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Canova: Es una necedad seguir planteando que sea el Estado el que nos eduque
La organización no gubernamental Un estado de Derecho ha llevado a cabo investigaciones sobre expropiaciones, parcialización del Tribunal Supremo de Justicia, manipulación del lenguaje oficial y fraude electoral

Durante su intervención en Primer Encuentro de la Alianza Nacional Todos por la Educación, realizado este 21 de julio en Espacios Foro XXI, el director general de la organización no gubernamental Un estado de Derecho (UeD), Antonio Canova, cuestionó el enfoque estatista tradicional, predominante en Venezuela, de la cuestión educativa.

Como invitado del panel “Retos para el financiamiento del sistema educativo venezolano y el rol del sector privado y la sociedad civil en la masificación de la educación y en el aumento de su calidad”, el investigador y docente universitario argumentó a favor de una nueva perspectiva para estudiar e identificar soluciones realistas al grave problema educativo nacional.

A su juicio, después de décadas de repetidos errores estatales, resulta ya casi una inmoralidad continuar porfiando con el mismo modelo una y otra vez fracasado. “Es una necedad seguir planteando que sea el Estado el que nos eduque”, afirmó.

Canova, abogado y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y de la Universidad Francisco Marroquín (UFM) de Guatemala, compartió panel con César Guillén, representante de Fedecámaras, y Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep). Y de inicio puntualizó: “Estamos frente a un asunto de dos visiones generacionales: la de nuestra generación, que confió -e inexplicablemente sigue confiando- en el Estado; y la de los jóvenes, que frente a los hechos, a la evidencia, razonadamente desconfía de lo gubernamental”. La gran mayoría de los integrantes de UeD ronda los veinticinco años, acotó. 

En doce años de funcionamiento -agregó su director- la ONG ha acometido investigaciones sobre expropiaciones, parcialización del Tribunal Supremo de Justicia, manipulación del lenguaje oficial, fraude electoral, y actualmente, en alianza con la Universidad de Buckingham (Inglaterra), investiga la realidad del derecho a la educación el país. “Llevamos poco más de un año en una pesquisa nacional y hemos encontrado que frente a la prácticamente inexistente educación pública, las personas están resolviendo por sí mismas”.  Canova refirió el hallazgo de escuelas privadas de bajo costo, como el colegio Cuyagua, en Petare; así como la multiplicación de casas de tareas dirigidas y otras formas de emprendimiento de enseñanza que están brotando, sobre todo entre los más pobres, y que por ser espontáneos, informales, tienden a ser ignorados, “o peor aún, desacreditados”, por los especialistas.  

Proyecto Bello Árbol Venezuela

 El esfuerzo investigativo de UeD se llama Bello Árbol Venezuela, puesto que se inspira en “El Bello Árbol”, el libro en el que James Tooley, vicerrector de la Universidad de Buckingham, documenta los hallazgos de más de dos décadas de estudio del fenómeno de las escuelas privadas para pobres en India, China y varios países de África. “Escuelas de menos de cinco dólares al mes, que los padres más pobres, de los países más pobres del planeta, prefieren antes que a las ´gratuitas´, por una razón demoledoramente sencilla: porque allí sus hijos sí aprenden y, además, no son adoctrinados”, enfatizó Canova.

De la experiencia registrada por J. Tooley en el mundo y de las coincidencias halladas por UeD en Venezuela, surgió el compromiso de la ONG con la propuesta de libertad educativa. “Libertad real, porque hoy no existe, para emprender en el rubro educativo, y en consecuencia, libertad también para que los padres, las familias, sean quienes decidan, entre varias opciones, especialmente las de bajo costo, la mejor para sus hijos”, planteó el docente.

En relación con el panel específico al que fue invitado, Canova planteó una serie de preguntas: “¿A qué financiamiento nos referimos? ¿A más presupuesto para la ineficiencia burocrática? ¿O a palanca económica para los colegios particulares? ¿De qué hablamos cuando hablamos del rol del sector privado? ¿De empresario de la educación? ¿De empresarios de cualquier otra área? ¿De asociaciones empresariales de un sector determinado? ¿De todo el conglomerado gremial como institución? ¿Qué se entiende por masificación? ¿Formar a todos los niños de manera uniforme? ¿O formarlos de acuerdo con su potencial individual? Inferimos que más bien se refieren a la accesibilidad, a que no quede ni un solo niño sin estudios, y en eso coincidimos absolutamente. ¿Qué se asume como estándar de calidad? En UeD sugerimos responder esa interrogante desde tres perspectivas: qué se enseña, quién decide lo que se enseña y qué aprenden, efectivamente, los estudiantes”.

