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300 waraos migraron a Brasil en la primera semana de 2021
Las principales causas son aumento diario de productos, escasez de gas de doméstico y falta de atención gubernamental

300 indígenas waraos migraron a Brasil durante la primera semana del mes de enero de 2021 debido a la situación de precariedad que atraviesan estas comunidades, de acuerdo con la vocera Toedolinda Moraleda, casica warao de uno de los abrigos de Pacaraima.

Moraleda dijo a la ONG Kape Kape que los indígenas se han visto en la necesidad de huir del país debido al aumento diario de los productos, la escasez de gas de doméstico y la falta de atención gubernamental.

Entre los sectores más afectados de Delta Amacuro están San Francisco de Guayo, Santa Rosa de Araguao, Araguaimujo, Jubasujuru, Cangrejito, Aunaburu, Siawani y Muaina del municipio Antonio Díaz.

“Por aquí casi todos los días están llegando hermanos waraos, llegan caminando y con hambre y rápidamente las autoridades los atienden”, dijo la vocera del abrigo Janokoida, municipio Pacaraima del estado Roraima en Brasil.

Tan solo el pasado viernes 8 de enero, llegaron a Brasil aproximadamente 75 personas, que fueron atendidos por autoridades militares y representantes de la ACNUR pese a que la frontera se encuentra cerrada.

La Defensoría Pública de Brasil detalló que el grupo de indígenas waraos estaba conformado por 23 adultos y 32 niños, entre los que se encontraba una mujer embarazada y 19 personas indocumentadas.

Estas personas fueron ubicadas en los refugios distribuidos en Boa Vista, Pintolandia, Jardin Floreste o Janokoida.

97% de los venezolanos admite haber hecho cola para surtir gasolina
99,6% aseguran haber tenido problemas en sus hogares con el suministro de agua potable

De acuerdo con las cifras del Monitor de Servicios Básicos del Centro de Documentación del Conocimiento Económico (Cedice-Libertad), al 30 de diciembre, el 97% de los venezolanos, en las principales ciudades del país, admiten que han realizado largas colas para surtir gasolina.

Mientras tanto, el 99,6% aseguran haber tenido problemas en sus hogares con el suministro de agua potable, volumen que al ser detallado refleja que un 39,6% registra suministro irregular de agua; 39% afirma que en sus hogares pasan más de una semana sin recibir agua y 21% señala que no reciben el vital líquido en más de 15 días, siendo la situación más crítica en el interior del país.

En el estado Lara, el promedio de días sin agua al mes es de 8 días; en Falcón, 11 días; en Yaracuy, 7 días y en Portuguesa, 7 días.

En cuanto al servicio de electricidad el 80% de los hogares consultados, admite haber tenido dos o más apagones superiores a las 4 horas, mientras que el 19% asegura haber tenido dos o más apagones de más de una hora al día, para un gran total de 99% de las familias que aseguran haber tenido problemas con el servicio de luz eléctrica.

En Lara el promedio de días sin luz es de 8 al mes; en Falcón y Yaracuy, 9 días y en el estado Portuguesa, 6 días por mes

En cuanto a los servicios de Internet, el 76% asegura que ha tenido intermitencias generalizadas en la red; 23% afirma que ha tenido entre 2 y 5 fallas al día y 1% afirma que no ha tenido Internet durante la pandemia.

Las cifras que recoge el Monitor de Servicios Básicos de Cedice-Libertad, permite a los usuarios conocer las deficiencias en cada uno de los servicios, observándose como las fallas en lugar disminuir aumentan, tanto por la falta de mantenimiento, como de las inversiones necesarias para financiar los correctivos y hacer más eficientes los servicios.

Se ha observado que desde finales de año se ha venido registrando un ajuste en las tarifas de varios de estos servicios, confiando los usuarios que estos aumentos se ven reflejados en la mejoría de la calidad de los mismos.

