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Reportajes Especiales

ESPECIAL ⎜El Acuerdo de Escazú: oportunidad de América Latina para salvar el planeta
El 22 de abril, Día de La Tierra, entra en vigor el tratado más importante en materia ambiental que han firmado los países de América Latina. Aunque solo once lo han ratificado, muchos esperan que sea un instrumento esencial para evitar los asesinatos de líderes ambientales y permitir que, contrario a lo que ha sucedido en las últimas dos décadas, se proteja el medioambiente
Como parte del proyecto Tierra de Resistentes, periodistas de 10 países de América Latina se unen para  realizar el reportaje colaborativo y transnacional  ¿Quién le teme a Escazú?,  coordinado por el Consejo de Redacción de Colombia con la financiación de Ambiente & Sociedad.  Runrun.es revisa la posición de Venezuela en este pacto regional para salvar al planeta 

Sergio Silva Numa

Cuenta Andrea Wulf que cuando el célebre Alexander von Humboldt estaba explorando los territorios de Latinoamérica se llevó una amarga sorpresa. Mientras recorría ese nuevo mundo observando minuciosamente la geografía, las plantas y los animales, se dio cuenta de que algo no marchaba bien. La explotación de recursos naturales, a manos del poder colonial, anotó después, había causado un verdadero caos. Los misioneros trataban a los locales de forma brutal, la búsqueda de materias primas estaba acabando con el medioambiente y las desigualdades sociales se multiplicaban. Sudamérica, apuntó en su Ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, estaba siendo destruida a manos de sus conquistadores. 

Cuando en 2015 Wulf, británica, historiadora, publicó La invención de la naturaleza, el libro en el que condensó la vida de Humboldt, los países de América Latina aún buscaban la fórmula para resolver el mismo problema que tenían cuando vino el célebre naturalista en el siglo XIX. La explotación de materias primas, base de sus economías, continuaba siendo el origen de cientos de conflictos sociales. Pese a las promesas, ningún gobierno se había resistido al “boom”, ese anglicismo que usamos para describir los altos precios del petróleo, el oro, el carbón, el cobre o el níquel.

“Porque si algo compartimos los países latinoamericanos es la riqueza de recursos naturales y la conflictividad, la exclusión y las desigualdades que ha generado su explotación”, dice Daniel Barragán, director del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio (CIIAT) de la Universidad de los Hemisferios, en Ecuador. 

“Aunque somos países muy diferentes compartimos una larga lista de conflictos ambientales. Miras a Perú, a Colombia, a Chile o a México y en todos hay una gran conflictividad. Ésa es nuestra realidad compartida”, complementa Aida Gamboa. “Por eso, en parte, el 22 de abril será un día histórico”.

Gamboa es politóloga y parte del equipo de DAR (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales), una organización civil que lucha por la protección de la Amazonía peruana. A lo que se refiere es a que hoy, después de 9 años de conversaciones, entra en vigor un acuerdo que se ha ido popularizando en la región, el Acuerdo de Escazú, cuyo verdadero nombre es imposible de memorizar:  Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

“Estamos muy optimistas”, cuenta Érika Castro, abogada y PhD en Ambiente y Ordenación del Territorio. Desde Colombia, donde es investigadora de la Universidad de Medellín, tiene una buena manera de resumir lo que significa este día: “Tal vez es el inicio para superar esta crisis ambiental. No podemos actuar como lo veníamos haciendo”.

Pero para entender la complejidad que esconde este acuerdo y no perderse por las confusas ramas del Derecho, hay que echar un vistazo al pasado y entender por qué América Latina lo necesitaba con urgencia luego de hacer boom.

Boom

Joan Martínez Alier es un tipo que no necesita presentación. Catalán y doctor en Economía, ha sido profesor visitante en las universidades de Stanford, Yale y California. Su libro La ecología de la economía es un clásico que ha sido traducido a varios idiomas y con frecuencia es invitado a dar charlas en los congresos de ciencias sociales. Aunque no vive en América Latina, puede hablar con soltura de cualquier conflicto ambiental en Bolivia, Ecuador o Brasil.

Cuando estuvo en Bogotá hace un par de años, conversamos por más de una hora sobre las dificultades de la región. Le parecía asombroso que los Gobiernos de izquierda que empezaron a surgir en la primera década de este siglo no hubiesen prestado más atención a la protección ambiental. “Impermeables” era el adjetivo con el que describía tanto a Evo Morales y Juan Manuel Santos como a Rafael Correa y Cristina Fernández. No se explicaba por qué no reconocían como suyos a los “héroes de la justicia ambiental”.

Martínez Alier empezó a cobrar popularidad fuera de los pasillos de la academia cuando en 2014 lanzó el Atlas de Justicia Ambiental. Con el apoyo de organizaciones internacionales y una larga lista de universidades y ONG, había decidido organizar en una sola plataforma los conflictos sociales relacionados con el ambiente. Hoy, siete años después, el mapa muestra 3385 casos en todo el planeta. Es difícil saber con precisión cuántos hay en Latinoamérica, pero la siguiente imagen resume mejor la compleja situación. La mayoría de problemas parecen provenir de la actividad minera, la extracción de combustibles fósiles y la gestión del agua.

Como lo muestra el Atlas de la Justicia Ambiental, Brasil es el país de la región con más conflictos (173). Le siguen México, con 149, y Colombia, con 129. Después están Perú (97), Ecuador (65) y Bolivia (42). “Todo este asunto tiene que ver con la riqueza que tiene cada país”, advertía Martinez Alier.

Junto a Mariana Walter, lo explicaba mejor en un libro (Environmental Governance in Latin America) meses después. Desde 1970, escribían que la explotación de materias primas en América Latina se había intensificado. Mientras ese año se extrajeron 2400 millones de toneladas, en 2013 esa cifra fue de 8300 millones de toneladas. La extracción de minerales metálicos, después de la producción de biomasa, era la actividad que más había crecido. Para 2012, cuando los precios estaban en su mejor época, los países de la región cubrían el 45 % de la demanda mundial de cobre, 50 % de la de plata, 21 % de la de zinc y 20 % de la de oro. “Extractivista” era la mejor palabra para definir este pedazo de continente.

“Creemos que esa tendencia estuvo relacionada con el boom de los conflictos en América Latina”, expresaban Walter y Alier en una de sus conclusiones. 

Esta ha sido la extracción de materias primeras entre 19070 y 2010.

Quienes se han dedicado a estudiar ese proceso suelen usar un término para describir una de las más grandes paradojas que genera ese boom de las materias primas: “la maldición de los recursos naturales”. En palabras sencillas, lo que sugiere es que, a pesar de tener abundantes recursos, esos países no siempre logran un buen desarrollo económico. Además, en ocasiones debilitan la economía al volverla dependiente de una sola fuente de ingresos, al tiempo que motivan numerosos conflictos sociales.  

Las consecuencias, como señalaba el Banco Mundial en 2014, se pueden resumir en un par de cifras: el 93 % de la población de América Latina y el 97 % de su actividad económica reside en países que son exportadores netos de ‘commodities’. La noticia no tan mala era que la dependencia había disminuido del 86 % en 1970 al 50 %.

En la otra cara de la moneda, como escribió el economista y experto en asuntos de política energética Francisco J. Monaldi, en la revista Harvard Review of Latin America, el boom de las materias primas que vivió el planeta desde los primeros años de este siglo y 2014, aproximadamente, permitió que América Latina “tuviera el mejor desempeño económico en décadas, ayudando a aumentar su gasto público, reduciendo la pobreza y expandiendo la clase media”.  

