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El Megafono

A presos políticos en Ramo Verde los tienen bajo llave
Los mantienen aislados desde el pasado 13 de marzo 

Familiares de los presos recluidos en el centro nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, denunciaron que la nueva directiva del penal, donde están más de 100 presos políticos, mantiene a reja cerrada las celdas de los internos.

Desde el pasado 13 de marzo, están prohibidas las visitas de familiares y abogados a los privados de libertad, a causa de evitar la propagación del COVID-19 en la población carcelaria al igual que todos los penales civiles del país. 

Los familiares, señalaron que esta situación se ha agravado los últimas semanas luego del cambio de directiva del penal. “Les quitaron los horarios de recreación y no pueden salir de las celdas, están todos aislados”, explicaron.

“El único rayo de luz que reciben viene de los pasillos y los ventanales, pero adentro están bajo llave”, refirió Luis Pérez, cuñado de un coronel, que intentó este fin de semana llevar comida al penal.

Por igual, destacaron que estás últimas tres semanas han arreciado las medidas de control, en especial con el ingreso de alimentos.

“Los más afectados son quienes no tienen familiares cercanos porque no pueden traerles comida y deben conformarse con lo poco que le dan en el penal”, dijo.

Agregaron que el pasado lunes desinfectaron los espacios del penal, luego de un traslado de internos desde el anexo militar de la cárcel de Santa Ana. “No sabemos a quienes trajeron ni sus condiciones de salud”, dijeron.

Finalizaron agregando que tienen más de 100 días sin verlos ni ingresar al penal. 

 

Por Una Ventana a la Libertad 

Los que no se rinden | OVP: En las cárceles también se muere de hambre
Recomiendan aplicar las 122 “reglas de Mandela” para salvar al sistema penitenciario venezolano
Podemos recuperar la independencia de los poderes públicos en Venezuela con ciudadanía activa, resalta el Observatorio Venezolano de Prisiones
“El Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones propias del Poder Judicial y liberar presos mediante un acta, violando todo el proceso judicial penal”, destaca la abogada Carolina Girón, directora del OVP

@nelapalaciosr

Más de la mitad de las personas privadas de libertad que se mantienen en los centros penitenciarios de Venezuela son procesados, ni siquiera tienen una sentencia firme que confirme su responsabilidad en el delito por el cual se les encarceló. Y más de 400 de ellos son presos políticos.

Y las condiciones en las que están viviendo esas personas en las cárceles no son dignas ni constituyen garantías de salud ni respeto a la vida o derechos humanos, como dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Los presos venezolanos, por solo citar un caso, están desnutridos de manera severa y tal desnutrición los hace presa fácil de cualquier enfermedad. Y con las restricciones de la pandemia Covid19, que ha limitado el acceso de visitas familiares y en consecuencia los privados de libertad no están recibiendo hoy los alimentos que recibían de estos familiares ayer, su situación ha empeorado gravemente en los últimos meses. 

“De los 538 fallecidos entre 2017 y 2019, 134 fueron por cuestiones de salud. Ese número es alarmante. Eso no era así antes. Muchas de esas muertes por cuestiones de salud pudieron haberse evitado con nutrición adecuada o con controles médicos y medicinas e insumos dados oportunamente a los privados de libertad, pero el Estado no les está dando eso”, advierte la abogada Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Defensoría del Pueblo es un elefante blanco

¿En materia de derechos humanos, cuál ha sido el legado de la revolución socialista del siglo 21?

La Constitución de 1999 tiene un capítulo completo referente a la protección, promoción y defensa de los derechos humanos (DDHH), lo que significó un gran avance para Venezuela. Se creó la Defensoría del Pueblo, institución que ya venía operando en otros países de la región y con la que Venezuela no contaba para la fecha; sin embargo, con el devenir de los años, la revolución destruyó sus propios postulados de defensa de los ciudadanos y las violaciones a los derechos humanos son inumerables, realmente salen muy mal en la balanza de la justicia.

La Defensoría del Pueblo se convirtió en un elefante blanco que nada hace por la protección de los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos y se convirtió en un organismo para defender las políticas del régimen de facto, violando lo principal de un estandard internacional en derechos humanos de un organismo público, como son los principios de París, que establecen imparcialidad, autonomía y transparencia.

Más de 2 mil presos han sido liberados por el Poder Ejecutivo en 2020 bajo la figura de “régimen de confianza tutelada” en las cárceles de Venezuela. ¿Por qué consideran que el procedimiento aplicado en estos casos es ilegal?

La figura del Régimen de Confianza Tutelado está previsto en el Código Orgánico Penitenciario en sus artículos 161 al 164 y consiste en la ubicación de un penado en una unidad de producción o área especial “dentro” del recinto penitenciario y lo puede otorgar el Ministerio de Servicios Penitenciarios a aquellos penados que reúnan los requisitos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal para optar a una de las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena. También puede otorgarse a procesados que tengan privados de libertad un tiempo superior al que se requiere para optar al destacamento de trabajo.

En ningún artículo del código se contemplan liberaciones, es decir, los presos no deben salir del recinto penitenciario; según nuestro ordenamiento jurídico, son los jueces los únicos facultados para otorgar medidas alternativas de cumplimiento de pena que puedan cumplirse extra muros, tal como el confinamiento, destacamento de trabajo, redención de la pena por el estudio y el trabajo, entre otras, y estas medidas deben ser procesadas por el juez de ejecución mediante el procedimiento previsto en el COPP y mediante una sentencia ser otorgadas.

El Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones propias del Poder Judicial y liberar presos mediante un acta, violando todo el proceso judicial penal

 

El Poder Ejecutivo, en cuanto a liberaciones, tiene facultades para indultar, más no para lo que están haciendo. Estas liberaciones ni siquiera cumplen con lo previsto en el mismo texto del Código Penitenciario y prueba de ello es que el mencionado Código entró en vigencia el 28 de diciembre de 2018 y ese mismo día le fue otorgado a Wilmer Brizuela, conocido como Wilmito (pran de Vista Hermosa), quien ordenó la muerte de la Juez que lo condenó, resultando fallecida la hermana gemela de la Juez. Era una persona que no cumplía los requisitos para ser beneficiario de una medida alternativa de cumplimiento de la pena.

En otro orden de ideas, el Observatorio Venezolano de Prisiones está de acuerdo en que se otorguen medidas alternativas a la privación de libertad, es más, hay muchas personas que cumplen los requisitos para no permanecer en una cárcel, llenan el perfil. Lamentablemente, la justicia ha preferido las medidas privativas antes de otorgar otras medidas, personas que pueden llevar su proceso penal en libertad, hasta que se dicte sentencia. En Venezuela las cárceles están llenas de procesados, hasta Diciembre de 2019, de 40.000 presos a nivel nacional, 26.000 son procesados, más de la mitad, esto no debe ser, el Poder Judicial también tiene responsabilidad en esta situación, el retardo procesal también es una violación de los derechos humanos.

La innombrable

¿Cómo califica la gestión de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela?

No la puedo calificar, no tiene nombre. Para manejar el Sistema Penitenciario se debe estar preparado, con buenas intenciones no se logra nada. Se debe estar calificado a través de tener experticia, gerencia y disposición. Estamos hablando de personas, de seres humanos; sí, cometieron un delito y ya están pagando por ello en un Centro Penitenciario, perdieron el mayor tesoro que es la libertad, ahora le toca al Estado brindar el servicio para su reinserción a la sociedad, con programas de estudio, de trabajo, deportes, cultura, etc. Pero realizar ejercicios y cánticos militares no sirve para su fortalecimiento.

