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Bajo poder adquisitivo y precaria conectividad potencian desinformación en Venezuela
De acuerdo a Tendencias Digitales, 65 % de los venezolanos tiene acceso a internet

En Mérida, estado andino ubicado al occidente venezolano, María Fernanda Rodríguez pasa el día “pescando” señal con su teléfono celular. Es periodista de El Pitazo, uno de los medios digitales informativos bloqueados en el país por los proveedores (públicos o privados de internet) bajo órdenes del Gobierno nacional. Además del consumo de su dispositivo móvil en búsqueda de conectividad, también reduce su rendimiento la continua descarga y actualización de VPN para acceder a su medio de trabajo.

Para finales de 2019, el estudio de penetración y usos de internet que realiza Tendencias Digitales arroja que 65 % de los venezolanos tiene acceso a internet, un aumento con respecto al registro del año anterior, pero aún tres puntos por debajo de la media en la región latinoamericana. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) suma a esa cifra que quienes tienen conectividad lo hacen de manera reducidísima: “La velocidad de internet en Venezuela sigue debilitándose y perjudicando las libertades informativas de los ciudadanos. Según los datos recabados por el Laboratorio de Mediciones de Internet (MLAB) y analizados por IPYS Venezuela, entre enero y septiembre de 2019 el promedio de navegación en internet en el país, en los servicios fijos de redes domésticas y comerciales, fue de 1,2 megabit por segundo (mbps)”.

La mesa servida para la desinformación

Penetración reducida de internet en hogares venezolanos y quienes logran acceder al servicio lo hacen en medio de interrupciones del servicio y lentitud de navegación a costos elevados en un país que registra una reducción significativa del poder adquisitivo, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2020 de la Universidad Católica Andrés Bello. Esto redunda en la proliferación de informaciones falseadas, manipuladas y el poco o escaso acceso a posibilidades concretas de informarse bajo criterios de confiabilidad.

Hace un par de meses, en plenas medidas de confinamiento para contener contagios de coronavirus, el celular (su oficina) de la periodista merideña colapsó y requirió servicio técnico. El diagnóstico: sobreexposición de funciones. La receta: usar de manera moderada. La realidad: cada vez le da un uso más intenso por las continuas fallas de servicios públicos básicos de telecomunicaciones y electricidad, además de los esfuerzos adicionales para poder acceder a los sitios web informativos bloqueados que le permitan ejecutar sus labores.

En Venezuela cuesta estar conectado a internet y acceder libremente a medios informativos para mitigar los efectos de la desinformación. Cuesta dinero, esfuerzo y hasta un poco de suerte, a pesar de que en 2011 la Organización de Naciones Unidas declaró que el acceso a internet forma parte de los derechos fundamentales de los ciudadanos en la era de la información.

La conexión ideal

Luis Carlos Díaz, activista y promotor de la infociudadanía, explica que para estar informado adecuadamente, el ciudadano necesita una conexión a internet continua y de calidad. “Entonces aquí empiezan los problemas, porque nuestra conexión es muy lenta o en ocasiones no se tiene la capacidad para pagar datos móviles de forma continua (por los altos costos). Eso hace que el servicio sea a cuentagotas”, señala.

A esto le suman otras condiciones que parecieran básicas, pero en el entorno venezolano se hacen invaluables: el uso de equipos que permitan establecer la conexión a internet (teléfonos, tabletas y computadoras) y el servicio eléctrico necesario (pero precario e inconstante en el país).

El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos reporta que 69,5 % de sus consultados en el país valora negativamente el servicio de energía eléctrica porque “tiene muchos bajones” y otro 35,9 % indica que esos incidentes dañan los equipos eléctricos. También señalan que 22,9 % se queja de tener interrupciones del servicio varias veces al día -todos los días- y otro 17,4 % denuncia que el problema ocurre todos los días.

Con respecto al servicio de internet en el hogar, esta organización señala que 73,5 % de los usuarios tiene como proveedor a CANTV (empresa pública de telefonía) y 65,3 % reporta fallas en el servicio todos los días.

José Pirrone, director de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UCAB, explica por qué la conexión a internet en el país se ha vuelto inestable. “Las empresas públicas y privadas han reducido gastos de mantenimiento de los cables, contratan menos gente, usan software libre, no incrementan la cobertura. Los últimos equipos adquiridos por CANTV son totalmente digitales. Las nuevas centrales son módulos que se interconectan a través de una fibra óptica con un punto de intercambio. Si esta fibra se corta, por supuesto, el internet queda muerto porque no se conecta a la red de datos. No hubo adquisición de batería para que funcione sin electricidad. Espero que no tengamos que saber qué ocurre en una emergencia sin comunicación fija ni móvil”.

