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El Megafono

Cifras de Covid-19 en cárceles siguen siendo un misterio 
El gobierno no incluye a la población penitenciaria dentro de sus reportes diarios 
Tuberculosis y desnutrición son las principales causas de muerte en las prisiones 

“No hay información oficial de coronavirus en las cárceles porque simplemente no se hacen las pruebas para detectar la enfermedad”, dijo Carolina Girón, directora de la organización no gubernamental, Observatorio Venezolano de Prisiones.

Ni el gobierno a través de sus reportes diarios, ni la vocería del Ministerio de Servicios Penitenciarios han emitido cifras sobre enfermos y muertes de reclusos por Covid-19 en Venezuela.

“Todas son presunciones de los familiares, mientras no haya pruebas de detección de Covid-19 accesible para todos nunca tendremos las cifras reales de contagios, aquí solo se hacen pruebas a las personas que van a viajar”, expuso Girón.

Mirelys Contreras, ministra de Servicios Penitenciarios, anunció en septiembre de 2021 el inicio de un plan de vacunación en los recintos carcelarios sin precisar los plazos y el número de vacunas disponibles. 

“Este proceso va a permitir inmunizar a toda la población privada de libertad”, sentenció la ministra. “Tenemos toda la plena fe y seguridad que vamos a vacunar a toda la población”.  

Tuberculosis y desnutrición galopante  

Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, sostuvo que la tuberculosis y la desnutrición son actualmente las enfermedades que azotan las cárceles en Venezuela.

“Del coronavirus no tenemos mayor información, salvo por un repunte fuerte que hubo en el estado Nueva Esparta en septiembre del año pasado, pero de lo que sí tenemos certeza es que el Estado no ha hecho nada para evitar las muertes por tuberculosis y desnutrición”, declaró.

En 2020 se registraron 184 muertes por enfermedades en las cárceles de Venezuela, mientras que solo en el primer trimestre de 2021 se registraron 69.

Nieto Palma denunció también la situación en las prisiones y centros de detención preventiva donde no hay siquiera agua potable y un hacinamiento que ronda el 167%, lo que impide cumplir la norma de distanciamiento social. 

Sostuvo que el Estado no provee a los reos de tapabocas, guantes ni gel antibacterial, por lo que son los familiares quienes deben asumir esas responsabilidades. 

Una Ventana a la Libertad denunció en 2021 que en algunos recintos penitenciarios se distribuyó Carvativir, un medicamento que no cuenta con la aprobación de la Academia Nacional de Medicina ni de la Organización Mundial de la Salud.  

Ante la inacción del gobierno, Palma indicó que han surgido iniciativas como la del Proyecto Trece, constituido por un grupo de médicos y especialistas en infectología que brindan atención a la comunidad penitenciaria. 

“Hemos hecho hasta ahora unas 20 jornadas y atendido a 1.700 presos en todo el territorio nacional, la idea es tender la mano a la gente”, expresó.

Familiares piden clasificar por delitos a reclusos para evitar hacinamiento
El Internado Judicial Barinas tiene capacidad para 600 personas, pero en la actualidad supera los 1.000

Parientes de privados de libertad del Internado Judicial Barinas (Injuba), ubicado en la capital del estado homónimo de los llanos venezolanos, solicitan al Ministerio de Asuntos Penitenciarios ocuparse de clasificar, por gravedad de delito, a los reclusos, para evitar el hacinamiento y con ello la proliferación de enfermedades infecto contagiosas que ponen en riesgo la salud de los reclusos.

De acuerdo con la hermana de un recluso, quien pidió resguardar su identidad para no perjudicar a su pariente, los privados de libertad del Injuba no están clasificados por tipos de delitos y en las celdas conviven detenidos de alta peligrosidad con quienes han cometido delitos menores y eso produce el hacinamiento en el recinto cuya capacidad es para 600 personas, pero en la actualidad supera los 1.000 detenidos.

Indicó la joven que su hermano, detenido por un delito menor, comparte celda con delincuentes de alta peligrosidad, violentos, quienes debieran estar en calabozos diferentes y con otras condiciones, pero no es así ya que no hay espacios suficientes para que eso sea posible.

Esa situación, señala la familiar, es lo que ocasiona el hacinamiento y la proliferación de enfermedades altamente contagiosas como sífilis, VIH, tuberculosis y otras, ya que muchos de esos reclusos que debieran estar en otras celdas, e inclusive en otros penales, contagian a la población penal que no tiene asistencia médica garantizada.

Inaesin: El salario real de los venezolanos cayó a niveles impensables en 2020
El monto está por debajo de la línea de pobreza establecida por el Banco Mundial

El régimen de Nicolás Maduro acabó con el valor del trabajo.