Canova indicó que el equipo de investigación de la ONG, conformado por dieciocho personas, ha avanzado con profundidad en gran parte de las respuestas a esas inquietudes y por ello propicia una conversación mucho más amplia y detallada.

En cuanto a la idea de recuperación, el director de UeD también criticó duramente que lo pretendido sea rescatar el sistema educativo actual, monopolizado por el Estado y exageradamente restrictivo para la participación no estatal. “Al hablar de un ´sistema educativo´ se alude a una planificación estatal centralizada, que en el mejor de los casos garantice un cupo a todos los alumnos. Esta es la vía, obligatoria, a la masificación mal entendida. Es lo opuesto a una educación libre que ponga el énfasis en el florecimiento de las capacidades particulares del niño. De esta forma se continúa imponiendo un criterio único, el de los políticos de turno, a los padres. Se les impide decidir”.

“Estamos abiertos al debate. No proponemos soluciones abruptas. Estamos a favor de una transición no traumática. Impulsamos la implementación de un subsidio directo a las familias, para que sean los padres quienes decidan, con ese dinero, a qué colegio privado mandar a sus hijos. Así se garantiza la gratuidad en Suecia desde hace unos veinte años. Allí empezaron con 15 mil váuchers o cheques escolares y ya van por alrededor de 600 mil”, concluyó Canova.

Zulia suma 24 ejecuciones extrajudiciales en manifestaciones pacíficas desde 2014
Los zulianos padecen patrones de  violación y abusos que vulneran las libertades civiles y políticas

La mañana de este miércoles 14 de julio fue publicado el informe «Zulia, un estado azotado por la crisis», elaborado por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, el cual describe el estado de regresión de los derechos económicos, sociales y culturales que padecen los zulianos, al tiempo que destaca patrones de  violación y abusos que vulneran las libertades civiles y políticas, evidenciados en la pérdida de calidad de vida, la falta de acceso a los derechos a la alimentación adecuada y a la salud, en la inseguridad jurídica y personal, así como en la violencia institucional y la represión a la protesta.

“Zulia es uno de los cinco estados con mayor número de ejecuciones extrajudiciales en manifestaciones pacíficas desde el año 2014 hasta la actualidad, sumando un total de 24 asesinatos (…) de los cuales 9 fallecieron mientras ejercían su derecho constitucional a la manifestación pacífica, 14 en el contexto de dichas protestas y 1 producto de muertes selectivas a líderes de la oposición”, señala el informe

La lucha diaria contra la crisis humanitaria que pone en riesgo el derecho a la vida de miles de zulianos, se ha observado con preocupación en el deterioro de los servicios básicos, la pérdida sostenida del derecho a la salud, la alimentación, la reducción del poder adquisitivo, entre otros.                                                                      

Edwin Castellano, miembro del Comité de Delegados de Justicia, Encuentro y Perdón en la región, describió la situación en medio de un llamado a que se atienda realmente la crisis y su magnitud: “el sistema de salud en la comunidad es obsoleto, realmente no hay un centro de asistencia al cual puedas asistir en una emergencia (…) Todos los días hay racionamiento de la energía eléctrica, hay días que pueden ser hasta seis horas sin luz (…) En los últimos dos años ha llegado el agua tres veces (…) Hace más de un año que no llega el CLAP”, se lee en el texto.

Desde el pasado 26 de febrero, los comités de delegados regionales de Justicia, Encuentro y Perdón se mantienen publicando sendos informes mensuales donde brindan un panorama actualizado sobre la situación humanitaria y el estado de las libertades democráticas en distintas regiones de Venezuela como Caracas, Miranda, Carabobo, Lara, Táchira, Mérida y ahora Zulia.

Exigen celeridad procesal en caso de presunta ejecución extrajudicial
Daniel José Salazar Rodríguez fue asesinado por funcionarios el pasado 29 de abril

El pasado 29 de abril de 2021 a las 7:00 am, Daniel José Salazar Rodríguez de 38 años se alistaba para ir a trabajar cuando alertaron en la comunidad que unos presuntos delincuentes se encontraban en la zona, relató su padre José Gregorio Salazar Márquez tras cumplirse dos meses de ese día en el que su hijo perdió la vida. 