Costos de la información

Los expertos coinciden en que el acceso a la información es posible cuando se disponen de equipos necesarios. Pero de acuerdo con la Encovi 2020, el promedio de ingreso diario del venezolano equivale a 0,75 dólares. Además, 79,3 % de los ciudadanos no tiene cómo cubrir la canasta básica de alimentos, ya que 54,6 % tiene un ingreso de $ 1,9 o menos diario, y 75,8 % de $ 3,2 o menos al día.

Bajo esas condiciones económicas se hace compleja la adquisición o reposición de los equipos mínimos necesarios para acceder a la información, ya que en el caso de computadoras los costos oscilan entre 80 y 500 dólares (dependiendo de condiciones y características), mientras que los teléfonos celulares varían sus costos entre 30 y 300 dólares, según su uso y especificaciones.

Además de eso, pagar por un servicio de conexión a internet, luego de reunir los dispositivos necesarios, puede significar un gasto mensual de alrededor de los 20 dólares o más, dependiendo de los niveles de instalación, mantenimiento y consumo, explica Díaz.

Pero pocos bolsillos venezolanos pueden costear esos precios. El sueldo mínimo básico, calculado de acuerdo con la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, es equivalente a poco más de un dólar mensual. De acuerdo con el Observatorio de Gasto Público, iniciativa de CEDICE, la inflación acumulada de 2020 hasta mayo era de casi 300 %, según datos del BCV.

Vencer la desinformación

Pirrone opina que el manejo de las telecomunicaciones en el país ha estado guiado por intereses políticos que impiden su crecimiento y mejora. Restricciones en costos de tarifas que impidieron invertir en sus mejoras son la razón del estancamiento tecnológico. Apunta hacia una solución que comience por los ajustes de costos y políticas de apertura para desarrollo y funcionamiento, más que restricciones.

Daniela Alvarado, periodista de IPYS Venezuela, denuncia que el sistema de monitoreo que emplean ha registrado este año 15 casos de bloqueos (ejecutados por proveedores de internet, públicos o privados, a partir de solicitudes que hace el Gobierno nacional, en tres modalidades: bloqueos de DNS, de HTTP, y de TCP IP), y 4 ataques a plataformas digitales. “Si no hay políticas públicas en materia de telecomunicaciones, las cuales son esenciales para la democracia, el Estado no puede garantizar el acceso a internet a todos los venezolanos. Estas políticas públicas, de ser implementadas, deben considerarse como herramientas para resolver estas precariedades de forma gradual, y no una solución inmediata”, asegura Alvarado.

Sugiere que para vencer la desinformación en medio del complejo panorama, son claves las alianzas: “Hemos visto cómo el trabajo en equipo entre medios de comunicación, instituciones y organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, ha logrado visibilizar e identificar informaciones deliberadamente falsas”.

 

DDHH olvidados | Ángelo Quintero murió por una bala y la escasez de medicinas
Luego de tres años, el homicidio de Ángelo Quintero Rivas aún no ha sido investigado por el Estado venezolano

@fefamaya

El merideño Ángelo Quintero Rivas soñaba un mejor destino para su familia y para Venezuela. En 2017, el merideño anhelaba construir una casa para su hijo, pero la crisis socioeconómica que afronta Venezuela era un gran obstáculo.

Constructor y electricista de profesión, Ángelo Rafael Quintero Rivas nació el 20 de julio de 1989. Resultó herido el 28 de junio de 2017, cuando se registraba una protesta en Ejido, municipio Campo Elías, Mérida. Quintero no logró superar las graves consecuencias del disparo que recibió en la cabeza. Tras una larga lucha, murió a la edad de 28 años en las instalaciones del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula).

En un contexto de protestas políticas por el descontento del pueblo venezolano con el Gobierno de Nicolás Maduro, ese miércoles, Quintero se encontraba en la calle San Isidro del sector El Trapichito, en la localidad de Ejido, junto a un grupo de vecinos que salieron de sus casas a demostrar su descontento por la crisis humanitaria.