Pero, como también apuntaba Monaldi, “los logros macroeconómicos y sociales no pueden ocultar los significativos desafíos y los efectos negativos”. “Por años se le dio prioridad a los resultados económicos y políticos, mientras lo social y ambiental quedaron relegados”, cuenta ahora la abogada Érika Castro. “Muchos se trataron a espaldas de las comunidades y de la sociedad civil. No tuvieron acceso a nada de información. Fue la negación del otro”.

Fue justo cuando los minerales y el petróleo alcanzaban precios históricos en 2012 (US$120 por barril; US$1,742 por onza de oro) que empezaron unas conversaciones en Río de Janeiro, Brasil, para encontrar una salida a la difícil situación latinoamericana. Mientras se desarrollaba la Conferencia Río+20 de Naciones Unidas, los representantes de los países se pusieron de acuerdo para crear un tratado pionero en protección ambiental y en derechos humanos. 

“En un momento de creciente incertidumbre y profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales, los países de América Latina y el Caribe han demostrado el valor de la acción regional”, escribió años después Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el prefacio de ese documento que hoy, 22 de abril, entra en vigor y fue bautizado popularmente como el Acuerdo de Escazú.

Vientos de cambio

El 4 de marzo de 2018 en Escazú, en San José (Costa Rica), hubo un minuto de silencio. Los delegados de 33 países y de varias organizaciones de la sociedad civil decidieron cerrar esa reunión con un homenaje a Berta Cáceres, la activista indígena asesinada en 2016 en Honduras por oponerse a la construcción del proyecto hidroeléctrico «Agua Zarca». La enorme foto suya también recordaba que los líderes ambientales de América Latina estaban pasando por un mal momento.

Berta Cáceres, líder hondureña asesinada el 3 de marzo de 2016. Crédito: Goldman Prize.

El año en el que se llevó a cabo ese histórico encuentro, que culminó con la firma del Acuerdo de Escazú, mataron a 164 personas en el mundo por su liderazgo ambiental. Los datos, recopilados por la ONG inglesa Global Witness, indicaban que la mitad de los homicidios había ocurrido en Latinoamérica. Colombia, donde asesinaron a 24 personas, estaba en el segundo lugar del listado mundial, seguido por Brasil. 

Las alarmas y los titulares de prensa no habían servido para nada. En 2019 asesinaron a otros 212 líderes ambientales. Colombia, con 64 crímenes, pasó a ocupar el primer lugar, seguido de Filipinas (43). De hecho, entre los diez primeros países de esa lista, otros seis más eran latinoamericanos: Brasil, México, Honduras, Guatemala, Venezuela y Nicaragua.

Líderes ambientales asesinados en América Latina en 2019 por país.

Cuando le pregunto a Berlin Diques, líder asháninka y presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), en Perú, para qué cree que sirve el Acuerdo de Escazú, la primera parte de respuesta que se le viene a la cabeza tiene que ver, justamente, con esa situación: “Es una herramienta indispensable para garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos y el ambiente”.

En Ucuyali, desde donde habla, mataron a dos líderes a principios de este año. Herasmo García Grau y Yenser Ríos Bonzano murieron baleados por oponerse a actividades ilegales y querer frenar la deforestación. Al primero, según medios locales, también lo secuestraron y torturaron. 

ーPero, ¿cree que esa situación va a cambiar con el Acuerdo de Escazú?

ーLos pueblos indígenas esperamos que sí. Pero sabemos que nuestras comunidades poco o nada le han importado a los Gobiernos de turno. Para ellos somos un grupo de humanos en un segundo nivel de la sociedad. Por eso, así entre en vigor el Acuerdo, tenemos claro que vamos a seguir luchando para que escuchen nuestra vozー responde Diques. 

Berlin Diques, líder asháninka y presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU). Crédito: Cortesía ORAU.

Su temor lo comparten muchos. Aunque el documento final que fue firmado en Costa Rica es, de alguna manera, revolucionario, falta un largo camino para que empiece a surtir efecto. Daniel Barragán, del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio, en Ecuador, prefiere, por ejemplo, pararse del lado de la prudencia. 

Se ha generado una gran expectativa, pero tenemos que ser claros: el 22 de abril no van a cambiar las cosas. Tenemos que ser conscientes de que el Acuerdo plantea un proceso de implementación. Cada país deberá hacer reformas políticas y normativas. La región no parte de cero, pero hay que ver cómo aterrizamos ese documento en los territorios. Los cambios no se darán de la noche a la mañana”, explica.

“A partir de hoy empieza una segunda fase de implementación y entrada en vigor. Es un largo camino. Pero ha sido un proceso que va a tener un gran impacto en el derecho y la democracia ambiental”, dice, por su parte, Mauricio Madrigal, director de la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, en Colombia. 

Para explicar en qué consiste el Acuerdo y no perderse en los términos de las leyes y los códigos, Madrigal usa una analogía. Imagínese, asegura, “que se establecieron unos ‘pisos mínimos’ que deben tener los países en ciertos asuntos, los cuales permiten fortalecer la democracia ambiental en la región. Además, lo importante es que fueron construidos con la participación de muchas personas de la sociedad civil y representantes de gobiernos. Eso permitió consolidar algo clave en este proceso: una gran red de cooperación”.

Esos “pisos mínimos” sobre los que se deberían parar los Estados latinoamericanos se podrían dividir, como escribió el constitucionalista Rodrigo Uprimny en 2019, en cuatro grandes grupos. El primero permite incrementar la transparencia en asuntos ambientales, pues fortalecerá el acceso a la información. El segundo reforzará la democracia ambiental, ampliando la participación ciudadana en todas las discusiones. El tercero mejorará la justicia ambiental al crear mecanismos judiciales ambientales. Y, finalmente, el cuarto será esencial para que no vuelvan a suceder crímenes como los de Berta Cáceres, Herasmo García Grau o Yenser Ríos Bonzano. “Establece”, apuntaba Uprimny, “una protección especial a los defensores ambientales”. 

En otra palabras, escribió Madrigal junto al abogado Luis Felipe Gumán-Jiménez en el libro Información Participación y Justicia Ambiental (2020), el Acuerdo de Escazú “pretende generar estándares comunes en materia de información ambiental, participación ciudadana y acceso a la justicia en asuntos medioambientales para cerca de 500 millones de personas en la región”. 

En este punto la gran pregunta es ¿qué sucede si un país, simplemente, no lo quiere cumplir? Como explica Barragán, el acuerdo no plantea sanciones porque no tiene un enfoque punitivo. “Las infracciones se juzgan con la normativa interna de cada país; pero, en términos internacionales, no se creó una jurisdicción ambiental internacional, entonces no se puede llevar a ningún Estado a ninguna corte en caso de incumplimiento”, dice Érika Castro.

Sin embargo, coinciden todos los que fueron entrevistados para este texto, el Acuerdo ayudó a crear algo mucho más importante que un listado de artículos esperanzadores. Como en su construcción participaron muchos líderes, organizaciones y académicos que vigilaron el proceso y sugirieron cambios (tenían voz pero no voto), eso permitió, cuenta Castro, la creación de una gran plataforma de actores ambientales de toda Latinoamérica.

“Eso es importante porque viene un trabajo de mediano y largo aliento para la sociedad civil. Nos corresponde hacer seguimiento y garantizar que no se quede en pacto de papel. La idea es que haya una co-creación entre el Estado y la sociedad y un espacio de diálogo permanente. Nosotros tenemos que impulsarlo”, agrega Aida Gamboa, de DAR. 