Ley para las personas con discapacidad lleva 14 años sin reglamento
Exigen que el gobierno venezolano ratifique la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Este 5 de enero se cumplieron 14 años de la entrada en vigencia de la Ley para las personas con discapacidad en Venezuela y aún no existe un reglamento que especifique las normas jurídicas para regular las actividades vinculadas a los derechos de personas con discapacidad en el país.

El presidente de la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), Juan Ángel De Gouveia, indicó que “la aprobación de este reglamento corresponde tradicionalmente al Poder Ejecutivo, aunque los ordenamientos jurídicos actuales reconocen potestad reglamentaria a otros órganos del Estado”.

Agregó que en varias oportunidades han surgido esfuerzos para la creación de un reglamento por parte de organizaciones de y para personas con discapacidad y sus familias y, a pesar de ello, aún no se ha promulgado el instrumento regulador, “dejando vacíos y debilidades para el cumplimiento de varios de sus artículos”.

De Gouveia explicó, en una nota de prensa, que no están claras las normas, pautas o principios para poner una sanción o multa; asimismo señaló que se desconoce si hay entes u organismos que incumplen con la Ley de personas con discapacidad, ante la inexistencia de un reglamento que regule la norma y los criterios que puedan usarse para aplicar esta ley.

A su juicio, otro ámbito que debe contemplarse en esta materia es la ratificación, por parte de Venezuela, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que supone un compromiso por parte del Estado en adaptar los marcos legales necesarios.

“La Convención es un instrumento legal supraconstitucional. Debe existir por tanto un proceso de armonización legal que aún no se ha hecho en Venezuela; por este motivo, en nombre de la organización que represento, solicito públicamente a los órganos competentes en la materia, ponerse al día con este compromiso jurídico, y así pueda hacerse cumplir la Ley de personas con discapacidad en Venezuela”.

Por último, dejó claro que Consorven seguirá en la lucha por la defensa de las personas con discapacidad a través del constante monitoreo en el cumplimiento de cada uno de los artículos de la CDPD y más en tiempos de pandemia.

“Ante las irregularidades seguiremos defendiendo los derechos humanos de las personas con discapacidad en Venezuela, hasta lograr la verdadera inclusión y un mundo de oportunidades para todos por igual”, concluyó.

Exigen a las Faes rendir cuentas de presuntas ejecuciones y abusos
Organizaciones como Provea y Control Ciudadano advirtieron de un posible cambio de nombre de la división de la Policía Nacional Bolivariana

La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denuncia que el gobierno nacional emprende una “operación maquillaje” por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), organización adscrita a la Policía Nacional Bolivariana.

La organización explica, a través de su cuenta en la red social Twitter, que dicha operación ha comenzado en una primera fase en varias regiones del país y contempla la sustitución del nombre y disolución del FAES por la Dirección de Inteligencia y Estrategia (DIE).

“Extraoficialmente se conoció el inicio de una operación (de) maquillaje de las FAES. Ratificamos (que) deben ser disueltas. Sus altos mandos rendir cuentas por los cientos de ejecuciones y abusos principalmente contra los más pobres del país”, indicó en un tuit publicado en Twitter.

Precisó en otro tuit que en la Gran Caracas podrían continuar operando las FAES pero, en paralelo, también permanecerá el DIE. “Ya en algunas sedes de las FAES los logotipos cambiaron a DIE”, precisó la ONG.

Por su parte, la presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, expresa que la medida además de desatender el llamado de la ONU de disolver las FAES significa un peligroso llamado: “¿Que significa DIE? Significa morir (en inglés)”.

La Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió en septiembre de 2020 la eliminación del FAES por su responsabilidad en actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales.

“Mi Oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional en algunos barrios del país”, indicó en esa oportunidad.

Codhez: Precios de alimentos en Maracaibo aumentaron 15,10%
En Maracaibo se necesitaron 57.415.225,62 bolívares, en promedio, para costear la canasta alimentaria

Maracaibo registró un aumento de 15,10% en el precio de los alimentos que vendieron en dólares durante la última semana de diciembre de 2020, según el monitoreo de oferta y precios de alimentos de la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez).