Apenas transcurridos unos minutos, funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado irrumpieron el lugar junto a colectivos armados que decidieron acabar la protesta de manera violenta. La situación fue confusa. En medio del tiroteo, una bala impactó la cabeza de Ángelo, en el parietal derecho. 

Yurlexi Rivas, enfermera y hermana de Ángelo, relató a Runrun.es que horas antes, lo llamó a su celular para decirle que no fuera a visitar al niño porque la situación en esa calle estaba muy delicada con la guardia y la policía. No hizo y fue.

“A las siete de la noche recibí una llamada del celular de mi hermano, pero no era él, era otra voz, aseguraba ser un comandante y me informó que Ángelo estaba en la emergencia del Hospital Universitario de Los Andes. Me pidió que me fuera para allá, pero no me dijo qué le había pasado”, comentó Rivas.

Ángelo fue llevado al Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes donde permaneció durante ocho meses. Después de una larga lucha para salvarle la vida, falleció por la falta de un antibiótico que nunca se consiguió por más que se hicieron diligencias y que se contactó a diferentes personas en otros países.

Impune como muchos otros

“El asesinato de Ángelo sigue impune. En medio de la confusión de aquel día, nadie sabe quién disparó. Las investigaciones iniciales no arrojaron resultados. Tampoco hay testigos del hecho, porque cedieron ante las amenazas y prefirieron guardar silencio. Para la justicia es como si nada hubiese ocurrido. Para ellos todo se olvidó”, confesó Yurlexy Rivas, a la organización Justicia, Encuentro y Perdón. 

Luego de tres años de aquellas protestas que estremecieron al país y a la comunidad internacional, Yurlexy Rivas renovó su llamado al Estado venezolano para que investigue de forma transparente el asesinato de su hermano, con el objetivo de determinar las responsabilidades y las sanciones, según lo establecido en la normativa legal vigente.

El relato del caso de Ángelo fue extraído de las crónicas reseñadas en el portal de la organización Justicia, Encuentro y Perdón.

Gobierno venezolano no ha cumplido con medidas cautelares otorgadas por la CIDH a Juan José Gámez y Oscar Morales
Uno se encuentra desaparecido y el otro está privado de libertad y enfermo 

El gobierno venezolano no ha cumplido con las medidas cautelares a favor de Juan José Gámez y Oscar Morales dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las solicitudes fueron presentadas por la organización Defiende Venezuela, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y ProDerechos.

La abogada Ana Acosta señaló que Gámez fue aparentemente aprehendido el 24 de diciembre de 2019 en el estado Bolívar y aun no se conoce su paradero actual.

A Gámez lo vinculan con la “Operación Aurora”, una toma militar que se llevó a cabo el 22 de diciembre de 2019.

“No supimos su situación, por qué estaba detenido, cuáles son los delitos. Tampoco lo presentaron a un tribunal 48 horas después de la detención. No ha tenido contacto con sus familiares ni abogados” dijo la abogada.

Respecto al caso de Morales, el abogado de Defiende Venezuela Harold Miñarro, señaló que se encuentra privado de libertad y padece desde hace más de diez años de artritis psoriásica, por lo que requiere tratamientos médicos especializados.

 “El amparo fue declarado sin lugar, se pidió una solicitud de revisión de medida ante la Sala de Casación Penal, sin respuesta, se requirió el decaimiento de la medida, tampoco hubo respuesta, posteriormente se solicitó ante la Fiscalía una intervención para que hubiese una medida humanitaria de arresto domiciliario, la cual tampoco ha tenido respuesta”, dijo Miñarro.

Asimismo, resalta que aunque las medidas han sido negadas, el Juzgado Penal que está conociendo de la causa en el estado Mérida le ordenó al CICPC que el señor Morales sea trasladado al Hospital Universitario de los Andes cuantas veces fuese necesario, acción que no se ha materializado hasta la fecha.

“Estos casos ponen en evidencia cómo la situación del sistema carcelario en el país hace insostenible la tutela del derecho a la salud de las personas que están privadas de su libertad”, dijo Simón Gómez, coordinador Jurídico de Defiende Venezuela.