¿Cómo podemos corregir la falta de independencia de poderes en Venezuela?

Ejerciendo ciudadanía, con un país de ciudadanos.

¿Vale la pena seguir luchando por la defensa de los derechos humanos en Venezuela y por qué?

Sí, vale la pena. Los derechos humanos son la punta de lanza de las democracias, somos seres humanos y merecemos respeto de forma integral. Yo creo en las personas y somos las personas las que cambiamos nuestro entorno.



Los venezolanos nos merecemos una mejor dirección política. Los países no se mueren, viven en el corazón de sus ciudadanos, y mientras más y mejor ejerzamos nuestra ciudadanía exigiendo respeto a nuestros derechos, tanto personales como los de nuestro entorno, tendremos un mejor país.

 

 

 

122 “Reglas de Mandela”

¿Cuáles han sido las peores y mejores políticas públicas aplicadas en Venezuela en materia de Servicios Penitenciarios de la administración madurista?

No hay política penitenciaria. Si se abriese paso a un gobierno de transición y una redemocratización de Venezuela próximamente, ¿qué recomendaría usted para recuperar al país en materia de servicios penitenciarios y garantizar el respeto de los derechos humanos en cuanto a prisiones y privados de libertad?

En materia penitenciaria hay mucho escrito, desde 1955 existe un instrumento internacional llamado Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Fueron reformadas en 2015 y en homenaje a Nelson Mandela las denominaron “Reglas Mandela”. Por ahí podemos empezar, sugeriría que las leyeran, ahí están recogidos los estándares mínimos para un Sistema Penitenciario adecuado y justo. Todos deberíamos leerlas. Son 122 reglas, sencillas y de fácil comprensión y ejecución. Con voluntad política, personal debidamente formado y mejora en la infraestructura, se pueden dar los primeros pasos para la optimización del Sistema Penitenciario. Y por supuesto, también involucrando y comprometiendo a todos los poderes públicos en esto.

Los presos no están comiendo

¿Cuál es la situación actual en materia de derechos humanos de la población privada de libertad en Venezuela? Y respecto a la situación que teníamos en 1998, ¿cómo estamos hoy y por qué?

Los problemas en las cárceles no son nuevos. En 1998 había hacinamiento, hubo muchos hechos violentos, muchos murieron dentro las cárceles, la situación no ha cambiado mucho. Durante este tiempo lo que hemos visto es que ahora los presos tienen armas de fuego de alto calibre, un preso maneja la cárcel, por encima de las autoridades y se otorgan títulos a estos presos, los llaman pranes y públicamente manejan bandas delictivas dentro y fuera de las cárceles. En estas dos últimas décadas se pervirtió por completo el sistema penitenciario venezolano. Y en estos últimos tres años las muertes por desnutrición ganaron espacio a las muertes violentas, que era lo común anteriormente.

Los presos venezolanos están desnutridos de manera severa, situación alarmante, teniendo en cuenta que la población penitenciaria venezolana oscila entre los 21 y 30 años; la desnutrición los hace presa fácil de cualquier enfermedad, como la tuberculosis, lo que ha ocasionado muchas muertes y las sigue causando. Los presos no están comiendo, la comida que debe llevar el ministerio penitenciario no sabemos dónde está.

Antes del 13 de marzo, cuando se prohibieron las visitas por la pandemia, los familiares les llevaban alimentos a sus seres queridos y medianamente paliaban la situación, con el pasar de los meses la situación se está agudizando en todos los Centros Penitenciarios del país. La situación es alarmante. De los 538 fallecidos entre 2017 y 2019, 134 fueron por cuestiones de salud. Ese número es alarmante. Eso no era así antes. Muchas de esas muertes por cuestiones de salud pudieron haberse evitado con nutrición adecuada o con controles médicos y medicinas e insumos dados oportunamente a esos privados de libertad, pero el Estado no les está dando eso. 

Se perdió la democracia

¿Cómo y cuándo nace la organización OVP?

El Observatorio Venezolano de Prisiones nació el 24 de Septiembre de 2002, día de la Virgen de Las Mercedes, la patrona de los reclusos.

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer el OVP y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno hasta ahora?

El año 2002 marcó un hito en la historia contemporánea de Venezuela, ese año vimos el cambio de estructura gubernamental, el gobierno de la época mostró su verdadera cara y a lo que nos enfrentaríamos en adelante. Se perdió la democracia, en mi opinión.

¿En qué áreas se desempeña la organización?

El OVP trabaja en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. El fundador del OVP es Humberto Prado, una persona que siempre ha luchado por los derechos de los presos, los derechos humanos de los presos son su apostolado.

¿Qué servicios ofrece?

Ofrecemos asesoría y acompañamiento a los privados de libertad, así como a sus familiares. Y operamos en todo el país.

¿Con quién tienen alianzas estratégicas el OVP?

Con organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, con las que llevamos casos tanto en el Sistema Universal (ONU) como en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (CIDH y CoIDH).

Los presos sociales no tienen voz

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

En las cárceles no se pagan delitos, se paga el ser pobre, los presos sociales no tienen voz. Es una población despreciada por una gran parte de la sociedad, sobre todo en sociedades donde la violencia es muy marcada.
Los presos están a expensas de un funcionario, de otro preso, de ser pobre.

¿Cuentan con voluntariado?

El OVP cuenta con voluntarios de las universidades públicas, Colegios de Abogados, familiares y amigos.

¿Cómo pueden ayudar al OVP las personas que estén interesadas en hacerlo?

Comunicándose con nosotros a través de nuestros números telefónicos (0212-4833725 y 4824343), la página web oveprisiones.com y nuestras redes sociales @oveprisiones, tanto en Twiter como en Instagram y Facebook.

No somos actores políticos, el OVP defiende derechos humanos

¿Cuáles son los mayores retos y amenazas de la organización?

El mayor reto es coadyuvar para la optimización del sistema penitenciario.
¿Las amenazas? Las que enfrentamos a diario de parte del régimen de facto. El odio contra las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que defendemos derechos humanos, es patente. Nos califican como actores políticos opositores, una aberración, porque los derechos humanos no tienen colores políticos, tienen colores humanos y todo lo que implica el desarrollo del ser humano.

¿Podría darnos detalles de algún caso emblemático del trabajo que han realizado en esta organización?

El descubrimiento de las fosas comunes en la Penitenciaria General de Venezuela, cuya investigación se encuentra paralizada; los adolescentes quemados en el INAM de San Félix y la masacre en la cárcel de Vista Hermosa.

¿Podría compartirnos algún testimonio del que se sienta especialmente orgullosa como miembro del OVP?

Más que un testimonio, son acciones. La sonrisa de una madre cuando su hijo sale de prisión, el agradecimiento por una gestión, por un acompañamiento, por una asesoría. Tal vez sean cosas pequeñas, pero la satisfacción es muy grande y te impulsa a seguir adelante. Cada vez que una buena acción se realizó gracias al granito de arena que pusimos, es una gran satisfacción.


Más sobre este tema

OVP: 191 presos murieron en calabozos policiales en 2019

 

La crisis empuja al venezolano al vacío
Hubo un incremento en la tasa de suicidio de 153% de 2015 a 2018 de acuerdo al Observatorio Venezolano de la Violencia
En 2020 van 94 muertes 

En 9,7 se ubicó la tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes en Venezuela de acuerdo a un informe presentado este 30 de junio por el Observatorio Venezolano de Violencia.

Entre 2015 y 2018, el número de muertes autoinfligidas aumentó en un 153% de acuerdo a lo expuesto por el investigador Gustavo Paez.

