La administración interina de Delcy Rodríguez anunció el 11 de agosto la transferencia de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) al Ministerio del Popular para Ciencia y Tecnología en un “movimiento institucional estratégico” que busca reestructurar la organización tras las fallas operativas registradas durante el doblete sísmico del pasado 24 de junio.
A través de sus canales oficiales de Telegram e Instagram, Rodríguez informó sobre la nueva medida indicando que la decisión se tomó con el propósito de “fortalecer las capacidades científicas y técnicas del país” para la prevención, monitoreo y atención de fenómenos sísmicos. Por lo tanto, según la vocera esta nueva articulación “permitirá seguir consolidando la investigación y el conocimiento científico orientados a la protección de la ciudadanía”.
Cambio de adscripción
El retorno de Funvisis al área científica marca un cambio en la administración de la institución, la cual había permanecido bajo la tutela del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz por decreto de Nicolás Maduro, bajo la “promesa” de potenciar el servico sismológico, hacer inversiones en las estaciones de monitoreo y garantizar la seguridad de las infraestructuras.
Sin embargo, en una investigación realizada por la periodista María Victoria Fermín para Runrun.es reveló que la transición de mando sustituyó la tradición de presidentes científicos por un liderazgo militar. Expertos y ex personal de la organización señalaron que este cambio derivó en un desmantelamiento progresivo con la sustitución de los programas académicos por enfoques burocráticos y por una gran reducción presupuestaria.
El impacto de este deterioro se evidenció el pasado 24 de junio donde la fundación tardó 4 horas y 26 minutos en emitir el reporte oficial con detalles sobre el evento sísmico. Este retraso contrasta con los estándares internacionales del Servicio Geológico de Estados Unidos, institución que procesa y publica información sobre sismos externos en un promedio de 20 minutos, y entre 2 y 5 minutos para eventos locales.
Un monitoreo reducido
En el año 2000 bajo la adscripción del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Funvisis consolidó un equipamiento moderno con 35 estaciones de banda ancha, cifra que se extendió a 40 estaciones para el año 2014. En la actualidad, la fundación solo funciona como una cuarta parte de la capacidad que poseía anteriormente, del mismo modo los sistemas de monitoreo a nivel nacional quedaron inoperativos, reportando que en múltiples universidades en el país (ULA, UDO) donde sus centros de sismología dejaron de funcionar por falta absoluta de presupuesto y soporte técnico.
La directora del Centro de Sismología de la Universidad de Oriente (CSUDO) en el estado Sucre, Janette Castillo, confirmó la inactividad de las estaciones por causa de daños en la infraestructura universitaria y la presión presupuestaria.
Cierre de aulas y pérdida de personal
El reportaje para Runrun.es documentó además el desmantelamiento de espacios de formación y divulgación ciudadana. En 2018, bajo la gestión del vicealmirante Roberto Antonio Betancourt Arocha, la organización clausuró el Aula Sísmica Madeleilis Guzmán, un laboratorio pedagógico creado en 1998 para capacitar a la población frente a emergencias de este tipo.
A la pérdida pedagógica se le suma la asfixia financiera ya que durante más de dos décadas, cerca de la mitad del presupuesto de Funvisis provino de contratos de estudios de amenaza sísmica solicitados por la industria petrolera y con el colapso de PDVSA, la institución pasó a depender de las asignaciones ministeriales, sufriendo además retrasos en la liquidación de divisas para la adquisición de repuestos y equipos importados.
Actualmente, la crisis se profundizó con la pérdida de capital humano especializado, donde ex empleados y geólogos denunciaron que la gestión militar ejecutó jubilaciones forzadas, dejó de lado a personal experimentado e impuso salarios precarios. Por esto mismo, esta situación provocó una migración masiva de técnicos e investigadores que dejó a la organización sin generaciones de relevo para la evaluación de las amenazas sísmicas en el país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Mientras muchas personas siguen buscando a sus familiares bajo los escombros de edificios colapsados en La Guaira sin apoyo estatal, la presidenta encargada bajo tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, ofreció ayuda humanitaria y un equipo de rescatistas a Colombia ante el terremoto de 7,4 que sufrió el vecino país la mañana de este lunes, 10 de agosto.
En una transmisión en vivo del canal Venezolana de Televisión, Rodríguez afirmó que “a primera hora” del lunes dio la instrucción de “organizar ayuda humanitaria para enviar a Colombia” y el envío de la Brigada Rescatista Simón Bolívar. “Hemos puesto a disposición del gobierno de Colombia nuestros brigadistas para el rescate de las personas que están bajo escombros”, dijo.