 

 

Los que no se rinden | Grupo Social Cesap atendió a más de 56.000 beneficiarios directos durante 2019
Cesap cuenta con 300 trabajadores. 72% de ellos, son mujeres. 
La economía social y productiva es una de sus áreas de acción, a través de la que se busca fortalecer las competencias y destrezas para el desarrollo de emprendimientos productivos en sectores populares

@fefamaya

 

Una de las fortalezas del Grupo Social Cesap es saber adaptarse al contexto y lograr desempeñarse en diferentes áreas para adaptarse a lo que esté ocurriendo en el momento. Eso lo tiene claro Ileana Malito, actual directora de la organización nacida en 1970, en un contexto en que había mucho interés por los movimientos sociopolíticos. 

Para 2019, Malito indicó que Cesap llevó a cabo 205 proyectos e iniciativas, y atendieron a más de 56.000 beneficiarios directos en 22 estados de Venezuela. 

¿Cómo y cuándo nace la organización?

Grupo Social Cesap nació en el año 1974. Sus orígenes provienen de un movimiento de jóvenes que venía trabajando desde finales de la década de 1960 en liceos populares de Caracas, sobre todo de Catia, haciendo trabajo de sensibilización y formación con jóvenes.

Ese movimiento “Jóvenes en Acción” se separa para crear el Grupo Social Cesap. Algunos miembros del movimiento eran curas belgas, que vinieron a hacer su trabajo social en el país. 

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer la ONG y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno hasta ahora?

Era un momento social distinto. Había mucho interés por los movimientos sociopolíticos. Estos jóvenes estaban conociendo ese movimiento social vinculado a reafirmar sus intereses y necesidades. 

Era una Venezuela que estaba pasando por algunas dificultades sociopolíticas. Pero siempre vista desde la necesidad del pueblo de consolidarse como un actor social. 

También se trabajó mucho con las madres de estos jóvenes por el tema de alfabetización, las madres querían acompañar más a sus hijos y no tenían las herramientas. 

Cesap impulsó en ese momento una campaña de alfabetización, junto a la iglesia católica, con lo que lograron tener gran cobertura nacional. 

¿En qué áreas se desempeña la organización?

Uno de los valores de Cesap es que sabe adaptarse al contexto. Actualmente, nuestros ejes de acción son: la organización social y comunitaria, la formación y la economía social y productiva, donde se busca fortalecer las competencias y destrezas para el desarrollo de emprendimientos productivos en sectores populares.

A raíz de estos temas, formamos y organizamos a la gente. 

Dependiendo del contexto del momento se hace un análisis de la situación y vamos adaptando nuestras áreas de acción en función a lo que esté ocurriendo en el momento. 

Nos tocó atender el área del tema humanitario, para responder a la coyuntura del país. No era un área que veníamos trabajando

¿A qué se dedicaban los fundadores antes de crear esta ONG?

Los jóvenes pertenecían al movimiento “Jóvenes en Acción” y se dedicaban a trabajar en  liceos populares de Caracas, sobre todo de Catia, haciendo trabajo de sensibilización y formación con jóvenes.

 ¿Qué servicios ofrece?

Tenemos diversas áreas de acción que ejecutamos a través de proyectos en comunidades. 

Cesap posee los Centros de Formación que están en capacidad de ofrecer: servicios de alojamiento y comida para sus clientes, salones y equipos didácticos para actividades educativas, paseos y recorridos por los patrimonios naturales y culturales de los entornos geográficos en los que están localizados, valorando las identidades locales para ofrecer experiencias gratas a los clientes y seguridad en las instalaciones. 

¿Cuántas personas trabajan en la organización?

Actualmente, somos 300 trabajadores. 72% de ellos, son mujeres. 

¿Con quién tienen alianzas estratégicas?

Para Cesap siempre ha sido de gran interés consolidar el capital social venezolano. Fuimos de los promotores que crearon la red de organizaciones de la sociedad civil venezolana, Sinergia. 

Actualmente, Cesap mantiene alianzas con el Consejo de Educación de Adultos de América Latina (Ceaal), Redsoc, Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres (GNDR), entre otros. 

 ¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

Actualmente, la seguridad alimentaria y el acceso a los servicios públicos son las necesidades prioritarias de la población. Todo eso mermado por un ingreso familiar de forma significativa. 

¿En qué zonas operan?

Estamos presentes a través de las oficinas de la organización en 22 estados. 

¿Cómo pueden ayudar personas que estén interesadas en hacerlo?

Nuestra forma principal de trabajar es a través de proyectos donde hay una rendición de cuentas y de actividades financieras.

En los últimos años, se han incrementado mucho las donaciones, tanto de empresas privadas como personas. Usualmente donan insumos o dinero. Existen los canales para que esto se lleve a cabo.

