Nada parece seguro en esta marcha de tres meses, camino al 28 de julio, en el cual ciertamente en más de una ocasión habrá que contentarse con interpretar un día a la vez y las posibilidades de fracasar muy altas. El terreno es resbaladizo, el campo para la represión se amplía, las posibilidades de una contingencia aumentan.
La dirigencia chavista endurece el tono amenazante y aumenta el volumen de su propio discurso. Edmundo González Urrutiaes el candidato de la unidad democrática, y eso sólo es una excelente noticia, pero todo el mundo debe dar por descontado el advenimiento de nuevas maniobras para impedirle avanzar.
El propio González Urrutia, a sabiendas de las turbulencias que se acercan, es especialmente parco y genérico cuando toca imaginarse un universo político posterior al 28 de julio. “Esperamos que los resultados electorales sean respetados por el Gobierno. A partir de allí se abre un abanico de oportunidades que escapan en este momento a nuestra atención. Se pueden producir circunstancias que en este momento no somos capaces de advertir”, ha afirmado hace poco en unas declaraciones que plantean el abismo que tiene el país ante sí.
Es cierto que, en las calles, entre la gente, se va concretando un ánimo ciudadano mayoritario post conflictividad, que los valores del chavismo hace mucho no son mayoritarios, ni de interés, y que sería relativamente sencillo encontrar, en el campo teórico, formas para consensuar procedimientos republicanos posteriores al autoritarismo.
Es decir, en la sociedad parece tomar cuerpo un ambiente post- polarización que podría ser terreno fértil para facilitar la transición política hacia una democracia. Un arreglo institucional a partir de un pacto político entre adversarios, en el marco republicano. Eso que ya hoy es completamente habitual en el escenario latinoamericano.
A las mayorías nacionales no les importa en absoluto, como sí sucedía antes, que María Corina Machado sea de clase alta, o propietaria, empresaria o con apellidos. La decisión de votar parece tomada por la inmensa mayoría de la población. Todo el mundo parece tener claro lo comprometido que está el panorama; lo inviable que se ha vuelto la nación en manos de los chavistas.
Lo que no luce muy factible es que en las entrañas del monstruo del Estado revolucionario se esté incubando algún sentimiento particularmente extendido de culpa o decepción; algún debilitamiento producto de la falta de entusiasmo fanático; algún incentivo lo suficientemente tentador para entregar el poder; o algún compromiso para cohabitar pacíficamente con sus adversarios en caso de perder.
Como no sucedía desde hace mucho tiempo en nuestra historia, hay en este momento un divorcio total entre las aspiraciones de la sociedad y los intereses del Estado. La simetría entre las aspiraciones populares y los intereses del estado tuvieron en Venezuela una continuidad de casi 70 años, e incluyó los tiempos de Hugo Chávez. Con este impopular, pero poderoso, Nicolás Maduro, la escena de la imposición queda servida, aunque use formas más sofisticadas que en el pasado. En esa disonancia estriba el espacio para el autoritarismo.
Las Fuerzas Armadas están intoxicadas con una doctrina política fanatizada, que desconoce los mandatos constitucionales. Como institución, lucen dramáticamente secuestradas por el partidismo político.
La plana dirigente revolucionaria evade sus evidentes responsabilidades en la administración de los recursos y la ruina de Venezuela, y desarrolla, con agresividad, una inútil campaña para convencer a la población de que las circunstancias actuales son consecuencia exclusiva de las sanciones internacionales, luego de haberse pasado años negando la sistémica crisis cambiaria existente desde 2014, y escondiendo las cifras de la economía.
“La transición planteada en Venezuela no va a ser de cogollos, ni de espaldas a país”, ha afirmado Machado recientemente. “Hoy hay cero triunfalismo. Podemos estar 80-20, pero hay que organizarnos como si estuviéramos con uno por ciento. Vamos a un proceso muy complejo de transición, por la crisis social, política, económica y de servicios públicos que tenemos”.
Lo dicho: no hay forma de configurar un escenario de transición, como no sea con generalidades. La película apenas comienza. Todo, incluyendo la transición, está en veremos.
Organizaciones no gubernamentales y activistas pidieron este viernes, 17 de mayo, derechos igualitarios para las personas LGBTIQ+ a propósito del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.
La abogado Tamara Adrián señaló en su cuenta de X que Venezuela, junto a Paraguay, es uno de los países de Sudamérica en donde la población LGBTIQ+ “no tiene ningún derecho igualitario”.
Además, Adrián criticó las contradicciones del Estado, pues por un lado por un lado dice ser incluyente, por el otro, en la práctica, “excluye y se comporta como las extremas derechas”. Allí resaltó que algunos voceros como Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta constituyente, “dice exactamente lo mismo que las extremas derechas conservadoras”.