Durante 2020 se han documentado 94 casos de suicidios

Los factores que han incidido en el alza son: aumento de la pobreza, la inflación y el hambre, especialmente en el último lustro según el OVV.

“Hay un agravamiento de la crisis caracterizado por el crecimiento de la población que vive en miseria, el aumento de los precios y la inseguridad alimentaria”, dijo Páez. 

El experto aseveró que en Venezuela nunca se habían registrado tasas tan altas. “En los 80 años de registro de estadística, jamas como las que hemos visto desde 2015”.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, Venezuela registro 1.143 suicidios en 2015, mientras que en 2018 la cifra rondo los 2.900.

Expuso Paez que entre 1950 y 2014 la tasa promedio fue de 4,4 por cada 100 mil habitantes, mientras que en el periodo 2010-2015 el aumento de los suicidios fue de 81%.

El informe determinó que el número de hombres suicidas es cuatro veces mayor a la de la mujer.

La principal forma de acabar la vida en Venezuela es el ahorcamiento, seguido por el envenenamiento y en más de la mitad de los casos hay trastornos mentales de por medio.

Fenómeno global

El director del Observatorio Venezolano de Violencia, Roberto Briceño León, sostuvo que en el año 2016 comenzaron a notar un ascenso en la cifra de suicidios y en 2017 notaron que respondía a una especie de patrón vinculado a un contexto social. 

“El suicidio implica una vergüenza social para familiares y amigos de las víctimas y algunos medios censuran estos hechos por temor de poder generar procesos de imitación”, dijo Briceño León.

El director del OVV aseveró que Venezuela solía ubicarse por debajo de la media mundial en cuanto a suicidios se refiere y que al principio los analistas de la violencia en el país no lo había tomado en cuenta por considerarlo un fenómeno con distintas aristas.   

Los Andes arriba

Mérida sigue acaparando el récord histórico en suicidios, pero Trujillo lidera la estadística en lo que va de 2020, mientras que Táchira está entre los primeros puestos.

Los investigadores del OVV desestimaron que se trate del clima y más bien adjudicaron esta constante a los “detonantes negativos” que ha tenido la crisis económica en la población.

“La crisis actual del país está detonando casos de suicidios en el 33 % de los registros”, dijo Gustavo Páez.

Aunque no llevan un balance de los intentos de suicidio, trascendió que en Mérida se pudieron contabilizar más de 200 conatos en los últimos cinco años. 

Las regiones con menor incidencia de casos son las más cercanas a Distrito Capital, Miranda y Vargas con tasas históricas entre 1,4 y 2,1 por cada 100.000 habitantes.

Los que no se rinden | Codhez: Defensoría, Fiscalía y tribunales son instituciones anuladas
Las muertes de ciudadanos por fuerzas policiales en territorio zuliano se han más que duplicado: pasaron de 279 casos en 2018 a 657 en 2019, según la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia
La última Encuesta sobre Seguridad Alimentaria realizada en Maracaibo, la segunda ciudad más poblada del país, demuestra que el programa CLAP es inviable: la comida subsidiada no cubre las necesidades nutricionales de las familias ni está llegando a los hogares con la periodicidad que anuncia el gobierno

@nelapalaciosr

 

La Comisión para Derechos Humanos del Estado Zulia ( Codhez ) advierte que la Defensoría del Pueblo, los tribunales y el Ministerio Público son instituciones anuladas en Venezuela, porque ni están protegiendo a los venezolanos de violaciones de derechos humanos ni están defendiéndolos de los abusos de poder ni están sancionando a sus responsables, de manera efectiva.
El abogado Juan Berríos Ortigoza, coordinador general de Codhez y doctor en derecho, resalta también  que la calidad de vida del pueblo zuliano ha empeorado aún más tras la pandemia del coronavirus, especialmente por la inseguridad alimentaria y el colapso de los principales servicios públicos estatales: agua potable, electricidad, salud y educación, entre otros.
Además, las muertes de ciudadanos por fuerzas policiales en territorio zuliano se han más que duplicado: pasaron de 279 casos en 2018 a 657 en 2019.

¿Cuántos casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas ha registrado Codhez en el estado Zulia hasta el momento?

Destacamos los casos registrados a partir de 2017, cuando documentamos, en el contexto de las manifestaciones de ese año, la detención de al menos 635 personas, entre quienes 245 fueron presentadas ante un tribunal: 160 de ellas ante un tribunal penal ordinario, y 85 ante un tribunal militar. En ese mismo contexto reportamos la muerte de 14 personas, que aún se encuentran impunes, incluyendo la de Adrián Duque, un caso que hemos acompañado. También resaltamos la situación de tortura sexual a la que fue sometida una persona detenida ese año luego de haber sido detenida por manifestar. Este caso aún espera justicia.
Entre enero y febrero de 2019 también se desarrollaron protestas que conllevaron a detenciones arbitrarias. En específico, el 23 de enero registramos la detención de 57 personas. En este caso, a pesar de que los detenidos habían sido aprehendidos en lugares distintos, horas distintas, y no se conocían entre sí, fueron presentados ante los tribunales en lotes, en procedimientos masivos.

Con respecto a las muertes como consecuencia de la violencia policial en presuntos enfrentamientos, en 2018 monitoreamos 279 casos, mientras que el año pasado este número escaló hasta 657: 250 en el primer semestre y 407 en el segundo semestre. En contraste, en esos presuntos enfrentamientos, murieron dos funcionarios policiales en 2018 y tres en 2019. Detalles de estos y otros temas han sido publicados en nuestro informe anual 2019 sobre la Situación general de los derechos humanos en el Zulia: 


También publicaron un informe anual sobre Seguridad Alimentaria en Maracaibo. Precísenos las principales conclusiones de esa encuesta, por favor

Este informe contiene el estudio que hemos realizado en 2019 para diagnosticar el contexto del derecho a la alimentación en la segunda ciudad más poblada de Venezuela. En general, los resultados de nuestra segunda Encuesta sobre Seguridad Alimentaria en Maracaibo demuestran que se ha mantenido la tendencia negativa de los datos arrojados en el 2018 y, en particular, la mayor vulnerabilidad de las poblaciones de los estratos socioeconómicos D y E, y de los wayuu y afrodescendientes.

Con esta encuesta quedó demostrado que el programa CLAP es inviable porque ningún hogar recibió esa caja o bolsa de comida cada mes, y mucho menos cada quincena.

Si bien el quebrantamiento del orden constitucional y democrático ha conllevado a una emergencia humanitaria compleja, las causas de esta crisis responden a problemas estructurales. Tememos que no hay conciencia de este carácter estructural de la crisis y, por ende, que los diagnósticos y las soluciones no respondan a ello.

Es preocupante, además, que el Estado esté siendo gestionado por grupos que anteponen la lucha por la conservación del poder político al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y convencionales de respetar, proteger y garantizar los derechos a todas las personas, sin discriminación alguna.


La encuesta que se realizó revela que 84,9% de los hogares reportó preocupación porque los alimentos se acabaran. 8 de cada 10 hogares se quedó sin alimentos. En 8 de cada 10, los adultos dejaron de tener una alimentación saludable, tuvieron una alimentación basada en poca variedad de alimentos y comieron menos de lo que debían. También en 8 de cada 10, los adultos sintieron hambre pero no comieron; en 3 de cada 4, los adultos dejaron de desayunar, almorzar o cenar.  Y en 2 de cada 10, los adultos comieron solo una vez al día o dejaron de comer durante todo un día.