Daniel Barragán tiene una buena manera de sintetizar esas reflexiones: “Lo que plantea el Acuerdo es cambiar la relación entre el Estado y la ciudadanía”. En palabras un poco más prácticas, eso quiere decir que, en el mundo ideal, los Gobiernos de Jair Bolsonaro, de Alberto Fernández o de Sebastián Piñera, no podrían o no deberían impulsar nuevos proyectos de explotación de recursos naturales sin tener en cuenta la participación de las comunidades. Tampoco podrían ocultar ningún tipo de información. Si no eluden sus responsabilidades, los Gobiernos también deberían, como anotaron Madrigal y Guzmán, adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los ataques y amenazas contra los defensores del medio ambiente. 

En 2018 el abogado argentino especialista en asuntos ambientales Gastón Médici Colombo publicó un extenso artículo en la revista Catalana de Derecho Ambiental en el que detallaba el proceso detrás del Acuerdo de Escazú. Había, a sus ojos, muchos puntos para destacar. Además de lo que significará este tratado como herramienta de cooperación entre países y como un instrumento para instituciones internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, había para él algo muy valioso que debía ser subrayado. 

“Difícilmente”, anotaba, “el resultado hubiese sido el mismo sin la magnífica participación del público” que acompañó (como Érika Castro, Aida Gamboa, Daniel Barragán o Mauricio Madrigal) todos los encuentros, “exigiendo estándares y recordando los compromisos asumidos”. “Merecen todo el reconocimiento”, concluía.

Ahora que el Acuerdo de Escazú entra en vigor, ellos solo esperan que todos los países de América Latina lo ratifiquen, pese a las campañas de desinformación, los juegos políticos y los cambios de presidentes. Hasta el momento solo lo han hecho doce: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, y más recientemente, Argentina y México. Faltan más de la mitad. 

Para leer el especial completo #QuiénLeTemeAEscazú haga click en la imagen

 

 

Especial | COVID-19 en Venezuela: la pandemia de la opacidad
El número diario de muertes reportadas por la gestión de Maduro ha oscilado invariablemente entre 0 y 12 fallecidos
La ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) comenzó a llevar una estadística para reflejar las muertes por COVID-19 del personal de salud, debido a la opacidad de la información oficial
Durante este primer año en pandemia, solo en dos oportunidades el ministro de Salud, Carlos Alvarado, ofreció el reporte de contagios y fallecidos por COVID-19

 

A un año de la detección del primer caso de COVID-19, Venezuela registra 145.379 casos confirmados y 1.391 muertes, según cifras ofrecidas por la administración de Nicolás Maduro.

La veracidad de cifras son puestas en entredicho porque están alejadas de cualquier comportamiento epidemiológico si se toman en cuenta las proyecciones, la evolución en países con población similar (Perú con 1.358.294 positivos y 47.491 muertes) y los hechos irregulares que se han presentado en el proceso de diagnóstico, prevención y monitoreo de la pandemia.

El virus arribó oficialmente a Venezuela el 5 de marzo en un vuelo proveniente de España bajo el código IBE6673 de la aerolínea Iberia, pero se supo el 13 de marzo, cuando lo anunció la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez.

El equipo de Runrun.es realizó un recuento gráfico de lo que fue el primer año de COVID-19 en el país. El trabajo se divide en seis capítulos, los cuales cuentan cómo se desarrolló este primer año de la pandemia en Venezuela.

Uno de los puntos abordados en esta investigación es la opacidad de la información oficial sobre la muerte de médicos, enfermeras y personal de salud en general, por lo cual la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) comenzó a llevar una estadística para reflejar las muertes por COVID-19 de los miembros del gremio. Hasta el 8 de marzo de 2021 la organización ha incluido en su estadística a 354 trabajadores de la salud. Esa cifra representa el 25,45% del total oficial de muertes en el país. Con ese porcentaje, el personal de salud venezolano sería por mucho el más afectado por la pandemia en la región.

Por otra parte, desde que se anunció el primer fallecido, el número diario de muertes reportadas por la gestión de Maduro ha oscilado invariablemente entre 0 y 12 fallecidos, patrón que se repite independientemente del número de casos positivos que anuncien.

Venezuela tiene el promedio de casos y fallecidos más bajo de la región, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cifras que han sido marcadas por la desconfianza que han generado las declaraciones y estudios de expertos en el área de salud, las denuncias de políticos y personal médico, y el sesgo en el registro de contagios y muertes.

Durante este primer año de contagios, quienes realizaron la vocería de los casos fueron la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez; Freddy Ñañez, ministro de Comunicación e Información; y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y exministro de Comunicación e Información. Solo en dos oportunidades el ministro de Salud, Carlos Alvarado, fue el encargado de dar las cifras oficiales.

En estos 365 reportes oficiales de COVID-19, los voceros revelaron el nombre de 8 de los 1.430 fallecidos. En cuanto al personal de salud fallecido, solo hicieron mención de 27 de los 354 casos reportados por la Organización Médicos Unidos de Venezuela.

Puede acceder al especial completo “COVID-19 en Venezuela: la pandemia de la opacidad” a través de la siguiente imagen:

CONNECTAS Feb 08, 2021 | Actualizado hace 5 meses
Haití: el gobierno de las pandillas
Desde comienzos del 2020, las bandas armadas siembran el terror en el país caribeño. Alentadas por la impunidad y sus relaciones privilegiadas con las autoridades, las pandillas triplicaron los secuestros el año pasado, a pesar de la pandemia, en barrios populares de la capital.

Por: Jameson Francisque para Ayibopost y CONNECTAS / Foto: Dieu Nalio Chery

Ericka Vilsaint corría en medio de la noche. Estaba débil porque no había comido en más de cinco días. Sus secuestradores la acababan de liberar y no sabía dónde estaba. Solo sabía que tenía que correr, hasta el agotamiento total si era necesario. A unos cien metros de distancia, el auto de los secuestradores la seguía. No volvió la cabeza, pero las luces que brillaban tenuemente en la carretera eran suficientes para saber que estaban allí.

Fue secuestrada el 5 de septiembre de 2020 en Marlik, una localidad en lo alto de Pétion-Ville, una comuna de Puerto Príncipe, la capital haitiana. Un automóvil de lujo, con vidrios polarizados, pasó a su lado y se detuvo frente a ella. Se bajaron dos hombres. El primero le apuntó con su arma y el segundo la tomó del brazo para empujarla dentro del vehículo.

Los bandidos contactaron a sus padres. “Nos pidieron 200.000 dólares por su liberación. Su padre negoció, diciendo que no podíamos recaudar esa cantidad. ¡Ni siquiera trabajamos!”, dijo la madre de la adolescente, quien se dedica a vender comida en obras de construcción. El padre es albañil, pero son pocas las oportunidades para trabajar.

Después de muchos intentos de negociación, la cantidad se redujo a una suma más asequible —la familia no quiso dar más detalles sobre el monto acordado—. Los secuestradores les explicaron a los padres de Ericka cómo entregar el dinero y recoger a la niña.

“Ella estaba en un estado terrible. Sucia, como una niña abandonada. La habían golpeado con tanta fuerza que le dislocaron el brazo. La acompañamos a la comisaría de la zona y luego al hospital. Después de esta experiencia, pensé que se estaba volviendo loca. Hablaba sola, rompía cosas en la casa. Desde entonces ya no va a la escuela, tiene miedo de salir”, relató la madre de Erika en entrevista con Ayibost.

Ericka Vilsaint fue secuestrada el 5 de septiembre del 2020. Sus padres estaban desempleados. Ella tenía 17 años. Crédito: Tomada de Facebook

Cualquier persona es una víctima potencial de secuestro en Haití. Los pandilleros escogen sus víctimas al azar, sin ningún patrón específico. Esa es la percepción que se ha ido consolidando entre los haitianos, y especialmente entre los habitantes de Puerto Príncipe, desde que este delito comenzó a aumentar en febrero del año pasado. Vendedores informales, estudiantes, comerciantes y hasta policías han sido víctimas.