“La homotransfobia de Estado campea, y los discursos de odio se ven alentados por esta circunstancia”, añadió Adrián.
Hoy 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia @Idahobit recordamos que Venezuela es (con Paraguay) uno de los dos países de suramérica donde la población LGBTI no tiene ningún derecho igualitario. La #reinvolución muestra una de sus contradicciones.…
Por su parte, la Sociedad Atea y Agnóstica de Venezuela denunció que en el país han ocurrido 138 asesinatos de personas trans desde el 2008, por lo que exhortaron al Ministerio Público a establecer “mecanismos efectivos con la finalidad de visibilizar, investigar y perseguir los crímenes de odio contra las personas con motivo de su identidad u orientación sexual”.
También, reprocharon la impunidad en los casos de “abuso físico y verbal, acoso e incluso asesinato por motivos de sexo diversidad, perpetrados no solo por agentes del Estado sino también por privados”.
Sobre lo anterior, el Observatorio de Violencias LGBTIQ+ de Venezuela documentó 60 casos de agresiones entre enero y abril de 2023.
138 asesinatos de personas trans desde 2008 Exhortamos al @MinpublicoVEN para que establezca mecanismos efectivos con la finalidad de visibilizar, investigar y perseguir los crímenes de odio contra las personas con motivo de su identidad u orientación sexual pic.twitter.com/tOiv2TtrsX
— Soc. Atea & Agnóstica de Venezuela 🇻🇪 (@AteoVenezuela) May 17, 2024
Además, Vásquez señaló que el Tribunal Supremo de Justicia no ha dado respuesta sobre el matrimonio igualitario e identidad de género, así como también que funcionarios del Estado reproducen “narrativas antiderechos” y ha habido detenciones arbitrarias de personas LGBTIQ+.
“Después de 25 años en el poder y en medio de una fuerte alianza con grupos antiderechos pretender seguir utilizando nuestras vidas y exigencias para propaganda”, agregó el activista.
Hoy es el día contra la LGBTIQfobia y denunciamos la política de homo/transfobica del Estado venezolano:
– 138 asesinatos de personas trans desde 2008 ¿justicia?
– Engavetada proyecto de ley anti discriminación @Asamblea_Ven
Rafael Simón Jiménez, historiador y exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), afirmó este jueves, 16 de mayo, que en el chavismo hay sectores que están dispuestos a respetar el resultado electoral del próximo 28 de julio.
Durante el programa Vladimir a la Carta, Jiménez indicó que ese sector puede hacerse mayoritario en la medida en que prevalezca el discurso de conciliación y entendimiento que ha mantenido el candidato opositor Edmundo González Urrutia.
Jiménez expuso que para lograr este objetivo también es necesario que González Urrutia cree un centro político, con la participación de dirigentes sensatos que aíslen a los radicales, quienes le dan armas al gobierno para que esté dispuesto a mantenerse en el poder.
Con respecto a la transición que debe darse en el país, dijo: “Va a hacer falta demasiada sensatez, demasiado centro político, demasiada cordura, y por eso digo que esto que llamo estatutos de garantías, traduciendo el planteamiento de Petro y de Lula, tiene que ser para ambas partes. El gobierno no va a firmar algo que no le dé garantías”, en caso de perder las elecciones presidenciales”.
También, comentó que el gobierno de Nicolás Maduro es “depredador y opresivo”, pero no lo catalogó como una dictadura, porque consideró que si así fuera, no se podría ir a las elecciones del 28 de julio y menos contar con la participación de González Urrutia en el proceso.
Además, señaló que en Venezuela hay un espacio democrático que se debe aprovechar al máximo, tal cual lo están haciendo María Corina Machado y González Urrutia en estos momentos.
González Urrutia debe tener más protagonismo
Al ser consultado sobre qué haría de aquí al 28 de julio si fuera el líder de la oposición, Rafael Simón Jiménez precisó que mantendría el discurso conciliador de González Urrutia.
“Deseo verlo en un plan más protagónico, más activo, amplificando y lanzando sus ideas al país, porque él es conciliador y viene del mundo de la diplomacia, que es acuerdo, negociación, entendimiento”, dijo Jiménez sobre González Urrutia.
Asimismo, aconsejó a María Corina Machado, a quien “nadie cuestiona su ascendencia y su liderazgo”, que “entienda y actúe con la prudencia necesaria para facilitar el cambio y la transición que todos los venezolanos queremos”.
La elite gobernante jamás ha movido un dedo por legalizar el matrimonio homosexual y atribuye, rara vez con fundamento, conductas afeminadas y homosexuales a adversarios políticos masculinos
La homofonía y origen etimológico común del sustantivo “poder” y del verbo “poder” son una bendición ilustrativa del castellano. Tener el poder es simplemente poder hacer cosas. Es abrir posibilidades. Entre más poder se tenga, más posibilidades se abren. Ergo, el poder gubernamental es mayor en un régimen autoritario que en una democracia. Todo esto podrá ser obvio, pero es el punto de partida para lo que sigue en el presente artículo.