La situación alimentaria de los menores de edad también es muy preocupante: en 7 de cada 10 hogares, niños y adolescentes dejaron de tener una alimentación saludable. En 5 de cada 10, dejaron de desayunar, almorzar o cenar. En 6 de cada 10, sintieron hambre, pero no comieron. Y también encontramos hogares donde los niños y adolescentes comieron una sola vez al día o no comieron nada durante todo un día. El ingreso de las familias es insuficiente para comprar alimentos.

La mitad de hogares encuestados declaró ingresos de 200.000 bolívares (Bs) o menos (equivalentes a USD 13,03 para la fecha de la encuesta) y gastos para alimentarse entre 200.001 y 500.000 Bs (USD 13,03 a USD 32,56 en agosto de 2019). Esta incapacidad de las familias para valerse por sí mismas demuestra los problemas que experimenta la mayoría de hogares para acceder a alimentos, en particular, los proteicos como las carnes. El informe completo está al alcance de todos en nuestro portal: 


Violación sistemática de derechos humanos


¿En materia de derechos humanos, cuál ha sido el legado de la revolución socialista del siglo 21 para Venezuela?

Las últimas dos décadas han conllevado a mayor pobreza, y por tanto, a una violación sistemática de derechos humanos. Hemos observado cómo el desconocimiento de las libertades ha supuesto el quebrantamiento de las estructuras económicas y sociales, y por tanto, la precarización de las condiciones para un nivel de vida adecuado, mientras se han debilitado, y luego anulado, las instituciones que debían contener y sancionar los abusos en el ejercicio del poder político: tribunales, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo.

¿Cómo evalúa Codhez la actuación del TSJ, Ministerio Público y órganos del Poder Moral en Venezuela?

Se trata de instituciones que no han cumplido con su propósito constitucional: proteger y garantizar los derechos humanos, investigar las violaciones a éstos y sancionar a los responsables. La evidencia de que no han cumplido con ese propósito es la emergencia humanitaria compleja que padecemos.

Transición y democratización

Si llega a abrirse un proceso de transición y democratización en Venezuela, ¿cuáles serían las tres principales recomendaciones que daría a los líderes de ese proceso para garantizar el respeto de los derechos humanos en territorio nacional y corregir las fallas del sistema actual?

La primera, considerar la preeminencia de los derechos humanos como premisa fundamental e ineludible que debe orientar todas las decisiones que se tomen. Este es un valor previsto en la Constitución no por casualidad sino porque es el desiderátum de la sociedad venezolana: el respeto, la protección y la garantía de la dignidad humana deben preponderar. En consecuencia, deben atenderse con urgencia, desde ya incluso, las necesidades de la gente: desconocer los problemas sociales incentiva el desinterés general por la participación política.

Asimismo, la transición no debe ser entendida solo como un arreglo político-partidista o de élites. Reclama, para su legitimidad y viabilidad, ser entendida como un proceso que conlleve a la justicia, la recuperación de la confianza, la integración social y, por tanto, la restauración democrática, que no se logrará si no se reconoce la diversidad política, cultural y social propia de cualquier sociedad.

El desafío será apreciar la cuestión nacional de la transición no como una coyuntura, sino como una problemática estructural que exige conversaciones, difíciles pero necesarias, para revisar de forma consciente las causas de esta emergencia histórica. En estas conversaciones debe darse lugar a la participación de la sociedad civil.

¿Cómo describiría usted la situación de los derechos humanos de los zulianos actualmente? Tomando en cuenta los informes anuales que publica Codhez y que evalúan a profundidad temas tan sensibles como el de la situación del sector salud, la crisis eléctrica, el hambre, la desnutrición y la falta de servicios públicos tan básicos como el del suministro de agua potable, ¿cuáles serían los principales problemas que enfrenta el Zulia hoy y cómo podríamos empezar a solucionarlos?

Para solucionarlos es necesario que se reconozcan. Esto no ha ocurrido. Los zulianos sentimos que estos problemas son ignorados. Y de hecho, entendemos que es un sentimiento compartido por el resto del país. Priorizar, aunque es una tarea necesaria, es difícil en una circunstancia tan compleja. En todo caso, pudiéramos apuntar a un plan de recuperación económica como una fórmula necesaria para incentivar la mejora de las condiciones básicas de vida.

En el Zulia ha habido iniciativas recientes en este sentido en el ámbito académico. El restablecimiento de la prestación de los servicios de electricidad y agua potable con calidad para todos es, de seguro, una reivindicación que la mayoría de los zulianos identificaría como primordial. También, el de los servicios de salud y educación, que han sido muy afectados en los últimos años. La deficiencia en estos ámbitos está comprometiendo nuestro presente y futuro. En todo caso, esto debe ocurrir en un escenario que propicie seguridad, respeto, protección y garantía a las libertades, con instituciones de justicia y defensa de los derechos humanos que cumplan con su rol constitucional.

5 años y contando…

¿Cómo y cuándo nace esta organización?

Codhez fue fundada en junio de 2015 por iniciativa de cinco abogados que convergimos en la documentación y defensa de situaciones violatorias de derechos humanos durante las manifestaciones contra el gobierno nacional en 2014. En esa época se conformó una coalición de profesores y estudiantes de derecho de las universidades del Zulia y Rafael Urdaneta, el Colegio de Abogados del Estado Zulia, y abogados voluntarios, para registrar lo que estaba ocurriendo, y además, prestar asistencia legal gratuita a quienes fueran detenidos de forma arbitraria. El registro quedó asentado en un par de informes que dieron cuenta, con detalle, de lo que había ocurrido en el Zulia.

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer la ONG y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno hasta ahora?

En la época en que convenimos fundar Codhez, a mediados de 2015, el contexto era de persecución y violencia política, aunque ya eran evidentes los síntomas de lo que luego evolucionó a una emergencia humanitaria compleja. Desde entonces, la situación, en relación con el respeto, la garantía y la protección a los derechos humanos solo ha empeorado. No obstante, a pesar de las dificultades, diversas iniciativas sociales y comunitarias se han desarrollado, en procura de la reivindicación de los derechos de todos, propiciando el espacio cívico necesario para lograr la restauración del orden democrático en el país.

¿En qué áreas se desempeña la organización?
Nuestro propósito es observar la situación general de los derechos humanos en el Zulia, hemos atendido casos de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, también, hemos hecho seguimiento de la situación de inseguridad alimentaria a través de una encuesta basada en el cuestionario tipo de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (Elcsa), y del monitoreo quincenal de la oferta y el precio de los alimentos desde octubre de 2018 en el municipio Maracaibo.

En los últimos meses hemos proseguido nuestro estudio sobre inseguridad alimentaria mediante un sondeo aplicado mediante un formulario electrónico con el objetivo de conocer la situación en otros municipios del Zulia, indagando sobre el consumo diario y semanal de alimentos, así como las estrategias que afrontan los hogares para lograr alimentarse.

¿A qué se dedicaban los fundadores antes de crear esta Codhez?

Unos eran abogados litigantes, otros recién estaban comenzando sus carreras profesionales en el área del derecho, y en mi caso, aún me dedico a la docencia y la investigación jurídica en el área universitaria. En cierta forma ya estábamos involucrados, aunque desde nuestros espacios, en la promoción y defensa de los derechos.

¿Qué servicios ofrece?

Promovemos y defendemos derechos humanos a través de la documentación de situaciones violatorias, prestando asistencia legal y acompañamiento psicológico en caso de ser necesario. También, hemos realizado talleres de formación para activistas, abogados y periodistas, en tanto actores claves para la reivindicación de los derechos humanos.