¿Cuáles son los mayores retos y amenazas de la organización?

Como reto, el poder tener un equipo humano multidisciplinario, formado y alineado con los propósitos institucionales que puedan dar respuesta en este contexto, frente a todas las dificultades y a la cantidad de personas que han emigrado del país. 

No hemos sufrido pérdida del capital humano de Cesap, está intacto. 

Otro reto es saber leer el entorno, para ser asertivo y eficiente en las respuestas que demos como organización.

La situación económica del país es algo que afecta muchísimo. No solo porque afecta a la organización sino también a los beneficiarios. El tratar de generar procesos organizativos es cuesta arriba en estos momentos porque la gente está atendiendo asuntos más personales y particulares que sociales. 

Un testimonio

“Llegué al comedor temerosa, por tener 4 hijos y porque nunca nadie había hecho nada por mí ni por mis hijos que no fuera yo misma, tuve temor de que me rechazaran. Allí estaban ustedes, recibieron a mis niños, no tengo cómo pagar esto, ni lavando todos los platos de este comedor todos los días podré pagar lo que hacen por nosotros”, relató una beneficiaria del comedor Sabana Larga, Barinas.

 

Cofavic: La determinación de crímenes de lesa humanidad da fuerza a la esperanza de las víctimas
La ONG considera que el informe de la ONY constituye un “contundente punto de inflexión para posibilitar el establecimiento de la justicia ante los gravísimos crímenes cometidos”

Foto: Reuters

En el marco del 45 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, dentro del tema 4 de la agenda “Las situaciones de derechos humanos que requieren la atención del Consejo”, fueron presentadas las conclusiones detalladas de la Misión internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. 

Esta misión fue creada por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2019 durante su 44o periodo de sesiones para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en el país desde 2014, y constituye junto al trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, otro de los mecanismos activados por las Naciones Unidas en su acción integral de defensa de Derechos Humanos.

COFAVIC y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) considera que este preocupante y doloroso informe, en primer lugar, reconoce el coraje y el valor del testimonio entregado por las víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela, pilar fundamental del documento, lo cual le otorga sentido y reivindica su lucha por la búsqueda de verdad y justicia.  Estamos ante una gran muestra de coraje de parte de quienes han sufrido la vulneración de sus derechos y cuyo dolor sigue vivo, sus heridas abiertas y, sin embargo, continúan allanando camino de manera consistente para contribuir con la necesaria reconstrucción de la memoria histórica en Venezuela.

Este Informe constituye un contundente punto de inflexión para posibilitar el establecimiento de la justicia ante los gravísimos crímenes cometidos, además de determinar claramente la falta de cumplimiento de obligaciones básicas del Estado. También representa el inicio de la individualización de posibles responsabilidades en el ámbito del Derecho Penal Internacional y pone a la sociedad venezolana y a la comunidad internacional en la obligación indubitable de acompañar a las víctimas, dado que los crímenes de lesa humanidad constituyen una afrenta contra todos y es un deber sin distinciones el exigir justicia y reparación integral en estos gravísimos casos.

Destacamos la ratificación que hace el Informe en cuanto a que los Estados son los principales titulares de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y pueden por consiguiente ser considerados responsables de las violaciones de los derechos humanos cometidas por sus órganos,  por sus agentes o por “el comportamiento ilícito de personas o grupos no estatales cuando estos actúan en total dependencia del Estado y bajo su dirección o control efectivo o que cuenten con su aquiescencia”.  Con este argumento, queda claro que la responsabilidad del Estado es indivisible, intransferible, y directa en la comisión de delitos contra los Derechos Humanos. 

La Misión hace la debida caracterización de las violaciones a los Derechos Humanos, así como el ámbito jurídico que rige estas situaciones, en las cuales se pueden establecer responsabilidades penales a título individual y afirma que “tiene motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad en el período examinado”.

 

Es relevante recordar en este contexto que, según la Constitución venezolana, las acciones para sancionar delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los Derechos Humanos y crímenes de guerra son imprescriptibles, y que estos delitos están excluidos de los beneficios que puedan conllevar a la impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.  

Además, Cofavic considera que una de las conclusiones más importantes de este trabajo de documentación, ha sido determinar que las violaciones y crímenes señalados no fueron hechos aislados, cometidos por personas que actuaron más allá de las órdenes, sino que existía el conocimiento de que estas situaciones se estaban produciendo o se aceptaba la alta probabilidad de que sucedieran, y que “se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, con conocimiento del ataque, de conformidad con una política estatal o en apoyo de ella”.