La representante del interinato también dijo haberse comunicado con gobernadores del occidente venezolano, quienes están a la espera de que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella “diga para ir a brindar el apoyo solidario de nuestro pueblo”. Además, envió condolencias a quienes perdieron familiares en el terremoto de Colombia, que ya deja más de 160 fallecidos según las autoridades del vecino país.
Son muchos los testimonios de personas que, a casi dos meses del doble terremoto, siguen buscando a sus familiares en las estructuras colapsadas y solicitando maquinaria para poder mover los escombros. Uno de esos casos es el de Valeria Alcalá quien, entrevistada por Venevisión, contó que lleva más de 40 días buscando a su madre y su padrastro, cuyos cuerpos están bajo los escombros de un edificio en Caraballeda.
Ahora que Delcy Rodríguez anunció su disposición de enviar rescatistas a Colombia, una orden dada en las primeras horas del terremoto en ese país, es preciso recordar que en La Guaira, la región más golpeada por el doble terremoto, la ayuda estatal tardó mucho tiempo en llegar, al punto en que los propios ciudadanos tuvieron que asumir la labor de rescate, aun cuando la tragedia ocurrió dentro del territorio nacional.
Testimonios como el de Rómulo Gedler reflejan la realidad de las primeras horas posterremoto en la entidad litoral: su madre quedó atrapada en el piso 9 de un edificio en Playa Grande y fueron otros familiares quienes lograron rescatarla unas horas después del doblete sísmico. En una entrevista ofrecida a Runrun.es en semanas anteriores dijo que, al no ver autoridades en las primeras horas del hecho, entendió el rol que debía asumir: “El bombero tendría que ser yo”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Los cardenales Baltazar Porras, Diego Padrón y monseñor Ramón Pérez Morales fijaron postura ante el reciente inicio del diálogo político entre el gobierno interino -bajo tutela de Estados Unidos- y los representantes de la Asamblea Nacional de 2015.
Mediante un comunicado, los prelados advirtieron que esta mesa de negociación se instaló bajo condiciones “nacidas de la experiencia de situaciones similares fallidas”, destacando que fue “promovida y tutelada desde el extranjero”, no incluye la representación política opositora “legitimada más importante”, inexistencia de una instancia técnica facilitadora, así como el “desconocimiento u opacidad con relación a detalles institucionales y logísticos”.
En el texto, señalaron que la crisis política en el país se vio agravada por “la experiencia dolorosa de la inercia e indolencias oficiales” durante la emergencia causada por el doble terremoto del pasado 24 de junio, por lo cual reclamaron “la escucha atenta y la sintonía con las necesidades y expectativas del pueblo en cuanto sujeto de la soberanía nacional”.
También, los firmantes exigieron poner al servicio de la nación “la voluntad de entendimiento básico entre todos los sectores en los varios ámbitos, económico, político-social y ético-cultural, para conjugar buena fe, compromiso unánime, conocimiento técnico y organización eficaz en función de la reconstrucción integral del país”.
Sobre la convocatoria del diálogo, señalaron que la mesa busca dar “respuesta pronta y eficaz a los problemas prioritarios sociales y políticos”. Ante eso, consideraron que se debe incluir instituciones y organismos como las academias, universidades, iglesias y otros representantes de la sociedad civil; con miras “a concretar aportes eficaces para un proyecto nacional unificado”.
“Solo una visión amplia, con decidida orientación hacia el bien común puede garantizar el éxito de la Mesa técnico-política paritaria hacia una transición política de institucionalidad democrática, aspiración y meta de todos los venezolano”, añaden los representantes eclesiásticos quienes se ofrecieron a hacer seguimiento a los trabajos de la comisión de la negociación.
Por otra parte, reiteraron la necesidad de liberar a todos los presos políticos y de la “hegemonía comunicacional”, así como crear un camino que conduzca hacia una pronta elección presidencial “como vehículo necesario y suficiente de legitimación de los poderes públicos y de su oportuna reestructuración”.
Todas estas acciones se suman al propósito de saldar deudas como alcanzar la agilización de una respuesta eficiente a la crisis económica, social y educativa de la inmensa mayoría del pueblo empobrecido: “salarios justos, servicios básicos de salud, vivienda y escolaridad, suministros regulares y eficaces de agua, electricidad e internet”.