¿Cuántas personas trabajan en la organización?

En este momento en Codhez hay 10 personas activas en nuestra organización en las áreas de documentación, empoderamiento (asistencia psicológica y trabajo comunitario), defensa (asistencia legal) y comunicaciones.

 

Alianzas estratégicas


¿Con quién tienen alianzas estratégicas?

En 2017 tuvimos como iniciativa la conformación de la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (Redhez), que agrupa un conjunto de 15 organizaciones y activistas de derechos humanos en diversas áreas: derechos de las mujeres, ambientales, pueblos indígenas, salud sexual y reproductiva, salud mental, movilidad urbana, y anticorrupción, y que al día de hoy es una referencia de trabajo colectivo por los derechos humanos en la región zuliana y el país.

De hecho, desde 2018 organizamos un Encuentro por los Derechos Humanos, como estrategia para incentivar el espacio cívico en nuestra región, con el objetivo de reunir y propiciar alianzas entre diversidad de actores de la sociedad civil zuliana (activistas y organizaciones de derechos humanos, fundaciones, gremios, universidades).

También, hacemos parte de la red nacional de defensores de derechos humanos, y en concreto, hemos sido apoyados por Civilis, Provea y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. En el ámbito internacional, hemos promovido actividades en conjunto con Asuntos del Sur, una organización argentina que promueve la innovación política.

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

El Zulia es una región muy empobrecida. La vulnerabilidad de las personas que hemos atendido viene dada por cuestiones estructurales, entre otras, situaciones de precariedad económica, abandono, violencia, inseguridad, amenazas y abusos de funcionarios civiles y militares, que empeoran por la falta de respuesta de las instituciones que tienen el mandato constitucional de resolver esas situaciones.

¿En qué zonas operan?

En la actualidad Codhez opera en Maracaibo, aunque hacemos un monitoreo sobre la situación general en toda la región: Guajira, Perijá, Sur del Lago y Costa Oriental del Lago.

¿Cuentan con voluntariado?

Sí, contamos con una red de voluntarios que nos apoyan, en particular, para nuestras tareas de documentación y promoción de nuestros eventos, sobre todo para el Encuentro por los Derechos Humanos y la Feria de Derechos Humanos.

¿Cómo pueden ayudar a esta organización las personas que estén interesadas en hacerlo?

En la documentación, reportando sus denuncias de situaciones violatorias a derechos humanos en toda la región a través de los canales que tenemos a disposición: nuestras redes sociales (@Codhez en Facebook, Instagram y Twitter), nuestra web o nuestra dirección de correo electrónico [email protected] Asimismo, cada año Codhez convoca un encuentro para voluntarios, de modo que cualquier persona interesada puede asistir y manifestar su disposición a apoyarnos en cualquier otra área.

Retos y desafíos

¿Cuáles son los mayores retos de la organización? ¿Las mayores amenazas?

En este momento, el desafío de Codhez es mantener nuestros estándares de trabajo ante los riesgos de salud por la pandemia, y las dificultades asociadas a la emergencia humanitaria compleja, entre otras, la precarización de las condiciones de vida que solo se intensifican con el paso del tiempo.

 



Las amenazas vienen dadas por la hostilidad propia del contexto político. Nadie está exento de aquellos riesgos ni de estas amenazas. El compromiso por reivindicar un hogar mejor para todos los zulianos es nuestro sostén.

¿Podría detallarnos algunos casos emblemáticos o testimonios del trabajo realizado por Codhez de los que se sienta especialmente orgulloso?

En general, lograr la libertad de personas detenidas de forma arbitraria por razones políticas es uno de nuestros primeros méritos. En tiempos más recientes, sumar a la discusión pública la situación de inseguridad alimentaria en la región zuliana, es también una importante contribución de Codhez.

Quizás la Feria de Derechos Humanos como espacio de encuentro es nuestra contribución a la esperanza por una vida buena. Un espacio que, desde hace cuatro años, convoca a involucrarse en el activismo por la reivindicación de nuestros derechos, demostrando que en nuestra diversidad podemos reunirnos para conversar sobre lo humano.

En la Feria activistas y organizaciones de derechos humanos del Zulia, Venezuela y América, convergen para presentar su trabajo al público. Además de los ciclos de conferencia, en la agenda se incluyen obras de teatro, danza, música, exposiciones de arte, conciertos en vivo, entre otras expresiones culturales, para masificar la cultura en derechos humanos.

Los que no se rinden

Los que no se rinden | Transparencia Venezuela: Para vencer a la corrupción necesitamos transformar al sistema 

 

DDHH olvidados | “Me sacaron en paño y descalza de mi casa para matar a mi hijo”

Una madre identificada como Ana Edilia Ruíz fue sacada de su vivienda en paño y descalza por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Los uniformados buscaban a su hijo Wilber Antonio Romero Ruíz, de 25 años. El joven fue asesinado en la sala de su casa, situada en la calle Apure de El Valle, municipio Libertador de Caracas.

No se trata de un caso aislado sino de una de las muchas ejecuciones extrajudiciales que ocurren en Venezuela. En 2019, el observatorio de  Monitor de Víctimas determinó que  al menos 263 muertes violentas fueron registradas como ejecuciones por parte de fuerzas de seguridad del Estado y 77 como casos de resistencia a la autoridad. El caso de Wilber Antonio entrará en esa estadística del año 2020.

El pasado miércoles 17 de junio entre las 05:40 a 6:00 de la mañana Ana Edilia estaba preparando el desayuno, unos bollitos con queso acompañados con café.  A los pocos minutos comenzó a escuchar un ruido extraño en la puerta hasta que ingresaron los funcionarios del Cicpc.

“Yo estaba en paño y descalza porque después me iba a bañar, los PTJ me sacaron de mi casa a golpes y mi hijo se quedó en la vivienda con un amigo, que estaba con nosotros cuando ingresaron los funcionarios, luego comencé a bajar las escaleras y escuché los disparos”, narró Ana Edilia.

La madre del joven relató que le cubrieron el rostro con una chaqueta y la trasladaron en una patrulla hasta la División de Vehículos del Cicpc en Quinta Crespo. En el recinto la mantuvieron detenida  y posteriormente la dejaron en libertad. Ana Edilia inmediatamente se dirigió a la morgue de Bello Monte el jueves en la mañana para identificar el cadáver de su hijo.

“Cuando escuché los disparos yo sabía que mi hijo estaba muerto. En la casa las paredes y los pisos se encontraban llenos de sangre. Los vecinos me contaron que los funcionarios colocaron música en mi casa mientras no estaba y aplaudían”, relató la madre de Wilber.

En la vivienda también fue asesinado el amigo de Wilber identificado como Devori José Calzadilla Torres, de 23 años. Ambos, según familiares, eran comerciantes informales en el mercado mayorista de Coche, vendían hortalizas y verduras. Wilber dejó en orfandad a un hijo de seis años.

El mismo patrón

El Cicpc implementa un mismo patrón al ingresar a las viviendas. En horas de la madrugada o en la mañana irrumpen en las residencias con una pata de cabra”, una herramienta que es una barra de metal.

Los uniformados buscan a jóvenes con antecedentes penales como el caso de Wilber, el cual estaba bajo presentación tras estar detenido durante cinco años por robo de teléfono.