“Jamás el salario real había caído a los niveles impensables de hoy. El salario básico inicial de las tablas de la administración pública es de Bs 1.200.000 que, calculados a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela vigente al 30 de diciembre, de Bs 1.089.058, equivale a $1,10 al mes. El monto está muy por debajo de la línea de pobreza establecida por el Banco Mundial de $1,90 al día”, dijo León Arismendi, director general del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).

En el caso de los educadores al servicio del Ministerio de Educación, la escala de sueldos comienza en Bs 1.480.734 ($1,35) y el de los profesores universitarios en Bs 2.822.990,91, que equivalen a $2,59, afirma el directivo.

Presos con boleta de excarcelación permanecen en El Rodeo por falta de autorización del Ministerio Penitenciario
Familiares dicen que los tienen secuestrados 

Al menos seis privados de libertad que ya cumplieron sus condenas, o a los que les fue ordenada su libertad a través de procedimientos judiciales, se mantienen este miércoles 29 de diciembre recluidos en el Internado Judicial Rodeo III, ubicado caso en Guatire, estado Miranda.

La situación irregular, que ha sido denunciada anteriormente por familiares, abogados defensores y los propios reclusos, obedece a que, de acuerdo con lo informado por las autoridades de la cárcel, no los pueden liberar hasta que llegue una autorización del Ministerio para el Servicio Penitenciario.

Ésta no es la primera vez que es denunciada esta situación. “Ya se ha vuelto costumbre, no puede ser que una orden de un tribunal competente en la materia, y con carácter autónomo, es vulnerada por parte de las autoridades de la cárcel de El Rodeo, quienes no acatan la orden si no le piden permiso primero al Ministerio, quien no tiene la facultad para emitir una orden de libertad”, aseguró para Una Ventana a la Libertad, Argenis Alcántara, reconocido abogado penalista en el estado Miranda.

Por su parte, los familiares de los reclusos afectados, informaron a Una Ventana a la Libertad que ellos se encuentran en un espacio alejado de los pabellones; sin embargo, consideran que aún se mantienen presos.

“Esto es prácticamente un secuestro, porque ya ellos tienen orden de libertad y boleta de excarcelación, en algunos casos desde hace varias semanas. Esta situación no puede seguir pasando”, exclamaron los parientes de dos de los afectados, quienes pudieron no ser identificados por temor a represalias.

52 mujeres fueron agredidas en Guárico entre enero y octubre de 2021
La violencia de género sumó 54% de los delitos contra las mujeres

A propósito de la reciente conmemoración, el pasado 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el Observatorio Venezolano de Violencia en Guárico (OVV Guárico) dio a conocer el número de mujeres afectadas por hechos de violencia interpersonal durante los 10 primeros meses del año.

La información fue aportada por Adrián González, coordinador del OVV en la entidad, quien aclaró que las 52 víctimas identificadas son producto del seguimiento, análisis y sistematización efectuado por el equipo del Observatorio de Prensa (OP) del OVV Guárico, a siete medios de comunicación, desde el primero de enero al 31 de octubre de 2021.

Las agresiones resultaron ser el delito con la mayor frecuencia, al contabilizarse 22 en las 52 víctimas; seguido por muertes violentas, violaciones sexuales y secuestros, que registraron 7, 6 y 5 víctimas, respectivamente. Robos, extorsión y otras agresiones sexuales contabilizaron 3 víctimas cada uno; mientras que amenaza de agresión (1), amenaza de muerte (1) y tentativa de homicidio (1) cierran los delitos conocidos a través de los medios guariqueños.

La violencia de género sumó 54% de los delitos contra las mujeres, al estar presente en 14 casos de agresiones, 6 violaciones sexuales, 3 homicidios, 2 secuestros. Tentativa de homicidio, amenaza de muerte y otras agresiones sexuales, con una víctima cada uno, son otros de los delitos basados en género.

El equipo del OVV Guárico conversó con la abogada Ana Cecilia Bracho, coordinadora de la Fundación Basta (Fundabasta), organización que promueve la defensa de los derechos de la mujer. Bracho aseguró que pese a las campañas de divulgación, capacitación y sensibilización que ejercen organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, el maltrato contra la mujer no ha disminuido.

“Es preocupante la continua violencia que viven mujeres, jóvenes y niñas. Pero no podemos dejar a un lado que, entre los factores coadyuvantes a esta situación, están el desempleo, la dependencia económica, la falta de oportunidades y el desconocimiento de sus derechos”, destacó la abogada. 