La organización tomó en cuenta los precios de 24 alimentos en 52 establecimientos comerciales ubicados en los municipios: Maracaibo, San Francisco, Mara, Cabimas, Lagunillas, Barquisimeto y San Cristobal.

Codhez extendió el estudio a los estados Lara y Táchira para ampliar una investigación sobre seguridad alimentaria en el occidente del país.

Según el comunicado, en Maracaibo se necesitaron 57.415.225,62 bolívares, en promedio, para costear la canasta alimentaria. Para la fecha equivalían a 56,27 dólares.

Lo que destaca de los municipios Cabimas y Lagunillas, de la Costa Oriental del Lago (COL), es que en no hay venta de huevos por unidad.

En promedio, la canasta alimentaria de la COL registró un valor de 52.086.648,37 bolívares, es decir, 52,13 dólares a una tasa promedio entre los dos municipios de Bs/USD 999.196,67.

Si se compara con el valor promedio de la Costa Oriental del Lago de la primera quincena de diciembre la diferencia en bolívares fue de -5,48% y en dólares fue de 5,40%.

En Barquisimeto el precio del kilo de tomate incrementó 28%. Codhez indicó que, en solo 15 días, la canasta de Barquisimeto aumentó 2,16% en bolívares y 7,61% en dólares.

“El rubro con mayor incremento fue el tomate, con un precio por kilogramo de 2.673.704,75 bolívares, es decir, 28,09% más caro que en la primera quincena de diciembre. Por otra parte, el precio del kilogramo de cebolla, así como el kilogramo de yuca, se incrementaron 20% en esta quincena”, señaló la organización.

En el estado Táchira, específicamente en San Cristóbal, el precio del kilo de cebolla aumentó 28%, de 1.072.327,14 bolívares a 1.371,999,80 en 15 días.

*Con información de El Pitazo. 

Hambre y reventa de comida provocaron motín en Carabobo
La ingesta diaria está basada en agua con pocos granos de arroz o pasta

Antes de que culminara el año 2020 en el Centro de Formación Hombre Nuevo “El Libertador”, ubicado en Tocuyito del estado Carabobo, fueron distribuidas aproximadamente 1.500 unidades de pollo para la alimentación de los presos, además de otro tipo de alimentos.

No obstante, los familiares de los privados de libertad denunciaron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que estos alimentos nunca llegaron a sus bocas y presuntamente son revendidos por custodios y algunos presos con privilegios.

Según los familiares, los pollos son revendidos en 5 millones de bolívares por unidad, mientras que un kilo de harina de maíz cuesta hasta 2.5 millones de bolívares. Cabe destacar que los custodios actuaban en presunta complicidad con un grupo de reos denominados “rancheros”, que son los encargados de cocinar los alimentos en el área de cocina.

Fue en horas de la noche de este viernes 1 de enero cuando gran parte de la población penal decidió amotinarse por estos hechos que atentan contra sus derechos humanos, aunado al daño causado a los mismos familiares que son quienes deben pagar cuantiosas cantidades de dinero por pago móvil para ayudar a sus seres queridos.

El malestar generalizado provocó que los presos subieran a la azotea a quemar colchones y otros objetos, mientras que en la puerta principal del penal se concentraban los familiares que viven en el mismo estado. Fueron estas personas quienes relataron con angustia como el 31 de diciembre los presos vieron a los “rancheros” comiendo y bebiendo a sus anchas, mientras a ellos les dieron “dos dedos de agua de arroz”.

“Nosotros siempre le reclamamos a las autoridades del penal por la comida, porque cada vez estamos más flacos. Cada día mueren más compañeros de hambre y nadie hace nada”, denunció a OVP un detenido que no será identificado por temor a represalias.