Los que no se rinden | Transparencia Venezuela: Para vencer a la corrupción necesitamos transformar al sistema 
626 organizaciones se han sumado a la Coalición Anticorrupción y proponen 12 acciones para resolver este problema nacional
El control de cambios, el control de precios y el desmantelamiento del sistema de control, sanciones y justicia que nos llevó a la impunidad actual, son los principales incentivos de la corrupción en Venezuela
TI recomienda una serie de reformas legales claves para combatir efectivamente a la corrupción en el país : delación premiada, tipificación y sanción del nepotismo, extinción de dominio, Gobierno Abierto, acceso a la información y rendición de cuentas, entre otras  

@nelapalaciosr

 

Venezuela es el país más corrupto de América Latina, según el más reciente Índice de Percepción de la Corrupción publicado por Transparencia Internacional (TI). Y lleva ya varios años teniendo ese tristemente célebre rango en este ranking internacional. Pero esa realidad actual puede cambiar. Se trata de una tarea titánica, pero no de un imposible.

Una de las personas que está convencida de eso en este país y que trabaja desde hace décadas por la libertad, la democratización, la transparencia y por vencer a la gran corrupción y cleptocracia de Venezuela es Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de TI.

  1. Usted estuvo recientemente en un evento sobre cómo minimizamos los riesgos de corrupción en el manejo de la ayuda humanitaria. Me parece estupendo iniciar este diálogo con esa misma pregunta.

Todos los panelistas coincidieron en el impacto tremendo de la corrupción en la ayuda humanitaria y en la necesidad de que se creen mecanismos para evitar malos manejos en el futuro. No es algo sencillo porque hasta ahora las agencias internacionales no lo tienen como prioridad y lo que nosotros proponemos es que desde el momento en que se empiece a hablar de un programa de ayuda humanitaria se tiene que incorporar una evaluación de riesgos de corrupción y, como consecuencia, un sistema que permita reducir o limitar esos riesgos. 

No se trata de paralizar la ayuda humanitaria, sino precisamente de hacerla más efectiva y garantizar que cada elemento que se reciba llegue a las personas que fueron definidas como beneficiarios finales o receptores. Con la necesidad de ayudar rápido, pues se pasa por los sistemas de control, registro y transparencia que se necesitan para evitar ese tipo de cosas, y por eso lo que proponemos es que se cree un registro que permita la trazabilidad, se coordine, se centralice el sistema, para evitar las pérdidas en el camino y desviaciones. Que se registre todo: las cantidades, los pasos, los procesos, los criterios, los responsables, los beneficiarios, los montos, los números de las empresas, los canales de distribución, las compras, los resultados de cada esfuerzo… (cuántos y quiénes fueron los vacunados, los desnutridos atendidos, los salvados, los sanados, etc.) Bueno, todos los elementos que conforman eso.  Además, esto no es caridad, esto es ayuda humanitaria, así que el sistema que respalde eso tiene que ser absolutamente técnico.  

Venezuela, el país más corrupto de Latinoamérica 

La corrupción es un problema global, pero en Venezuela se ha profundizado mucho con el debilitamiento de la institucionalidad democrática y muchos ciudadanos están desmoralizados, al ver tanto a líderes del gobierno como de la oposición cayendo en eso. ¿Cómo podemos salir de esto? ¿Qué podemos hacer para sacar a Venezuela de ese tristemente célebre puesto de “país más corrupto de Latinoamérica” que tiene en el ranking global de corrupción de TI?

Venezuela está en ese tristemente célebre peor puesto de casi todos los rankings que yo recuerde ahora. En el Índice de Percepción de Corrupción que TI saca desde 1995, Venezuela siempre tuvo una calificación por debajo de 3 sobre 10, y ese número terrible ha desmejorado mucho en las últimas décadas. Hoy tenemos 1,7 sobre 10, lo que es una vergüenza, pero lo peor es que en Latinoamérica se han hecho esfuerzos y muchos países han progresado. Nosotros no. Hasta el año 2004 había varios países de América Latina peor que nosotros en ese ranking, pero ahora todos los países de la región están mejor que nosotros en esto, incluso Haití. Nosotros estamos solos abajo.

El problema de la corrupción en Venezuela es de dimensiones gigantescas y no vemos a muchos actores políticos que tengan un discurso coherente y enfocado en esto. Pero sí hay mucha gente preocupada y activa trabajando por la construcción de los nuevos sistemas. Primero que todo tiene que trabajarse en sistemas que nos lleven a la transparencia, al acceso a la información y a la separación de poderes, check and balance y separación de funciones. Para el tema de la justicia, pensamos que es necesario un sistema heterodoxo de justicia e ir más allá, porque la realidad de la corrupción en nuestro país sobrepasa lo conocido. Eso significa que vamos a necesitar lo que ya se ha hecho en otros países y ya se ha redimensionado y redefinido también, que son Comisiones Internacionales de Justicia, para que cuando se inicie la transición podamos construir un sistema autónomo, independiente y con capacidad para judicializar esta inmensa corrupción que es más poderosa que países completos. Para eso necesitamos ayuda internacional, porque a pesar de que tenemos talento humano y venezolanos muy capaces en todas las áreas y bien formados para desarrollar proyectos, los sistemas que podrían implementarse acá no se han desarrollado antes en el país. Eso es lo más recomendable para garantizar la confianza, la autonomía, el equilibrio y la seguridad de los equipos que se van a encargar de investigar esta gran corrupción, de señalar, procesar y sancionar a sus responsables, y después de recuperar esos bienes de la Patria.

 

Hablemos de lo sucedido en Cúcuta. ¿Esa ayuda humanitaria que debió entrar en 2019 y no entró -a pesar del “Sí o Sí” anunciado por Guaido y debido a que el gobierno madurista bloqueó su acceso- a cuánto equivalía en términos de millones de dólares? ¿Tienen idea de cuánto de eso finalmente logró entrar al país después y administrarse bien y cuánto de eso se perdió por corrupción o por el bloqueo del chavismo-madurismo?

Lamentablemente, no. No tenemos idea. No tenemos números. Nosotros investigamos y no está claro nada. Lo que supimos es que la ayuda en especies la manejó el gobierno de Colombia y la ayuda en USA no se entregó a los venezolanos. Te voy a enviar el informe que preparamos sobre las acusaciones.

 

¿Cómo y cuándo nace Transparencia Venezuela?

Nace en 2003, pero se formaliza en el registro en abril de 2004, y surge a partir de una organización que se llamaba Mirador Democrático, que para entonces ya era el contacto nacional de Transparencia Internacional en Venezuela. A partir del 2002, ya yo venía trabajando temas anti-corrupción y también había trabajado temas electorales en organizaciones como Queremos Elegir y temas municipales. Allí se unieron esos intereses y en 2003 convoqué a una larga lista de personas e instituciones que habían mostrado interés en el tema anticorrupción e invité a Venezuela a gente de Transparencia Internacional a que vinieran al país a contar la forma en que se estaban organizando y trabajaban y a partir de allí fue que transformamos Mirador Democrático en Transparencia Venezuela.

Cleptocracia 

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer la ONG y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno hasta ahora?

Cuando nace Transparencia Venezuela ya nosotros teníamos una preocupación de décadas por el tema de la corrupción y por lo lejana que se veía la implementación de la reforma del Estado que ya la COPRE había estado impulsando desde hacía mucho tiempo. Se habían logrado algunas cosas puntuales para entonces, como la elección directa de alcaldes y gobernadores, pero el resto de las reformas importantes no se habían logrado. Y en el 92 o 93, ya nosotros organizamos una caravana contra la “Corruptocracia” a nivel nacional. Así que ya allí se hablaba del tema de la corrupción, aunque –claro- los niveles de corrupción de aquel momento no tienen nada que ver con la gran corrupción que se ha instalado con todos sus patrones y en forma sistemática y generalizada a pesar del daño que ha producido, particularmente a partir del año 2003, con la creación del control de cambio, que es uno de los grandes incentivos de la corrupción en Venezuela.