Una elite gobernante como la venezolana puede usar su poder inmenso para abrir posibilidades dentro de prácticamente todos los aspectos de la vida en el país. Ríos Nilos, Danubios y Orinocos de tinta han sido vertidos para abordar los impactos que el poder político ejercido en Venezuela desde 1999 ha tenido en la economía, la infraestructura material, la seguridad ciudadana y hasta la estética.
Hay, no obstante, un aspecto del que se ha hablado muy poco. Por varias razones. En primer lugar, por el pudor que lo rodea aquí, allá, acullá y en cualquier lugar del mundo y entorpece su discusión pública (que no la privada, la cual más bien abunda) hasta cuando es evidente. En segundo lugar, porque, en atención a ese pudor, no es algo que se vaya a exponer de la misma forma en que un gobierno expone un decreto de reforma económica o inaugura un puente. En tercer lugar, es algo que por lo general se circunscribe a la vida privada e íntima de los individuos. Si leen esto y son avispados, imagino que lo dedujeron: hablo de sexualidad.
Aquí esto no es asunto para rumores banales o bromas groseras. No estoy interesado en nombres. Discutir quién se acuesta con quién, aspiración morbosa a la que ciertamente se le da una primacía notable en conversaciones cotidianas (como apunta una escena de la película de David Fincher, La red social), es un conocimiento que en sí mismo no tiene ningún valor para mí. Lo que sí me interesa es cómo el poder en Venezuela se presta para el desarrollo de tramas sexuales y de las mismísimas nociones sobre cómo se debe llevar a cabo esta, la relación interpersonal avant la lettre.
No es para nada una cuestión frívola o irrelevante, como alguien pudiera pensar. Si los chismes y los chistes al respecto son tan populares, pues eso es un derivado de la influencia del deseo sexual en las sociedades humanas, ya sea mediante la sublimación en el psicoanálisis clásico o, si hemos de escuchar la crítica de Deleuze y Guattari a Freud, sin desviación alguna y en perfecta inmanencia con las actividades materialmente productivas. Agreguen un poder que condiciona sus realizaciones, razón parcial de tantos movimientos sociales contemporáneos como el feminismo y el Lgbtiq.
Se hace inevitable tratar este asunto acudiendo a Foucault, el pensador que más describió la intersección entre el poder y la sexualidad. No comulgo con su tesis, producto del relativismo nietzscheano, de que no hay actos sexuales naturales y de que, como todo conocimiento en materia social, el relativo al sexo siempre es y será producto de dispositivos de poder siguiendo patrones culturales (aunque Foucault admitió en tal sentido cierto margen para la resistencia al poder y la autonomía del individuo). Pero sí creo que lo que el pensador francés vio como una constante ineludible se ha dado y se sigue dando de forma parcial. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, individuos poderosos sí han impuesto a sociedades enteras sus ideas sobre cuáles formas de sexualidad son admisibles y cuáles no.
Bien, suficiente cháchara abstracta. Veamos ahora las manifestaciones concretas en la Venezuela actual. Por razones discutidas en el segundo párrafo de este texto, lo que ocurre en las cúpulas del poder venezolano en cuanto a lo que nos atañe está casi siempre encubierto, a lo que hay que añadir el papel de custodio de buenas costumbres que las elites suelen atribuirse, así como el riesgo de que un escándalo produzca descontento masivo, como alicientes para la reserva. Sin embargo, tenemos algunos atisbos. Vistazos fugaces, como los del relámpago en las tinieblas, a los cuales me veo obligado a limitarme como basamento (además, un tratado exhaustivo da para la extensión de un libro, no de un artículo de opinión).
En fin, los atisbos indican que, al contrario de las credenciales reformistas (término que, como he dicho antes, pienso que debería sustituir a “progresistas”) que dice ostentar, el poder político en Venezuela es ejercido para que la sexualidad siga patrones conservadores. Ocurre de forma dual. Un patrón es formal y el otro es informal. Uno es manifiesto y el otro es latente. Pero se complementan. Son dos caras de una misma moneda.
Comencemos con el informal y latente. El verdaderamente oculto y que solo sale a relucir ante el público cuando miembros de la elite gobernante caen en desgracia y pierden todos sus privilegios de uso arbitrario de poder sin que la ciudadanía común se entere. Esta forma de conservadurismo no califica así por reflejar algún ideario moral consuetudinario. Digo que es “conservador” porque se apega a conductas milenarias y desdeña, tácita o expresamente, cualquier razonamiento crítico de las mismas. Me refiero al típico fenómeno de un grupo selecto de individuos, en su totalidad o inmensa mayoría hombres heterosexuales, que se valen de su poder para procurarse gratificación sexual. Naturalmente, el elemento vulnerable en esta relación de poder lo constituyen las mujeres que son objeto de deseo libidinoso. Lo hemos visto en el “derecho de pernada” de los señores feudales europeos, en el harén se los sultanes otomanos y la multiplicidad de concubinas de los emperadores chinos. La mujer en función única de la satisfacción del apetito sexual del hombre, al cual no debe oponerse.