Subrayó la especialista que uno de los lugares más peligroso para la mujer maltratada es el propio hogar, y el mayor porcentaje de agresiones tiene como victimario a la pareja, expareja o personas conocidas por la víctima. “Todos estos datos son basados en distintas organizaciones que analizan los delitos contra la mujer en el país”. Indicó Bracho.

Estado responsable

De acuerdo con la presidenta de Fundabasta, el Estado venezolano es responsable de garantizar el cumplimiento del marco jurídico que, ajustado a las convenciones internacionales, establece la eliminación de la violencia y discriminación contra la mujer.

“La violencia de género contra la mujer es un asunto de derechos humanos que tiene repercusiones que afectan a toda la sociedad. Es el Estado venezolano el principal responsable de brindar protección a las mujeres, pues no se trata de situaciones aisladas, sino de un sistema que las violenta y sustenta la desigualdad entre mujeres y hombres”, enfatizó la defensora de los derechos humanos de la mujer.

Resaltó Bracho que los operadores de justicia en el país, además de estar capacitados académicamente, deben comprender que el ciclo de violencia contra la mujer empieza con agresiones psicológicas, físicas y se incrementa hasta llegar al femicidio. “Cuando la mujer se arrepiente después de haber formulado la denuncia -contra su victimario-, no debe ser juzgada por los órganos receptores, por los cuerpos policiales, ya que éstos deben tener en cuenta que ese acto es un síntoma de que la mujer está inmersa en un cuadro de violencia”, explicó.

Bracho exhortó a los representantes del sistema de justicia venezolano a que sumen esfuerzos en la práctica para garantizar el cumplimiento de las leyes, como corresponde. Para ella, suprimir la impunidad es crucial para lograr disminuir sistemáticamente la violencia contra la mujer.

Para los investigadores del OVV Guárico, otro aspecto que suele dejarse de lado en los casos de violencia contra la mujer, son todas aquellas manifestaciones donde la violencia se esconde tras procesos culturales, como, por ejemplo, en la formación de niñas y niños. Aquí -alertó el equipo- es importante destacar que bajo ninguna circunstancia la violencia es efectiva para el aprendizaje, pues las agresiones no enseñan; por el contrario, marcan, afectan y lesionan al individuo no solo físicamente, sino también en las formas como nos valoramos a nosotros mismos.  

Adicionalmente, señalaron que, más allá de las lógicas patriarcales, la violencia que ocurre en la infancia pudiera determinar, en gran medida, el ulterior desarrollo de otras formas de violencia como la de género. “Esto es particularmente importante porque si bien buena parte de la violencia la ejercen los hombres en el hogar, en la crianza, también la pueden ejercer las mujeres, sobre todo en el contexto cultural guariqueño donde esta responsabilidad recae solo sobre las mujeres en al menos 60% de los hogares”, finalizó diciendo el equipo.

Cronología del caso de la ONG Fundaredes
Desde que los activistas fueron detenidos se han presentado una serie de irregularidades 

2 de julio de 2021

Funcionarios del SEBIN detuvieron arbitrariamente a Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, activistas de la ONG FundaREDES, junto a Jhonny Romero, representante del «Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela» (mayday CONFAVIDF), cuando estos se dirigieron a la sede del Ministerio Público del estado Falcón para denunciar el hostigamiento de fuerzas de seguridad del Estado, quienes desde la noche anterior se estaban presentando en el hotel donde se hospedaban.

Al ser recibidos en la Fiscalía Superior, los activistas de DDHH supieron de una orden de captura contra Javier Tarazona, siendo trasladados por ello a la sede del SEBIN de Punto Fijo.

Pasadas ocho horas de su detención, Jhonny Romero fue liberado, pero no los demás activistas de DDHH. Posteriormente, se conoció extraoficialmente que los habían trasladado a Caracas.

3 de julio de 2021

Un grupo de defensores de DD.HH se presentó en la sede del SEBIN de Plaza Venezuela en Caracas, junto a abogados de Foro Penal y la ONG Provea para conocer el paradero de los detenidos. Después de 24 horas, no se sabía nada oficialmente sobre los 3 activistas de FundaREDES, repitiendo así la práctica tantas veces denunciada que llevan a denunciar la eventual comisión del delito de desaparición forzada.

A las 3:00 p.m., se supo que los activistas estaban siendo presentados ante el Tribunal de Terrorismo 3ro de Control a cargo de la juez Luisa Garrido. A los 3 activistas no se les permitió el acceso a los abogados de Foro Penal designados por ellos y se les impuso un defensor público.