La magnitud real de este flagelo es difícil de calcular en números en un país donde el acceso a la información es casi nula y las organizaciones no gubernamentales –que pululan en Haití– manejan diferentes cifras. Además, son muchas las familias que prefieren negociar directamente con los bandidos; confían más en las redes sociales que en la policía, para encontrar a sus seres queridos o recaudar el dinero del rescate.

No obstante, los reportes presentados por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) ante el Consejo de Seguridad durante el año pasado sí muestran un marcado aumento del secuestro. Según el informe de septiembre, los casos se incrementaron un 200 por ciento entre enero y mayo con respecto al periodo anterior. En total, 92 casos fueron reportados a la Policía en ese periodo, 50 de ellos en febrero.

Por su parte, la organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus afirma que se registraron más de 1.000 secuestros en todo el 2020; una cifra desproporcionada para un país del tamaño de Haití, comparable con estimados de secuestros en México (1.387 según la ONG Alto al Secuestro) en el mismo periodo, a pesar de tener solo una décima parte de su población.

La BINUH se basa en casos reportados ante la Policía Nacional de Haití (PNH). A lo largo de esta investigación periodística, publicada por Ayibopost y CONNECTAS, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), se hicieron varios intentos de obtener información directa de la PNH, pero no se obtuvo respuesta.

 

El aumento del secuestro evidencia el deterioro general de la seguridad en el país, que va de la mano de la creciente crisis de gobernabilidad de Jovenel Moïse. Desde enero del 2020, Jovenel Moïse gobierna solo, por decreto, pues el periodo de los parlamentarios expiró y el jefe de Estado no convocó elecciones para reemplazarlos. De esta manera, ha tomado varias decisiones controversiales; por ejemplo, la creación de una agencia nacional de inteligencia, cuyos miembros están por encima de toda la ley y solo informan al presidente, o las acciones para restarle poder al Tribunal Superior de Cuentas, que lo había acusado de actos de corrupción.

Además, varias organizaciones de derechos humanos habían denunciado años atrás la relación del gobierno de Moïse con las pandillas. Y en 2020 los indicios de esto fueron especialmente evidentes.

En abril, en medio de una rueda de prensa sobre la covid-19, el primer ministro, Joseph Jouthe, aseguró que estaba en constante comunicación con los pandilleros, que conocían su número de teléfono, al que lo habían llamado al menos una vez. Izo, un líder de una pandilla, se había quejado ante el ministro por los controles de carretera colocados por la policía fuera del barrio controlado por su banda. En vivo, el jefe de gobierno le prometió al bandido que lo llamaría durante la noche.

Sobre este hecho, el ministro Jouthe le dijo a Ayibopost que le había contestado a los pandilleros como lo habría hecho con cualquier otro ciudadano: “Las pandillas se ven a sí mismas como agentes de desarrollo porque son la ley en estos barrios. Me llamaron para pedir ayuda y aproveché para invitarlos a deponer las armas y retomar la vida normal. Lamentablemente, no aceptaron y ahora la PNH está pasando directamente al desmantelamiento. No veo por qué se enfadan por eso, me llamaron y respondo como a todos”.

Dos meses después, se creó una alianza entre nueve de las principales pandillas de la capital. La federación conocida como G9 an fanmi e an alye (familia y aliados, en creole), es dirigida por Jimmy Cherizier, alias Barbecue, un expolicía que fue retirado de esa institución en diciembre del 2018, bajo graves acusaciones de violaciones de derechos humanos.

Según la Fundación Je Klere, una organización de derechos humanos muy crítica del gobierno, el G9 se creó para asegurar la victoria del partido del Presidente de la República, el PHTK, en las próximas elecciones. Lo mismo asegura la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDHR), una de las ONGs más conocidas del país. Los territorios controlados por esta alianza son importantes en términos de electorado. Cientos de colegios electorales se encuentran allí durante las elecciones, según el informe del grupo de derechos humanos.

“Fue Jimmy Cherizier quien puso a disposición del Estado, en Delmas 6, una sala para instalar una sede de la Oficina Nacional de Identificación”, le dijo a Ayibopost Pierre Espérance, director ejecutivo de la RNDDH. “En esta zona, las cartillas electorales se fabrican bajo sus órdenes”.

 

A pesar de que Jimmy Cherizier ha negado varias veces —en declaraciones conocidas a través de redes sociales— su connivencia con el gobierno, la mayoría de las acciones del expolicía han beneficiado indirectamente a la administración de Moïse.

Según reportes de la ONU y ONGs locales, Cherizier participó en la masacre de La Saline, —barrio popular de Puerto Principe y uno de los epicentros de las protestas contra Moïse— cuando todavía era policía, en noviembre del 2018. Al menos 26 personas fueron asesinadas y 12 fueron desaparecidas. Cherizier negó su participación, pero fue expulsado de la Policía un mes después. A partir de ese primer ataque las acciones violentas se incrementaron en La Saline, hoy en día una zona controlada por el G9.

Siguiendo un patrón muy similar al de La Saline, un año después Cherizier, alias Barbecue, atacó el barrio de Bel Air, otro bastión de la oposición. Según un informe de la BINUH, el objetivo inicial era eliminar las barricadas que habían instalado en esta zona. Cherizier y sus hombres quemaron 30 viviendas y 11 vehículos.

“Lejos de ser un hecho aislado, el ataque a Bel Air muestra la evolución reciente del contexto actual en Haití, principalmente caracterizado por la inseguridad general en los barrios populares y marginales, la impunidad de los miembros de pandillas que cometen violaciones de derechos humanos, la presunta colusión entre ellos y ciertos actores políticos y económicos”, señala el informe de la BINUH de febrero del 2020.

Jimmy Cherizier, alias Barbecue, posa junto a sus antiguos compañeros de la Policía. Crédito: tomada de redes sociales.

Un aumento desmedido

En medio de esta oleada de violencia,  los casos de secuestros se volvieron a disparar a mediados del año pasado, una vez se consolidó la alianza entre las bandas armadas y retomaron sus negocios, según reportó la BINUH.

Para Djmes Olivier, quien estudia el fenómeno de las pandillas en Haití, el aumento de los casos de secuestro se debe a la facilidad con la que se recauda el dinero. “Hasta hace poco, la gente solía ser asaltada cuando regresaba del banco. Pero estos actos han bajado mucho. Los bandidos están pensando en otras estrategias, y con el secuestro se gana dinero más rápido. Hay grupos especializados en secuestros, pero hay son cada vez más pequeños grupos armados que lo hacen también, porque es lucrativo”.

Según un médico que fue secuestrado y contó su caso para esta investigación, los pandilleros tienen la instrucción de no volver a casa con las manos vacías. “Uno de los bandidos que custodiaba la casa me dijo que yo no era la persona a la que iban a secuestrar. Pero no lo habían encontrado. Cuando estaba en el camino, me llevaron en su lugar”, contó el médico que fue raptado a pocos metros del Palacio Nacional.

En principio, los rescates exigidos son exorbitantes: de 100.000 a un millón de dólares estadounidenses. Cantidades que las víctimas no tienen. Después de la negociación, la cantidad disminuye. Para pagar, las familias apelan a la generosidad lanzando campañas de gofundme, con la esperanza de encontrar a sus seres queridos sanos y salvos.

La sociedad haitiana ha protestado en repetidas ocasiones en contra de su precaria situación de seguridad y el aumento de los secuestros y asesinatos. Crédito: Dieu Nalio Chery

 

Gracias a este rentable ‘negocio’, las bandas armadas han experimentado un desarrollo sin precedentes. Según cifras proporcionadas por la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración (CNDDR), existen más de 76 pandillas en el país. Actualmente, 500.000 armas ilegales están circulando en el país.