 

¿Qué otros grandes incentivos para la corrupción hay en este país?

 El control de precios es otro y la destrucción del sistema de “check and balance”. Al destruir ese sistema de control y sanción, se eliminó la posibilidad de que hubiera responsabilidad y sanción a los casos de gran corrupción. Se unieron entonces una debilidad institucional en aumento con unos gigantescos recursos y con una promesa de cambio hacia un mundo mejor que realmente se transformó en una cleptocracia en Venezuela 

 

12 acciones para vencer a los corruptos 

Una cleptocracia en Venezuela y el desmontaje del proceso de descentralización del Estado, son retrocesos enormes respecto a lo que teníamos hace 20 años, a pesar de todo el esfuerzo que TI hizo por ambos casos desde sus orígenes…

TI comenzó trabajando en temas municipales y en la defensa de la estructura local desde la cual se pueda crear ciudadanía, defensa de las estructuras democráticas, desarrollo institucional y mejor calidad de vida para la gente con el control de la corrupción y con el desarrollo de la transparencia. En esa primera etapa trabajamos con banderas importantes, como el Índice de Transparencia Municipal, con algunas alcaldías, que se hizo unas 8 veces a lo largo de muchos años y que sirvió para movilizar y formar a mucha gente, no solo a los alcaldes y concejales sino también a funcionarios en estos temas. 

A partir de 2009, el municipio entró en una etapa de decadencia, no solo porque tiene menos recursos, menos voz y menos posibilidades de ser el gestor de los intereses de los municipios frente a la Nación. Eso ha desaparecido. El alcalde hoy no tiene recursos ni para sostener a su equipo, la mayoría de las alcaldías no tienen nada para poder brindar apoyo a sus comunidades y en algunas alcaldías han tenido resultados exitosos porque se han convertido en facilitadores de procesos de apoyo a la comunidad y ha sido la propia comunidad la que se ha involucrado. También hemos avanzado en otros temas, como el de protección de denunciantes, con la creación de la oficina de Asistencia Legal Anticorrupción hace 9 años, y con el equipo de Investigación de Corrupción hemos documentado y procesado la larga lista de casos de corrupción en Venezuela. Hemos creado una plataforma de capacitación y learning que se llama Campus Transparencia. Desarrollamos un sistema de seguimiento al dinero público, empezando por el presupuesto nacional, cosa que es cada vez más difícil porque en Venezuela ni se publica la Ley de Presupuesto. También levantamos la bandera de la legislación de transparencia y acceso a la información y hemos logrado más de 20 municipios con la ordenanza y unas cinco gobernaciones con la ley a nivel nacional. Eso fue aprobado por la Asamblea Nacional en 2016. Tenemos una larga lista de propuestas en marco legal que hacen falta en la lucha contra la corrupción, como la delación premiada, como la reforma de la ley de contrataciones públicas y la ley de corrupción, y la reforma al Código Penal para incluir y tipificar delitos tan importantes como el nepotismo o extorsión sexual, por ejemplo, e imponer sanciones por esos delitos. La Ley de Extinción de Dominio, la Ley de Acceso a la Información y otra serie de leyes que hay que reformar para borrar la opacidad que se ha legalizado en estos años. Y los dos últimos programas que creamos y se están desarrollando muy bien son el de Desinformación, el programa sobre el impacto de la desinformación y el combate a las noticias falsas, que incluye el portal EsPaja.com y una serie de estudios con organizaciones internacionales; y con los equipos de Gobierno Abierto y el de Crimen Organizado, que es una de las áreas nuevas de trabajo, hemos avanzado con la creación de la Coalición Anticorrupción y ya tenemos a 626 organizaciones sumadas y trabajando y alineando sus objetivos con las 12 acciones que hacen falta implementar en Venezuela para protegernos de ese problema y que nosotros llamamos el “Mandato anticorrupción”: 

Para transformar el Estado no basta cambiar a las personas, hace falta cambiar el sistema porque con el mismo sistema, cualquier persona, por muy ángel que venga, se comportaría igual.

Nuestra organización tiene más de 15 años y una red nacional e internacional muy fuerte y comprometida con la lucha anticorrupción, pero la verdad es que éxito en el logro de nuestra misión, que es una Venezuela libre de corrupción, no podemos decir que hemos tenido. Por el contrario, la corrupción se ha redimensionado a un nivel no conocido anteriormente en América Latina ni en el mundo. Realmente nosotros lo podemos comparar con el resto del mundo cuando trabajamos con los 110 capítulos que tenemos en Transparencia Internacional a nivel global, y lo que está pasando aquí actualmente no se parece a nada.

 

Red nacional

Tomando en cuenta eso que me dice respecto al sistema contralor y de sanción del Estado venezolano, eso de que ya no está sancionando efectivamente a los corruptos, le pregunto: si algún venezolano quiere denunciar un caso de corrupción a TI, ¿cómo puede contactarlos?, ¿en qué zonas del país operan?, ¿cuentan ustedes con voluntariado? Y  las personas que estén interesadas en ayudar a esta organización, ¿cómo pueden hacerlo?

 

Tenemos coordinaciones regionales en 8 regiones, que no solamente replican lo que hace Transparencia en Caracas sino que ellos mismos proponen proyectos y desarrollan actividades que tengan que ver con los intereses y la realidad de las prácticas corruptas en sus propias regiones. Además tenemos 14 promotores. La Coalición Anticorrupción cuenta con 14 promotores. Y tenemos una lista de voluntarios que han estado apoyándonos en diversas áreas. En nuestro portal web pueden conseguir mayores detalles de todos estos temas que me plantea. 

 

¿Cuál es el mayor desafío y la mayor amenaza que enfrenta una organización como TI en la Venezuela actual? 

Nuestro mayor desafío sigue siendo lograr una Venezuela libre de corrupción, porque requiere la transformación del Estado y eso implica no solo cambiar leyes y cambiar instituciones y procesos, sino también que eso vaya acompañado de una transformación de la gente.

Para eso necesitamos que los líderes del país y la sociedad entera se alineen para ser garantes, para vigilar, para exigir, para no permitir abusos, para no exigir prebendas, para no traficar influencias, para no querer privilegios sino conectarnos con el bien común. Y la principal amenaza es que nosotros no estamos jugando barajitas y que las redes de la gran corrupción en el mundo entero son muy poderosas, integradas por gente muy poderosa a la que no le gusta que sean reveladas las informaciones que los involucran o se les pida cuentas. Esa es una amenaza permanente aquí. Y la otra gran amenaza es no poder avanzar en las cosas que hacemos, pero afortunadamente esos riesgos no han desactivado a la sociedad civil. Hay mucha gente trabajando día a día y sin pausa por esto, que no se rinde, que no se deja vencer, y gracias a ellos tenemos todavía un gran espacio para trabajar.

 

Casos emblemáticos

 

¿Podría hablarme de casos emblemáticos o darme algún testimonio por el que se sienta especialmente orgullosa de ser parte de TI?