Aproximadamente a las 6:30 p.m., el Tribunal dictó medida privativa de libertad en contra de los 3 activistas a quienes se les acusó de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio, y se estableció como centro de reclusión el ahora llamado «Centro de Formación del Hombre Nuevo Simón Bolívar» (antes conocido como «La Planta»), ubicado en el municipio Libertador de la ciudada de Caracas. Sin embargo, luego de la audiencia, los activistas fueron llevados a la sede del SEBIN en El Helicoide.

05 de julio de 2021

Durante la 47° sesión del Consejo de Derechos Humanos, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la detención de los tres activistas miembros de FundaRedes, y destacó que el espacio cívico en Venezuela sigue reduciéndose con casos de estigmatización, criminalización y amenazas contra miembros de la sociedad civil, medios de comunicación y de la oposición política.

2 de septiembre de 2021

Al cumplirse dos meses de la arbitraria detención de los activistas de FundaRedes, diversas organizaciones de la sociedad civil se manifestaron frente a las sedes de la Defensoría del Pueblo en Táchira, Mérida, Lara, Falcón, Amazonas y Bolívar, exigiendo la libertad plena de los detenidos y solicitando información sobre el estado de salud de éstos.

Desde Táchira, Mackler García, director encargado de FundaRedes señaló que «de manera flagrante el Estado venezolano dejó a un lado las amenazas y el día viernes 02 de julio las materializó desapareciendo forzadamente a Javier, Rafael y Omar, quienes hoy están privados de libertad, sin poder tener contacto con sus familiares ni acceso a defensa privada».

7 de septiembre de 2021

Difieren audiencia preliminar de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, activistas de FundaREDES detenidos arbitrariamente el 2 de julio.

El director del Foro Penal Alfredo Romero señaló que «En esta audiencia preliminar íbamos a requerir la libertad plena de estas tres personas (…) Han pasado más de dos meses de la detención arbitraria, pero se retrasan las audiencias o se difieren y los mantienen privados de libertad»

14 de septiembre de 2021

Nuevamente y sin razón legal alguna, difieren la audiencia de los defensores de FundaRedes. El Tribunal indicó que la nueva fecha para la celebración de la audiencia sería el día 28 de septiembre.

22 de septiembre de 2021

La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 discutió en sesión la detención arbitraria de los activistas de FundaRedes.

El diputado Franco Casella, vicepresidente de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, señaló que elevan «la voz para todos los presos políticos que viven un infierno dentro de un infierno, y también por los generales Rodríguez Baduel, Rodríguez Torres, Blanco Mora, Fernández Da Costa entre otros».

Los familiares además explicaron durante la sesión, el deterioro del estado de salud de los activistas detenidos arbitrariamente.

24 de septiembre de 2021

FundaRedes denunció que «desconoce las condiciones de reclusión de sus tres activistas» y que «la defensa de los hermanos Javier y Rafael Tarazona así como de Omar de Dios García, fue asumida por la ONG Foro Penal, la cual se encuentra a la espera de que el tribunal le permita juramentarse como sus abogados defensores».

28 de septiembre de 2021

Se difiere por tercera vez la audiencia preliminar de los tres defensores de DD.HH.

Alfredo Romero, abogado del Foro Penal,denunció que no se la ha permitido a los defensores designar abogados de su confianza.

1 de octubre de 2021

Diferida por cuarta vez la audiencia preliminar de los activistas de DDHH Javier Tarazona Rafael Tarazona y Omar García, quienes llevan 104 días detenidos. Los abogados de Foro Penal informan que aún no han tenido acceso a los detenidos, a quienes se les ha negado sistemáticamente el derecho a una defensa privada.

La audiencia fue diferida para el 13 de octubre de 2021.

13 de octubre de 2021

La audiencia preliminar fue nuevamente diferida, por falta de traslado desde El Helicoide al tribunal.

14 de octubre de 2021

Es diferida por sexta vez la audiencia preliminar de los activistas de FundaRedes. Los abogados de Foro Penal insisten en que no se les permite ver a los detenidos, negándose el derecho a la defensa.

De acuerdo al diario El Carabobeño, los activistas estarían contagiados por COVID-19 y señalan que, de manera extraoficial, «Rafael Tarazona estaría ingresado en el Hospital de Clínicas Caracas», «García estaría ingresado en la Clínica La Casona» y «pasadas las 4:00 p.m. de este jueves seguía sin conocerse el paradero de Javier Tarazona».

La audiencia se difiere para el jueves 21 de octubre de 2021.

21 de octubre de 2021

La audiencia preliminar de los defensores de derechos humanos Javier Tarazona, Omar de Dios García y Rafael Tarazona, activistas de FundaREDES fue diferida nuevamente. Es la séptima vez que es suspendida.