Una primera alerta hubo en 2018, con las denuncias, por participantes del concurso Miss Venezuela, de una trama de intercambio de favores sexuales a cambio de patrocinio por hombres de grandes recursos. Al mismo tiempo, varias modelos se lanzaron entre ellas acusaciones de cercanía con los llamados “enchufados”. Salió a relucir el nombre de Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez que, “casualmente”, pocos meses antes había sido arrestado por encabezar una red de saqueo de Pdvsa y lavado de dinero. Alegatos de modelos que recibieron su tajada de la rebatiña, con transferencias bancarias, carros, apartamentos y viajes.
Luego vino el llamado “Caso Pdvsa-Cripto” (fíjense, nuevamente el dinero de la estatal petrolera como fuente del poder que hoy nos interesa examinar). Específicamente, la denuncia de que Tareck El Aissami y sus allegados tenían una red de prostitución. Mujeres de las que a menudo atraen la atención de los hombres, incluyendo a por lo menos una participante en concursos de belleza. De nuevo, el señalamiento de que consiguieron una vida de lujos con dinero público, mediante el establecimiento de relaciones sexuales con jerarcas gubernamentales. Como no sería descabellado asumir que pudo haber, aparte del incentivo crematístico, coacción por parte de los poderosos para obtener de estas mujeres lo que querían, es difícil saber hasta qué punto fueron víctimas y hasta qué punto fueron cómplices. Tal vez fueron ambas.
Pasemos ahora al patrón conservador formal y manifiesto. Es precisamente el que el poder asume para distanciarse del libertinaje sibarita de los caídos en desgracia. Este sí parte de una moral, a veces de origen religioso aunque el emisor del mensaje no esgrima un crucifijo mientras habla, que caracteriza la sexualidad, y sobre todo la sexualidad femenina, como algo inmundo y perverso.
En este ideario, el sexo es algo vergonzoso, que debería ser manejado con suma discreción. Expresarse al respecto es inaceptable, y más aun si quien lo hace es una mujer. El poder debe asegurarse de que las mujeres sean recatadas.
De ahí que las mujeres denunciadas no sean solo sometidas al escarnio masivo por beneficiarias del robo al erario público, sino además por supuestamente prostituirse. No solo se les señala como ladronas, sino también, con la expresión hoy de moda, como “prepagos”. En otras palabras, más allá de la fuente del dinero que se les acusa de haber cobrado, el hecho de que hagan trabajo sexual empeora las cosas. Agravamiento que no parte de ningún daño empíricamente verificable que provenga del trabajo sexual, sino de la mera abstracción moral que denigra del coito.
Estas mujeres son caracterizadas como perversas porque manifiestan su sexualidad a los interesados en ella y presuntamente gozan en el proceso. Entra en acción el arquetipo junguiano de la femme fatale. La seductora hedonista y de paso maligna. La “Ramera de Babilonia” en el Apocalipsis bíblico como metáfora de la perdición de los hombres y de sus dominios terrenales (¿No dice el propio Nuevo Testamento que con ella fornicaron reyes? ¿No vienen siendo nuestros poderosos execrados el equivalente a esos reyes, al haber tratado, por voluptuosidad, de pervertir el ideal revolucionario equivalente, propaganda dixit, a la “Ciudad de Dios” agustiniana?).
Tenemos ahora nuestra moneda visible por ambos lados. El resultado no es nada bueno para las mujeres. Nada favorable a la igualdad moral entre los sexos a la que toda sociedad sana debería aspirar. El poder se ejerce para que la sexualidad femenina pierda autonomía. Para que, por un lado, las mujeres se vean a los ojos del público como sexualmente discretas y pudorosas (más que los hombres, si es que a nosotros se nos exige del todo). Y por el otro, para que estén sexualmente disponibles al deseo de sujetos poderosos, sin importar cuál sea la voluntad de ellas.
Estas relaciones misóginas de poder se pueden reproducir desde la cúspide hasta el resto de la pirámide social. Después de todo, las elites a menudo son modelos de conducta. Quien tenga una cuota de poder, por pequeña que sea, pudiera usarla así. Dado que la naturaleza distribuyó entre los sexos de forma desigual la fuerza física, ese mecanismo de poder más crudo de todos, el resultado puede ser una sociedad machista en la que las mujeres son muy vulnerables a abusos.