En un video difundido por los privados de libertad, reconocieron que su acción no es la correcta, pero es la única forma de que el personal del Ministerio de Servicio Penitenciario se dé por enterado de lo que está sucediendo dentro del penal.

De la misma forma hicieron un llamado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que atiendan la situación. “Estamos pasando hambre a diario, nos estamos muriendo de hambre”, manifestaron en el video que fue grabado en horas de la noche en medio de la protesta.

Trascendió que fueron más de 160 internos los que subieron a las azoteas de tres torres, así como también se conoció que muchos no pudieron hacerlo porque su estado de salud no les permite tan siquiera moverse de sus celdas.

Tal como hemos denunciado con frecuencia, en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador” hay presos que han bajado hasta 40 kilos de peso en pocos meses por la falta de alimentos, entre otras condiciones de precariedad a las que sobreviven ante la mirada inerte del Estado.

La ingesta diaria está basada en agua con pocos granos de arroz o pasta, mientras que los últimos días solo les dieron agua de arroz o bollos de harina de maíz.  Además las comidas son servidas entre 1:00 o 4:00 de la madrugada, por lo que los reos permanecen largas horas sin probar bocado.

“Nosotros también somos víctimas a la hora de llevarles comida, botan las tazas y no las devuelven. Botan todo si llevamos la comida en un pote de mantequilla, pero lo más grave es que la mayoría de las veces no les llega lo que llevamos.Nuestros familiares solo están exigiendo el sagrado derecho a la alimentación”, manifestaron los denunciantes.

Sin información 

Desde la puerta principal del recinto penitenciario o a través de llamadas telefónicas, siendo este el caso de los presos que están lejos de su tierra natal, los parientes exigen información detallada sobre la situación dentro de las instalaciones, pues hasta horas de la mañana de este sábado 2 de enero los presos se mantenían en las azoteas para exigir comida y traslados.

Según los denunciantes, vieron llegar algunos autobuses de traslado pero hasta el cierre de esta nota de prensa no había información oficial al respecto. Asimismo, denunciaron la fuerte presencia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en las adyacencias del penal.

Por su parte, la directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, Carolina Girón, lamentó que el 2021 haya iniciado con protestas por hambre, considerando que el Estado es responsable de garantizar los derechos humanos de los presos desde el día de su detención.

En ese sentido, exigió una investigación oportuna, exhaustiva y veraz sobre el desvío de los alimentos denunciado por la población penal, así como también clamó por la integridad física y mental de los reos que protagonizaron la protesta e información detallada e inmediata para los familiares.

Trabajadores de la salud en pandemia: vulnerables y olvidados por el Estado
Desde 2018 se ha agudizado la falta de insumos, medicamentos y otras herramientas básicas en el estado Bolívar

Las denuncias sobre la crisis en los hospitales venezolanos no son nuevas.  Desde hace años el personal que trabaja en los centros de salud, junto a la sociedad civil y Organizaciones no Gubernamentales (ONG) han levantado su voz para exigir al Estado cambios profundos en el sistema de salud pública.

De igual forma, el gremio ha solicitado ayudas humanitarias para hacerle frente a las condiciones precarias a las que se enfrentan, pero muchas de esas peticiones han sido en vano. Con la llegada del Covid-19 a Venezuela los problemas en esta área se han ido agudizando en Bolívar.

En Codehciu conversamos con varios profesionales de la salud del estado, a fin de evidenciar lo que se vive en uno de los territorios más grandes de Venezuela.

Marcos Lima, especialista en endocrinología, señaló que en Bolívar confluyen 3 epidemias de las cuales el estado es líder, no solamente en Venezuela sino en el continente:  “Ya configuraba una situación bastante crítica en el punto de vista de la salud; no en vano recordemos que antes de que llegara la pandemia, el estado Bolívar se encontraba liderando las estadísticas a nivel continental en malaria, difteria, y sarampión, eso indudablemente nos dice que teníamos un estado bastante vulnerable”.