“Las cosas e instituciones importan, pero es prioritario, lo reiteramos y subrayamos, el reencuentro de nosotros los venezolanos en un ambiente de libertad, unidad y solidaridad para que alcancemos la paz. Este proceso equivale a una ‘refundación nacional’, como lo ha propuesto en otras circunstancias el Episcopado venezolano”, finalizó el texto.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
—Si alguien te toca aquí, tú dices que no. Si insisten, pides ayuda si lo necesitas…
Oriana*señaló una calcomanía roja y circular que cubría la zona genital de un muñeco de papel. Estaba en una escuela primaria en El Callao, un poblado minero en el estado Bolívar, al sureste de Venezuela. Aunque no es profesora, Oriana* trabaja para una organización de la salud. Ella se dedica a detectar y apoyar mujeres y las infancias frente a situaciones de riesgo psicosocial y de salud sexual reproductiva.
Era abril de 2026. En el salón, unos 30 niños y niñas de 9 años aplaudían y repetían las frases que les enseñaba Oriana*. Miraban con atención al muñeco de papel lleno de círculos de colores rojo, amarillo y verde, la herramienta pedagógica del «semáforo corporal» que ayuda a las personas a identificar riesgos de abuso sexual.
Unos días antes la maestra llamó a la Oriana* porque presumía que una de sus alumnas era víctima de violencia y había bajado su rendimiento escolar en los últimos tres meses. Oriana* le explicó que parte de su trabajo era dar charlas para enseñar «el semáforo corporal» a niños, niñas, adolescentes y adultos.
Desde su organización han considerado que los entornos educativos son espacios seguros para hablar sobre los riesgos de la violencia basada en el género y así lo hacen en municipios del sur de Bolívar que se encuentran dentro del Arco Minero del Orinoco, un área de 111.843 kilómetros demarcada en 2016 por la administración de Nicolás Maduro para extraer minerales como oro y coltán.
Mapa del Arco Minero del Orinoco (en tonalidades verdes). Carta gráfica elaborada por Transparencia Venezuela para su investigación titulada «Economías ilícitas. Al amparo de la corrupción», publicado en julio de 2022
Para el mes de junio de 2026, cuando cierra este reportaje, la presencia de estas bandas sigue en la zona. Los representantes de las instituciones dedicadas a los derechos humanos y la salud mental de las mujeres en las minas del sur del estado Bolívar prestan sus servicios con protocolos de seguridad extrema, como el anonimato entre los psicólogos que atienden a las víctimas.
La violencia paramilitar impide que las mujeres, niñas, niños y adolescentes denuncien libremente si son víctimas de violencia basada en género, según lo que han visto cuatro trabajadores de organizaciones sociales que tienen presencia en el estado Bolívar y que han pedido proteger sus identidades para evitar represalias.
Educación frente a la opacidad
Oriana* puso los puntos rojos en el muñeco de papel para indicarle a los niños qué zonas del cuerpo no se deben tocar y que pueden significar un alto riesgo de violencia: las calcomanías estaban en la boca, en el pecho y en la zona genital.
Luego, señaló unas calcomanías de color amarillo en los brazos y piernas del muñeco de papel.
—Si te quieren tocar por aquí, deben pedir permiso—explicó. Los niños aplaudían y repetían lo que escuchaban.
Oriana* trató de ver con atención la expresión corporal de los niños mientras ellos señalaban las calcomanías verdes de la coronilla de la cabeza y los hombros del muñeco de papel. Estaba atenta si alguno aplaudía sin sonreír, si no cantaba, si movía su mirada hacía la maestra. Ella consideraba que esos gestos en actividades grupales son señales de que un niño o un adulto podría ser víctima de violencia basada en género.
La Federación de Psicólogos de Venezuela, en su seccional del Estado Bolívar, denuncia que no tiene una sede física. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos como Provea denuncian que el acceso a la salud (física y mental) de las comunidades en el estado amazónico es escaso y vulnerable: sin medicinas, edificaciones ni personal para atender a la población. Mapa elaborado por: VE360
Aunque no hay datos oficiales sobre la prevalencia de este tipo de violencia en Venezuela, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH – UCAB), uno de los principales referentes de educación universitaria privada en el país, ha documentado desde el 2021 distintos casos de explotación laboral, matrimonios infantiles y la explotación sexual en el Arco Minero del Orinoco en su serie de informes titulado «Historias de vida sobre esclavitud moderna en Venezuela».
Walk Free, una ONG internacional dedicada a la identificación, denuncia y mejorar las legislación multilateral para eliminar la esclavitud moderna, hizo un estudio junto a la Organización Internacional del Trabajo en 2023 y reportó que Venezuela era, para el momento, el país con mayor prevalencia de esclavitud moderna en toda América: por cada 1.000 habitantes, al menos 10 se encontrabanaen situaciones de explotación y/o esclavitud.