Noten que no me he referido a otro aspecto de la sexualidad: el de las orientaciones Lgbtiq. Acá los atisbos son mucho menores, porque el estigma irracional sobre la sexodiversidad implica una capa extra de secretismo. Pero en el patrón formal y manifiesto hay también indicios que apuntan a una dirección conservadora, como el hecho de que la elite gobernante jamás ha movido un dedo por legalizar el matrimonio homosexual o la atribución, rara vez con fundamento, de conductas afeminadas y homosexuales a adversarios políticos masculinos para tratar de desacreditarlos (en pretendido contraste con el arquetipo de caudillo o revolucionario varonil siempre presto a obtener lo que quiere mediante el arrojo y la fuerza bruta). Así, la homosexualidad es conceptualizada como una degeneración degradante, cuya expresión el poder debe cuanto menos desalentar. Imaginen ahora, cuando el chavismo además trata de ganarse el favor de iglesias evangélicas ultraconservadoras, que lo exhortan a “proteger el diseño de la familia original”.
Al igual que tantos otros problemas en Venezuela, veo muy improbable que todo lo relatado en este artículo cambie para bien, si no hay primero una profunda metamorfosis política del país rumbo a la democracia y el Estado de derecho. Volviendo a Foucault, todos tenemos un derecho, una soberanía si se quiere, sobre nuestros cuerpos. Entre adultos, todos deberíamos poder decidir sobre nuestras relaciones sexuales de forma consensuada entre las partes involucradas y sin injerencia de terceros. Poder decidir. Tener el poder para decidir. Y que nadie nos lo arrebate.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
Después de que el candidato presidencial Edmundo González Urrutia asomara la amnistía como una opción de justicia transicional en Venezuela, la Alianza de familiares y víctimas de 2017 (Alfavic) exigió en un comunicado «una transición (política) sin impunidad», e instó a no olvidar los casos de jóvenes asesinados extrajudicialmente y a los presos políticos cuyos perpetradores no tienen ni una investigación abierta por parte del Estado venezolano y por ello acuden a la Corte Penal Internacional.
«Las víctimas de violaciones de derechos humanos deben ser tomadas en cuenta, consultadas y consideradas en cualquier escenario de transición, justicia y garantías de derechos», fue una de las exigencias de Alfavic en su comunicado publicado este 17 de mayo.
Familiares de víctimas de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el contexto de protestas en Venezuela se pronuncian dejando claro que exigir justicia no es venganza. Que la justicia no es negociable y que todo proceso de paz debe pasar por un proceso de justicia. pic.twitter.com/OlP9FKQlji
La ONG exhortó a todos los candidatos presidenciales a «no minimizar las graves violaciones a los derechos humanos, así como los crímenes cometidos por el Estado en su ataque sistemático contra la población civil», como los 334 casos de ejecuciones extrajudiciales en el marco de protestas pacíficas recopilados la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, los 273 presos políticos que registra Foro Penal, así como las 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, que incluyen 1.652 víctimas de torturas y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes que ha registrado Provea en los últimos 10 años del mandato de Nicolás Maduro.
«Hay que considerar que las víctimas sobrevivientes no han recibido respuesta de los operadores de la administración de justicia y menos aún una reparación integral (…), y que no existe por parte del Estado la intención de acabar con esta situación», recalcó Alfavic en su documento.
Advirtieron que, en otros procesos de transición política, como Alemania en 1945, la justicia ante los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad fue el fundamento para que no se repitan violaciones a los derechos fundamentales bajo un contexto similar.
«La Justica no es negociable y los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni son objeto de amnistía», concluyó Alfavic.
Hasta la redacción de este texto, el equipo de campaña de González Urrutia no ha hecho declaraciones respecto a este comunicado, mientras tanto, otros candidatos presidenciales, como Benjamín Rausseo y Antonio Ecarri apuestan por una amnistía completa en caso de llegar a la presidencia.
«Gringos, vayan a casa. ¡Go home! Que nosotros aquí sabremos cómo saldar nuestras diferencias, porque ciertamente ya tenemos fechas de elecciones: el 28 de julio. Que cualquier cosa puede pasar en estos días para que boicoteen o traten de eliminar la intención política de las elecciones presidenciales», dijo el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, en una alocución en Televisión Nacional este 17 de mayo.
En una presunta recolección de «firmas» para que Estados Unidos levante las sanciones que tiene contra miembros individuales del gobierno de Nicolás Maduro, López advirtió que un «sector minúsculo» de la oposición busca renovar dichos bloqueos económicos que solo afectan las cuentas bancarias de particulares (y no de la nación).
Por otra parte, Padrino López, a través de una publicación más temprano en X (antes Twitter) negó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) esté aumentando su presencia militar en la frontera entre el estado Bolívar y el Esequibo para «suspender» las elecciones presidenciales, y tildó a los actos como «un ejercicio de soberanía».