26 de octubre de 2021

Después de 117 días de detención arbitraria fueron excarcelados, con medida cautelar de presentación periódica ante tribunales cada 8 días, Omar de Dios García y Rafael Tarazona activistas de FundaRedes. Sin embargo, Javier Tarazona sigue privado de libertad en El Helicoide.

28 de octubre de 2021

La ONG Foro Penal a través de uno de sus portavoces Gonzalo Himiob informó del octavo difirimiento de la audiencia preliminar de los activistas de Fundaredes.

4 de noviembre de 2021

Por novena ocasión fue aplazada la audiencia preliminar. La organización reiteró a través de su cuenta de Twitter su petición de libertad plena para los activistas.

11 de noviembre de 2021

Voceros de Foro Penal informaron de un nuevo diferimiento de la audiencia preliminar. Este constituye la décima vez que se aplaza la audiencia, al tiempo que Javier Tarazona permanece privado de libertad, mientras su hermano Rafael y el activista Omar García se encuentran sometidos a régimen de presentación.

18 de noviembre de 2021

Se conoció del diferimiento por undécima vez de la audiencia prelimitar en contra de los activistas de derechos humanos de la organización Fundaredes.

25 de noviembre de 2021

Fue diferida por duodécima vez la audiencia preliminar contra Javier Tarazona, su hermano Javier y Omar García.

29 de noviembre de 2021

Se cumplen 150 días de la detención arbitraria de Javier Tarazona.

2 de diciembre de 2021

Al momento de cumplirse 5 meses del arresto de Javier Tarazona, se conoció del décimo tercer aplazamiento de la audiencia preliminar.

9 de diciembre de 2021

El abogado del Foro Penal Gonzalo Himiob rindió declaraciones luego de efectuada la audiencia preliminar contra los miembros de la ONG Fundaredes. Todos pasaron a juicio. En el caso de Javier Tarazona y Larry Osorio, permanecerán privados de libertad, mientras que se mantuvieron las cautelares sustitutivas (régimen de presentación cada 15 días) a Omar de Dios García y José Rafael Tarazona.

Los 4 miembros de Fundaredes fueron acusados del delito de instigación al odio. En el caso de Javier Tarazona se le agregó el delito de terrorismo.

20 de diciembre de 2021

La organización Amnistía Internacional abogó por la liberación de Javier Tarazona y lo calificó como preso de conciencia.

Violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes aumentó en Bolívar durante 2021
Hubo un aumento de agresiones sexuales durante el presente año

155 víctimas de violencia sexual, entre mujeres, niñas y adolescentes, se han cuantificado en el estado Bolívar entre enero y noviembre de 2021. La cifra representa un aumento de 15% de este tipo de violencia en comparación con los casos reportados en 2020, según informó el Observatorio Guayanés de Violencia de Género del Ateneo Ecológico de Bolívar en su último balance.  

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), organización que también monitorea este tipo de situación, coincide en el mismo patrón: un aumento sostenido de agresiones sexuales durante el presente año.

Conforme aumentó la violencia sexual -especialmente en menores de edad- durante la cuarentena por Covid-19, también se incrementaron las cifras de suicidios e intentos de suicidio. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) contabilizó 222 muertes por suicidio y 30 intentos de suicidio, entre enero y agosto de 2021, en todo el país. “En términos generales, la incidencia del suicidio de las mujeres es entre tres y cuatro veces menor que la de los hombres, pero este año, en Venezuela la tendencia va hacia las niñas y adolescentes, lo que podemos atribuir al aumento de la violencia de género y la violencia sexual como factores de riesgo”, explicó Gustavo Páez, investigador y coordinador del OVV Mérida, durante la presentación del informe relacionado con el tema.

En 16% de los casos, las víctimas son adolescentes entre los 12 y 17 años, y a eso se le suman cinco casos de intento de suicidio. El OVV resaltó que mujeres y niñas son las víctimas mayoritarias de la violencia autoinfligida y lo atribuye al aumento de la violencia de género durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, especialmente, el aumento de la violencia sexual.

Uno de los casos de violencia sexual más resaltantes, ocurridos en Bolívar, fue el de la violación de tres niñas, entre 1 y 5 años, durante una fiesta en una comunidad indígena de Gran Sabana. El victimario, José Luis Depablos Córdova, fue aprehendido a mediados de noviembre.

En otro hecho, por abuso sexual y práctica de actos lascivos a su vecina, de 11 años, y a sus dos hijas adoptivas, de 4 y 8 años, también fue aprehendido en agosto Manuel Jesús Silva Jaramillo, de 45 años, en Ciudad Guayana, municipio Caroní. Ese mismo día, el Servicio de Investigación Penal de la Policía del Estado Bolívar (Sipeb) reportó la detención de Javier José Guerra Castillo, de 28 años, por abusar sexualmente de su hermanastra, de 11 años.