El especialista sumó que con la aparición del Covid-19 la crisis humanitaria se ha ido agravando: “Entiendo que ha habido un esfuerzo por parte del gobierno nacional en cuanto a lo que tiene que ver con la dotación, principalmente de tratamiento para el Covid-19 pero todavía se adolece del número de pruebas necesarias como la PCR para tener un diagnóstico más oportuno, y tener así una idea más real, un registro un poco más real de lo que es el Covid-19 en el estado”.

Sin ser escuchados

Lima destacó que desde el inicio de la cuarentena en Venezuela los profesionales de la salud han solicitado la descentralización de las pruebas, es decir, que cada estado tenga la posibilidad de realidad sus pruebas PCR, generando así una disminución en el tiempo de retorno, ese tiempo que pasa desde que es tomada la prueba hasta el momento en el que se otorga el diagnóstico.

“Si consideramos que la pandemia inicia oficialmente en nuestro país el 13 de marzo, ya prácticamente pasado el 13 de octubre todavía el único centro autorizado para realizar las pruebas PCR era el Instituto de Higiene Rafael Rangel en Caracas, entonces podemos decir que Bolívar es un estado vulnerable por las epidemias que ya se concentraban en él y que han aumentado su vulnerabilidad por la pandemia del Covid-19”, destacó el especialista.

Por otro lado, un trabajador del hospital Ruiz y Páez en Ciudad Bolívar, ejemplificó que sí cuentan con algunos recursos de protección como lo son las mascarillas quirúrgicas, que de alguna manera le brinda protección frente a cualquier contagio: “Abonado a que somos hospital centinela, donde se reciben pacientes con Covid-19, tenemos guantes, hay servicio de agua con hipoclorito para que las personas al ingresar se laven y a las afueras de las instalaciones del hospital hay lavaderos con jabón”.

“Por otra parte pienso que es concientización de cada persona tomarlas, hacerlas y aplicarlas para evitar cualquier tipo de contagio, porque efectivamente somos vulnerables, aunque de nada nos sirve mantenernos así en el hospital y cuando nos montamos en el autobús o usamos el transporte debido a la falta de gasolina, la aglomeración de las personas es evidente”, destacó el trabajador de salud que labora en el hospital centinela.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), en su artículo 83, reconoció la salud como derecho social fundamental y estableció la obligación del Estado de garantizarlo a todas las personas, sin distinción alguna, como parte del derecho a la vida.

Una trabajadora del sector salud en el hospital Uyapar contó al equipo de Codehciu que ya no cuenta con suministros de protección básicos para poder trabajar. Asegura que lo poco que tienen lo han logrado por medio de donaciones de organizaciones, fundaciones y ciudadanos, que han facilitado caretas y bragas de bioseguridad reusables.

“Esas bragas se pueden usar en los distintos servicios de un hospital que no sea directamente con el área Covid-19, pero recibimos pacientes que vienen de muchas zonas del estado y fuera de él que pueden estar contagiados y no lo sabemos; los atendemos con un precario equipo de protección personal”, sumó la joven.

Insumos básicos

No están exentos a las carencias de insumos médicos. La trabajadora de la salud destacó que: “En cuanto al mínimo de medicamentos para fortalecer nuestro sistema inmune, los hospitales no nos están garantizando nada”.

Sus compañeros no han estado fuera de riesgo, ni tampoco sus familiares: “No ha sido fácil, es verdad que muchas de las cosas vía endovenosa se pueden conseguir, las están suministrando en los hospitales, pero hay fallas en cuanto al tratamiento completo que no se obtiene y deben comprarse”.

 “Las bragas de bioseguridad son bastante calurosas, en los hospitales no hay aire acondicionado; es un ambiente más inhóspito y crudo para poder trabajar; a veces tenemos guantes, a veces no”, concluye.

A la deriva

Asimismo, Maritza Moreno, presidenta del Colegio de Enfermeras, destacó que en esta época la situación se ha hecho más complicada, algo que desde el 2018 se ha agudizado ante la falta de insumos, medicamentos y otras herramientas básicas para cumplir con sus labores.