La violencia femicida en Venezuela es el resultado de contextos y de un continuum de violencias, advirtió el Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
De acuerdo con el Monitoreo de Femicidios de 2023 de Cepaz, las mujeres “se vuelven cada vez más vulnerables en escenarios que no cuentan ni con garantías de protección por parte del Estado, ni con entornos sociales protectores, que les permitan ejercer con autonomía y en libertad su derecho a la vida”.
A esa vulnerabilidad se le suma el “silencio, la omisión, la negligencia y la componenda de las autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes, la ceguera de género”.
Los prejuicios sexistas y misóginos sobre las mujeres, “son condiciones propicias para que se den estas agresiones; y es cuando, el Estado o sus instituciones no dan las suficientes garantías de seguridad y protección a las mujeres en ningún espacio, sea público o privado”, añade el texto.
“Cuando existe desigualdad estructural, cultural y legal, la ausencia de políticas democráticas, así como el ambiente ideológico y social machista y misógino, y de normalización de la violencia contra éstas, también se traduce en violación a los derechos humanos”, denunció el Observatorio Digital de Femicidios de Cepaz.
En Venezuela, agrega el texto, la verdadera comprensión del femicidio, como fenómeno social, “se ha visto obstaculizada por la falta de datos estadísticos oficiales, científicamente estructurados y con enfoque social”. Estos datos podrían revelar la verdadera magnitud de este delito y facilitar la actuación coordinada desde las distintas estructuras del estado desde su área de competencia.
Ante esa ausencia, desde el Observatorio Digital de Femicidios visibiliza no solo las cifras de las acciones femicidas que ocurren en Venezuela, sino los fenómenos asociados a dichas acciones, a través del monitoreo y análisis de los casos reseñados en los medios digitales.
Cifras al cierre de 2023
Desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre de 2023, según el Observatorio Digital de Femicidios de Cepaz, hubo 253 femicidios consumados y 134 femicidios en grado de frustración en Venezuela.
Asimismo, hubo un total de 387 acciones femicidas (consumados y frustrados), una cada 22 horas. Los meses de mayor incidencia de acciones femicidas fueron febrero con 54 casos y julio con 42 casos, mientras que los meses con mayor incidencia de femicidios consumados fueron julio con el 11,9% de los casos; agosto con el 9,5%; y febrero y marzo, con 9,1% cada uno. Para los femicidios en grado de frustración el mes de mayor incidencia fue febrero con 23,1%; enero con el 14,2% y julio con el 9%.
También, 96 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos por la muerte violenta de sus madres. De estos, 27 presenciaron los hechos. En tres casos los hijos presenciaron el suicidio del padre luego de haber cometido el femicidio de la madre.
La mayor frecuencia de femicidios consumados para el periodo enero a diciembre 2023 ocurrió en el estado Zulia, con 28 casos. Luego aparecen el estado Miranda con 26 casos y el Distrito Capital con 25.
Observatorio Digital de Femicidios de Cepaz
Caracterización de las víctimas
El monitoreo del Observatorio Digital de Femicidios de Cepaz detalló que durante el año 2023 hubo tres femicidios consumados de víctimas menores de 1 año (4,7%).
A su vez, un 10,7% de los casos eran niñas menores de 11 años. El femicidio infantil es el asesinato de una niña hasta los 11 años cometido en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su situación adulta sobre la minoría de edad de la niña.
Por otra parte, el 5,2% de los casos eran adolescentes de 12 a 17 años. En el 30,2 % de los casos se registraron víctimas con edades comprendidas entre 19 a 36 años. En el 3,9% de los registros hay mujeres de la tercera edad avanzada, es decir, de 70 a 86 años.
Entre tanto, el 98,8% de las víctimas de femicidios eran venezolanas. En dos de los casos consumados, la víctima era funcionaria policial activa, mientras que para femicidios frustrados, una era funcionaria policial activa. Una de las víctimas de femicidio consumado disponía de una medida de protección previa.
Por otra parte, cuatro de las víctimas pertenecían a un pueblo originario. El 2,4% de los casos se menciona que la víctima estaba embarazada. Una de las víctimas de femicidio consumado presentaba discapacidad intelectual o del desarrollo. En 18 de los 253 casos, se hace mención a la participación de mujeres como coautoras o cómplices de los femicidios consumados.
Finalmente, en nueve casos, las víctimas estuvieron desaparecidas antes del hallazgo del cadáver. El Observatorio Digital de Femicidios de Cepaz recordó que en Venezuela no existen registros oficiales desagregados que den cuenta de estas desapariciones, ni investigaciones o estadísticas que permitan su análisis.
Caracterización de los agresores
Según la información recopilada en los medios digitales, en el 88.9% de los casos de femicidios consumados los agresores eran venezolanos y respecto a los femicidios frustrados, el 98,5% eran venezolanos.