 

El 16 de noviembre de 2020 se nombró un nuevo de la Policía Nacional de Haití. El nuevo director, Léon Charles, estuvo al frente de la PNH en 2004, cuando el secuestro estaba desatado, como hoy. Charles ya ha lanzado varias operaciones contra ciertos líderes de pandillas, especialmente en Gran Ravine. Sin embargo, la estrategia no parece dar resultado. El pasado 20 de enero unos escolares fueron secuestrados en la localidad de Carrefour, a unos 10 km de Puerto Príncipe y a pocos metros de las zonas de Grand Ravine y Martissant, controladas por el G9.

A pesar de la creciente represión policial, los haitianos siguen saliendo a las calles a protestar contra el secuestro y la inseguridad. También se manifiesta la oposición, que exige la salida de Moïse este 7 de febrero, cuando según ellos se cumplen 5 años de mandato. Por su parte, el presidente asegura que todavía le queda un año más y que ahora sí convocará a elecciones, pospuestas desde el 2019. En cuanto al auge de los secuestros, el mandatario anunció la creación de un grupo de trabajo liderado por el ministro Jouthe, y aseguró que trabajan para encontrar “la verdadera fuente del problema”.

Si le interesa saber más de la oleada de violencia y secuestros en Haití, ingrese acá.

* Este reportaje fue realizado por Jameson Francisque para Ayibopost  y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.

CONNECTAS Feb 02, 2021 | Actualizado hace 6 meses
La justicia al servicio del sandinismo
La mayor parte del poder judicial en Nicaragua está a las órdenes del Ejecutivo. Los magistrados hablan de manera abierta del respaldo al partido de gobierno y cómo sujetan sus decisiones a criterios políticos

CONNECTAS 

Uno de los últimos capítulos públicos de la falta de independencia de la justicia en Nicaragua tuvo como escena un encuentro legislativo con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, en el cual se discutía un proyecto de ley que castiga las noticias falsas, promovido por el gobierno de Daniel Ortega y aprobado con celeridad por diputados sandinistas el año pasado.  

A la salida de la comisión a inicios de octubre de 2020, cuando se cumplía con el proceso de consulta con distintos actores, un grupo de escoltas impidió a los periodistas el acceso a la magistrada Ramos que se calló de ese modo sobre la ley Especial de Ciberdelitos.

Lo que no se supo entonces es que, tras bambalinas,  a pedido del Ejecutivo, fue el poder judicial el autor del proyecto de ley que fue presentada posteriormente por los diputados sandinistas como si fuese de ellos, una norma que entró en vigencia desde diciembre pasado y fue denunciado como una amenaza para la libertad de expresión según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

“Según nos explicaban es un trabajo que vienen haciendo desde hace un año (preparando la propuesta), y tuvieron el mandato del presidente de la República (de) conocer cómo se estaba haciendo en otros países esta ley, de modo en adecuarla al contexto nicaragüense”, explicó el diputado Mauricio Orúe, vicepresidente de la comisión de Justicia al diario local La Prensa. La diferencia entonces de otras ocasiones en la última década es que los funcionarios judiciales no asumieron en declaraciones ante los periodistas la injerencia del orteguismo en sus decisiones técnicas. 

Ramos Vanegas, de 71 años, ha sido magistrada de la Corte Suprema de Justicia desde 1988 —casi la mitad de su vida— y preside la institución desde 2010 con el apoyo de Daniel Ortega y la estructura partidaria sandinista. Ingresó a las filas de esa organización como colaboradora antes de 1979, en los años en que jóvenes guerrilleros luchaban contra Somoza. La llamaban “Natalia” en aquella época en que usaban seudónimos para protegerse a ellos y a sus familias.

Más de cuarenta años después, los jóvenes que se oponen a Ortega lo denuncian en las redes sociales desde cuentas anónimas, mientras la magistrada ocupa el nivel más alto de la jerarquía judicial, un cargo en que abiertamente asume posiciones en defensa del caudillo nicaragüense, igual que hacen otro grupo de jueces que asisten incluso a actividades políticas. Tienen además sus oficinas decoradas con emblemas del FSLN, lo que puede comprobarse en una serie de imágenes filtradas por empleados del poder judicial para este reportaje.

Su vicepresidente dentro de la CSJ es el sandinista Marvin Aguilar García, sancionado por Estados Unidos el 21 de diciembre de 2020 por reportar coordinadamente a los “objetivos de la oposición democrática” desde su cargo judicial, cruzado políticamente por su rol de secretario político nacional del Consejo de Liderazgo Sandinista en la Corte Suprema de Justicia, lo que le permite tener contactos directos con el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo.

Esta influencia en la estructura judicial, a manos del mismo partido, supera al 70 por ciento en todo el país, según dijo el magistrado liberal Manuel Martínez en 2014 al periódico digital Confidencial que “por muy independientes que (los jueces) quieran ser, si les hacen una llamada deben atenderla”. Eso significa que, si el más reciente dato oficial del personal judicial suma 394 jueces en todas las dependencias del país y 64 magistrados en apelaciones, hay unos 320 en ambos niveles abiertamente al lado del oficialismo, mientras los otros deben alinearse o salir del sistema para evitar represalias.

Aunque Martínez no quiso dar declaraciones cuando fue consultado para este reportaje, una entrevista en octubre de 2020 del exmagistrado de apelaciones, José Antonio Barrientos Watson, confirma que el FSLN logró el control de manera paulatina. En 2014, cuando los legisladores sandinistas lograron nombrar a adeptos a su causa a diez de 12 magistrados, que integran la Corte Suprema de Justicia, se dio una barrida (despidos masivos) en Apelaciones con lo que se reforzó el control.

“La independencia judicial no existe. En casos donde hay intereses políticos o personales de magistrados de la Corte, para fallar tenés que llamar al magistrado que atiende la zona para ver qué orienta”, explica Barrientos Watson, a quien su despido se lo argumentaron por escrito como realizado “por conveniencia de la institución”.

Yader Morazán, un extrabajador de los juzgados en Matagalpa y hoy en el exilio, relató a esta investigación, parte de la serie periodística #NicaraguaNoCalla, que el partido ejerce influencia en las instancias de ese poder del Estado a través de dos estructuras: Los Comités de Liderazgos Sandinistas (CLS)– en los que el magistrado Aguilar es secretario– y la Juventud Sandinista (JS). Ambas organizaciones tienen presencia en la institución y en los barrios.

Magistrados sandinistas atienden territorios 

Según fuentes judiciales, los magistrados de la CSJ se dividen cada año el territorio por circunscripción y lo atienden políticamente. En 2020, Ramos  vio Managua, capital de Nicaragua; Aguilar la circunscripción norte; la magistrada Juana Méndez la circunscripción occidental; el magistrado Armengol Cuadra Las Segovias; la magistrada Yadira Centeno la circunscripción oriental; la magistrada Ileana Pérez la circunscripción Sur; el magistrado Gerardo Arce la circunscripción Central y la magistrada Ellen Joy Lewis la circunscripción Caribe norte y sur. Todos son del partido de gobierno.

Funcionarios consultados revelaron además que, cuando las directrices políticas son para los jueces, se reúnen con Ramos, Méndez, Aguilar y Virgilio Gurdián, un ex ministro liberal nombrado en 2014, aunque según fuentes judiciales los sandinistas no lo toman en cuenta para estas decisiones. Todos estos funcionarios son miembros del Consejo de Administración de la CSJ.