Según sus propias cuentas, cada dos semanas Oriana* atiende un caso de violencia en El Callao, como mínimo. Níobe*, una líder de una ONG de derechos humanos de las mujeres en el municipio Sifontes, estado Bolívar, también cuenta más de 10 casos atendidos a la semana.
Al no tener estadísticas sobre la violencia, instituciones como las de Níobe* han levantado sus propias encuestas. Y, para su equipo, existe una tendencia clara desde el 2021 hasta los primeros seis meses de 2026: de 100 personas encuestadas en las minas de Las Claritas, municipio Sifontes, cerca de 74 no conoce qué son los derechos humanos o a dónde acudir cuando estos son vulnerados.
Frente a ese panorama de vulnerabilidad, organizaciones de la sociedad civil propician espacios de aprendizaje grupales en las comunidades, como en las que participa Oriana*.
Ha sido a través de la educación que mujeres que trabajan en zonas mineras se interesan en aprender sobre la prevención de la violencia basada en el género y le recomiendan a otras compañeras que participen. Luego, con el conocimiento adquirido, cada mujer se convierte en una “centinela” en su comunidad. Monitorean a otras compañeras que pueden ser víctimas o se autoperciben en un contexto riesgoso.
Así, poco a poco, de boca en boca, se crea una red de apoyo psicosocial en la comunidad.
La violencia normalizada
En su último informe sobre la violencia basada en el género, publicado en agosto de 2025, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) destacó que las víctimas de violencia basada en el género van a las minas de la Amazonía venezolana, en un principio, bajo la promesa de mejorar su capacidad adquisitiva.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) destacó en su informe anual de 2025 que la ciudadanía no puede costear su canasta básica: el ingreso mínimo integral —conformado por el salario y distintas bonificaciones gubernamentales— ronda en los 240 dólares americanos, según el Ejecutivo Nacional. La canasta básica se encuentra por los 772 dólares para mayo de 2026, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.
«Entre las formas de afrontamiento negativo identificadas, destaca en las zonas fronterizas el recurrir a grupos armados irregulares como mecanismo para intimidar a los agresores», destacó el informe del UNFPA. «Esta práctica se consolida principalmente en áreas rurales con escasa o nula presencia de instituciones estatales competentes para recibir denuncias por violencia de género. Además, su persistencia se ve reforzada por la revictimización que experimentan las mujeres al intentar denunciar mediante los canales oficiales, lo que las lleva a preferir estas alternativas informales».
Euxenia*, abogada que trabaja en otra organización dedicada al registro de violaciones a los derechos humanos en todo el Arco Minero del Orinoco, consideró que en ese proceso también inciden las condiciones de esclavitud moderna en el trabajo minero ilegal como un fin para mejorar su economía personal. Según su análisis, la normalización de la violencia basada en género se ha expresado con mayor frecuencia desde el año 2022, luego de la pandemia de covid-19.
Ese factor ha hecho que la abogada cambie su propia interpretación de la esclavitud moderna y la violencia: las víctimas, en la mayoría de las ocasiones, van por la presión o coerción que les impone la Emergencia Humanitaria en Venezuela y no por caer o exponerse a las redes de tráfico de personas o redes criminales.
Tanto Euxenia* como otras personas dedicadas a la psicología y los derechos humanos han optado por el acompañamiento continuo de las víctimas. Hablan con ellas al menos una vez al mes. Pero la decisión de salir del entorno minero y de denunciar a un ente gubernamental —que incluye in viaje que puede durar ocho horas de ida y vuelta sin seguridad a ser antendidas— recae en las personas que atienden.
El proceso de acompañamiento, según la explicación de la abogada, debe incluir primeros auxilios psicológicos porque el proceso de justicia suele ser largo y, en muchos casos, revictimizante por parte de las autoridades: largas horas de espera, comentarios estigmatizantes, retardos en el proceso de investigación. En la experiencia de Euxenia*, las mujeres que han sido víctimas de violencia se sienten escuchadas cuando conversan con otras mujeres en su misma situación o con profesionales de la salud mental.
Tejer redes comunitarias
—Si juegas con otros niños o te van a saludar, estas zonas son seguras de tocar —dijo Oriana* en el salón de clases de El Callao.
Señaló unas calcomanías verdes ubicadas en la coronilla y los hombros del muñeco de papel. Todos los niños parecían aplaudir y asentir con la cabeza.
Desde que empezó en la ONG como voluntaria en 2022, Oriana* ha contactado con otras mujeres que trabajan en las minas de El Callao. En todos los casos que ha acompañado se mantiene la dinámica minera del silencio impuesto: no se habla directamente de la violencia basada en el género.