“Los equipos de bioseguridad para trabajar en las áreas Covid-19 son muy escasos. Últimamente hemos visto a mucha gente de la sociedad civil, y ONG, que han colaborado. Por ejemplo, Codehciu es una de esas ONG que han colaborado con este sector, que han llevado insumos a los hospitales y a los centros ambulatorios; hemos cubierto hasta los que están en las zonas rurales; gracias por el aporte hemos podido palear”, valoró Moreno.

Moreno alertó que tiene compañeros que se han enfermado de Covid-19 y no han tenido los recursos para cumplir su tratamiento. Hay trabajadores que se han infectado dentro de los centros de salud, en las áreas de emergencia, en parte porque no tenían guantes, batas o tapabocas.

Puntualizó que en algunos casos sus compañeros recibieron un tapabocas para 15 días, cuando este tiene un promedio de vida de 3 horas.

Moreno agregó que el transporte para los trabajadores del sector salud en Guayana es muy limitado, lo que complica más el panorama laboral del gremio.

Dio como ejemplo que: “Muchos de los trabajadores de la guardia de 1:00 de la tarde a 7:00 de la noche viven en sectores lejanos, como el barrio Altamira, y los dejan en la Pica Pica, o en la avenida Manuel Piar, en San Félix, y tienen que caminar aproximadamente 1 hora entre las 9:00 y 10:00 de la noche.  Las áreas del hospital Dr. Raúl Leoni se han quedado solas en las noches; igual pasa en Uyapar, es una situación muy difícil la que se está viviendo en los hospitales”.

El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure asistencia médica y demás servicios esenciales. Codehciu exhorta al Estado venezolano a garantizar la salud de todos los venezolanos y venezolanas.

Universitarios luchan por formarse pese a las fallas de internet y electricidad
Un estudio revela que 55% de los estudiantes universitarios en Venezuela no cuentan con servicio eléctrico continuo

Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades (OBU), precisó que las dos condiciones que limitan a los estudiantes y profesores de la educación superior a seguir formándose o impartiendo clases son las frecuentes fallas eléctricas y la mala conexión a internet.

A pesar de las dificultades que viven los universitarios y sus docentes para mantener la formación, es necesario seguir buscando alternativas como propiciar espacios para vincularse y tomar ejemplos y métodos que hayan aplicado distintas universidades o instituciones durante la pandemia para mantener la educación a distancia.

Los pupitres de las aulas de clases del país pasaron de estar ocupados a empolvados y las aulas virtuales repletas de estudiantes y profesores dictando o escuchando las clases desde la sala de su hogar.

En ese sentido, el rechazo de ello se refleja en que un 61% de estudiantes consideran que las clases virtuales en el país son peores que las presenciales motivado a los distintos problemas de los servicios públicos que presentan para estar presentes durante las clases.

Cifras

El director de OBU durante el programa Análisis de Entorno conducido por Betania Pérez Álvarez y Juan Carlos Salas, informó que a través de Enobu virtual 2020, una encuesta que realizaron con la participación de 5.866 universitarios, profesores y estudiantes de 77 instituciones de educación superior en los 24 estados del país recabaron distintas cifras y algunas de ellas fueron las siguientes:

  • Solo el 63% de los profesores universitarios en Venezuela tiene teléfono inteligente propio.
  • 80 de cada 100 de los estudiantes tiene su teléfono inteligente.
  • 2 de cada 10 profesores y estudiantes tienen una computadora de escritorio de uso personal y compartido en sus casas.
  • 47% de los profesores no tiene computadora portátil.
  • 39% de los estudiantes no cuenta con una computadora portátil.
  • 58% de los estudiantes accede a internet por sus datos en el teléfono.
  • 62% de los profesores presentan fallas eléctricas.  
  • 55% de los estudiantes universitarios en Venezuela no cuentan con servicio eléctrico continuo.