Las otras órdenes son enviadas a través de los CLS y la JS en la institución judicial. Los trabajadores incluso de áreas administrativas son controlados por los sindicatos, encargados de la afiliación de miembros del partido dentro de la institución. También les piden el 1 por ciento del salario como “contribución partidaria”. Al principio, las mismas fuentes consultadas, dijeron que los políticos (comisarios sandinistas) de sus áreas le dijeron que todo sería voluntario, lo que no se cumplió en la práctica. 

Estas “contribuciones” han sido denunciadas como irregulares, e incluso son mayores en otras instituciones estatales,  lo que ha sido denunciado por los medios de comunicación locales. 

El relato del exmagistrado Barrientos Watson, despedido según él por razones políticas, permite redondear el retrato de un poder judicial parcializado a los intereses de Ortega e impune. Otras aristas de este mismo retrato se pueden ver a través de historias como la de Margarito García, un ex trabajador de los juzgados en el departamento de Chontales que se vio forzado a contar su historia desde la cárcel antes de ser sorpresivamente liberado por el Ministerio de Gobernación, o la de Luis Enrique Cuevas, un expreso político  que ha denunciado el exceso de la justicia en su caso, perseguido por vender la bandera de Nicaragua, considerada como subversiva por el partido de gobierno desde 2018. 

Un informe de inicios de diciembre pasado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrito a la Organización de Estados Americanos, criticó en diciembre al sistema de justicia cuando se refirió a “las personas privadas de libertad en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018”..

La CIDH logró establecer que al menos 1.614 personas fueron encarceladas en este contexto, un proceso en el cual el poder judicial tuvo una participación clave. El organismo señaló violaciones a las garantías y al derecho a la justicia derivadas de la apertura de procesos judiciales “bajo cargos infundados mediante formatos de acusación preestablecidos, fabricación y manipulación de pruebas, afectaciones al derecho a una defensa legal oportuna, técnica y adecuada”.

El 23 abril de 2018,  días después de iniciadas las protestas opositoras, en una nota del poder judicial, Ramos abiertamente salió en defensa de Ortega, adelantando la posición pública del poder que preside y atribuyó lo que ocurría a una campaña mediática. “Si acá hay un terremoto van a protestar porque el gobierno es culpable del terremoto”, dijo.

De acuerdo con la CIDH, en Nicaragua fueron asesinadas 328 personas, la mayoría víctima de la represión. El Estado asumió que se trataba de un intento de golpe, aunque las protestas fueran pacíficas y no hubiera evidencia de lo otro. Posteriormente, al retomar el gobierno el control de las calles, iniciaron los procesos judiciales.  Solo entre abril y diciembre de 2018 ingresaron a las cárceles de Nicaragua 500 presos que fueron encarcelados por motivos políticos, según organismos independientes

Los opositores procesados fueron declarados culpables por siete jueces con antecedentes sandinistas, de los cuales tres—lejos de ser apartados del sistema por las denuncias de parcialización en el caso de los opositores— fueron ascendidos en los últimos meses a magistrados de apelaciones. Se trata de Ernesto Rodríguez, Rosario Peralta y Edgar Altamirano, según información oficial. En tanto, otro de ellos, el juez Julio Arias fue nombrado como director de una oficina  que vigila las actividades de los abogados desde la CSJ.

Para Vilma Núñez de Escorcia, una de las más destacadas defensoras de derechos humanos en Nicaragua, “los jueces y magistrados son operadores políticos. Estamos viviendo una dictadura institucional”, concluye.

Pese  a las críticas al poder judicial, la presidenta de la CSJ no hizo ningún comentario, aunque CONNECTAS  le hizo llegar una solicitud de entrevista al portavoz del poder judicial, Roberto Larios, la que nunca fue respondida. Los cuestionamientos a esta institución trascienden la ley de ciberdelitos (sobre noticias falsas), después que también respaldaron a finales de 2020 la aprobación de otras leyes para controlar a “agentes extranjeros” que reciban fondos e intenten programas que el gobierno considere que atentan contra “la seguridad del Estado”e igual apoyaron la instauración de la cadena perpetua para autores de “crímenes de odio”.

La injerencia política tiene un pasado mayor. En las últimas dos décadas, varias sentencias han vinculado las decisiones judiciales a los intereses de Ortega. En 1999, cuando el caudillo sandinista, fue acusado por violación por su hijastra Zoilamérica Narváez, la jueza Juana Méndez declaró prescrita la causa. A la vuelta de veinte años, ahora es también magistrada por apoyo del FSLN, del cual es orgullosa militante.

“Si el sandinismo no existiera, yo no fuera política. Pero mientras exista el sandinismo, yo voy a ser política, porque soy sandinista en las buenas y en las malas”, clamó orgullosa la magistrada Méndez al diario oficialista Barricada.  

En 2010, un año antes de las elecciones presidenciales, los magistrados sandinistas aprobaron una sentencia con la que Ortega —en el poder desde 2007— pudo postularse a la reelección, entonces prohibida por la Constitución.

El poder judicial ha eliminado posibles competidores del FSLN en las elecciones como en 2008 cuando quitó la personería jurídica del Movimiento Renovador Sandinista, crítico del mandatario. Ese año hubo comicios municipales.

En 2016, cuando se dieron las elecciones presidenciales, la CSJ falló contra el opositor Partido Liberal Independiente, donde varios de sus miembros estaban envueltos en una controversia jurídica interna por la representación de la organización que duró  cuatro años, y se la quitaron al opositor Eduardo Montealegre, rival político de Ortega, para entregarla a otro bando al que operadores del FSLN le ofrecieron la oportunidad de dirigir el partido antes de la sentencia.

Para el gobierno de Estados Unidos, los objetivos comunes del FSLN y el poder judicial trascienden los intereses políticos. Ese gobierno sostiene que se han facilitado sentencias como mecanismo de recaudación para el partido. “Daniel Ortega y el sandinismo han recibido dinero para financiar campañas electorales del FSLN de narcotraficantes internacionales a cambio de ordenar a los jueces sandinistas la liberación de narcotraficantes”, afirmó en el mismo sentido un cable publicado por Wikileaks en 2010. La respuesta oficial fue decir que se trató de una mentira

La construcción del poder en los tribunales

La influencia sandinista se fue construyendo desde que Ortega dejó por primera vez el poder tras el fin de la revolución sandinista en 1990. 

La magistrada Méndez relató a la misma Barricada que fue el comandante Tomás Borge, uno de los fundadores del partido de gobierno, ya fallecido, quien tuvo a cargo la estrategia de orientar que los exfuncionarios y exguerrilleros estudiaran derecho. “Había una modalidad sabatina que el Comandante Borge mandó a organizar para que nosotros continuáramos a estudiar”.

Aunque con el paso del tiempo, ascendieron hasta convertirse en jueces y magistrados y hoy son uno de los músculos más visibles en el poder ejecutivo actual, la influencia del FSLN en la CSJ se fortaleció en 2000 según el exprocurador  general Alberto Novoa, quien estuvo en el cargo entre 2004 y 2007. El momento clave ocurrió con el pacto político entre el entonces presidente Arnoldo Alemán y Ortega — en la oposición en aquel momento— lo que permitió que se repartieran las instituciones entre adeptos de ambos líderes.

La CSJ quedó compuesta por ocho magistrados liberales y ocho sandinistas. Sin embargo en 2002, cuando Alemán fue llevado a juicio por corrupción, en un proceso que investigó la misma magistrada Méndez, la balanza se inclinó al sandinista.  Se renegociaron las cuotas de poder, de acuerdo con Novoa, y los liberales entregaron todo a cambio de la libertad de su líder.