Aún así, no ha encontrado resistencia en conectar con personas de la comunidad para aprender y enseñar. Cada mujer que entra en los grupos de escucha guardan sus contactos y, entre ellas, mandan números de teléfono de apoyo psicosocial. Fue en una de esas clases, en 2024, que la profesora reconoció la labor de Oriana*.
Vanadia* es psicóloga y trabajadora en una ONG con presencia en Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana del estado Bolívar —a 417 kilómetros al sur de El Callao por carretera—. Para ella, la formación en primeros auxilios psicológicos para manejar el síntomas como la falta de esperanza acerca del futuro, la sensación de peligro inminente, dificultades para dormir y concentrarse, entre otras alteraciones que la Organización Panamericana de la Salud incluye en trastornos de la salud mental como el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión. Todas estas afectaciones a la salud mental aparecen bajo el contexto de la minería en el Estado Bolívar, según el informe de la CDH – UCAB.
Ella ha determinado que los principales victimarios suelen poseer armas, y eso aumenta el riesgo en toda la cadena de protección y apoyo a la víctima. Entonces, su equipo informa a la comunidad qué es la salud mental, así como las herramientas a tomar en caso de presentar algún malestar. La comunidad suele considerar que están ante unas sesiones grupales con un psicólogo.
Luego, esperan a que sean los vecinos quienes se acerquen a la ONG para solicitar sus servicios de atención psicosocial.
Vanadia* advirtió que la aproximación a las «redes comunitarias» tiene sus limitaciones, como toda metodología. El acceso a la niñez y adolescencia suele ser intermitente porque los padres viajan a las minas para trabajar y dejan a sus hijos al cuidado de otros parientes o personas cercanas en la comunidad, incluso otros jóvenes menores de edad.
En esos casos, como hace Oriana*, recurren a las escuelas y al monitoreo constante de los representantes del niño, niña o adolescente para mantener el contacto con las víctimas más jóvenes.
En el salón de El Callao, el timbre marcó el final de la clase. Los 30 niños y niñas que vieron el semáforo corporal en abril de 2026 empezaron a cerrar sus cuadernos, se ajustaron sus mochilas y salieron a jugar. Oriana* se quedó un rato y vio que una niña, de 9 años, se había quedado conversando con su maestra. Ella las dejó solas y regresó a su casa.
Unas horas después, cuando caía la noche, la maestra la volvió a contactar. Necesitaba que la ONG agendara unas citas de apoyo psicológico a la niña y acompañarla en un caso de violación sexual. La joven relató que desde hace un par de años estaba al cuidado de su abuelastro mientras sus padres iban a trabajar a las minas. Y, en esos meses sin supervisión directa, el adulto la obligaba a tener sexo.
Luego de esa llamada, la profesora contactó a las autoridades del colegio y, a su vez, Oriana* llamó a un equipo de psicólogos y abogados para que la acompañaran.
Ellas no podían llevar el caso directamente porque ya conocían a la niña pero la visitaban al menos una vez a la semana para saber cómo le iba, cómo se sentía. Contactaron a sus abogados y psicólogos para que la niña diera su testimonio y tuviera varias sesiones de terapia para mejorar su salur mental ante el trauma. En todo el proceso estaba un miembro de la ONG donde Oriana* trabajaba.
Pasaron un par de semanas cuando la historia se presentó ante el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de El Callao. Ya era inicios de mayo de 2026 cuando la niña volvió a pedirle un momento a solas con la maestra después de clases. La joven quería el contacto de Oriana* en un papel, porque aún no tenía un teléfono móvil.
Quería tener el número a la mano por si acaso una amiga lo necesitaba.
*Los nombres de las personas entrevistadas para este reportaje fueron cambiados para mantener su seguridad ante la violencia armada en el Arco Minero del Orinoco.
Escepticismo es la primera palabra que le viene a la mente al especialista en estrategia electoral y comunicación política, Edgard Gutierréz, cuando se refiere a la recién instalada mesa de diálogo por el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la oposición que lidera la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera.
Gutierréz y el exdirector del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Benigno Alarcón, fueron los invitados este domingo 9 de agosto en la edición de La Conversa con la Luz, donde estuvieron Ronna Rísquez, directora de la Alianza Rebelde Investiga (ARI); César Batiz, director de El Pitazo; Luis Blanco, director de Runrunes y Luzmely Reyes, directora de Efecto Cocuyo.