En mayo de 2021, autoridades reportaron la detención de J.A. Ortiz Montañez, acusado de hacerse pasar por pastor evangélico para violar a niñas y niños, entre 10 y 11 años. El caso trascendió, en principio, por el abuso sexual de una niña, de 11 años, con condiciones especiales; luego, las autoridades descubrieron que varios niños, niñas y adolescentes fueron agredidos sexualmente por el mismo presunto pastor.

Sin datos oficiales

De acuerdo al OVV Bolívar, la falta de información oficial sobre violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes se mantiene. “Las organizaciones ejercen contraloría pública con base en los casos de violencia que trascienden a la prensa, por lo que la incidencia real de la violencia sexual en el estado Bolívar y su correlación con muertes violentas autoinfligidas en la niñez y adolescencia se desconoce en detalle”. Señaló el equipo.

Igualmente, resaltó el equipo de investigación que a casi 2 años de pandemia por Covid-19, el Estado no ha fortalecido los mecanismos de prevención y protección contra todos los tipos de violencia contra la mujer. “La violencia sexual impacta la salud física y mental de mujeres y niñas, que en su mayoría no tienen acceso oportuno a atención médica y legal por parte de los organismos públicos. Desde el OVV Bolívar, hemos validado la existencia de Fiscalías y Tribunales con competencia expresa para la protección de la mujer, del mismo modo el funcionamiento de las instancias que integran en el ámbito administrativo y judicial el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes; sin embargo, en entrevistas realizadas, algunos de sus representantes sostienen que no cuentan con suficientes miembros en sus equipos disciplinarios para atender la cantidad de casos que se presentan”.   

Uno de los pasos necesarios para el proceso terapéutico de las víctimas, sobrevivientes y sus familiares, es la justicia, pero el primer obstáculo para obtenerla es precisamente reconocer el delito. Por eso, desde el OVV Bolívar, se considera imperante una mayor sensibilización en los órganos que son receptores de denuncias, al mismo tiempo que se garantice que el espacio de denuncias sea un entorno seguro.

En el caso de la violencia sexual, lo expertos sostienen que, en la mayoría de los hechos contra niños, niñas y adolescentes, el agresor es una persona cercana o perteneciente al entorno familiar de la víctima, de allí que, ante el aumento de estos casos durante la pandemia, los especialistas resaltan la importancia de identificar signos de violencia en la infancia y adolescencia, y de conocer los mecanismos de ayuda disponibles por región. “En ese sentido, desde la organización que representamos, hacemos un llamo al ejercicio de la corresponsabilidad que obliga este tipo de flagelos, a garantizar mecanismos de educación que permitan identificar la violencia sexual en el hogar, cómo prevenirla en tiempos de alarma sanitaria y las rutas de denuncia. Al mismo tiempo, exigimos la creación de políticas públicas de tolerancia cero a todas las formas de violencia de género”. Finalizó diciendo el equipo del OVV Bolívar.

Cinco casos que muestran que en Venezuela sentencia mata voto
Desde 2015, el Tribunal Supremo de Justicia se ha encargado de boicotear la voluntad popular 

«Acta mata voto». En las décadas de los 70, 80 y 90 los partidos políticos minoritarios hicieron de esta frase un lema para defender una profunda reforma del sistema electoral venezolano que garantizara el respeto a la voluntad popular. Décadas después, sin embargo, parece que ya no se necesita que los miembros de mesa modifiquen el documento donde se registran los sufragios contenidos en una urna, sino que basta con una sentencia emanada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), o también vale con su silencio, para modificar la decisión de los ciudadanos, en especial cuando la misma no favorece al chavismo.

Las sentencias n.° 78 y 79 del pasado 29 de noviembre no son las primeras en las que el organismo rector del Poder Judicial deja sin efecto el deseo de la mayoría de los votantes. Estos fallos no están disponibles (solo lo está su parte decisoria), y en ellos la Sala Electoral primero ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) suspender inmediatamente «los procedimientos y/o procesos vinculados a la totalización, adjudicación y proclamación» del Gobernador del estado Barinas; y luego estableció que se repitiera la elección de dicho cargo el próximo 9 de enero, alegando que el eventual ganador (el candidato opositor Freddy Superlano) no podía asumir el puesto, pues había sido inhabilitado para ejercer funciones públicas por la Contraloría General de la República (CGR),

Sobre el reciente caso de Barinas llaman la atención algunos aspectos. Uno de ellos es que la acción presentada ante la Sala Electoral no fue introducida por un chavista, sino por un supuesto aspirante a la Gobernación, quien es un opositor disidente, Adolfo Superlano, quien fue sancionado por los Estados Unidos por formar parte del llamado grupo de los «alacranes», aquellos legisladores electos en 2015 que intercedieron por empresarios vinculados al chavismo ante gobiernos extranjeros, por lo que fueron expulsados de sus partidos.