“Alemán pasó de socio mayoritario a rehén de Ortega. Una parte de funcionarios liberales, con su líder en la cárcel, se pliegan  al sandinismo en busca de protección para no perder su puesto”, explicó Novoa.

La toma total del FSLN en la CSJ se dio finalmente en 2014, gracias a la mayoría sandinista en el Parlamento que nombró a los nuevos magistrados. Fueron 11 sandinistas de un total de 16. De estos actualmente quedan 12, porque tres renunciaron al cargo y uno falleció. Los funcionarios se mantenían en sus puestos hasta inicios de 2020.

Los despidos en los tribunales de Apelaciones, decididos por los magistrados sandinistas a partir de 2014, permitieron aumentar el control, reveló el exmagistrado José Antonio Barrientos. “Después de esa barrida (despidos), quedó un dos por ciento de liberales en el poder judicial contra 98 por ciento sandinistas, pero ese dos por ciento vota como aliado para conservar su trabajo”, dijo el exfuncionario.

Acariciando el poder total, el FSLN se radicalizó en las estructuras judiciales a partir de 2018 cuando se dieron las manifestaciones opositoras que fueron reprimidas por policías y paramilitares. El objetivo era controlar el descontento. En los tribunales, tampoco se tolera el disenso con el discurso oficial como muestra la historia del ex trabajador de los juzgados de Chontales, Margarito García, quien estuvo detenido durante siete meses antes de su liberación el 18 de diciembre pasado. 

“Los que hemos salido (de la cárcel) no tenemos miedo”

Antes de que lo trasladaran a su casa por decisión del Ministerio de Gobernación, que le dio el beneficio de convivencia familiar,  García, quien laboró en los juzgados de Chontales, estuvo encarcelado y, desde prisión, se arriesgó a contar su historia a CONNECTAS.  

García dijo que su pecado fue negarse a afiliarse al partido y criticar en un espacio público al Ejército cuando Estados Unidos sancionó al general Julio César Avilés por negarse a desarmar a los paramilitares que ejecutaron la represión con la Policía. 

El ex funcionario tiene 47 años, de los cuales 18 trabajó para el poder judicial. Nunca tuvo un llamado de atención. Sin embargo, enfrentó un proceso por ocultación y destrucción de documentos judiciales, lo que él considera fue una trampa de sus superiores. 

“Deseo grandemente que mis hermanos que todavía están en la cárcel salgan porque (ellos) no se merecen ser reos políticos. Los que hemos salido (de la cárcel) no tenemos miedo”, dijo García posterior a su liberación.

La presión que enfrentan los trabajadores del poder judicial no se limitan a los expuestos por García. También se expresan  en “invitaciones” a actividades partidarias, capacitaciones y a algunos les piden hasta enviar fotografías para demostrar que participan en actividades del FSLN. Esas labores de monitoreo político son las menos públicas de las injerencias.

El ex magistrado Rafael Solís denunció durante su carta de renuncia al cargo en enero de 2019 que en Nicaragua se dio la instalación de una dictadura con características de “monarquía”.

“Sustituyendo ustedes (Ortega y Murillo) en sus decisiones  a todo el poder judicial en su conjunto incluyendo a nuestros propios jueces, a quienes defiendo porque no tenían más alternativa que obedecer las órdenes emanadas de El Carmen (residencia presidencial) y de la Fiscalía de lo contrario serían destituidos de sus cargos”,  dijo Solís.

Uno de los puntos que el exmagistrado Solís criticó fueron los juicios políticos. El caso del comerciante Luis Enrique Cuevas ilustra el exceso de la injerencia política en la toma de decisiones judiciales. Fue condenado a tres años y seis meses de cárcel por vender banderas de Nicaragua. Como se dijo, ese símbolo nacional empezó a ser considerado subversivo por el gobierno al ser usado por la oposición en sus manifestaciones.

La tragedia de Cuevas empezó el nueve de septiembre de 2018, cuando fue a vender banderas, cintillos y vuvuzelas a la “marcha de los globos” para aprovechar la clientela. Ese día lo capturaron y le quitaron su mercadería. Su susto fue cuando lo acusaron por portación ilegal de armas.

“Allanaron mi casa y se llevaron mi moto nueva que había adquirido seis meses antes. Nunca más la volví a ver. Se la robaron como a mi mercadería que compré con un préstamo que aún debo. Se llevaron todo el dinero de la venta de ese día. Me liberaron, pero no me regresaron nada. Cuando fui a reclamar me dijeron: andás buscando que te metamos preso otra vez”, relató Cuevas en octubre pasado. 

Cuando fue excarcelado fue posible, igual que García, el ex trabajador de los juzgados en Chontales, por órdenes del Ministerio de Gobernación, pero el 28 de febrero de 2019 en medio de las negociaciones del gobierno con la oposición. Desde entonces, él ha denunciado que es objeto de asedio.

Su historia engrosa los expedientes que han sido cuestionados por la parcialidad de los jueces al sandinismo. Recientemente EE.UU. sancionó a la fiscal General Ana Julia Guido, de tendencia sandinista, por la fabricación de expedientes contra opositores. 

El ex fiscal Arnulfo López, hoy defensor de presos considerados políticos por organizaciones de derechos humanos, considera que prácticamente el país volvió a un sistema donde se aplican circulares, orientaciones y “ahora hasta los procesados son culpables desde que los capturan”.

Entre las víctimas del poder judicial se cuentan también sandinistas. En el 2019, la CSJ destituyó a Indiana Gallardo, ex juez Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, por permitir que familiares de presos por motivos políticos estuvieran presentes durante una audiencia preliminar. Para justificar el despido, la Corte se valió de supuestas quejas de la Fiscalía en su contra.

En contraste con Gallardo, otros funcionarios tuvieron buena estrella por su alineamiento partidario. Otoniel Aráuz Torres era juez suplente en el Tribunal único local de San Ramón, Matagalpa, una comunidad rural del norte de Nicaragua. Pero eso no le impidió hacer parte de los grupos paramilitares que atacaron a la población durante las revueltas de 2018. 

El funcionario se armó con un minifusil automático y, según el testimonio de algunos testigos, disparó contra una manifestación ciudadana. El caso se conoció por denuncias ciudadanas, pero la respuesta de las autoridades fue no solo evitar investigarlo, sino que hoy es juez titular. 

Aunque el apoyo al FSLN sea un caso público en la historia de este juez, el de Araúz (apodado en los medios como el juez paramilitar) muestra hasta qué punto el partido de gobierno controla el sistema y cómo prioriza una justicia politizada y ‘de armas tomar’ contra los opositores.

#NicaraguaNoCalla es un impulso desde el periodismo para que fluya la información que permita comprender la realidad del país centroamericano. En un año electoral crucial, donde la participación de los ciudadanos nicaragüenses marcará la diferencia, ofrecemos desde CONNECTAS este espacio donde presentaremos contenidos que ayudan a comprender una realidad compleja y con matices.

Especial | 6D de 2020 cierra el ciclo de las instituciones democráticas en Venezuela
El 6D del 2015 estuvo impregnado por la esperanza de cambio, mientras que el evento del 6D de 2020 dejará todos los poderes públicos bajo el control absoluto del chavismo

En este especial, Runrunes presenta una línea de tiempo que recorre los hitos políticos que marcaron la agenda de la Asamblea Nacional desde el 6 de diciembre de 2015, cuando 14.385.349 electores, equivalente a 74.17 % del padrón electoral, acudieron a las urnas y confiaron en la institución democrática del voto como herramienta de expresión de voluntad y búsqueda de un cambio político. 