Ambos analistas advirtieron a la alianza conformada por Runrunes, El Pitazo, Tal Cual y Efecto Cocuyo sobre algunas banderas rojas o señales negativas que levantan suspicacia sobre los resultados de las conversaciones:
-No se sabe qué es: “Soy escéptico y cauteloso al respecto porque han sido demasiados fracasos, no me gusta llamarla una negociación, en realidad no sabemos qué es, tal vez sea simplemente una simulación”, dijo Gutiérrez. Agregó que pese a todos los pasos en falso que se han dado en el inicio de conversaciones, todavía se puede albergar esperanza en una reconstrucción del país, si se asume una agenda apropiada. Alarcón recordó que previo a esta han habido siete mesas de negociación formales y 18 en total enumerando todos los encuentros entre gobierno y oposición.
–Ausencia de Maria Corína Machado: Para Alarcón, las condiciones iniciales del diálogo no auguran un resultado fructífero. “No puedes dejar por fuera de las conversaciones a quienes les toca instaurar un nuevo gobierno, la oposición no puede estar representada por un solo un sector, no es que uno sea negativo, pero tampoco ingenuamente optimista”, enfatizó el analista. Gutiérrez expuso que hubo un acuerdo en Panamá que no se respetó y se siguió por otra línea con actores diferentes. “Aquí todo el mundo sabe que la mayoría de los diputados de oposición electos en 2015 no quisieron continuar con esa iniciativa de permanecer con ese calificativo”, sentenció Gutiérrez. Para el estratega electoral es fundamental la presencia en Venezuela de la líder opositora, María Corina Machado. “Yo no creo que si ella regresa la vayan a meter presa, eso sería el peor error que pudiera cometer el chavismo. La oposición tiene que organizarse, propulsar lo que ya comenzó en enero, impulsar un cambio a través del ejercicio de los derechos políticos”, dijo Gutiérrez.
–El rol de mediador invisible de Estados Unidos: A juicio de Alarcón, hubiese generado mayor confianza en las primeras de cambio, la iniciativa de un rol de mediador visible de Estados Unidos. “Porque si esto se queda meramente como una negociación entre venezolanos, está condenado al fracaso, como lo estuvieron las 17 anteriores”, dijo Alarcón. El docente universitario añadió que de llegar a un acuerdo será por coerción de la administración que dirige el presidente Donald Trump. “Si esto se maneja con las mismas reglas del pasado, no va a llegar a ningún lado”, sostuvo Alarcón, quien agregó que ambas partes están sentadas en la mesa porque el gobierno de Estados Unidos así lo desea.
–Escogencia de sitio para el diálogo: Alarcón calificó como parcializada la selección de La Carlota como epicentro para iniciar las conversaciones. Recordó que esta es una base aérea militar donde opera un cuerpo armado y que el hecho de haber pasado al Hotel Meliá en Caracas tampoco garantiza la transparencia del proceso.
–Bloqueo a la prensa: Para Alarcón otra señal negativa es la opacidad comunicacional en torno al diálogo iniciado la semana pasada. Batiz añadió que las comunicaciones, incluyendo las de Dinorah Figuera, las maneja el régimen chavista. “Una mesa que ya nace vulnerada por el retraso y la ausencia de los actores principales de la oposición, se vulnera más si opera a la sombra”, indicó el docente universitario.
–La prioridad no puede ser solo lo económico: Para Gutiérrez no basta con levantar sanciones, dar luz verde a algunas licencias en materia energética y ayudar a las víctimas del doble terremoto el pasado 24 de junio. “Eso es bueno, pero no resuelve la tragedia previa al doblete sísmico. Señales buenas serían; la reorganización del Estado, el nombramiento de autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Consejo Nacional Electoral (CNE) y el diseño de un cronograma electoral”, indicó. El especialista en materia electoral calificó de errada la estrategia estadounidense de comenzar el proceso de tres fases por la recuperación económica y dejar el restablecimiento de la democracia de último. Alarcón coincidió y dijo que el mito de producirse una guerra civil si el país pasaba a ser liderado por la líder opositora María Corina Machado o el excandidato presidencial, Edmundo González Urrutia, es descabellado. “Los tiempos de la polarización quedaron atrás, creo que la mayoría de la población opositora puede convivir con la minoría chavista, lo que es difícil es la reconciliación del pueblo con la élite gobernante que ha atropellado y violado derechos humanos”, indicó Alarcón.