 

Tenemos muchos casos, me cuesta escoger uno. Pequeños y grandes. Por ejemplo, el trabajo que hicimos con el Observatorio Venezolano de Prisiones y una organización maravillosa de derechos humanos del Zulia, Codhez, que fue levantar toda la información con los expedientes, los videos… de lo que fue el fraude de la construcción de un centro penitenciario zuliano. Se documentó todo con evidencias de pagos, evidencias de propaganda de que se iba a inaugurar y resulta de que cuando llegó el día de la inauguración fuimos y no había nada, era literalmente un peladero de chivos. Tenemos los videos. Se llevó el caso a la Fiscalía, con todos los respaldos, y no procedió. Lo dejaron engavetado. También tenemos cantidad de casos más pequeños, como los del Saime, y en muchos de esos casos se ha llegado a detener a las personas que vendían la cita o conseguían el pasaporte, pero por supuesto siempre han sido casos menores, porque la red de corrupción interna del Saime seguía intacta. Nuestro gran éxito es poder visibilizar lo que ocurre, que no quede en el olvido, que no quede impune y que la gente lo conozca.  

 

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Acceso a la Justicia: Venezolanos están a merced del hampa y de los policías
Casi un tercio de los asesinatos en 2019 fueron a manos de uniformados 

Mientras los ojos del mundo están puestos sobre los Estados Unidos, donde el asesinato del afroamericano Gaeorge Floyd a manos de agentes de la Policía de Minnesota, ha reabierto el debate sobre la brutalidad policial y el racismo en Estados Unidos, en Venezuela sus habitantes no solo ven cómo los criminales amenazan sus propiedades y sus vidas, sino también aquellos que precisamente están allí para protegerlos.

Esta es la conclusión a la que llegó Acceso a la Justicia en su informe El servicio de policía venezolano: Entre la realidad y la percepción (2000-2019), en el que se denuncia que de los más de 16.000 venezolanos que fueron asesinados el año pasado, casi un tercio perdió la vida a manos de los uniformados.

En Venezuela impera la violencia

En el documento se lee que: “En el año 2019, Venezuela se mantiene como uno de los países con mayor número de muertes violentas en la región y en el mundo, con un saldo de al menos 16.506 fallecidos y una tasa de 60,3 muertes violentas por cada cien mil habitantes, muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos en América Latina”.

Además, se explica que el número de asesinatos se discrimina de la siguiente manera:

“6.588 homicidios cometidos por los delincuentes, con una tasa de 24 víctimas por cada cien mil habitantes; 5.286 muertes por resistencia a la autoridad, según la denominación oficial, pero que en esencia son homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales, con una tasa de 19 víctimas por cada cien mil habitantes; y 4.632 muertes de intencionalidad indeterminada, registrados oficialmente como averiguaciones de muerte, pero que en la práctica son también homicidios o permanecen sin aclarar su situación al final del año considerado, y cuya tasa estimada es de 17 víctimas por cada cien mil habitantes”.

Para esta investigación se utilizaron, entre otros, datos elaborados por organizaciones civiles como el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Esto, en virtud de la falta de información por parte del Ministerio del Interior, Justicia y Paz; del Ministerio Público y de los propios organismos de seguridad evaluados.

De mal en peor

Las llamadas ejecuciones extrajudiciales no son algo nuevo en Venezuela. Desde hace décadas miembros de los cuerpos policiales se han visto involucrados en este tipo de crímenes, siendo casos como El Caracazo uno de los más emblemáticos. Sin embargo, con el paso de los años la situación no ha hecho más que agravarse y así lo deja en claro el informe.

“Entre 2010 y 2017 se contabilizaron 18.401 personas muertas en manos de los cuerpos policiales. En el año 2010 la tasa de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado era de 2,3 por cada cien mil habitantes, en 2016 llegó a 19, esto es un incremento alarmante de un 726%. El 60% de estas muertes han ocurrido entre 2016 y 2017”.

El documento agrega:

“Se aprecia claramente la tendencia creciente en las muertes por resistencia a la autoridad,  que se incrementan en promedio en algo más de tres puntos por año. Este aumento sostenido contrasta con la disminución en los homicidios para terminar casi coincidiendo en el año 2019 (18 muertes por averiguación por cada 100.000 personas contra 24 homicidios por cada 100.000 habitantes)”.

Asimismo, se advierte que prácticamente ningún cuerpo de seguridad está libre de cometer este crimen contra los derechos humanos.

 “En el periodo 2015-2018 el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas), que ocupó siempre el primer lugar con casi la mitad de las muertes por resistencia a la autoridad, fue desplazado por la PNB (Policía Nacional Bolivariana) en el año 2019 como responsable del 36% de los casos de resistencia a la autoridad. Otro cuerpo que muestra una tendencia creciente en ese periodo es la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) que aumentó hasta un 8% en el 2019”.

Las policías estadales y municipales, por su parte, quedaron en el cuarto y quinto lugar en este terrorífico ranking.

El problema de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela ha cobrado tal gravedad, que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas se han referido a él en numerosas ocasiones.

Este estudio es la continuación de otro presentado por Acceso a la Justicia recientemente, bajo el título de Visión panorámica del sistema policial en Venezuela (2000-2018) y en el cual se advertía que en el país hay más policías de los necesarios, pero no están bien entrenados ni equipados para cumplir eficientemente su función; y que las recomendaciones de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), entre las cuales figuraba la profesionalización de los cuerpos de seguridad y su desmilitarización, no se habían implementado, lo cual explicaba por qué los índices delictivos no habían disminuido dramáticamente y por qué la ciudadanía no se sentía más segura.

Colapso de techo del pasillo mostró las profundas fracturas que socavan a la UCV
La directora de Copred informó que el lunes 22 comenzarán unas mesas técnicas en las cuales ingenieros, arquitectos y especialistas en patrimonio presentarán propuestas para evaluar cuál será la mejor opción para restaurar el tramo del techo de la UCV que se fracturó

 

A las 12:30 del mediodía de lo que hubiese sido un miércoles regular de clase, el techo de un tramo de los pasillos cubiertos de la UCV cedió y se derrumbó contra el piso debido a las fracturas que poco a poco habían socavado la estructura de concreto armado, un tramo que forma parte del paisajismo de casi un kilómetro y medio de caminerías diseñadas con techos en forma de bovedillas acanaladas.

La imagen del pasillo obstruido por los escombros del techo quebrado por la mitad no necesitó de más simbología: el quiebre de la planta física se corresponde con una larga lista de fracturas estructurales que se han ido acumulando desde hace más de diez años debido a la precariedad en el mantenimiento de la Ciudad Universitaria de Caracas, que hace 20 años hinchaba de orgullo a los ucevistas y a los venezolanos al ser declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.

El primer punto en el causal de explicaciones apuntan a un presupuesto deficitario y reconducido que hace imposible la planificación a mediano y largo plazo: desde 2008 los sucesivos ministros de Educación Universitaria y la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), fueron disminuyendo la partida requerida para la infraestructura hasta hacerla casi inexistente. En 2019, a la oficina del Consejo de Preservación y Desarrollo (Copred) el ente que tiene la competencia del mantenimiento y protección patrimonial de la Ciudad Universitaria, le asignaron 80.000 bolívares para su funcionamiento, en un país en el cual una resma de papel supera el millón de bolívares.

La arquitecta Aglais Palau, directora de Copred, explicó que aún no se han determinado las causas que ocasionaron el quiebre de la estructura, pero el diagnóstico realizado por los ingenieros patólogos estructurales indican que hay filtraciones, drenajes, tuberías tapadas y fallas en la capa asfáltica que recubre el techo pretensado por lo que presumen que pudo colapsar luego de las fuertes lluvias ocurridas en los días previos y que generaron el «efecto piscina» que acumula agua y socava con grietas la estructura de la viga.

Más información en TalCual.

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