Se trata de una cronología llena de propuestas de cambios para restablecer el equilibrio de poderes en el país, todas las cuales se encontraron con obstáculos erigidos desde el Gobierno, antes de que siquiera pudiera instalarse el nuevo Parlamento el 5 de enero de 2016. Una tras otra, las leyes de los nuevos diputados fueron encontrando barreras emanadas de un poder Judicial al servicio del Ejecutivo. 

Así como el 6D del 2015 estuvo impregnado por la esperanza de cambio, el evento antidemocrático del 6D de 2020 dejará todos los poderes públicos bajo el control del chavismo. Venezuela pasará a tener, ahora formalmente, instituciones sin balances, frenos, contrapesos ni legitimidad de origen. 

De la mano de un selecto grupo de articulistas, los invitamos a recorrer los últimos cinco años de la vida republicana venezolana, tras los cuales se cierra el ciclo de las instituciones elegidas de manera democrática.

Puedes leer aquí el especial 6D de 2020 cierra el ciclo de las instituciones democráticas en Venezuela 

ESPECIAL | Alianza investigativa presenta mapa de la  criminalidad económica con el Corruptómetro
Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde Investiga y Connectas continúan la publicación de los hallazgos de sus investigaciones con un especial interactivo que recoge los casos de corrupción en Venezuela registrados a lo largo de las dos últimas décadas

 

Transparencia Venezuela, la Alianza Rebelde Investiga y Connectas continúan la publicación de los hallazgos de sus investigaciones con un especial interactivo que recoge los casos de corrupción en Venezuela registrados a lo largo de las dos últimas décadas.

El Corruptómetro es una herramienta que delinea un mapa de la economía del delito, con base en causas e investigaciones judiciales iniciadas por organismos oficiales dentro y fuera del país, como el Ministerio Público, Contraloría General de la República, Asamblea Nacional, tribunales y otros órganos dedicados a la supervisión del manejo de los recursos, bancarios y aduaneros. La herramienta incluye algunas investigaciones sobre graves irregularidades en la gestión de los fondos públicos y datos aportados por reconocidos medios de investigación, como notitia criminis, que no son objeto de escrutinio por parte de autoridades oficiales.

A partir de la base de datos, sobre casos de corrupción en Venezuela, basada en las causas judiciales abiertas en organismos del Estado y fuera del país, el Corruptómetro presenta los cinco (5) mayores casos de corrupción, patrones y montos involucrados. Además, muestra los delitos de corrupción más frecuentes, una comparación con los juicios abiertos en el extranjero y las personas investigadas, tanto en el país como en el exterior. Asimismo, identifica los sectores económicos más golpeados por la corrupción en Venezuela: petróleo, salud, finanzas, narcotráfico, seguridad y alimentación, y los organismos públicos más afectados. Finalmente, el instrumento cuenta sobre una justicia selectiva: el estado venezolano privilegia investigar casos menores de corrupción y silencia la gran corrupción.

Debe aclararse que el Corruptómetro no recoge el universo de todas las denuncias de corrupción existentes porque es un trabajo arduo y perenne, que requiere de un enorme esfuerzo para ubicar la información oficial y verificada, la cual en muchos casos no se encuentra disponible. Invitamos a la sociedad a aportar datos vinculados a procesos o denuncias que aún no hayan sido cargadas a esta herramienta. Confiamos en que esto nos permitirá medir la magnitud de la corrupción, y que al mostrar su creciente tamaño e impacto se convierta en un tema obligatorio de discusión y establecimiento de alternativas efectivas para quienes nos gobiernen.

En septiembre de este año, Transparencia Venezuela, ARI y Connectas publicaron Chavismo INC, una investigación colaborativa que evidencia un entramado de negocios, que abultó los bolsillos de unos pocos que ahora se establecen en diversos rincones del mundo, en una diáspora que da cuenta de la proyección internacional del caso venezolano, a través de una serie de reportajes que abarca diez países.

Para consultar todo el entramado de irregularidades administrativas y leer las historias del Corruptómetro puede hacer click en esta imagen: 

 

ESPECIAL ARI | Pdvsa navega en un mar de irregularidades

3.700 millones de dólares del patrimonio público se perdieron entre 2005 y 2017 debido a una serie de manejos anómalos de la flota petrolera de Pdvsa como el pago por buques que no se construyeron, sobreprecios en compras, desorden administrativo y embarcaciones varadas, según la auditoría interna de la estatal petrolera y los resultados obtenidos en esta la investigación periodística

La Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por  Runrun.es, El Pitazo y Tal Cual, junto con Connectas, plataforma periodística para las Américas, se aliaron desde hace un año para emprender una investigación a partir de la filtración de unos 350 documentos de auditoría interna de Pdvsa sobre los proyectos de construcción y fletes de buques petroleros que develan una serie de irregularidades en los manejos de la flota de la estatal petrolera.

Se trata de una investigación que revela la deficiente gestión de la flota de buques petroleros por parte de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) entre 2005 y 2017, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, período en el que se perdieron al menos 3.700 millones de dólares debido al pago por buques que no se construyeron, sobreprecios, desorden administrativo y embarcaciones varadas, entre otras irregularidades, según la auditoría interna de la estatal petrolera y los resultados obtenidos en esta la investigación periodística.

En los reportajes se destaca la participación de figuras como Rafael Ramírez, exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa por más de una década, quien lideró el fallido Plan de Siembra Petrolera; Asdrúbal Chávez, primo del fallecido mandatario y máxima autoridad de la estatal petrolera en la actualidad, ingeniero que entre 2007 y 2013 gerenció la flota de Pdvsa desde la Vicepresidencia de Comercio y Suministro; y Wilmer Ruperti, empresario que auxilió al oficialismo con tanqueros durante el paro petrolero 2002-2003, y que ahora intenta de ayudar a Maduro a saltar las sanciones de EE. UU. a Pdvsa.

Entre los hallazgos de este especial, se encontró:

-El expresidente Hugo Chávez encargó la construcción de 18 buques petroleros en Argentina, Brasil, Portugal e Irán por un monto de 1.200 millones de dólares. Pdvsa adelantó más de 500 millones de dólares y solo recibió un barco y con retraso. Dos tanqueros en Argentina y uno en Brasil permanecen varados.

-Pdvsa pagó 177 millones de dólares en fletes a dos tanqueros comprados con 95 por ciento de dinero venezolano. Este negocio de fletes ocurrió en el marco de una empresa mixta entre Cuba y Venezuela.

-A comienzos de 2020, en medio de las sanciones, 46 buques sostenían el transporte marítimo y fluvial de Pdvsa, aunque apenas tres eran propiedad de la estatal venezolana.

 Puedes ver el especial “Pdvsa navega en un mar de irregularidades” haciendo click aquí:

 

The Central Bank of Venezuela: Official Squeezer of Venezuelan Gold
Venezuelan gold is not only smuggled through trafficking routes. Sometimes it just walks out of the bank.

By using its powers for gold trade and as custodian of foreign-exchange reserves, the Central Bank of Venezuela (BCV) has been dilapidating the country’s resources which have reached an all-time low amidst an environment of financial draught and hyperinflation.

Until 2013, Venezuela was among the first 30 countries in the world with the greatest reserves of monetary gold. However, in a matter of five years these reserves have been evaporating. This is largely in part to the BCV’s lack of solid management. Controlled by public servants who are loyal to Nicolás Maduro, this formerly autonomous institution has become the axis of an ecosystem of alleged money laundering, sanctions and million-dollar business deals which have also included gold resources extracted from the controversial Orinoco Mining Arc.

This report by Runrun.es in alliance with Connectas and the International Center for Journalists (ICFJ) reveals the BCV’s ploys to obtain alternate resources and gain liquid assets after the dismantling of Venezuela’s main resource: the oil industry.

Click on the image to access this special report.