Lea el comunicado completo en Cofavic

Los que no se rinden | Convite defiende los derechos sociales de las personas mayores
La ONG tiene presencia en 11 ciudades del país, en algunas con equipos propios y en otras con aliados

@fefamaya

Según la ONG Acción Solidaria, para 2019, 85% de las medicinas en Venezuela escaseaba. Como parte de sus labores, la asociación civil Convite se ha dedicado a defender derechos sociales, principalmente el derecho a la salud.

Luis Francisco Cabezas, uno de los fundadores de Convite, aseguró que a pesar de que la escasez de medicamentos disminuyó, ahora la gran barrera que enfrentan las personas que necesitan medicinas es el alto costo de ellas. “Las personas mayores, hipertensas y diabéticas no toman sus medicinas lo cual los pone en riesgo”, dijo.

La organización fue fundada por Cabezas y la profesora e investigadora Yolanda D´Elia con el objetivo de defender los derechos sociales en Venezuela.

Convite se enfoca en la garantía del derecho a la salud, específicamente en personas mayores, por lo que ofrecen apoyo en diferentes ancianatos del país. Uno de sus objetivos, es ser el canal de comunicación entre el donante y la persona que necesita la ayuda con el fin de que la ayuda sea sostenible. 

Desde el 13 de marzo, cuando inició el período de confinamiento por la pandemia de COVID-19, Convite no ha parado de trabajar y de hacer llegar ayuda a los respectivos ancianatos. 

¿Cómo y cuándo nace la organización?

La Asociación Civil Convite surgió en febrero de 2006. Los fundadores fuimos Yolanda D´Elia y yo -Luis Francisco Cabezas-. Surgió fundamentalmente por el interés de trabajar en la defensa de los derechos sociales. 

¿Cuál era el contexto histórico al momento de nacer la ONG y cuánto ha mejorado/empeorado el entorno hasta ahora?

En 2006, ya se apreciaba un contexto de vulneración de derechos. Sobre todo en el tema de la salud. Había un crecimiento notable del autoritarismo y del desmantelamiento de la institucionalidad. Nosotros arrancamos con mucha fuerza en el área de derecho a la salud. Parte de nuestro interés era documentar esa situación.

Desde entonces, la situación ha ido empeorando, teniendo cada vez más limitaciones para operar, más persecuciones, más intimidación y hostigamiento a las organizaciones que defienden los derechos. 

¿En qué áreas se desempeña la organización?

Garantía de los derechos sociales en todas las poblaciones, específicamente en lo que son las personas mayores y el derecho a la salud. Además, Convite también se asegura de defender los derechos políticos.

¿A qué se dedicaban los fundadores antes de crear esta ONG?

Yolanda D´Elia es investigadora en el área social y yo ejercía Gestión de Estado, trabajé en la alcaldía de Chacao durante dos gestiones y en la Gobernación de Miranda.

¿Qué servicios ofrece?

Convite realiza las “tres D”. Documentamos, denunciamos y difundimos. Documentamos situaciones que exponen y vulneran los derechos de las personas. La documentación es rigurosa y se realiza bajo un método que diseñamos. Tal proceso ayuda a sustentar las denuncias, tanto en el Sistema Interamericano, Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, como en el Sistema Internacional de Justicia. Con la difusión hacemos visible esta información y vamos demostrando a personas de la sociedad que las denuncias deben hacerse.

¿Cuántas personas trabajan en la organización?

Actualmente 56 personas. Convite tiene presencia en 11 ciudades del país, en algunas con equipos propios y en otras con aliados. 

¿En qué zonas operan?

Mérida, Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, San Carlos, San Juan de los Morros, Caracas, Puerto La Cruz y Puerto Ordaz. Próximamente San Felipe y Valera. 

¿Con quién tienen alianzas estratégicas?

Valoramos mucho las organizaciones locales, por lo que se apoyan en ellas e invitan a estas ONG a apoyarse en Convite. “Nuestra idea es apoyarnos de ellos y a la vez ser un soporte de ayuda. Permitir que aprendan de nuestro oficio y nosotros también del de ellos”, indicó Cabezas.

Algunas de las organizaciones con las que Convite posee alianzas estratégicas con Codehciu, Kapé Kapé y pertenece a la red nacional de asociaciones civiles, Sinergia.