–Un diálogo asimétrico: Para Alarcón lo único que otorga cierto balance a este diálogo y lo hace diferente a los anteriores, es la tutela que ejerce Estados Unidos sobre el gobierno chavista. El exdirector del Centro de Estudios Políticos de la Ucab expresó que pese a que el gobierno estadounidense se siente cómodo negociando con Delcy Rodríguez, democratizar es la única manera de darle sustentabilidad al supuesto proceso que inició el 3 de enero con la captura de Nicolas Maduro y Cilia Flores. “La única negociación que más o menos funcionó fue la que comenzó en 2002 y terminó en 2003 con la realización de un referendo revocatorio, todo lo demás es cuento. Yo pienso que esto debería tener un acuerdo en noviembre antes de las elecciones de medio término en Estados Unidos”, indicó Gutiérrez. “Pase lo que pase, la presencia de Estados Unidos en Venezuela seguirá siendo de tutelaje con este gobierno o con otro, hubo un cambio en torno a la soberanía de este país a partir del 3 de enero y cualquier cosa que salga mal en esas conversaciones va a pasar por el despacho de la Casa Blanca, especialmente si pisotean los intereses de los Estados Unidos”, añadió el experto en materia electoral.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 11 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
La cifra de fallecidos por el doblete sísmico del pasado 24 de junio ascendió a 6301 personas, según el balance semanal difundido este lunes, 10 de agosto, por el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez.
El reporte, publicado en los canales oficiales de Rodríguez, indicó también que 73 356 personas han sido atendidas en hospitales y que 6462 han sido rescatadas. Sin embargo, este balance omitió nuevamente dar una cifra de personas desaparecida. El único dato que se conoce al respecto fue la cifra que dio el gobernador de La Guaira, José Terán, quien precisó, el pasado 4 de agosto, que había 1579 desaparecidos, según datos del censo de vivienda.
Este balance omitió nuevamente dar una cifra de personas desaparecidas, pese a las constantes solicitudes de la ciudadanía por conocer este dato
“El estado ha sentido el impacto de un movimiento telúrico ocurrido en el departamento de Chocó (a 2.500 kilómetros de San Cristóbal), hasta los momentos, de acuerdo a Protección Civil no se tienen reportes de daños humanos ni materiales de consideración”, declaró FREDDY Bernal en su cuenta de X.
Lo que rompe en redes
Equipos de socorro y ciudadanos lograron rescatar con vida a un bebé de pocos meses de entre los escombros de una edificación derrumbada en Cali, tras el terremoto de magnitud 7,4.
#SismoEnColombia 🚨 Equipos de socorro y ciudadanos lograron rescatar con vida a un bebé de pocos meses de entre los escombros de una edificación derrumbada en #Cali, tras el terremoto de magnitud 7,4 de #Colombia
La ONG Un Mundo Sin Mordaza invita a unirse y a conectar con activistas alrededor del mundo y fortalecer tus herramientas para liderar acciones con un impacto real en favor de los derechos humanos.
Donde sea que te encuentres, el cambio que deseas para Venezuela empieza con tu voz. Te invitamos a formarte, conectar con activistas alrededor del mundo y fortalecer tus herramientas para liderar acciones con un impacto real en favor de los derechos humanos. La reconstrucción la… pic.twitter.com/K1liTgd1Rd
El ciudadano común entiende por violaciones a los derechos humanos las causadas por los organismos de seguridad a personas a las que asesinan o torturan, así como a quienes encarcelan sin el debido proceso. Pocos amplían el concepto a los despidos injustificados en empresas del Estado o al veto para trabajar en ellas, así como a las confiscaciones de la propiedad privada sin razón valedera o sin la debida compensación.
Al respecto, hay que recordar al próximo gobierno legítimo que tiene que tomar en cuenta estas deudas, así como establecer el procedimiento para identificarlas, reconocerlas y cancelarlas. La lista de los afectados es muy grande. Algunos son conocidos; la mayoría son solo cifras a las que hay que ponerles nombres para visibilizarlos y darles el debido reconocimiento a ellos o a sus familiares.
Son numerosos los asesinatos de opositores por parte de la Guardia Nacional, de organismos de seguridad del Estado y de paramilitares del régimen. Algunos murieron bajo custodia como consecuencia de las torturas. Despidieron a numerosos jueces por no plegarse a las órdenes del régimen. Entre ellos, la jueza Afiuni, encarcelada y torturada por aplicar la ley y todavía no tiene plena libertad (*), a pesar de su delicado estado de salud.
A raíz del paro cívico nacional iniciado el 2 de diciembre de 2002, convocado por la CTV, Fedecámaras y la Coordinadora Democrática, en la que estaban representados todos los partidos de oposición, el Gobierno de Chávez despidió a unos 23.000 trabajadores de PDVSA y sus filiales, a quienes les confiscaron las prestaciones y los haberes depositados en el Fondo de Ahorro. Sus hijos fueron expulsados de las escuelas y los residentes en los campos petroleros, como Los Semerucos, fueron agredidos. En 2004 fue asesinado José Manuel Vilas, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol. Algunos estuvieron presos y cientos emigraron por no poder trabajar en Venezuela.