Para los femicidios consumados, el 3,6% de los agresores eran funcionarios policiales activos. Para los casos frustrados, el 1% era funcionario policial activo.
“La pertenencia del agresor a las fuerzas de seguridad constituye un factor de riesgo en casos de violencia en el núcleo familiar, ya que tales funcionarios portan armas reglamentarias que podrían ser utilizadas para atacar o intimidar a la víctima. Cualquiera que sea la política de control de armamento en Venezuela, en nada evidencia perspectiva de género. La persistencia de las muertes ocasionadas por policías que están fuera de servicio requiere poner en discusión al estado policial”, señaló el monitoreo.
El monitoreo aclaró que si bien la violencia de género y el machismo exceden a la institución policial, se debe tener en cuenta en estos casos que esa violencia se conjuga “con la construcción de funcionarios masculinizados y dominantes y con el uso irrestricto y permisivo del arma reglamentaria”.
En cuanto a la edad de los agresores, el 65,2% de los casos no registran las edades. El 2% de los casos de femicidios consumados presenta como agresores a adolescentes, mientras que el 24,2% de los casos registrados en medios de comunicación presentan agresores en edades comprendidas entre 19 y 47 años.
El victimario tenía antecedentes penales por violencia de género en 5 de los casos de femicidio consumado. En 7 casos el agresor formaba parte de una organización criminal.
Además, el 41,9% de los casos están en fuga, 36% fue posteriormente aprehendido y 10,3% murió en el contexto vinculado a los hechos. En los casos de femicidios en grado de frustración, la aprehensión posterior de los ofensores alcanza el 85,8%. Según los reportes noticiosos, 22 ofensores se suicidaron después del hecho. En el 18% de los casos consumados los ofensores actuaron en grupo de a dos sujetos.
Vínculo relacional
Desde el Observatorio Digital de Femicidios de Cepaz encontraron que para los femicidios consumados el 30% de los casos refieren vínculos de parejas o exparejas (con o sin convivencia bajo el mismo techo). Mientras, el 13,4% eran miembros de la misma familia y 9,9% conocidos sin relación familiar.
Además, en los 16 casos de femicidios consumados donde hubo la participación de mujeres, el vínculo con la víctima es el de ser miembros de la misma familia.
Motivación, modus operandi y contexto del femicidio
Según los hallazgos del Observatorio Digital de Femicidios de Cepaz, el 9,1% de los femicidios consumados describe escenas de celos o alegatos de infidelidad femenina. El 7,5% de los casos se produjo como consecuencia de la decisión de las víctimas de culminar la relación con el agresor. Otro 6,7% ocurrió en medio de la intervención de las organizaciones criminales y 7,1% de las muertes ocurrió en medio de violencia obstétrica.
La violencia obstétrica se refiere a las prácticas y conductas realizadas por profesionales de la salud a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, en el ámbito público o privado, que por acción u omisión son violentas o pueden ser percibidas como violentas.
Por otra parte, 5,9% ocurrieron en medio de ataque o violencia sexual. Un ataque sexual consiste en acceder al cuerpo de la otra persona para una actividad explícitamente sexual, sin consentimiento y mediante la violencia. Su forma más grave es la penetración, pero no la única.
En cuanto al ámbito de ocurrencia, el 47% de los casos ocurrieron en el hogar, 12,6% en un lugar desolado, 13,4% en plena calle y un 10,7% en un centro de atención médica.
Factores de riesgo
El 6,3% de los femicidios consumados presentan antecedentes de amenazas o daños físicos, que incluye el anuncio verbal o con actos, de la ejecución de un daño físico, psicológico, sexual, patrimonial, laboral, con el fin de intimidar a la mujer, tanto en el contexto doméstico como fuera de él.
El monitoreo añade que 2,4 % de los casos refleja episodios de violencia sexual, entendida como toda conducta que vulnere o amenace el derecho de la mujer a decidir voluntaria o libremente su sexualidad.
A su vez, en el 1,6% de los casos hubo antecedentes de acoso u hostigamiento y 1,2% se reseñó un historial de consumo de drogas por parte del agresor.
Signos de violencia, causas de la muerte y presencia de armas
Los reportes periodísticos destacan ciertos signos de violencia sobre el cuerpo de las mujeres víctimas de femicidio consumado: 3,2%, da cuenta de cadáveres arrojados en plena vía pública, 2,4 % mutilaciones o descuartizamientos, 1,6% claras lesiones genitales y paragenitales y 0,4% signos de cuerpos sujetados o signos de atadura.
Asimismo, en el 23.3% de los casos consumados explorados en los medios de comunicación se utilizó arma de fuego corta. La presencia de un arma de fuego en situaciones de violencia íntima incrementa la probabilidad de la victimización fatal. También se registró la utilización de manos y pies del agresor en el 1,4% de los casos consumados. Hubo 20,2% de casos donde la víctima murió por arma blanca o punzo penetrante, 4,0% las muertes se ven involucradas con un vehículo automotor y en 3,2% se utilizó acelerantes del fuego.