El segundo aspecto que asombra del caso Barinas es la rapidez con la que la instancia dio respuesta. En cuestión de horas, la Sala ordenó al CNE suspender la totalización de los votos y ordenó repetir las elecciones por la inhabilitación a Freddy Superlano arriba mencionada.

Sobre la supuesta sanción, el rector Roberto Picón ha dicho «Dejo constancia que la inhabilitación del ciudadano Freddy Superlano era desconocida para el CNE para el momento de su postulación; de más está recordar que, de haber sido notificada, hubiera sido imposible procesar la solicitud». La divulgación de un acto de un organismo público mediante su publicación en la Gaceta Oficial es un requisito indispensable para su eficacia, es decir, para su conocimiento y exigibilidad, como lo impone la Ley de Publicaciones Oficiales. La rapidez demostrada por la Sala Electoral en este caso prueba que el TSJ está presto a actuar, en cualquier momento y hora, cuando los intereses del chavismo están en riesgo.

Otro elemento llamativo de este caso es que los magistrados Indira Alfonzo, Malaquías Gil, Jhannett Madriz, Fanny Cordero y Carmen Alves recurrieron a la figura de la «ponencia conjunta» para dejar en claro que la decisión tiene unanimidad.

Llama la atención que el texto del fallo no fuera publicado de inmediato, sino simplemente anunciado el 29 de noviembre en la web del máximo juzgado y difundido mediante un escueto comunicado de prensa.

También sorprende la inmediatez con la que la Sala Constitucional resolvió negativamente la revisión solicitada por Freddy Superlano contra las dos decisiones de la Sala Electoral, mediante la sentencia n.° 732 del 8 de diciembre, en la que ratifica la constitucionalidad y vigencia del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal, y por ende desecha la petición de Superlano. Este fallo sí aparece publicado con su texto completo en la página web del TSJ.

Es más, la Sala Constitucional refuerza esta posición al expresar que

«ha dado un tratamiento deferente y respetuoso de la voluntad popular, cuando se trata de un funcionario electo, pero en el caso del peticionario, el proceso electoral no culminó con la respectiva totalización, adjudicación y proclamación, al advertirse su inhabilitación administrativa para participar en el proceso. Sin duda, el planteamiento del solicitante en el sentido de que se le violaron sus derechos particulares, choca con el privilegio que esta Sala ha dado en caso de contradicciones o antinomias, a las normas que favorecen el interés general y el bien común, debiendo aplicarse las disposiciones que privilegian los intereses colectivos sobre los intereses particulares».

Aunque en el caso de Barinas el proceder del TSJ ha sido ajeno a la Constitución y a los principios básicos de la democracia y del Estado de derecho, ya desde 2015 Acceso a la Justicia ha analizado al menos otros cuatro casos en que se ha dado el patrón de que «sentencia mata voto».

Liquidando a la AN opositora

El 30 de diciembre de 2015, a menos de un mes de los comicios legislativos en los que la oposición consiguió las 2/3 partes de la Asamblea Nacional (AN), la Sala Electoral decidió interrumpir su receso navideño y de fin de año para recibir una serie de recursos contenciosos electorales llevados por candidatos derrotados del chavismo. Ese día admitió siete, pero no solo decidió anular el que le presentó la derrotada aspirante a diputada por el estado Amazonas, sino que además les ordenó a los cuatro legisladores electos por el estado mencionado que se abstuvieran de asumir sus cargos hasta tanto la Sala determinara la veracidad de los vicios denunciados por la abanderada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y exministra de Pueblos Indígenas.

La demandante sostenía en su recurso que había habido irregularidades en la elección, tales como la compra de votos y amenazas para los electores, las cuales fueron orquestadas por el entonces gobernador de oposición, Liborio Guarulla. Para ello presentó una grabación cuyo origen y legalidad nunca fueron determinados durante el período de la anterior AN (2016-2020), teniendo cinco años para emitir una sentencia definitiva sobre el caso y, eventualmente, llamar a nuevas elecciones.