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

La negación al derecho a la salud y, por ende, la negación del derecho a la vida. 

A pesar de que la escasez de medicamentos disminuyó, ahora la gran barrera que enfrentan las personas que necesitan medicinas es el alto costo de ellas. Esa situación debe hacerse visible. Las personas mayores, hipertensas y diabéticas no toman sus medicinas lo cual los pone en riesgo. 

¿Cómo pueden ayudar personas que estén interesadas en hacerlo?

Actualmente, Convite está desarrollando un soporte de ayuda humanitaria dirigido a las personas mayores, atendiendo a los ancianatos. Se puede colaborar a través de insumos como alimentos perecederos, insumos de bioseguridad. No recibimos ropa. 

La ayuda puede hacerse de dos maneras: directamente a Convite o directamente a los ancianatos. En el segundo caso, Convite se encargaría de ser el puente conector entre el donante y el que necesita la ayuda. 

¿Cuáles son los mayores retos y amenazas de la organización?

El mayor reto es resistir y sobrevivir. Adecuarnos a esta nueva normalidad, seguir haciendo lo que sabemos hacer y no abandonar a la gente. Mantener a nuestros equipos animados y protegidos ante la COVID-19 también es un reto.

Además, las amenazas siempre están latentes sobre todo porque realizamos activismo que defiende los derechos humanos en un país donde se persigue a la disidencia, por lo que, son víctimas de hostigamiento y persecución. 

Un caso emblemático

El apoyo que logramos gracias a una rueda de prensa en el ancianato Madre Teresa de Calcuta, en Mamera, en la que invitamos a medios. Gracias a esa rueda de prensa al día siguiente varios hoteles y restaurantes de Caracas se comprometieron a hacer llegar comida preparada semanalmente. Fue bonito saber que lo que hicimos no se quedó solo en la denuncia sino que permitió que ese hecho mostrara las carencias y que otras personas se sumarán hasta el día de hoy a apoyar a ese ancianato.

Proiuris: Personas LGBTI refugiadas y migrantes requieren mayor solidaridad
Al menos 19 personas LGBTI han sido asesinadas este año en Colombia. A la xenofobia se suma la homofobia, la bifobia y la transfobia, advierte la activista Quiteria Franco

 

Más de cinco millones de venezolanas y venezolanos han huido por la profundización de la emergencia humanitaria compleja en el país y la pérdida de libertades. No hay registros confiables de cuántas son personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales).

Tampoco hay cifras oficiales sobre casos de discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género. No obstante, es una realidad en Venezuela y que se replica en Colombia.

Quiteria Franco, coordinadora general de Unión Afirmativa, explicó para Proiuris que hay muchas similitudes entre las sociedades venezolana y colombiana.

Aún cuando en Colombia se han aprobado políticas públicas y leyes para proteger los derechos de las personas LGBTI, faltan garantías.

Quinteria Franco: «Es paradójico porque al mismo tiempo América Latina es la región del mundo donde más se ha avanzado en materia legal en cuanto a reconocimiento de matrimonio de parejas del mismo sexo y reconocimiento de la identidad legal a personas trans e intersexuales.

Lo que pienso que ha pasado es que no se ha puesto en práctica un proceso de educación, formación, capacitación y sensibilización a la población.

Es decir, que al tiempo que se prueban medidas legales se debe realizar una política de inserción social. De esta manera, se despierta el odio latente de cierta parte de la población hacia las personas LGBTI.

Hasta 2017, Brasil lideraba la lista de los países donde más se asesina a personas trans, seguido de México, EEUU y Venezuela en cuarto lugar. En los tres primeros países que menciono es legal el matrimonio igualitario, y es posible para las personas trans hacer cambio de identidad legal, nombre y género. Entonces, algo ha fallado.

Proiuris: ¿Qué tan preocupante se vuelve la xenofobia en este contexto?

QF: «La xenofobia es un mal que está afectando a todos los venezolanos que han tenido que salir del país de manera forzada.Esto debido a la situación de emergencia humanitaria compleja y ahora debido a la COVID-19. Esto es sin duda alguna preocupante.

Lo que sucede, además, es que en casos de personas LGBTI ya existe una condición previa de rechazo, estigma y discriminación por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género.