Violaciones a la propiedad
Desde la promulgación, por decreto, de una inconstitucional Ley de Tierras, despojaron a numerosos propietarios de sus fincas sin compensación, la gran mayoría de ellas en producción y de mediano tamaño. Además, confiscaron muchas empresas, locales comerciales y viviendas. Todas las empresas confiscadas quebraron en manos del Estado.
Para lograr la hegemonía comunicacional, se confiscó Radio Caracas Televisión y se cerraron, u obligaron a cerrar, numerosas emisoras de radio y periódicos. En el caso de El Nacional, el régimen se valió de jueces sumisos para apoderarse de sus instalaciones con base en una demanda de Diosdado Cabello por supuesta difamación.
Compensación a las víctimas
El punto de referencia debe ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, con base en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la obligación de garantizar a las víctimas el disfrute de sus derechos, reparar las consecuencias de la violación y pagar una justa indemnización que incluye aspectos materiales, morales e institucionales. La dignidad lesionada genera un deber de restitución, compensación y memoria.
¿Cómo proceder con los miles de casos que pueden presentarse al nuevo gobierno?
En casi la totalidad de los casos llevados ante los tribunales venezolanos, se desestimaron las demandas o las sentencias favorecieron al gobierno. Quienes han acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos han tenido éxito, pero el procedimiento es costoso y lleva mucho tiempo. Pareciera que lo procedente es que los casos se resuelvan mediante la evaluación de un comité de la nueva Asamblea Nacional. En 2015, la directiva de Gente del Petróleo y la anterior directiva de Unapetrol presentaron un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional que contempla esa vía.
Es asunto de evaluarlo, ampliarlo para abarcar a todos los afectados, tanto personalmente como por la confiscación de sus propiedades, y presentarlo a la nueva Asamblea, que tendrá que elegirse a corto plazo. Algunos dirán que nadie puede atribuirse la representación de un universo tan diverso, y tienen razón. Pero quien no esté de acuerdo tiene el derecho de presentar su caso ante la instancia que prefiera.
Como (había) en botica
El presidente Trump debe entender que Venezuela no es un país feliz, que exigimos que presente cuentas sobre el petróleo comercializado por su país y que rechazamos su afirmación de que al vencedor le pertenecen los despojos. Además, instamos a Dinorah Figuera y a Jorge Rodríguez a que acuerden realizar la elección presidencial lo antes posible para liberarnos deese tutor.
Lamentamos los fallecimientos de Alexis Payares Hernández, José Almarza Albornoz y Óscar García Freites, compañeros de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, informó que en la entidad andina no hubo víctimas fatales, heridos ni afectaciones de consideración luego del terremoto de 7,4 que afectó a Colombia en la mañana de este lunes y que dejó una cifra de más de cien muertos en el vecino país.
“El estado ha sentido el impacto de un movimiento telúrico ocurrido en el departamento de Chocó (a 2.500 kilómetros de San Cristóbal), hasta los momentos, de acuerdo a Protección Civil no se tienen reportes de daños humanos ni materiales de consideración”, declaró Bernal en su cuenta de X.
Bernal sentenció además en una entrevista televisiva que de acuerdo a Funvisis (Fundación Venezolana de Investigaciones Tecnológicas) el sismo tuvo magnitud de 6,6 en ese territorio.
El mandatario regional aseguró que las autoridades seguirán desplegadas en todo el estado para atender necesidades e hizo un llamado a la población para estar alertas con las réplicas.
Asimismo usuarios de redes sociales reportaron que el sismo se sintió en los estados Trujillo, Mérida, Barinas y Zulia, así como en algunas parte de Miranda y Distrito Capital, sin hasta ahora reportes de daños humanos ni materiales.
Estado de desastre nacional
111 personas muertas, 87 heridos, 1575 viviendas con daños, 37 viviendas completamente destruidas y 61 edificios colapsados fue el saldo informado por el recién juramentado presidente colombiano Abelardo de la Espriella en un primer boletín emitido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto, de acuerdo a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).
De La Espriella declaró “estado de desastre nacional”, una acción que le permite tomar medidas especiales frente a situaciones que puedan poner en riesgo la economía, el orden social, el medioambiente o la estabilidad del país.
“El gobierno nacional desplegará todas sus capacidades para defender la vida, atender a los necesitados”, dijo el mandatario.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