Salazar Márquez detalló que en ese momento el jefe de la comisión del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Sucre (Iapes) le solicitó a la madre de Daniel ingresar a su casa ubicada en Campeche, en Cumaná estado Sucre, para ver si hallaban a dichos ciudadanos. Sin embargo, precisó que alterno a esto, otros funcionarios del Iapes estaban en el patio de la casa vecina cuando avistaron a ciudadanos montados en los paredones, quienes eran vecinos tratando de colaborar.

Frente a esto comentó que la madre alertó a los efectivos que su hijo Daniel era uno de los que estaba trepado en el paredón y que tuvieran cuidado. Sin embargo, estos hicieron caso omiso y le dispararon, ingresándole un proyectil en la pierna. El progenitor informó que tras ser impactado, Daniel cayó al piso de la casa de su vecino, fue apuntado y recibió un nuevo disparo por parte de uno de los funcionarios en el pecho. 

Investigación 

En honor a la justicia, el padre de Daniel, José Gregorio Salazar Márquez acudió a la Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui con sede en Sucre, Nueva Esparta y Monagas y además introdujo las denuncias pertinentes ante las instituciones competentes para su investigación y pese a que comentó que el caso ha avanzado en la fiscalía del Ministerio Público, espera más celeridad.  

Salazar exige que este caso no quede impune, ni que su hijo, quien tenía discapacidad psicomotora, se convierta en un número más en la lista de fallecidos.

Un informe revela la persecución consistente a la población y la supresión de los derechos fundamentales

El agravamiento de los abusos a los derechos humanos y de los crímenes atroces durante la pandemia de COVID 19 en Venezuela, constituye el eje central del informe “Situación de los derechos civiles y políticos en Venezuela durante la pandemia (2020-2021), a la luz del Derecho Internacional de los DDHH y el Derecho Penal Internacional”, publicado este viernes 9 de julio en el marco de la celebración de un foro virtual donde se analizaron diversos aspectos en torno a esta temática.

El documento de la organización defensora de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón identifica como eje transversal de la crisis el crimen de persecución consistente en la supresión de derechos fundamentales de la población “enemiga”, víctima de los ataques del Estado de forma sistemática y generalizada, e igualmente aborda las normas y decisiones legales de los estados de excepción en el marco de dichos ataques.

“Se analizan el derecho a la vida, a la libertad personal, a la reunión y manifestación pacífica y a la libre expresión (cuatro de los derechos civiles y políticos que más impactan en el universo de los demás derechos)”, detalla la investigación elaborada por el doctor Fernando M. Fernández, quien es presidente fundador de la Asociación Venezolana de Derecho Penal Económico, profesor de Derecho Penal Económico en los Programas de Gerencia Legal Corporativa y de Gerencia Financiera del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), profesor de Derecho Penal Económico en la Universidad Central de Venezuela, además de experto en anti-corrupción.

En su investigación, Fernández reflexiona sobre las causas del agravamiento de la crisis de derechos civiles y políticos en Venezuela a partir de la estructura normativa apalancada por el  Estado Dual o anómico, un concepto que identifica como “un sistema jurídico paralelo, antagónico y en conflicto con el Estado Constitucional y Democrático de Derecho”, bajo cuya sombra se ha erigido “la notoria radicalización y reiteración de los ataques a la población civil venezolana desde el Estado y sus agentes, así como de múltiples violaciones de todos los DDHH”.

La imposición  del Estado comunal -tema polémico actualmente en discusión por la amenaza que implica el aumento del control político y social del Ejecutivo sobre los ciudadanos, especialmente los más vulnerables- también destaca en el análisis de cara al proceso de desinstitucionalización y desmantelamiento del Estado que  sufre el país. “Pesa de forma decisiva la creación y fortalecimiento del Estado comunal en abierto antagonismo con el Estado Constitucional, generando un dualismo estatal. El antagonismo entre dos formas de Estado es la base de las atrocidades en contra de los derechos civiles y políticos que, durante la pandemia se han recrudecido a raíz de la radicalización ideológica del llamado socialismo del siglo XXI”.

El informe concluye que “el crimen de persecución perpetrado para imponer el modelo político y sus derivaciones inconstitucionales, está en la base de los demás crímenes y en los abusos y violaciones masivas de derechos civiles y políticos  observados en Venezuela e incrementados durante la pandemia”, ante lo cual “toca a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional finalizar el examen preliminar e iniciar, cuanto antes, la investigación para determinar quiénes son los máximos responsables de tales atrocidades”.