En caso de hombres gay y mujeres lesbianas, es posible en algunos casos ocultar la orientación sexual. En caso de las mujeres trans esto no siempre es posible. Su apariencia física y la incongruencia con sus documentos de identidad las colocan en una situación de mayor vulnerabilidad ante personas transfóbicas.

Esta combinación de fobias, rechazo y odio, es muy peligrosa, tal como lo indican las estadísticas de crímenes de odio».

Proiuris: ¿Representa la frontera un lugar de mayor vulneración de los derechos de las personas trans?

QF: «La vulnerabilidad de las personas LGBTI las convierte, sin duda alguna, en presas fáciles para el tráfico y trata de personas, sobre todo en los puntos fronterizos, especialmente cuando estos permanecen cerrados.

La hiper-sexualización a la que son sometidas las personas LGBTI es otro agravante. Ya que se les ve como que su única función es la de dar placer, como seres meramente sexuales o de segunda clase.

Por ende, las únicas opciones de sobrevivencia son la prostitución forzada, la pornografía y cosas de este estilo. De allí la importancia de una política educativa que contribuya a cambiar esta percepción sobre las personas LGBTI.

Proiuris: En lo que va de 2020, un total de 19 personas LGTBI han sido asesinadas en el norte de Colombia, ¿qué información maneja en el resto del país?

QF: «Hay que reconocer el trabajo incansable de Caribe Afirmativo en llevar algún tipo de estadística, debido a que las autoridades en Colombia parecen no hacerlo, aunque sea su obligación. Una sola muerte violenta ya es grave.

Entiendo que CA cubre un área considerable del país y la más cerca a Venezuela, donde han llegado muchos venezolanos. Hasta ahora esa es la información que manejamos.

*Vea más AQUÍ

Codehciu | 77 personas desaparecieron en los últimos 8 años en minas del sur de Venezuela
De los 77 casos documentados desaparecidos en minas al sur del Venezuela, 13 son mujeres y 64 hombres; la mayoría con edades comprendidas entre los 20 y 30 años de edad

Al menos 77 personas desaparecieron entre 2012 y el 15 de agosto de 2020 en zonas mineras al sur de Venezuela, según la investigación realizada por la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), y un colectivo de periodistas independientes en alianza con La Vida de Nos.

La investigación fue difundida este domingo, 30 de agosto, a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas fue declarado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2011, año en el que este fenómeno fue catalogado como un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo.

“Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes”, indica la ONU.

 

La investigación revela que de las 77 personas desaparecidas en las minas al sur de Venezuela, la mitad continúa desaparecida. Del total, 13 son mujeres y 64 son hombres; mientras que 39% de los casos tienen edades comprendidas entre los 20 y 30 años de edad.

Además, el 43% de los desaparecidos documentados son mineros o comerciantes, que desaparecieron en el municipio Sifontes, el más violento al sur del estado Bolívar. Esta cifra convierte a esta jurisdicción, de acuerdo con los datos recabados, en el epicentro de las desapariciones en el sur de Bolívar.

Según la ONG, en este municipio no solo se ha documentado la presencia de grupos armados que actúan con complicidad estatal, sino también la incursión de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), denuncia que ha sido negada por autoridades militares.

El fenómeno de desapariciones se profundizó luego de la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016 por el gobierno de Nicolás Maduro. La investigación revela que 74% de las víctimas desaparecieron entre 2018 y los primeros ocho meses de 2020, lo que coincide con la expansión de la anarquía minera.

 

Por otra parte, los familiares de las víctimas coinciden en la ausencia de protocolos de búsqueda básicos por parte de las autoridades. La madre de Lisandro Murillo, un minero desaparecido en 2015 en la mina Cicapra, en el municipio Roscio al sur de Bolívar, asegura que su denuncia ante el Cicpc fue infructuosa. “No me ayudaron en nada”, dijo. La falta de respuesta obliga a los familiares a realizar búsquedas por sí mismos.

Las desapariciones suponen una grave violación de los derechos humanos tanto para las víctimas como para sus familias. El Estatuto de Roma y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas establecen que “cuando, como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido a cualquier población civil, se cometa una desaparición forzada, esta se calificará como un crimen contra la humanidad y, por tanto, no prescribirá”.

El monitoreo de desapariciones en el sur de Venezuela inició en 2019 como parte de la investigación Fosas del Silencio, que a partir de este mes se amplía a la plataforma Indelebles, un proyecto de periodistas en alianza con Codehciu para visibilizar el fenómeno de desapariciones en el sur de Venezuela.