De hecho, la Sala solo dio por válidos los señalamientos temporalmente, al declarar con lugar una medida cautelar mediante la sentencia n.° 260 del 28 de diciembre de 2015 en plenas vacaciones judiciales, y obvió la jurisprudencia que mantuvo a lo largo de casi tres lustros al suspender la posesión de los legisladores que ya habían sido proclamados por el CNE, dejando así a la oposición sin la mayoría calificada en el Parlamento recién electo.

En cambio, la instancia había señalado en su sentencia n.° 59 de 2005 lo siguiente:

«El sufragio, tanto en sentido activo –elegir– como pasivo –ser elegido–, no se agota en el simple hecho de votar o resultar electo, sino que debe extenderse a su reconocimiento y, en algunos casos, a la entrega misma del poder al magistrado que ha sido electo, puesto que su desconocimiento o negativa de entregar el poder al funcionario electo, resulta, a efectos prácticos, una flagrante violación del referido derecho constitucional».

A ello agregó que: «La fase de proclamación, no sólo debe entenderse como un pronunciamiento del órgano electoral competente sobre el conocimiento de un determinado resultado electoral, sino que, necesariamente, debe incluir la investidura del elegido, cualquiera sea la modalidad de ésta: juramentación, entrega de credencial, posesión efectiva del cargo, etc».

Asimismo, desde el año 2000 la instancia venía sosteniendo que «las actas de escrutinio sólo pueden ser impugnadas, una vez que se ha producido la proclamación del candidato vencedor por el Consejo Nacional Electoral, pues es éste el acto que pone fin al proceso electoral y como tal comprende todas las fases  del mismo, incluyendo lógicamente a la de escrutinio, la cual es documentada en las actas de esa clase».

Con su decisión del 28 de diciembre de 2015, la Sala Electoral contradijo sus propios criterios y despojó a la oposición de la mayoría calificada, y abrió las puertas a un conflicto institucional que terminó con el Parlamento anulado, gracias a la tesis del supuesto desacato de los diputados a los designios del TSJ. Algo llamativo es que seis años después los magistrados no se han pronunciado sobre el asunto, pese a que desde hace más de dos años el caso está visto para sentencia.

Complicando el revocatorio

Un año después, en 2016, cuando la oposición intentaba poner en marcha el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, la Sala Electoral volvió a salir en rescate del Gobierno, y en su sentencia n.° 147 del 17 de octubre complicó al extremo las condiciones para activar la figura prevista en el artículo 72 constitucional al señalar:

«La convocatoria del referendo revocatorio requiere reunir el veinte por ciento (20%) de manifestaciones de voluntad del cuerpo electoral en todos y cada uno de los estados y del Distrito Capital de la República. La falta de recolección de ese porcentaje en cualquiera de los estados o del Distrito Capital, haría nugatoria la válida convocatoria del referendo revocatorio presidencial».

El fallo del TSJ no tenía sustento en la carta magna, en la cual claramente se señala: «Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del 20% de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley».

Para el momento en que el TSJ dictó su polémico fallo, siete de cada diez electores aseguraban que votarían a favor de revocarle el mandato a Maduro.

Enterrando el caso del estado Bolívar

En octubre de 2017 se celebraron las anteriores elecciones regionales y el candidato opositor a la Gobernación de Bolívar, Andrés Velásquez, con actas en mano denunció fraude en las mismas. No obstante, el CNE declaró ganador de los comicios al abanderado chavista, Justo Noguera, por apenas 1.471 votos de diferencia.

Semanas después, Velásquez acudió a la Sala Electoral, pero esta aún no ha respondido a su recurso contencioso electoral, a pesar de las revelaciones que hiciera en 2020 Juan Carlos Delpino, entonces directivo del CNE.

«Ahora lo puedo decir porque soy rector. El CNE estuvo a punto de proclamar a Andrés Velásquez en Bolívar. Se comprobó que hubo fraude (…) Casi desproclaman al actual gobernador. Se demostró que (Andrés Velásquez) había ganado las elecciones, estuvieron a punto de ordenar su proclamación».

Hasta los centros de estudiantes

En noviembre de 2018 el estudiante Marlon Díaz, vinculado a la oposición, lucía como el casi seguro presidente de la Federación de Centros Estudiantiles de la Universidad de Carabobo. Sin embargo, la Sala Electoral se interpuso en el medio y en su sentencia n.° 102 del 27 de noviembre ordenó a las autoridades de dicha casa de estudios que reconocieran como ganadora de dicho proceso a la abanderada chavista Jessica Bello.

Asimismo, a lo largo de la última década esta instancia ha impedido a distintas instituciones de enseñanza superior que puedan renovar sus autoridades, alegando supuestas violaciones al principio de la proporcionalidad y de la igualdad, como es el caso de las elecciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV), suspendidas desde hace más de trece años.