Vea el informe aqui 

 

 

ONG Justicia, Encuentro y Perdón contabiliza 319 políticos
165 son miembros de la sociedad civil y 154 integrantes de organismo de seguridad del Estado

Un total de 319 venezolanos y venezolanas continúan detenidos arbitrariamente por motivos políticos al cierre del mes de junio, de acuerdo con el último balance conjunto ofrecido por las ONG Justicia y Proceso Venezuela, el Observatorio Nacional de Derechos Humanos y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).

Del total de detenidos 301 son hombres y 18 mujeres, de los cuales 165 son miembros de la sociedad civil y 154 integrantes de organismo de seguridad del Estado.

El reporte hecho público este 7 de Julio revela nombres y apellidos de cada uno de los detenidos, con el propósito de contribuir a identificar ante la opinión pública nacional e internacional estos casos de venezolanos y venezolanas que a la fecha permanecen encarcelados por motivaciones políticas, así como denunciar la violación de sus derechos humanos.

“Este registro fue verificado con fuentes directas, validados exhaustivamente por los mismos presos políticos que son asistidos por abogados aliados de nuestras organizaciones o por familiares inmediatos de los detenidos. Es fruto de un trabajo de documentación objetivo, claro, fidedigno sobre el número de presos políticos en Venezuela y su situación carcelaria”, agrega la nota.

Sin embargo, las organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que el número de presos políticos en Venezuela pudiera ser mayor. En este sentido, ponen a disposición las direcciones en redes sociales @jepvzla, @ONacionalDDHH y @juypro para que la ciudadanía pueda reportar detenciones de esta naturaleza, que serán verificadas y documentadas exhaustivamente.

En Nueva Esparta obstaculizan defensa privada a acusados
Denuncian que se trata de una táctica para descongestionar los centros de detención

El derecho a la defensa privada está siendo vulnerado en el estado Nueva Esparta, comunicó este jueves el director institucional de la Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui (FDDHHANZ) con extensión en Sucre, Nueva Esparta y Monagas, Alcides Magallanes, quien alertó que este tipo de acciones corresponde a una táctica para descongestionar los centros de detención, mecanismo que además atenta contra la labor de los abogados de prestar asistencia jurídica a sus clientes. 

El representante de la ONG relató que la defensa privada en la isla está siendo excluida y bloqueada aún cuando el defensor privado se encuentra a tiempo en el sitio y el acusado a su espera. 

Según Magallanes, los operadores de justicia le informan a la defensa privada que no se realizará la audiencia y que la “próxima semana” harán las notificaciones para el acto, situación por la que el abogado procede a retirarse del recinto, tomando en cuenta que ya son más de las 3:00 pm. Esto para enterarse “media hora más tarde que el juez otorgó de oficio las medidas cautelares a los privados de libertad”. 

El activista de los derechos humanos comentó que los trabajadores del sistema de justicia alegan al acusado que su abogado no quiso asistirlo y  que por lo tanto le fue asignado uno público, quien le hace un plan o “entrevista” que consiste en asumir los hechos a cambio de una medida cautelar. 

“En estos casos los abogados pierden  todo el trabajo realizado porque le dicen al acusado que la libertad es gracias a la ministra o al tribunal”, reiteró.

Recordó que el Estado debe fomentar el empleo y no limitarlo, según lo estipulado en el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que de esto no están exentos los abogados privados, quienes están siendo discriminados. Asimismo, reiteró que se deben garantizar las medidas necesarias para que todo ciudadano tenga una ocupación productiva que le permita tener una vida digna.

Finalizó diciendo que en este caso también se está violando el artículo 49 numeral 5 de nuestra Carta Magna que reza que «Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad».

En un nuevo informe, Bachelet confirmó precarias condiciones de encarcelamiento en Venezuela
Entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021, el Observatorio Venezolano de Prisiones registró 320 muertes de reclusos, 226 de ellos a causa de una enfermedad

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, detalló en un nuevo informe que el sistema de abusos y torturas aplicado por el régimen de Nicolás Maduro sigue vigente en Venezuela.

“Las condiciones de detención, entre ellas el hacinamiento, las instalaciones sanitarias e higiénicas inadecuadas y la falta de acceso a una alimentación adecuada, al agua potable, al tratamiento de enfermedades, a actividades útiles y al ejercicio al aire libre, permanecen en general por detrás de las normas internacionales”, reveló el documento en cuanto a las condiciones a las que sobreviven los privados de libertad en todo el territorio nacional.

