismos de seguridad en Venezuela «están más dirigidos a cometer abusos y violaciones de derechos humanos que a cumplir con las funciones que normativamente les corresponden», así lo revela el informe de Acceso a la Justicia: “La administración de justicia penal en Venezuela”.

La ONG recuerda que hace más de un mes, el pasado 9 de abril, las autoridades anunciaron la detención de seis agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), por su presunta participación en el asesinato, dos días antes, de Daniel Lezama, en un restaurante en Carúpano, estado Sucre, y por pretender hacer creer que la víctima era un delincuente que quiso resistirse a la autoridad.

Pese a que el director del cuerpo al que están adscritos los indiciados, comisario Douglas Rico, se apresuró a calificar el hecho como una «mala práctica policial» en la que incurrieron unas «manzanas podridas», lo cierto es que este tipo de lamentables situaciones se producen en el país con una escalofriante frecuencia. Así lo revela el informe de Acceso a la Justicia: La administración de justicia penal en Venezuela, en el cual se asegura que los organismos de seguridad «están más dirigidos a cometer abusos y violaciones de derechos humanos que a cumplir con las funciones que normativamente les corresponden».

Para sustentar esta aseveración, en la investigación se citan los datos publicados entre 2016 y 2021 por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), los cuales arrojan que 30.088 venezolanos fueron asesinados por agentes policiales y efectivos militares en presuntos enfrentamientos a la autoridad.

En el reporte se sostiene que estos escalofriantes números podrían explicar por qué la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha iniciado una investigación sobre Venezuela. Se afirma en el texto que «las ejecuciones extrajudiciales que se han cometido durante el Gobierno de Maduro son solo uno de los tantos delitos que prevé el Estatuto de Roma».

Los hallazgos de esta investigación están en sintonía con los contenidos en el informe que Acceso a la Justicia publicó en 2020, El servicio de policía venezolano: Entre la realidad y la percepción (2000-2019), en el que se concluía que los venezolanos no solo estaban a merced del hampa sino de quienes supuestamente deben protegerlos.

Sin rastro ni idea

En este nuevo estudio se denuncia que lLos organismos de seguridad en Venezuela «están más dirigidos a cometer abusos y violaciones de derechos humanos que a cumplir con las funciones que normativamente les corresponden«, así lo revela el informe de Acceso a la Justicia; como prueba de ello se destaca que el número de homicidios en averiguación no para de crecer.

Así, 2021 cerró con 4.003 homicidios en averiguación, mientras que un año antes fueron 3.507, según contabilizó el OVV. ¿Qué significa ello? Que en estos casos no se han identificado a los presuntos autores de las muertes ni tampoco se han esclarecido las causas de las mismas.

Estas cifras ponen en tela de juicio la efectividad del CICPC, sobre todo porque este tiene la responsabilidad constitucional y legal de hallar a los responsables de los delitos que ocurren en el país. En el reporte se deja entrever que esto podría ser consecuencia de las reformas legales que el chavismo ha aprobado en los últimos años y las cuales han «otorgado mayor autonomía y discrecionalidad al CICPC en la conducción de la investigación penal, en detrimento de la autoridad del MP».

Asimismo, en el informe se recuerda que este organismo figura entre los más señalados de cometer ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con los datos manejados por organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y Proiuris.

La militarización es el problema

Acceso a la Justicia concluyó en su investigación que la militarización es una de las causas por las cuales los cuerpos policiales se han convertido en una amenaza para los ciudadanos, en especial aquellos que habitan en las zonas populares.

En el reporte se afirma lo siguiente:

Si “la racionalidad bélica” con la que se guían los militares se aplica a la lucha contra el crimen, puede haber consecuencias fatales, y esto es lo que en efecto ha ocurrido en Venezuela, donde las fuerzas de seguridad del Estado, en particular la policía, son responsables de más muertes.

También se recuerda que 80 % de quienes han ocupado el cargo de Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) desde 1999 han sido generales o almirantes activos o en situación de retiro.

Además, desde 2014 la administración de Nicolás Maduro ha venido aprobando normas legales en las que se le da a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) más potestades en materia de seguridad ciudadana. Veintisiete contabilizó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela, y entre ellas destaca la resolución n.° 8610 que el ministro de Defensa dictó en enero de 2015. A través de esta normativa se autorizó a los militares a intervenir en reuniones y manifestaciones públicas usando armas de fuego en casos extremos, algo expresamente prohibido en la Constitución.

Estas medidas no solo representan una desviación de lo establecido en la carta magna y en las leyes, sino que contradicen lo establecido por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha advertido sobre el uso de los militares en temas de seguridad al recordar que la historia del continente está plagada de casos en los que esta opción «ha traído como consecuencia graves crímenes y violaciones a los derechos humanos».

12 muertes por intervención policial se registraron en Sucre entre enero y abril
Las edades comprendidas van entre los 19 y 38 años

De las 28 muertes violentas reseñadas en el estado Sucre durante el periodo enero-abril de 2022, 12 fueron Muertes por Intervención Policial (MIP). En  uno de los casos conocido por la sociedad, fue confirmado el uso excesivo de la fuerza, de acuerdo al monitoreo de prensa realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia en Sucre (OVV Sucre).