Para los femicidios frustrados, en el 41,8% de los casos fue por arma blanca o punzo penetrante. El 33,6% por manos y pies (patadas y puños). En el 15,7% se utilizó arma de fuego corta. En el 2,2% las muertes violentas se ven involucradas con un vehículo automotor. Y en el 2,2% se utilizó acelerante de fuego.
Denuncia previa y testigos presenciales
En tres de los casos consumados registrados por los medios noticiosos se da cuenta de la existencia de una denuncia previa por violencia de género interpuesta por la víctima contra el agresor.
No se hace referencia a la presencia de testigos de los femicidios en 84,2% de los casos. En los siete casos en los cuales ocurrieron femicidios consumados mostrándose como testigos a familiares de las víctimas, la motivación aparente en la comisión del hecho estuvo vinculada a una escena de celos o alegato de infidelidad íntima, pues la víctima había decidido separarse.
John Hader Betancourt jamás pensó que por detenerse en el distribuidor Altamira el pasado 30 de abril de 2019 a darle la mano y tomarse una foto con el exiliado líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, lo iban a condenar a la pena máxima de cárcel en Venezuela de 30 años.
Ese día que López amaneció en el concurrido paso caraqueño en compañía del ex presidente interino Juan Guaidó, John creyó que el régimen de Nicolás Maduro había llegado a su final vía insurrección militar y civil.
López, quien estaba recluido en la cárcel de Ramo Verde por supuesta traición a la patria y otros cargos, apareció en libertad esa mañana y flanqueado por Guaidó, además de miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN).
La rebelión no pasó a mayores y provocó una serie de arrestos y persecuciones que concluyó con López refugiado en la residencia del embajador de España en Caracas. Posteriormente, huyó a Madrid acompañado de su familia.
Pero la suerte de John no fue igual y por el simple hecho de aparecer en la fotografía fue aprehendido el 16 de agosto de 2019 por funcionarios de las desaparecidas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que vestían de civil. Le imputaron los delitos de traición a la patria, rebelión civil, tráfico ilícito de municiones y asociación para delinquir.
A John lo fueron a buscar a su lugar de trabajo en el Mercado de El Cementerio, en Caracas. Desde ese día, la vida de Claudia Morillo ha sido una pesadilla, una amargura que se incrementó con la condena de su esposo John a 30 años apenas este miércoles 15 de mayo.
Jhon es padre de cinco hijos, dos de ellos gemelos con parálisis cerebral. Claudia vive en Maturín y desde hace cinco años está sola con la manutención de sus hijos. Viviendo a 500 kilómetros de distancia, a Claudia le es prácticamente imposible visitar a su esposo en El Helicoide, su sitio de reclusión.
“Es una verdadera tragedia familiar, teniendo en cuenta además que los presos por razones políticas dependen casi totalmente del suministro de alimentos, medicinas e insumos de higiene que les son llevados por sus familiares”, dijo Martha Tineo, cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
La ONG denunció que los condenados fueron presentados en la sede del Palacio de Justicia el pasado 13 de mayo para una audiencia fijada a las 11 de la mañana, pero no fue sino hasta las 7:00 am del día siguiente que la jueza Grendy Duque Carvajal dictó la sentencia.
“Es indignante y desgarrador escuchar sobre las condiciones de angustia y hambre que sufrieron quienes son perseguidos por motivos políticos en Venezuela durante la audiencia violatoria de derechos humanos, por lo que no dejamos de denunciar el maltrato sostenido y las condiciones de desatención a las que fueron sometidos”, expresó un comunicado de la ONG.
Además de John, la jueza condenó a 30 años de prisión a Roberto Bracho Coy, Ramón Alí Peñalver, Oneiber Paredes y Rafael Villafranca.
Por su parte, Fernando Betancourt, Roy Machado, Juan Mendoza, Ysay García y Henry Castillo deberán cumplir 24 años tras las rejas, mientras que Anderson Farnetano y Anderson Salazar deberán cumplir pena de 22 años.
“El caso de Jhon es uno de tantos que evidencian la dimensión del daño causado a las cientos de familias que sufren la prisión política. El peso de las rejas y la injusticia es una carga para todo el grupo familiar, esposas solas, hijos sin padres. Esa es la dura realidad”, agregó Tineo.
Tineo, quien es abogada, consideró como un despropósito y una exageración la pena impuesta a John.
“Si bien algunos de los abogados por el devenir del proceso esperaban una sentencia condenatoria por contenido puramente político, algunos aún no superan la impotencia de tan altas penas para acusados a quienes no se logró demostrar su culpabilidad en la comisión de hechos punibles”, añadió.