Asimismo el informe de Bachelet hace mención a que durante el tiempo que abarca la investigación, entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) registró 320 muertes de reclusos, 226 de ellos a causa de una enfermedad.

“Salvador Franco, un indígena pemón detenido desde diciembre de 2019, murió en el centro penitenciario El Rodeo II del estado Miranda en enero de 2021. Según la información recibida por el ACNUDH, el Sr. Franco había solicitado atención médica reiteradamente”.

Como se recordará, el 21 de noviembre de 2020 el Tribunal ordenó el traslado de Salvador a un centro médico, pero este no se produjo hasta la tarde del 2 de enero de 2021. En ese momento, ya se encontraba en estado crítico. Fue trasladado de nuevo a la prisión, pero murió esa noche a causa de tuberculosis.

“Según el Fiscal General, en diciembre de 2020 había 22.759 personas en prisión preventiva. La situación de las personas detenidas en centros de detención policial continuó siendo particularmente preocupante. Se denunciaron condiciones de grave hacinamiento, infraestructuras inadecuadas, falta de saneamiento, acceso limitado al agua y falta de atención médica, así como violencia sexual contra las mujeres. La mayoría de los centros de detención preventiva, según lo reportado, no proporcionan alimentos a las personas detenidas, dejando a los familiares o a las organizaciones benéficas como únicos proveedores de alimentos”.

Violencia sexual contra las mujeres

En el nuevo informe, Bachelet afirmó que recibieron informes de violencia sexual contra mujeres en prisión preventiva. Tal como lo ha denunciado OVP en un sinfín de oportunidades y en su informe “Mujeres privadas de libertad: Las voces tras las rejas”, la ACNUDH mencionó que la mayoría de las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas específicas de género y las detenidas a menudo están vigiladas por hombres.

“El 13 de marzo, un agente de la Policía Estatal de Barinas mató a una mujer bajo custodia policial, después de que ella se hubiera negado presuntamente a participar en actos sexuales. La ACNUDH pide a la fiscalía que investigue a fondo las denuncias de violencia sexual presentadas por otras mujeres detenidas y que procese a los agentes de policía presuntamente involucrados”.

En otro orden de ideas, el informe revela que las ya precarias condiciones de detención se deterioraron aún más en muchos centros de privación de libertad durante el período que abarca la investigación, agravadas por la disminución de los recursos financieros, la falta de mantenimiento y las medidas adoptadas para prevenir el contagio en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19).

“La suspensión de las visitas el 13 de marzo de 2020, para prevenir la propagación del virus causante de la COVID-19, dejó a las personas privadas de libertad sin acceso a sus familias o abogados y abogadas. Las visitas fueron retomadas en septiembre de 2020 en los centros gestionados por el Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, y posteriormente en los centros de detención militar, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad establecidos. La continuación, regularidad y ampliación de las visitas es fundamental para garantizar las condiciones adecuadas de detención y el derecho a la defensa”.

Asimismo, confirmó que la alimentación en los centros de detención estaba por debajo de los estándares y era insuficiente. Las restricciones a las visitas familiares también impactaron en el acceso a los alimentos de las personas detenidas, que a menudo dependen de sus familiares para que les proporcionen fuentes de alimentación suplementarias para satisfacer sus necesidades nutricionales.

Aunque muchos centros de detención aceptan alimentos de los familiares, las fuentes denunciaron irregularidades en su entrega a las personas detenidas. Esta situación agravó la malnutrición reportada en los centros de detención.

Muertes bajo custodia

La ACNUDH también se mostró preocupada por las muertes bajo custodia, especialmente debido a la elevada incidencia de la tuberculosis, la malnutrición y otras enfermedades entre las personas privadas de libertad.

En ese sentido, señaló que ni la policía ni los órganos de investigación tienen el mandato legal de mantener a personas detenidas bajo custodia más allá del límite de 48 horas.

En el caso del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la ley prohíbe expresamente mantener a personas detenidas en sus instalaciones. Sin embargo, en la práctica, las personas detenidas pueden permanecer en centros de detención preventiva durante meses o años, a la espera de su comparecencia y juicio ante los tribunales.

Finalmente, según lo reseñado en el informe, la ACNUDH proporciona actualmente asistencia técnica con el fin de identificar medidas adecuadas para hacer frente a estos problemas. Para leer el informe completo haga click aquí.