En ese sentido, Carmen Julia Amundarain, coordinadora del OVV Sucre se refirió a la muerte de Daniel Alejandro Lezama Ramírez de 20 años, quien fue ejecutado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), durante un hecho ocurrido en un restaurante de Carúpano, municipio Bermúdez de la entidad oriental.

Tras la publicación de un video captado por las cámaras de seguridad del restaurante, seis funcionarios fueron detenidos y pasados a la Fiscalía del Ministerio Público, por simular un robo frustrado.

Sin embargo, la imputación de cinco de los uniformados fue confirmada el 10 de abril por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, a través de su cuenta en Twitter, donde señaló que fueron inculpados por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, así como uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.

Familiares del joven Lezama exigieron justicia para que el caso no quede impune y rechazaron que los funcionarios involucrados, hayan pretendido alterar el hecho.

“A mi hijo no le dieron opción a nada. Él era un joven sano y trabajador pero le quitaron la vida de una manera cruel”, declaró la madre del joven a los medios de comunicación.

Sobre el caso, además de instituciones y representantes oficiales, también hubo pronunciamiento de organizaciones no gubernamentales como la Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui, con extensión en Sucre, Monagas y Nueva Esparta, que consideró que “el caso evidencia el atropello judicial a los ciudadanos y la vulneración del derecho a la vida por parte de los organismos del Estado”, de acuerdo a la publicación realizada en una nota de prensa de la institución.

Precisamente, el organismo de seguridad que tuvo mayor participación en las MIP registradas entre los meses de enero y abril por el OVV Sucre, fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que estuvo involucrado en cinco de los 10 casos monitoreados, mientras que el Instituto Autónomo de Policía del estado Sucre  (IAPES), así como la policía municipal, tuvieron participación en dos casos cada uno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en un hecho.

“En total fueron 12 víctimas de MIP, todas pertenecientes al sexo masculino, con edades comprendidas entre los 19 y 38 años, lo cual evidencia la afectación de hombres en edades productivas y ocho de los casos eran personas, catalogadas por los cuerpos de seguridad del Estado como presuntos delincuentes” explicó Carmen Julia Amundarain, coordinadora del OVV Sucre.

En ese sentido, expresó que dicha presunción no debe ser argumento para cometer abusos de autoridad en medio de los hechos reseñados de manera oficial, como enfrentamientos con los funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad del estado.

“En la institución hemos insistido en la necesidad de que el Estado sea garante de la justicia y se actúe a través de las investigaciones de rigor, para evitar la impunidad, al tiempo que se establezcan planes de atención que garanticen la reinserción de estas personas a la sociedad y que la solución no sea acabar con sus vidas” agregó Amundarain.

Víctimas de delitos

En el balance realizado por el equipo de investigación el mes más violento fue febrero con 13 sucesos registrados, seguido de enero con 10 casos, abril con seis y marzo con cinco hechos.

En torno a los 24 delitos monitoreados, 16 de los casos ocurridos entre enero y abril fueron registrados como homicidio intencional, siete fueron tentativas del mismo y un robo. En 10 hechos, las razones no fueron precisadas.

Sobre los casos de homicidio intencional, el tipo de muerte ocurrida estuvo marcado por 15 asesinatos, mientras que seis casos fueron agresión grave mortal y un homicidio voluntario.

En el contexto situacional de los homicidios y agresiones, siete hechos estuvieron relacionados con robos, siete con otras formas de homicidio interpersonal, cuatro con pandillas, dos con grupos delictivos organizados, dos con parejas u otro familiar y uno durante la comisión de otro delito.

“Respecto la información de las víctimas, 23 pertenecían al sexo masculino y dos al femenino con edades comprendidas entre los 24 y 54 años” detalló Amundarain.

En el resumen del cuatrimestre, el OVV Sucre identificó que el tipo de arma más utilizada fue la de fuego en 15 de los casos, siete fueron objetos cortantes y dos la fuerza física.

Mientras que cinco de los casos fueron cometidos por delincuencia común, dos fueron grupos armados irregulares y un funcionario policial.

Las motivaciones de los hechos delictivos distintos a homicidio y agresiones estuvieron relacionadas con ajuste de cuentas en 13 de los casos registrados por el OVV Sucre, seis por prejuicios, dos basado en género y uno por conflicto interpersonal y problema interpersonal, respectivamente.

“El panorama de la violencia e inseguridad en el estado Sucre durante el primer cuatrimestre de 2022, evidencia que se mantiene la incidencia de la acción delictiva para cometer ajuste de cuentas y ejercer el control territorial de la entidad con lo cual se hace imperiosa no solo la garantía de seguridad ciudadana por parte de los cuerpos de seguridad del estado sino la defensa de los derechos humanos de toda la población” añadió la Coordinadora del OVV Sucre.