Coalición Anticorrupción condena detención de activistas de Fundaredes
212 organizaciones firmaron un comunicado 

La Coalición Anticorrupción, junto a organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, suscribió un comunicado publicado este viernes 2 de julio, en el que condenan las detenciones arbitrarias del director de Fundaredes, Javier Tarazona, y de los integrantes de esa organización Rafael Tarazona y Omar de Dios García; así como de Yhonny Romero, director del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela (Mayday Confavifdt). 

La acción fue ejecutada luego de que los activistas acudieran a la sede del Ministerio Público en Coro, estado Falcón, para denunciar que eran víctimas de acoso y persecución por funcionarios de Polifalcón, Sebin y sujetos sin identificar fuertemente armados, mientras participaban en unas jornadas de formación ciudadana y de promoción de derechos humanos realizadas el jueves 1° de julio en esa entidad.

Las organizaciones consideran que “la falta de información sobre esta privación arbitraria de libertad impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, evidenciando una desaparición forzosa, consagrado como un crimen de lesa humanidad”. Recordaron que Javier Tarazona ha sido víctima constante de hostigamiento, agresiones, acoso y amenazas, por lo que exhortaron a las autoridades venezolanas a acatar la medida cautelar de protección emanada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en fecha 18 de junio del año 2020, en favor de todo el equipo de Fundaredes.

A continuación, el texto del comunicado: 

COMUNICADO

Las organizaciones que suscriben, miembros de la Coalición Anticorrupción en Venezuela, redes nacionales e internacionales de defensores de derechos humanos, fundaciones, gremios, sindicatos y comunidades organizadas, reiteramos nuestro rechazo ante la detención arbitraria, ocurrida el día dos de julio del año 2021, de los ciudadanos Javier Tarazona, director general de la organización defensora de derechos humanos Fundaredes;  Rafael Tarazona y Omar de Dios García, activistas de la mencionada organización; y Yhonny Romero, director del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela (Mayday Confavifdt), ejecutada por funcionarios adscritos al Estado, cuando acudieron ante la sede del Ministerio Público en la ciudad de Coro, Estado Falcón, para denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de Polifalcón, SEBIN y otros sujetos sin identificar, fuertemente armados, durante las jornadas de formación ciudadana en promoción de derechos humanos realizadas el día jueves primero de julio en la mencionada entidad.  La falta de información sobre esta privación arbitraria de libertad impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, evidenciando una desaparición forzosa, consagrada como un crimen de lesa humanidad. 

Javier Tarazona ha sido objeto de constantes de acciones de hostigamiento, intimidación, estigmatización, acoso y represalias por parte de funcionarios afectos al gobierno venezolano, dirigidas a criminalizar e ilegalizar el trabajo que realiza a través de la organización, el cual se orienta, fundamentalmente, a  la defensa de los derechos humanos y la preservación de la dignidad de los venezolanos residentes en las fronteras, así como a denunciar desde hace algunos años  la incursión de grupos irregulares dentro del territorio de Venezuela, hechos que atentan contra la integridad de los connacionales, al fomentar delitos de intrusión a la propiedad privada, secuestros, extorsión, violencia física, sexual, psicológica y asesinatos, entre otros. El pasado 18 de junio, al cumplirse un año de la decisión sobre la Medida Cautelar de protección emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de fecha 18 de junio del año 2020, según Resolución No.- 30/2020 en favor del equipo de Fundaredes; un grupo de organizaciones reiteró su rechazo ante la persecución de la cual ha sido objeto la organización hermana, a través de un comunicado público en donde se exhortó a los organismos nacionales e internacionales competentes a realizar una investigación exhaustiva, imparcial y justa, para establecer el cese de las amenazas, hostigamiento, y el acoso  e imposición de nuevas medidas de protección a favor de los miembros de Fundaredes, así como también establecer las debidas responsabilidades.

Los ciudadanos tenemos derecho a conocer las situaciones, personas o grupos que ponen en riesgo la integridad y la vida. Es el derecho de acceso a la información pública. Quienes difunden esta información, como es el caso de Fundaredes, cumplen con el deber de informar y preservan el derecho a saber. Instamos al Estado venezolano a garantizar la seguridad personal y el goce pleno de los derechos humanos de los activistas detenidos arbitrariamente y acatar la medida cautelar de protección 

Es menester exhortar a la comunidad internacional, al Sistema Interamericano y Universal de Protección de Derechos Humanos a pronunciarse sobre este atropello y detención arbitraria contra de los miembros de Fundaredes y todo el equipo de activistas en Falcón.  

Exigimos la libertad plena de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, de Fundaredes. 

Es justicia que exigimos a los 02 días del mes de julio de 2021